Sociedad y Poder

Haciendo valer su mayoría en la Asamblea Legislativa, los diputados locales del PRD y el PT aprobaron el matrimonio y la adopción para personas del mismo sexo. Con esa decisión, no solamente reconocen el derecho de las personas a formar una pareja con plenas implicaciones legales. Además, esos legisladores colocaron el tema del matrimonio homosexual en la agenda de los asuntos públicos de nuestro país.

Legalmente aprobada en la Asamblea, esa reforma a los códigos Civil y de Procedimientos Civiles del DF será impugnada por la minoría panista que perdió esa votación y está pendiente la definición que tomará el PRI, cuyos diputados locales se abstuvieron. La polarización que suscita ese tema fue ratificada de inmediato por el arzobispo Norberto Rivera que calificó a esa decisión como “inmoral” y “perversa”.

El afán de los prelados para imponerle al resto de la sociedad sus particulares concepciones de moralidad, no es reciente. En todo el mundo la iglesia católica ha encabezado el rechazo al reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y en todas partes, ese tema suscita reacciones indignadas que impiden una deliberación a partir de ideas y hechos.

El matrimonio suele ser la unión de un hombre y una mujer formalizada por la ley o por alguna iglesia. Pero esa unión no tiene que ser necesariamente protagonizada por personas de distinto sexo. De allí la pertinencia de reformas legales como las que aprobó el 21 de diciembre la Asamblea del DF. En un régimen de pleno derecho, pero además en un contexto de respeto absoluto al derecho de las personas a vivir con quien quieran, el matrimonio tendría que ser admitido como el resultado de la decisión de dos adultos sin que para ello fuesen obstáculo sus creencias, su condición social o de género.

Pero como todos sabemos, respecto del matrimonio hay concepciones fundamentalistas como la que recuerda el arzobispo Rivera, para quien “es un orden instituido por Dios desde la creación del mundo, y sobre esta voluntad divina que rige la moral conyugal no puede estar ninguna ley humana”. Con ese dogma no es posible discusión alguna, porque ante la presentación de otros argumentos habrá quienes invoquen el orden divino en el que han decidido creer.

Afortunadamente nuestro Estado es laico y sin demérito del derecho de las personas a profesar las creencias religiosas que cada cual elija, o a no cultivar ninguna, podemos tener leyes que garanticen las libertades individuales aunque resulten incómodas para quienes proponen que las leyes se ajusten a sus convicciones religiosas. El problema no es de índole jurídica, sino de cultura política o, si se quiere, de creencias en materia de moralidad pública.

El matrimonio entre personas del mismo sexo, y especialmente el derecho a adoptar hijos, divide a las sociedades contemporáneas. En México, hace casi tres años, una encuesta nacional de Consulta Mitofsky encontró que el 58% de los ciudadanos estaba en contra de que a los homosexuales se les permita contraer matrimonio. Más aún, el 68.5% se oponía a que las parejas del mismo sexo pudieran adoptar hijos.

Levantada en febrero de 2007, aquella encuesta confirmó que las actitudes de tolerancia en estos temas son inversamente proporcionales a la edad de los ciudadanos. Casi el 40% de los entrevistados de entre 18 y 29 años estuvo de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales pero en el segmento de más de 50 años esa aprobación llegó apenas al 23%. Pero una mayor escolaridad no se traduce en mayor apertura. Entre los encuestados con estudios de secundaria, el 38.5% estuvo de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales. Pero esa opción le pareció pertinente solo al 27.6% de personas con estudios universitarios.

La opinión de las sociedades se modifica con gran rapidez en temas relacionados con las preferencias personales de los ciudadanos. Hay que recordar la gazmoñería con que hace no muchos años se abordaban asuntos como el aborto y las relaciones extra matrimoniales y el tratamiento que reciben hoy en los medios de comunicación. Por otra parte, la protección de los derechos ciudadanos no puede estar sujeta al ánimo social registrado en las encuestas. Pero sin duda la opinión de los mexicanos sobre estos asuntos será un barómetro que permita aquilatar su desarrollo cultural y cívico y que influirá en las decisiones políticas y legislativas.

Por lo pronto, los empeñosos promotores de los derechos de los homosexuales y las lesbianas tienen motivo para celebrar en estas Navidades al menos en la ciudad de México. El siguiente, valga la perogrullada, será otro año.

* * *

Y, puesto que de transitar a otro año se trata, esta columna dejará de publicarse dos semanas. Si ustedes quieren, nos encontraremos aquí el miércoles 6 de enero. Felices fiestas.

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“El Papa les da la bendición”, fue uno de los encabezados de primera plana que aparecieron el pasado jueves 17 de diciembre para anunciar la visita que Enrique Peña Nieto y su prometida le hicieron al Papa. Además del beneplácito del jefe de la iglesia católica, el gobernador del Estado de México obtuvo la bendición de numerosos medios de comunicación que desplegaron nota e imagen de esa audiencia con intencional notoriedad.

La visita que hizo al Vaticano, fue un recurso más de la precampaña de Peña Nieto por la postulación presidencial del PRI. Pero aunque fue propagada de manera amplia, no puede decirse que se trató  de una promoción exitosa. Tanto en el PAN, como en el PRD, se han expresado suspicacias sobre el financiamiento de ese viaje en el que Peña Nieto estuvo acompañado por su novia la actriz Angélica Rivera, por los hijos de ambos y sus abuelas. Pero además, en el PRI se han expresado voces críticas a esa auto promoción que Peña Nieto hizo con recursos públicos.

Ayer domingo, en respuesta a tales cuestionamientos, Peña Nieto mintió  cuando dijo que no estaba enterado de que su intercambio de saludos con el Papa había sido grabado: “yo no sabía que había una cámara con un micrófono abierto”. El arzobispo Norberto Rivera lo contradijo de inmediato, al afirmar que en el Vaticano no hay micrófonos ocultos.

Si los hay o no, es otro asunto. La afirmación de Peña Nieto cuando dice que no estaba enterado de que su breve diálogo con el papa Joseph Ratzinger sería grabado, es inverosímil porque él mismo se hizo acompañar por empleados de Comunicación Social del Estado de México. Para eso había acudido a la audiencia el coordinador de dicha área, David López.

La información y las imágenes del saludo fueron ampliamente propaladas no por agencias de noticias sino por los servicios de prensa del gobierno mexiquense. La fotografía publicada en varios diarios es la misma y en varios casos apareció con las características tipográficas que algunos periódicos asignan a las inserciones pagadas.

La intención de difundir esa visita con la mayor amplitud posible resulta, debido a ese mismo afán, inocultable. Al decirse sorprendido por la publicación de sus saludos al Papa, el gobernador Peña Nieto manifiesta un talante insincero y oportunista. Cuando la intensa publicidad que le procura su oficina de prensa le resulta propicia, se ufana de ella y busca multiplicarla. Pero cuando, como ahora, esa propaganda se torna desfavorable, esconde la cabeza y niega su responsabilidad en ella.

Los defensores de la visita de Peña Nieto al Papa resultan igualmente desatinados. El dirigente del PRI en el Estado de México, Ricardo Aguilar Castillo, exigió respeto a la vida privada de Peña Nieto al enfrentar algunos de los cuestionamientos recientes. Ese argumento no podría resultar más paradójico porque quien utiliza su vida privada para promocionarse políticamente es el mismísimo Enrique Peña Nieto. Al haber dejado su campaña política en manos de publirrelacionistas de Televisa, el gobernador mexiquense renunció a la deliberación de ideas pero además a las coordenadas ideológicas en las que se había ubicado su partido y entre las que se encuentran la reivindicación del laicismo.

Peña Nieto incurre en tres transgresiones. La primera, es el empleo de recursos públicos para difundir asuntos privados como son su decisión de contraer matrimonio y sus simpatías religiosas. La segunda, es la utilización de su vida privada para promover su imagen política. La tercera, consiste en la mezcolanza de asuntos religiosos y políticos.

No en balde, la senadora priista María de los Ángeles Moreno dijo con toda oportunidad acerca de ese nuevo episodio en la campaña mediática del gobernador del Estado de México: “Las actitudes públicas son públicas; las privadas deben ser privadas, no mezclar y mucho menos involucrar cuestiones de creencias personales, con cuestiones de política pública”.

Este fin de semana, la senadora Moreno y otros personajes de la vida pública mexicana anunciaron la creación de Ciudadanos en Defensa del Estado Laico, un grupo que surge no en contra de candidatura alguna sino para reivindicar la distancia entre iglesia y Estado que tanta relevancia ha tenido en la historia de nuestro país y que el gobernador Peña Nieto desconoce con notoria irresponsabilidad.

Sean o no partidarios del laicismo, muchos católicos se habrán indignado ante la utilización que Peña Nieto y sus publicistas hicieron de la visita al Vaticano. El gobernador mexiquense no solamente se aprovecha de su novia para hacerse propaganda. Ahora ha querido beneficiarse, incluso, del instante en el que saludó al Papa. Está por verse si ese comportamiento le acarrea réditos políticos.

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La segunda vuelta electoral que propone el presidente Calderón, podría significar el suicidio político del PAN.

Los motivos del presidente en la propuesta de reformas para el sistema político que presentó el martes pasado, parecen estar más sustentados en la búsqueda de reconocimiento mediático que en una restructuración seria de los poderes que conforman al Estado en nuestro país.

Una segunda vuelta en la elección presidencial permitiría que el titular del Ejecutivo Federal contara con la adhesión expresa de la mayor parte de los ciudadanos que asistieran a los comicios. Quienes con frecuencia cuestionan la insuficiente “legitimidad” de los gobernantes que no obtienen más del 50% de los votos, encontrarían satisfacción a esa inquietud.

Sin embargo la segunda vuelta puede ser respuesta a un problema inexistente. A todos nos interesa que nuestros gobernantes cuenten con la mayor adhesión social que sea posible. Y en un sistema político estructurado fundamentalmente en tres grandes formaciones partidarias, es prácticamente imposible que el presidente reciba más de la mitad de los votos en una elección. Aunque las preferencias de los electores no se dividen exactamente entre tres porque cada uno de los partidos principales tiene altibajos en el respaldo de los ciudadanos, cada uno de ellos recibe suficientes votos para restarles varias decenas de puntos porcentuales a los otros dos.

Así, en el panorama actual el PRI y el PAN obtienen alrededor del 35% de los votos cada uno, el PRD aproximadamente el 20% y el restante 10% de distribuye entre los partidos pequeños. Esos porcentajes varían de una elección a otra pero tienden a equilibrarse entre sí. En una segunda vuelta en donde solamente compitieran los dos candidatos presidenciales con más sufragios, los electores del tercer partido y de los pequeños tendrían que realinearse. Estarían obligados a un reacomodo de alianzas, pero siempre con la única perspectiva de remontar la nueva barrera electoral que sería esa segunda vuelta.

Los promotores de esa opción, sostienen que en una segunda vuelta los partidos se ven obligados a pactar y a conformar dos grandes bloques. En la iniciativa del presidente Calderón ese afán es tan claro que, incluso, se propone que la elección del Congreso sea en la fecha de la segunda vuelta para que en esa votación se expresen tales alianzas.

La política siempre consiste en acuerdos. Pero los compromisos más sólidos ocurren cuando descansan en perspectivas comunes, a partir de coincidencias programáticas. Una alianza concertada únicamente para ganar en una segunda vuelta electoral puede resultar artificial y fallida. Y si ese juego de pactos fructifica en formaciones parlamentarias estables, una de sus consecuencias sería la conformación de dos grandes bloques prácticamente únicos en el Congreso de la Unión. La diversidad que a pesar de los enormes defectos de los actuales partidos tiene hoy el Poder Legislativo e incluso la presencia del tercer partido que no competiría en la segunda vuelta de la elección presidencial, tenderían a diluirse.

Quienes sostienen que un presidente electo solamente con treinta y tantos por ciento de la votación nacional no cuenta con legitimidad suficiente, habitualmente soslayan que la soberanía del Ejecutivo Federal radica en los votos que han sido emitidos en una elección legal. Desdeñar la legalidad por atender solamente a una peregrina noción de “legitimidad” puede conducirnos a mayores errores en la apreciación del sistema político.

¿Necesita el Poder Ejecutivo de un respaldo de votos claramente mayoritario? ¿Gobierna más, o gobierna mejor, un presidente con el 53% que otro que solamente ha obtenido, por ejemplo, el 38%? ¿Tiene más capacidad para que sus decisiones sean acatadas, alcanzará mayor autoridad, se le respetará y reconocerá con mayor decisión si ha rebasado la barrera de la mitad más uno de los votos? A la luz de la experiencia mexicana e internacional, es imposible responder tajantemente que sí  a esas preguntas. Los votos sirven para llegar al gobierno. Y una vez allí el aplauso o el desdén de los ciudadanos se ganan a partir de omisiones y determinaciones específicas.

El problema del presidente mexicano no es de insuficiencia de votos, sino de incapacidad para tomar y propiciar decisiones. Y uno de los factores esenciales que suscitan esa debilidad es la heterogeneidad del Congreso en donde no hay acuerdos suficientes –o no hay incentivos para ellos como dirían los partidarios del convenencierismo político– salvo de manera esporádica.

En una segunda vuelta, los dos ganadores en la primera oportunidad se disputan los votos de los candidatos y partidos que no llegaron a ese momento del proceso electoral. En el sistema mexicano actual, se trataría fundamentalmente de los votos del partido que hubiese quedado en tercer sitio. En las elecciones de 2000, ese partido hubiera sido el PRD y en las de 2006, el PRI. En los comicios de 2012, si las tendencias actuales se mantienen, los dos partidos con más votos serán PRI y PAN y en el tercer sitio se quedará el PRD.

En los tres casos, el PAN tendría que enfrentarse al PRI o al PRD. ¿Por cuál de las dos candidaturas vigentes en una segunda vuelta se inclinarían los votantes del PRI si esas opciones fueran PAN o PRD? O ¿a quién respaldarían los adherentes del PRD si en la segunda vuelta tuviesen que votar por PAN o PRI?

El PRD y el PRI se parecen tanto –en sus orígenes políticos, en sus convicciones pero también sus dislates ideológicos, en el clientelismo frecuente y en las estructuras corporativas– que no hace falta demasiado esfuerzo para suponer que sus votantes encontrarían más afinidad mutua que con el PAN.

Así que en una segunda vuelta, teniendo como rival al PRI por ejemplo, Acción Nacional sucumbiría ante una alianza de priistas y perredistas que, después de todo, no son tan diferentes.

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Más sociedad pero, paradójicamente, también más presidencialismo: allí se encuentran dos de los rasgos de la ambiciosa iniciativa de reformas constitucionales que ayer envió el presidente Felipe Calderón al Senado de la República.

Con la segunda vuelta electoral, se  pretende dar al Ejecutivo Federal el respaldo de una mayoría absoluta que ya no suele existir en las elecciones mexicanas, protagonizadas fundamentalmente por tres partidos competitivos. Se presume que el presidente electo en segunda vuelta dispondría de un respaldo social que de otra manera no tendría en el esquema actual. De ser así ese recurso para construir mayorías, que funciona en varios países del mundo, contribuiría a fortalecer al mandatario así electo y, junto con él, a la institución presidencial.

Las propuestas anunciadas ayer también facultan al Presidente para que algunas de sus iniciativas sean de resolución obligatoria en cada periodo de sesiones del Congreso y para hacer observaciones al Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos. El procedimiento legislativo para la aprobación de esos documentos se mantiene, pero con la posibilidad del Presidente de la República para publicar solo parcialmente las leyes cuyas observaciones no hubieran sido resueltas por el Congreso.

El documento con las propuestas de reformas constitucionales comprende nueve cambios al “arreglo institucional actual” del sistema político mexicano. Tres de ellos –segunda vuelta, iniciativas presidenciales de trámite preferente y facultad para observar presupuesto e ingresos– consolidan la hegemonía del Ejecutivo Federal. Otras dos, impulsan una participación más directa de la sociedad en acciones y decisiones políticas. Dos más, acotan al Congreso. Y otras dos se refieren, respectivamente, a los partidos políticos y a la Suprema Corte.

Las propuestas que incentivan la participación de grupos de la sociedad son la creación de candidaturas independientes para todos los cargos de elección popular y la figura de iniciativa ciudadana para la presentación de iniciativas de ley,

Los ciudadanos interesados en ello, tendrían derecho a promover una candidatura al margen de los partidos políticos ya existentes si reúnen la adhesión al menos el uno por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la demarcación donde se realizará la elección. Si hoy tuviéramos elecciones en puerta, los promotores de un candidato independiente a la Presidencia de la República tendrían que recabar casi 800 mil firmas, ya que hoy en día el padrón nacional es de algo más de 79 millones de ciudadanos.

Los problemas prácticos que supone esa innovación pueden ser considerables. La propuesta presidencial deja a la ley secundaria (es decir, al Código Federal Electoral) el establecimiento de las normas para que los candidatos independientes pudieran acceder a respaldos financieros y a tiempos para propaganda en los medios, que son prerrogativas que reciben los partidos políticos. Allí podrían surgir dificultades porque los partidos están sujetos a un régimen de responsabilidades que incluyen la presentación y el cumplimiento de documentos básicos, la existencia de normas internas verificables y el acatamiento de reglas para la utilización de recursos y tiempos públicos, entre otras obligaciones. En cambio es posible que los candidatos independientes no tuvieran que observar todos esos requisitos. Y si los tuvieran que acatar, entonces estarían convirtiéndose en nuevos partidos políticos con estructura, programa y militantes que son los rasgos esenciales de una organización de esa índole.

La iniciativa ciudadana, sería posible con la adhesión de un número de ciudadanos superior al 0.1% del padrón electoral. Es decir, se requeriría la décima parte de los ciudadanos que se necesitarían para impulsar a un candidato independiente a la Presidencia de la República. Si el umbral para esa candidatura puede considerarse alto, el de la iniciativa ciudadana –con tan solo 80 mil firmas de acuerdo con el padrón actual– puede resultar bajo. La legislación reglamentaria tendría que ser muy clara para evitar prácticas clientelares y de compulsión sobre los ciudadanos como las que en años recientes han existido para recabar las adhesiones al registro de nuevos partidos políticos.

Las propuestas relacionadas con el Congreso establecen la reelección y disminuyen el número de integrantes de las Cámaras. La reelección sería tanto para legisladores federales como locales, pero además de integrantes de los ayuntamientos y jefes delegacionales. Sigue abierta la discusión sobre la capacidad de esa medida para que nuestros legisladores y gobernantes en niveles básicos de representación sean, gracias a la posibilidad de reelegirse, más responsables que ahora. La otra medida, reduce la Cámara de Diputados de 500 a 400 legisladores y, la de Senadores, de 128 a 96.

Hacia los partidos políticos, se establece una mayor exigencia al incrementar de 2% a 4% el porcentaje de votación requerida para que conserven su registro. Y a la Suprema Corte de Justicia se le otorga la posibilidad de presentar iniciativas de ley, que actualmente es privilegio de los legisladores y del Presidente de la República.

La propuesta del presidente Calderón es políticamente audaz y recupera sugerencias que han sido promovidas tanto por grupos de la sociedad como en los partidos, quizá incluso más en el PRI y el PRD que en el PAN. Presentada al último momento del periodo de sesiones que concluyó ayer, martes 15 de diciembre, habrá tiempo para que esa iniciativa sea discutida en el Congreso y en otros ámbitos. Habrá ocasión también para subrayar ausencias en la propuesta presidencial. Pero esas omisiones no debieran conducir a desdeñar los cambios que haría posibles.

Ayer por la mañana en Santiago de Chile, antes de ir a votar, Marco Enriquez-Ominami fue a visitar la tumba de su padre como él mismo relata en su espacio en Twitter: “es más joven que yo y le hablé de él a mi hija de 5, de lo que sonaba él. Emocionante. Ahora a votar”. Diez horas más tarde, sabría que perdió las elecciones presidenciales por un margen considerable.

Sebastián Piñera, el candidato de derechas que hizo campaña apoyado en los medios de comunicación de los que es propietario, obtuvo el 44% de los votos. Eduardo Frei, que ya fue presidente hace 10 años y encabeza a la Concertación de Partidos integrada por socialistas y demócrata cristianos, alcanzó casi 30%. Ellos disputarán el 17 de enero la segunda vuelta de la elección presidencial.

El candidato comunista Jorge Arrate recibió casi el 6% de los votos y Enríquez-Ominami, algo más del 20%, de acuerdo con el cómputo que se realizaba anoche.

Ese porcentaje pudiera ser exiguo para una candidatura que en algún momento pareció competitiva, pero al mismo tiempo resulta cuantioso si se toma en cuenta que hace un año Enríquez-Ominami no era candidato presidencial.

La postulación de ese cineasta de 36 años, conmovió al panorama político chileno porque rompió con la ortodoxia de las viejas izquierdas y utilizó de manera intensiva los nuevos medios de comunicación en busca del respaldo de los electores más jóvenes.

Marco Enríquez-Ominami es hijo de Miguel Enríquez, el dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria que apoyó muy activamente al gobierno de Salvador Allende y que después del asesinato del presidente socialista chileno se dedicó a luchar en la clandestinidad contra la dictadura militar. Un año más tarde, el mismo Miguel Enríquez fue asesinado en un enfrentamiento con la policía de Pinochet. Tenía 30 años. Menos, en efecto, que los que tiene ahora su hijo.

Marco Enríquez había nacido tres meses antes del golpe militar. Junto con su madre, la periodista y organizadora social Manuela Gumucio (que hoy es una de las promotoras más tenaces de la radiodifusión comunitaria en América Latina) estuvo asilado en París, donde hizo sus primeros estudios. Su madre se casó más tarde con Carlos Ominami, economista chileno que luego sería secretario de Estado y senador en su país. Marco Enríquez-Ominami asumió los apellidos de sus dos padres y encuentra en ambos parte de sus motivaciones políticas: “De Miguel, aprendí la rebeldía. De Carlos, la tenacidad”.

A su regreso a Chile, después de la dictadura, Enríquez-Ominami hace cine –con éxito constatable en diversos premios internacionales que recibió– y se involucra en política desde la Universidad. En una breve autobiografía que publicó ayer en el periódico El Mercurio, relata lo difícil que inicialmente le resultaba hacer política: “Defraudé a más de alguien que esperaba encontrar en mí al reflejo de las mismas ideas que sostuvo mi padre casi 20 años antes. Sospecho que la intensidad de las convicciones de Miguel es siempre una vara muy alta y creo que nadie puede prejuzgar qué haría él si por estos días estuviera con nosotros. Pero también creo que ser de izquierda, ser demócrata, ser radical y ser progresista, no pueden ser lo mismo en el siglo XXI que en plena Guerra Fría”.

Ser de izquierda pero tratando de sacudirse dogmas e inercias, ha sido una búsqueda difícil para Enríquez-Ominami. En 2006 fue  diputado por el Partido Socialista. La notoriedad que alcanzó gracias a su actividad legislativa pero también debido a sus apellidos, lo convirtió en símbolo de un estilo fresco en el quehacer político. En enero de 2009 intentó registrarse para competir por la candidatura presidencial del Partido Socialista y de la Concertación pero las rígidas normas que existían para esa postulación, en donde solamente podrían competir los precandidatos propuestos por los dirigentes nacionales de los partidos, lo dejaron fuera de la competencia. En junio pasado, Enríquez-Ominami renunció al Partido Socialista y reunió las firmas ciudadanas que requería para, de acuerdo con la legislación chilena, presentarse a las elecciones presidenciales como candidato independiente.

La intensa e inteligente utilización de Internet, la construcción de un discurso contra las desigualdades sociales gracias a la solidez del Estado pero sin prescindir de las fuerzas del mercado y la apuesta por un estilo que rompa la esclerosis que identifica en la clase política, hicieron de esa una candidatura mediática pero también socialmente atractiva.

En 2003 Marco Enríquez-Ominami dirigió el documental “Los héroes están fatigados” en donde parte del recuerdo de su padre para preguntarse qué fue de esa generación de luchadores por el cambio social. Unos, fueron asesinados por la dictadura militar. Otros más, terminaron en las burocracias políticas. “Los héroes están fatigados” puede verse en línea y, relatado por el propio Enríquez-Ominami, comienza explicando quién fue su padre, el secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Miguel Enríquez. “Era una suerte de Che Guevara un poco más austral”, dice. Pero lejos de la consagración hierática, añade: “sus seguidores aun le cantan con fervor en algunas salas municipales. Pero sus ideas ya no entusiasman”.

Desde la época en la que murió Miguel Enríquez, en Chile, dice el cineasta, “el verdadero cambio es que los ricos son aun más ricos. En cuanto a los chilenos, no son ni más suicidas ni más rebeldes que en su época. Pero han perdido toda esperanza. Con el tiempo aprendieron que para hacerse escuchar por el poder, no pueden contar más que con ellos mismos”. Con ingeniosos recursos narrativos, el documental recoge el testimonio de algunos de aquellos militantes socialistas y narra la negativa del entonces presidente, Ricardo Lagos, a conceder una entrevista para ese trabajo cinematográfico.

A Enríquez-Ominami le parece que el cine, “no es algo tan lejano a la política, ya que el realizador cuenta historias, plasma perspectivas, maneras de mirar lo que pasa alrededor y muchas veces intenta expresar lo inexpresado. En el cine, como en la política, hay momentos para los grandes temas y también para los que parecen menores y el talento está en ser capaz de vincularlos y darles sentido”.

A lo que dio sentido, por lo pronto, fue a una atractiva y renovadora campaña. En unos cuantos meses, Enríquez-Ominami catalizó el desencanto de un segmento importante de los electores y construyó  una opción distinta de la derecha y la izquierda tradicionales. La votación que alcanzó ayer lo hace aspirante demasiado prematuro a las elecciones presidenciales de 2014. Antes de eso, tendrá que resolver qué hace con ese capital político en la segunda vuelta electoral que tendrá lugar dentro de cinco semanas.

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¿Qué les va a decir el gobierno de la ciudad de México a los 107 desamparados que estuvieron esclavizados por “Los elegidos de dios”? Ahora que se ha confirmado que desde hace varios meses el jefe de Gobierno y la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal habían recibido denuncias sobre la casa en Iztapalapa en donde esas personas permanecían secuestradas y obligadas a subsistir en condiciones infrahumanas, ¿qué explicación ofrecen a esas víctimas y a la sociedad?

¿Qué va a decir Marcelo Ebrard, responsable de esa Procuraduría pero también de las corporaciones policiacas en donde había cómplices de los secuestros que perpetraban en la Central de Abastos los tratantes de personas que terminaban esclavizadas?

¿Qué dicen las agrupaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos, los defensores de tantas y a veces tan lejanas aunque siempre pertinentes causas acerca de ese reducto en donde se torturaba a más de un centenar de personas? ¿Qué opina la prensa crítica sobre la pesadilla que vivieron esos mexicanos? ¿Qué reproches le hará al gobierno de la ciudad de México?

Y ese gobierno, que pudo haber terminado medio año antes con el tormento de un centenar de personas, ¿se disculpará con ellos? ¿Los va a indemnizar? ¿Se preocupará por desplegar una persecución realmente profesional contra los directivos del centro de presunta rehabilitación que enmascaraba una red de tráfico de personas? ¿Tendrá una política específica para impedir que existan centros de servidumbre forzosa como ese?

¿Qué les diría Marcelo Ebrard a esos hasta hace poco esclavizados acerca de la indolencia de su gobierno para atender con oportunidad las denuncias que pudieron haberlos rescatado de su cautiverio seis, tres, dos meses antes?

Aparentemente el gobierno del Distrito Federal apuesta a que el carrusel del estruendo, que nos aturde con nuevos escándalos noticiosos cuando todavía no se aclaran los episodios que los han precedido, vaya restándole notoriedad a la terrible cuan vergonzosa historia alrededor de “Los elegidos de dios”.

La sociedad debería tener otras prioridades. Y no hay asunto más importante en la vida pública contemporánea que la defensa de los derechos humanos, especialmente cuando son violentados con la sevicia y, hasta hace pocos días, con la impunidad que disfrutaban los directivos de esa pandilla de nombre beatífico, coartada asistencial y quehaceres perversos.

A los esclavos que nutrían la fuerza de trabajo compulsiva de ese grupo, los secuestraban en la Central de Abastos. Encapuchados o a golpes, los llevaban en una camioneta a la guarida en la colonia Jardines de San Lorenzo, en Iztapalapa, que se ostentaba como centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos. Allí eran obligados a maquilar artículos de papel y plástico, so pena de ser sometidos a feroces torturas. Comían desperdicios, dormían hacinados, estaban apartados hasta de la luz del sol en esa casa enrejada pero de la que tenían noticia algunos grupos de defensa de indigentes, que denunciaron esa trata de personas ante autoridades del DF.

El secuestro de quienes luego serían esclavizados, se realizaba con la complicidad de policías de la ciudad de México. Algunos de ellos y el personal de “Elegidos de dios” que perpetraba los plagios, decían que practicaban acciones de limpieza social cuando recogían a esas personas en la calle. Se trata de un término que, por sí mismo, remite al fascismo y a la intolerancia contra los más indefensos.

Varios de esos secuestrados trabajaban como cargadores. Pero aunque hubieran sido desempleados, o menesterosos, nada ni nadie puede justificar esta historia. La Procuraduría del DF ha subrayado que la mayoría de ellos no tenía problemas de alcoholismo ni de drogadicción, como si el hecho de padecer esas enfermedades hubiera justificado que se les secuestrara y mantuviera encerrados.

También ante esas imputaciones el gobierno de la ciudad de México ha permanecido callado. Más allá de algunas aclaraciones forzadas por la insistencia de los reporteros, sigue echándose de menos una explicación completa, confiable y sobre todo correctiva, que ofrezca garantías plenas de que para el gobierno del DF la persecución a la trata de personas es una prioridad.

Ayer se informó del descubrimiento de otra madriguera para esclavos, ahora en Azcapotzalco. El horror y la indignación ante esas revelaciones debiera ser fuente de nuevas exigencias para impedir que tales transgresiones a los derechos de las personas se mantengan y reproduzcan. Pero acerca del horror en San Lorenzo se dice demasiado poco.

¿Será que el gobierno de Marcelo Ebrard tiene una suerte de inmunidad ante la crítica periodística? Con agudeza, el periodista Pablo Hiriart ha sostenido: “Si este hecho hubiera ocurrido en una entidad gobernada por panistas o por priistas, ya habría —con toda razón— una agitación mediática en contra de las autoridades que consintieron la realización de trabajos forzados. Pero como en el DF gobierna la izquierda, no pasa nada”.

¿Nada, en absoluto? ¿No pasará nada?

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107 esclavos, sometidos a torturas, pudieron haber sido liberados antes si el gobierno de Marcelo Ebrard hubiera actuado con oportunidad

El lunes pasado por la noche, después de confirmar que la discutible propuesta de reformas para la radiodifusión que había presentado junto con el PRI sería postergada, el senador perredista Carlos Sotelo García declaró, malhumorado: “¡Se han dado un balazo en el pie los de la CIRT!”.

Con esa expresión el senador Sotelo quería enfatizar quiénes, a su juicio, perdían más con la posposición que habían acordado los partidos políticos después de verificar los insuficientes consensos que suscitó el predictamen que se había propuesto llevar a la Comisión de Radio y Televisión para aprobarlo esa misma noche. Horas antes, distintos actores e interesados en la reforma legislativa para los medios electrónicos le hicieron saber al Senado los desacuerdos que, por diferentes causas, tenían con esas propuestas.

Las radiodifusoras comunitarias, a las que en esa propuesta se les reconocía bajo la denominación de “medios de uso social”, celebraban que se les tomara en cuenta pero consideraron insuficientes los derechos que se les reconocían y no estaban de acuerdo con que, a cambio, los senadores del PRD y el PRI quisieran otorgarles a los empresarios privados el refrendo de sus concesiones sin necesidad de que pasaran por una licitación. En el campo de los medios de carácter público, por el mismo motivo, surgieron voces que también cuestionaban esas reformas aunque se les autorizaba a vender espacios para patrocinios e incluso, en una versión posterior del predictamen, se les concedía un pequeño porcentaje de sus tiempos de transmisión para publicidad.

En el flanco de la radiodifusión privada, por excesivo patrimonialismo o por torpeza mayúscula, se expresaron los rechazos más enfáticos a esa propuesta de reformas. El lunes por la mañana, a plana entera y en un tono destacadamente agresivo, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión publicó un desplegado en donde sostenía que la propuesta relativa a las radiodifusoras comunitarias era resultado de una conspiración dirigida por el presidente venezolano Hugo Chávez para propagar un “proyecto bolivariano” de comunicación en América Latina.

Aquel documento de la CIRT estaba plagado de tantas barbaridades que resultaba difícil tomarlo en serio. Además de mentiras y exabruptos, exhibía una concepción macartista (a estas alturas del nuevo siglo), manipuladora (sintomática de los déficit éticos de los radiodifusores que impulsaron ese texto) y persecutoria en contra del senador Sotelo. A las radiodifusoras comunitarias, se les presentaba como resultado de una conjura chavista cuando en México las emisoras de esa índole existen desde 1965, hace 4 décadas y media. A ese legislador, se le mostraba como polichinela de esa presunta confabulación.

Los motivos de la CIRT para haber difundido ese escandaloso e inverosímil documento, seguirán siendo motivo de interpretaciones diversas. La propuesta de reformas cuestionada de esa manera tan burda, había sido resultado de varios meses de discusiones. Los senadores del PRI, encabezados por Manlio Fabio Beltrones, fungieron como representantes del interés de los consorcios mediáticos y promovieron en esa propuesta el refrendo sin licitación (al que nos referimos el lunes mismo en esta columna) junto a otras exigencias de la CIRT como la creación de un nuevo mecanismo, adicional al que estableció hace un año el gobierno federal, para que los radiodifusores que tengan frecuencias en AM reciban además espacios en la FM. Por su parte, el senador Sotelo consideró que a cambio de contemporizar con esa exigencias de los empresarios podría incorporar modificaciones legales en provecho de los medios comunitarios y públicos.

Al final, el senador Sotelo quedó sin los respaldos que había confiado consolidar. Su estupefacción ante la reacción de la CIRT, más de 12 horas después de que había conocido el desplegado de los radiodifusores, no pudo resultar más expresiva. Tenía razón al considerar que esos empresarios se daban un balazo en el pie porque aquellas reformas a nadie beneficiaban más que a los radiodifusores que quieren refrendos legales sin licitación. Su asombro era comprensible, además, porque a través del PRI creía tener afianzado el respaldo de tales empresarios.

Rayano en el ridículo, pero profundamente preocupante por el autoritarismo y la ignorancia que manifiesta, el desplegado de la CIRT fue la primera de varias expresiones que truncaron los acuerdos del PRI y el PRD para impulsar esas reformas. Los medios comunitarios y públicos, así  como grupos ciudadanos interesados en la reforma de la comunicación como la AMEDI, hicieron saber sus desacuerdos. Por su parte los senadores del PAN, que no habían participado en ese predictamen y que seguramente no querían dejarle a priistas y perredistas el privilegio de congraciarse con los radiodifusores pero entre quienes además hay legisladores como Ricardo García Cervantes y Santiago Creel que reconocen y han padecido excesos de los consorcios mediáticos, también se opusieron a una aprobación precipitada de ese documento.

Por eso el senador Sotelo, desbaratada la pragmática pero contradictoria red de acuerdos que creyó haber articulado junto con Manlio Fabio Beltrones, tuvo que declarar esa noche del lunes que no había condiciones para discutir el predictamen. El asunto se pospondrá hasta febrero, con la posibilidad de que semanas antes haya una discusión seria que los senadores no podrán rechazar.

Para entonces seguirán haciéndose especulaciones sobre los motivos de la CIRT para haber impugnado, de manera tan vulgar, una reforma que le otorgaba tantas ventajas. Quizá predominó la intolerancia de los miembros más autocráticos de esa organización patronal, que no son capaces de reconocer a las comunitarias como un sector social y jurídicamente legítimo en el panorama de la radiodifusión mexicana. Tal vez quisieron amagar a los senadores para ganar más privilegios en esa reforma legal. O, acaso, los dirigentes de la CIRT hicieron una apuesta enrevesada y perversa: querían descalificar al senador Sotelo para que los críticos de esa reforma reaccionaran alineándose con ese legislador.

Más allá del propósito que haya tenido, la CIRT se exhibió con una exaltación impropia de cualquier actor que quiera estar presente en el debate público pero, además, inaceptable en quienes detentan concesiones que les han sido asignadas por el Estado mexicano. Se dieron un balazo en el pie, como bien dijo Sotelo. Le faltó recordar que, con esa propuesta de reformas les estaba obsequiando a los radiodifusores las muletas que tanto han exigido para hacer suyas, prácticamente de manera eterna, las concesiones que tienen asignadas de manera temporal.

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El PRI y el PRD se han aliado para impulsar una colección de reformas que rescatan viejas exigencias de los empresarios de la televisión y la radio, al mismo tiempo que reconocen algunos derechos de las radiodifusoras públicas y comunitarias. En un proyecto de dictamen que podría ser avalado hoy lunes por la Comisión de Radio y Televisión del Senado, esos legisladores adoptan los argumentos de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión a fin de que las concesiones, que han sido expedidas para uso comercial, puedan ser renovadas sin tener que pasar por una licitación.

Entre los senadores que impulsan esa propuesta destacan el priista Manlio Fabio Beltrones que coordina al grupo parlamentario del PRI, así  como Carlos Sotelo, del PRD, que encabeza la Comisión de Radio y Televisión. Todavía no se conocen las opiniones del PAN, ni de otros senadores del PRD que antes han impugnado posturas como las que ahora comparten algunos de sus correligionarios.

El proyecto de dictamen que circula entre los legisladores, toma elementos de varias iniciativas presentadas en los meses recientes y propone que el gobierno prorrogue las concesiones de radio y televisión a cambio del pago de una contraprestación económica.

Está bien que quienes son agraciados con una concesión paguen por ella. Sin embargo los parámetros que el proyecto de ley establece para que la Secretaría de Hacienda determine el monto de ese pago son demasiado vagos y, sobre todo, la renovación del título de concesión ocurriría sin que las frecuencias en cuestión fuesen abiertas a concurso entre los interesados en transmitir en ellas.

En junio de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las concesiones de radio y televisión podrían ser refrendadas siempre y cuando hubiera una licitación. De otra manera, la adjudicación del título de concesión se volvería un privilegio prácticamente vitalicio para los empresarios que actualmente manejan estaciones de televisión y radio.

El de los refrendos, fue uno de los temas centrales en la discusión de la llamada Ley Televisa. Aquellas reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión, que fueron notoriamente promovidas por Televisa y aprobadas por el Congreso entre diciembre de 2005 y marzo de 2006, establecían un procedimiento administrativo para renovar las concesiones. Ese refrendo automático fue, más tarde, uno de los asuntos que la Corte consideró inconstitucionales y lo suprimió de la ley.

En aquella decisión, los ministros de la Corte consideraron que el refrendo sin que hubiese licitación, establecido en el artículo 16 de aquellas reformas a la Ley de Radio y Televisión, era anticonstitucional, porque los concesionarios no tendrían exigencias para presentar planes financieros y de desarrollo tecnológico que resultasen competitivos y porque se anularía el derecho de terceros para acceder a la operación de tales concesiones. Ahora, la propuesta de priistas y perredistas soslaya los argumentos fundamentales de la Corte para suprimir el segmento esencial del Artículo 16.

Esos legisladores manifiestan, incluso, que el interés principal de la Corte al invalidar ese párrafo se debía a la preocupación de los ministros porque el Estado no recibiría un pago económico por la renovación de las concesiones. Pero no fue así. El dictamen de la SCJN es suficientemente explícito. Los ministros consideraron que debe haber concurso entre los interesados en manejar una frecuencia de radiodifusión fundamentalmente por tres causas: 1) para que haya equidad entre quienes ya tienen concesiones y aquellos que no disfrutan de esa prerrogativa, 2) para que de esa manera se propicie la competencia y así la diversidad de opciones en el campo de la radio y la televisión y 3) para que el Estado ejerza las potestades que tiene en la administración del espacio radioeléctrico sin las restricciones que le imponía la renovación sin condiciones de los títulos de concesión.

La propuesta que se discutirá esta semana en el Senado, establece algunas condiciones para la renovación de las concesiones, pero siempre en un procedimiento cerrado a cualquier otro participante que no sea el beneficiario del título de concesión. Para eludir las consecuencias jurídicas de la sentencia de la Corte, los autores de esa propuesta de reformas simplemente de denominan “prórroga” a lo que hasta ahora se ha conocido como refrendo.

A cambio de ese obsequio al afán patrimonialista de los consorcios de comunicación, los senadores que promueven tales reformas añadieron algunas más para los medios de carácter público, a los que se les autorizaría a recibir patrocinios (es decir, menciones de instituciones o empresas que los respaldan económicamente) pero no a difundir anuncios comerciales que ha sido la petición más reiterada de las radiodifusoras y televisoras culturales y de instituciones públicas.

A las radiodifusoras comunitarias, se les reconoce como medios “de uso social sin fines de lucro” y tampoco se les permitiría difundir mensajes pagados. Además, se les cancela la posibilidad de recibir aportaciones de organismos extranjeros interesados en la promoción de tales medios.

La iniciativa tiene aspectos plausibles, como la obligatoriedad del Estado para garantizar el financiamiento de los medios públicos y comunitarios, o la creación de consejos consultivos en las televisoras y radiodifusoras de instituciones estatales. Pero en contraste con esas disposiciones, a los medios públicos y sociales se les discrimina respecto de los medios de carácter comercial. Para la renovación de sus concesiones, como hemos señalado, los medios comerciales se someterían a evaluaciones cerradas a la concurrencia de otros interesados. Pero los medios sin fines de lucro (públicos o comunitarios) sí tendrían que concursar para mantener su frecuencia cada vez que caducara el permiso de transmisiones.

Otra innovación sería la modificación de los parámetros tecnológicos para que, en los cuadrantes radiofónicos, la separación entre una y otra estaciones sea de 400 khz y no de 800 khz como sucede hasta ahora. De esa manera cabrían más estaciones en el espectro radioeléctrico de cada localidad. Sin embargo no se precisan las reglas para que las nuevas frecuencias sirvieran a nuevos operadores y no a quienes ya disfrutan de concesiones de radio.

Esos reconocibles aunque insuficientes avances, son la zanahoria que los senadores del PRI, con la vergonzante complacencia de algunos legisladores del PRD, colocan delante de ese paquete de reformas para ganar la adhesión de los medios públicos y comunitarios, así como de quienes han simpatizado con el desarrollo de esas opciones de comunicación.

La alianza de los senadores Beltrones y Sotelo, priista y perredista respectivamente, es significativa tanto de la influencia que han afianzado los consorcios radiofónicos en segmentos destacados de la clase política, como de la necesidad que todos ellos advierten para edulcorar ante la sociedad el amargo obsequio que les quieren hacer a los radiodifusores. Los cambios que proponen para la radiodifusión comunitaria y pública no están mal, pero son limitados. El refrendo sin licitación, es un tributo a los empresarios de ese ramo.

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Al menos de cinco maneras, Televisa hace negocio con el Teletón.

1. Evasión fiscal. Las aportaciones que entrega la gente que contribuye de manera individual con el Teletón, son deducibles de impuestos. Pero si usted o yo entregamos algunos pesos para esa causa, seguramente no nos expedirán un recibo fiscal. Las empresas que contribuyen con el Teletón posiblemente si requieren un comprobante que les permitirá deducir esa aportación de sus impuestos. Es decir, cada peso que un empresario entrega al Teletón es un peso que deja de recibir el Estado mexicano.

Habrá quienes consideren que ese dinero tiene mejor destino para una causa altruista que en manos de nuestros gobernantes. Pero las carencias fiscales que padece el país tendrían un paliativo nada desdeñable si los consorcios, que suelen deducir impuestos gracias a exenciones como las que les permite hacer el Teletón, pagaran sus impuestos cabalmente y sin subterfugios.

De la recaudación que cada año hace el Teletón, la mayor parte no proviene de empresas sino de pequeñas contribuciones realizadas por ciudadanos a título personal. Esas aportaciones manifiestan un generoso compromiso con causas sociales. Pero es altamente posible que Televisa las aproveche para eludir obligaciones fiscales. Se ha dicho que alrededor del 70% de las aportaciones salen del bolsillo de ciudadanos de a pie. Si consideramos que el año pasado el Teletón recaudó 443 millones de pesos, podemos estimar que los organizadores de esa campaña no expidieron recibos fiscales por aproximadamente 310 millones de pesos. Al invertir tal cantidad en centros de rehabilitación y otras obras sociales, Televisa pudo deducir de su contabilidad ese monto.

Los reiterados señalamientos de evasión fiscal que se le han formulado a Televisa acerca del Teletón, nunca han sido fehacientemente aclarados.

2. Venta de publicidad. Durante los dos días del Teletón, los canales de Televisa se encadenan para transmitir una programación especial. La expectación que desde meses antes se infunde en el público, la presencia de artistas y personajes que acuden a participar en ese evento, así como la imposibilidad de sintonizar otra programación en los canales de televisión abierta de ese consorcio, llevan a decenas de millones de telespectadores a presenciar al menos algunos segmentos del Teletón. En el transcurso de esas horas la publicidad que se difunde en dichos canales, de esa manera encadenados y promocionados, es más costosa que en épocas regulares. Televisa gana más en la venta de anuncios en esos días.

3. Perfil público. Todas las empresas que respaldan el Teletón, pero Televisa antes que ninguna otra, construyen una fama pública de nobleza, desprendimiento y compromiso al promover y organizar ese evento. Esos valores, Televisa no los pone en práctica cuando definen la programación que difunde en los canales que tiene concesionados. Pero se vale del Teletón para prestigiarse ante la sociedad.

4. Centralidad política. El Teletón le ofrece a Televisa una extraordinaria oportunidad para afianzar su papel como eje de una buena parte de la vida pública mexicana y para exigir la presencia y el acatamiento de otros actores políticos. Gobernadores, legisladores, funcionarios públicos y desde luego el presidente de la República, suelen acudir sin chistar (de hecho, la mayor parte de ellos van radiantes a recibir la bendición mediática) a ese evento de Televisa. Allí, el consorcio comunicacional ejerce vetos pero sobre todo publicita a sus favoritos. Los minutos que reciben en pantalla, son sintomáticos de la complacencia que suscitan en Televisa los personajes públicos con mayores ambiciones políticas.

5. Ideología conservadora. La atención a la salud y especialmente a los grupos más vulnerables tiene que ser responsabilidad del Estado. La sociedad no puede reemplazar a la acción estatal en el cumplimiento de esas tareas. El Teletón se contrapone con el desarrollo de políticas públicas en ese campo y, como hemos visto, priva al Estado de ingresos fiscales significativos.

La solidaridad y la caridad son actitudes siempre plausibles. Pero cuando sirven de coartada pública a un consorcio como Televisa,  tan comprobadamente equidistante de esas conductas, los fines aparentes del Teletón se pervierten y resultan sospechosos. Pocas empresas, como Televisa, se encuentran empeñadas actualmente en minar y desacreditar a la institucionalidad estatal. El Teletón es parte de ese eslabón ideológico, pero desde luego también con afanes políticos. En el Teletón, más que altruismo hay utilitarismo. Allí se comprueba de qué manera los caminos más aviesos están empedrados de buenas intenciones.

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La multa por 47 millones de pesos que la Comisión Federal de Competencia le impuso a Televisa pesará poco en las ganancias de ese consorcio. Pero tiene una relevancia simbólica y política que contribuye a la diversidad y al contraste en el adocenado panorama de la televisión mexicana.

Apenas ayer, 1 de diciembre, se dio a conocer el expediente merced al cual la Cofeco resolvió esa multa, aunque la decisión fue tomada el 20 de noviembre. La parte demandante es Tele Cable Centro Occidente, una empresa de televisión de paga que da servicio en estados como Michoacán y Guanajuato, entre otros. Tele Cable había incluido en su programación los canales de televisión abierta de Televisa (que tienen como frecuencias matrices los canales 2, 4, 5 y 9). Sin embargo a comienzos de 2006 Televisa le anunció que dejaría de ofrecerle ese servicio, con lo cual perjudicó a dicha empresa y a sus suscriptores.

En aquella decisión, Televisa se comportó con la prepotencia y arbitrariedad que conocen muchos de sus clientes. A cambio de la autorización para que incluyan sus canales de televisión abierta, que son los de más audiencia, ese consorcio les exige a los proveedores de televisión por cable que compren, además, las señales de canales de menor relevancia. La venta en paquete es, por sí misma, una práctica contraria a la diversidad en el mercado televisivo.

Pero en esa ocasión, Televisa simplemente no quiso autorizarle a Tele Cable la renovación del contrato que tenían para la reproducción de sus señales porque tenía el propósito de promover el servicio de televisión satelital Sky entre los clientes de la empresa cablera. Entre febrero de 2006 y marzo de 2008, Tele Cable fue perdiendo suscriptores. Uno de los motivos era la cancelación de tal servicio por parte de quienes habían dejado de encontrar en el paquete de esa empresa las señales de Televisa, las cuales sí formaban parte de la programación de Sky. La Cofeco estima que tan solo en enero de 2006, Telecable perdió al 11.6% de sus clientes y en octubre de ese año un 5.8% adicional.

La negativa a ofrecer el servicio de señales de televisión para así  favorecer a una empresa de su propiedad, constituyó una práctica monopólica que, a juicio de la Cofeco, amerita una multa por 47 millones 513 mil 600 pesos. Televisa impugnará esa sanción y el desenlace de ese litigio es difícil de prever. Por una parte, la Comisión de Competencia tiene argumentos sólidos para sostener que hubo una transgresión, que por lo demás no es infrecuente, a la diversificación en el mercado de la televisión. Pero, por otra, la legislación mexicana no impone a las empresas de televisión abierta la obligación para ofrecer sus señales a los operadores de televisión por cable.

En muchos países, las empresas de televisión de paga tienen el deber de incluir en sus paquetes de programación las señales de la TV abierta. Y las televisoras de señal abierta están obligadas, a su vez, a permitir la reproducción de sus señales. A esas prácticas, en la jerga de las telecomunicaciones se las denomina must carry y must offer. Por lo general, los precios por la conducción de señales de TV abierta son establecidos por las autoridades que regulan la radiodifusión y las telecomunicaciones.

En México, en cambio, las televisoras se han opuesto a que existan esas reglas porque quieren seguir acaparando el mercado audiovisual. La multa que acaba de imponer la Comisión Federal de Competencia es pertinente porque subraya la necesidad de que existan reglas para atajar a los monopolios en los medios, pero ocurre de manera tardía y, además, resulta contradictoria con otras definiciones recientes de ese organismo.

Hace algo más de 5 años, la empresa DirecTV que ofrecía televisión satelital en todo México tuvo que marcharse de nuestro país debido a que Televisa le impedía incluir sus canales de televisión abierta. Al no contar con esos contenidos, muchos suscriptores de DirecTV se hicieron clientes de Sky que sí les ofrecía todos los canales de televisión abierta y que forma parte del Grupo Televisa.

En los años recientes, la Comisión Federal de Competencia había tomado decisiones notoriamente favorables a Televisa, cuya expansión y fortalecimiento ese organismo ha considerado conveniente para que pueda enfrentarse a Telmex. A partir de ese discutible cuan socialmente costoso criterio, la Cofeco autorizó a Televisa a comprar un buen número de empresas de cable en todo el país, las cuales han comenzado a ofrecer servicios de telefonía. La Cofeco no ha sido equitativa en sus decisiones porque, mientras tanto, a Telmex le sigue impidiendo que proporcione servicios de televisión.

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