Sociedad y Poder

Anteanoche, mientras hacía una brillante crítica a la indolencia de los senadores durante la presentación del libro La Ley Televisa y la lucha por el poder en México, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa acababa de recibir una noticia buena y otra mala. El Tribunal Colegiado de Circuito que revisó una demanda cuyo desahogo se ha prolongado durante ya más de cinco años, exoneró de manera definitiva al autor de la columna política más leída en el país. Pero, al mismo tiempo, fue ratificada la condena por presunto daño moral en contra de Alfredo Rivera Flores, autor del libro La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo.

Ese libro, publicado en mayo de 2004, desató la cólera de Gerardo Sosa Castelán, el político priista que creó en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo un cacicazgo que todavía ejerce en esa institución educativa y que lo ha llevado a posiciones legislativas. El título de esa investigación, que alude a las prácticas mafiosas que en numerosos sitios se le han atribuido a Sosa Castelán, no es exageración. Dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios a fines de los años 70, Sosa ha sido rector de la UAEH, titular de su patronato, factor de poder e influencia en esa entidad, así como diputado federal.

Los orígenes de esa influencia son descritos con crudeza por Rivera Flores: “Estudiante sin brillo, líder por la fuerza de su carácter y la certeza de sus puños, hábil para crear alianzas, bronco comandante de sus subordinados, enemigo temible, se hizo dirigente estudiantil y desde el cargo inventó una nueva FEUH. Utilizó a los estudiantes, protegió a los vándalos, amedrentó a los profesores, propició  enfrentamientos y terror, cimentó su fuero sobre la fuerza de los golpes y de las armas. Todo con un fin: tener el poder”.

A describir esa trayectoria, así como el contexto de una Universidad sometida al clientelismo y los caprichos políticos, está dedicado el libro de Rivera Flores. Apenas apareció, Sosa Castelán se querelló judicialmente alegando que esa publicación le causaba daño moral. Pero no demandó únicamente al autor. También acusó a Miguel Ángel Granados Chapa por haber escrito el prólogo, un preciso texto de 5 páginas en donde se esboza más el perfil tenaz de Rivera Flores que la personalidad oscura de Sosa Castelán. Granados Chapa ha escrito, pero no en ese libro sino en su columna política, juicios severísimos y apuntalados en hechos comprobables acerca del desempeño público de Sosa Castelán.

La demanda judicial incluyó al editor del libro Miguel Ángel Porrúa, al diseñador Enrique Garnica Ortega, a la empresa Libraria S.A. en donde se hizo la tipografía e incluso al fotógrafo Héctor Rubio que tomó la gráfica de Sosa Castelán que aparece en la portada. Tan desusada demanda ha transitado de una instancia judicial a otra. Los acusados han podido enfrentar ese largo recorrido, salpicado de episodios tortuosos e incluso vejatorios, gracias a la inteligente defensa de la abogada Perla Gómez Gallardo del grupo Libertad de Información – México, A.C., LIMAC.

Esa abogada ha explicado que la resolución que tomó el miércoles el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito al ratificar la sentencia del Juez 29 de lo Civil en el DF será recurrida, incluso en tribunales internacionales. La decisión judicial que confirma la inocencia de Granados Chapa, Porrúa, Garnica y Rubio, es importante. Pero lo será más evitar que al autor de un libro se le condene por hacer una crítica abierta, sin duda severa pero documentada, a un personaje público que, por añadidura, finca parte de su poder en la intimidación.

La sentencia del juez 29 padeció notorias irregularidades como la transcripción errónea de los nombres de los codemandados y de los párrafos del libro que supuestamente dañan moralmente a Sosa Castelán. Lo que ha dañado, o definido la fama pública de ese personaje, es su propio comportamiento público. Las que se encuentran en el libro de Rivera Flores no son las únicas denuncias documentadas contra él.

Basta buscar el nombre Sosa Castelán junto a la palabra “corrupción” para encontrar más de un millar de referencias en Internet. Ese descrédito no le ha impedido mantener el control sobre la Universidad Autónoma de Hidalgo, cuya secretaría general Sosa Castelán volvió a ocupar el 17 de marzo pasado solamente para manejar desde allí la designación de un nuevo rector. El miércoles 24 fue designado para ese cargo el médico Humberto Veras, ex secretario general, en un proceso con abundantes irregularidades. Ese mismo día, Sosa Castelán pasó a encabezar el Patronato de la Universidad.

Desde esas posiciones de mando universitario, no solamente se ha promovido la carrera política de Sosa Castelán. Además se han dispuesto represalias contra profesores y trabajadores que la burocracia universitaria considera afines a los adversarios políticos de ese personaje. Entre los afectados por esa persecución política se encuentran varios amigos y al menos un familiar de Miguel Ángel Granados Chapa.

La desfachatez y las revanchas del grupo que controla a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y cuyos dirigentes brincan de uno a otro cargo, se deben al temor que acalla casi cualquier expresión disidente y que es propiciado con acciones como la demanda judicial contra Rivera Flores y sus coacusados. Pero esa mezcla de arbitrariedad e impunidad también se origina en el respaldo que Gerardo Sosa y su grupo siguen encontrando en los gobernantes de dicha entidad.

Contra las costumbres del amedrentamiento y las coerciones en Hidalgo, el testimonio publicado por Alfredo Rivera Flores es un documento cuya circulación no debiera ser atajada. Una sanción judicial contra ese autor sería un agravio a la libertad de expresión en nuestro país.

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Ratificación del papel tutelar que el gobierno ha tenido en las relaciones laborales, establecimiento de nuevas formas de contratación, límites a las huelgas largas así como reglas para la rendición de cuentas y la elección con voto secreto de los dirigentes sindicales, son algunos de los cambios que propone la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo presentada ayer por varios diputados del PAN.

No se trata de la reforma drástica y amplia que en distintas ocasiones ha sido planteada para modificar tajantemente las relaciones laborales. Pero tampoco es un proyecto menor. Se trata de la iniciativa más completa que el Congreso ha recibido en los años recientes para actualizar el durante largo tiempo inamovible régimen del trabajo en nuestro país. Ponderada aunque con aspectos discutibles, la iniciativa presentada este jueves por el diputado Gerardo de los Cobos no propone la anulación política de los sindicatos como desearían los organismos patronales más beligerantes. Tampoco incrementa privilegios de los líderes sindicales. Se trata de una propuesta evidentemente cuidadosa y estudiada por sus autores y merecería ser tomada en serio, sin descalificaciones previas. Por lo pronto, en buena hora, la diputación del PRD anunció que la analizará.

La iniciativa panista incluye disposiciones para proteger a los trabajadores subcontratados por empresas intermediarias, regula a las agencias de empleo y establece numerosos candados para promover la equidad de género y perseguir los abusos sexuales en los centros de trabajo. Pero sin duda sus rasgos más discutidos serán las expresiones de flexibilidad que propone para la contratación de trabajadores, las restricciones al ejercicio de la huelga y algunas reglas que podrían contribuir, un poco, a oxigenar la vida sindical.

Además de las relaciones de trabajo de carácter indeterminado se sugiere que haya contratos “de temporada” y “de capacitación inicial”. También se precisa la existencia de un periodo de 30 días durante los cuales el trabajador estará a prueba. Esas opciones serán discutidas especialmente por el riesgo que pueden implicar para la seguridad en el empleo. Sin embargo hoy en día abundan los contratos que se renuevan cada mes, o la simple inexistencia de contratos.

Las huelgas no podrían extenderse de manera prácticamente indefinida si se aprueban esas reformas. Allí se encuentra una barrera al derecho de huelga, pero también una manera de proteger no solamente a las empresas sino inclusive a los trabajadores que en ocasiones llegan a estar sometidos a dirigentes que prefieren el alargamiento de las suspensiones de labores antes que un arreglo rápido. Cuando una huelga haya durado más de 60 días, el patrón o los terceros que demuestren su interés en el asunto podrían solicitar la intervención de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Actualmente la Junta solamente puede ejercer su capacidad arbitral a petición de los trabajadores.

La vida interna de los sindicatos experimentaría algunos cambios en virtud de tres medidas que forman parte de la propuesta para reformar la Ley Federal del Trabajo. En primer lugar, los dirigentes tendrían que ser electos mediante voto libre, directo y secreto. La secrecía del voto no garantiza que habrá democracia pero puede favorecer la formación de corrientes y grupos distintos a los que han controlado a los sindicatos. Para ello, desde luego, hace falta que dentro de los sindicatos mexicanos exista interés para modernizar su vida interna. La complacencia y/o el aturdimiento que manifiesta la enorme mayoría de los sindicalizados con los liderazgos de sus organizaciones gremiales permite abrigar pocas esperanzas acerca de una auténtica renovación en ese terreno. En caso de recuento para dirimir la titularidad de la representación sindical, también habría voto secreto.

Un segundo cambio sería la creación de sanciones a los dirigentes sindicales que no rindan cuentas acerca de las finanzas de los sindicatos y la necesidad de realizar auditorías externas en las organizaciones con más de 150 agremiados. Esas disposiciones quedan limitadas por la ausencia de precisiones suficientes.

En tercer lugar, la información relacionada con los registros sindicales así como los contratos colectivos y los estatutos de los sindicatos tendrá que ser pública. Aunque resulte increíble, datos como la membresía de los sindicatos han sido prácticamente clandestinos durante más de medio siglo a pesar de la apertura que las autoridades laborales han dispuesto, en esos asuntos, en los años recientes.

En la propuesta panista hay medidas que se antojan innecesarias e incluso contrarias al interés de los trabajadores, como la prohibición  al descuento de las cuotas sindicales de la nómina salarial. Otras, son contradictorias como la derogación de la figura del “sindicato de oficios varios” que ha sido una de las formas de organización más atrasadas y más proclive a la corrupción sindical; sin embargo un artículo transitorio establece que los sindicatos actualmente formados en ese régimen seguirán teniendo personalidad jurídica.

La propuesta del PAN y las enmiendas que sugieran legisladores de otros partidos tendrían que ser amplia y abiertamente discutidas por las organizaciones sindicales. Pero en las condiciones de desarticulación, inconsistencia e incluso decrepitud de la gran mayoría de los sindicatos y sus dirigentes, será imposible conocer algo más que adhesiones o rechazos convenencieros desde el llamado mundo (¿inframundo?) del trabajo.

La iniciativa panista tiene una interesante dosis de realismo que, por otra parte, se traduce en limitaciones importantes. Ese proyecto no se propone modificar el régimen constitucional en materia de relaciones de trabajo, de tal manera que mantiene la discriminación ocasionada por dos apartados distintos, uno para los trabajadores del Estado y otro para el resto de los asalariados.

La propuesta del PAN tampoco toca el modelo de organización laboral que establece la existencia de un sindicato mayoritario, titular único del contrato colectivo en cada empresa, sin la posibilidad de que existan otros sindicatos. El régimen del sindicato único era propio de una sociedad organizada en torno a referencias monolíticas. Valdría la pena pensar en un esquema distinto, en donde puedan existir varios sindicatos en una misma empresa o institución como sucede, sin demérito de la fuerza gremial, en muchos países.

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Varios lectores reaccionaron con virulento encono al comentario que apareció en este espacio a comienzos de la semana pasada, cuando me referí a la muerte del disidente cubano Orlando Zapata. Las apostillas desbordantes de ira son frecuentes en el periodismo en línea, en donde las reacciones de los lectores pueden quedar registradas y junto con ellas sus pareceres y animadversiones. Cuando se abordan temas sensibles y respecto de los cuales hay opiniones contrapuestas, las réplicas suelen estar cargadas mucho más de emociones que de razones. En este caso me llamó la atención el enojo de algunos y el asombro de algunos otros lectores que coincidían en rechazar mi interpretación de la muerte de Orlando Zapata.

Recluido desde hace 7 años por delitos menores, Zapata fue radicalizando su oposición al régimen cubano conforme aumentaban las sentencias en su contra. Albañil, negro y perseguido por el gobierno, mantuvo varias huelgas de hambre para ser reconocido como preso político hasta que en la última de ellas, al cabo de 86 días de ayuno, falleció el 23 de febrero. La precaria oposición al gobierno de la familia Castro ha denunciado que a Zapata las autoridades de la cárcel le llegaron a negar agua para beber, lo cual precipitó su desfallecimiento. Esa circunstancia, las torturas y los golpes que padeció por años, la negativa a satisfacer cualquiera de las modestas exigencias de ese prisionero e incluso la persecución a quienes intentaron asistir a sus funerales, permiten afirmar que a Orlando Zapata lo asesinó el gobierno de Cuba.

Los lectores que están en desacuerdo con esa interpretación se dividen entre quienes consideran que soy “un vocero de la gusanera de Miami”  y aquellos que, con más indulgencia, suponen que estoy mal informado. A los primeros, bastaría con mandarlos a freír espárragos (o lo que puedan) porque con las necedades y los insultos es imposible polemizar en el terreno de las ideas. A los otros, le agradezco su comprensión pero me parece que en todo caso no soy el único que considera, a partir de hechos ampliamente conocidos, que Zapata fue víctima de un crimen del Estado cubano.

Las reacciones de esos participativos lectores son sintomáticas del ánimo que prevalece en México acerca de la situación cubana. Durante décadas hemos sabido que en esa isla no hay libertades ciudadanas, a la disidencia se le persigue sin atender a formalidades legales, la prensa libre y la competencia política son prácticamente inexistentes. Apenas desde hace pocos años, gracias a Internet, algunos cubanos que no han querido allanarse al pensamiento único que propaga e impone su gobierno han dejado testimonio de esa situación.

En Cuba, al mismo tiempo, la desigualdad social no adquiere la ofensiva polarización que hay en el resto de América Latina. La gente tiene educación, salud y alimentación aunque sea con grandes privaciones. La revolución ha implicado cambios sociales aunque con regresión o estancamiento de la política.

Para no pocos mexicanos, los méritos sociales del régimen cubano son suficientes para dispensar las prohibiciones políticas. Esa condescendencia se fortalece debido a la simpatía que le hemos tenido a Fidel Castro debido a su enfrentamiento con Estados Unidos. Lo que no hemos querido reconocer, por lo general, es que ese atractivo antiimperialismo es acompañado de un comportamiento autoritario y despótico respecto de la sociedad cubana.

La izquierda mexicana ha sido especialmente esquizofrénica respecto del régimen de la familia Castro. La lucha por los derechos políticos, que es una bandera de las izquierdas en nuestro país, enmudece cuando se trata de Cuba. Los dirigentes reputados como de izquierda suelen exigir, y en buena hora que lo hagan, respeto para la democracia en cada uno de los municipios mexicanos y en cada país del mundo en donde las tensiones políticas ponen en riesgo las libertades de expresión, organización y participación. Pero se cuidan mucho de referirse a Cuba cuando levantan esos, por lo demás, plausibles reclamos.

Tales izquierdas llegan a ser no solamente omisas –o remisas–, sino incluso traicionan sus principios cuando se refieren a episodios como la muerte de Orlando Zapata. La reivindicación de los derechos humanos es condición esencial del pensamiento de izquierdas en cualquier latitud. Las izquierdas mexicanas son muy vigilantes de esas prerrogativas de los ciudadanos. Pero el discurso humanitario, que debiera existir en todas las circunstancias para serlo realmente, queda suspendido a propósito de Cuba.

Un patético cuan vergonzoso ejemplo de moral a medias –es decir, de plena inmoralidad– en este campo, lo acaba de ofrecer la senadora Rosario Ibarra de Piedra. Esa defensora de numerosas causas humanitarias, considera que el gobierno cubano “es honrado y no es asesino”. Y, peor aún, sostiene que en la muerte de Zapata “no hay responsabilidad, ellos quisieron ponerse en huelga de hambre, fue un hecho que le nació de su manera y de su conciencia”. Así nomás.

La senadora Ibarra ha defendido presos políticos, ha estado ella misma en varias huelgas de hambre y sabe que ese es un recurso último de los luchadores sociales no porque tengan vocación martirológica sino porque buscan presionar a sus gobiernos. ¿Qué diría la senadora Ibarra si hubiera fallecido alguno de los participantes en las huelgas de hambre que ella ha patrocinado? Seguramente no declararía, con tanta irresponsabilidad, que se habría tratado de muertes voluntarias.

Junto a la locuacidad de esa izquierda botarate, se puede apreciar también el silencio del gobierno mexicano. Ni la Cancillería, ni el presidente Calderón, han deplorado el deceso de Zapata y mucho menos han condenado las circunstancias que provocaron esa muerte. Otro disidente cubano, Guillermo Fariñas, está en huelga de hambre desde hace 16 días y ha tenido que recibir atención hospitalaria debido a la debilidad extrema que lo está aquejando. Fariñas, que mantiene la huelga de hambre en su casa en Santa Clara, exige la libertad de 26 presos políticos en ese país.

Una auténtica izquierda, exigiría que esas demandas fueran tomadas en serio y auspiciaría la apertura política en Cuba. Un gobierno verdaderamente comprometido con los derechos humanos, habría expresado su malestar por la muerte de Zapata y estaría preocupado por el destino de Fariñas. No son esas las izquierdas ni el gobierno que tenemos en México.

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Una de las muchas consecuencias del terremoto en Chile fue la cancelación del V Congreso Internacional de la Lengua Española que tendría que haber concluido hoy en Valparaíso. El lunes pasado, al constatar la magnitud de los daños, los organizadores de ese evento y el gobierno de Chile decidieron suspender el Congreso cuya inauguración estaba prevista para el martes 2 de marzo.

Pero no todo se perdió. Desde ayer, las ponencias que habían sido preparadas para ese encuentro comenzaron a ser colocadas en el sitio web del congreso, de tal manera que podrán ser conocidas por los interesados en las vertientes, usos y dilemas de la lengua española. Hasta ahora los organizadores de ese sucedáneo virtual no han abierto espacios de discusión de las ponencias, o foros de encuentro en donde con recursos como los del chat podría haber deliberación en tiempo real, como se le llama en Internet a la concurrencia simultánea de varios usuarios de la Red.

La causa de fuerza mayor que hoy mantiene apesadumbrados a los chilenos y a los muchos amigos de esa nación, interrumpe la celebración de los congresos de la lengua española que comenzaron en 1997 en Zacatecas. Luego hubo reuniones similares en Valladolid, España (2001), Rosario en Argentina (2004) y Cartagena en Colombia (2007). El de Valparaíso sería el quinto congreso y el tema central habría sido “América en Lengua Española” para orientar la discusión hacia el papel que desempeña nuestro idioma en las formaciones nacionales que surgieron hace 200 años.

Con motivo de la cancelación del Congreso, además de los contenidos que estará difundiendo el sitio oficial del encuentro en Valparaíso, el suplemento “Babelia” del periódico El País abrió un espacio de entrevistas en línea con algunos escritores. Curiosamente, el sitio web del Congreso no anuncia el de El País, ni viceversa. En todo caso el talento de algunos de los entrevistados en el espacio de ese diario lo hacen muy visitable. Ayer alguien le preguntó al escritor Javier Marías qué palabra utilizaría para definir a la clase política española. El autor de Tu rostro mañana respondió con precisión: “Si sólo ha de ser una, cochambrosa”.

Los congresos de la lengua han reunido a dirigentes políticos, periodistas, académicos y empresarios para intercambiar opiniones no solamente acerca del uso sino también la vigencia del español. Allí se encuentran lo mismo meticulosos filólogos interesados en las mutaciones formales de las palabras, que conductores de televisión por lo general despreocupados respecto de la corrección idiomática, u hombres de negocios motivados por las posibilidades del idioma español en las industrias de las comunicaciones.

El programa del Congreso en Valparaíso preveía la presentación de unas 130 ponencias. Entre las que ayer estaban en línea se encuentra la participación enviada por el ex presidente mexicano Ernesto Zedillo a quien le tocó inaugurar, junto con el rey español Juan Carlos I, el encuentro de hace 13 años.

La de Zedillo es una ponencia bien escrita, con señalamientos precisos y con una amplia presentación dedicada a recordar el Congreso de Zacatecas. Luego reconoce la preponderancia del inglés como lingua franca de la globalización contemporánea, a pesar de lo cual “la triple w, la Internet, todos los demás emisarios del mundo global no han logrado mellar nuestra identidad ni nuestra lengua”.

Esa globalización tanto en el uso de la lengua como en los mecanismos de los que disponemos para propagar información, es confirmada cuando Zedillo se apoya en Wikipedia para señalar que actualmente el español es la primera lengua de 425 millones de personas pero además es practicado por otros 87 millones de personas. La nuestra es, en esas condiciones, la tercera lengua más hablada en el mundo, después del chino mandarín y el inglés.

Zedillo menciona la migración de latinoamericanos a otros países y eso le da pie para ocuparse de su tema favorito que es el estancamiento de las economías en casi toda la región. No incursiona, en absoluto, en la eterna polémica sobre la responsabilidad en las terribles vicisitudes financieras con las que comenzó su gobierno en 1994. Su participación, que envió al congreso anunciando que no podría estar en Valparaíso, se refiere a la crisis económica más reciente. Los actuales gobiernos, considera Zedillo, deben mantener “la estabilidad macroeconómica, evitando inflaciones altas y reafirmando la responsabilidad fiscal y monetaria” y fortalecer el ahorro interno.

En ese texto, Zedillo aboga por la economía de mercado pero también por gobiernos fuertes: “Sin gobierno no puede haber economía de mercado, ya que ésta requiere del estado de derecho, cuya creación y vigencia son función primaria y exclusiva del Estado. La justicia y la fuerza para hacerla valer constituyen el único monopolio del cual no puede ni debe abdicar el Estado”. De paso, critica a los países en “donde la democracia ha tendido a debilitarse y subsiste entre la población una obstinada devoción por el populismo”.

La reforma institucional de mayor importancia que hace falta, dice el ex presidente mexicano, “es la del estado de derecho, palmariamente deficiente en casi todos nuestros países. La vigencia del estado de derecho es importante por razones éticas, políticas y sociales. También lo es para alcanzar el desarrollo”.

Cuando acudí al congreso en Zacatecas, me llamó la atención ver al ex presidente Miguel de la Madrid deambular entre los congresistas con toda libertad y sin protección notoria. En el congreso en Valladolid, me tocó escuchar al presidente Fox hablar de “Jose Luis Borgues” para bochorno de los mexicanos que asistíamos a la inauguración en el Teatro Calderón de aquella ciudad castellana. El discurso que Zedillo envió al malogrado congreso en Valparaíso me permite suponer que algún otro ex presidente mexicano hubiera querido ser invitado a eventos como ése, o desearía pasear sin contratiempos por las calles de cualquier ciudad mexicana.

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De Enrique Peña Nieto se conocen mucho las fotografías en las revistas de socialités, las notas pagadas en los noticieros de televisión, las versiones que sus propagandistas difunden acerca de su vida personal, así como los enconos abundantes que suscita entre numerosos malquerientes. De sus ideas, es difícil saber algo. Cuando responde a preguntas de la prensa lo hace con frases cortas y ensayadas, mirando por arriba de sus interlocutores como si quisiera aferrarse del teleprompter. Sus documentos suelen ser burocráticos y planos. El gobernador del Estado de México amalgama la vieja retórica del PRI colmada de alusiones estatistas y reivindicaciones populares, con apelaciones al eficientismo individual, la calidad medida con estándares tecnocráticos y la ausencia de compromiso social.

Se sabe poco –o nada– qué quiere Peña Nieto para la política y la economía, cuáles son sus coordenadas culturales, cuál su oferta a la sociedad. Los spots que merced a una intensa dilapidación de dinero público propagan su imagen, no alcanzan a definir las ideas de ese personaje: su prioridad no pasa por la elaboración programática.

Por eso, cuando ayer en algunos medios de comunicación se dijo que Peña Nieto había presentado una agenda para el país durante la conmemoración del 186 aniversario del Estado de México, se pudo suponer que se trataría de un discurso de conceptos y definiciones. Los líderes políticos y sociales de esa entidad que el gobernador reunió en el Teatro Morelos de Toluca, fueron tan variados y numerosos que los saludos iniciales ocuparon el 11% de su mensaje de 1747 palabras.

A pesar de las expectativas suscitadas por las oficinas de relaciones públicas que tiene a su servicio, el mensaje del gobernador mexiquense resultó esencialmente hueco. Allí se enumera una extensa, cuan superflua, lista de problemas que sería preciso atender en la economía y la sociedad mexicanas pero sin una sola propuesta.

En vez de diagnóstico, el gobernador Peña Nieto se apoya en lugares comunes. En lugar de compromisos, expresa una retahíla de buenos deseos. Para ese funcionario, a México le hace falta constituirse en “una sociedad de triunfadores, un espacio donde las mayorías tengan oportunidades de empleo, educación, salud y alimentación”. Nadie le discutirá ese propósito, más allá de la retórica motivacional que invoca a los triunfadores. Para lograrlo, dice, “lo que necesitamos es constancia y disciplina en todo momento, alcanzar acuerdos y consensos duraderos, pensar estratégicamente, planear con responsabilidad y sentido social”. Bravo. Pero no habrá partido ni dirigente político que no comparta las mismas frases. Hoy en día los líderes no se distinguen por los qués, sino por los cómos que proponen a la sociedad. Peña Nieto, en ese terreno, en absoluto se diferencia de los políticos tradicionales que pululan en todos los partidos.

Evidentemente el gobernador del Estado de México alude a los acuerdos fallidos para reformar diversas áreas de la vida pública. “Lo que necesitamos es una visión compartida de país”, insiste. Pero el lector de su discurso se queda sin saber a qué medidas y con qué aliados apuesta Peña Nieto. Cuando dice “en lo político, en lo económico y en lo social estamos a favor de respaldar reformas de gran calado” no queda claro si está con las reformas propuestas por el PRI, o con las medidas que ha sugerido el presidente Calderón, o si comparte el diagnóstico de los impugnadores de la que han llamado “generación del no”. Influido por aquel discutido desplegado, el gobernador proclama “aquí decimos sí al cambio, pero al cambio con rumbo; los mexiquenses decimos sí a las reformas que hagan que el Estado sea funcional y logre mayor eficacia”. ¿Cuáles son esas reformas? ¿Cuáles no?

Peña Nieto considera que debe haber “una reforma hacendaria que permita contar con los recursos necesarios” pero deja en ascuas a quienes quieran saber si se inclina por impuestos al consumo, o a los ingresos, o por una simple redistribución de los recursos fiscales. Propone “un nuevo esquema de seguridad social que permita el acceso universal a la salud y a las pensiones” pero no sabemos si reivindica al seguro popular, o propone una auténtica reforma de la seguridad social como hicieron hace medio año los economistas convocados por la UNAM.

“Educación moderna, actualizada y de vanguardia”: de acuerdo. “Mercados eficientes para alcanzar una mayor competencia”: coincidimos. “Simplificación administrativa para detonar negocios y mantenerlos en la formalidad”: bueno, aunque suponemos que el gobernador no quiere que los negocios vuelen por los aires sino que se desarrollen. “Cultura vinculada a la ciencia, a la tecnología y a la innovación”: ¿dónde firmamos?

La enumeración de propósitos que ofrece el gobernador Peña Nieto es tan vaga que no entusiasmará, ni involucrará a nadie más allá de sus ya interesados seguidores. Tampoco podrá ser enarbolada con seriedad como “agenda estratégica” aunque así  la haya denominado. Frases vanas, mensaje pobre, elaboración nula: ese es el discurso del personaje más mencionado para la candidatura presidencial del partido con más posibilidades de ganar las elecciones.

* * *

Desde hace un año, esta columna se ha publicado tres veces a la semana en este sitio. Me congratulo por la creciente presencia que ha alcanzado eje central y por encontrarme entre sus colaboradores. Por motivos de trabajo, me veo obligado a reducir la periodicidad de estos textos. Sociedad y poder aparecerá todos los viernes.

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Orlando Zapata Tamayo era albañil. También hacía trabajos de plomería. Nació en Banes, al sureste de Cuba, el 15 de mayo de 1967. Viajó a La Habana en busca de empleo pero en vez de trabajo encontró la cárcel. El martes pasado, 23 de febrero, murió después de 86 días en huelga de hambre.

Algún biógrafo escrupuloso, algún día, reconstruirá el quiebre en la historia del negro Orlando Zapata que lo convirtió, de albañil, en preso político. Para ello, será necesario que en Cuba existan condiciones de libertad e investigación social y periodística que hoy son imposibles.

Los funerales de Orlando Zapata, como ha reseñado la prensa de todo el mundo, estuvieron vedados para sus simpatizantes y para los periodistas extranjeros. Sin embargo la agonía, la muerte y el acoso policiaco contra sus familiares y amigos, han sido conocidos gracias a los enlaces de Internet que colocan, arriesgándose más que de costumbre, algunos defensores de los derechos humanos en Cuba.

En diciembre de 2002, Orlando Zapata fue detenido por participar en una manifestación en La Habana. Lo acusaron de desacato. Estuvo en prisión tres meses pero en marzo de 2003 fue arrestado nuevamente, cuando participaba en un ayuno público por la libertad de 75 escritores y activistas cubanos que habían sido encarcelados.

Zapata Tamayo comenzó así, trasladado de una prisión a otra, una cadena de crecientes enfrentamientos con el régimen cubano. Un año más tarde lo condenaron a tres años de cárcel. Exigió que no lo trataran como recluso común sino como preso de conciencia. En varias ocasiones se negó a vestir el uniforme del presidio y rechazaba la comida de la cárcel para alimentarse con los víveres que le llevaba su madre. A cada reclamo, era sometido a golpizas y otros maltratos.

El gobierno cubano le abrió más juicios. Después de nueve procesos sumarios, Zapata llegó a acumular condenas por 36 años de cárcel –luego le redujeron la pena a 25 años–. Pero él no dejaba de reclamar. Para denunciar las condiciones en las que se encontraban presos como él, Orlando Zapata sostuvo varias huelgas de hambre que inevitablemente minaban su condición física. La última, la comenzó el 3 de diciembre del año pasado. Zapata dijo que sólo tomaría agua, pero hay quienes aseguran que en varias ocasiones las autoridades carcelarias le impidieron beber ese líquido como castigo por la huelga de hambre.

Encerrado en un calabozo insalubre –según ha relatado Yoani Sánchez, autora del blog más leído acerca de la situación social en Cuba– aislado de sus familiares y de quienes dentro y fuera de Cuba se preocupaban por su salud, Orlando Zapata fue llevado a un hospital, y luego a otro más, pero entre el ayuno, las palizas, las amenazas y el aislamiento, su salud estaba muy deteriorada. Murió la noche del martes 23. Después de recibir el cuerpo, su madre y quienes le acompañaban pudieron ver las heridas que habían dejado los frecuentes golpes que sufría aquel antiguo albañil transfigurado en defensor de los derechos humanos.

A Orlando Zapata lo asesinó el gobierno de Cuba. Raúl y Fidel Castro suman esa a la extensa lista de crímenes que han cometido desde hace medio siglo. La reacción que se ha extendido en medios de comunicación de todo el mundo sugiere que la impunidad del régimen cubano podría estar declinando a pesar de la complacencia que todavía encuentra en los gobiernos de América Latina, incluido el de México.

En un intento para contener las protestas internacionales, el gobierno de Cuba intenta sostener que Orlando Zapata no era preso político sino delincuente común. El sábado 27 el diario Granma publicó un vergonzoso texto del escritor Enrique Urbieta Gómezque prácticamente acusa a Zapata… por haber fallecido. Después de asegurar que hoy en día “es difícil morirse en Cuba”, Urbieta asegura que el deceso de Orlando Zapata fue planeado por “la contrarrevolución” para convertirlo en bandera política: “Zapata Tamayo fue manipulado y de cierta forma conducido a la autodestrucción”. Además de suponer sin sustento alguno que ese ciudadano cubano habría sido manipulado como si no hubiera tenido voluntad ni convicciones propias, el autor del artículo no explica cómo pudo haber ocurrido esa operación si Orlando Zapata se encontraba aislado en la cárcel.

Ayer mismo, en Cuba, la abogada Laritza Diversent, una de las voces críticas que han podido expresarse gracias a Internet, respondió punto por punto las acusaciones del escritor Urbieta Gómez. Además de documentar la hipocresía de Urbieta cuando dice que casi nadie muere en Cuba, la joven autora explica que en ese país, comete el delito de desacato aquel que “amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro a una autoridad, funcionario público, o a sus agentes o auxiliares, en ejercicio de sus funciones o en ocasión o con motivo de ellas”.

La sanción para ese delito es de un año, pero a Zapata le impusieron tres porque según sus acusadores cuando se sumó a un ayuno público en 2003 había ofendido al presidente y al Consejo de Estado cubanos. La abogada Diversent explica que se trataba, claramente, de una acusación política. Si a Zapata lo hubieran encarcelado por delitos graves como dicen el gobierno cubano y sus voceros no lo habrían condenado, inicialmente, tan sólo a tres años de cárcel.

Por otra parte, desde enero de 2004 Orlando Zapata había sido declarado “preso de conciencia” por Amnistía Internacional en vista de las acusaciones, las circunstancias y las irregularidades de su proceso penal.

La madre de Orlando Zapata le da a conocer al periódico La Razón, de España, el texto que encontró escrito a lápiz en una camisa que estaba entre las pertenencias de su hijo:

Orlando Zapata Tamayo. Hora, tres de la tarde. Ciudad de Holguín. 26 del 10 de 2009. Mi sangre, al servicio de la libertad y de la democracia, de 11 millones de cubanos y de su temor a expresarse por miedo a estar más encarcelados de lo que están. ¡Vivan los Derechos Humanos! ¡Vivan! ¡Vivan las Damas de Blanco! ¡Vivan! Camiseta de preso político y de conciencia. Orlando Zapata Tamayo, quien fuera golpeado el día 26 de octubre de 2009 por la Policía terrorista del dictador Fidel Castro y su hermano Raúl. Fidel y Raúl son terroristas. ¡Abajo Fidel y Raúl! ¡Abajo cincuenta años de dictadura! Fidel y Raúl, sois asesinos. ¡Viva la oposición interna! ¡Viva! ¡Libertad para todos los presos políticos! ¡Libertad!

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