Sociedad y Poder

El martes por la noche, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes declaró ilegal el servicio HiTV que ofrece Televisión Azteca en contravención a sus títulos de concesión. Esa autoridad le impuso una multa de 4 millones y medio de pesos.

Al día siguiente, miércoles 24 de febrero, el Consejo General del Instituto Federal Electoral castigó a esa televisora con una multa de 122.4 millones de pesos por negarse a transmitir spots de las campañas locales de los partidos políticos y de la autoridad electoral. Se trata de más de 16 mil anuncios que deberían haber sido difundidos en Chihuahua, Durango, Puebla y Zacatecas.

Hace menos de un mes, el 29 de enero, el IFE había resuelto otras multas, por más de 72 millones de pesos, a las estaciones de TV Azteca en Coahuila, Tabasco y Yucatán, que dejaron de transmitir más de 8200 spots.

En el transcurso de 2009, la televisora propiedad de Ricardo Salinas Pliego recibió varias sanciones más –también Televisa– por parte de la autoridad electoral.

A todas esas acciones, Televisión Azteca se ha inconformado judicialmente o ha anunciado que lo hará. Durante ya largo tiempo, esa empresa ha acostumbrado transgredir la ley y más tarde defenderse en los tribunales. Esas acciones demoran la aplicación de la justicia, pero paulatinamente Televisión Azteca comienza a recibir sucesivas sentencias desfavorables. Y sobre todo, se confirma la vocación de ilegalidad que una, otra y otra vez define a sus operadores.

La prohibición de la SCT al servicio HiTV ha suscitado alguna confusión porque TV Azteca, además de abogados pertinaces, cuenta con el respaldo de algunos columnistas, especialmente en las secciones de finanzas y negocios. Cada vez que a la televisora le hace falta, en varios espacios de prensa y radio se difunden las mismas versiones, en ocasiones sorprendentemente idénticas en defensa de los intereses de dicha empresa.

Ahora se ha dicho que la Secretaría de Comunicaciones no tiene atribuciones para sancionar la prestación de un servicio de televisión porque esa es tarea únicamente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Sin embargo la legislación mexicana considera radiodifusión exclusivamente a la propagación de señales de manera abierta. La transmisión de contenidos audiovisuales por cualquier otro formato (cable, satélite, señales codificadas como las de HiTV) son consideradas servicios de telecomunicaciones. Y su regulación corresponde a la SCT.

Se trata de una legislación obsoleta, que no reconoce los formatos diversos y complementarios que hoy experimenta la comunicación digital. Pero esa es la ley que el Congreso, por cierto con la complacencia de las televisoras, ha mantenido desde hace 50 años.

Por otra parte, en junio de 2007 la Suprema Corte de Justicia resolvió  que cualquier utilización adicional que haga un concesionario de radiodifusión de las frecuencias que le han sido asignadas, tiene que ser motivo de una licitación. Esa fue una de las decisiones más importantes en la revisión de la llamada Ley Televisa.

Lo que hace Azteca con HiTV es, precisamente, utilizar sin permiso el segmento del espectro radioeléctrico en donde se difunden las señales de los canales 7, 13 y 40 y, adosados a ellas, incorporar las señales de varios canales que solo pueden ser vistos con un decodificador. Ese receptor se vende en las tiendas Elektra, que son propiedad de Salinas Pliego.

La vocación de TV Azteca para transgredir la ley, ha quedado claramente acreditada. Esa fue la empresa cuyos directivos enviaron a un grupo de pistoleros para asaltar la antena del canal 40 el 27 de diciembre de 2002 para dirimir un litigio financiero que mantenían los propietarios de ambas televisoras. Tiempo después, Azteca se apropió de la empresa concesionaria del Canal 40. Al parecer está por concluir el proceso judicial acerca de la propiedad de esa televisora.

Una empresa que tiene como práctica la contravención del orden jurídico –para no referirnos al uso político que hace de sus noticieros o a la charlatanería frecuente en sus contenidos– no debería usufructuar segmentos del espectro radioeléctrico que es patrimonio de la nación y a través del cual se ofrece el servicio público que constituye la televisión.

Hay motivos de sobra para que el Estado mexicano revoque las concesiones que maneja Televisión Azteca en las cadenas de los canales 7 y 13.

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Los firmantes del enjundioso desplegado que se publicó ayer a favor de la reforma política que propuso el presidente Calderón, no tuvieron que esperar demasiado para encontrar respuesta a sus exigencias. Ayer mismo, en el Senado, el grupo parlamentario del PRI dio a conocer su propia iniciativa de reformas y se esperaba que el PRD hiciera lo propio de un momento a otro. Los partidos, con esas iniciativas, confirman que la propuesta que dio a conocer en diciembre pasado el presidente Felipe Calderón dista de ser la única opción para reformar nuestras instituciones políticas.

Los escritores, artistas, periodistas, ex funcionarios, empresarios y académicos que suscribieron el exigente documento titulado “No a la Generación del No”, acusan a los políticos de todos los partidos que, aseguran, “han hecho improductiva nuestra democracia”. Eso se debe, consideran, a la “resistencia al cambio” que ha impedido una nueva reforma política.

La insistencia en las reformas resulta muy saludable, porque parte del reconocimiento de que nuestro desarrollo político ha sido incompleto e imperfecto. Instar a los legisladores para que se pongan a trabajar y, más allá de discrepancias e intereses partidarios sean capaces de pensar en el país, es muy pertinente. También lo es la consideración, implícita en esa como en cualquier exigencia de reformas legales, que advierte la legitimidad del Congreso y la capacidad de las instituciones políticas para enmendarse a sí mismas.

Pero el desplegado y sus autores se equivocan en el diagnóstico de los problemas políticos del país, así como en la propuesta que defienden.

Según autores y firmantes de ese documento, existe un “bloqueo persistente al cambio por parte de las fuerzas políticas” y ese estancamiento “tiene detenido a México”. Más que bloqueo, podría hablarse de inercias, resignaciones y conveniencias que han impedido la aprobación de reformas indispensables, aunque no necesariamente las que el presidente Calderón y sus recientes adherentes consideran como tales. La ausencia de las reformas que hacen falta es responsabilidad antes que nada de la clase política, sin duda. Pero también de la sociedad, especialmente de sus segmentos más activos que han soslayado ese igual que muchos otros asuntos nacionales.

El documento promovido por Héctor Aguilar Camín, Federico Reyes Heroles y Jorge G. Castañeda, reitera que “las reformas de fondo que el país necesita” llevan detenidas 13 años. Se les olvida que hace poco más de dos años, a fines de 2007, el Congreso reformó la Constitución y más tarde la legislación electoral para modificar las reglas de la propaganda electoral, entre otros cambios. Aquellas reformas tuvieron aspectos discutibles pero no se puede sostener que los legisladores no se han ocupado de asuntos electorales e institucionales en más de dos sexenios. Varios de los firmantes del documento publicado este martes 23 de febrero impugnaron aquellas reformas, especialmente la prohibición que les quitó a las televisoras el enorme negocio que hacían vendiendo espacios para spots políticos.

Las reformas al régimen político son bienvenidas. Pero las que propone el presidente Calderón no son las únicas. Numerosos analistas las han cuestionado por insuficientes pero también por erróneas, como sucedió en el foro del mes pasado en el Senado. Aquí mismo, en cuanto se dieron a conocer, señalamos contraluces de la iniciativa del presidente.

Entre las propuestas del presidente Calderón hay medidas relacionadas con el Congreso (reelección consecutiva, disminución del tamaño de ambas cámaras). Otras, tienden a solidificar el régimen presidencial (segunda vuelta, iniciativas de trámite preferente, observaciones al presupuesto). Alguna más, eleva el porcentaje de votación a los nuevos partidos para obtener su registro con lo cual se favorece a los partidos actualmente existentes. Y hay dos propuestas dedicadas a los ciudadanos que quieren hacen política al margen de los partidos: candidaturas independientes e iniciativa ciudadana.

Los severos señalamientos a lo que falta y sobra en esa iniciativa, llevaron al gobierno a sostener que las propuestas de Calderón  reivindican el interés de los ciudadanos por encima de las conveniencias de los partidos. Pero la iniciativa presidencial no se trata de eso. Las dos medidas que aparentemente dan fuerza a los ciudadanos que están al margen de los partidos terminan favoreciendo la organización política, sin la cual serían incapaces de promover iniciativas de reforma y candidatos independientes.

Los promotores del desplegado “No a la Generación del No”  comparten, de manera sorprendentemente acrítica, el discurso engañoso de la presidencia de la República. Es falso que en la iniciativa de Calderón “los beneficiarios son los ciudadanos, no los partidos”. Así dice la propaganda de Los Pinos, pero resulta lamentable que eso sostengan analistas políticos y ex funcionarios –entre ellos el ex presidente Ernesto Zedillo– tan habitualmente cuidadosos en el examen que hacen de la situación nacional.

Por lo demás, si se trata de enjuiciar a la generación del no habría que comenzar por ser autocríticos. En el desplegado es suscrito por ciudadanos que cuando tuvieron responsabilidades públicas no siempre se distinguieron por su aptitud reformadora. Pero además todos, o prácticamente todos ellos, forman parte de la misma generación de los políticos cuya inacción cuestionan. Si hay una generación del no que ha sido incapaz para reformar al país, de ella somos parte todos los que llevamos varias décadas discutiendo, detestando, contemplando o usufructuando –según sea el caso– al sistema político.

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Después de frecuentes intimidaciones, un desalojo policiaco, el perseverante acoso por parte de la Secretaría del Trabajo y el desgaste vital y político que experimentan al cabo de dos años y medio de huelga, los mineros de Cananea tendrían que estar fatigados. Pero han sobrellevado tantas vicisitudes que, a juzgar por los testimonios que aparecen en la prensa, la reciente decisión de un Tribunal Colegiado para que la huelga termine no los ha amilanado.

Políticamente discutible pero jurídicamente amenazante, la sentencia del  Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Distrito Federal notificada el 11 de febrero, confirma la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que la mina sea reabierta de inmediato. El argumento que promovió esa autoridad administrativa y que fue ratificado por los magistrados, señala que después de la prolongada huelga las instalaciones de Cananea se encuentran tan deterioradas que la reanudación de labores resulta imposible. Ese dictamen, que promovió la empresa, fue respaldado por inspectores federales.

Los mineros, así como diversos reporteros que han entrado a la mina, sostienen lo contrario. La semana pasada los huelguistas encendieron los hornos de Cananea y echaron a andar los motores de los enormes camiones de volteo que transportan el cobre para demostrar que las instalaciones han recibido mantenimiento y pueden operar. Varios medios de información dieron cuenta del funcionamiento de la mina.

Incluso el secretario del Trabajo, que ha promovido de manera notoriamente activa las acciones legales contra la huelga, consideró que Cananea “podría iniciar operaciones de inmediato”. La contradicción en la que incurre Javier Lozano Alarcón es flagrante, pero al secretario del Trabajo no le ha importado el cumplimiento de la ley, ni la defensa de los derechos laborales en este litigio.

Lozano, y con él la administración del presidente Felipe Calderón, decidieron hacer suyo el encono que cultivó el gobierno de Vicente Fox contra la dirección del Sindicato de Trabajadores Minero Metalúrgicos. Esos funcionarios quizá estuvieron persuadidos de que Napoleón Gómez Urrutia había lucrado ilegalmente con recursos de los trabajadores.  Pero la ofensiva contra el sindicato indudablemente ha sido acicateada por Germán Larrea, el dueño de Industrial Minera México que hace años hizo personal su antagonismo con ese líder sindical.

La disputa dentro del sindicato, así como entre sus líderes y el propietario de Minera México, ha sido tortuosa y compleja. Gómez Urrutia puede suscitar amplias desconfianzas pero es evidente que, cada vez que ha sido necesario, los trabajadores le han ratificado su respaldo. El gobierno federal, en lugar de respetar las decisiones de los minero metalúrgicos sobre asuntos de su vida sindical, se ha entremetido constante y flagrantemente. En pocos conflictos en la historia de las relaciones obrero patronales en este país ha sido tan clara la parcialidad de la secretaría del Trabajo. Si, como confirmó recientemente, Javier Lozano tiene aspiraciones presidenciales, su desempeño en la disputa por Cananea manifiesta un favoritismo por la causa patronal que resulta muy distante de las habilidades conciliadoras que se requieren para gobernar este país.

La huelga en Cananea, cuyos trabajadores conforman la sección 65 del Minero Metalúrgico, comenzó el 30 de julio de 2007, de manera simultánea con otras huelgas en Taxco, Guerrero, y Sombrerete en Zacatecas. Los trabajadores de esas minas reclamaron violaciones a sus contratos colectivos, especialmente en las garantías que debieran tener para trabajar con mínimas condiciones de seguridad. Un año y medio antes había ocurrido la tragedia en Pasta de Conchos, la mina coahuilense donde murieron 65 trabajadores.

Junto con esas causas formales, y más que atendibles, parece claro que la huelga también fue propiciada por la animosidad de la empresa contra el dirigente nacional del Sindicato Minero. Gómez Urrutia ha ganado sucesivos recursos legales pero el gobierno federal, presionado por el dueño de Industrial Minera México, ha insistido en las amenazas que mantienen a ese líder exiliado en Canadá.

También la huelga de Cananea ha experimentado un abrupto proceso legal. El empeño de la Junta Federal de Conciliación para declarar inexistente la huelga, tropezó con varias resoluciones judiciales. En enero de 2008, 700 policías judiciales rompieron la huelga pero los trabajadores recuperaron la mina y obtuvieron el amparo de la ley.

Durante más de dos años y medio, los intentos de la empresa y de la Secretaría del Trabajo para encontrar resquicios legales contra la huelga fueron infructuosos. La reciente decisión del Tribunal Colegiado considera que las instalaciones se encuentran en tal deterioro que la materia de trabajo ya se perdió, pero los mineros han acreditado lo contrario.

Los huelguistas temen ser desalojados, ahora de manera definitiva. Varios sindicatos nacionales, cuyos dirigentes se reunieron en Cananea el fin de semana, han ofrecido la mayor solidaridad posible. Por lo pronto, el fallo del Tribunal ha revitalizado la inquietud social y política acerca de la ya demasiado prolongada huelga.

La semana pasada el Senado de la República, con la aprobación del PRI y el PRD, solicitó al gobierno federal que revoque la concesión de Minera de Cananea. Mañana martes los diputados de esos partidos presentarán una iniciativa similar en San Lázaro. Si esos esfuerzos no evitan el desalojo por la fuerza de los huelguistas, en Cananea puede estallar un conflicto social y político de muy considerables dimensiones.

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Varios millones de pesos y mes y medio después, el Senado retiró  de los medios electrónicos los estridentes spots que promovían a ese cuerpo legislativo parodiando a personas en situaciones difíciles. El desempleado abatido en su infructuosa búsqueda de trabajo y la madre que recorre hospitales sin encontrar atención para su hijo y que toman un megáfono para gritar que alguien los escuche, aparecieron profusamente en televisión y radio durante las semanas recientes.

El tardío reclamo de varios senadores pareció detener la transmisión de esos chillones anuncios. El panista Guillermo Tamborrel, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, promovió un punto de acuerdo para requerir la suspensión de los spots que le parecieron “patéticos y atroces”. En opinión de varios senadores, tales mensajes caricaturizaban y denigraban las “situaciones lamentables” que experimentan muchos mexicanos.

Los spots dejaron de transmitirse, pero no debido a la protesta de varios senadores panistas y priistas. Lo que ocurrió de acuerdo el senador Carlos Navarrete, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, fue que terminó el plazo que sus productores habían previsto para la difusión de esos anuncios. “Bajamos el spot porque cumplió su etapa”, dijo el senador.

Escandalosos, insolentes, abusivos con la desgracia de las personas o simplemente de mal gusto, esos anuncios del Senado recibieron diversos comentarios en medios de comunicación. Irritó su contenido, así como el efecto presumiblemente adverso a la institución que los difundió. También ha llamado la atención el costo de tales mensajes. Después de que durante varios días circularon varias cifras al respecto, se confirmó una erogación de 900 mil pesos. No es del todo claro si se trata del precio de uno solo o de los dos spots con personas que gritan con un megáfono.

Ese es el precio únicamente de la producción, que el Senado pagó a una agencia de publicidad. Pero el costo completo de esos anuncios tendría que incluir el precio del tiempo que ocuparon en televisión y radio durante 45 días. Aunque se trata de espacio que las estaciones televisoras y radiodifusoras están obligadas a entregar al Estado en cumplimiento del llamado tiempo fiscal, los segmentos ocupados por dichos spots tienen precios comerciales de acuerdo con el horario y la emisora en donde fueron transmitidos.

Aunque las empresas radiodifusoras no reciben dinero a cambio de cumplir con la obligación de ceder esos espacios, no se trata de un tiempo gratuito como a veces se piensa. Se trata de recursos que son propiedad del Estado, que puede disponer de ellos para difundir campañas de diversas dependencias e instituciones.

Así que si esos anuncios fueron un error, como sostienen varios senadores, se trata de una equivocación que implicó el dispendio de recursos públicos.

No es esa la opinión del presidente del Senado que, según ha aclarado, fue el responsable de aprobar tales spots y que ahora se ufana del interés que suscitaron. El senador Navarrete, que es un legislador preocupado por la equidad social y por la reforma de las instituciones políticas, considera sin embargo que los mensajes del Senado deben conmover y, si se puede, irritar. Explica que cuando supo que otros senadores estaban recibiendo opiniones acerca de tales spots “entonces me dije: el que hizo el spot ya logró el primer objetivo, ya levantó polémica, ya somos visibles”.

Si se trata de levantar polémica los spots del Senado podrían mostrar escenas cada vez más escabrosas. Lo que han logrado esos anuncios no ha sido discusión en torno a problema nacional alguno sino acerca de la destemplanza de los mensajes senatoriales.

Sería pertinente que los legisladores se preguntaran qué es lo que buscan cuando disponen la contratación de espacios para anunciar su trabajo. Con esos anuncios el Senado comparte la triste, onerosa e inadecuada tradición de las instituciones políticas mexicanas que acostumbran dilapidar recursos públicos para anunciar que están cumpliendo con las obligaciones para las cuales fueron electos o designados.

Algo falla, de manera grave, en la relación entre la política y los ciudadanos cuando el Senado busca la atención de la sociedad no a través de su trabajo legislativo, o de la deliberación parlamentaria, sino con anuncios efectistas. Interesado en el rating mediático, el Senado de la República concibe a los ciudadanos como espectadores, o clientes. Lo mismo hacen numerosas instituciones que gastan recursos fiscales en la contratación de anuncios auto encomiásticos.

Los senadores no son, o no debieran ser, histriones preocupados por entretener al respetable, o ansiosos de exposición televisiva. En vez de perseguir al veleidoso rating, deberían aprobar la legislación que sigue haciendo falta para regular, y de preferencia impedir, el gasto publicitario de las instituciones públicas.

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El primer saldo de la alianza PAN – PRD es desastroso para esos partidos. El acuerdo, a trasmano o con la complacencia de la dirección panista, profundizó la distancia entre el presidente Calderón y su partido. Los márgenes de maniobra del secretario de Gobernación quedaron limitados, primero por su incapacidad para cumplirle al PRI un compromiso que nunca debió haber asumido y luego, por haber evidenciado las incongruencias ideológicas en las que incurren tanto PAN como PRD al aventurarse en alianzas sin principios.

La dirección de Acción Nacional cerró filas en beneficio de César Nava, pero no son pocos los miembros de ese partido que ven con disgusto el pacto con el partido que calificó de ilegítima la elección que llevó a Felipe Calderón a la presidencia de la República. Duros o congruentes, esos panistas no se resignan a contemplar la difuminación de los principios de su partido en aras de un acuerdo para evitar la elección de algunos gobernadores priistas.

Dentro y fuera de los partidos comprometidos a ese pacto, hay quienes se preguntan si evitar nuevos triunfos del PRI en algunos estados del país constituye una causa suficientemente relevante y que justifique la alianza con el PRD.

Lo mismo sucede en el Partido de la Revolución Democrática. Para muchos de sus militantes, el PAN es tan o quizá más aborrecible que el PRI. El partido más identificado con las izquierdas y el que suele ubicarse con mayor franqueza en el campo de las derechas –aunque esas coordenadas sean un tanto artificiales sobre todo en el galimatías ideológico que es la política mexicana– han tenido más diferencias entre sí que con el Revolucionario Institucional.

Hay perredistas que todavía recuerdan con sarcasmo o amargura, dependiendo de la opción a la que hayan respaldado en 2000, el fracaso del “voto útil” que proponían quienes, desde las izquierdas, llamaron a votar por Vicente Fox. La creencia de que había que hacerlo todo para sacar al PRI de Los Pinos, llevó a algunos a respaldar a ese lenguaraz candidato. Los resultados están a la vista. Fox fue un fraude para quienes, soslayando la biografía de ese personaje, creyeron que podría estar a la altura del compromiso que implicaba ser el primer presidente no priista en siete décadas. Pero sobre todo, la creencia de que bastaría con echar al PRI de la presidencia para que de esa manera avanzara la democracia mexicana, quedó palmariamente refutada.

Así que panistas y perredistas tienen motivos para recelar de las actuales alianzas que, por lo demás, no garantizan que el PRI vaya a perder en Oaxaca, Hidalgo o Durango en las próximas elecciones estatales.

La opinión crítica ha sido especialmente dura con los dirigentes del PAN y el PRD que promueven tales acuerdos. Pero, quizá debido a una suerte de resignación o incluso de cinismo analíticos, casi nadie ha cuestionado el papel del PRI en todo este desbarajuste político. Ya ha quedado confirmado que el secretario Gómez Mont se había comprometido a que el PAN no entablaría una alianza con el PRD para buscar la gubernatura de Oaxaca. La negativa de la dirección del PAN a respetar ese acuerdo propició su renuncia al partido.

Gómez Mont se extralimitó con ese pacto. Pero también los dirigentes del Revolucionario Institucional que amagaron al gobierno con dejar de respaldar las propuestas fiscales si el PAN se aliaba electoralmente con el PRD.

Ayer el coordinador de los diputados del PRI, Francisco Rojas Gutiérrez, confirmó la existencia de ese ya superado pero ahora más que nunca escandaloso acuerdo. Según el diputado Rojas, al plantear la alianza panista – perredista, lo que el PRI buscaba era “que las condiciones electorales fueran equitativas”.

Con ese pretexto, el PRI chantajeó al secretario de Gobernación: votos en San Lázaro, a cambio de que el PAN se atara las manos para las elecciones locales de este año.

A los priistas esa exigencia, que antes había sido confirmada por Enrique Peña Nieto, les parece natural. Se les olvida que en una democracia la competencia política tiene que desembocar en las urnas, sin candados que impidan acuerdos entre las fuerzas partidarias.

Al exigir que el PAN se comprometiera a competir en solitario, el PRI quería un escenario político a modo. La decisión de panistas y perredistas es cuestionable por el pragmatismo político que manifiesta. Pero la extorsión del PRI resulta auténticamente ignominiosa.

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Los festejos por el inicio del canal de noticias de Televisa estarán empañados debido a las dificultades legales que experimenta esa empresa para conservar el canal 46. Se trata de un espacio en UHF que el gobierno federal le concesionó a Cablevisión, propiedad de Televisa, a fines de 1994. Una larga cadena de irregularidades ha mantenido sin señal a ese canal, que es desconocido para los televidentes.

Los promotores de Foto TV, el canal de noticias que comienza a transmitir hoy lunes 15 de febrero, se habían propuesto utilizar –por fin–  esa frecuencia. Así se dijo en diciembre pasado, cuando los directivos de Televisa anunciaron la creación del nuevo espacio noticioso. Sin embargo el derecho de Televisa a utilizar esa frecuencia se encuentra en litigio por dos motivos. El primero de ellos, es el abandono en el que su concesionario ha tenido al canal 46. El segundo, radica en una terrible omisión de los abogados de Televisa que, según parece, olvidaron solicitar la prórroga de esa concesión dentro de los plazos establecidos por la ley.

Así que, si se apegan a las normas, las autoridades de Comunicaciones y Transportes tendrían que revocar la concesión del canal 46. Por lo pronto, Foro TV no se estrenará en esa señal de UHF sino como parte del menú de canales que Cablevisión y Sky ofrecen a sus suscriptores.

Las irregularidades que rodean al canal 46 datan de hace 28 años. En 1983, la empresa Cablevisión solicitó la concesión de esa frecuencia pero también la firma Multivisión tenía interés en ella. Ambos grupos querían manejar el canal 46 no para difundir una señal abierta sino para, a través de esa banda, transmitir un servicio de televisión de paga.

El diferendo entre Cablevisión y Multivisión se mantuvo durante más de una década. Unos días antes de que concluyera el gobierno del presidente Carlos Salinas, a fines de 1994, la SCT otorgó a Cablevisión el manejo de esa frecuencia y la del canal 52, también en UHF. Multivisión acudió entonces a varias instancias legales y administrativas. Exactamente un sexenio después, cuando finalizaba el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, la SCT ratificó las concesiones para Cablevisión que en ese tiempo era propiedad, a partes iguales, de Televisa y del empresario Carlos Slim.

El grupo Multivisión mantuvo su exigencia para recibir al menos una de esas dos frecuencias. Extrañamente, Televisa no inició transmisiones en ninguna de ellas. Todo pareció indicar que su propósito no era manejar esos canales, sino impedir que alguien más lo hiciera. A fines de mayo de 2001, Cablevisión llegó a un acuerdo con Multivisión para entregarle la operación del canal 52. Y respecto del canal 46 anunció un acuerdo con la empresa Argos para crear un nuevo espacio que se llamaría Zoom TV, en donde se difundirían trabajos de esa y otras productoras.

La señal del canal 46 siguió sin ser utilizada. Un año más tarde, Argos confirmó que el trato con Cablevisión no había funcionado debido a carencias financieras. La falta de dinero no justificaba el abandono en el que se encontraba esa frecuencia. La Ley Federal de Telecomunicaciones, que es el ordenamiento aplicable al canal 46 porque fue adjudicado para difundir televisión codificada y no de carácter abierto, indica que una concesión puede ser revocada si se le aprovecha en 180 días. Evidentemente los concesionarios de canal 46 incumplieron sobremanera ese plazo.

En vista de que esa frecuencia estaba sin utilizar, a comienzos de 2007 el gobierno de la ciudad de México solicitó que le fuera asignada para un canal de televisión abierta. En junio de 2007 el investigador Gabriel Sosa Plata pudo comprobar las omisiones e irregularidades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones que había mantenido sin resolver el asunto del canal 46. Sosa Plata obtuvo el expediente de esa canal gracias a la Ley de Transparencia. La Cofetel atendió ese ya para entonces demasiado postergado y enrarecido problema hasta el 13 de febrero de 2008, cuando autorizó a Cablevisión para difundir en la frecuencia del canal 46 señales experimentales de televisión digital.

Al permitir la difusión de tales señales, la Cofetel mantenía en la inutilidad la frecuencia del canal 46. Sin embargo esa autorización, que era por dos años, venció hace 2 días, el 13 de febrero de 2010.

Es altamente posible que Televisa haya creado Foro TV, el nuevo canal de noticias y opinión, para ocupar la frecuencia del Canal 46 que sus abogados y directivos sabían en riesgo desde hace varios meses. Ese nuevo proyecto informativo nace, así, en un espacio distinto al que sus creadores se propusieron ocupar. Quizá muy pronto una de las noticias que tenga que difundir Foro TV sea la revocación, a Televisa, de esa frecuencia.

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El secretario de Gobernación dio paso a las especulaciones con los términos calculadamente crípticos de su renuncia al PAN. Conocedor de los resortes del mundo político lo mismo que de la murmuración mediática, Fernando Gómez Mont sin duda anticipó las reacciones que se extendieron desde anteanoche, cuando se difundió la carta que dirigió al presidente nacional del que ha sido su partido de toda la vida.

Las “razones que me veo obligado a no revelar por discreción profesional” se encuentran, como de inmediato señalaron numerosas interpretaciones, en las diferencias que tuvo con César Nava y con la decisión del PAN para marchar en alianza con el PRD en varias elecciones estatales.

Conocida la postura de Gómez Mont acerca de las alianzas, así como sus intentos para modificar esa decisión del PAN, era evidente cuál sería la explicación que se daría a su renuncia. A partir de ella, los juicios acerca de esa decisión se han dividido. Hay quienes aplauden como congruente, e incluso valiente, la renuncia de Gómez Mont al PAN. Otros, consideran que gracias a esa medida el Secretario de Gobernación se mantiene como interlocutor confiable para el PRI. Otros más, advierten demasiada soberbia y protagonismo en el renunciante.

Es útil tratar de identificar las aristas políticas en este asunto, más allá del talante personal de Gómez Mont. El secretario de Gobernación, según se ha dicho, renuncia porque se había comprometido con el PRI a que Acción Nacional no entablaría alianzas como las que ya avanzan en Oaxaca, Hidalgo y Durango. De esa manera, siempre de acuerdo con tales versiones, Gómez Mont habría pactado con el Revolucionario Institucional la aprobación del paquete fiscal a fines del año pasado.

Esa versión no ha sido desmentida, así que no resulta inadecuado tomarla como cierta. De serlo, más que reconocer intrepidez en el renunciante habría que preguntarnos por qué el secretario de Gobernación comprometió a su partido en una negociación con una fuerza política distinta.

Resulta difícil imaginar a César Nava, el presidente nacional panista, cediéndole a Gómez Mont la representación de su partido en un pacto con el PRI. Pero independientemente de que la dirección del PAN haya estado al tanto, o no, de las negociaciones de Gómez Mont con el PRI, la actuación del secretario de Gobernación en diligencias de esa índole resulta censurable. Todo parece indicar que el país no ha dejado atrás las épocas en las que el gobierno tomaba decisiones a nombre de los partidos, o al menos en reemplazo del partido en el poder.

Allí se encuentra, nos parece, la miga del diferendo en torno a la renuncia de Gómez Mont al PAN. Un secretario de Gobernación, por respetable, elocuente, simpático o influyente que sea, no tiene por qué reemplazar las decisiones de ningún partido. Si eso fue lo que sucedió, los priistas pueden haberse considerado engañados cuando, después de que se les dijo lo contrario, advierten la construcción de alianzas en contra suya en varios estados del país. Pero no tienen derecho a extrañarse del fracaso de acuerdos como el que, al parecer a contracorriente de su propio partido, tomó el secretario de Gobernación.

Otra, es la discusión sobre la pertinencia de las alianzas. Los lectores de esta columna ya conocen la posición aquí expresada en días anteriores. Las alianzas entre partidos de distintas ideologías nunca son descartables. Pero sin un programa común digno de ese nombre y sin un proceso de acuerdos que acote diferencias y coincidencias, las alianzas quedan reducidas al convenencierismo de corto plazo y sirven fundamentalmente para encumbrar personajes que se colocan más allá de los partidos.

Al error estratégico del secretario Gómez Mont que involucionó  a la política de los acuerdos autoritarios en su pacto con el PRI, se añade la equivocación táctica que despliega con la publicación de su renuncia partidaria. No es admisible que un secretario de Gobernación, en los tiempos actuales, diga que se reserva los motivos de su dimisión.

Ninguna decisión de ningún secretario de Estado relativa a su desempeño público –mucho menos ninguna decisión del titular de Gobernación–  debe tener motivos ocultos. La discreción profesional que alega Gómez Mont para no ofrecer mayores explicaciones, resulta inaceptable.

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La propuesta del gobernador José Reyes Baeza para trasladar los poderes estatales a Ciudad Juárez no ha servido para cohesionar, sino para escindir todavía más a la clase política de Chihuahua. Lo mismo ha sucedido en el plano nacional. El PAN ha descalificado esa iniciativa que lo tomó por sorpresa y sin capacidad de respuesta política. En el gobierno tampoco gustó esa idea porque le encuentran implicaciones electorales.

Al privilegiar el análisis de esas consecuencias, los dirigentes del PAN y el gobierno federal incurren en el comportamiento que cuestionan. Tachan al PRI y al gobernador de Chihuahua porque presuntamente aprovechan el asesinato de los jóvenes en Salvarcar para ganar réditos hacia las elecciones estatales de julio próximo, Pero los panistas tampoco quieren mirar más allá de la coyuntura inmediata.

En esa feria de conveniencias particulares, el interés de los ciudadanos de Ciudad Juárez parece ser lo que menos les importa a sus gobernantes y representantes. En los días recientes no hemos leído y escuchado más que descalificaciones mutuas entre políticos de esos partidos.

Mientras tanto, los habitantes de Ciudad Juárez y muchos de quienes en todo el país comparten su inquietud y dolor, transitan de la resignación, a la rabia. El acoso que padecen a causa de las pandillas criminales, no encuentra paliativo alguno en la acción de los gobernantes. Fascinados en el espejo mediático que reproduce sus dimes y diretes, los políticos chihuahuenses se acusan unos a otros mientras en el gobierno federal se reproducen la confusión y el pasmo que han debilitado la respuesta al crimen organizado.

El lunes, esta columna comentó la propuesta del gobernador para trasladar la sede de los poderes constitucionales en Chihuahua. Me parece que, sin resolver las causas de la violencia, se trata de un gesto atendible y que tiende a reconfortar a los abandonados juarenses. Ese día, en el blog donde se reproducen estos textos dejó anotada su opinión la licenciada Lorena Tabares, habitante de Ciudad Juárez y egresada de la Universidad de Texas en El Paso. Reproduzco a continuación, con su permiso y con mi agradecimiento, ese punto de vista:

“Es evidente que la medida de Reyes Baeza de trasladar la capital del estado a Juárez es solamente alarde simbólico. La situación de extrema violencia en Ciudad Juárez lleva años, ha estado presente en la región desde mucho antes que Reyes Baeza llegara al poder como todos sabemos. Sin embargo, no fue hasta después de un evento tan lamentable como la masacre de Villas de Salvarcar, que el señor gobernador de Chihuahua se dignó a mirar a la piedra del zapato en su mandato que es Ciudad Juárez. Y es que no se puede tapar el sol con un dedo. ¿Cómo seguir ignorando a Juárez? ¿Cómo ignorar a la ciudad más violenta del mundo? Si hasta en países tan remotos como Rusia o Nueva Zelanda se habla de la terrible masacre.

“La indiferencia del gobierno estatal de Chihuahua hacia la ciudad fronteriza obviamente no podía continuar, algo había que hacer para acallar las críticas y qué mejor idea que trasladar la capital a Juárez ¿no?  Con esta acción, el señor gobernador ‘mataría dos pájaros de un tiro’ (ni los pájaros se salvan). Por una parte, bajo esta acción de traslación de poderes, Reyes Baeza se presenta a sí mismo como una autoridad solidaria y responsable con la comunidad juarense. Por otra parte, gana terreno político para su partido en las próximas elecciones. Pero esto no es nada nuevo. En sí, no es más que una estrategia política en la que todos sacan algo menos los juarenses. Y es que la población de esta ciudad ya no es tan inocente y tolerante como antes. Hemos perdido toda confianza hacia el gobierno en todos sus niveles. Ya no pedimos ayuda, la exigimos.

“La reciente visita del gobernador del estado a los familiares de las víctimas de la masacre no debería ser tomada como un acto de cortesía o como una atención solidaria, ya que no fue esa su naturaleza, sino algo que no podía ser postergado, una parodia de efectividad traducida en un breve acto de presencia. Pero, sin duda, una imagen vale más que mil palabras, es así como la imagen de Reyes Baeza en los medios de comunicación dando palabras de aliento a los familiares de los afectados, cobra mucho más peso que las vagas palabras del presidente Felipe Calderón desde el Japón.

“Ahora, mientras el gobierno federal discute con el estatal sobre la traslación de poderes a Juárez, la comunidad fronteriza sigue sin respuestas ni acciones claras, precisas y efectivas para el problema de la violencia. Queda claro que el gobierno, en cualquiera de sus niveles no da ‘paso sin huarache’, como demuestra el proceder de Reyes Baeza por ejemplo.

“Así pues, los juarenses seguimos en el desamparo, en un limbo de arena y sangre. Somos los hijos de nadie, los olvidados, ya que ni el presidente municipal, José Reyes Ferriz se anima a pasar la noche en ésta ciudad, sino en la tranquila y segunda ciudad más segura de Estados Unidos, El Paso.

“Estamos cansados, hartos. ¡Basta de politiquerías! En Juárez queremos acciones concretas, desarrolladas en  nuestro municipio y no desde el Congreso, por personas insensibles que poco saben de la seriedad de la situación”.

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La propuesta del gobernador de Chihuahua para trasladar a Ciudad Juárez los poderes de ese estado puede ser considerada como alarde simbólico que no va al fondo de los problemas de esa población fronteriza. Ayer mismo, el presidente nacional del PAN consideró que tal medida es artificial y propagandística. Pero tiene una importancia simbólica que será difícil regatear.

Una semana después del asesinato de 16 muchachos, ninguna autoridad había ofrecido respuesta satisfactoria alguna a esa masacre en la colonia Salvarcar. Las pruebas contra los presuntos responsables presentados por las autoridades judiciales del estado no han sido suficientemente sólidas. El alcalde de Ciudad Juárez insiste en la hipótesis de la supuesta complicidad con el narcotráfico de algunos de los jóvenes asesinados esgrimiendo como evidencia fotografías de armas que al parecer había en el teléfono celular de una de las víctimas.

El gobierno federal ha transitado de la estupefacción, a la confusión respecto de la violencia en Juárez. El presidente de la República, que inicialmente propaló la versión de la presunta culpabilidad de algunos de los asesinados, habla una semana más tarde de una nueva estrategia contra el narcotráfico en Ciudad Juárez.

La clase política nacional y local, también desconcertada pero además con deplorables intentos para politizar el asesinato de los jóvenes estudiantes, se ha enfrascado en dimes y diretes que inquietan en todo el país y seguramente causan indignación en Ciudad Juárez.

Los juarenses no han tenido el respaldo que requieren. Mientras en la capital del país aumenta la discusión sobre las maneras para enfrentar al narcotráfico, ellos siguen padeciendo una violencia ahora extendida y en buena medida incontrolable.

Muchos habitantes de Ciudad Juárez consideran que la presencia del Ejército ha traído más perjuicios que ventajas. Quizá sin el contrapeso que han significado los militares, las bandas delincuenciales se habrían adueñado todavía más del territorio y la vida social en esa ciudad. Pero la desesperación que suscitan episodios como el del domingo 31 de enero, aunada a una sorda violencia cotidiana que perpetran ya no solamente los grandes grupos criminales sino pequeñas y agresivas pandillas que se han extendido en el río revuelto que es Ciudad Juárez, puede conducir a abominar de la autoridad federal con tal de recuperar algo de tranquilidad aunque sea temporal.

El presidente Calderón se inquietó públicamente por la agresión al futbolista Salvador Cabañas y más tarde acudió a varias de las regiones afectadas por los temporales de la semana pasada. Sin embargo ese sentido de la oportunidad no quiso tenerlo para confortar a las familias de los muchachos asesinados en Salvarcar.

Ese contraste ha sido ampliamente comentado. Hoy lunes el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, estará en Ciudad Juárez. Pero al presidente Calderón, que una semana antes viajó a Japón, la distancia entre el Distrito Federal y la antigua Paso del Norte parece resultarle todavía insalvable.

En esa circunstancia, la iniciativa del gobernador José Reyes Baeza podrá ser fundamentalmente simbólica y tener numerosas limitaciones. Pero constituye un gesto de acercamiento y quizá de compromiso con los habitantes de Ciudad Juárez que ninguna otra autoridad ha querido tener en los tiempos recientes.

Trasladar los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a Ciudad Juárez no resuelve las urgencias fundamentales de esa población pero en política, como decía uno de los clásicos mexicanos de estos asuntos, la forma es fondo. Esa decisión simbólica solamente tendrá eficacia si es acompañada por una profunda y diversa acción para normalizar la vida en Ciudad Juárez. De otra manera, en poco tiempo a Reyes Baeza le culparán por haber postergado las medidas necesarias para blindar a los juarenses contra la delincuencia organizada.

Por lo pronto la iniciativa del gobernador, con todo lo discutible que pueda resultar, le ofrece a la clase política de Chihuahua, pero también de todo el país, la oportunidad de hacer a un lado diferencias para enfrentar todos juntos a las pandillas criminales. Seguramente a muchos no les gusta que esa propuesta la hagan el gobernador y su partido, el Revolucionario Institucional. Pero la situación de Juárez y, con matices, de buena parte de Chihuahua, tendría que propiciar un serio realineamiento de las fuerzas políticas locales y nacionales.

No parece, sin embargo, que ese será el camino de la política en aquella entidad. Ayer domingo el PRD, que tiene escasa presencia política en Chihuahua, exigió la desaparición de poderes en el estado. Esa sí que es una propuesta que solamente busca reflectores y propaganda. Anoche, por otra parte, la Secretaría de Gobernación le respondió a Reyes Baeza con un informe de lo que el gobierno federal ha hecho en Ciudad Juárez pero sin la autocrítica indispensable para entender por qué, a pesar de todo eso, la criminalidad aumenta. Palabras, promesas, pugnas, no las respuestas que quieren los juarenses y el país.

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No debe ser fácil gobernar un país con un sistema político tan inarticulado, una clase política tan desafecta a los compromisos, un entramado mediático tan estruendoso y una sociedad tan escéptica como los que tenemos. Debe ser terriblemente difícil gobernar en medio de dificultades económicas y amagos criminales como los que padece México.

La situación del presidente Felipe Calderón es todo menos envidiable. Hay que advertir las dificultades que enfrenta para entender las tensiones y confusiones que envuelven a su gobierno.

Pero aún así, y precisamente porque estamos en una situación nacional muy pero muy peliaguda, sería deseable que el titular del Ejecutivo Federal se comportara con menos veleidad, sin las improvisaciones ni los deslices que han sido evidentes en los días recientes. Tres episodios confirman la desazón que suscita hoy en día el desempeño del presidente Calderón.

Uno. Los muertos de Juárez. Lejos del país, quizá mal informado (lo cual es inaceptable tratándose de quien se trata) y tal vez deseoso de ofrecer una justificación a lo injustificable (lo cual es peor en cualquier caso) el presidente de la República condenó sin pruebas a los muchachos asesinados el domingo por la noche. El martes, cuando no había averiguaciones judiciales concluyentes, el presidente dictaminó desde Tokio que el asesinato de 16 personas, la mayoría jóvenes, pudo haberse debido a un enfrentamiento entre grupos rivales.

Esa ofensa a la memoria de los muchachos asesinados y a sus familias, el presidente se la pudo haber ahorrado. No hacía ninguna falta que mencionara la hipótesis (que hasta ahora no es más que eso) de la venganza entre pandillas delincuenciales. El presidente no tiene por qué suplantar al Ministerio Público. Sin embargo el licenciado Calderón experimenta una infructuosa necesidad para hablar de todo de manera tan concluyente que a veces termina por equivocarse. Podría tratar de mirarse en el espejo que dejó su parlanchín antecesor.

Dos. La reforma política. El presidente Calderón presentó a mediados de diciembre sus propuestas de reforma sin acordarlas con nadie. En aquel momento parecía  un recurso para suscitar una discusión intensa, capaz de involucrar en los propósitos reformadores a las fuerzas políticas que estaban reacias a comprometerse en ese tema. Luego los 10 puntos de Calderón han sido desechados, algunos de ellos con razones atendibles como las que se manifestaron en el foro que organizó el Senado. Ahora, en vez de mostrarse como Jefe de Estado que identifica y solidifica coincidencias para construir acuerdos, el licenciado Calderón decidió lanzarse a fondo en defensa de sus discutibles 10 puntos.

A los miembros más notorios de su gabinete, comenzando por el secretario de Gobernación, los ha enviado por el país y en una caravana mediática insuficientemente atractiva, como escuderos de sus reformas. Las reformas, alegan el presidente y sus secretarios, reivindican el interés de los ciudadanos delante del sistema político. Se trata de un discurso potencialmente suicida y por lo menos esquizofrénico. ¿No forman parte el presidente Calderón, así como los secretarios Gómez, Lozano y Lujambio de ese sistema político? ¿No se ufana el partido en el que forman filas de representar a los ciudadanos? De esa confusión, a la demagogia, hay un trecho riesgosamente breve.

Tres. Matrimonio homosexual. Por instrucciones del presidente, la PGR impugnó el matrimonio entre personas del mismo sexo que fue recientemente aprobado en la ciudad de México. La Corte deberá examinar, seguramente con toda calma, esa solicitud de inconstitucionalidad. Lloverán argumentos, testimonios y explicaciones de impugnadores, lo mismo que defensores de ese derecho que reconoció la Asamblea Legislativa. Sin embargo tanto el documento de impugnación de la Procuraduría General, como el Presidente de la República, han dicho que la Constitución solamente reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El presidente dijo, también en Japón: “La Constitución de la República habla explícitamente del matrimonio entre el hombre y la mujer”.

Eso no es cierto. La única referencia que nuestra Carta Magna hace al matrimonio, es cuando se refiere al que se realiza entre ciudadanos mexicanos y personas nacidas en el extranjero. Más allá de esa alusión, no hay precisión alguna sobre el género de los integrantes del matrimonio y mucho menos la frase que el presidente Calderón creyó que hay en la Constitución.

Es muy cuestionable que el presidente se meta en un pleito (como si le hiciera falta) en el que se dirimen libertades y derechos. Y que lo haga para tratar de imponerle a la sociedad mexicana sus creencias personales.

Pero de plano resulta inaceptable que el presidente de la República se equivoque al citar la Constitución. Si no la conoce, podría acudir a sus seguramente muchos asesores para que se la platiquen. Además el licenciado Calderón estudió abogacía. Los miembros y egresados de la Escuela Libre de Derecho, entre quienes hay personas reconociblemente versadas en la doctrina jurídica, deben estar abrumados de vergüenza.

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