Sociedad y Poder

Se ha convertido en destinataria de los más inclementes reproches políticos; se le culpa del atraso, las pugnas e incluso las engañifas de los partidos; mientras más se la identifica por sus excesos, más se mitifican sus capacidades: la partidocracia es objetada, con y sin razones, por numerosos ciudadanos.

Colocada en el centro del cuestionamiento político, pareciera que mientras más se defiende la partidocracia refuerza mejor las impugnaciones en contra suya. Los reproches de dirigentes de todos los colores políticos en contra de la iniciativa para anular el voto, por lo general no han hecho sino justificar las desavenencias que se tienen acerca de ellos.

Denominarlas partidocracia implica, de inicio, una posición crítica respecto de las dirigencias de los partidos políticos. En todos los partidos tiene que haber jerarquías y las decisiones fundamentales deben estar a cargo de aquellos que han logrado colocarse al frente de cada organización política. Aunque sea de Perogrullo, es preciso recordar que los dirigentes están para conducir a un partido. El problema surge cuando se trata de liderazgos sustancialmente  alejados de sus bases, o de la sociedad a la que pretenden representar.

El cuestionamiento actual a la partidocracia surge precisamente de segmentos sociales que no se consideran identificados con tales partidos ni con quienes los encabezan. En esa apreciación crítica se amalgaman posiciones e intereses muy variados. Esencialmente podría considerarse, con Alberto Aziz, en una explicación acuñada hace tres años:

“La partidocracia, representa el encierro de una clase política que ha sido incapaz de construir acuerdos para consolidar la democracia, y por supuesto, para fortalecer el desarrollo del país. Tenemos a un conjunto de actores políticos obsesionados primero con la sucesión presidencial, y luego por quedarse con la presidencia, sin importar los medios para conseguirlo. Actores que paralizaron cualquier posibilidad reformadora. Partidos que tienen dinero público, mucho dinero y televisión, así que no necesitan ni ciudadanos, ni hacer política”.

En la circunstancia mexicana actual, no puede desconocerse que el reclamo contra la partidocracia ha sido alentado por las corporaciones mediáticas que fueron afectadas con la reforma constitucional que en 2007 canceló la venta de propaganda política en la televisión y la radio. Desde entonces menuderaron los reproches a una partidocracia que, se decía, estaba acaparando el espacio público en detrimento de los ciudadanos. Uno de los voceros de las televisoras exclamó en septiembre de aquel año: “No podemos permitir que la sociedad sea secuestrada por unos cuantos dirigentes de partidos políticos”.

Tampoco deberíamos permitir que a la sociedad, o a sus espacios de expresión y deliberación, los secuestre una mediocracia deformadora y convenenciera.

Por eso es pertinente distinguir entre los cuestionamientos a la partidocracia que surgen del interés para restaurar y ampliar privilegios de grupos de presión como los que constituyen las corporaciones mediáticas y las críticas surgidas de otras posiciones, especialmente entre ciudadanos que están en desacuerdo con los actuales partidos.

Las burocracias dirigentes son consustanciales a los partidos. Y los partidos, gústenos o no, son indispensables en las democracias. Podemos decir que son males necesarios. Podemos y debiéramos advertir sus muchas inconsistencias y desde luego sus inconsecuencias y arbitrariedades. Pero sin partidos no hay representación política en una sociedad compleja y de masas como la que tenemos. Sin partidos no hay democracia y en cada uno de ellos resulta inevitable que existan -y desde luego que gobiernen- grupos dirigentes.

Eso no significa que los partidos que ahora tenemos, ni que los grupos que ahora los dirigen, tengan que recibir solamente por eso nuestra adhesión. Por ello las convocatorias para anular el voto no necesariamente atentan contra institucionalidad política ni son antitéticas con la democracia, como con tanta ligereza han sostenido algunos de sus críticos. Pero, por otra parte, quienes a partir de la iniciativa para anular el voto consideran que de esa manera abolirán a la partidocracia, incurren en una actitud demasiado candorosa.

Las dirigencias de los partidos son ineludibles. Precisamente por eso hay que aspirar a que estén sometidas al más estricto escrutinio y, antes que nada, a que a ellas lleguen los mejores dirigentes que sea posible.

Desde luego, la designación de sus líderes y la vigilancia de su desempeño es asunto antes que nada de los miembros de cada partido. Pero también se trata de temas que conciernen al conjunto de la sociedad. No hay que olvidar que los partidos son instituciones de interés público.

Esa condición de los partidos no está suficientemente contemplada en la legislación mexicana. En este país, por motivos diversos, hemos demorado la creación de una Ley de Partidos que establezca mecanismos para asegurar la democracia interna, los derechos de corrientes y minorías, la rendición de cuentas, la revocabilidad y los compromisos públicos tanto de los propios partidos como de sus líderes, entre otros temas.

Contamos con disposiciones que ya obligan a los partidos a informar de su situación financiera y de otras decisiones y que están contenidas en el capítulo sobre Transparencia del actual Código Electoral, pero son tan nuevas y tan escasamente conocidas que no han sido suficientemente cumplidas ni exigidas. Además hace falta una legislación específica para los partidos y no solamente las medidas que establece la normatividad electoral.

La anulación del voto no abolirá a la partidocracia. Pero será un reto a su capacidad de respuesta a las inquietudes de los ciudadanos que no se avienen con ninguno de los partidos tal y como se encuentran ahora. Posiblemente, además, gracias a inquietudes como esas podamos tener una ley de partidos que se origine en el reconocimiento de que las burocracias políticas son inevitables, pero no por ello irremediables.