Sociedad y Poder

Indispensables, ineludibles, irreemplazables, los medios de comunicación se han convertido en instrumentos pero también protagonistas necesarios en las democracias contemporáneas. Hoy en día la construcción de consensos no se puede emprender, ni mantener, sin la propagación de mensajes a través de los medios de comunicación de masas. Y a la vez que espacios en donde circulan informaciones y opiniones, los medios son hoy por hoy factores de poder que incorporan sus propios intereses a la agenda e incluso a la definición de los asuntos públicos.

Los medios irradian, socializan y difunden los asuntos públicos. Pero también los acotan, tamizan y en no pocas ocasiones los simplifican o distorsionan. Constituyen recursos formidables para solidificar la democracia y extender las convicciones cívicas. Pero también llegan a erigirse como uno de los impedimentos más importantes que experimenta el desarrollo de las democracias. Los medios de comunicación son, de esa manera, imprescindibles tanto para alcanzar y sostener como para debilitar e incluso amenazar la gobernabilidad.

En la construcción de la gobernabilidad es posible identificar, de inicio, tres acciones o procesos en los que resulta inevitable el concurso de los medios de comunicación. Cualquier comunidad de ciudadanos, en el ámbito de una ciudad o un país, requiere de medios como la televisión, la radio y/o la prensa tanto para enterarse del desempeño de sus instituciones de gobierno como para evaluarlo. Desde luego, el recurso esencial que tienen los ciudadanos para juzgar a sus gobernantes se encuentra en el sufragio. Pero antes y después de él e incluso para definir por quién habrá de votar en las elecciones, los ciudadanos se apoyan en los hechos y dichos que propagan los medios de comunicación acerca de las acciones y omisiones de la clase política y de quienes aspiran a formar parte de ella.

Los medios también son indispensables para propiciar la aceptación de los ciudadanos a las decisiones de sus gobernantes o, en términos más actuales, para crear los consensos sin los cuales la democracia y la gobernabilidad resultan imposibles. Los medios de comunicación no se bastan a sí solos para definir las preferencias y las opiniones de los ciudadanos acerca de los asuntos públicos. Tanto en la creación de la agenda de esos asuntos, como en la definición del imaginario social que se establece alrededor de ella, los medios tienen fuerte influencia. Pero ese ascendiente se conjuga con el que pueden ejercer otras fuentes de información, persuasión y socialización –los entornos familiar, escolar y laboral, la discusión y el intercambio en reuniones de la más diversa índole, la experiencia de los ciudadanos y desde luego su aptitud de raciocinio, etcétera–. En otras oportunidades hemos demostrado, por ejemplo, que no hay correlación directa entre la cantidad de espacios que la televisión y la radio asignan a los candidatos en las campañas electorales por la Presidencia y los resultados de las votaciones en las urnas.

Los medios, de tal forma, son necesarios pero no omnipotentes. La suposición de que la televisión y la radio –o, con otras modalidades, la prensa- determinan mecánicamente el comportamiento de sus audiencias como si inyectaran convicciones y persuasiones a la manera de una aguja hipodérmica, quedó superada hace largo rato en la investigación sobre comunicación de masas. Aquellas apreciaciones, de las cuales se propalaron versiones un tanto exageradas, suponían que los individuos, en la sociedad de masas, pueden ser tan idénticos entre sí que reaccionarán de la misma manera ante los mensajes de los medios de amplia difusión. Pero como cada persona tiene contextos, escolaridad, creencias, personalidad, juicios y prejuicios distintos, entre otros muchos rasgos y condiciones, los mensajes mediáticos son recibidos de muy variadas formas. Ello no significa que los medios no tienen efecto entre las personas. Simplemente, el reconocimiento de esos entornos y situaciones diversas permite admitir que los medios no lo definen todo y que sus efectos se encuentran tamizados –mediados, en sentido estricto– por variadas eventualidades.

Sin embargo, con frecuencia los gobernantes y quienes aspiran a serlo les atribuyen a los medios de comunicación una capacidad movilizadora y de manipulación prácticamente inexorables. La proclividad de no pocos operadores mediáticos –locutores, periodistas, presentadores, empresarios de ese ramo, etcétera– para mostrarse a sí  mismos como indefectibles constructores de las convicciones e incluso los caprichos que predominan en las sociedades contemporáneas, contribuye a extender esa imagen de predominio comunicacional. Al ostentarse como detentadores e incluso suplantadores de la opinión pública –como si en las sociedades de hoy en día no hubiera muchas opiniones acerca de cualquier acontecimiento o tema de interés públicos– los medios y quienes los manejan acentúan las creencias en torno a su capacidad para moldear los juicios de los ciudadanos y, así, la resignación que los políticos llegan a tener delante de los medios mismos.

El texto anterior forma parte de un ensayo sobre medios de comunicación y gobernabilidad en México incluido en un libro, coordinado por el profesor Manuel Alcántara, sobre la situación mexicana reciente. El volumen, fue presentado esta semana dentro del Congreso de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales en Salamanca, España.

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Anoche, varios miles de usuarios mexicanos de Internet comenzaban a festejar el posible rechazo del Senado al impuesto del 3% a las telecomunicaciones. Se trataba apenas de las posiciones manifestadas por PRD y PRI en las comisiones que revisan los documentos de política fiscal que les envió la Cámara de Diputados. Pero esas declaraciones iniciales, la necesidad que tienen los senadores para modificar aunque sea parcialmente los impopulares nuevos impuestos y la simpatía que despertó el movimiento de usuarios de Internet, permitían sostener tal conjetura.

El impuesto a las telecomunicaciones no movilizó a los usuarios de telefonía fija o celular, ni a los suscriptores de televisión por cable a quienes, de ser aprobado, ese impuesto afectará con el mismo porcentaje. Fue en la Red de redes –específicamente en Twitter, ese sitio habilitado para el intercambio de mensajes cortos y contundentes que se ha puesto de moda desde hace un par de años– en donde rápidamente prendió el descontento contra ese gravamen. Quizá por ello el impuesto sea cancelado para Internet, aunque podría mantenerse en otros servicios de telecomunicaciones.

Los seguidores del movimiento #internetnecesario se expresaron con eficacia, claridad y contundencia, aunque varias de sus premisas resultaran equívocas. El impuesto, previsto en la iniciativa del gobierno para ser del 4%, no hubiera detenido significativamente el desarrollo de Internet, ni habría desalentado a quienes hoy en día pagan por conectarse a la Red.

Pero no fue en las matemáticas, sino el corazón, en donde estuvo el motor de ese movimiento ciudadano.

En el ánimo de esos internautas enojados influyeron tres factores. En primer lugar, la sensación de que además de muchas otras e injustas cargas fiscales, el poder político se entremetía para encarecer un territorio libre, abierto y en muchos sentidos noble como es el de la Red de redes.

En segundo término, la defensa de Internet fue el catalizador para el descontento que, por otros y muy variados motivos, tienen muchos de esos internautas en contra del poder y las instituciones políticas. Los improperios a los legisladores con los que fueron aderezados muchos de sus mensajes dan cuenta de ese ánimo contestatario, de clara desafección respecto de la política.

En tercer lugar, la molestia contra el impuesto fue alimentada por las empresas de telecomunicaciones que, más por motivos ideológicos que financieros, alegaron que dicha industria quedaría paralizada, o casi, debido a la nueva carga fiscal.

En todo caso la convicción que desplegaron en defensa de un instrumento que consideran suyo y del cual, en efecto, se han apropiado con provecho cívico; la eficaz promoción de sus inquietudes que llegó en decenas de miles de mensajes y luego presencialmente hasta las oficinas de los legisladores; la originalidad y el carácter desinteresado de su protesta, les permitió a impulsores y seguidores de ese movimiento obtener un triunfo al menos inicial.

Sea cual sea el desenlace de este episodio, lo más importante ha sido la reivindicación de Internet como un bien público. Para que lograr y afianzar esa cualidad, sería pertinente que #internetnecesario se preocupara por algo más que los impuestos.

El problema esencial que mantiene estancado al servicio de Internet en México, es la ausencia de una política pública para respaldar, extender y garantizar lo mismo conexiones de calidad, que la dotación de equipos y la capacitación suficientes. En este país, el Estado ha dejado el desarrollo de Internet al garete del interés empresarial.

En México, como hemos insistido hace ya buen rato, las tarifas de conexión a Internet son de las más altas y la velocidad de los enlaces de las más lentas, tanto entre los países de la OCDE como en América Latina. Padecemos precios caros y enlaces malos, debido a la falta de competencia para proveernos de ese servicio pero, antes que nada, a causa de la intencional omisión del Estado para ocuparse de tales asuntos.

La semana pasada, el gobierno de Brasil anunció que invertirá 5740 millones de dólares para, en asociación con varias empresas, llevar Internet de banda ancha a todo ese país. En plena crisis global, los brasileños se dan espacio y recursos para ofrecer Internet rápida y para todos.

En México, lejos de fomentar telecomunicaciones para la sociedad se favorece el negocio de las grandes corporaciones. Entre las disposiciones a consideración del Senado se encuentra la exención por 5726 millones de pesos a la o las empresas que serán beneficiadas con la licitación de nuevos segmentos del espectro radioeléctrico en los cuales se transmitirán señales de telefonía celular e Internet.

Esos son asuntos que podrían interesar a quienes han desplegado un creativo entusiasmo al destacar a Internet como un recurso necesario.

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La satisfacción por el Premio Príncipe de Asturias va más allá  de la Universidad Nacional. La vocación por el conocimiento, sus responsabilidades docentes, los hitos científicos, la independencia política así  como el compromiso social, forman parte de los valores que hacen a la UNAM reconocible y apreciable en todo el país.

Desde luego no todo es irreprochable en la Universidad. Cualquier institución con las dimensiones de la UNAM tiene que experimentar conflictos y rezagos. La Universidad Nacional tiene contrastes tanto en su desempeño interno como en su imagen hacia el exterior.

Junto con esa heterogeneidad, a la UNAM se le reconoce como una institución  útil, noble incluso, y sobre todo necesaria.

Por eso el premio en Comunicación y Humanidades que recogió el Rector José Narro el viernes pasado en Oviedo, ha permitido que se reitere la relevancia social de la UNAM en un momento de definiciones importantes. En todo el mundo, la crisis económica ha obligado a redefinir prioridades del Estado y no hay institución pública que no resienta nuevas restricciones financieras. Pero los criterios para apretarse el cinturón son distintos, de acuerdo con las decisiones de cada estado nacional. Hay países que, precisamente debido a la crisis económica, consideran indispensable estimular el desarrollo de la ciencia, así como la formación profesional de sus jóvenes, aunque para ello tengan que limitar otras áreas del gasto público. En otras experiencias, a los gobiernos les parece que el recorte debe afectar todos los rubros, inclusive aquellos con los cuales cada país construye su futuro.

Ese es el dilema que se mantiene hoy en México, cuando estamos a punto de entrar a la deliberación legislativa acerca del Presupuesto de Egresos para 2010. La tentación para sacrificar el desarrollo de la educación superior no solamente obedece a consideraciones financieras, sino a un no del todo enfático pero subyacente discurso contra las instituciones públicas.

La acometida del gobierno federal contra el SME, aunque se trata de un asunto muy distinto, obliga al recelo respecto de la apreciación que el poder político tiene acerca de las universidades públicas. Más allá de las circunstancias que han acotado el litigio en torno a la industria eléctrica, se ha desarrollado una conservadora ideología del prejuicio contra instituciones y bienes de carácter público.

Por eso, aunque parco, el discurso del rector José Narro Robles el viernes pasado, 23 de octubre, en Oviedo, España, ofrece precisiones pertinentes. Después de recordar la historia, los compromisos y las dimensiones de la UNAM, el doctor Narro defendió la tarea esencial de la Universidad:

“No hay campo de la vida en el que no influya el saber. Por esto preocupa tanto el desinterés de algunos en la materia, como que en muchos sitios no sea una prioridad o que se le escamoteen los recursos para su generación y transmisión. Sin ciencia propia, sin un sistema de educación superior vigoroso y de calidad, una sociedad se condena a la maquila, a la medianía en el desarrollo”.

El país que queramos tener, depende en buena medida del sistema educativo que sepamos construir. Ese, como todos sabemos, en el caso de México es un campo de desastre. La Universidad Nacional misma, no funciona en todas sus áreas con la eficiencia ni la excelencia que el país tiene derecho a exigirle. Pero en el contexto de atrasos y dificultades que padecemos actualmente, el desempeño académico de la UNAM alcanza parámetros altamente satisfactorios.

El rector Narro, reivindicó el derecho a la educación: “Es necesario insistir y volverlo a hacer. La educación es vía de la superación humana, de la individual y la colectiva. Concebirla como un derecho fundamental es uno de los mayores avances éticos de la historia. Como bien público y social, la educación superior debe ser accesible a todos bajo criterios de calidad y equidad. Por eso duele que en el mundo de hoy, con sus grandes desarrollos, vivan cerca de 900 millones de personas que no saben siquiera leer y escribir”.

El reconocimiento le fue otorgado a la UNAM en las áreas de Comunicación y Humanidades. El Jurado del Premio Príncipe de Asturias subrayó que la UNAM, “ha sido el modelo académico y formativo para muchas generaciones de estudiantes de diversos países y ha nutrido el ámbito iberoamericano de valiosísimos intelectuales y científicos”. En atención a esa peculiaridad del Premio, el rector Narro precisó: “A algunos les puede parecer que hablar de valores o de humanismo es asunto del pasado, del Renacimiento o del siglo XIX. Se equivocan. También lo es de ahora y del futuro. Frente al éxito quimérico, el egoísmo, la corrupción o la indiferencia, el mejor antídoto son los valores laicos de ayer y siempre”.

Constantemente sometidos a prueba, esos valores tendrían que orientar no solamente la enseñanza, sino cualquier otra vertiente desde la cual se construye el espacio público contemporáneo. Gobierno, parlamento, medios de comunicación, tendrían que ser territorios en y desde donde se pusiera en práctica la exigencia señalada por Narro: “La modernidad debe traducirse en mejores condiciones para los excluidos de siempre. El verdadero saber no es neutro, debe estar impregnado de compromiso social. Aprovechemos la oportunidad que nos ofrece el fracaso del sistema financiero, para proponer nuevos esquemas de desarrollo que permitan a los jóvenes recuperar la esperanza en un futuro más alentador. El gran reto consiste en alcanzar un progreso donde lo humano y lo social sean lo importante”.

A una institución con las tareas cotidianas que debe cumplir la UNAM no le hacen falta premios para que se conozca y aprecie lo que hace. Pero el Príncipe de Asturias es un premio que permite acentuar bondades de nuestras universidades públicas en la crucial hora de la definición presupuestal. Ojalá que los diputados, que revisarán y ajustarán partidas financieras, no solamente quieran ensamblar estados contables sino, antes que nada, sepan y quieran diseñar un país que no sea solamente maquilador.

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La casi monolítica unidad de la Cámara de Diputados para aprobar las nuevas disposiciones fiscales, se rompió cuando varias docenas de legisladores del PRI y el PAN se opusieron a una disposición que presuntamente beneficiará a Televisa.

17 diputados del PRI y 33 del PAN votaron en contra del artículo 244 – E, así como del primer transitorio de la Ley Federal de Derechos que permitirá que la empresa que resulte beneficiaria de una nueva concesión para servicios digitales inalámbricos difiera por varios años el pago de los derechos por esa licencia.

Cuando esa disposición fue votada, ya avanzada la madrugada del miércoles 21 de octubre, otros 10 diputados del PRI y 14 del PAN se abstuvieron. De esa manera, se sumaron al desacuerdo con esos artículos.

El resto de los votos en contra fueron 62 del PRD, 1 del PVEM, 8 del PT, 5 de Nueva Alianza y 3 de Convergencia, para sumar 129. Una decena de diputados más, que había estado presente en la votación anterior pocos minutos antes, se ausentó del salón de sesiones. Con esos datos se puede decir que al menos la cuarta parte de los legisladores, en una infrecuente coincidencia multipartidaria, tuvo una posición adversa a la reforma al 244 – E. Vale la pena revisar de qué se trata esa dispensa fiscal.

Dentro de pocas semanas, la Comisión Federal de Telecomunicaciones pondrá a licitación dos segmentos del espectro radioeléctrico en los que podrán difundirse señales de telefonía celular. Se trata de las frecuencias que van de los 1710 a los 1770 Megahertz (o, en otros términos, de 1.7 Gigahertz) y de los 2110 (o 2.1 Ghz) a los 2170 Megahertz.

La importancia de esas bandas es tal que en mayo pasado, cuando anunció su licitación, la Cofetel estimó: “En el caso específico de la banda 1.7 GHz, los concursos se diseñaron para promover la entrada de al menos un nuevo competidor a nivel nacional en el mercado, ofertando para tal efecto un ancho de banda suficiente (40 MHz) para desplegar una red técnica y económicamente competitiva”.

Esas frecuencias servirán para crear una nueva red nacional de telefonía celular en la cual podrán propagarse, además, señales de otros servicios digitales. Se trata, en otras palabras, de crear un competidor de las dimensiones de Telcel.

La capacidad para crear una red telefónica celular de alcance nacional no está en las manos de cualquier firma. Por eso diversos comentaristas han estimado que la única empresa interesada en esas frecuencias es Televisa. En julio pasado el profesor Gabriel Sosa Plata, especialista en telecomunicaciones, consideró:

“Este nuevo competidor será, por lo visto, Televisa. No hay que tener una gran imaginación para llegar a esa conclusión. De hecho, hay quienes aseguran que las bases fueron preparadas ex profeso para ese ‘concursante’ y el ‘convidado’, obvio, ya se prepara para el reparto del apetitoso pastel. Una nota difundida por Reuters el 11 de junio lo confirma: ‘Televisa podría lanzar su propia red de telefonía inalámbrica en México’ y se encuentra lista para participar en la licitación de espectro, así como de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad”.

Si Televisa es beneficiaria o no de esa concesión, dependerá  de las bases para esa licitación y de la decisión de la Cofetel y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero independientemente de a qué empresa le sea adjudicada la prerrogativa de usufructuar esas bandas, resulta desmedido el favor anticipado que le hicieron los diputados.

La utilización de tales frecuencias requiere del pago de derechos, que no son pocos porque se trata de segmentos del espacio radioeléctrico que son muy disputados. El multialudido artículo 244-E establece el mecanismo para calcular el monto de esos derechos. Por cada una de las bandas mencionadas, el beneficiario de la licitación tendría que pagar, utilizándolas en todo el país, 1909 millones de pesos anuales.

La cifra es, exactamente, 1908 millones 877 mil 800 pesos.

Y allí se encuentra la cuantiosa facilidad que acordaron los diputados. El Transitorio Primero de la Ley Federal de Derechos indica que la obligación para hacer esos pagos tendrá vigencia a partir de 2012 o  de 2013, dependiendo de la fecha en que sean otorgadas. El mismo artículo estima que eso ocurrirá a fines de 2010.

Es decir, el mencionado artículo transitorio dispensa entre uno y dos años el pago de 1909 millones de pesos anuales por cada uno de los dos paquetes de 60 megahertz que serán licitados.

Esa decisión, significa para la o las empresas beneficiarias de tales licitaciones un ahorro de entre 3 mil 818 y 7636 millones de pesos, dependiendo del momento en que sean asignadas las frecuencias.

Durante la atormentada sesión la madrugada del miércoles, los diputados José Narro Céspedes del PRD y Javier Corral Jurado de Acción Nacional, se manifestaron contra esa escandalosa exención. Se trata “prácticamente es un robo a la nación, porque éste es un bien de los mexicanos”, dijo Narro. “Nadie se engañe, este artículo tiene un destinatario que es la empresa de televisión Televisa, la única empresa que hasta ahora ha mostrado interés por la licitación de dos redes nacionales de 30 megahertz cada una en el espectro radioeléctrico para servicios móviles incluida la telefonía”, precisó Corral.

La oposición de esos legisladores a la dispensa fiscal multi millonaria no fue sorpresiva. Pero quizá sí lo fue el respaldo que encontró en legisladores de todos los partidos.

A favor de la Ley Federal de Derechos habían votado 403 diputados a favor, 39 en contra y 15 se abstuvieron.

Pero los artículos impugnados por Corral y Narro tuvieron únicamente 294 votos a favor, 129 en contra y hubo 24 abstenciones.

Entre 17 los diputados del PRI que rechazaron con su voto esa excepción tributaria se encuentran Miguel Ángel García Granados, Héctor Ramírez Puga, César Augusto Santiago y José Francisco Yunes. Entre los 33 panistas, además del mencionado Corral votaron en contra Pablo Escobar, Laura Elena Estrada, Gastón Luken, Marcos Pérez Esquer y Marcela Torres Peimbert.

Otra legisladora que se manifestó en contra, solitaria en ese voto dentro del Partido Verde, fue la diputada Ninfa Clara Salinas Sada, cuya identificación con TV Azteca la llevó a considerar que no se vale un favorcito tan multi millonario que puede beneficiar a Televisa.

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Como si le faltaran motivos de preocupación, el Senado de la República ha sido puesto en un dilema por la Arquidiócesis de México. El vocero de la jerarquía católica vetó el domingo pasado a uno de los más destacados aspirantes a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A nombre de esa corporación religiosa, Hugo Valdemar Romero se opuso a la designación de Emilio Álvarez Icaza, que hasta hace dos semanas presidió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Exagerando y mintiendo, el vocero del arzobispo de México dijo que Álvarez Icaza “es el más connotado pro abortista del Distrito Federal”. Con esa declaración, la cúpula eclesiástica quiere castigarlo por haberse negado a respaldar, hace dos años, la impugnación legal a las reformas al Código Penal que permiten el aborto en la ciudad de México.

El Arzobispado, de esa manera, coloca en aprietos a la Cámara de Senadores. Cualquier decisión a favor de algún aspirante a la CNDH que no respalde claramente los derechos reproductivos de las mujeres, será considerada como expresión de sometimiento al amago de la iglesia católica.

En abril de 2007, el comité directivo del Partido Acción Nacional en el DF solicitó el respaldo de la Comisión local de derechos humanos para objetar esas reformas al Código Penal, así como a la Ley de Salud del Distrito Federal. Álvarez Icaza sometió esa petición a consulta del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos, integrado por 10 destacados ciudadanos. El Consejo resolvió, por unanimidad, reivindicar el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado.

Ahora el arzobispo de México, Norberto Rivera, le quiere cobrar a Álvarez Icaza aquella decisión. Y lo hace, a través de su vocero, con una exigencia ilegal y burda. La intromisión de la iglesia católica en una decisión del Poder Legislativo contradice la obligación que los ministros religiosos tienen para mantenerse al margen de asuntos políticos.

Con razón el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, ha escrito a propósito de las declaraciones del vocero del Arzobispado: “las iglesias no deben colonizar la esfera pública para imponer sus dogmas a la comunidad política; las religiones (y las concepciones ateas del mundo) deben respetarse y convivir en plural y; sobre todo, las autoridades —el gobierno— deben garantizar a las personas que ninguna organización religiosa —por más poderosa y hegemónica que sea— les impondrá sus dogmas y creencias. La convivencia pacífica —la historia nacional y mundial enseñan— también depende de ello”.

Álvarez Icaza nunca ha promovido el aborto. Lo que sí hizo, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, fue expresar la decisión del Consejo de ese organismo en donde, con una sólida argumentación, se respalda “el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, el derecho de igualdad entre la mujer y el hombre y el derecho a la salud”.

Ese fue el sentido de la resolución que aprobó el Consejo de la CDHDF el 3 de mayo de 2007 y que Álvarez Icaza le comunicó varios días más tarde a la dirección del PAN en el DF. Allí se dice, entre otras cosas:

“El aborto constituye una cuestión de salud pública porque pone en peligro el bienestar de un gran número de mujeres y, en muchos casos, su vida, al realizarse en forma clandestina e insalubre. Según cifras de la Comisión Nacional de Bioética, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Salud Federal, ‘En 2005 se registraron 136,874 abortos en hospitales públicos y se estima que las instituciones privadas atienden otro 20%, lo que añadiría 26,375. Por subregistros elevados se recomienda ajustar por un factor de corrección entre 3 y 7, lo que arrojaría una cifra entre medio millón y un millón doscientos mil’. Ello explica la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de que el aborto consentido por la madre sea libre, gratuito y no punible”.

Aquella opinión, avalada por Elena Azaola, Judit Bokser, Daniel Cazés, Santiago Corcuera y Denise Dresser, entre otros consejeros, precisó:  “Así también el artículo 1º de la Constitución prohíbe la discriminación en términos muy amplios, de donde se advierta que se deba proteger los derechos que toda persona posee como ser humano, sin ninguna distinción. Una de las formas de dar cumplimiento a ese precepto consiste en evitar que las mujeres pobres que así lo decidieran, se vean constreñidas a interrumpir el embarazo antes de las doce semanas en condiciones de insalubridad, que ponen en riesgo su vida”.

También respaldado por los consejeros Patricia Galeana, Ángeles González Gamio, Armando Hernández Cruz, Clara Jusidman y Carlos Ríos Espinosa, el extenso alegato a favor de los derechos de las mujeres consideró:

“A nadie se le impone el deber de interrumpir el embarazo antes de las doce semanas de gestación, así, no puede ser considerado por ello una obligación. Las reformas al Código Penal no imponen una conducta, sólo hacen posible una decisión individual, acorde con el sistema de libertades que establece la Constitución. Las limitaciones previas a la reforma penal, conferían al Estado un poder de intervención en la vida íntima y libertad de las mujeres. Así, el Estado imponía a las mujeres la obligación de soportar contra su voluntad las consecuencias de un embarazo no deseado por ellas, regulando su vida íntima y libertad, cuando estos bienes no están siendo afectados. La reproducción es un derecho de las personas, no es una obligación susceptible de ser impuesta por el Estado en contra de la voluntad de las mujeres y los hombres. La utilización del aparato coactivo del Estado para mantener un embarazo no deseado antes de las doce semanas de gestación, se opone a la vigencia de los derechos humanos”.

Hoy aquel episodio, rescatado por el vocero arzobispal, muestra el compromiso de Emilio Álvarez Icaza con los derechos humanos más allá de presiones corporativas o conveniencias políticas. Quizá Valdemar, sin proponérselo, hizo campaña en beneficio de Álvarez Icaza.

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La angustia en torno a la suerte posiblemente trágica del pequeño Falcon Heene mantuvo en vilo el jueves pasado a los medios de comunicación en Estados Unidos –y, con ellos, en buena parte del mundo–. La sospecha de que el niño de 6 años estuviera volando a la deriva en un globo aerostático fabricado por su padre en un pueblo de Colorado, hizo temer que pudiera sufrir un accidente.

Compasión y solidaridad, pero sobre todo sensacionalismo y espectacularidad, concentraron la atención de televidentes e internautas y especialmente de las empresas mediáticas. Ahora, la cada vez más acreditada posibilidad de que todo haya sido un engaño prefabricado por el padre del niño, desata la ira de los medios pero podría suscitar, también, una reflexión aunque sea breve acerca de la ligereza con que se construyen los acontecimientos en la hiper conectada sociedad actual.

La alerta en torno a Falcon Heene, pero sobre todo la rápida reacción de medios y autoridades en Colorado, se convirtió en noticia global en unos cuantos minutos. La conferencia de prensa que ofrecía el presidente Barack Obama en Nueva Orleans, recordando el desastre ocasionado por el huracán Katrina, fue desplazada en los canales de noticias televisivas por las imágenes de la angustiada familia en Fort Collins, Colorado, y luego por las desesperantes escenas del globo de helio que comenzaba a caer mientras millones de televidentes suponían que allí iba el pequeño Falcon, quizá en sus últimos instantes de vida.

No pasó mucho tiempo para que se supiera que el niño estaba escondido en el ático de su casa, al parecer temeroso del regaño de su padre por haberse acercado al globo. De la sorpresa y el alivio, el comportamiento de muchos medios y de no pocos televidentes e internautas, transitó a la contrariedad e incluso al reproche. En pocos minutos, que parecieron eternos para quienes seguían a través de la televisión mundial las peripecias de helicópteros y avionetas rastreadoras, se había construido un intenso y exigente acontecimiento. La inermidad del niño de 6 años, cuya fotografía era mostrada en las pantallas junto a la aflicción de sus padres, era mayúscula cuando se le imaginaba en aquel globo con forma de platillo volador que surcaba los cielos de Colorado a más de 30 kilómetros por hora y a unos 3 mil metros de altitud.

La zozobra de la audiencia planetaria se puso en tensión cuando el globo llegó a tierra, sin rastros del niño. El suspenso, fabricado minuto tras minuto, parecía desembocar en tragedia. Pero el final feliz que significó esa tarde del jueves 15 de octubre la aparición del contrito Falcon Heene, se trocó en reproches y amargura. Los medios internacionales le habían dedicado dos largas horas a seguir a un globo con forma de platillo volador y que iba absolutamente vacío. Había sido, literalmente, una noticia hueca, insustancial, inflada. No fue más que una  aparatosa volada, como se les dice a las mentiras en el argot de la prensa mexicana.

Más tarde, las sospechas sobre la posibilidad de que el padre del niño falsamente aeronauta hubiera fraguado todo el episodio, terminaron de exacerbar el disgusto mediático. Aunque inicialmente se le presentó como un científico aficionado que se interesaba en estudiar asuntos climáticos, pronto se supo que Richard Heene tiene actitudes bastante extravagantes y una conocida proclividad por los reflectores mediáticos. El solo hecho de que el globo de propósitos presuntamente investigativos tuviera forma de platillo volador, tendría que haber desatado algunas sospechas. Pero además, los Heene eran conocidos porque participaron en un reality show de madres que intercambian familias durante un par de semanas.

Aquellas desconfianzas encontraron mayor asidero esa misma noche cuando, en una entrevista para el programa de Larry King en CNN, el pequeño Falcon explicó, mirando a su padre: “tú dijiste que hiciéramos esto por el show de televisión”.

El viernes, evidentemente agobiado, el niño de 6 años vomitó durante dos entrevistas en cadena nacional para la televisión estadounidense. Tanta y tan excesiva atención a ese asunto iba más allá de los parámetros profesionales o noticiosos de las corporaciones mediáticas. Pero el espectáculo televisivo seguía encontrando una viciosa fascinación en aquel frágil y azorado niño.

El affaire del niño del globo podemos leerlo como una metáfora, en varios sentidos, de la liviandad mediática de nuestros días. Después de dos horas de persecución en vivo y en directo, no quedaba más que un globo desinflado. Al lado de asuntos de relevancia y densidad indudablemente mayores, la agenda de los medios había estado dominada por un episodio literalmente volátil.

Pocos acontecimientos recientes subrayan, como ese, la en ocasiones insustancial globalización creada por la instantaneidad de las comunicaciones contemporáneas.

Ahora se dice que la policía está pensando fincarle cargos al padre del niño por engañar a las autoridades. Por lo pronto ya se venden camisetas y tazas que proclaman “Salven al niño del globo”.

Y en Internet, desde este fin de semana hay un juego que muestra al niño del globo colgado de un platillo volador y lidiando con gaviotas que lo atacan. El sitio, llamado Balloonboygame.com, tiene como subtítulo “¿cuándo dinero de los contribuyentes crees que puedes desperdiciar?”.

Hay quien considera que este asunto se parece a un capítulo de los Simpson. Pero no se trató de un travieso Bart sino, si se confirman las versiones más recientes, de un padre manipulador y sinvergüenza al estilo de Homero Simpson. Antes nos llamaban la atención las situaciones que oscilaban de la tragedia, a la comedia. Ahora estamos ante una realidad que imita a la caricatura.

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Colmado de aplausos por su gesta antisindical, el presidente Calderón les dijo a los radiodifusores que ya no hay obstáculos para que quienes tienen estaciones de AM, puedan acceder a espacios en FM. Los empresarios de la radiodifusión aplaudieron de nuevo.

Luego, les aseguró que habrá “un mercado de la radio y la televisión más vigoroso, que ofrezca, precisamente, servicios de calidad a los usuarios, y al propio tiempo, que tenga plena seguridad jurídica para sus operadores”.

Los empresarios que el miércoles pasado, 14 de octubre, asistían a la inauguración de la semana de la radiodifusión, aplaudieron de nuevo. Apoyaban la promesa de seguridad jurídica, que todos ellos entienden como la certeza de que no perderán las concesiones que usufructúan. No pensaron mucho el asunto de la calidad y no era para regatearle una ovación más al, con ellos, dadivoso presidente de la República.

Los compromisos del presidente Calderón obedecen a viejas demandas de los empresarios en ese gremio. Hay varios centenares de concesiones, sobre todo de radio, que caducaron hace años y que no han sido refrendadas debido a la ausencia de precisiones, para ello, en la legislación vigente. Por otra parte, docenas de empresarios que tienen estaciones de Amplitud Modulada consideran que están siendo desplazados por las emisoras en Frecuencia Modulada y quieren entrar también a esa banda del dial radiofónico.

Sin embargo, por mucho que el gobierno se identifique con esas pretensiones de los empresarios de la radiodifusión, la legislación no le permite refrendar concesiones ni mucho menos asignar otras nuevas. Los cambios que dispuso la Suprema Corte de Justicia cuando, en junio de 2007, suprimió varios artículos de la Ley Federal de Radio y Televisión, abrieron huecos que el Poder Legislativo no ha querido llenar.

Hace dos años y medio, la Corte resolvió el recurso de inconstitucionalidad presentado por varias docenas de senadores en contra de la llamada “Ley Televisa”. Aquellas reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión habían pretendido consolidar la apropiación, respecto del espectro radioeléctrico, de las empresas que ya tenían concesiones, especialmente las televisoras privadas.

La Corte consideró que varias de esas reformas despojaban a la nación y a la sociedad del dominio respecto de ese recurso natural limitado y esencial que es el espectro radioeléctrico y abrogó  algunos de aquellos artículos. Además estimó que tanto la asignación de nuevas concesiones como el refrendo de las que ya existían, tenían que realizarse por concurso en donde fuera esencial la trayectoria como comunicadores de los ciudadanos o empresas que aspirasen a tener nuevas frecuencias o a que se les revalidaran aquellas con las que ya contaban.

Ese principio general establecido por la Corte, sigue vigente. Y también permanece la ausencia de precisiones legales sobre los mecanismos para asignar y renovar concesiones.

En junio de 2008, el senador priista Manlio Fabio Beltrones quiso congraciarse con los radiodifusores promoviendo una ley que les diera espacios en FM a quienes ya los tenían en AM. No habría licitación alguna para esas asignaciones. Poco después, el 15 de septiembre de aquel año, el presidente Calderón desactivó aquella iniciativa del PRI con un Acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que también ofrecía FM a los que ya tenían AM pero a cambio del pago de derechos por esa frecuencia adicional.

El Acuerdo de la SCT hizo innecesaria la propuesta de Beltrones, pero tenía defectos que fueron prontamente señalados. Aunque supuestamente el espacio en FM sustituiría al que ya tienen en AM, no hay reglas claras para que los concesionarios le regresen al Estado la frecuencia que hasta ahora han utilizado en Amplitud Modulada. Por otra parte, el Acuerdo de la SCT no indica cómo se calcularán los derechos que deban pagar los radiodifusores interesados en la nueva frecuencia.

El presidente Calderón no les dio noticia alguna a los radiodifusores, porque días antes la SCT informó que ya tiene, por fin, aunque sea con un año de atraso, un mecanismo para calcular cuánto pagarán los beneficiarios de una nueva concesión en FM. Esas reglas no han sido publicadas de manera oficial, pero algunos periódicos indican que el costo oscilará entre 9 mil y 7 millones y medio de pesos. Todo dependerá, al parecer, de la audiencia que se alcance con cada emisora.

¿Cómo se calcula esa audiencia? ¿De acuerdo con la cobertura geográfica, o con ratings de empresas especializadas? Si hay un límite de 7 millones y medio de pesos, seguramente para las zonas más pobladas del país, entonces el cálculo no será proporcional y beneficiará a los radiodifusores que obtengan frecuencias en las principales ciudades en donde el costo por radioescucha será mucho menor.

Sobre todo, sin precisiones en la Ley Federal de Radio y Televisión y en contra de la opinión de la Suprema Corte, las concesiones que ofrece el presidente Calderón podrían ser impugnadas judicialmente. La adjudicación de esas frecuencias será una acción discrecional del presidente y al margen de la ley.

Si se dan cuenta de esas implicaciones, quizá los radiodifusores comiencen a regatearle aplausos al licenciado Calderón.

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Siempre es más sencillo desacreditar que crear una imagen positiva. Y en la mediatizada sociedad de nuestros días, con frecuencia es más sencillo cosechar reconocimientos cuando se desmantela, que cuando se construye algo.

Esos dos principios de la mercadotecnia política contemporánea los puso en práctica el gobierno federal en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas. Durante semanas, meses incluso, se propalaron informaciones acerca de las demasías cometidas por el sindicato y sus dirigentes. El conflicto interno, sin duda grave, fue colocado en el centro de la atención pública cuando el Secretario del Trabajo le negó la toma de nota al grupo que se proclamaba ganador de la elección interna. En un contexto cotidianamente crispado por agobios numerosos, aparecía un nuevo villano.

El SME, abusivo con los ciudadanos cada vez que bloqueaba las calles, había contemporizado antes con los atropellos que padecíamos cada vez que sufríamos la desdicha de tener que hacer algún trámite con Luz y Fuerza del Centro. A pesar de su tradición de compromiso social, de su intensa vida democrática, de la identificación con fuerzas y movimientos considerados como progresistas y en ocasiones debido a la escasa o nula distancia que ha tenido respecto de algunos de ellos, el sindicato permitió y propició que se le identificara como arbitrario y estorboso. La mayor torpeza de sus dirigentes radicó en consentir, sin hacer esfuerzos suficientes para aclararla, que se generalizara la impresión de que las ineficiencias de la industria eléctrica en el Valle de México eran fundamentalmente causadas por la indolencia y los excesos sindicales.

La imagen del SME hoy en día se encuentra tan maltratada, que muchos analistas consideran que se trata de un sindicato antidemocrático y mimetizado con el charrismo convencional, cuando durante toda su larga existencia ha sido uno de los sindicatos con más vida interna y muy equidistante de organizaciones tradicionales de corte cetemista.

Cría imagen y lánzate a marchar… al desprestigio que iba fraguando con méritos propios, en contra del SME se añadió la animosidad propalada desde el poder político. La diligente tarea del secretario del Trabajo, cuyo talante antisindical se había explayado vistosamente en la andanada contra el Sindicato Minero Metalúrgico, atizó los aborrecimientos contra el Mexicano de Electricistas. Esas campañas del gobierno, vale decirlo, no han sido únicamente contra dirigentes a los que en ocasiones se puede tildar de sinvergüenzas o descomedidos con los derechos de sus representados. Tales campañas han estado enfiladas contra las organizaciones sindicales, a las que se ha buscado culpar de inoperancias y rezagos que se deben a situaciones más complejas.

El gobierno encontró en el SME no solamente una víctima propiciatoria, sino además un villano de impopularidad suficiente para que, en la apreciación de no pocos ciudadanos, se le presentara como causante de las desgracias de Luz y Fuerza. Muerta la empresa, se suponía desde esa perspectiva, se acabó la lacra.

La situación, sin embargo, no es tan fácil. Una cosa es crear un enemigo público y, otra, suponer que las faltas que se le atribuyen son realmente la causa del problema que se pretende resolver. Una cosa es que mucha gente crea que aniquilado el SME las dificultades y sobre todo el costo de la industria eléctrica quedarán resueltos y, otra, que realmente suceda así. Con ese o con cualquier otro sindicato las redes de transmisión obsoletas, el equipo en ocasiones antiquísimo, los diablitos de los vendedores ambulantes y las fatales variaciones de voltaje seguirán ocurriendo hasta que se ponga en marcha una auténtica renovación tecnológica y en la infraestructura, así como en las rutinas administrativas, del servicio de conducción eléctrica.

El gobierno considera que para cualquier modernización, era indispensable prescindir del sindicato. Pero no hay un diagnóstico serio que respalde esa postura.

Golpeado y vilipendiado, el SME y sus trabajadores son los grandes perdedores de este episodio. Pero han quedado tan maltratados que están convirtiéndose, de villanos, en víctimas. Dejar en la calle a 41 mil trabajadores no es cualquier cosa, aunque se les ofrezcan indemnizaciones atractivas. La misma insistencia en la presunta generosidad de esas liquidaciones, que son mayores a las que tendrían que recibir los electricistas si se cumplieran al pie de la letra sus derechos legales y contractuales, crean la imagen de un gobierno que, después del golpe, quiere comprar la resignación de los trabajadores.

Si los electricistas aceptan o no las liquidaciones, es asunto de cada uno de ellos. Pero esa operación, que va del garrotazo al billetazo, exacerba el disgusto de los segmentos en la sociedad que están preocupados con el despido multitudinario.

Solidificada su imagen a costa del SME, el presidente Calderón cosecha aplausos y no es improbable que se entusiasme con las primeras encuestas. Ya no se le aprecia débil, sino resuelto y temerario. Un perfil de esa índole tiene que ser nutrido con nuevas decisiones, porque cuando se le practica desde posiciones de poder el empuje no tiene límites. No son pocos quienes consideran, retadores o ilusos, que si va en serio, la siguiente escala en este resurgimiento de Calderón tendría que ser frente al SNTE. O contra otros monopolios.

Pero también es posible que ese denuedo modernizador tropiece con las dificultades de la renovación eléctrica y sobre todo con el amago de los poderes auténticamente monopólicos que no son tan lenguaraces, tan ramplones ni tan vulnerables como los dirigentes del SME.

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Los golpes de mano eran recursos de otros tiempos, del que hasta hace poco creíamos que era otro régimen. Cuando el presidente Felipe Calderón dispone la extinción de la Compañía de Luz, se equivoca en la forma y en el fondo. Lo hace en fin de semana, al amparo de la noche y cuando la sociedad estaba interesada en otros asuntos, en una acción que recuerda la represión de semana santa que emprendió Adolfo López Mateos contra los trabajadores ferrocarrileros en 1959.

El presidente Calderón quiere terminar con el Sindicato Mexicano de Electricistas, en una acción drástica y autoritaria como la que en enero de 1989 dispuso Carlos Salinas de Gortari contra el cacicazgo que había en el sindicato de los petroleros. Aquella, sin embargo, era una decisión de Estado para desplazar a un líder abusivo pero no tuvo el propósito de aniquilar al sindicato de Pemex. Al patriarcado de “La Quina”, Salinas no lo consideraba una amenaza para la industria petrolera. Y el gobierno en aquel tiempo no confundió los problemas de la empresa con los atropellos del sindicato.

La decisión que amparado en la nocturnidad y con un amenazante despliegue de fuerza pública emprendió Calderón en las últimas horas del sábado, parte de un prejuicio ideológico en torno al cual su gobierno ha articulado una vistosa colección de engañifas. A Calderón, a juzgar por su actuación, le parece que los sindicatos son prescindibles para el desarrollo de la sociedad e incluso considera que son un estorbo para el crecimiento de la economía.

Con esas anteojeras ideológicas, hizo del SME un adversario a modo. Las equivocaciones que cometió la dirección del sindicato, resultado tanto de la soberbia como del afán abusivo, el gobierno las convirtió  en pretexto para liquidar la Compañía de Luz.

No hay evidencias sólidas de que las insuficiencias en esa empresa sean del todo atribuibles al sindicato. Los problemas de esa empresa existen desde antes de la nacionalización de 1960, cuando la generación de energía eléctrica en el Valle de México se desarrollaba de manera dispar en comparación con la producción y conducción del fluido eléctrico en el resto del país. La integración racional, ordenada y planificada de toda la industria eléctrica del país, era una exigencia de los trabajadores de vocación democrática y fue intencionalmente demorada para impedir la existencia de un solo sindicato, que reuniera a los trabajadores del SME y a los electricistas del SUTERM, resultado de la fusión de 1972.

La Compañía de Luz le ha costado demasiado al país, es cierto. Anoche el presidente Calderón, en su mensaje en cadena nacional, se entusiasmaba comparando ese costo con el subsidio que reciben varias instituciones y programas sociales. Al país le interesa tener una empresa eléctrica eficiente y confiable. Pero los obstáculos para ello no radican tanto en el sindicato, como en indecisiones e insuficiencias en la política energética del gobierno federal.

Si el SME ha tenido prestaciones que pueden resultar formidables, o si sus trabajadores son demasiados en comparación con los que hubiera requerido la empresa, no se debe solamente a excesos de esa organización gremial. Los contratos colectivos sus suscritos por ambas partes y en este caso una de ellas atendía, en las revisiones bianuales,  a decisiones tomadas por el gobierno federal.

El gobierno nunca propuso, al menos de manera pública, un plan para que el sindicato y la empresa asumieran rutinas y medidas que hicieran más eficientes el desempeño de la Compañía de Luz. Mucho menos ha presentado a la sociedad mexicana su proyecto para unificar de una vez por todas a la industria eléctrica nacionalizada. Ante el desplante autoritario de este fin de semana, los temores por una privatización no son ocurrencias gratuitas.

Calderón insiste en que, ante la crisis internacional, es momento de unificar esfuerzos. Anoche habló de unidad de los mexicanos. Pero ¿cómo se puede construir la unidad a partir del despido, así sea con indemnizaciones presuntamente atractivas, de millares de trabajadores?

¿Qué cohesión pretende el gobierno cuando propicia la desaparición del SME sin advertir que los sindicatos han sido puntales en la organización de la sociedad mexicana?

¿Qué confianza puede suscitar la convocatoria a la unidad de un gobierno que con el pretexto de la eficiencia trata de aplastar a un sindicato combativo y deja pasar una y otra vez las arbitrariedades de dirigentes como la que domina en el sindicato de los profesores y a la que Calderón ha considerado aliada suya?

Las anteriores, por supuesto, no son preguntas porque están apuntaladas en las certezas que suscita el golpe de mano contra el SME. La decisión del presidente para liquidar a la Compañía de Luz y al sindicato es resultado de un diagnóstico inexperto, así como de reduccionistas prejuicios ideológicos que campean en el gobierno.

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El jueves próximo, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión realizará su encuentro anual con el presidente de la República. La reunión de los empresarios de un sector destacado de la economía y el titular del Ejecutivo Federal, no sería de especial relevancia. Pero en varias ocasiones durante los años recientes, los radiodifusores más prominentes en ese gremio han querido hacer de su semana anual un momento para presionar al gobierno –con declaraciones e incluso amagos retóricos a veces muy enfáticos– o conquistando medidas legales como hace siete años, cuando el presidente Fox expidió un decreto al contentillo de las televisoras para anular el 90% del tiempo fiscal del que hasta entonces disponía el Estado en los medios electrónicos.

La semana próxima se verá si, más allá de las frases de cortesía y los lugares comunes, el presidente Felipe Calderón está  dispuesto a emprender algunos cambios en la relación de su gobierno con los consorcios de televisión y radio como pareció sugerir su discurso del 2 de septiembre pasado, cuando incluyó a esos medios entre los sectores de las telecomunicaciones en los que es preciso, según dijo, que haya competencia y calidad.

También se verá en qué medida los partidos y sus legisladores están dispuestos a emprender una reforma seria en la legislación para los medios, o de qué tamaño es la subordinación que habrían resuelto ofrecerle a Televisa y Televisión Azteca. El viernes de la semana próxima por la mañana, según la agenda de la CIRT, los directivos de esa Cámara recibirán a los líderes de las fracciones parlamentarias tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República.

Hace apenas dos años, las relaciones entre el Congreso y los jeques de la radiodifusión eran notoriamente ásperas. En el otoño de 2007, las fracciones parlamentarias más importantes desataron la furia de los poderes mediáticos cuando aprobaron la reforma constitucional en materia electoral que, entre otras cosas, inhibía la contratación de propaganda política en la radio y la televisión. Un año antes, durante el proceso electoral de 2006, la influencia de los consorcios mediáticos en las decisiones políticas e institucionales había sido tan intensa que no solamente cobijaron y en ocasiones amplificaron las campañas de encono promovidas por los principales partidos políticos. Además, como podemos recordar, aquella temporada electoral fue aprovechada por los medios para impulsar, con afrentoso éxito, las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión que por su paternidad, por el cabildeo que las impulsó y los beneficiarios que tenían, pudieron ser calificadas como Ley Televisa.

Los rasgos más escabrosos de aquellas reformas fueron anulados por la Suprema Corte de Justicia en junio de 2007. En ese contexto de revisión crítica de los excesos del poder mediático, tres meses más tarde el Senado propuso y aprobó la creación de un nuevo régimen de comunicación electoral que tenía como eje la cancelación de las viejas prácticas de compra–venta de espacios en los medios electrónicos. El traslado de recursos públicos que por esa vía beneficiaba a los medios privados, no solamente encarecía las campañas políticas sino que llegó a propiciar formas de relación perversas entre los partidos y los consorcios comunicacionales.

Las quejas de las empresas mediáticas, preocupadas por el negocio que habían perdido y que en las campañas de 2006 ascendió a 2 mil millones de pesos pero sobre todo disgustadas porque sin la posibilidad de admitir y pautar la propaganda de los partidos se debilitaban sus capacidades de presión política, fueron ampliamente propagadas pero no convencieron a la sociedad mexicana.

En el transcurso de casi dos años, desde que la reforma constitucional fue  promulgada en noviembre de 2007, hemos asistido a infructuosos diálogos de sordos acerca de esas reglas. Las televisoras, estruendosas y en ocasiones calumniosas cuando desfiguran opiniones y trayectorias de quienes las cuestionan, se negaron a abrir espacios para la deliberación plural y abierta entre los puntos de vista que había sobre esa reforma.

Las nuevas reglas en materia de comunicación y elecciones han tenido su primera prueba en las recientes campañas políticas. Los partidos ya no dependen de la aquiescencia las corporaciones comunicacionales para colocar sus mensajes en tiempos preferentes, ni para obtener tarifas más bajas, porque ahora se difunden en tiempos estatales y en espacios gestionados por el IFE.

Sin embargo esas nuevas reglas han sido transgredidas de varias y en ocasiones desfachatadas modalidades. Por otra parte, las nuevas condiciones para la comunicación electoral no auspiciaron una competencia electoral más civilizada porque fueron utilizadas únicamente para incrementar los spots de los partidos hasta extremos de hartazgo para los televidentes y radioescuchas.

Tales exageraciones y distorsiones, no debieran empañar los rasgos esenciales de la reforma electoral: el uso de tiempo estatal para difundir contenidos de campañas y el impedimento a particulares y partidos para contratar espacios de propaganda política. Esos son los rasgos torales que es indispensable preservar y apuntalar, ajustando los hilos sueltos y las insuficiencias que ha confirmado este estreno de la reforma electoral.

El Congreso de la Unión tiene, en ese terreno, una responsabilidad que sus integrantes no han querido cumplir. Hay garantías y obligaciones establecidas en la reforma constitucional, como el derecho de réplica y la abolición de la propaganda personalizada que se financia con recursos públicos, que no se han puesto en práctica porque los diputados y los senadores no han aprobado sus leyes reglamentarias. Y se mantiene el enorme, ominoso y en varios sentidos costoso hueco jurídico y político que significa la inexistencia de una legislación integral, complementaria de la electoral, para la radiodifusión y las telecomunicaciones.

México necesita un régimen legal que atempere, pluralizándolo, el poder mediático, que estimule la competencia de opciones en el terreno de la comunicación como ha sucedido antes en el de la política, que garantice derechos de los ciudadanos frente a los medios, que promueva la existencia de auténticos medios públicos.

(La segunda mitad de este texto forma parte de la intervención que ofrecí a fines de agosto pasado, a nombre de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, en la apertura del Seminario “Democracia y Reglas del Juego” organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas e inaugurado por el Rector de la UNAM en el Palacio de Minería).

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