Sociedad y Poder

No es Juanito quien ha puesto en un brete al PRD y al gobierno de la ciudad de México. El conflicto político en Iztapalapa lo crearon los dirigentes y las corrientes de ese partido que consideraron que podrían cooptar sin consecuencias a ese charlatán personaje, el movimiento lopez obradorista que antes de las elecciones de julio creó y luego quiso relegar a ese fantoche político, así como las autoridades del DF que únicamente sosegaron pero no resolvieron las inagotables ansias protagónicas y de poder político de Rafael Acosta.

La hasta ahora interminable penitencia que les está haciendo pagar a quienes cometieron el error de considerarlo manipulable, o confiable incluso, a Juanito le reditúa una nueva aunque posiblemente contraproducente presencia pública. A estas alturas del diferendo en Iztapalapa nadie considera q que es un personaje representativo de las preocupaciones populares. Acosta no sería nada en la vida política de no ser por la costumbre de las componendas que prevalece tanto en los partidos como en el gobierno de la ciudad de México –que, en tal sentido, no se distingue de las prácticas que imperan también en la clase política nacional–.

Puesto en el candelero electoral para oponerse a la candidata postulada por el PRD, Rafael Acosta le prometió a López Obrador una fidelidad que se quebró al día siguiente de las elecciones, cuando confirmó que había ganado la Delegación. Más tarde rompió también sus compromisos con Marcelo Ebrard y Clara Brugada, a la que accedió dejar en su sitio aún no se sabe a cambio de qué prebendas que por lo visto le parecieron insuficientes.

Los diputados locales del PRD, que se dividen entre quienes siguen considerando punto de referencia a López Obrador y aquellos que se ciñen al liderazgo nacional de ese partido, evalúan ahora la posibilidad de remover a Rafael Acosta del cargo delegacional que ganó con el voto mayoritario en Iztapalapa y para el que evidentemente le falta experiencia, aunque eso ya lo sabían quienes lo llevaron a esa posición suponiendo que se la cedería a Brugada. Algunos de ellos dijeron ayer que lo destituirán, medida que pondría en evidencia el talante autoritario de ese partido pero que, además, no tiene suficientes asideros legales.

El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal prevé la posibilidad de que la Asamblea Legislativa destituya a un delegado por “causas graves”. Esos motivos se encuentran establecidos en el Artículo 108: violaciones sistemáticas a la Constitución o a las leyes locales y federales, contravenir “de manera grave y sistemática” reglamentos y acuerdos del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, alterar el funcionamiento de la administración del DF o el orden público, desempeñar cualquier empleo distinto del encargo para el que fue electo, invadir la esfera de competencia del gobierno del DF, incumplir sistemáticamente resoluciones de los órganos jurisdiccionales Federales o del Distrito Federal, afectar “gravemente” las relaciones de la Delegación con el Jefe de Gobierno o de éste con los Poderes de la Unión.

En esas causas de destitución destaca la subordinación de los delegados que, pese a ser funcionarios de elección popular, deben guardarle un acatamiento casi reverencial al Jefe de Gobierno de la ciudad de México. Pero en ninguna de ellas se puede identificar una conducta en la que haya incurrido Rafael Acosta.

A Juanito se le pueden reprochar el oportunismo rampante, la pobreza de escrúpulos, su trayectoria salpicada de simulaciones y chantajes, su mal gusto tanto en los terrenos de la ética como de la estética. Eso y más. Pero nada de ello es falta grave de acuerdo con las previsiones del Estatuto de Gobierno.

Además para resolver la destitución de un delegado la Asamblea del DF, de acuerdo con el Artículo 42 del Estatuto, se tiene que reunir “el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Legislatura”. Y todo ello, “siempre y cuando el Jefe Delegacional haya tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan”.

De los 66 miembros de la Asamblea, 34 son miembros del PRD y 5, del PT. Suponiendo que todos los perredistas postergaran sus abundantes diferencias para hacer causa común contra el incómodo Juanito, reunirían 39 votos junto con sus otrora aliados del Partido del Trabajo. Y no les alcanzan.

Para tener dos tercios, los impugnadores a Juanito tendrían que ser 44. Es decir, se requeriría de la anuencia de algunos de los 14 panistas, 8 priistas, 4 miembros del PVEM o de la diputada que fue electa bajo las siglas de Nueva Alianza.

Y aún si juntaran esos 44 votos indispensables para remover al delegado en Iztapalapa, los impugnadores de Rafael Acosta se crearían una trampa política. Imaginemos a Juanito defendiendo su causa en la tribuna de la Asamblea Legislativa: cantinflismos desbordantes pero mediáticamente eficaces, acusaciones contradictorias que no admitirían un examen razonado pero que abundarían en la confusión de los ciudadanos y el descrédito de partidos y gobernantes, auto exaltación en vivo y cadena quizá nacional.

No hay remedio con Juanito, a menos que el día de hoy, como hizo hace dos meses, Marcelo Ebrard lo convenza con ofrecimientos o amagos sobre los que han abundado las especulaciones. O a menos que, ni modo, el PRD y el Jefe de Gobierno dejen a Rafael Acosta administrar la delegación. Serían días o semanas conflictivas para Iztapalapa pero, entonces sí, es altamente posible suponer que Juanito no tardaría en incurrir en una o varias causas para que lo destituyeran con todas las de la ley.

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Las cifras macroeconómicas parecen mejorar, pero la sociedad se vuelve más arisca respecto del gobierno. La confianza en la capacidad del presidente Calderón para enfrentar la crisis económica y los desajustes políticos ha decrecido de manera apreciable. Los ciudadanos que desaprueban el desempeño del presidente aumentaron, entre agosto y noviembre, de 37% a 46% de acuerdo con la encuesta de Investigaciones Sociales Aplicadas (ISA) para el Grupo de Economistas y Asociados.

Cuando a los ciudadanos les preguntan si la situación económica actual es resultado de las condiciones de la economía mundial o de las decisiones del gobierno, la mitad (exactamente el 50%) considera que los problemas actuales se deben al gobierno. Hace tres meses, solamente el 39% atribuía este panorama al comportamiento gubernamental. La gente identifica cada vez más a la conducción presidencial con las vicisitudes económicas cotidianas y allí hay un cambio en comparación con la confianza mayoritaria que la sociedad le había dispensado al gobierno del presidente Felipe Calderón.

En varias entrevistas con motivo de la primera mitad de su sexenio, que se cumplirá el martes, el presidente de la República sugiere que no le gustaría ser recordado como un mandatario gris, ni ineficiente. Lamentablemente, no solo para el registro histórico de esta gestión sino antes que nada para el país, Calderón se ha comportado como si quisiera ser etiquetado como un mal presidente.

El gobierno bajo su conducción ha tomado determinaciones económicas desafortunadas, como con atingencia recordó el premio Nobel Joseph Stiglitz, al cuestionar indecisiones como las que han dejado prácticamente sin regulación al poderoso y en muchos sentidos impune sistema financiero que se encuentra en manos privadas. La respuesta gubernamental fue torpe y simplista. Algún secretario de Estado mandó al premiado economista a que se pusiera a estudiar. El presidente mismo, quiso minimizar esas críticas. En materia económica, igual que en otras asignaturas, Calderón y sus colaboradores más cercanos han querido ser indiferentes a las voces críticas que le sugieren cambios drásticos tanto en la política económica como en otras áreas de la vida pública.

La indiferencia del gobierno a posturas que no coinciden con su rigidez conceptual ni con las estrechas miras con las que está adoptando decisiones, coincide con la prematura ambición para “no pasar como un presidente más”. A todo gobernante le interesa el sitio que ocupará en la memoria de sus gobernados. Pero a Calderón se le olvida que la mejor (realmente la única) manera de construir su propia historia, consiste en tomar decisiones atinadas… sin temer las consecuencias presentes o históricas que puedan tener.

Un gobernante con presencia en el destino de un país tiene que ser un estadista. Y no hay visión de Estado cuando las perspectivas de los gobernantes se agotan en el calendario de un solo año, o cuando están hipotecadas a los indicadores de popularidad en las encuestas o a los aplausos efímeros y siempre interesados de los consorcios comunicacionales.

El presidente Calderón no ha podido o no ha querido entender que, más allá del juicio del futuro, tiene responsabilidades que no está  cumpliendo hoy por querer congraciarse con los poderes fácticos que constituyen los conglomerados empresariales, entre ellos los que negocian con la comunicación social.

Cuando, en semanas recientes, manifestó la molestia que le causan la evasión y la simulación fiscales de algunas de tales empresas, Calderón confirmó que no ignora la existencia, ni las consecuencias de esos comportamientos corporativos. Pero cuando ese reclamo ciertamente estruendoso se quedó en el plano simplemente retórico y tanto el presidente de la República como su partido político y sus aliados aprobaron reglas fiscales que siguen admitiendo muchos de los incumplimientos empresariales en el pago de impuestos y que, sobre todo, no modificaron el esquema de recaudación que elude gravar el ingreso y apunta fundamentalmente al consumo, Calderón y los suyos siguieron siendo cómplices de los abusos que él mismo denuncia.

Por eso los compromisos del presidente para combatir la pobreza y emprender un esfuerzo realmente significativo en esa línea durante la inminente segunda mitad de su gobierno, suscitan más dudas que adhesiones. No podría ser de otra manera, cuando a la enjundia retórica del presidente le siguen faltando proyectos precisos y, sobre todo, decisiones prácticas. Es muy pertinente, plausible incluso, que el presidente Calderón  afirme que “la superación de la pobreza es el mayor reto de nuestra generación y constituye ahora la primera prioridad del gobierno federal”, como dijo el miércoles 25 de noviembre en un encuentro, precisamente, sobre la pobreza extrema. Pero cuando anuncia que “es hora de enderezar el rumbo social del país y ofrecer y comprometernos a soluciones de fondo, radicales, para combatir la pobreza y la desigualdad”, para los ciudadanos es tiempo de exigir algo más que discursos y palabras. Hace falta que el presidente diga y, sobre todo, haga para remediar la desigualdad social. Y al licenciado Calderón, lamentablemente, le cuesta enorme trabajo pasar del dicho, al hecho.

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La Ley Televisa sigue ocasionando estropicios. Además de los inadmisibles privilegios que concedía a las empresas televisoras, aquella reforma a las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión estaba tan mal escrita, plagada de tantas confusiones, que ahora suscitó  un enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo Federal. La Suprema Corte resolvió, ayer y antier, derogar varios artículos del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque consideró que le adjudican a esa dependencia facultades que ahora son de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Requeridos por la Cámara de Diputados que planteó una controversia constitucional contra ese Reglamento, los ministros de la Corte tuvieron que dedicar dos sesiones, los días 23 y 24 de noviembre, para desenredar el galimatías que crearon los diputados y que avalaron los senadores que entre diciembre de 2005 y marzo de 2006 aprobaron aquellas reformas conocidas como Ley Televisa.

Esas reformas aparentemente conferían más atribuciones a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que se encargara de regular a la televisión y la radio. Pero lo hacían con tales titubeos y sin retirarle con toda claridad esas facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que, en vez de crear una autoridad con jurisdicción plena, lo único que lograron fue establecer dos polos de poder respecto de la regulación para la radio y la televisión.

A través de sus 107 artículos, la Ley Federal de Radio y Televisión constantemente repite que la regulación para esos medios corre a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, las reformas de 2006 transfirieron parte de esas tareas a la Cofetel pero no en esa Ley sino en la Ley Federal de Telecomunicaciones que en el apartado XVI de su artículo 9-A señala que, entre las atribuciones de esa Comisión se encuentran: “Las facultades que en materia de radio y televisión le confieren a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la Ley Federal de Radio y Televisión, los tratados y acuerdos internacionales, las demás leyes, reglamentos…”

En vez de modificar uno por uno los artículos de la Ley de Radio y Televisión en donde se menciona a la SCT para que en vez de esa Secretaría se especificara que tales atribuciones serían de la Cofetel, los legisladores o quienes hayan redactado la llamada Ley Televisa optaron por esa oblicua transferencia de facultades.

Pero no lo hicieron de manera absoluta. La confusión entre potestades de la SCT y la Cofetel se incrementó porque, en ambas leyes federales, varias de las atribuciones de la Comisión quedaron supeditadas a la decisión final que tomase la Secretaría.

Así, por ejemplo, el artículo 178-J de la Ley Federal de Radio y Televisión establece que para la asignación de una concesión, después de todo el proceso que debe organizar la Cofetel, “la resolución que declare al ganador de la licitación deberá ser presentada al Secretario de Comunicaciones y Transportes para la emisión del título de concesión”. Es decir, la última palabra es del titular de la Secretaría.

En otro caso, la Ley Federal de Telecomunicaciones en el ya mencionado artículo 9-A establece que entre las atribuciones de la Cofetel está la de “someter a la aprobación de la Secretaría, el programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico… así como coordinar los procesos de licitación correspondientes”.

Animado por esas disposiciones, que ampliaron las capacidades de la Cofetel pero que dejaban muchas de sus decisiones respecto de la radio y la televisión en manos de la SCT, a comienzos de 2009 el titular de esa secretaría, que en esa época todavía era Luis Téllez, logró  que el presidente de la República expidiera un Reglamento Interior en donde se hacían explícitas tales facultades del Secretario de ese ramo.

Allí, entre las atribuciones del Secretario de Comunicaciones y Transportes, se incluía el otorgamiento y la prórroga, refrendo o revocación de concesiones y permisos de radiodifusión, la aprobación del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y de los programas para utilizar frecuencias de radiodifusión.

Esas disposiciones del Reglamento Interior de la SCT fueron impugnadas por la Cámara de Diputados a propuesta del grupo parlamentario del PRI. El pleno de la Suprema Corte, por mayoría, resolvió que tales atribuciones que en el Reglamento se le reconocen al secretario de Comunicaciones, le corresponden a la Cofetel.

Sin embargo cada título de concesión expedido o refrendado, o el Cuadro Nacional de Frecuencias, tendrán que seguir siendo suscritos o aprobados por el mismo titular de la SCT.

Hace casi un año, al secretario Téllez le interesaba reafirmar su capacidad de decisión en esos asuntos porque, aunque formalmente subordinada a la SCT, la Comisión Federal de Telecomunicaciones estaba enfrentada con él debido a las diferencias de apreciación en varios casos relacionados con la regulación de la telefonía.

Posteriormente, los diputados del PRI aprovecharon las contradicciones entre el Reglamento y las dos leyes federales para crearle un nuevo frente de impugnaciones al presidente Felipe Calderón.

Ahora la decisión de la Corte, que en realidad no establece novedad alguna, ha sido presentada como una derrota del gobierno federal. Así lo indicaron varios encabezados de primera plana. El Universal proclamó “Ejecutivo no podrá decidir concesiones”. Milenio anunció “Quita la Corte a SCT concesiones en radiodifusión”. Reforma casi se vanaglorió: “Pierde Calderón frente a Cofetel”. La Crónica consideró: “Propina la Corte revés a FCH y al titular de SCT”.

Pero la derrota es relativa no solamente porque, dígase lo que se diga, la legislación actual sigue subordinando las decisiones de la Cofetel al arbitrio de la SCT. Y sobre todo, no hay disminución alguna de las facultades del Ejecutivo Federal porque la Comisión Federal de Telecomunicaciones está subordinada al Presidente de la República.

Tormenta en un vaso de agua o, para decirlo con más elegancia, escaramuza interburocrática, este episodio tiene más trascendencia política que jurídica. Seguramente si la imagen presidencial no estuviera tan alicaída en la percepción de los medios, los diarios que hemos mencionado no habrían destacado de manera tan notoria esa decisión de la Corte.

Los diputados que impugnaron el reglamento de la SCT, en vez de distraer a la Corte con disputas cicateras podrían haber reformado la legislación para darle plena autonomía a la Cofetel. O podrían haber esclarecido las muchas contradicciones y duplicidades que hay en las leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión, sustituyéndolas por una legislación integral, moderna y capaz no solamente de precisar reglas claras para la asignación y renovación de concesiones, sino para promover la diversidad y la calidad en los medios electrónicos. Pero, claro, la grilla y el escándalo son más atractivos, y requieren menos esfuerzo, que la construcción de auténticas opciones legislativas.

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El movimiento encabezado por el SME ha entrado en una espiral de autodefensiva complacencia. Con el propósito de explicarse a sí mismos cómo llegaron al entrampamiento actual, los trabajadores electricistas y sus simpatizantes construyeron un discurso a modo de la magnitud del problema que enfrentan.

Se trata, dijeron, de la embestida del neoliberalismo más salvaje en contra de un sindicato movilizado y patriótico. Pero el gobierno del presidente Felipe Calderón no es tan conservador como dicen sus adversarios más ideologizados, de la misma manera que el interés del SME ha sido más pedestre que las banderas nacionalistas que suele esgrimir. Tales, sin embargo, son las coordenadas que los dirigentes electricistas han establecido para construirse una ubicación en el panorama público de estos días.

Buenos contra malos. Esa es la concepción que el SME propala de su movimiento. El gobierno también apuesta a dibujar un escenario maniqueo. Las percepciones que ambas partes abrigan del conflicto tienden a ceñirse a esa composición dramática.

El sindicato se autojustifica mirando fundamentalmente a su entorno inmediato. En él, se encuentran los trabajadores de ese gremio que se mantienen en movimiento, así como sus familiares y seguidores. En los mitines y manifestaciones, en la prensa que prefieren leer, en los panfletos y mensajes que les llevan los grupos que se solidarizan con ellos, los electricistas encuentran gratificantes palabras de aliento que no representan el ánimo de toda la sociedad sino, evidentemente, de quienes los apoyan y admiran.

Con frecuencia los movimientos sociales se involucran en una suerte de espiral de la autocomplacencia que es, al mismo tiempo, una cortina de incienso que los aparta del resto de la realidad. Si en sus movilizaciones encuentran más vítores que reproches, si quienes se acercan a ellos es para llevarles noticias de nuevas adhesiones más que para señalar limitaciones de su lucha, esos trabajadores tendrán una apreciación triunfalista de su propia situación aunque, fuera del circuito de sus incondicionales, abunden otras opiniones.

Cuando en la prensa que leen aparecen declaraciones de un par de escritores conocidos, o de algunos actores y cineastas que los respaldan, los protagonistas del movimiento en cuestión querrán suponer que los intelectuales y los artistas mexicanos están con ellos aunque solamente se trate de algunos cuantos. Si un dirigente político acude para  alentarlos, estimarán que es por la bondad de la lucha que llevan a cabo y no por el provecho que ese personaje espera obtener de tal acercamiento.

Esa especie de autismo que atiende a los aplausos pero rechaza los cuestionamientos como si no existieran, o como si obedecieran a una conspiración que no vale la pena entender, en ocasiones lleva a los movimientos sociales a su propia devastación. En la historia del sindicalismo mexicano hay numerosas experiencias de luchas gremiales cuyos dirigentes, forzados a politizarse, no supieron leer el contexto desfavorable en el que estaban inmersos.

Cuando se quejan de la cobertura que han tenido en los medios de comunicación, los trabajadores electricistas manifiestan una aprovechadiza intolerancia pero también cierta ingenuidad autodefensiva acerca del funcionamiento de la televisión y la radio. Hace un par de semanas los voceros del SME se dejaron entrevistar en varios medios para repetir la misma cantinela: estamos siendo víctimas de una campaña del gobierno de la cual ustedes son cómplices.

Tales acusaciones, en varios de los espacios en donde se expresaban, no se sostenían porque en el último mes y medio los líderes del SME han dicho todo lo que han querido y hasta, a veces, algo más de lo que hubieran deseado expresar. Pero cuando les reprochan que están siendo partícipes de una maquinación contra ese movimiento, los conductores o periodistas interpelados de tan agresiva manera les ofrecen más espacio, les reiteran que pueden decir todo lo que quieran, se esmeran para no ser etiquetados como censores.

La misma táctica le resultó útil durante algún tiempo al movimiento de López Obrador. Con tal de no ser identificados con viejas rutinas autoritarias, los conductores y operadores de numerosos medios de comunicación no solamente le daban a ese personaje, y a los suyos, espacios superiores a la presencia pública que tenían. Además, durante largo tiempo le permitieron a ese dirigente (algunos lo siguen haciendo) que los amenazara y maltratara públicamente.

Los operadores de los medios, en términos generales, no han sabido construir una relación de respeto con movimientos de esa índole. A los dirigentes de esos agrupamientos, simplemente no les interesa establecer esa relación porque les conviene más lucrar con el amago y la auto victimización.

El SME y sus integrantes tienen pleno derecho a expresarse en los medios de comunicación. De la misma manera, los periodistas y operadores de los medios tienen derecho a manifestar opiniones acerca de esos y cualesquiera otros asuntos de interés público. La especie de que los medios y los informadores deben ser objetivos, es secuela de un periodismo atrasado y autoritario que se pretendía por encima de la sociedad y por lo tanto inmune a sus cuestionamientos.

Los medios ni siquiera tienen por qué ser plurales: nunca lo son de manera absoluta. Lo importante es que las subjetividades y las parcialidades de los medios y los periodistas no estén enmascaradas. Así, al resultar evidentes, tales posiciones formarán parte de la discusión pública.

Esos rasgos resultan inaceptables, o al menos inentendibles, para un movimiento como el que en la situación actual protagonizan los electricistas del SME. Para ellos, en parte porque a esa condición los orilló la mano dura gubernamental, no hay más que aliados incondicionales o adversarios absolutos. Quienes no los respaldan, son sus enemigos. Quienes manifiestan acotaciones críticas, es porque sirven al gobierno. La espiral de la autocomplacencia deviene en un comportamiento fundamentalista.

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Con las reformas aprobadas el martes 17 de noviembre en Veracruz, ya son mayoría los estados del país cuyos congresos locales han rechazado el derecho de las mujeres al aborto. El gobernador Fidel Herrera ha sido promotor activo de esas disposiciones que avasallan un derecho fundamental de las mujeres, aunque en las últimas horas ha querido confundir y engañar en varios medios de comunicación acerca de las decisiones que tomó el congreso veracruzano.

Ayer en el programa radiofónico de Denise Maerker en Radio Fórmula, el gobernador Herrera negó que la constitución de Veracruz haya cambiado para perseguir a las mujeres que se practiquen un aborto. Quiso parapetarse en el procedimiento que la propia Constitución establece para ser reformada y que requiere de la aprobación de las enmiendas en dos periodos de sesiones consecutivos del Congreso estatal. Lo que el gobernador no dijo es que esta semana comenzó dicho proceso para reformar la constitución local al gusto de los grupos fundamentalistas que claman por la penalización del aborto en todo el país.

El gobernador Herrera tampoco quiso recordar que, además de modificar las leyes estatales, el Congreso de Veracruz resolvió presentar al Congreso de la Unión una iniciativa para establecer en las primeras líneas de la Constitución Política del país que la vida humana comienza desde la concepción.

El gobernador de Veracruz se inconformaba ayer con las críticas que surgieron ante las decisiones de su congreso estatal. En la áspera conversación con Maerker quiso mostrarse como defensor de los derechos de las mujeres aunque sus decisiones van en sentido contrario. “No nos quieran endilgar cuestiones que no nos corresponden”, insistía Herrera. Pero no podrá decir que desconoce la iniciativa de reforma constitucional. No podría hacerlo, porque la propuesta para modificar el Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos… fue presentada por el propio Fidel Herrera Beltrán.

El martes 17 de noviembre, el congreso de Veracruz aprobó tres iniciativas. La primera de ellas, propuesta por el Partido Acción Nacional, modifica la legislación penal para que a las mujeres que abortan en vez de prisión de 6 meses a 4 años, como dice actualmente el Código Penal de Veracruz, se les imponga “un tratamiento en libertad consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud y multa de setenta y cinco días de salario mínimo”. La reincidencia, se castigará con cárcel de uno a cuatro años.

Así, la sanción para las mujeres que aborten en Veracruz será menor siempre y cuando se trate de la primera vez, pero se las seguirá considerando delincuentes y se les obligará a someterse a tratamiento médico y educativo –como si la decisión de abortar fuese resultado de una enfermedad, o simplemente se debiera a ignorancia de las mujeres–.

Pero a los profesionales de la medicina o a cualquier persona que practique el aborto, se les impondrán penas mayores. Hasta ahora, el castigo en esa entidad a quienes realicen un aborto es de 6 meses a 4 años de prisión. En adelante, será de cuatro a siete años de cárcel de acuerdo con la reforma al Artículo 150 del Código Penal de Veracruz.

Así que cuando el gobernador Herrera Beltrán dice que con esas disposiciones se respalda la libertad de las mujeres, miente o sostiene una postura patriarcal y misógina: no hay libertad alguna cuando se trata de una decisión que sigue siendo delito y, peor aún, cuando las posibilidades para que una mujer en Veracruz interrumpa un embarazo no deseado serán más precarias debido al incremento en las castigos a quienes practiquen abortos.

La segunda decisión que tomaron los diputados locales fue la adición al Artículo 4 de la Constitución de esa entidad para incorporar las siguientes frases: “El Estado garantizará el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos del individuo. La ley determinará los casos de excepción a la protección de la vida del no nacido”.

Propuesta por el diputado del PRI Leopoldo Torres García, presidente del Congreso de Veracruz, esa enmienda recibió 39 votos a favor y 6 en contra. Ahora tendrá que seguir el proceso de ratificación legislativa que requiere una nueva votación en el siguiente periodo de sesiones, así como la anuencia de la mayoría de los ayuntamientos del estado. La Constitución de Veracruz aún no incorpora ese cambio, pero el acontecimiento político es que la mayoría priista promueve una reforma que debe tener encantados al Episcopado mexicano, a Pro Vida y otros grupillos fundamentalistas y a los militantes de El Yunque dentro y fuera del PAN.

Así ha venido ocurriendo, con reformas similares, en otros estados del país. Desde hace varios meses el Partido Revolucionario Institucional decidió ir a contracorriente de la historia del país, y de su propia historia, para congraciarse con los grupos fundamentalistas para los cuales el aborto debe ser prohibido. Hace más de medio año, defensoras de los derechos de las mujeres como Marta Lamas, alertaron contra esa tendencia. Desde entonces, como fichas de dominó, las resistencias en 17 entidades han caído no ante las razones de la ciencia, ni a partir de ninguna reflexión ética, sino exclusivamente a causa del convenencierismo político del PRI cuyos dirigentes no se interesan en los derechos humanos sino única y pragmáticamente en sus ambiciones políticas.

Lo que hace ahora Fidel Herrera Beltrán es tratar de treparse en el tren de la contrarreforma que promueve su partido. La iniciativa para modificar la Constitución Política del país la había presentado hace más de un año, el 6 de noviembre de 2008, pero la sacó del congelador precisamente ahora, cuando Veracruz se convierte en el 17º. estado en reprimir el aborto.

Herrera propone que el Artículo 1 de nuestra Constitución comience con esta frase: “El derecho a la vida será garantizado por el Estado desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. La ley establecerá los casos de excepción a la protección de la vida del no nacido”.

Esa frase (desde el momento de la concepción hasta la muerte natural) ha sido muletilla predilecta de las derechas en todo el mundo en las campañas contra el aborto. La utilizan lo mismo el Papa Benedicto XVI y el neofranquismo español, hasta el frente de derechas que se opone en Estados Unidos al presidente Obama y el conservadurismo panista. Con esas posturas, ahora, se alínea el PRI. No deja de ser paradójico que ese viraje, antítesis del laicismo mexicano, se constate en el aniversario 99 de aquella Revolución.

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La crítica mediática se solazó durante el extendido fin de semana en la peculiar concepción del tiempo elástico que auspiciaban los diputados. Agotado el plazo constitucional, aunque el reloj del mundo real marcaba las 12, la una, las tres como en aquella celebrada y sabinesca interpretación, el cronómetro en San Lázaro quedó trabado en el 15 de noviembre. Nada hay de extraordinario en ese recurso parlamentario para, habiendo iniciado a tiempo la sesión, prorrogarla durante varios días para que pueda decirse que el Presupuesto de Egresos de la Federación se aprobó en la asamblea del día 15. Lo extravagante es la facilidad con que esas prácticas se vuelven habituales. Los legisladores ofrecen al resto de la sociedad una lección de simulación reglamentaria, para que el marco jurídico sea solamente parapeto de sus decisiones.

A las manecillas del reloj de San Lázaro hubiera sido pertinente detenerlas a fin de que los diputados tomaran acuerdos con un sentido auténticamente nacional. Las grandes decisiones, a veces requieren de procedimientos infrecuentes. Si los legisladores que en los días anteriores forzaron los plazos constitucionales hubieran empleado ese tiempo extra para reorientar la economía del país, reconstruir de manera drástica los criterios que definen el empleo de los recursos fiscales y para trasladar dinero de una partida a otra con propósitos realmente trascendentes, a nadie le inquietarían minucias como la elasticidad de las horas en el Palacio Legislativo.

Motivos para un cambio contundente en la estructura del gasto público, no faltan en el panorama de estos días. Más pobres en peores condiciones, menos empleos en una economía estancada, exigencias mayúsculas por parte de un sistema de salud rezagado y de un entramado educacional anclado en el pasado… hay abundantes requerimientos para que los recursos fiscales sean eje de una política social extensa e intensa, así como de un desarrollo económico distinto. Pero la muy limitada reforma fiscal que ellos mismos aprobaron, junto con los senadores, conformó un contexto de auto restricciones para los diputados. Y además los grupos parlamentarios, especialmente el mayoritario, no quisieron tomar decisiones pensando en el país, ni en el futuro, sino únicamente en sus estrechos intereses políticos y de corto plazo.

Precisamente cuando la situación nacional y global les exigía elevar la mirada, los diputados del PRI apenas acertaron a contemplarse los cordones de los zapatos. El tema de discusión más relevante en los días recientes no fue de qué manera destinar recursos al combate a la pobreza, o a empujar el crecimiento, sino cómo transferir a los gobernadores dinero y decisiones que hasta ahora recaían en la presidencia de la República. Habrá quienes consideren que en esas reasignaciones hay una expresión de federalismo hacendario, pero antes que nada se trata de un cuantioso y ostentoso tráfico de recursos e intereses con propósitos de clientelismo político.

A los gobernadores, que movieron hilos e intereses de los diputados de sus estados para obtener ese triunfo, les interesa manejar directamente programas de asistencia social que hasta ahora podían ser administrados al margen de los intereses locales. Y no se trata únicamente de más dinero bajo el control de cada estado. Además, la fiscalización sobre esos recursos se debilita y crecen las posibilidades de que sean utilizados sin transparencia ni rendición de cuentas. El Presupuesto de Egresos para 2010 es un retroceso no solamente por la reducción de partidas importantes sino, antes que nada, por los criterios partidarios y clientelares que animaron su negociación.

No se aprobaron reducciones drásticas como las que se temían para la educación superior, pero tampoco hay un gasto público esencialmente distinto al que hasta ahora hemos tenido. Los diputados se dieron tiempo para repartir sanciones y premios: menos dinero al IFE porque pese a que los cambiaron recientemente allí todavía hay consejeros y funcionarios respondones, pero cero reducción al Tribunal Electoral que ha sido tan aquiescente con los intereses del PRI y de las televisoras. Como ese, hay otros casos del empleo politizado del presupuesto federal.

Los priistas encabezaron esos cambios, pero supieron incorporar a ellos a panistas y perredistas. La aprobación con 437 votos que amalgamó  a diputados de todos los partidos (con 25 solitarios votos de algunos perredistas y del PT) expresa un importante consenso parlamentario… para que todo siga, fundamentalmente, igual. Es decir, peor.

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La murmuración periodística –astutamente nutrida por algún listillo de las relaciones públicas– propala que, exhausta la inspiración después de varios años de molicies y sosiego, Joaquín Sabina se tuvo que ir de viaje a Praga para escribir las canciones de su nuevo disco. Este 17 de noviembre, cuando en las principales capitales de Hispanoamérica comience a distribuirse Vinagre y Rosas, habrán pasado casi cinco años desde el disco anterior de ese cantautor español.

En ese lapso, Sabina se acostumbró al ritmo de vida que le impuso el infarto cerebral que padeció en agosto de 2001. Menos noches, menos rondas, fue la prescripción insoslayable que recibió después de aquel sobresalto, coartada intachable para dejar el perfil licencioso que se había construido no solamente en dos décadas y media de sátira social musicalizada sino especialmente después de 16 discos con esos contenidos. En enero de 2005 aparece Alivio de luto, un disco melancólico y quizá de transición, apoyándose en poemas que tenía escritos desde tiempo atrás. En 2007 realiza, al alimón con Joan Manuel Serrat, una memorable gira por 30 ciudades de España y 20 de América Latina de la cual resulta Dos pájaros de un tiro, un disco doble que reproduce algunos de los éxitos de esos autores fundamentales.

Así que, salvo temas de alguna película o participaciones en álbumes colectivos, este es su primer disco en casi un lustro. Joaquín Sabina ha explicado que, impedido como está para fumar cualquier cosa, y limitados los whiskies a uno o dos a lo sumo, las musas no tocaban a la puerta de su casa en Madrid y por eso se fue a Praga con su amigo Benjamín Prado con quien terminó de escribir las canciones del nuevo disco.

Como parte de los preparativos de dicho lanzamiento, este fin de semana se dieron a conocer las letras así como avances de la música de Vinagre y rosas. Quizá la más autobiográfica de todas ellas es “Viudita de Clicquot”, que transcribimos como sucedáneo antes de que circule el disco –y en tanto nuestros diputados se ponen de acuerdo en el presupuesto para el próximo año: mientras más indolentes son el trabajo legislativo y en general los personajes políticos, más ganas nos dan de mirar solamente a la creativa ironía de Sabina–. Las letras completas se encuentran en Ciudad Sabina, sitio extraoficial dedicado a ese autor.

Viudita de Clicquot

A los quince los cuerdos de atar me cortaron las alas,

a los veinte escapé por las malas del pie del altar,

a los treinta fui de armas tomar sin chaleco antibalas,

Londres fue Montparnasse sin gabachos… Atocha con mar.

A los cuarenta y diez naufragué en un plus ultra sin faro,

mi caballo volvió solo a casa, ¿qué fue de John Wayne?

Me pasé  de la raya con tal de pasar por el aro,

con 60 qué  importa la talla de mis Calvin Klein.

Nunca suple templar la guitarra que embrida mi potro,

cuando el dealer me dijo que si no le dije que no,

la hormiguita murió, la cigarra se murió con otro,

yo aposté  por las fichas caídas de tu dominó.

Allons enfants de la patrie,

maldito mayo de París,

vendí  en Portobello los clavos de mi cruz,

brindé  con el diablo a su salud.

Se llamaba Rebeca la gringa que empató conmigo,

me sacaba la lengua en lugar de enseñarme a besar,

me compró  una tormenta después de robarme el abrigo,

con la espalda mojada no hay nada peor que soñar.

Negocié  tablas al ajedrez: tu alfil por mis peones,

abrevé  en los pezones con sal de la mujer de Lot,

antes de que tiñera noviembre mis habitaciones,

descorché  otra botella con la viudita de Clicquot.

Allons enfants de la patrie,

maldito mayo de París,

vendí  en Portobello los clavos de mi cruz,

brindé  con el diablo a su salud.

Mi manera de comprometerme fue darme a la fuga…

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Las movilizaciones propician el rostro más beligerante del SME, un sindicato que nunca ha sido tímido para expresarse. Ahora que se juega su sobrevivencia es de lo más normal –aunque se traduzca en abusos y exasperaciones– que el Mexicano de Electricistas convoque a paros, bloquee las calles, exprima tanto como sea posible una solidaridad que tampoco es precisamente abundante.

Ni pasará mucho tiempo para que sepamos si las actividades callejeras de antier, miércoles 14 de noviembre, fueron un momento más en una ruta ascendente o constituyeron la cresta en la curva de la capacidad del SME para tener presencia pública. Más allá del siempre escurridizo litigio entre las decenas de miles de manifestantes que convocaron, pareciera estar clara la convicción de quienes acudieron a esas marchas en que el SME está siendo víctima de una injusticia que condensa muchas otras inequidades políticas. Pero esos convencidos serán cada día menos porque es difícil mantener la tensión a favor de una causa específica que no renueva sus banderas.

Por eso el SME, conscientemente o no, ha pasado de la reivindicación gremial, a la aglomeración de causas muy diversas. El problema con esa estrategia radica en que el sindicato seguirá siendo el eje, pero sus exigencias específicas tenderán a difuminarse entre causas y exigencias de lo más variadas.

El SME y sus simpatizantes han construido un enemigo común y ese no es otro que el presidente de la República. Lo satirizan en su propaganda, lo culpan de sus vicisitudes actuales –y en ello tienen razón– y sobre todo lo hacen destinatario de un reclamo aventurado y maximalista. Si el adversario es Calderón, el movimiento que encabezan los electricistas tendrá que llegar a plantearse banderas específicamente políticas que desplazarán a las de corte laboral. Es difícil que duren, movilizados, el tiempo necesario para que tales exigencias fuesen realmente importantes.

Se puede discrepar con el diagnóstico mecánico y tremendista que anima a los electricistas en esta fase, convencidos como están de que el gobierno federal puso en práctica con ellos una suerte de ensayo general de un proceso de privatizaciones que si nadie le pone el alto habrá de continuar para desgracia de la nación. Pero repiten tanto esa cantinela que, por lo demás, se ajusta tan bien a la adversidad laboral que están padeciendo, que no resulta extraño que se la crean a pie juntillas.

Los trabajadores electricistas y sus simpatizantes han articulado un discurso que los legitime, a la vez que les ofrezca una explicación completa para la embestida que sufren desde hace más de un mes. Solamente con un aguzado ánimo crítico, que los movimientos sociales de esa índole no suelen tener, los electricistas podrían reconocer que, más allá de la ojeriza que les tienen en el gobierno federal, ellos mismos contribuyeron a fraguar esta enfadosa situación. Sin un gremio que se ha beneficiado de más privilegios de los que suelen disfrutar los trabajadores, sindicalizados o no; sin un servicio de energía eléctrica deficiente y oneroso; sobre todo sin una imagen de irresponsabilidad y desidia como la que los electricistas del SME dejaron que se extendiera durante varios años, el presidente Felipe Calderón no habría tenido un contexto propicio para dar el golpe de mano del 10 de octubre contra Luz y Fuerza y su sindicato.

Por supuesto los electricistas no han tenido toda la culpa en esa situación. La crisis de la industria eléctrica no se debe a ellos sino, fundamentalmente, a la imprevisión y la improvisación del Estado respecto de ese sector. Las conductas abusivas seguramente no las cometían todos los trabajadores, pero las arbitrariedades de algunos han sido más notorias que los méritos de otros. El sindicato ha tenido prestaciones privilegiadas, es cierto, pero eso se ha debido antes que nada a la complacencia que durante varios gobiernos encontraron en la administración federal.

A esos trabajadores les cuesta mucho admitir tales errores. El discurso que mantienen hoy en día es de autojustificación respecto de ellos mismos, así como de antagonismo respecto del gobierno que los ha dejado sin empleo. El presidente Calderón es, en ese razonamiento, el culpable de una arbitrariedad desmedida. El golpe que el sindicato ha recibido es tan contundente que solamente se le puede atribuir a fuerzas tan colosales como funestas. La extinción de Luz y Fuerza viene a ser, en ese desarrollo argumentativo, un paso fundamental dentro de una agresión oligárquica y antipopular de gran escala.

El presidente Calderón y su administración se han ganado en estos días, prácticamente a pulso, una fama de dureza e intransigencia que en los primeros días después de la extinción de Luz y Fuerza parecía otorgarles dividendos políticos –medidos, al menos, en el aplauso mediático y en el barómetro que ofrecieron las encuestas– pero que no se han mantenido.

El perfil del gobierno delante de la sociedad está definido por numerosas influencias y episodios. El manejo de la crisis económica y especialmente la negociación fiscal han resultado desastrosos para la imagen de eficiencia y habilidad políticas que en algún momento tuvo Calderón. La rechifla que recibió el miércoles por la noche en el estadio de futbol del Santos, en Torreón, no se puede adjudicar a un solo motivo pero quizá en ella ha tenido algo que ver el manejo gubernamental de la ofensiva contra el SME.

Se pueden tener buenas razones para cerrar una empresa pública. Pero dejar en la calle a más de 40 mil trabajadores de la noche a la mañana siempre tendrá costos políticos, por atractivas que sean las indemnizaciones que se les ofrecen. La chamba, Perogrullo dixit, es la chamba.

Así polarizadas, es difícil encontrar espacios de negociación entre las fuerzas que se enfrentan en este conflicto. Tanto el SME como el gobierno han apostado todo, o nada. No sería difícil que ambos se queden con nada.

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Los trabajadores del SME que se mantienen en movimiento se equivocan al hacer a los habitantes de la ciudad de México víctimas de sus protestas. Las manifestaciones que anunciaron para el día de hoy desencajarán al de por sí cotidianamente embrollado Distrito Federal. La irritación de quienes quedarán atrapados en los embotellamientos, acicateada por la previsible estridencia de los medios de comunicación, no parece constituir la mejor medida para granjearse la simpatía ciudadana por parte de un movimiento cuya presencia pública no es precisamente favorable.

Pero, por otra parte, es preciso reconocer que a los varios millares de trabajadores que no se han resignado a ser despedidos y que, a costa de perderla, se han rehusado a recibir la atractiva aunque chantajista indemnización que les propone el gobierno federal, les quedan pocas opciones de protesta.

De la noche a la mañana, hace exactamente un mes, la Compañía de Luz fue bruscamente clausurada y con ello, en la práctica, terminaron el empleo y las condiciones para que subsistiera además la organización sindical de esos trabajadores. La respuesta del sindicato y la discusión acerca de ese golpe de mano propinado por el presidente Calderón han sido ampliamente conocidas.

Algo más de la mitad de los trabajadores ha aceptado la liquidación que les ofreció el gobierno. El porcentaje aumentará conforme se acerque el viernes próximo, fecha del ultimátum que estableció el gobierno para quienes busquen la indemnización adicional al monto previsto por la ley.

La noticia no es cuántos han aceptado, sino el hecho de que casi 20 mil trabajadores habrán resuelto rechazar esa oferta económica y abstenerse de acudir a firmar su liquidación. A pesar de la mezcla de intimidación y compensación a la que han estado sometidos, varios miles de electricistas esperan un resultado distinto al que anuncia el gobierno federal. Ni las intimidantes declaraciones del Secretario del Trabajo, ni el apabullante clima de opinión que se desarrolló contra los electricistas sobre todo en los primeros días después de la intervención en la Compañía de Luz e incluso la división con la que carga a cuestas el SME, han bastado para aminorar el ánimo de esos trabajadores.

Las movilizaciones de este miércoles serán una prueba a esa confianza y a la solidaridad que haya podido concitar en SME en tan difíciles condiciones. Se conoce el compromiso de dos grandes sindicatos, el de Telefonistas y el de Trabajadores de la UNAM, para respaldar el que con cierta grandilocuencia los electricistas han denominado paro nacional y que en realidad se circunscribirá a algunas instituciones, más notorias que numerosas.

La decisión del STRM y el STUNAM, entre otros sindicatos que respaldan la suspensión de labores, tampoco es sencilla. Tanto la empresa telefónica que no dejará de recibir ganancias por los servicios que ofrece, como la Universidad Nacional cuyas autoridades podrían haberse ahorrado la estridente declaración con que deploran el paro, anunciaron anticipados reproches a sus trabajadores. A quienes no se presenten a sus labores, les descontarán el día.

Al SME también lo respalda una variopinta constelación de organizaciones de vocación y prácticas contestatarias. De escasa representatividad muchas de ellas, movidas por el voluntarismo más que por convicciones razonadas algunas más, en esa coalición hay lo mismo grupos que pugnan por la restitución de la legalidad en el diferendo electricista que algunos declaradamente adversos al orden jurídico. El SME podrá alegar que no está en condiciones de rechazar adhesiones, pero la facilidad con que sus dirigentes y miembros más activos pueden mimetizarse con las protestas más destempladas constituye uno de los desafíos principales que enfrenta el sindicato en estos días.

Muchos de sus adherentes, marcharán hoy junto con el SME no solamente para protestar contra la clausura abrupta de la Compañía de Luz sino, además, motivados por una variada gama de causas e indignaciones. En medio de un sinnúmero de banderas, la causa del SME puede banalizarse y diluirse.

Sobre todo, indignados como están y además llevados por el frenesí de la movilización, los trabajadores electricistas podrían estar a un paso de la provocación. Ya se han encontrado cerca de ese límite en días recientes, cuando han acudido a varios medios de comunicación no para expresar sus puntos de vista sino para manifestar una deplorable intolerancia. El solo anuncio de que hoy podrían tomar instalaciones de la Compañía de Luz, es un desafío a la legalidad que los electricistas del SME dicen reivindicar.

A ese ánimo irascible de los electricistas y sus aliados, así  como a la creencia de que los cauces legales se les han cerrado, contribuirá  el rechazo del ministro José Ramón Cosío, anunciado anoche, a la solicitud de la Asamblea Legislativa del DF para que la Suprema Corte considerase inconstitucional la extinción de la Compañía de Luz. Sin embargo no se agotan allí los recursos jurídicos que podrían beneficiar al SME. Los abogados del sindicato mantienen una compleja estrategia legal que podría poner en evidencia las debilidades del decreto que expidió hace un mes el presidente Calderón.

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Estuve en Berlín a fines de septiembre de 1989. La crisis política en Alemania del Este no parecía resistir mucho más y era parte del desmoronamiento del llamado bloque socialista. A pocos días de mi regreso a México ocurrió la apertura del Muro. El 10 de noviembre escribí para El Nacional el artículo del cual extraigo los siguientes párrafos.

Treparon curiosos y exaltados, saludaron con una furia acumulada quizá  durante toda su vida y conocieron el otro lado del muro; ya lo sabían colorido y antiautoritario, como lo han dejado, lleno de sarcasmos y dibujos, otros jóvenes, compatriotas suyos: fueron, por centenares, acaso miles, los muchachos y muchachas que la noche del jueves corrieron para brincar la valla de concreto que los había mantenido separados del resto de la ciudad. El Muro de Berlín, para efectos prácticos, dejó de existir este 9 de noviembre.

La decisión del nuevo gobierno de la República Democrática Alemana para, en un forzado pero al fin sensato sentido del realismo, abrir las puertas del muro, termina con toda una era. E inicia otra. Los habitantes de Berlín Oriental que acudieron la noche del jueves y sobre todo, a la mañana siguiente para, a la luz del día, celebrar y manifestar su estupor mostraron, con esa sola actitud, que el muro separaba a Berlín pero no había segregado a los alemanes. Rápido, al comienzo no sin miedo, varios centenares de berlineses se las arreglaron para trepar el muro como quizá nunca pensaron hacerlo: masiva, entusiasmadamente, sin la vigilancia de los vopos –muchos de los cuales, también, habrán querido compartir esa experiencia–; durante 28 años, rumbo al Occidente no han tenido más horizonte que la muralla de 45 kilómetros que divide a su ciudad (además de otros 120 kilómetros que separan a los sectores occidentales de Berlín del resto de la RDA). Muchos de los residentes de Berlín Oriental crecieron con el muro, no conocían más realidad que esa. Hace poco, un funcionario cuya familia había vivido hasta entonces en el lado oriental, nos contaba cómo una niña de diez años, que pudo viajar a Frankfurt, se asombraba ante una ciudad tan abierta y preguntaba “¿y aquí, dónde está el muro?”: pensaba que en todas las ciudades tenía que haber una barrera como la berlinesa, porque así era como ella había crecido.

Millares de jóvenes de Alemania Oriental, así crecieron. Pero a través del muro de concreto y enrejados, poco a poco, pudieron acceder, como visitantes, los alemanes de Occidente y sobre el muro mismo, de manera incontenible, volaron las señales de la radio y la televisión del lado Federal. Esos millares de jóvenes, muchos de los cuales acudieron, aunque fuera por elemental curiosidad, a ver el otro lado del muro que toda la vida han tenido delante suyo, ahora comenzarán a habitar en una ciudad abierta.

Por eso este jueves y este viernes en Berlín, la siempre intensa actividad nocturna del lado Occidental ha sido especialmente novedosa. Los azorados habitantes de Berlín Este han traspuesto la Puerta de Brandemburgo y han caminado por la Avenida del 17 de junio que recuerda el levantamiento civil de sus padres, o sus abuelos, en 1953 (cuando una huelga general constituyó una de las primeras demostraciones de las dificultades que comenzaban a resultar de las tensiones entre economía y sociedad en la RDA). Deben haber pasado ante la seguramente sorprendida guardia soviética, que se ha mantenido a unos metros del muro, pero del lado occidental, como recordatorio del estatuto de ocupación según el cual Berlín se encuentra bajo la supervisión de la URSS, Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos. Luego se internaron en el mullido Tiergarten, el laberíntico parque del que, acaso, solo avistaban, a distancia, las copas de los árboles.

Los jóvenes de Berlín Oriental que este fin de semana están reconociendo la otra mitad de su ciudad habrán pasado, así, frente a los enormes pórticos de inspiración chinesca que resguardan el Parque Zoológico y se habrán encontrado con la Iglesia Conmemorativa, la antigua Iglesia del Káiser Guillermo la cual, con su mitad destruida, recuerda las consecuencias de una Guerra Mundial que nadie, nunca, debiera olvidar. Habrán llegado entonces al principio de la vistosa Kurfürstendamm, la avenida de los escaparates millonarios y los cafés callejeros, repleta de luces y tentaciones, abundante en desórdenes y perversiones. Quizá entonces, algunos de sus compatriotas del lado Oeste les hayan convidado una cerveza a presión en alguno de los bares que por docenas o centenares, nadie ha podido llevar la cuenta, proliferan en el centro de Berlín Occidental.

Si la otra parte de su ciudad les ha resultado tan atractiva, ha sido por tan largamente prohibida. El gobierno, ahora renovado, de la RDA, cultivó una extensa, añeja inquietud entre sus conciudadanos que ante la prohibición, querían conocer las calles luminosas, las ofertas mercantiles, las posibilidades de disipación, en todos los sentidos, que prosperaban del inquieto y también contradictorio lado occidental. Por eso este jueves, apenas se conoció el lacónico e histórico anuncio de Günter Schabowski a nombre del buró político del Partido Comunista, revelando que las puertas del muro serían abiertas, una multitud de berlineses –significativa, mayoritariamente jóvenes– se precipitó sobre la valla de concreto.

En realidad los berlineses del Este han tenido hermosos panoramas urbanos para recrear su vocación estética. En el reparto de la ciudad, los soviéticos se quedaron con la zona histórica, que no sólo resulta de mayor majestuosidad, sino también de mayor significado. Apenas tras la puerta de Brandemburgo, por la Unter den Linden, se encuentran la Antigua Biblioteca de Prusia, la Universidad de Humboldt, los viejos edificios de la Ópera, el Museo del Arsenal y el de Pérgamo, hasta que se llega a la Plaza Marx y Engels, flanqueada por la majestuosa Catedral berlinesa y el adusto edificio del Consejo de Estado.

Tiene lo suyo, y mucho, el centro de Berlín Oriental, por donde con algo de voluntarismo es posible imaginar los tiempos en que, por esas calles, Georg W. Hegel discurría sus construcciones filosóficas o Karl Marx encontraba motivos para profetizar etapas que nunca llegaron; casi se escuchan los cascos de los caballos conduciendo carrozas militares y repiqueteando sobre el adoquín, en años de rigidez y ambición germana como los de Otto von Bismarck, el Canciller de Hierro… Pero la imagen de una ciudad más lenta que reposada, más hueca que respetada, acaba con las fantasías. Llena, rebosante de historia, la parte oriental de Berlín es, sin embargo, una ciudad vacía. Sus calles están colmadas de monumentalidad pero casi no hay gente en ellas. El Berlín histórico es para los funcionarios y para los turistas, pero los alemanes del Este prefirieron hacerse de un nuevo entorno en las enormes unidades habitacionales que hay en la periferia. Y ese es el contraste que ha llevado a muchos de ellos a incursionar, quizá por unas cuantas horas, en la otra mitad, que les había sido vedada, de su propia ciudad: la mitad occidental definida por la sociedad de consumo, por los letreros de neón, por las ofertas de relajo y abundancia.

Están viviendo un sueño, este fin de semana, los berlineses orientales que han cruzado el muro. Luego, en la nueva vigilia, habrán de tener tiempo para meditar sobre su nueva condición y sobre los nuevos retos de las dos Alemanias. La apertura del muro, que parecía inevitable, no se avizoraba tan pronto. La remoción de Eric Honecker fue precedida de un malestar inocultable en la RDA y la decisión de permitir el tránsito al área occidental estuvo precedida por movilizaciones hasta ahora, en varias décadas, desconocidas en esa Alemania. Dos funcionarios del Partido Comunista se suicidaron, antes de que se hiciera público el anuncio de este jueves. Muchos cambios más habrán de presenciarse, porque la apertura del muro, después de todo, no es más que una decisión simbólica, con todo y lo simbólico y ominoso que fue siempre ese valladar que cruza por todo Berlín.

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