Sociedad y Poder

Este mes, tuve que pagar 989 pesos por la cuenta del teléfono celular. Ese pago subió algo más que de costumbre debido a las llamadas de larga distancia que hice en un viaje reciente. En casa, donde suelo trabajar y por eso el teléfono y la conexión a Internet que viene contratada junto con él me resultan indispensables, pagué 1926 pesos, IVA incluido. El servicio de televisión por cable me cuesta 869 pesos al mes. Además estoy suscrito a un paquete de mediano costo de la televisiónsatelital, gracias al cual puedo ver los partidos de futbol de la liga española, que cuesta 437 pesos.

En total, por esos cuatro servicios de telecomunicaciones este mes pagué 4221 pesos.

Si hoy existiera el impuesto del 4% a los servicios de esa índole que ha propuesto el gobierno federal y que escandaliza a personajes de adscripcionessignificativamente muy variadas, mi pago mensual no variaría de manera sustancial. El 4% por el teléfono celular que utilicé el mes pasado significaría un incremento de 34.48 pesos (calculados a partir del costo del servicio, antes delIVA que ya pago hoy en día). Los servicios telefónicos y de Internet que tengo en casa habrían costado 66.99 pesos más. La renta deCablevisión, aumentaría 30.23 pesos. La de Sky, 15.32 pesos.

En total, en vez de 4221 pesos este mes tendría que estar pagando 4368. Se trataría de un incremento de 147 pesos que desde luego preferiría gastar en otra cosa pero que no son de tales dimensiones que desmantelen mi presupuesto. Ese aumento fiscal tampoco me llevaría a prescindir de alguno de tales servicios. Además, si existiera una rendición de cuentas clara y oportuna acerca del uso que se da a nuestros impuestos,posiblemente me daría gusto saber que ese pequeño incremento fiscal es útil para respaldar la política social del Estado, en caso que ese fuera el destino que tuvieran aumentos como los que ahora se están discutiendo.

Sin embargo, el aumento de 4% a las tarifas de los servicios de telecomunicaciones ha sido presentado por muchos de sus críticos como un atentado al desarrollo de la telefonía, la televisión e incluso al derecho de información de losmexicanos. Hay quien ha anticipado que ese aumento fiscal será el camino para “ Matar el Internet”.

Algunas de las coaliciones empresariales relacionadas con ese ramo, han exclamado “No al impuesto a la comunicación” en un documento que considera ese gravamen como una “medida regresiva”. Entre otros problemas, esas organizaciones sostienen que el 4% de incremento fiscal “encarece la competitividad”, “retrasa la modernización tecnológica”, “amplía la brecha digital”, “desincentiva la inversión de nuevos oferentes (sic) del servicio en el país” y “complica la capacidad para generar y conservar los empleos”. Hay, incluso, quienes consideran que el nuevo impuesto provocaría un incremento de precios de los servicios de telecomunicaciones.

Detrás de todo ese bullicio hay mucha ideología, poca reflexión y escasos números. Cualquier aumento de impuestos significa una carga para quienes lo tienen que sufragar. En este caso, se trataría de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones. Las empresas de telefonía, los proveedores de Internet o las compañías que conducen señales de televisión, no tendrían que pagar ese impuesto. Así que no hay asidero a suposiciones como las que señalan que los precios se elevarían, o que aumentaría el desempleo en el sector de las telecomunicaciones.

Desde luego, si algunas de esas empresas aprovechan la ocasión para aumentar sus precios con pretexto del incremento fiscal, entonces sí estaríamos ante una escalada de costos con perjuicios quizá impredecibles.

Resulta bastante peregrino preocuparse por la competitividad o por la brecha digital, porque las limitaciones en ese campo no se deben a las cargas fiscales sino al mantenimiento de preferencias monopólicas y a la ausencia de auténticos proyectos nacionales para desarrollar la telefonía, Internet o la cobertura de la televisión de paga. En esos tres servicios, como hemos subrayado en otras ocasiones, los mexicanos padecemos cuotas extraordinariamente altas en comparación con las que hay en otros países.

Si los ciudadanos y organizaciones que hoy se alarman ante el posible impuesto del 4% estuvieran preocupados por la cobertura de las telecomunicaciones en la sociedadmexicana , podrían interesarse en exigir una estructura de precios menos onerosa para los usuarios, un servicio de mejor calidad y sobre todo una competencia auténtica. La telefonía en México y desde hace poco la posibilidad de conectarse a Internet, se encuentran fundamentalmente acaparadas porTelmex. Hay que reconocer que sin la empresa de Carlos Slim varios millones de mexicanos carecerían de acceso a la Red de redes, porque el gobierno federal desde hace al menos una década se ha rehusado a promover la diversificación de ese servicio. Pero la Internet que tenemos es de velocidades muy bajas y de precios muy altos en comparación con los que hay en otras naciones.

La televisión de paga, por otra parte, se encuentra copada por empresas propiedad de Televisa o afines a ella. En el transcurso de los meses recientes, las firmas que manejan la mayor parte de los contratos de televisión por cable han sido adquiridas por Televisa. Y, como es sabido, ese consorcio monopolizó el mercado de la televisiónsatelital hasta que, muy recientemente, comenzó a funcionar el sistema Dish de la empresa Multivisión.

Apoyar el mejoramiento de las telecomunicaciones, significaría respaldar una diversidad auténtica, con actores capaces de ofrecer servicios competitivos y políticas de Estado para abatir la renta de esos servicios. Si yo viviera en algún país europeo, por ejemplo, los servicios de telefonía celular, residencial, Internet y televisión por los que ahora pago más de 4200 pesos al mes, me costarían menos de la cuarta o la quinta parte.

Me gustaría escuchar a quienes ahora se inquietan por el impuesto del 4%, levantar la voz contra las altas tarifas que padecemos los usuarios de los servicios de telecomunicaciones en México. Allí, y no en la propuesta fiscal, se encuentran los problemas de ese sector.

El frente contra el impuesto a las telecomunicaciones ha sido respaldado con recursos amplios, como los que financiaron el desplegado que apareció en varios periódicos el martes 15 de septiembre. No es de extrañar que esas voces, que comparten un discurso, intereses y una perspectiva ideológica proclive al control de las corporaciones privadas sobre la economía, compartan dicha campaña. Un despacho de la agencia Bloomberg explicaba la semana pasada que el cabildeo contra el impuesto ha sido promovido por firmas como la corporación NII Holdings, operadora de Nextel en América Latina.

Pero llama o debiera llamar la atención el rechazo al 4% que proviene de sectores identificados con las izquierdas. La semana pasada, cinco senadores del Partido de la Revolución Democrática propusieron un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados rechace ese impuesto. Los senadores perredistas hacen suyas, una por una, las consideraciones de las empresas telefónicas, así como de los proveedores de televisión de paga.

No sé si las corporaciones telefónicas y televisivas que hoy claman contra el impuesto esperaban encontrar una adhesión tan incondicional ysorpresiva como la que les brindan esos senadores del PRD. Tampoco sé si esos legisladores entienden con qué intereses juegan cuando avalan de manera tan enfática las exigencias de tales consorcios. Lo que sí sé es que en otros sitios del mundo las izquierdas suelen favorecer los aumentos fiscales para respaldar la política social del Estado. Aquí, como en tantas otras cosas, marchamos al revés.

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El PAN y el PRI coincidieron ayer en el Senado para aprobar la designación de Arturo Chávez Chávez como Procurador General de la República. El desempeño ineficaz que tuvo como Procurador en Chihuahua cuando, a fines de la década pasada, aumentaron los homicidios contra mujeres particularmente en Ciudad Juárez, desató una oleada de inconformidades que no convencieron, ni conmovieron, a la mayoría senatorial que ratificó ayer el nombramiento realizado por el presidente Felipe Calderón.

Los senadores de Acción Nacional aprobaron esa designación en respaldo al presidente Calderón y en un ejercicio previsible de disciplina partidaria. Expresados por Alejandro Zapata, los argumentos de quienes representaron a ese partido en la discusión en Xicoténcatl fueron escasos y pobres. Insistieron en que Chávez cumple con los requisitos formales que se exigen para ese cargo. Menospreciaron las críticas que han sido presentadas acerca de su gestión en Chihuahua. Buscaron que la sesión fuera de trámite.

No ocurrió así gracias a la insistencia de los senadores del PRD, especialmente de Pablo Gómez Álvarez, para que el Senado tomara en cuenta no solamente los señalamientos acerca del paso de Chávez Chávez por la procuración de justicia en Chihuahua sino, además, sobre la responsabilidad que tiene el Senado en la designación del titular de la PGR.

La Constitución Política establece (artículo 102) que el Procurador General de la República será “designado por el Titular del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado” o, si se encuentra en receso, de la Comisión Permanente del Congreso. A diferencia de otros funcionarios cuyo encargo es resultado de la decisión del presidente, el consejero jurídico del gobierno tiene que ser avalado por la Cámara de Senadores.

Esa facultad, implica que el Senado comparte con el presidente de la República la designación del Procurador. Así lo amerita la importancia que tiene la impartición de justicia. Por eso, la persona que es designada para encabezar a la PGR se somete al interrogatorio que le hagan los senadores quienes, luego, toman una decisión al respecto.

Eso es lo que ocurrió ayer en la sede senatorial. Sin embargo, al justificar el voto de su partido en respaldo a la propuesta del presidente Calderón el senador priista Jesús Murillo Karam explicó: “Vamos a votar a favor porque vamos a dejar la responsabilidad penal en manos del ejecutivo”.

Ese fue el subterfugio de los senadores del PRI para tratar de justificar su aprobación a la propuesta del presidente Calderón. Si se tratara de conferirle el Ejecutivo toda la responsabilidad de una designación, los legisladores simplemente podrían abstenerse en la votación que deben efectuar. Pero si esa votación existe es, precisamente, porque el Senado tiene una participación de calidad en el nombramiento del Procurador General. Los legisladores revisan que el funcionario designado por el presidente cumpla los requisitos de ley, pero su tarea apenas comienza allí. El examen de cualidades y limitaciones del aspirante, tiene que incorporar una evaluación del área de la que se ha propuesto quede a cargo. Y esa es una decisión que, quiéranlo o no, compromete a los senadores.

Pablo Gómez tuvo razón cuando, al entrar en un desafiante diálogo con Murillo, le replicó: si se trata de que la responsabilidad por la designación del Procurador sea únicamente del presidente, entonces ¿para qué hay ratificación senatorial?

Los senadores del PRI no pudieron resolver esa contradicción. Al presentar un argumento desmañado y –literalmente– irresponsable para respaldar su voto a favor de Chávez Chávez, se comprometieron con él aunque lo hicieran de la peor manera. Decir que respaldan la propuesta del presidente como una manera de dejarlo solo en la administración de justicia, termina siendo descortés pero, además, contradictorio con el afán para que el Congreso asuma un papel cada vez más intenso en la conducción de los asuntos nacionales.

Ahora que se discuten opciones para una nueva reforma política entre las que podría estar la participación del Poder Legislativo en la aprobación del gabinete presidencial, la postura que ayer presentaron los senadores priistas es negligente y comodina. No saben construir alianzas con argumentos, sino únicamente a partir de conveniencias o rechazos coyunturales. Ese intencional descuido permitió que ayer fuera confirmado como Procurador General un funcionario de trayectoria y actitudes antagónicas a los intereses de un sector de los ciudadanos a cuyo servicio, presuntamente, deberá estar.

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Hace tres años, el joven priista Alan Cristián Vargas Sánchez formaba parte de la organización “Rompiendo paredes” que se oponía a la entonces presidenta de la Fundación Colosio, Beatriz Paredes. Ahora es diputado local por el PRI en el Distrito Federal y acaba de ganar una indeseable pero significativa celebridad al saberse que, como no le habían entregado las llaves para entrar a sus nuevas oficinas, agarró una escalera metálica y rompió un ventanal en las instalaciones de la Asamblea Legislativa.

Así nomás, por sus pistolas, porque se enojó y porque tiene fuero, Vargas Sánchez puso en práctica el lema del grupo en el cual participaba en septiembre de 2006. Lo hizo de manera literalmente estruendosa, e igual de llamativa ha sido la justificación que pretende esgrimir ante ese comportamiento.

Ayer, entrevistado por la periodista Denise Maerker en “Atando cabos” de Radio Fórmula, el nuevo diputado local negó que se esté aprovechando del fuero:  “No Denise, yo soy un simple ciudadano que pidió el voto y que lo único que quiere es que la Comisión de Gobierno sea respetuosa con todos los diputados”.

El diputado priista se refiere al órgano de gobierno de la Asamblea Legislativa que, a su juicio, le regateó durante varios días las llaves de su nuevo despacho. En respuesta a quienes consideran que ese retraso, aunque hubiera ocurrido, no disculpa la acción que cometió con ostensible violencia, Vargas insiste: “No justifica nada. Pero no quieren entregar las cosas. Quieren con un acto represor la mayoría perredista hacer y deshacer a nuestra asamblea legislativa”.

La sintaxis no es el fuerte del diputado Vargas Sánchez. La urbanidad tampoco. La demora de los directivos de la Asamblea para darle acceso a las oficinas le parece un acto de represión. Y ante su exabrupto, considera que hay conductas más graves. Los miembros del PRD, explica, “hicieron peor, quemaron camiones de ruta 100, se golpearon con granaderos… no podemos decir que ellos son una blancas palomas y que el malo del cuento soy yo”.

Encontrar en las conductas ajenas disculpas a las fallas propias, es una práctica infantil y, en ciudadanos con responsabilidades públicas, representa una notoria incapacidad para hacerse responsable de sus actos. Qué sencilla y qué nociva la lógica que pretende esgrimir el diputado Cristian Vargas: como hay quienes hacen cosas peores, puedo destruir parte de una oficina pública. Qué tanto es tantito.

Y si bien hay personajes del PRD y de las supuestas izquierdas desarrolladas al cobijo de ese partido que se han habituado a una indefendible incivilidad –allí está, ahora también con fuero y tribuna legislativa, ese paradigma del porrismo obradorista que es Gerardo Fernández Noroña– Vargas Sánchez y algunos de sus correligionarios se pintan solos en este asunto de las grescas con coartada política.

El 11 de septiembre de 2006, Cristian Vargas y varios de sus compañeros de causa entraron a la fuerza a las oficinas de la Fundación Colosio. Al hacerlo, golpearon al empleado de esa institución Miguel Ángel Acosta Ríos. El PRI del DF levantó una averiguación previa por aquella agresión.

Para entonces, a Vargas Sánchez ya se le conocía por bravucón. A comienzos de 2002, cuando Beatriz Paredes y Roberto Madrazo disputaban la dirigencia del PRI, Vargas aún no cumplía la mayoría de edad pero ya era reventador de reuniones políticas. El 30 de enero de 2002, la reportera Claudia Guerrero, del diario Reforma, reseñó así la participación de ese personaje en una reunión de jóvenes priistas:

“Eran pasadas las 14:00 horas cuando el madracista Cristian Vargas abrió fuego para defender a su candidato.

“Parado sobre una de las butacas del auditorio Heriberto Jara, en la sede del PRI, el joven de 17 años abrió sus simpatías en la lucha interna sin importar la imagen que quedara de sus ‘gallos’.

“Dejando de lado el protocolo que obliga a las fórmulas a dirigirse con respeto a sus contrincantes, el integrante del Frente Juvenil Revolucionario (FJR), Cristian Vargas, habló de séquitos, de corrupción y hasta de un Roberto Madrazo al que acusan de tener ‘cola que le pisen’.

“En su primer disparo, calificó como ‘nefastas’ a ‘todas las personas que trae atrás’ la candidata Beatriz Paredes.

“Ante la mirada incrédula de los del presídium, Cristian se envalentonó más y casi a gritos soltó: ‘critican a la maestra por corrupta en el Sindicato y dicen que Beatriz Paredes tiene mucho cerebro, pero no tiene las agallas de Elba Esther, que tiene más huevos aunque traiga falda’.

“La lideresa magisterial sonreía, agachaba la cabeza y se colocaba las manos en la frente”. (Reforma, 30 de enero de 2002).

Esos méritos, pero sobre todo su cercanía con una de las mafias que acapara la explotación de la basura en la ciudad de México, encabezada por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, le permitieron a Vargas Sánchez llegar a diputado local. El tráfico de influencias, el clientelismo y la prepotencia, han sido parte de la escuela en la que se formó.

Por eso no fue extraño que, cuando encontró cerrada la puerta de su oficina, arremetiera a golpes contra ella. Tampoco resulta sorprendente que se rehúse a disculparse. Para algo, qué caray, es diputado. Tanto escándalo por una ventana.

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Algo tiene que significar la reunión, ayer domingo, de más de un millón de personas en la Plaza de la Revolución de La Habana. No fueron a escuchar una larguísima perorata autocomplaciente e ideologizada como las que tantas veces han ocupado la atención de los cubanos en ese mismo sitio. Se trataba de un concierto de música, convocado en nombre de la paz y que desde semanas antes concitó una exasperada polémica.

La iniciativa del músico colombiano Juanes para llevar a La Habana otro de los conciertos que ha organizado con la misma divisa, suscitó deslindes y cuestionamientos de buena parte del exilio cubano. En Miami, se alzaron voces con influencia suficiente para disuadir a varios artistas hispanoamericanos que inicialmente dijeron que acudirían a La Habana. Sus opositores, consideraron que el concierto legitimaría a la dictadura que los hermanos Castro ejercen en Cuba.

Sin embargo la concentración de centenares de miles de jóvenes cubanos para escuchar, corear y aplaudir música, difícilmente podría entenderse como una forma de respaldo a la dictadura castrista. El arte, el baile, el gozo y el reconocimiento colectivos que se suscitan en eventos como el de ayer, tendrían que ser antagónicos a cualquier fundamentalismo político.

Las letras, entonaciones e intenciones que ayer se oyeron en La Habana admitirán diversas opiniones. Pero era imposible no encontrar alusiones por lo menos irónicas o involuntarias a la cerrazón política que se vive en Cuba, cuando el español Luis Eduardo Aute interpretó “Rosas en el mar”, que puso de moda la cantante Massiel a fines de los años sesenta (“la escribí apenas hace seis horas”, bromeó como si quisiera subrayar la actualidad de esa arenga a la libertad). O cuando Silvio Rodríguez, tan entrañable para varias generaciones como complaciente con el régimen cubano, interpretó su conmovedora “Ojalá” en donde aparece la críptica frase que alude “a tu viejo gobierno de difuntos y flores”.

Juanes mismo, después de la intensa ovación con que le agradecieron la organización del concierto, les dedicó “a ustedes, a todos los jóvenes cubanos” su conocida “A dios le pido” en donde entre otras solicitudes se escucha “que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente…”

Otra de las interpretaciones de Juanes fue “Alas de libertad”, que dedicó a los colombianos que permanecen secuestrados en la selva de su país, así como “a todos aquellos que están privados de su libertad”. Más tarde les diría a los asistentes al concierto: “Vencimos el miedo para estar aquí con ustedes esta tarde y esperamos que ustedes también lo puedan vencer”. Miguel Bosé anunció poco después que había un millón 150 mil personas en la Plaza de la Revolución.

Pero muchas más lo siguieron en toda Iberoamérica. Fenómeno político, también lo fue en el plano mediático. El concierto de ayer en La Habana fue transmitido en sus sitios en Internet tanto por la estadounidense Univisión, que es la principal cadena en español en Estados Unidos, como por la aguerrida Telesur. La televisora más cercana al exilio cubano en Miami y la televisora financiada por el dinero que administra Hugo Chávez, coincidieron en reconocer la importancia del concierto y lo difundieron compartiendo la misma señal. Otros sitios en Internet se sumaron a esa inaudita labor de divulgación. En México, aunque interrumpido por cortes informativos y comerciales, parte del concierto fue transmitido por el canal del grupo Milenio.

La retroalimentación en línea fue tan intensa como la polémica previa al concierto. Irene Muñoz, del equipo de eje central, mantuvo una constante información desde La Habana en su espacio en Twitter.

En el sitio de blogs de Univisión, no parecía sorpresivo que aparecieran mensajes críticos a Juanes y al concierto. Pero fueron mayoritarias opiniones de reconocimiento como ésta, de Lucía, que se identifica como colombiana avecindada en Easton, Pennsylvania: “Nunca antes visto en CUBA!!! Cómo les quedo el ojo a los pesimistas; inclusive a los mismos Cubanos que trabajan en los medios de comunicación no se atrevían a dar su opinión personal y algunos creían que iban a sabotear el concierto y que Raúl Castro se iba a presentar en el concierto… Este concierto es un granito de arena para ir cambiando…”

Con ese punto de vista coincidía una joven cubana que vive en Miami: “Yo soy cubana y pienso que es increíble que existan personas como Juanes que hace todo con buenas intenciones. Todos los que hablan sin saber piensen que en Cuba hace años no existe un concierto, esto no tiene nada que ver con política, eso (es) llevarle un poquito de alegría a los inocentes que están allá y están pagando las crueldades sin tener culpa. No saben lo que es pasar hambre ganas de comer algo y no tenerlo es duro y triste saber la pobreza que hay en Cuba. Juanes te deseo lo mejor y sigue así que una persona que defiende lo que quiere llegará muy lejos”.

“El concierto blanco de Juanes sirvió de catarsis colectiva a cientos de miles de cubanos ansiosos de buen arte”, escribe Mauricio Vicent en El País de hoy lunes. Si tan sólo eso logró, el esfuerzo de Juanes y sus colaboradores habrá merecido la pena. Pero catarsis como esas, experimentadas en el fragor de la muchedumbre, a veces causan adicción. El gusto por la acción colectiva suele ser progresivo y contagioso. Y difícilmente hay dictadura que soporte esa gana de cantar, decir, querer y actuar en libertad.

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La radio y la televisión hicieron una cobertura exigua de las campañas políticas durante la más reciente temporada electoral. Desplazadas por la discusión en torno a los spots que colmaban los tiempos estatales en los medios electrónicos, las noticias acerca de las actividades proselitistas de los partidos pasaron a segundo plano. Ese relegamiento no se debió necesariamente a la ausencia de interés periodístico de las informaciones que surgían de los actos de campaña sino, al menos en casos notorios, a una política informativa destinada a minimizar la cobertura de los eventos partidarios.

Algunos noticieros de la televisión nacional destinaron únicamente 3 o 4 minutos a esas informaciones en el transcurso de los dos meses de duración que tuvieron ahora las campañas electorales. Los noticieros que transmiten de lunes a viernes pudieron difundirse en 43 ocasiones durante el periodo de campañas, del 3 de mayo al 1 de julio. Algunos de ellos transmitieron, en promedio, menos de 5 segundos diarios de noticias electorales. En otros, particularmente en la radio, hubo más de 10 minutos diarios de noticias electorales.

Esas son algunas apreciaciones que se pueden hacer a partir del Monitoreo de noticieros que hizo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM por encargo del Instituto Federal Electoral. Los resultados del Monitoreo, publicados por el IFE en su sitio en Internet, muestran la cantidad de minutos y segundos que ocuparon las informaciones electorales de cada partido durante el mencionado lapso. Con esa información, calculamos el total de minutos de una decena de noticieros de televisión y una veintena de radio, originados en la ciudad de México.

En la radio matutina todos los noticieros analizados, excepto tres, le dieron más tiempo a las campañas del PAN que a otros partidos. La diferencia más notoria estuvo en el noticiero que conduce Eduardo Ruiz Healy en Radio Fórmula, con casi 40% de su espacio para noticias de esa índole destinado al partido en el gobierno.

Los noticieros más priistas, si se les evalúa por el espacio a cada partido, fueron los de Pedro Ferriz de Con en el Grupo Imagen (33.6%) y Óscar Mario Beteta en Radio Fórmula (22.4%). Pulso de Radio Educación, que conduce Hilda Saray, destinó el 22.4% a notas sobre el PRD.

De todos los programas considerados en esta evaluación Antena Radio, que conduce Mario Campos en el IMER, fue el que más tiempo destinó a la cobertura de campañas con un total de 584 minutos. Allí, la asignación de tiempos a los partidos fue notoriamente equilibrada.

El más favorable al Partido Verde fue el noticiero de Carmen Aristegui en MVS Radio, en donde ese partido ocupó 118 de los 361 minutos dedicados a campañas políticas, el 32.7% de dicho espacio.

En los noticieros de media tarde, Fórmula de la Tarde conducido por Ciro Gómez Leyva dedicó 40.7% de esos espacios al PAN, en tanto que Joaquín López Dóriga, también en Radio Fórmula, destinó 33.7% al mismo partido.

En noticieros seleccionados y que se difunden a partir de las 6 de la tarde, las preferencias fueron más variadas. José Cárdenas Informa, en Radio Fórmula, le dio el 42.5% de su espacio a las noticias del PAN y solo 13% al PRD. La tercera emisión de Hoy por Hoy en W Radio, con Salvador Camarena, asignó al PRD casi el 39% de tales informaciones.

Todos estos datos han sido calculados a partir de la información del IFE. Colocada en línea desde mediados de julio, esa información no había sido desmentida por ninguna empresa de comunicación.

De los noticieros de televisión que elegimos para este cotejo, el más interesado en las campañas fue Primero Noticias, que conduce Carlos Loret de Mola por las mañanas en el canal 2 de Televisa. Ese programa les dio a las informaciones electorales 102 minutos; de ellos, algo menos del 31% fue para el PAN y una cantidad casi idéntica para el PRI. El noticiero matutino de Canal Once le dio más espacio al PAN (26.9%) que al PRI (22.6%).

Por las tardes, la televisión ignoró las campañas. Info7, de Televisión Azteca, se interesó en las notas sobre ese tema únicamente durante 3 minutos. El Noticiero con Lolita Ayala, en canal 2, destinó 4 minutos a ese asunto durante los dos meses de campañas. Dos de esos minutos fueron para el PRI, pero tratándose de universos tan limitados los porcentajes pueden ser escasamente significativos.

Por las noches, los noticieros de televisión ofrecieron algún contraste. Casi el 30% de las informaciones en el espacio de Joaquín López Dóriga en el canal 2 fueron para el PRD y el 23% para el PRI. Menos del 21% del espacio de esa índole en el noticiero emblemático de Televisa reseñó la información de las campañas panistas.

En cambio las notas en Hechos, que conduce Javier Alatorre en canal 13, fueron en un 27% para el PAN y solamente en 16.8% para el PRI. Las Noticias con Adela, de Adela Micha en el canal 9 de Televisa, destinó al PRD el 39.9% de sus espacios de campañas, al PAN 38.4% y al PRI únicamente 14.1%.

Este texto forma parte de un artículo más amplio publicado en la revista Zócalo del mes de septiembre.

Para salir en serio de la crisis necesitamos decisión política, diagnósticos autocríticos, e imaginación intelectual. Esos son atributos que no abundan en las interpretaciones de la situación económica mexicana que han surgido del poder político o del poder empresarial y financiero. En ese campo no debiera haber fundamentalismos, ni modelos absolutos. Por eso ha sido muy saludable –en todos los sentidos del término–  la presentación del documento que una docena y media de especialistas, convocados por la Universidad Nacional, denominaron “México frente a la crisis. Hacia un nuevo curso de desarrollo”.

Allí, luego de una radiografía drástica por realista de la situación económica del país, se propone la creación de un nuevo régimen fiscal que contemple gravar más a los que tienen más, la universalización de los servicios de salud y seguridad social, el establecimiento de un seguro de desempleo y que la banca funcione para propiciar el desarrollo.

La crisis global alertó y luego conmovió a las economías de todo el mundo, pero las respuestas han sido diferentes. En México, apunta ese documento: “La crisis ha hecho más evidentes las severas deficiencias de la estrategia de desarrollo impulsada a partir del cambio estructural de los años ochenta. En primer término destaca la vulnerabilidad externa. En segundo lugar la política monetaria exacerba la volatilidad del tipo de cambio y la fiscal no tiene margen para instrumentar políticas anticíclicas. Un tercer aspecto es la inexistencia de una adecuada red de protección social. A estos elementos hay que añadir la elevada dependencia fiscal de los recursos petroleros, la migración y la informalidad como válvulas de escape del mercado laboral y la elevada dependencia del flujo de remesas de ciertos sectores y/o regiones del país”.

La crisis mundial nos agarró parcialmente desprotegidos, y si no se toman medidas ambiciosas y rápidas no sólo tardaremos más de lo que se piensa en salir del actual escollo. Peor aún, las capacidades productivas del país quedarán todavía más erosionadas. “La falta de políticas de fomento –se dice allí– ayuda a explicar la debilidad de la demanda interna y la pérdida de dinamismo del mercado nacional. Uno de los principales problemas del cambio estructural iniciado en México en los años ochenta, es que la inversión privada no ha podido compensar, ni cualitativa ni cuantitativamente, la caída en la inversión pública, circunstancia que ha afectado la capacidad de crecimiento de la economía mexicana”.

Esos son algunos de los señalamientos que hacen los integrantes de un taller que se reunió durante varios meses, auspiciado por el rector de la UNAM, José Narro Robles. El grupo que sostuvo tales discusiones está conformado por Eugenio Anguiano Roch, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Rolando Cordera Campos, Saúl Escobar Toledo, Gerardo Esquivel Hernández, Carlos Heredia Zubieta, David Ibarra Muñoz, Leonardo Lomelí Vanegas, Prudencio López Martínez, Ciro Murayama Rendón, Jorge Eduardo Navarrete López, Norma Samaniego Breach, Jesús Silva Herzog Flores, Francisco Suárez Dávila, Carlos Tello Macías y Enrique del Val Blanco.

Entre esos especialistas figuran destacados ex funcionarios públicos que han sido responsables de las principales instituciones y dependencias a cargo de la política económica del país. También hay profesores universitarios singularizados por su compromiso con el examen de la situación nacional, así como personajes políticos que han formado filas en diferentes partidos.

Una de las áreas en la que más énfasis invierte el examen que presenta ese grupo, conformado la mayor parte por economistas, es la situación fiscal del país: “La necesidad de incrementar los ingresos tributarios de México debe ser el eje de la transformación social, de la articulación de un nuevo pacto social que combine ampliación del bienestar para el conjunto de la población priorizando la condición de las grandes mayorías desfavorecidas, ampliación de las capacidades productivas de la economía y fortalecimiento de la convivencia armónica en el marco de la democracia participativa y el Estado de derecho”.

Recabar más y distribuir mejor, es uno de los ejes para una recuperación con sentido social. Pero además el Estado debe utilizar con inteligencia los instrumentos de los que dispone para reorientar a la economía. La política monetaria, consideran los autores del multicitado texto, “desde hace varias décadas ha estado subordinada al único objetivo de procurar la estabilidad de precios sin considerar sus efectos negativos en el crecimiento. Amparado en una interpretación extremadamente rigorista de su autonomía, el Banco de México decidió al principio de la crisis que el riesgo de la inflación seguía latente y ha tomado acciones claramente insuficientes para estimular el crecimiento. De ahí la importancia de discutir la pertinencia de una reforma que establezca un mandato dual para el Banco de México, que lo obligue a considerar objetivos de crecimiento y empleo y no solamente de inflación en la determinación de la política monetaria”.

Un Banco de México con prioridades distintas a las que hasta ahora lo han definido, una industria manufacturera que vive la peor crisis de su historia, una infraestructura que ha crecido de manera desordenada e insuficiente, han tenido como consecuencia desempleo, educación precaria, políticas sociales demasiado retraídas.

La fuerza de trabajo nacional, que sigue constituyendo un recurso formidable (con 68 por ciento de la población entre los 14 y 64 años) no solamente no es aprovechada sino que se está convirtiendo en nueva fuente de exigencias. En el transcurso de 2009 se han perdido más de 600 mil empleos. “La crisis está siendo para el mundo entero, y para México en particular, la crisis del empleo”, se subraya.

Los jóvenes están siendo los damnificados más sensibles ante ese panorama. El desencanto que experimentan, “no solamente tiene que ver con el desempeño económico del país, sino con el ámbito de la política y con una crisis de confianza en las instituciones”, se dice con preocupación.

Ese es el panorama que, de acuerdo con los autores mencionados, tiene al país rezagado y vulnerable. Las propuestas para enfrentar esa situación no son recientes, aunque sí requerirían de una renovada convicción para traducirse en políticas públicas para la recuperación de la economía.

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Paliar la crisis, requiere de ideas y decisión. Las primeras, pueden encontrarse en documentos como el que elaboró un grupo de especialistas convocados por la Rectoría de la UNAM y cuyo diagnóstico sintetizamos en esta columna el lunes pasado. La capacidad para poner en práctica iniciativas como las que allí se esbozan, requiere de una voluntad compartida por fuerzas políticas y sociales muy variadas. La disposición del presidente Felipe Calderón, anunciada el 2 de septiembre, para resolver el estancamiento nacional en diez áreas de la economía, la sociedad y la política, tiene puntos de encuentro con el documento “México frente a la crisis. Hacia un nuevo curso de desarrollo”.

Si desde las cúpulas gubernamentales donde se han expresado elogios a la autocrítica y el talante propositivo del presidente Calderón hubiera ánimo receptivo para atender y entender la reflexión de los autores del mencionado documento, podrían construirse puentes a partir de ideas que serían útiles en la definición de acuerdos para la rehabilitación económica y social del país.

Una de las propuestas de los especialistas reunidos por la Universidad Nacional, es la creación de un Consejo Económico y Social cuya opinión sea atendida de manera obligatoria tanto por el Poder Legislativo como en la ejecución de las políticas públicas.

La reforma fiscal es reconocida como la más urgente y podría dar paso a iniciativas de auténtico dividendo social. Esa reforma tendría que incluir la decisión para que las utilidades de Petróleos Mexicanos se reinviertan en esa industria y solamente “en un segundo término en inversiones productivas, sociales y de infraestructura”.

Esa reforma fiscal tendría que buscar recursos de manera urgente y no habría de circunscribirse a cambios en un solo impuesto. “El ISR no debe ser sustituido, sino acentuarse su carácter progresivo e integral; ampliar los tramos de ingreso y elevar las tasas sobre los niveles existentes”. Los autores de la propuesta que glosamos aquí consideran que no es el momento adecuado para incrementar el IVA aunque sí para terminar con casos especiales relacionados con ese impuesto.

Sobre todo, se apunta allí, “una reforma fiscal integral debe examinar la oportunidad de introducir gravámenes a las ganancias de capital, establecer un impuesto patrimonial y gravar las transacciones financieras”.

El análisis difundido por la UNAM no hace explícitas las tasas que resultarían pertinentes para el Impuesto Sobre la Renta, ni los niveles a partir de los cuales tendría que ser más alto para que paguen más quienes más dinero tienen o reciben. Esa ausencia ofrece márgenes para la discusión, pero también constituye una omisión que aleja al documento del debate actual sobre los cambios específicos para reactivar la economía mexicana.

La contraparte de las políticas tributarias se encuentra, desde luego, en un ejercicio distinto del gasto público. A ese respecto, se proponen medidas como las siguientes: aumentar transparencia y reducir discrecionalidad del gasto, incrementar la inversión para infraestructura y “programas sociales de alto impacto, en especial salud, educación y ciencia y tecnología”, fortalecer las atribuciones del Poder Legislativo para auditar el gasto público, moderar sueldos de funcionarios públicos, “eliminar secretarías de Estado y programas redundantes” tanto en el gobierno federal como en otras áreas y niveles del Estado mexicano.

También se considera: “Debe reducirse de manera sustancial la contratación de tiempos y espacios de publicidad por parte de las diferentes instancias del sector público en los medios de comunicación”. Sin duda se trata de una sugerencia atendible. El gasto para la promoción de los funcionarios públicos no solamente está prohibido por la reforma constitucional de hace casi dos años sino, además, es una fuente de agravios cotidianos para los mexicanos más desprotegidos en materia de política social. Sin embargo, en ese tema los autores del documento se quedan cortos. ¿Por qué no pensar, si se trata de cambios en serio, en cancelar todo el gasto de cualquier instancia del Estado para la contratación de espacios y tiempos de propaganda oficial?

Algunas de esas medidas, como se sabe, fueron anunciadas por el presidente Calderón de manera casi simultánea a la presentación, la semana pasada, del documento de los especialistas reunidos en la UNAM. Tales coincidencias ratifican la necesidad de que haya disposiciones no solamente simbólicas sino con efectos prácticos, e inmediatos, en las condiciones de vida de los mexicanos. Hacia allá apuntan otras propuestas del señalado documento.

La banca debería estar al servicio del desarrollo y no de la acumulación financiera en manos privadas. El Banco de México podría estar sujeto a un mandato “que lo obligue a considerar objetivos de crecimiento y empleo, y no solamente de inflación en la determinación de la política monetaria”.

Los autores de esa ambiciosa propuesta consideran que la nación debe recuperar “el control del sistema financiero para que responda a los objetivos del desarrollo nacional, así como fomentar la expansión de la banca mexicana”. Y hacen una denuncia, o un recordatorio, que tendría que ser imposible de soslayar: “debe atenderse la situación actual de Banamex que se encuentra en una situación de ilegalidad porque un gobierno extranjero es dueño de parte de sus acciones ordinarias”.

Una banca comercial dispuesta a otorgar crédito oportuno, suficiente y con intereses decorosos; los recursos de Afores y Sofoles canalizados a la inversión productiva; una banca de desarrollo en donde Nacional Financiera apuntale el crecimiento industrial, Financiera Rural en el campo, Banobras la infraestructura, Bancomext el comercio exterior y Federal Hipotecaria la vivienda, son elementos de esa propuesta para el sistema financiero.

También son puntuales los señalamientos en el campo de la política social. El documento en cuya elaboración participaron economistas como Carlos Tello Macías, Rolando Cordera, Jesús Silva Herzog y Ciro Murayama, considera que se debe y se puede crear un “sistema de seguridad social integrado, con un servicio único en salud”. Y explican: “La universalización de la salud y la seguridad social es una de las grandes reformas estructurales fundamentales para un nuevo curso de desarrollo económico con equidad”.

La propuesta para emprender una amplia reforma educativa y la creación de un seguro de desempleo, forman parte de los ejes para esa transformación profunda y posible de las políticas sociales. Se trataría de “un seguro, como el que ya cuentan países de desarrollo similar al nuestro, que otorgara, en promedio, dos salarios mínimos mensuales durante seis meses a un millón de mexicanos que podrían perder su empleo en una situación de crisis, costaría alrededor de 18 mil millones de pesos en un año. Esto representa menos del 0.2% del PIB y menos del 1% del gasto federal anual”.

De otra manera, tendremos más pobres, crecientemente pobres, en un país cruzado por desigualdades riesgosa e inicuamente contrastantes. Tomemos nota de realidades como la que significa el aumento de la desnutrición y el hambre en México, documentada a partir de estimaciones oficiales:

“Los mexicanos en pobreza alimentaria pasaron de 14.4 millones a 19.5 millones de personas entre 2006 y 2008 (de 13.8% a 18.2%), esto es, se han generado más de 5 millones de pobres extremos en sólo dos años. México se hace un país más desigual y también más pobre. En sentido estricto no hay una auténtica política social, sino un conjunto de programas superpuestos e inconexos”.

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El presidente Calderón dice que quiere una reforma en las telecomunicaciones. Entre otros asuntos mencionó la pertinencia de que los mexicanos accedan a servicios de telefonía, Internet, radio y televisión, con calidad y a precios accesibles. Esa reforma se encuentra en el decálogo que presentó la semana anterior para buscar acuerdos con otras fuerzas políticas. Cambiar las leyes para las telecomunicaciones y la radiodifusión, requiere del consenso con otros partidos. Pero emprender cambios significativos en esas áreas es asunto, antes que nada, de disposición presidencial.

El buen juez por su casa empieza. El buen reformador, comienza por los cambios que están más a la mano. Y en el campo de las telecomunicaciones, hay varias decisiones que el presidente Felipe Calderón podría tomar hoy mismo si tuviera interés y voluntad suficientes para una significativa reforma en ese terreno.

La primera de ellas, sería poner en licitación las concesiones necesarias para crear una nueva cadena nacional de televisión.

El problema de mayor importancia en los medios electrónicos es la concentración de muchas frecuencias en pocas manos. El poder que han alcanzado Televisa y Televisión Azteca se deriva del acaparamiento de recursos comunicacionales que les dejaron acumular gobiernos anteriores y que hoy en día es fuente de amagos frecuentes en contra de la clase política.

Las dos empresas privadas, que detentan el 94% de todas las concesiones que hay en el país para la televisión comercial, han mantenido esa condición privilegiada a fuerza de impedir el surgimiento de nuevos canales de televisión. Hace menos de tres años, ambas televisoras desplegaron una intensa cuan desfachatada campaña contra el grupo empresarial de la familia Saba que se había aliado con la cadena estadounidense Telemundo para obtener concesiones que le permitieran crear una nueva cadena de televisión nacional en México.

Aquellos empresarios únicamente buscaban que el gobierno federal pusiera a licitación las frecuencias necesarias para crear esa cadena. No querían concesiones asignadas de manera discrecional. La programación de Telemundo no es precisamente de calidad, pero aquel intento para incursionar en el mercado mexicano demostró las dificultades que cualquier opción televisiva encuentra para competir en este país, independientemente de los contenidos que produzca.

Cuando Telemundo y sus socios mexicanos anunciaron esa intención, Televisa y Azteca difundieron en sus noticieros varios reportajes contra el acaparamiento en la distribución de productos farmacéuticos, en donde se encuentra el negocio más boyante de la familia Saba. Es decir, para atemorizar a sus posibles competidores, los desacreditaron acusándolos de acaparar el mercado de los medicamentos.

Aquel comportamiento parecía el del burro hablando de orejas. Los consorcios mediáticos que han monopolizado las frecuencias de televisión y de esa manera buena parte de los recursos comunicacionales en este país, le reprochaban a quienes intentaron ser competidores suyos una conducta de concentración empresarial.

El amago funcionó. El grupo Xtra, propiedad de la mencionada familia, dejó de interesarse en hacer negocios en la televisión. La cadena Telemundo, por su parte, hace dos meses firmó con Televisa un acuerdo de asociación comercial.

La televisión mexicana siguió estando acaparada por Azteca y Televisa. Esas televisoras, se han constituido en uno de los diques más relevantes para el desarrollo de la democracia. Este 2009 han estado peculiarmente beligerantes, con actitudes como las que desplegaron en febrero, saboteándolas, contra las nuevas disposiciones en materia de propaganda electoral.

Renovar la televisión requiere promover la diversidad en ese medio. La existencia de más opciones en ese campo es una auténtica urgencia nacional. El gobierno federal podría promover el surgimiento de al menos una nueva cadena de televisión tan solo abriendo a licitación las frecuencias necesarias. Desde hace por lo menos dos años y medio, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuenta con el estudio técnico que confirma la disponibilidad de 110 frecuencias (70 en UHF y 40 en VHF) con las cuales se podría construir una nueva cadena nacional de televisión.

Esas frecuencias se podrían licitar tomando en cuenta los lineamientos sugeridos hace un par de años por la Suprema Corte de Justicia para la asignación de nuevas concesiones: en un concurso con tales reglas, la calidad en la propuesta de programación sería uno de los elementos esenciales para definir a cuál de los grupos empresariales que se interesarían en esa licitación el gobierno concesionaría las frecuencias necesarias para una nueva cadena nacional.

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Empeñado en un viraje sustancial respecto de varias de las inercias y de los estancamientos que han definido la casi cumplida primera mitad de su gobierno, el presidente Felipe Calderón despliega una intensa y hasta ahora desconocida vocación propositiva. La crisis económica y los desarreglos políticos se conjuntaron para persuadirlo de que, si no es con cambios serios -y en serio- su gobierno habrá significado un retroceso para el país.

A la oferta de propuestas que presentó hace una semana, el miércoles 2 de septiembre, se le puede tomar con escepticismo pero es imposible no reconocer que abren nuevos márgenes a la deliberación y, eventualmente, a las decisiones políticas. Aún así hay quienes han querido encontrar solamente retórica en el anuncio de definiciones del presidente Calderón. Se trata, todavía, de enunciados que solamente cobrarán sentido -y entonces los desconfiados ratificarán o verán contrariado su actual recelo- en la medida en que el presidente los nutra de contenido. Ayer presentó el paquete de política económica que será necesario examinar con detenimiento. Ayer mismo, en su discurso con motivo de las propuestas hacendarias, el presidente Calderón anunció nuevamente una “reforma al sector de telecomunicaciones”. Lo había dicho ya en el mensaje de la semana pasada, en el sexto punto de sus 10 anuncios.

“Una reforma al Sector de las Telecomunicaciones -prometió Calderón el 2 de septiembre- porque México requiere que este sector realmente responda a las necesidades del desarrollo, garantice una mayor cobertura de los servicios, la convergencia de las tecnologías disponibles y la competencia entre los actores”.

Y propuso: “Que sea, precisamente, México un país que pueda acceder para el mayor número de sus habitantes a la telefonía, al Internet, al radio, la televisión, a todos los servicios de telecomunicaciones, que son detonantes de desarrollo. Que lo haga en un ambiente de verdadera competencia, que brinde a empresas y hogares la oportunidad de tener acceso a servicios de calidad y a precios accesibles”.

Ayer ya no mencionó a los medios de radiodifusión pero insistió en una reforma “que garantice y acelere la convergencia de tecnologías, la cobertura de los servicios y la competencia equitativa entre los participantes para mejorar los precios y la calidad a todos los consumidores”.

Cada una de las 10 reformas sugeridas por el presidente requiere de acuerdos con fuerzas políticas distintas a su partido. La actual composición del Congreso obliga a Calderón a negociar y pactar, condición que sin duda ha influido en la audacia propositiva que, al menos en un principio, ha demostrado en estos días. Esa circunstancia compromete además al resto de los partidos, comenzando por el PRI que tiene en la Cámara de Diputados una mayoría que tendría que servirle para algo más que preparar su retorno a Los Pinos.

En el plano de las telecomunicaciones, los retos que el presidente decida asumir para compartirlos o desafiar con ellos a los partidos políticos se apreciarán en las iniciativas de reforma legal que le presente al Congreso. Desde hace tiempo el país padece una legislación atrasada, insuficiente y en varios sentidos inequitativa en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Pero un cambio auténtico en ese terreno, podría surgir tan solo con decisiones firmes del presidente de la República aunque no tuviera el apoyo de los partidos ni del Congreso.

Ahora mismo, con la ley en la mano, ejerciendo algunas de sus atribuciones, el presidente Calderón podría emprender una decena de cambios fundamentales para airear, ensanchar, diversificar y sobre todo para actualizar y poner al servicio de la sociedad a las telecomunicaciones y los medios electrónicos.

Nuevas concesiones para crear una o dos nuevas cadenas nacionales de televisión, respaldo auténtico a los medios públicos, eliminación de las simulaciones y los excesos en la difusión de publicidad, competencia en los servicios de telecomunicaciones con precios más bajos a los usuarios, serían algunas de esas medidas. Las comentaremos, con detalle, pasado mañana.

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