Sociedad y Poder

¿Cómo valora la acción política ante el enfrentamiento entre el sistema de narcos y la seguridad del estado mexicano?

Hay conflictos que solamente puede resolver la acción política, a la que entiendo como la búsqueda incesante de la interlocución, el diálogo y los acuerdos entre los actores del escenario propiamente político y del resto de la sociedad. Pero con grupos delincuenciales como los que mueven al narcotráfico no hay, entendida en ese sentido, política que valga. Al narcotráfico no hay más solución que enfrentarlo con la fuerza del Estado. La política puede servir para que el Estado cuente con mejores recursos legislativos, financieros, policiacos y para explicar y movilizar a la sociedad en pos del objetivo común que debieran compartir los mexicanos en la batida contra el narcotráfico.

¿Qué papel están jugando los medios de comunicación?

Los medios no inventan los hechos delincuenciales. Pero con cierta frecuencia, al propagar acciones violentas sin ubicarlas en su contexto, pueden atemorizar más que coadyuvar para cohesionar a la sociedad. Recientemente por ejemplo, algunos grupos de narcotraficantes han perpetrado asesinatos intencionalmente sanguinarios que no solamente buscan enfatizar la brutalidad de sus venganzas sino que además pretenden llamar la atención de los medios. Hay una patología muy interesante de los “narcos” que publicitan sus crímenes (por ejemplo colocando videos en YouTube) no solamente para ufanarse de ellos sino en busca del espejo que constituyen los medios de comunicación. Los periodistas y editores que hacen la agenda de los medios no siempre han querido darse cuenta de esas implicaciones y, en ocasiones, han sido voceros involuntarios de grupos delincuenciales.

¿Existe censura en la información política mexicana?

Censura del Estado, no. La censura proviene en primer lugar de las empresas de comunicación que pueden mutilar un artículo en un diario, o incluso despedir a un periodista o al conductor de un noticiario en la radio, con tal de que en la difusión de informaciones no sean afectados los intereses de tal empresa o de sus socios. En los medios mexicanos tenemos numerosos ejemplos recientes, algunos muy conocidos, de censura de esa índole. Y la más lacerante es la censura que imponen las presiones del narcotráfico, especialmente en zonas del país en donde esos grupos criminales han alcanzado más influencia. Bombas que estallan en las redacciones, reporteros amenazados e incluso el asesinato o la desaparición de periodistas que cubrían informaciones relacionadas con el narcotráfico, son expresión de ese amago que ha llegado a paralizar la investigación periodística acerca de tales temas en algunos estados, sobre todo en el norte de México.

¿Se puede considerar terrorismo las acciones de los narcotraficantes en México o se evita la palabra por cuestiones de la industria turística?

En algunos casos hemos padecido acciones terroristas y ni los medios, ni algunas autoridades, han disimulado el término. Eso ocurrió especialmente cuando, la noche del 15 de septiembre pasado, la ceremonia conmemorativa de la Independencia de México se enlutó en la ciudad de Morelia con la detonación de dos granadas que ocasionaron la muerte de varias personas. Aunque los narcotraficantes ya habían aterrorizado a la sociedad mexicana con decapitaciones, asesinatos masivos y otras fechorías, en aquella ocasión atentaron directamente contra la población. Fue, simple y terriblemente, un acto terrorista.

Entiendo que la difusión de esos hechos pueda no solo atemorizar a los posibles turistas sino además afectar la imagen de México en otros países. Es inevitable. Se puede precisar que el índice de criminalidad en México no es mayor al que se mantiene en otras naciones latinoamericanas y que los hechos delincuenciales más estruendosos no suceden en todo el país. Pero esos no son más que subterfugios que no disimulan lo más importante: hoy en México padecemos una amenaza de grandes proporciones, suscitada por la colisión de intereses entre grupos delincuenciales y la necesidad del Estado y la sociedad para hacerles frente. El problema no es solamente mexicano. Mientras Estados Unidos siga constituyendo un ancho y displicente mercado para la droga que se cultiva en México o que lo ha tomado como país de tránsito, lo que se haga en México será insuficiente para combatir a esos grupos.

Esta es la segunda y última parte de las respuestas que ofrecí, en diciembre del año pasado, a una entrevista del periodista español Txema Santana sobre la situación política y los medios de comunicación en México. La primera parte apareció el miércoles en este sitio.

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“Juanito” transita de una estación radiofónica a otra, acepta entrevistas de medios lejanos a los que no conocía, se vuelve estrella de la veleidosa pero notoria farándula política y, en cada declaración, se recrea a sí mismo como personaje lenguaraz y picaresco.

Gracias a la curiosidad mediática y a la heterodoxia que ha significado en un escenario político tedioso y plano, el delegado electo en Iztapalapa ocupa frecuencias radiofónicas y páginas en los diarios. El desafío que mantiene hacia los dirigentes del círculo obradorista que esperaban beneficiarse con su dimisión, prorroga por varios días sus 15 minutos de fama.

Salió respondón, en contraste con la actitud sumisa que había manifestado aquella tarde de junio cuando, para enfrentar la decisión judicial que dejó a Clara Brugada sin la candidatura perredista en esa delegación, Andrés Manuel López Obrador propuso votar por “Juanito”, que ya era candidato del PT, y lo instruyó en público para que en caso de ganar renunciara a ese cargo en beneficio de la fallida candidata. Aquella demostración de autoritarismo, dibujó con toda transparencia el talante mandón y grosero de López Obrador y mostró a un “Juanito” cuya reverencial mansedumbre ha sido desplazada ahora por un personaje de intereses y voluntad propios.

Ese es el viraje que convoca la atención mediática y que ha convertido a Rafael Acosta Ángeles en creador y protagonista de un personaje inesperado. Se habla de él y se le ve y escucha más que si se tratara de un candidato en campaña. Y candidato no es, porque ya ganó, y por mucho, la elección delegacional. Pero de alguna manera se puede reconocer que se encuentra en campaña: no por una posición política sino para afianzarse a sí mismo como actor de la vida pública. Acosta se encuentra en campaña para vender lo más cara posible su renuncia a la jefatura delegacional.

En estos días se ha reinventado a sí mismo. Dejó de ser el individuo plano y resignado que se había supuesto y se mostró  con ambiciones y voluntad propias. Hizo a un lado el porte contestatario que antes lo llevó a servir como reventador de reuniones políticas e incluso a ser utilizado como carne de cañón en acciones de provocación ordenadas por alguna de las tribus perredistas. Ahora es un político institucional, que de repente se convirtió en usufructuario de la alianza de varios partidos en Iztapalapa y ganó la delegación más poblada y conflictiva del DF.

Hasta ahora Juanito era personaje de reparto, tanto en los mitines y zipizapes callejeros, como en la película de ficheras en donde apareció bailando con Lyn May. De pronto, dejó de ser instrumento de otros para trocarse en intérprete de un guión que él y sus amigos más cercanos están imponiéndole a la coalición obradorista.

En realidad no hay transformación, sino transfiguración. Se modifica la apariencia, más no el fondo en el comportamiento de Acosta Ángeles. Juanito se ha forjado en el convenencierismo y el pragmatismo. Como seguidor de causas políticas, ha sido saboteador pero nunca constructor de opciones. Como beneficiario de la economía informal, ha sido tianguista y vendedor ambulante. Lo que hace ahora es cacarear sus posibilidades políticas con la misma locuacidad con que vendía sus productos en las calles.

A cambio de renunciar para que se inicie el proceso que podría desembocar en la designación de Brugada, Juanito quiere disponer de la mitad de las plazas de confianza de la Delegación Iztapalapa. Primero dijo que esas chambas serían para sus cuates. Ahora sostiene que las distribuiría entre militantes del PT, aunque ese partido asegura que no le interesan tales plazas sino la renuncia de su renegado candidato.

En ese afán, es el mismo de siempre: simulador, exagerado, hecho a la argucia y al embuste. Nada de eso le daría notoriedad, de no ser porque además exhibe el atractivo que siempre tienen los personajes repentinamente vencedores.

Juanito parece, como ha escrito José de la Colina, surgido de “uno de los más sarcásticos cuentos de Mark Twain o de Ambrose Bierce o de Jorge Ibargüengoitia”. De pordiosero a millonario. De tianguista a delegado. No es un personaje de ideas, ni de principios, sino de actitudes y poses. Cuando estaba en campaña respondía a las preguntas de los reporteros después de consultar unas tarjetas de las que no se apartaba y que le habían escrito sus amigos que lo asesoran. Ahora no requiere de tales respaldos y deja fluir una elocuencia demagógica y tintanesca pero profundamente atractiva en la planicie mediática.

Constructor de su propio personaje, Acosta Ángeles habla de Juanito en tercera persona, como de alguien que no le es ajeno pero que tampoco es él mismo.

Otrora provocador y tianguista, la cultura política de Juanito es la del descontón y el agandalle. Por eso no le ha importado insistir en que podría dejar de cumplir el compromiso que tiene con los partidos que lo respaldaron. En tal actitud, ha tenido que pensar en las chambas, el sueldo, los cuates y la fama antes que en cualquier obligación política. En ese terreno, mantiene dos posibilidades: el regreso del Juanito disciplinado que honrará su compromiso con el Peje renunciando a la delegación, o la consolidación del Juanito que considera suyos los 180 mil votos que recibió el 5 de julio.

La primera opción, propiciaría el desplazamiento de Juanito para que Rafael Acosta Ángeles vuelva a ser actor de reparto, quizá merced a un atractivo arreglo financiero. La otra, rompería los acuerdos obradoristas para Iztapalapa, podría propiciar el retorno a esa delegación del grupo del PRD desplazado por Brugada y aliados pero además sería un desastre político y administrativo. Juanito puede ser simpático para algunos, pero da miedo imaginarlo a cargo de la delegación más pobre, peligrosa y peliaguda de la ciudad de México. (El gobierno de Brugada no sería necesariamente mejor y confirmaría el enquistamiento delegacional de una camarilla resentida y embaucadora).

La aparente traición de Juanito, si se consolidara, ha sido entendida en diversos medios como una derrota para López Obrador. Pero hay otras interpretaciones. Francisco Báez Rodríguez sugiere que, de ser delegada, Clara Brugada no sería incondicional de López Obrador e incluso podría estar más dispuesta a alinearse con el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard. Juanito como delegado por otra parte, dice ese comentarista, constituiría un problema constante para la gobernabilidad de la ciudad de México y dificultaría las posibilidades de Ebrard para alcanzar la candidatura perredista dentro de algo más de dos años.

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¿Corre algún riesgo la democracia en México?

La democracia siempre, en todas las circunstancias, experimenta riesgos. Máxime en situaciones como la mexicana, en donde tenemos una democracia joven, vital, en varios sentidos inexperta e insuficientemente consolidada. La democracia mexicana es sólida en el plano formal, que se manifiesta sobre todo en las elecciones. A diferencia del pasado reciente (antes de los años 90) hoy en día contamos con reglas e instituciones eficientes para organizar y verificar los resultados de las elecciones. Sin embargo los protagonistas esenciales del juego político, que son los partidos, no parecen estar suficientemente dispuestos a interiorizarse ni a comprometerse todo lo que hace falta con las prácticas y sobre todo los compromisos que la democracia supone e impone.

Los tres partidos nacionales padecen rezagos respecto de las prioridades democráticas. Acción Nacional, el partido en el gobierno, no ha sabido tomar distancia del presidente de la República del que se ha convertido, como en los viejos tiempos del autoritarismo presidencial mexicano, en comparsa más que en contrapeso; el PAN ha sido incapaz para renovar su estructura interna, mantiene un viejo discurso conservador que resulta cada vez más contradictorio con nuevas exigencias del país y con frecuencia cede a la tentación de cobijarse en viejos sectores corporativos que proverbialmente han sido refractarios a la democracia (los caciques sindicales, la jerarquía eclesiástica, los empresarios más poderosos).

El viejo PRI (Revolucionario Institucional) que gobernó México durante siete décadas, podría decirse que resurge de sus cenizas excepto porque nunca quedó del todo calcinado y aunque perdió la presidencia en 2000 mantuvo posiciones en gobiernos estatales y el parlamento que hoy le permiten ser la opción política con más posibilidades de ganar tanto las elecciones intermedias de 2009 como los comicios presidenciales que habrá tres años más tarde. Se trata de un partido incapaz pero además profundamente reacio a renovarse. En el PRI se mantienen las arcaicas prácticas que hicieron de la antidemocracia el alma de la cultura política mexicana durante tanto tiempo.

Y en lo que algunos consideran el flanco izquierdo, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, vive escindido entre los dirigentes de vocación reformadora que ocupan la dirección nacional y los sectores de propensión clientelar, populista y patrimonialista que se identifican con el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Ambos sectores en el PRD se han forjado en la cultura política priista a la que no parecen estar dispuestos a renunciar.

Así que los riesgos para la democracia mexicana están enraizados en sus estructuras políticas. También los hay en los grupos de interés que en ocasiones adquieren tal influencia que se les ha podido denominar “poderes salvajes”: los medios de comunicación que permanecen mayoritariamente en manos de acaparadores y agresivos empresarios, por ejemplo.

La expresión más brutal de esos poderes salvajes se encuentra en la delincuencia organizada, que en México ha tenido un crecimiento inmenso debido a la negligencia de gobiernos anteriores, a las redes de complicidad y negocios que encuentra en toda la región (lo mismo al norte que al sur de nuestro país) y sobre todo debido a la impunidad que la corrupción y la debilidad del Estado ha favorecido a los grupos criminales.

Hoy en día, sin duda, la amenaza más grave no solo para la democracia sino para el Estado mexicano mismo se encuentra en el poder del narcotráfico cuyas vendettas internas y contra las corporaciones policiacas que lo persiguen han dejado varios miles de muertos en los meses recientes. Las dimensiones de esas venganzas y represalias dan idea de la extensión social y territorial que ha alcanzado el narcotráfico, pero también de una cierta eficacia inicial en el combate que el Estado ha emprendido contra esos grupos delincuenciales. Hoy en día la sociedad mexicana tiene miedo debido a la proliferación y al conocimiento que tenemos, gracias a los medios de comunicación, de los hechos criminales. Pero si el gobierno del presidente Felipe Calderón no hubiera incrementado notablemente la persecución al narcotráfico, la situación sería mucho peor aunque quizá no nos percataríamos de ella de manera tan dramática.

En diciembre del año pasado, el periodista español Txema Santana me envió un cuestionario sobre la situación política y los medios de comunicación en México. El texto anterior constituyó la primera de mis respuestas a esas preguntas.

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La historia de Wallace Souza ha dado la vuelta al mundo. En todos los idiomas y latitudes se han esparcido asombros y, luego, se han construido puntuales moralejas sobre los riesgos de la avidez mediática, los frágiles linderos entre la realdad y sus reconstrucciones y las distorsiones a las que llevan al periodismo el afán por ganar notoriedad.

Wallace Souza es uno de los conductores de televisión más populares en la región amazónica de Brasil. Durante dos décadas, dirigió y presentó el programa “Canal Livre TV”, de marcado sensacionalismo y especializado en nota roja. Además de las descripciones escandalosas y las escenas sangrientas que solía presentar, el programa obtuvo notoriedad porque sus reporteros llegaban antes que nadie a las escenas de los crímenes que difundirían con tanta profusión.

El periodismo que realizaba, puede ejemplificarse en esta narración de uno de los reporteros de “Canal Livre TV” cuando va caminando a través de la selva para llegar hasta un cadáver carbonizado: “Huele como a barbacoa. Es un hombre. Tiene el olor de la carne quemada. La impresión es que fue en las primeras horas… fue una ejecución”.

La fama que alcanzó, llevó a Souza a incursionar en política. En 1998 fue electo diputado local y ha sido reelecto en varias ocasiones. Actualmente es miembro del Partido Progresista y en las elecciones más recientes fue el diputado que recibió más votos en el estado de Amazonas.

Ahora, sin embargo, Souza está en problemas porque ha sido acusado de ordenar varios asesinatos para luego tener la exclusiva periodística acerca de ellos.

De ser ciertas esas imputaciones, Souza habría encarnado los más drásticos estereotipos que acusan a la televisión de inventar la realidad. El rating de “Canal Livre TV” habría sido obtenido a fuerza de suscitar y no solamente registrar los acontecimientos. Los homicidios que sus reporteros acudían a cubrir con tanta presteza, habrían sido perpetrados por sicarios a sueldo de Souza. El mérito periodístico habría sido desplazado, entonces, por una diabólica mentalidad criminal ávida de éxito mediático.

Antes de sobresalir en televisión, Wallace Souza fue policía. Ahora él y varios de sus colaboradores están acusados de fabricar crímenes para luego difundirlos. Además se le ha vinculado con actividades de narcotráfico. Su hijo de 26 años está preso, acusado de homicidio y tráfico de drogas.

En todo el mundo han proliferado comentarios, ora sorprendidos, a veces moralistas, las más de las ocasiones a medio camino entre la prédica y el estupor, a propósito de los crímenes de los que se acusa a Wallace Souza. Uno de los más inteligentes ha sido el artículo de Mario Vargas Llosa, ayer domingo en el diario madrileño El País. Después de jugar con la posibilidad de que los crímenes que habría cometido no fueran únicamente culpa de Wallace Souza sino del sistema mediático del que ha sido estrella, beneficiario y ahora víctima, el novelista peruano comenta:

“Si Wallace Souza cometió esos crímenes sólo para convertirlos en imágenes, es evidente que, para él y para sus espectadores -aunque éstos fueran menos conscientes de ello que él- la realidad real era menos importante, meramente subsidiaria o pretexto, de la realidad reflejada por las cámaras, las que, con su perfecta adecuación a los gustos del público, la recomponía, purgaba y recreaba de tal modo que fuera algo que la realidad real lo es sólo muy de cuando en cuando: excitante, terrible, divertida”.

Pero no solamente los presuntos crímenes ordenados por Wallace Souza y su posterior presentación televisiva han sido engranajes de ese juego permanente entre la “realidad real” y que resulta de las fabricaciones mediáticas. También las acusaciones contra ese conductor televisivo y legislador brasileño han desatado un intenso cuan lucrativo circo mediático.

Para indagar las imputaciones criminales contra Souza, la Asamblea Legislativa del Amazonas encargó una indagación a varios de sus integrantes. Los resultados de esa pesquisa se conocerán en los próximos días. Por lo pronto la semana pasada, entrevistado en Manaos, Souza negó esas acusaciones. No es sorprendente que lo hiciera. Pero al parecer no es el único en defender su inocencia. El diputado estatal Libertan Moreno, relator del proceso que se sigue contra Souza por atentar contra el decoro parlamentario, declaró el viernes pasado que los elementos presentados por la defensa contradicen las acusaciones iniciales a tal grado que, a varias de ellas, las “derrumban completamente”.

La inocencia del diputado y periodista Souza no ha sido demostrada. Pero su culpabilidad tampoco. Sin embargo el tribunal mediático, que en este caso ha sido global y sumario, no solamente ya lo condenó  sino que extrajo ingeniosas moralejas a partir de los crímenes -siempre en busca del idolatrado rating- que posiblemente Wallace Souza cometió, pero posiblemente no.

El actor Raúl Araiza fue, junto con la señorita Maite Perroni, la imagen del Partido Verde en la reciente campaña electoral. Sus retratos luciendo el emblema del Tucán, la promoción que hicieron de la pena de muerte e incluso después de los comicios el agradecimiento a los despistados ciudadanos que votaron por ese partido, no dejan dudas sobre la identificación de ese actor con el PVEM.

Araiza no es un hombre especialmente interesado en la política. Tampoco es militante del Partido Verde. En alguna entrevista admitió que aparecía en los spots de ese partido por indicaciones de Televisa, la empresa para la que trabaja.

Esa televisora respaldó al PVEM con tanto ahínco que, para ello, violó la legislación electoral de varias maneras. Semanas antes de las elecciones, Televisa difundió anuncios de la revista TV y Novelas en donde se entrevistaba a Araiza y Perroni haciendo elogiosas declaraciones sobre el Partido Verde. La autoridad electoral sancionó esos anuncios no porque tales actores no tengan derecho a expresar sus preferencias políticas sino porque aquellas entrevistas eran pretexto para mostrar emblema y lemas del PVEM en televisión.

El respaldo de Televisa al Partido Verde llegó al extremo de presentar a Araiza, en una telenovela en la cual actuaba, vistiendo una camiseta en donde anunciaba “Soy Verde”. Durante varios días el personaje interpretado por Araiza en la telenovela “Un gancho al corazón” apareció con esa indumentaria. En capítulos precedentes, se había presentado con una camiseta idéntica pero con otra leyenda.

El afán para hacer propaganda política con ese telenovelesco recurso resultó evidente. El actor conocido por ser promotor del PVEM, cuya imagen asociada a ese partido fue intensamente publicitada por Televisa, apareció en una telenovela de esa empresa con una leyenda que recordaba tal identidad política.

El IFE discutió antier, miércoles, un proyecto de resolución para sancionar esa propaganda ilegal del PVEM y Televisa. De acuerdo con la síntesis que leyó Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo de esa institución y autor del proyecto, “el actor Raúl Araiza en el tiempo del proceso electoral se convirtió en icono de los promocionales, los espectaculares, los carteles y en general, de toda la propaganda que desplegó el Partido Verde Ecologista de México en este año electoral. Su figura devino claramente distintiva del partido, a todo lo largo y ancho del país y en plena actuación, acabó apareciendo dentro de una telenovela, transmitiendo a las cámaras y al público una de las frases inequívocas de la campaña y que a su vez, fueron utilizadas simultáneamente por el Verde Ecologista dentro de su propia estrategia electoral”.

El proyecto de resolución les proponía a los consejeros electorales “dilucidar si en la transmisión, los días 22, 23 y 24 de junio, de la telenovela ‘Un gancho al corazón’ con el actor portando una ostensible playera con la leyenda ‘Soy Verde’, infringía o no la normatividad electoral. Y si era el caso, debíamos determinar a quién le es imputable la violación”.

Al parecer esa propaganda, impresa de tal forma en la vestimenta del actor, no solamente apareció en los días antes mencionados. La proclama verde de Araiza en la telenovela se difundió además en otras fechas, por ejemplo el 18 de junio, como se puede apreciar en el ubicuo YouTube.

En todo caso, habría bastado un día para que se pudiera acreditar la transgresión a la ley electoral. Las normas actuales, como es sabido, prohíben la contratación de propaganda política en radio y televisión. Si pagó por esos anuncios en la telenovela, el PVEM violó  la ley lo mismo que Televisa por aceptar esa contratación. Si se trató  de publicidad otorgada de manera gratuita, habría sido una forma de contribución no legal a la campaña de ese partido.

Sin embargo, displicentes como han decidido ser con las televisoras, cinco de los 9 consejeros del IFE decidieron que la exhibición de la playera verde sí constituía una falta pero no les impusieron multas sino únicamente una simbólica amonestación pública al PVEM y a Televisa.

Los mercadólogos de Televisa denominan “integración de producto” a la exhibición o mención de productos o marcas dentro de escenas que forman parte de la programación normal. Esa es una práctica cada vez más extendida dentro de la televisión internacional, aunque la posibilidad de que constituya motivo de engaños contra los televidentes ha llevado a distintos Estados a crear normas para regularla. La propuesta de dictamen del IFE hace referencia, por ejemplo, a las disposiciones en la Unión Europea que han autorizado la publicidad insertada dentro de contenidos televisivos pero siempre y cuando se le avise al telespectador que se trata de menciones pagadas por un anunciante.

Televisa no solamente no advierte a sus televidentes cuando la mención o inclusión de un producto o un nombre se deben a un acuerdo comercial, sino que enmascara intencionalmente esa práctica.

El empleo del “product placement”, o emplazamiento de producto, ha suscitado intensas discusiones en la industria de la televisión y entre los espectadores más inquisitivos de ese medio. Hace un año, en la Gran Bretaña, los directivos de la cadena de televisión privada ITV anunciaron que utilizarían dicho procedimiento para difundir publicidad y, de inmediato, las acciones de esa empresa cayeron varios puntos. En aquella ocasión el entonces secretario de Cultura británico, Andy Burnham, declaró que el product placement ponía en riesgo la ya de por sí deteriorada confianza en la televisión. El televidente “no quiere sentir que el argumento ha sido escrito por el director de mercadotecnia comercial”, dijo ese funcionario.

En México, ahora los espectadores de Televisa saben que sus telenovelas pueden estar escritas ya no solamente por publicistas de productos comerciales, sino por los propagandistas del detestable Partido Verde.

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Sociedad esquizofrénica podríamos considerar que es la mexicana, a la luz de los estudios de opinión. El 54% de los ciudadanos aprueba la gestión del presidente Felipe Calderón, pero solamente el 19% estima que tiene “mucha” capacidad para gobernar. El 62% tiene una opinión favorable de Calderón como persona, aunque únicamente el 18% cree que es muy honesto y que respeta mucho la legalidad.

Esos son algunos de los contrastes que ofrece la Tercera Encuesta Nacional 2009 que fue difundida ayer por Investigaciones Sociales Aplicadas y el Grupo de Economistas y Asociados.

A la mayoría de los mexicanos les preocupa, en términos nacionales, la economía. Pero en su entorno familiar consideran que lo más frágil es la seguridad. El 55% considera que la situación económica que vive el país es mala. Solamente hay un 8% de despistados -o autistas, o afortunados sin remordimientos sociales- que supone que las condiciones económicas son buenas.

Cuando les preguntan sobre la situación en su colonia o localidad, el 51% de los entrevistados en esa encuesta responde que el principal problema es la seguridad. Para el 30%, el problema de mayor gravedad en el plano local es la economía.

Ese es, en el transcurso del sexenio, el nivel más alto que ha alcanzado la seguridad como problema local de acuerdo con las 12 encuestas que ha realizado GEA-ISA desde diciembre de 2006. En noviembre de 2008 el 51% consideró a ese como el asunto más grave, después la tasa de tales señalamientos bajó a menos de la mitad de los encuestados y ahora vuelve a ser la opinión de la mayoría.

A los ciudadanos les inquieta la inseguridad, pero consideran adecuadas las medidas del gobierno contra el crimen organizado. El 76% de los encuestados aprueba los operativos que realiza el gobierno contra el narcotráfico. Ese nivel de aprobación era del 88% en junio de 2007, disminuyó al 63% en marzo de 2009 y ahora repunta de nuevo a más de las tres cuartas partes de los ciudadanos.

Para el 50% de ciudadanos el problema de mayor importancia en el país, es económico, Hace algo más de dos años, en junio de 2007, solamente el 26% estimaba que la economía era el asunto nacional más grave.

La seguridad es, hoy en día, el problema más importante para el 38% de los mexicanos.

Y solamente el 10% considera que el problema de mayores dimensiones es político.

Es decir, la opinión ciudadana es distinta de la que mantiene el gobierno. Para el presidente Calderón, la prioridad nacional es enfrentar a la delincuencia. Quizá tiene razón. Pero con esa postura coincide menos de 4 de cada 10 mexicanos.

La opinión preponderante en la sociedad también discrepa con las posturas de muchos medios de comunicación, para cuyos operadores pareciera que el problema nacional de mayor importancia son los políticos que tenemos en este país. La mayor parte de los noticieros y espacios de discusión en televisión y radio manifiestan más interés por las desavenencias en los partidos y las habladurías acerca de los personajes políticos que por las vicisitudes de la economía nacional y global.

Sin embargo, como hemos señalado, solamente uno de cada 10 mexicanos considera que el problema nacional más importante es de carácter político.

Quizá la insistencia mediática en los yerros de los políticos esté conformando una opinión ciudadana desfavorable a los operadores del presidente Calderón, aunque sigue siendo propicia hacia el presidente de la República. Solamente el 37% desaprueba la labor de Calderón en tanto que, como anotamos antes, el 54% está de acuerdo con ella.

Pero mientras el 38% aprueba la labor del gabinete presidencial, el 43% dice que la desaprueba.

De los integrantes de ese equipo de trabajo, el mejor calificado es Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, cuya labor es aprobada por el 38% de los entrevistados aunque el 32% la desaprueba. El rechazo más alto, y aquí aparece de nuevo la percepción sobre la economía, es para el titular de Hacienda, Agustín Carstens, cuya gestión es desaprobada por el 41% en tanto que la aprueba únicamente el 24% de los ciudadanos.

Esos son algunos resultados de la encuesta nacional levantada entre el 6 y el 9 agosto por la empresa que dirige el especialista Ricardo de la Peña.

Suspicaz y atribulada, la sociedad mexicana está aprendiendo a repartir con diferentes criterios sus adhesiones y simpatías. Apoya acciones pero no las prioridades del gobierno. Reconoce errores pero no se mimetiza con las admoniciones de los medios. Quizá no sea esquizofrenia, sino malicioso pragmatismo el talante que está definiendo a los ciudadanos delante de los crecientemente problemáticos asuntos públicos.

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La Suprema Corte hizo justicia para los 20 indígenas que estaban presos después de haber sido considerados culpables de la matanza de Acteal en un proceso repleto de irregularidades. Falta, todavía, que se haga justicia respecto de aquella masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997.

Los 20 tzotziles y otros 28 más cuyos procesos serán revisados a partir de la resolución de la Primera Sala de la Corte, estuvieron presos casi 12 años. La decisión que ahora los beneficia ha sido cuestionada con ofuscador maniqueísmo por quienes están convencidos de que esos indígenas no solamente fueron culpables del homicidio de 45 personas, en su mayoría mujeres y niños, sino de que esa matanza fue dispuesta por el gobierno mexicano como represalia contra las comunidades zapatistas en Chiapas. Por otro lado, quienes encuentran que las anomalías en el proceso penal llevaron a la cárcel a personas inocentes, reconocen ese esfuerzo de investigación y decisión de la Corte.

De esta manera, una decisión que en muchas otras circunstancias todos considerarían pertinente y plausible, ha quedado nublada por la ideologización que se mantiene en torno a los hechos de 1997 en Acteal.

Aquella matanza sigue sin ser judicialmente esclarecida. No en balde el ministro José Ramón Cossío, ponente de la resolución aprobada el miércoles 12 de agosto, explicó que la Corte no estaba determinando si las personas encarceladas por los acontecimientos en Acteal son culpables o no. Lo que hizo la primera sala fue reconocer que las pruebas presentadas en contra de esos indígenas no demuestran que hayan sido autores de la masacre.

Esa conclusión fue posible después de la extensa indagación que emprendió  desde 2004 la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económica, que se encargó de la defensa de los encarcelados por los homicidios en Acteal cuando sus integrantes encontraron que había numerosas ilegalidades en ese litigio -declaraciones falseadas, testimonios inventados, contradicciones flagrantes, evidencias que no se tomaron en cuenta y otras más que no fueron preservadas, etcétera-. Por otra parte, un ejemplarmente documentado reportaje del escritor Héctor Aguilar Camín insistió hace dos años tanto en la crueldad extrema de aquella masacre como en las irregularidades que abundaron en el proceso judicial.

Ahora, la coincidencia de los abogados del CIDE y de ese escritor para subrayar que en los procesos de Acteal se cometieron injusticias graves, ha llevado a algunos críticos de la resolución de la Corte a enderezar una campaña de agravios e intimidaciones. En vez de exigir una nueva indagación y el castigo a los auténticos culpables de la matanza en Acteal, los simpatizantes neozapatistas (que todavía hay algunos) han inventado una extravagante especulación conspiratoria.

El diario La Jornada ha sido uno de los espacios, aunque no el único, en donde se expresan suspicacias y desacuerdos no tanto con la decisión de los ministros de la Corte, sino con los abogados y el escritor que tuvieron el mérito de denunciar los yerros del juicio contra varias docenas de indígenas.

El jueves 13 de agosto, ese diario comunicó la decisión de los ministros con una nota del reportero Alfredo Méndez en donde, luego de reseñar las posturas de otros ministros de la primera sala, se dice: “Cossío, durante su alocución, pareció responder a la organización civil Las Abejas, que en días pasados responsabilizó -entre otros- a los ministros de la Corte y al historiador Héctor Aguilar Camín (que se ha erigido en una especie de vocero de los acusados de la matanza del 22 de diciembre de 1997) de cualquier rebrote de violencia en Chiapas derivado del otorgamiento de estos amparos”.

Antes de transcribir las palabras del ministro, el reportero Méndez despliega su personal subjetividad para decir que Cosío pareció responder a las imputaciones contra el mencionado historiador que, añade el periodista, se ha erigido en una especie de vocero. Esas son conclusiones que tendrían que dilucidar los lectores si se les diera oportunidad de conocer una información equilibrada, o que el reportero podría expresar sin contradicciones profesionales en un artículo de opinión. Solamente después de esas consideraciones, el reportero retorna a su tarea como informador: “Las consecuencias que deriven (de esta resolución) no pueden ser imputadas a esta Corte, sino a las autoridades que tienen competencia para la persecución e investigación de los delitos, y que están encargadas de preservar la paz social en el país, expuso Cossío”.

La Jornada abunda en la tesis de la conjura en una nota del reportero Roberto Garduño publicada también el jueves 13 en La Jornada: “El revisionismo histórico de la matanza de Acteal, promovida desde las instituciones del Estado y los medios de comunicación afines al poder, por los asesores y apologistas de los regímenes del PRI y del PAN, condujo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a tomar una controvertida decisión: ordenar la puesta en libertad de los autores materiales de la muerte de 45 niños, mujeres y hombres indefensos”.

Así que la decisión del 12 de agosto no se debió a la solicitud de amparo que presentaron los abogados de los indígenas presos, ni a la tarea de investigación que encomendaron los ministros y cuyas conclusiones fueron dictaminadas por Cosío. Convertida en polichinela de una alevosa coalición de fuerzas oscuras gracias a la intencionada imaginación de los redactores de La Jornada, la Suprema Corte fue el instrumento de esta inusitada colección de actores políticos:

“El 21 de diciembre de 2006, el CIDE y Alternativa Ciudadana 21, encabezada por Ricardo Raphael, y acompañados por Héctor Aguilar Camín, anunciaron que asumirían la defensa de los 75 detenidos por Acteal. Raphael, director del área de Estudios Jurídicos del CIDE, adujo que la determinación de asumir la defensa ocurrió porque las supuestas violaciones a los principios de debido proceso y presunción de inocencia eran tan graves que lo hacían un caso paradigmático. A su vez, Aguilar Camín publicó en la revista Nexos una descripción en tres entregas titulada El regreso de Acteal, fundada en los argumentos de Hugo Eric Flores” (uno de los profesores del CIDE que promovió la defensa de los tzotziles encarcelados).

La defensa de una causa que consideraron justa, y que nunca ocultó  su preocupación para que sean identificados los verdaderos culpables del homicidio de 45 personas en Acteal, convirtió a esos ciudadanos en autores de una maquinación perversa. En palabras del ya citado Garduño:

“Al entorno, al de los promoventes del revisionismo y de la liberación de los homicidas, se sumaron instituciones públicas y privadas con objeto de generar una corriente de opinión pública apegada a la tesis del perdón institucional. Los arietes de la liberación -además de Flores Cervantes- Ricardo Raphael, Ana Laura Magaloni y Aguilar Camín utilizaron el CIDE y los medios de comunicación afines a su interés, como Canal 11, Televisa, Canal 22 y el periódico El Universal“.

Un análisis serio de las posiciones de cada una de esas instituciones, empresas y personas, demostraría que más allá del asunto de Acteal no suelen coincidir en numerosos asuntos de la agenda nacional. La Jornada y sus voluntariosos denunciadores de conjuras no explican por qué ciudadanos y medios tan diversos, además de una institución de comprobada seriedad como es el CIDE, querrían coincidir en la defensa de un grupo de homicidas. Y es que, obnubilados por las anteojeras ideológicas que cargan, el periódico y algunos de sus redactores parten de una suposición respecto de la cual no admiten cuestionamiento alguno: los culpables de los crímenes en Acteal fueron los que estuvieron presos independientemente de que hayan ocurrido injusticias en el proceso penal.

Al redactor de La Jornada le faltó decir que Aguilar Camín estudió con los jesuitas del Instituto Patria y que vive a pocas calles de la embajada de Rusia, circunstancias ambas que podrían acumularse como evidencia de una conspiración multi doctrinaria y globalizadora.

Ya en serio, lo grave de todo este incidente es, por una parte, la preeminencia de los prejuicios sobre los hechos. A muchos de los exasperados con la decisión de la Corte no les interesa la justicia sino el caparazón políticamente correcto.

En segundo término, el señalamiento de personas e instituciones específicas como promotores de una iniquidad -por añadidura vinculada a un hecho tan desgarrador y espeluznante como fue la matanza de Acteal-  tiene consecuencias e implicaciones persecutorias que resultan inaceptables. Lo que hicieron los abogados del CIDE fue desbrozar, con paciencia inagotable y destreza jurídica, las aberraciones de un proceso irregular. Lo que hizo Héctor Aguilar Camín, con rigor y tenacidad, fue un trabajo de investigación que debiera considerado ejemplar en la prensa mexicana. Pero la decisión del miércoles 12 fue de los ministros de la primera sala, que además han considerado que la indagación de los crímenes en Acteal sigue siendo responsabilidad de las autoridades competentes.

Ya en la tercera parte de su reportaje, aparecida en Nexos de diciembre de 2007, Aguilar Camín consideraba:

“La revisión cuidadosa del expediente judicial y las versiones de los agresores confesos sobre lo sucedido el 22 de diciembre en el campamento Los Naranjos, echan nueva luz, en realidad nuevas preguntas, sobre la matanza de Acteal al menos en tres aspectos fundamentales, hasta hoy no esclarecidos:

1. No hubo sólo una masacre, hubo también una batalla.

2. Parte del horror ha sido explicado, pero parte del horror permanece en la sombra. Nadie ha explicado las doce muertes por machete y traumatismo craneal que registran las necropsias.
3. La investigación judicial no buscó ni encontró la verdad: buscó y fabricó culpables. Hay presos inocentes y culpables libres”.

Nadie, comprometido con la justicia, podría querer que hubiera presos inocentes. Nadie, comprometido con la verdad, podrá considerar que ya está todo dicho sobre los hechos de diciembre de 1997 en Acteal.

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El lunes pasado el diario Milenio publicó en su edición impresa, así como en los espacios que tiene en televisión e Internet, una entrevista con Servando Gómez Martínez, uno de los jefes de la pandilla de narcotraficantes conocida como “La Familia Michoacana”. Se trata de la segunda comparecencia mediática de ese personaje. Semanas antes Gómez Martínez, a quien apodan “La Tuta”, había llamado a un canal de televisión en Michoacán que difundió en directo sus declaraciones telefónicas mientras en la pantalla se veía al nervioso y azorado conductor que debió conversar con ese inesperado interlocutor.

Ahora se trató de Pablo César Carrillo, director de Milenio en León, Guanajuato, que también frente a una cámara de televisión dialogó con el narcotraficante a quien tenía del otro lado de la línea telefónica.

Hay dos versiones sobre el origen de esa conversación. La nota periodística en donde se publicó un resumen del diálogo explica: “Gómez Martínez contactó a MILENIO León para rechazar la participación de La Familia en el ataque del jueves pasado a instalaciones de la procuraduría guanajuatense en Irapuato y Silao -con saldo de dos muertos y 25 heridos-, acción que endilga a Los Zetas. También aprovecha para reiterar el llamado a dialogar con el gobierno federal, tal como lo hizo el 15 de julio con el periodista Marcos Knapp, de la michoacana CB Televisión”.

Sin embargo el mismo lunes, en Milenio, el director editorial de ese diario, Ciro Gómez Leyva, dedicó su cotidiano comentario editorial a ese asunto y relata: “Reapareció La Tuta. Pero esta vez fue diferente. Esta vez Pablo César Carrillo, director de MILENIO León, lo buscó y encontró. Periodismo elemental: el reportero va por el protagonista, contacta con su círculo de contención, negocia las formas. Se da la entrevista. La entrevista se difunde”.

Tomar al aire la llamada de un delincuente que busca acceder a los medios para propagar su versión de acontecimientos criminales en los que se encuentra involucrado, sin duda es  una decisión difícil que tiene implicaciones jurídicas, profesionales y éticas.

Buscar a un delincuente para que ofrezca declaraciones resulta todavía más complejo. En los meses recientes distintos grupos criminales han aparecido en medios de comunicación para expresar la influencia social que han ganado, para dirimir rivalidades con otras pandillas delincuenciales o para amagar a la población o a las autoridades. La decisión de buscar a un jefe criminal para ofrecerle espacio en un medio -sobre todo para recibir sus declaraciones a teléfono abierto- puede lindar con la complicidad.

En la entrevista que le hizo a Servando Gómez, el periodista Pablo César Carrillo, de acuerdo con la versión que publicó Milenio el lunes 10 de agosto, mantiene diálogos como el siguiente:

” – ¿Son cristianos, Servando?

- Creo mucho en Dios, Dios y el padre Cristo por obra del Espíritu Santo; qué más puedo decir.

- ¿No siente que cometer actos que se consideren excesivos pudieran alejarlos del cristianismo?

- Sé que tienes razón, pero desgraciadamente vamos a mostrar debilidad. Quizá te preguntes ‘¿cómo es posible que pidan diálogo cuando hacen eso’?. Somos una organización.

El presunto operador aclara: ‘Lo único que le pido a Dios, donde quiera que me encuentre, que es a él al único a quien le quiero rendir cuentas, que nada más me juzgue él’”.

En esas declaraciones no hay revelación, ni novedad algunas. Y aun si las hubiera, se trataría de afirmaciones de un delincuente a quien el trabajo periodístico no cuestiona, ni cuyas afirmaciones se ubican dentro de un contexto analítico ni crítico. El señor denominado “La Tuta” expone con toda amplitud sus creencia religiosa así  como su pragmática idea de la justicia. Mientras lo alcanza la justicia de los hombres, él se considera exonerado para que nada más lo juzgue dios. El periodista no contrasta esas afirmaciones. Asume con el delincuente tanta familiaridad que lo llama por su nombre de pila. El capo criminal, a su vez, en varias ocasiones le dice “muchacho” con notoria condescendencia.

¿Es periodísticamente útil difundir declaraciones de los narcotraficantes? ¿En dónde se rompe la difícil frontera entre el trabajo periodístico profesional y la utilización del periodismo por parte de un grupo criminal? Ese tema inquieta cada vez más en los medios de comunicación. El mes pasado, en su edición de julio, la revista Nexos publicó varias opiniones de periodistas y analistas de los medios acerca de los dilemas profesionales y éticos que surgen ante la cobertura noticiosa del narcotráfico.

En esa edición Pascal Beltrán del Río, director de Excélsior, consideró en un texto titulado “Periodistas, no voceros”:

“¿Qué se diría de un medio que publica sistemáticamente, sin mayor comentario, los boletines de una de dependencia de gobierno? Seguramente no se le bajaría de gacetillero y vendido. Si tiene tan mala fama hacerlo con los comunicados oficiales y las fotos de funcionarios que sólo buscan la promoción personal, ¿por qué reproducir los llamados narcomensajes sin un mínimo espíritu crítico o esfuerzo de interpretación?
“Es una equivocación en el ejercicio periodístico negarse a ver que tanto los recados del crimen organizado como las decapitaciones tienen un claro efecto propagandístico e intimidatorio. Y que sus autores buscan la caja de resonancia de los medios de comunicación para potenciar su mensaje de terror.

“La difusión de las narcomantas y las decapitaciones en algunos medios -al principio, quizá, por su carácter novedoso- ha ayudado a que estos fenómenos pasen de ser excepcionales a convertirse en rutinarios.

“Los medios que les brindan espacio hacen un pobre servicio informativo a su público, que generalmente recibe las imágenes sin mayores elementos para comprender su significado. En cambio, colaboran con las estrategias de los delincuentes, sirviéndoles de altavoz”.

En la conversación con “La Tuta”, Milenio León y luego la matriz nacional de esa cadena periodística no solamente sirvieron como voceros de un delincuente. Además, según al menos una de las versiones de ese asunto, el periódico buscó tales declaraciones.

En su texto del lunes pasado, significativamente titulado “Darle voz a un terrorista”, Gómez Leyva ofreció una reflexión inicial sobre los riesgos de esa información y justificó su publicación en Milenio al considerar que se había tratado de “un día de aprendizaje más en la redacción”. Sin embargo luego se preguntó: “¿Y si a La Tuta se le ocurre darnos entrevistas cada semana?”.

A fines de mayo un grupo de narcotraficantes asesinó en Torreón al reportero Eliseo Barrón Hernández, periodista de la edición de Milenio en Coahuila. Dos meses y medio más tarde, esa misma casa editorial busca al capo de otro grupo de narcotraficantes para difundir sus declaraciones. Me parece que los colegas de Milenio cometieron un error al solicitar y luego al difundir esa nota. Ojalá realmente haya sido un día de aprendizaje para esa redacción.

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La insistencia de César Nava acerca del humanismo político que según dice lo orientará para conducir al PAN admite varias lecturas, sobre todo porque el nuevo presidente de ese partido no explicó  de qué manera entiende a esa doctrina. El fin de semana pasado, en el discurso que ofreció al solicitar que votaran por él en el consejo nacional panista, Nava recaló en ese término pero no lo explicó.

Lo que sí hizo el también recientemente electo diputado federal fue distinguir al humanismo político de otras corrientes ideológicas: “No creo en el pesimismo de la socialdemocracia, que concentra la responsabilidad en el Estado; ni en el escepticismo del liberalismo radical que es incapaz de hablar de los valores que le dan sentido a la comunidad; ni en el odio del populismo demagógico que sólo divide y destruye. Sólo el humanismo integral es capaz de entender el equilibrio entre Estado, Mercado y Comunidad. Sólo el humanismo integral, es capaz de sintetizar la trilogía libertad, igualdad y solidaridad”. Eso dijo en su mensaje de postulación.

Esa ubicua y pragmática concepción de humanismo político le permitirá  a Nava aderezar sus discursos como líder panista pero no aportará  definiciones sustantivas mientras no la nutra de miga y orientaciones conceptuales.

El humanismo político puede ser entendido de varias maneras. Efraín González Luna, candidato presidencial panista hace medio siglo, consideró que esa era la clave ideológica del PAN y propuso un humanismo político comprometido con la superación de los rezagos de la sociedad mexicana. Sin embargo el humanismo político también ha sido reivindicado por el Centro Fox, que es la institución manejada por el ex presidente Vicente Fox Quesada cuya complicidad con el interés privado se demostró en los reiterados servicios que les hizo durante su gobierno a las corporaciones mediáticas.

El humanismo político ha sido reivindicado fundamentalmente por pensadores que, de una u otra manera, supeditan las relaciones sociales y la política a las convicciones y determinaciones religiosas. No deja de ser significativo que César Nava haya terminado su discurso, antes de que lo eligieran, con una alusión a Jacques Maritain, el filósofo francés que fue uno de los referentes más importantes en el pensamiento político de la iglesia católica.

Jesús Moreno Frías, estudioso y dirigente local de Acción Nacional, describe así el significado que el humanismo político ha alcanzado dentro de ese partido:  “En el caso del PAN, se concibe al hombre como un ser único e irrepetible con alma espiritual y cuerpo material; sujeto de derechos y deberes; además y esto es específico en este Partido, cuenta con una cualidad trascendente denominada sentido religioso. Esta dimensión la toma muy en cuenta el Partido Acción Nacional, ya que considera que el aspecto religioso del hombre es el que da significado total a la vida, a la sociedad, y sobre todo a la historia humana”.

Otra interpretación de esa vertiente ideológica considera que el humanismo político acerca al PAN al compromiso social. El año pasado, en un seminario organizado en la UNAM, Rodrigo Guerra López, del Centro de Investigación Social Avanzada de Querétaro, ofreció una concepción más amplia del humanismo político panista:

“El humanismo político, antes que ser una teoría sistematizada en algún manual, es una experiencia en América Latina. La experiencia del aprecio y la acogida solidaria del otro. El humanismo político vuelve cuando reaparecen gestos de humanidad en las situaciones límite, en las crisis sociales, y eventualmente, en las crisis políticas. Cuando hombres como Manuel Gómez Morín, Efraín González Luna, Rafael Preciado Hernández o más recientemente Carlos Castillo Peraza reproponen al humanismo político a través de su palabra y de su acción, lo que sucede es la recuperación de una vida que los excede y que busca expresarse también como teoría y como organización política. Todos estos hombres fueron frágiles y limitados. Todos cometieron errores. Sin embargo, en su conciencia habitaba la certeza del carácter trascendente e irreductible de la persona humana a cualquier sistema material complejo. Esta convicción en muchos casos estaba alimentada por la reflexión creativa sobre las posibilidades que brinda el pensamiento social cristiano”.

Ahora César Nava, formado en la clerical Universidad Panamericana, tiene la responsabilidad de mirar más allá de las vertientes ortodoxas que hacen del humanismo político un corsé y no una plataforma para la democracia.

En la circunstancia mexicana de nuestros días el humanismo político, entendido en la acepción solidaria y social, tendría que comprometerse con la abolición de desigualdades y con la justicia redistributiva. Sin embargo el lastre religioso que tiene ese concepto puede conducir a una mayor cerrazón panista en temas de política económica y en el acotamiento de los monopolios en áreas como el sindicalismo o las telecomunicaciones.

Sobre todo, una interpretación estrecha del humanismo político puede alejar todavía más al partido en el gobierno del respeto a los derechos de las personas en temas como el aborto o en el respeto a los derechos humanos, como se ha demostrado en la reticencia del presidente Calderón para castigar abusos de algunos miembros del Ejército y en su decisión para defender el fuero militar.

Pronto se verá si la definición que asumen el PAN y su nuevo dirigente nacional es la del humanismo político entendido como coartada para refrendar y ampliar privilegios o aquella que dice rescatar el interés de la sociedad.

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Cinco veces mencionó César Nava Vázquez el término humanismo en su discurso de postulación para ser electo presidente nacional del PAN. Esa fue, de hecho, la única definición ideológica que manifestó para concitar la adhesión de sus correligionarios que el sábado pasado, 8 de agosto, confirmaron la decisión que había tomado el presidente de la República, Felipe Calderón.

La designación de Nava cumplió con los requisitos estatutarios pero padeció notorios déficit políticos. La falta de una auténtica competencia dentro de ese partido, estuvo acompañada del rechazo de la cúpula panista al debate de ideas. La discusión en profundidad que habían propuesto algunos miembros de ese partido que estuvieron en desacuerdo con la decisión presidencial fue supeditada al balance que hará una comisión propuesta por el propio Nava.

La inconformidad dentro de ese partido originada primero en las decisiones políticas y los errores de Germán Martínez que condujeron a su renuncia y luego en la postulación de Nava, fue exacerbada por nuevos desplantes autoritarios. El discurso de Martínez durante el consejo nacional panista fue transmitido través de la red de televisión que tiene ese partido. En cambio intervenciones como las del senador Santiago Creel y del diputado electo Javier Corral, no recibieron esa difusión.

Nava fue electo con una significativa mayoría: 290 votos a favor, 39 anulados y 19 abstenciones. Por inercia o convicción, 83 de cada 100 consejeros panistas respaldaron al candidato del presidente Calderón.

Los cuestionamientos que durante varias semanas presentaron panistas destacados como Manuel Espino y Ricardo García Cervantes así  como Corral y Creel, fueron avasallados por una votación que muy posiblemente hubiera resultado menos contundente de no haber sido impulsada desde Los Pinos. El poder presidencial sigue imperando en el partido en el gobierno, ahora igual que en tiempos del viejo PRI.

Hubo, incluso, consejeros panistas que además forman parte del gobierno y que consideraron impropio que la ropa sucia dentro de ese partido se lave de cara a la sociedad.

Juan de Dios Castro, subprocurador en la PGR, en una carta dirigida al Consejo Nacional de su partido recomendó que la discusión dentro del PAN se mantuviera fuera de la mirada de los medios de comunicación: “Jamás, en ningún momento, aunque tengo adversarios políticos dentro de mi partido y diferendos con ellos, he expresado esos diferendos ante los medios masivos de comunicación. Para hacerlo, no es válido que se afirme que los asuntos internos del PAN interesan a la sociedad en su conjunto, porque ésta es plural. Estimo que dar a conocer sus diferendos, que no son más que opiniones personales, dan material para una nota escandalosa, magnificada, sucia para la caricatura obscena y la caricatura malévola”.

Así que los llamados a la censura dentro de ese partido, fueron atendidos con decisiones como la que bloqueó los discursos críticos en la televisión de los panistas.

Cabe preguntarnos qué habrían dicho los actuales dirigentes de Acción Nacional si, durante cualquiera de los gobiernos del PRI, el ex secretario particular del Presidente de la República hubiera sido habilitado como presidente nacional del partido en el poder.

Y no es culpa de Nava, sino de quien lo ha hecho dirigente de esa manera.

El nuevo presidente nacional del PAN tuvo por lo menos sensibilidad suficiente para reconocer que su designación ha estado acompañada de reproches dentro de ese partido. En su discurso de postulación admitió: “He palpado la existencia real de sentimientos de exclusión en muchos panistas del país, así como la inquietud en torno a la necesidad de una reflexión seria y profunda sobre los procesos electorales recientes”.

Pero no aportó elementos para esa deliberación. Solamente anunció  la creación de una “Comisión de Reflexión y Análisis de los Procesos Electorales de 2009″ que deberá presentar un documento para la discusión que tendrá el PAN a partir del 12 de septiembre, poco antes de que se conmemoren los 70 años de ese partido.

Lo que sí dijo Nava es que rescatará la identidad del PAN. Fue cuando dijo: “Estoy convencido que en el humanismo político que postulamos están las respuestas que necesita México”.

Nava no dijo qué entiende por humanismo político. El término es tan ambicioso y puede ser empleado con propósitos tan contradictorios que vale la pena seguir con el tema esta misma semana.

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