Sociedad y Poder

La propuesta del gobernador de Chihuahua para trasladar a Ciudad Juárez los poderes de ese estado puede ser considerada como alarde simbólico que no va al fondo de los problemas de esa población fronteriza. Ayer mismo, el presidente nacional del PAN consideró que tal medida es artificial y propagandística. Pero tiene una importancia simbólica que será difícil regatear.

Una semana después del asesinato de 16 muchachos, ninguna autoridad había ofrecido respuesta satisfactoria alguna a esa masacre en la colonia Salvarcar. Las pruebas contra los presuntos responsables presentados por las autoridades judiciales del estado no han sido suficientemente sólidas. El alcalde de Ciudad Juárez insiste en la hipótesis de la supuesta complicidad con el narcotráfico de algunos de los jóvenes asesinados esgrimiendo como evidencia fotografías de armas que al parecer había en el teléfono celular de una de las víctimas.

El gobierno federal ha transitado de la estupefacción, a la confusión respecto de la violencia en Juárez. El presidente de la República, que inicialmente propaló la versión de la presunta culpabilidad de algunos de los asesinados, habla una semana más tarde de una nueva estrategia contra el narcotráfico en Ciudad Juárez.

La clase política nacional y local, también desconcertada pero además con deplorables intentos para politizar el asesinato de los jóvenes estudiantes, se ha enfrascado en dimes y diretes que inquietan en todo el país y seguramente causan indignación en Ciudad Juárez.

Los juarenses no han tenido el respaldo que requieren. Mientras en la capital del país aumenta la discusión sobre las maneras para enfrentar al narcotráfico, ellos siguen padeciendo una violencia ahora extendida y en buena medida incontrolable.

Muchos habitantes de Ciudad Juárez consideran que la presencia del Ejército ha traído más perjuicios que ventajas. Quizá sin el contrapeso que han significado los militares, las bandas delincuenciales se habrían adueñado todavía más del territorio y la vida social en esa ciudad. Pero la desesperación que suscitan episodios como el del domingo 31 de enero, aunada a una sorda violencia cotidiana que perpetran ya no solamente los grandes grupos criminales sino pequeñas y agresivas pandillas que se han extendido en el río revuelto que es Ciudad Juárez, puede conducir a abominar de la autoridad federal con tal de recuperar algo de tranquilidad aunque sea temporal.

El presidente Calderón se inquietó públicamente por la agresión al futbolista Salvador Cabañas y más tarde acudió a varias de las regiones afectadas por los temporales de la semana pasada. Sin embargo ese sentido de la oportunidad no quiso tenerlo para confortar a las familias de los muchachos asesinados en Salvarcar.

Ese contraste ha sido ampliamente comentado. Hoy lunes el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, estará en Ciudad Juárez. Pero al presidente Calderón, que una semana antes viajó a Japón, la distancia entre el Distrito Federal y la antigua Paso del Norte parece resultarle todavía insalvable.

En esa circunstancia, la iniciativa del gobernador José Reyes Baeza podrá ser fundamentalmente simbólica y tener numerosas limitaciones. Pero constituye un gesto de acercamiento y quizá de compromiso con los habitantes de Ciudad Juárez que ninguna otra autoridad ha querido tener en los tiempos recientes.

Trasladar los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a Ciudad Juárez no resuelve las urgencias fundamentales de esa población pero en política, como decía uno de los clásicos mexicanos de estos asuntos, la forma es fondo. Esa decisión simbólica solamente tendrá eficacia si es acompañada por una profunda y diversa acción para normalizar la vida en Ciudad Juárez. De otra manera, en poco tiempo a Reyes Baeza le culparán por haber postergado las medidas necesarias para blindar a los juarenses contra la delincuencia organizada.

Por lo pronto la iniciativa del gobernador, con todo lo discutible que pueda resultar, le ofrece a la clase política de Chihuahua, pero también de todo el país, la oportunidad de hacer a un lado diferencias para enfrentar todos juntos a las pandillas criminales. Seguramente a muchos no les gusta que esa propuesta la hagan el gobernador y su partido, el Revolucionario Institucional. Pero la situación de Juárez y, con matices, de buena parte de Chihuahua, tendría que propiciar un serio realineamiento de las fuerzas políticas locales y nacionales.

No parece, sin embargo, que ese será el camino de la política en aquella entidad. Ayer domingo el PRD, que tiene escasa presencia política en Chihuahua, exigió la desaparición de poderes en el estado. Esa sí que es una propuesta que solamente busca reflectores y propaganda. Anoche, por otra parte, la Secretaría de Gobernación le respondió a Reyes Baeza con un informe de lo que el gobierno federal ha hecho en Ciudad Juárez pero sin la autocrítica indispensable para entender por qué, a pesar de todo eso, la criminalidad aumenta. Palabras, promesas, pugnas, no las respuestas que quieren los juarenses y el país.

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