Sociedad y Poder

Eliseo Barrón Hernández era un reportero de a pie. Lo suyo eran las notas breves, directas, información pura y dura. Tenía 11 años practicando el qué, quién, cuándo y dónde en las notas policiacas que escribía para la edición en Torreón, Coahuila, del diario Milenio. El cómo y el por qué por lo general se los dejaba a otros periodistas.

De prisa y precisa, la información acerca de crímenes, robos y accidentes no se presta mucho a la especulación. Sin embargo el auge del narcotráfico ha llevado las notas policiacas a la primera plana de los diarios. Quizá esa circunstancia hizo más complejo, y acaso arriesgado, el trabajo de Eliseo Barrón. El lunes por la noche varios hombres armados lo sacaron de su casa por la fuerza. Al día siguiente su cadáver apareció en un predio de Gómez Palacio, ciudad vecina de Torreón. Es evidente que lo torturaron.

Con Eliseo Barrón, son cinco los periodistas mexicanos asesinados en el transcurso de este año. Es posible que no todos hayan sido victimados como resultado de su trabajo informativo pero las parsimoniosas indagaciones judiciales no lo han esclarecido.

El Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, que mantiene un registro de agresiones a periodistas, indica que el 13 febrero Jean Paul Ibarra, fotógrafo de El Correo de Iguala, Guerrero, fue asesinado a tiros cuando viajaba en una motocicleta con otra periodista que resultó herida. Ibarra cubría asuntos policiacos.

El 23 de, febrero en Huayacocotla, Veracruz, Luis Daniel Méndez Hernández, reportero de la radiodifusora “La Poderosa”, murió tiroteado cuando salía de un salón de baile.

El 29 de febrero Juan Carlos Hernández Mundo, director del periódico El Quijote de Taxco, Guerrero, murió cuando le dispararon desde una camioneta.

El 3 de abril Carlos Ortega Samper, de El Tiempo de Durango, fue victimado cuando se resistió a ser secuestrado por cuatro individuos que lo querían sacar de su automóvil en el poblado de Santa María del Oro. Ortega había denunciado al alcalde y otras autoridades de ese municipio por amenazarlo después de que publicó denuncias por hechos de corrupción.

Ninguna de las averiguaciones por esos asesinatos ha sido resuelta. El Commitee to Protect Journalists con sede en Nueva York, indicaba el martes pasado que en el transcurso de 2009 ha registrado 11 casos confirmados de periodistas asesinados en todo el mundo debido a su trabajo como informadores y 12 casos por confirmar, entre ellos 2 mexicanos (Jean Paul Ibarra y Carlos Ortega). Con el nuevo crimen, esa cifra habrá aumentado a 3.

La información de cualquiera de esas muertes posiblemente habría sido cubierta de manera escueta por Eliseo Barrón. Uno de sus últimos reportes periodísticos, si no es que el último, fue acerca de un escolta del jefe de la policía municipal en Torreón a quien despidieron porque el domingo pasado, alcoholizado, se puso a tirar balazos. Días antes, escribió sobre el despido de 302 agentes policiacos presuntamente vinculados con la delincuencia organizada.

Quién sabe cuál de esas informaciones desató la violencia de sus asesinos. Eliseo Barrón era reportero de notas concisas, sin especulaciones ni florituras. Los títulos de algunas de las más recientes dan cuenta de sus temas cotidianos: “Engañan a vendedora con billete de $500 falso” (25 de abril); “Niña de Matamoros baleada en persecución murió hoy” (1 de mayo); “Con tres impactos de bala asesinan a soldado” (11 de mayo); “Policía asesino sigue prófugo de la justicia“(11 de mayo); “Madre del niño atropellado por chofer pide castigo para el agresor” (19 de mayo). Los que por lo general ocupaban a Barrón no eran asuntos tan estridentes como los  que protagonizan las grandes pandillas de narcotraficantes.

Más que las intimidaciones de capos criminales, lo que Eliseo Barrón había deplorado eran las limitaciones que los compromisos personales y comerciales imponen a la información periodística. El 8 de diciembre pasado apareció, firmada con su nombre, la siguiente opinión en un foro de discusión en línea sobre la censura en la prensa latinoamericana:

“La autocensura se inicia en los medios cuando el funcionario o la persona, son ‘amigos’ de los jefes y por ende no se puede emitir ninguna información en su contra.

“En México ya sea periódicos de circulación nacional o local, no se habla en contra de los alcaldes o gobernadores, debido a que se teme les quite la publicidad, de la cual ya la tienen cobrada por adelantado, o se tienen convenios.

“En lo que respecta a las notas policiacas, el 90 por ciento de ellas no se publican cuando el sospechoso es familiar, amigo o conocido de un funcionario municipal o estatal.

“Esa es una autocensura, que en la realidad tiene que ver con amistades entre los funcionarios y los directivos de los medios, aunque en ocasiones es por un asunto de carácter económico o publicitario”.

Esas, forman parte de las restricciones cotidianas que padecen reporteros como Eliseo Barrón Hernández. A un panorama profesional acotado por diversas formas de censura, se añade ahora el asesinato como instrumento de coacción a los periodistas.

Desde el martes es noticia que Eliseo Barrón Hernández murió torturado, después de que lo secuestraron delante de sus pequeñas hijas. Se sabe el qué y el dónde. Resulta imprescindible conocer además el cómo y el por qué.

Esta nota, ahora actualizada con ligeros cambios, apareció ayer jueves en la edición digital del periódico El País.

Una jueza de Cholula, en Puebla, tomó una decisión que contradice la reforma constitucional en materia de medios y elecciones. Cobijada por la pragmática cuan debatible resolución de la Suprema Corte de Justicia que a fines de septiembre pasado les dio carta libre a los juzgados ordinarios para resolver solicitudes de amparo contra reformas constitucionales, la licenciada Florida López Hernández consideró que la prohibición a la compra de propaganda política en radio y televisión vulnera los derechos de la Asociación de Industriales y Empresarios de Morelos.

Esa agrupación, como parte de la acometida de la Coparmex contra la reforma constitucional, solicitó un amparo en un juzgado de Cuernavaca. El juez lo rechazó al considerarlo improcedente. Sin embargo, sin que en la sentencia se expliquen las causas de ese traslado, el Consejo de la Judicatura Federal envió el asunto a la jueza López Hernández.

La titular del Juzgado Séptimo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región en San Andrés Cholula, atendió exclusivamente a cuestiones de forma y trámite para declarar improcedente (al menos en beneficio de los demandantes) una reforma constitucional que fue aprobada con sobrada mayoría por las cámaras de Senadores y Diputados y que luego sería ratificada por 31 congresos estatales.

Ahora, en virtud del amparo que le concedieron, la asociación empresarial morelense puede contratar anuncios políticos en televisión y radio en desacato al artículo 41 de la Constitución Política. Pero se trata de un logro pírrico de los grupos empresariales y los consorcios mediáticos que se oponen a esa reforma porque si bien esa organización puede comprar, las empresas de televisión y radio no están autorizadas a vender ni siquiera medio segundo de publicidad política.

Si hay empresas que están comercializando espacios de propaganda política, o que están obsequiando espacio para algunos candidatos, podrían recibir sanciones de la autoridad electoral. La aparición de Demetrio Sodi, candidato panista a titular de la delegación Miguel Hidalgo, en la transmisión del partido de futbol del sábado en Televisa, pudo haberse debido a un favor de dicha empresa. Aún así, el inusitado espacio que recibió Sodi podría ser una donación ilegal porque el precio comercial de esa aparición televisiva superaría los límites que el Código Electoral establece para las aportaciones a los partidos.

Mientras el IFE resuelve qué hacer con la repentina inquietud futbolística de Sodi, la Suprema Corte de Justicia encuentra incrementado el compromiso hasta ahora incumplido que tiene con la legislación acerca de los procesos electorales y los medios de comunicación. La inopinada decisión de la jueza Florida López y las reacciones que está suscitando confirman la necesidad de que la Corte ratifique los principios constitucionales aprobados en septiembre de 2007 y que tan palmariamente disgustaron a las televisoras.

Ayer por la tarde la Asociación Mexicana de Derecho a la Información dio a conocer su preocupación por la sentencia de la jueza de Cholula:

“A la jueza López Hernández le llamó la atención que en el Diario de los Debates del Senado no se precisara con claridad la hora en la que terminó la sesión del día cuando esa Cámara aprobó la reforma constitucional. También considera irregularidad grave el hecho de que en el decreto de esa Cámara no se diga textualmente que las reformas tuvieron la aprobación de dos tercios de los senadores, aunque sí se precisaba la votación que superaba esa cantidad. Además cuestiona la omisión en la declaratoria de la Cámara de Diputados del voto negativo a la reforma en una de las 31 legislaturas estatales, así como la ausencia de los nombres de esos estados en el Decreto que expidió el Poder Ejecutivo -aunque en los diarios de los Debates de ambas cámaras sí se mencionan las 30 resoluciones a favor de esos cambios constitucionales-. Y como en la declaratoria del Senado se dice que esa Cámara remitiría la resolución final al Ejecutivo para su promulgación y en el Diario Oficial de la Federación se indica que quien envió tal decisión fue el Congreso de la Unión, la jueza encuentra otra “irregularidad destacada”.

Suscrito por el Dr. Néstor García Canclini que coordina el consejo consultivo de la AMEDI y por el autor de esta columna, el comunicado puntualiza:

“Aunque el amparo fue solicitado contra modificaciones a nueve artículos constitucionales, la jueza únicamente lo otorgó respecto de un párrafo del 41 Constitucional. Se trata, precisamente, del enunciado que ha sido más impugnado, con diversas consideraciones políticas e ideológicas, por distintos críticos de la reforma constitucional y muy especialmente por las empresas que acaparan la televisión en México.

“En la sentencia de la jueza Florida López no hay una sola línea que tome en cuenta los argumentos centrales de los impugnadores de esas modificaciones constitucionales. Solamente atiende a presuntas e infundadas irregularidades de forma”.

El comunicado de la AMEDI está respaldado por una treintena de miembros de su consejo consultivo, entre ellos el ex senador Javier Corral Jurado, el ex presidente del IFE José Woldenberg y los ex consejeros Jesús Cantú y Jaime Cárdenas. También lo suscriben analistas políticos como Miguel Ángel Granados Chapa, Alberto Aziz, José Antonio Crespo, Denise Dresser, Ricardo Raphael y Francisco Paoli.

Los amparos de los grupos empresariales contra la reforma electoral coinciden con la animosidad de Televisa y Televisión Azteca respecto de esas disposiciones constitucionales. Los miembros de la AMEDI consideran: “Las televisoras quieren abrogar esa reforma para volver a disfrutar no solamente de las cuantiosas contrataciones de propaganda de las que eran beneficiarias, sino además para volver a disfrutar de manera plena la capacidad de presión y manipulación que han ejercido sobre los partidos políticos”.

Gente de los medios y la creación artística como Felipe Cazals, Loretta Ortiz, Carlos Padilla Ríos, Inna Payán, Elena Poniatowska y Ernesto Velázquez Briseño, forman parte de los adherentes de ese documento. Allí se concluye:

“Los partidos políticos, y sus legisladores, tienen la responsabilidad de preservar la reforma constitucional que auspiciaron y aprobaron en 2007. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la obligación de asumir plenamente su responsabilidad en este asunto y resolver de manera definitiva la ilegalidad de las impugnaciones contra la reforma constitucional en materia de propaganda política”.

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La pésima broma a un discapacitado mental ha puesto en evidencia el doble discurso de Televisa acerca de las personas con limitaciones. Esa empresa, que cada año se ufana de una vistosa aunque interesada filantropía cuando organiza el Teletón, ha vuelto rutina las mofas que algunos de sus cómicos y productores hacen del comediante Sammy Pérez.

El domingo 17 de mayo en el programa paradójicamente llamado “¡Hazme reír”, ese personaje conocido por sus limitaciones para expresarse fue víctima de una abusiva ocurrencia protagonizada por las conductoras Galilea Montijo y Roxanna Castellanos. A Pérez le dijeron que iba a ser contratado para una nueva serie pero que antes tenía que ensayar con ellas varias escenas atrevidas.

La información periodística reseñó así las escenas siguientes: “Montijo y Castellanos se cambiaron de ropa y se pusieron unos baby dolls. Luego, comenzaron a desvestirlo hasta dejarlo en calzoncillos y una toalla envuelta y le pidieron que les untara crema a ambas.

“En otra escena, un perico de peluche que hablaba comenzó a darle instrucciones a Sammy para que él, semidesnudo, bailara y se quitara la toalla.

“En ese momento entró un tercer actor haciéndose pasar por personal de seguridad y reprendió a Sammy, explicándole que estaba violando las normas de la empresa al estar en paños menores. Fue entonces cuando le dijeron que se trataba de una broma”.

Abusiva con cualquier persona, esa supuesta broma resultaba especialmente grosera con Sammy Pérez cuyas limitaciones lo han convertido en un personaje a la vez simpático y patético por la manera como es utilizado en varias series de Televisa. Durante el mismo programa, que está organizado como aparente concurso en donde un jurado premia la rutina más graciosa, se suscitó una breve discusión por el abuso cometido con Sammy.

Días después, varias organizaciones y personas interesadas en la defensa de derechos humanos protestaron ante ese atropello. “Se trata de un acto irrespetuoso, indigno y discriminatorio hacia una persona con discapacidad intelectual, ya que al utilizarlo para esta ‘broma’ se abusa de su condición y se viola el reconocimiento de sus derechos”, dijeron en un documento promovido por la columnista Katia d’ Artigues en el sitio web de El Universal.

En esa carta abierta se explica: “Hay que recordar que los conductores se rieron, e invitaron al público a reírse de la ingenuidad y candidez del protagonista, características asociadas a su discapacidad, sin tener en cuenta el impacto enorme que tiene la televisión en la cultura social de este país, y sin hacerse responsables de la imagen social que proyectan y reproducen de las personas con discapacidad”.

Los firmantes de ese documento dijeron que se había presentado una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Además, solicitaron a las conductoras del programa televisivo que le ofrecieran una disculpa pública a Sammy “por la utilización indigna, burlona y absolutamente falta de respeto que hicieron de su persona, y la hagan extensiva a todos los ciudadanos con discapacidad de nuestro país, que según cifras de la Organización Mundial de la Salud, son el 10 por ciento de la población total de México”.

Esa carta, publicada el 22 de mayo, está respaldada por una treintena de organizaciones de defensa de los discapacitados como Unidos Pro Down, Fundación Pasos, Comunidad Down, Todos por la Inclusión e Inclusión Interamericana. Además, a título personal, fue suscrita por 121 ciudadanos, entre ellos Elena Poniatowska, Teresa Vale, Carmen Verduzco, Patricia Vega, Rosario Robles, Sabina Berman, Isabelle Tardan, Sandra Lorenzano y Teresa Incháustegui.

En el mismo sitio de Internet se propaló una iniciativa para que las conductoras del programa pretendidamente cómico tomaran un curso sobre derechos humanos que les enseñe a identificar las conductas discriminatorias. Aunque parecía una propuesta más bien emblemática como tantas otras que aparecen en la Red, hubo una respuesta formal de  Ricardo Bucio Mújica Secretario Técnico Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que dirigió una carta a los productores del programa “Hazme reír y serás millonario”.

Ese funcionario señaló: “la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), apoyando la propuesta de la periodista Katia D’Artigues, invita al equipo de producción, los actores y al jurado del programa a recibir un  curso de corta duración sobre el derecho a la no discriminación y el respeto a los derechos humanos, con la finalidad de ofrecer herramientas para que los contenidos de su programación promuevan el respeto a los derechos humanos y no caigan en estereotipos y prejuicios que  atenten contra la dignidad de las personas”.

A su vez, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) inició una queja “por presuntos actos discriminatorios” y felicitó a la Comisión de Derechos Humanos del DF por el exhorto que envió a los productores de la serie de televisión “para que se sensibilice en el trato que deben tener a las personas que forman parte de grupos en situación de vulnerabilidad”.

Burdas e indignantes, las burlas a Sammy Pérez hace 8 días ocasionaron protestas pertinentes. Pero esas inconformidades no dejan de resultar algo tardías y, si se les mira en un contexto más amplio, también insuficientes.

Son reclamos tardíos porque desde hace varios años ese personaje es utilizado por Televisa para practicar una peregrina y vulgar comicidad. Las burlas a Sammy son frecuentes y siempre de mal gusto. En ocasiones los conductores de algunos programas lo insultan abiertamente y de manera intencional convocan al escarnio por parte de los televidentes inclusive en programas con público en el estudio. En otras, lo hacen interpretar rutinas o canciones haciéndole creer que le aplauden por sus méritos histriónicos o artísticos. Por otra parte, no es la primera vez que los programas de Televisa se aprovechan de la condición de Sammy para reírse de él con insinuaciones eróticas.

Esa burla de una persona con capacidades limitadas forma parte del humorismo ramplón que practica Televisa y que no pocos televidentes miran y aplauden, a veces porque no tienen otras opciones de entretenimiento pero también porque han sido habituados a tales simplezas. Vale decir, sin embargo, que Sammy Pérez y su familia están conformes, incluso contentos, con esa utilización que hace Televisa.

Cualquier abuso con personas que tienen dificultades físicas o mentales resulta cuestionable. Pero, más allá de esta situación, también podría considerarse que cualquier engaño que los medios de comunicación perpetren contra cualquier ciudadano debería merecer la más amplia condena. Desde hace años varios programas de Televisa, y especialmente en Televisión Azteca, embroman a personas con escenas falsas. El empleo de cámaras ocultas y de conductores disfrazados se ha convertido en recurso frecuente en busca de la hilaridad de los televidentes. Las comisiones y los defensores de los derechos humanos también podrían interesarse en abusos como esos. A la audiencia de Televisa, mientras tanto, este episodio podrá confirmarles la basura que transmite esa empresa.

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Las campañas políticas en YouTube han sido motivo para que se expresen reacciones temerosas, ventajosas y autoritarias. Entre las primeras están las de quienes encuentran en Internet un territorio inexplicable e inmanejable. Los prejuicios que todavía existen acerca de la Red de redes, a la cual el sensacionalismo mediático ha mostrado como reducto de malhechores, llevan a desconfiar de los contenidos que se propalan en ella.

Otra ha sido la reacción de quienes encuentran en los videos de contenido político el pretexto que confirma sus desacuerdos con las actuales reglas para las campañas electorales y los medios de comunicación. Como los contenidos en Internet no están sujetos a las normas que existen para la televisión y la radio, algunos comentaristas se han solazado señalando los excesos que se pueden hallar en el ciberespacio como si de esa manera se demostrara la imposibilidad de regular a los medios de comunicación.

Esas apreciaciones ventajosas, soslayan las enormes diferencias que hay entre los medios tradicionales e Internet. La televisión y la radio tienen responsabilidades que ameritan regulaciones también específicas por tres motivos: sus contenidos se transmiten en el espectro radioeléctrico que es propiedad de la nación, el espacio que utilizan para ello no es ilimitado -por eso el Estado tiene que concesionarles una frecuencia- y la audiencia que llegan a alcanzar es sustancialmente mayor a la que tienen los sitios de Internet sobre todo en países de conectividad precaria como la que tenemos todavía en México.

Tales diferencias ameritan que existan reglas para los contenidos políticos en televisión y radio y las hacen innecesarias, además de indeseables, para un espacio abierto y accesible como es Internet.

La tercera reacción adversa a los contenidos políticamente agresivos en YouTube y otros sitios es la de quienes pretenden extender a la Red las decisiones regulatorias que hay para los medios convencionales. Allí destacan, sobre todo, las posiciones de quienes encuentran sumamente incómodo el espíritu libre de Internet e improvisan argumentos para tratar de censurarlo.

Ayer jueves en Milenio el consejero electoral Marco Antonio Gómez Alcántar publicó un texto vehementemente representativo del síndrome autoritario que se manifiesta respecto de Internet. Comienza tropezándose consigo mismo, porque desde sus primeros párrafos sostiene que el IFE no quiere regular a Internet pero sí a sitios como YouTube:

“…el IFE no pretende regular ese medio ni mucho menos. El IFE lo que ordenó fue que el administrador de una red social o sitio comunitario que opera en internet cumpla con lo que la Constitución dispone en la difusión de propaganda política. Y por ello es necesario precisar que las redes sociales y sitios comunitarios, como YouTube, son medios de comunicación sujetos de regulación interna en el país donde operan, por ello atienden solicitudes de retiro de contenidos que violen derechos de autor, contengan delitos o, según se estipula en el contrato de operación de YouTube, ‘difamen’ “.

YouTube es parte de Internet pero no es un medio de comunicación en sí mismo. El medio es la Red. El portal de videos es parte de ese medio complejo y amplísimo. Las leyes de cada país protegen los derechos de sus habitantes respecto de lo que se dice y propaga en Internet. Pero esa facultad no se extiende a la protección que el IFE hace de los partidos y las campañas electorales.

Gómez Alcántar considera que el IFE tiene competencia para sancionar contenidos en Internet porque: “El artículo 41 prohíbe a los partidos políticos el uso de expresiones que denigren a instituciones del Estado mexicano o a otros partidos, o bien que calumnien a las personas, sin distinguir o limitar el medio de comunicación. Por ende, si una red social en internet autoriza la difusión de contenidos que violan la norma electoral, dicha difusión puede ser objeto de medidas cautelares por parte del IFE”.

Lo que el IFE puede regular -y es una atribución discutible pero eso dice la ley- es el discurso de los partidos, no a los medios en donde se difunde. La Constitución y la ley electoral obligan al IFE a normar los contenidos electorales en la televisión y la radio. Nada más. Inclusive, la ley le da a la autoridad electoral instrumentos específicos para sancionar no solamente a los partidos sino además a los concesionarios de radio y televisión que la infrinjan.

Si un partido transgrede la ley con los contenidos que difunde en un medio que no sea radio o televisión el IFE puede sancionar a ese partido, pero no al medio de comunicación. Si un candidato a diputado o su partido publican en un periódico un artículo cargado de injurias y denostaciones contra uno de sus rivales, la autoridad electoral puede sancionar a ese aspirante a legislador o a su organización política pero no tiene atribuciones para castigar al medio de comunicación impreso.

Eso no quiere decir que las difamaciones o calumnias que se expresen en medios radiofónicos tengan que permanecer impunes. La legislación civil ofrece recursos claros para que los ciudadanos se defiendan de agresiones a su fama pública. Pero la capacidad para establecer si se trata de conductas delictivas y en ese caso para imponerles una sanción radica en los jueces.

Cuando algunos consejeros del IFE como el mencionado Gómez Alcántar se quieren arropar en la legislación electoral para sancionar a los particulares, pretenden adjudicarse atribuciones que solamente tiene el Poder Judicial. Esa suplantación de funciones resulta de suyo preocupante pero en este caso, además, implica restricciones deliberadas a la crítica política y a la libertad de expresión.

La discusión sobre la propaganda en YouTube se avivó a partir de la difusión que recibió un video ciertamente injurioso en donde se ridiculiza y acusa al gobernador de Veracruz. Como se comentó en este espacio, sin el escándalo mediático que lo acompañó y sin el afán persecutorio de consejeros como Gómez Alcántar, ese video hubiera tenido una pobre, triste y escasa fama. Allí se encuentra una lección inicial de este episodio. La todavía limitada cobertura que tiene Internet en México, junto con la oceánica variedad de contenidos que hay en la Red se amalgaman para que, en nuestra sociedad, un contenido intencionalmente político y alojado en el ciberespacio únicamente alcance éxito si es propagado por los medios de comunicación convencionales.

Preocupado por la vulnerada fama pública del gobernador de Veracruz, el consejero Gómez Alcántar distorsiona el sentido de la ley y le atribuye al IFE capacidades que no tiene. Gómez dice que la autoridad electoral debe aplicar la ley “con independencia de quien sea el emisor del mensaje. Así lo establece el artículo 365, párrafo 5, del Cofipe”. Sin embargo ese apartado del Código Federal Electoral faculta al IFE para requerir a cualquier persona la entrega de informaciones y pruebas que sean necesarias para desahogar una queja ante la propia autoridad electoral, no para sancionar a los particulares.

El video acerca del gobernador Fidel Herrera, por cierto, sigue siendo muy visto tanto en YouTube como en otros sitios de videos en la Red. El consejero Gómez Alcántar también se equivoca cuando dice que YouTube retiró el video aunque lamenta que no lo haya hecho por disposición del IFE sino a petición de la empresa titular de los derechos de autor de la canción que es parodiada en el multicomentado video.

Hace una semana decíamos aquí que a consecuencia de la involuntaria promoción que le dieron algunos consejeros del IFE el video, colocado en YouTube por un internauta que se identifica como “mario69″, había sido visto por 46 mil usuarios de ese servicio. Ayer jueves la cifra había aumentado a 158152. La copia del mismo archivo que colocó “yel8548″ pasó de 19800, a 37965 visitas.

Así que no es cierto que el IFE tenga atribuciones para censurar expresiones de los ciudadanos; no es cierto que pueda intervenir en Internet; no es cierto que la autoridad electoral sea la vía adecuada para defender a los ciudadanos de calumnias en el ciberespacio o fuera de línea. Ni siquiera es cierto que ese infamatorio video ya no esté en Internet.

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El poder de Televisa le hace daño a México. Así lo reconoció Roberto Madrazo, ex candidato presidencial y ahora crítico del sistema político, entrevistado por Carmen Aristegui.

En una conversación en MVS Radio con motivo del libro que acaba de publicar, el también ex líder nacional del PRI dijo:

“Me pongo a pensar en el enorme poder que tiene una televisora y yo me pregunto hasta dónde es conveniente para nuestro país tanto poder en los medios de comunicación”.

Y un momento después: “No puede haber tanto poder concentrado en un medio de comunicación que le haga tanto daño a nuestro país. Estos monopolios no son buenos para el país”.

A esa conclusión llega Roberto Madrazo Pintado después de años, o décadas, de haber buscado el respaldo de las corporaciones mediáticas y un trienio después de haber quedado desplazado de la contienda por la presidencia de la República debido a la polarización entre los candidatos que reunieron más votos en las elecciones de 2006, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador.

Tardía, aunque todo testimonio de primera mano es útil para reconstruir cómo se toman las decisiones que amalgaman la asociación entre el poder político y el poder mediático, esa apreciación Madrazo la expresó después de que Aristegui le preguntó sobre la Ley Televisa. Como se puede recordar, en marzo de 2006 las campañas presidenciales entraban a su fase más competida y justamente entonces estaban por votarse en el Senado las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión que por su origen, el cabildeo que las impulsaba y sus beneficiarios notorios, fueron denominadas como Ley Televisa.

A pregunta de Aristegui, el ex candidato presidencial confirmó que para forzar la adhesión de los legisladores Televisa les ofreció por lo menos al PRI y al PAN un tratamiento privilegiado en la cobertura de sus campañas. Madrazo relató ayer en el noticiero matutino de MVS radio que la negociación con el Revolucionario Institucional en aquellos meses de 2006 estuvo a cargo de Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa: “Lo que ellos estaban vendiendo es que iba a haber durante la campaña un trato diferente o igual, oportunidad de hablar de propuestas. Tú te acordarás que era una campaña muy difícil mediáticamente muy difícil porque los medios estaban polarizando al país; entre la derecha y la izquierda pareciera que no existía nada más que la confrontación”.

Madrazo dice que él no participó en esas negociaciones pero sostiene que aquellas reformas fueron directamente impulsadas por la pareja que mandaba en Los Pinos: “al final, lo que ha sucedido en esa etapa es que Martha Sahagún y Vicente Fox fueron cómplices de la Ley Televisa”.

Como la periodista le replicó “Pero tú también”, Madrazo contestó de inmediato: “Fuimos débiles”.

Según Madrazo, la propuesta para darle trato preferencial al PRI se la hizo Televisa directamente a los coordinadores parlamentarios de ese partido. A pregunta de Aristegui, corroboró que la empresa televisora ofreció un paquete de cobertura política en sus canales.

El viraje de Madrazo respecto de Televisa coincide con las rectificaciones de muchos políticos mexicanos que, cuando han fracasado en sus aspiraciones electorales, encuentran que los directivos de esa televisora se habían granjeado su adhesión a cambio de promesas nunca del todo cumplidas.

Significativa por drástica, esa explicación de Roberto Madrazo queda corta. Antes del que platicó ayer martes en la radio, se han conocido otros testimonios de cómo presionó Televisa a los priistas para que sus senadores respaldaran las reformas que, al año siguiente, serían enmendadas por la Suprema Corte de Justicia.

En abril de aquel 2006 el senador Manuel Bartlett, uno de los legisladores del PRI que votó contra esa iniciativa, relató que poco antes de la sesión en donde se votaría la Ley Televisa, a los miembros de ese grupo parlamentario sus directivos los urgieron para “aprobar de inmediato la citada minuta en sus términos, por convenir a la candidatura de Roberto Madrazo. Ante una votación interna dividida se acordó el voto libre, de conciencia, pero se impuso el voto de la línea. El ‘aparato’ entró en operación, no se permitió la confrontación de las tesis diferentes para la toma democrática de posiciones, no se evaluó el interés público, la vulneración del Estado…el interés superior fue el de los candidatos y sólo el de los candidatos” (Enfoque, suplemento de Reforma. 9 de abril de 2006).

Por esas fechas, unos días antes de que fuese aprobada, el analista político Ricardo Raphael explicó los motivos que tenía el entonces candidato presidencial del PRI para respaldar la Ley Televisa: “Funcionarios de Televisa le enseñaron a Madrazo la enorme cuenta que aún les debe por su desbordada campaña publicitaria. No fue necesario más: a excepción de muy pocos como Manuel Bartlett, el resto de los senadores se plegaron a la línea que les dictó su candidato a la Presidencia”.

Madrazo podría aclarar ese y otros episodios de sumisión de su partido, y de él mismo, a los dictados de Televisa. Ayer, mientras tanto, condensó en una frase las consecuencias que tiene la presencia pública que, en ausencia de contrapesos y regulaciones eficaces, ha alcanzado la empresa de Emilio Azcárraga Jean:

“El problema que yo veo más de fondo… es este poder de las televisoras, particularmente Televisa, que puede construir o destruir honras, prestigios, en segundos”.

Tiene razón Madrazo en su apreciación sobre esa empresa y el poder mediático. Pero el problema que realmente está en el fondo de esta subordinación de la vida pública al predomino de una o dos televisoras, se encuentra en el temor ignorante y reverencial que les tienen el gobierno, los partidos y los legisladores.

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Con una resolución embustera y cantinflesca, los magistrados del Tribunal Federal Electoral anularon la reforma constitucional que impide la contratación de espacios de propaganda política en televisión y radio. Al revocar una resolución del IFE que sancionaba al Partido Verde y a los diputados que contrataron anuncios en televisión para promoverse con el pretexto de difundir una de sus iniciativas de ley, el Tribunal Electoral estableció un precedente de extrema gravedad.

Los partidos no han querido darse cuenta de esa decisión, que niega la reforma constitucional que impulsaron hace año y medio. Las televisoras han disimulado maliciosamente el regocijo que les suscita esa decisión de los magistrados electorales y que muy posiblemente se debe al tenaz cabildeo que los personeros de Televisa y Televisión Azteca han sostenido para acosar, y por lo visto persuadir, a los magistrados del Trife. En el terreno del análisis crítico casi nadie se ha querido dar cuenta de esa decisión, excepto comentaristas puntuales como Miguel Ángel Granados Chapa y Ciro Murayama.

El 29 de marzo pasado, el consejo general del IFE consideró que los anuncios de los diputados del Partido Verde que habían sido difundidos durante ese mes en varios canales de televisión violaban la legislación electoral y le impuso a ese partido una multa de 9 millones y medio de pesos. La nueva ley electoral, y la Constitución misma, prohíben la contratación de mensajes políticos y establecen que los partidos podrán anunciarse en radio y televisión únicamente a través de los espacios gestionados y administrados por la autoridad electoral. Ambos ordenamientos prohíben, por otra parte, la contratación de propaganda oficial que haga promoción personalizada de los funcionarios públicos.

El IFE consideró que esos spots eran mensajes de proselitismo electoral difundidos en fechas durante las cuales estaban prohibidas las campañas de los partidos. Para respaldar ese argumento, reprodujo el contenido del mensaje del PartidoVerde. Esta es la transcripción.

Voz de Mujer:

– Bueno (imagen mujer contesta el teléfono)

Voz Hombre:

– O consigues la lana o ya sabes que le espera a tu hija (imagen hombre con un cigarro)

Voz Mujer:

– Por… no le hagan nada (imagen hombre cierra teléfono celular)

Voz Mujer:

– Ten hija (imagen mujer entregando dinero a otra mujer)

Voz Hombre:

– Diles que ya saben lo que tienen que hacer con la chava (imagen hombre hablando por teléfono celular).

– ¿Qué le habrán hecho a mi hija? ¿En dónde estará? (imagen de dos mujeres junto a un teléfono)

Voz Mujer:

– Tenemos que darle al país las armas necesarias para acabar con esta plaga por eso diputadas y diputados del Partido Verde presentamos una iniciativa de ley que castiga con pena de muerte a secuestradores y asesinos (imagen mujer de pie dos hombres sentados a la izquierda y a la derecha, al fondo bandera nacional).

Texto en pantalla. En la parte inferior a la última imagen descrita, aparece la siguiente leyenda:

Diputada Gloria Lavara

Informe de labores – Diputados plurinominales del Partido Verde.

Segundos después, en la parte superior a la misma imagen, aparece un cintillo con diversos nombres identificados de Diputados del Partido Verde Ecologista de México.

Voz en off:

– Partido Verde (Imagen a la derecha emblema Cámara de Diputados LX Legislatura; a la izquierda emblema Partido Verde Ecologista de México).

Evidentemente, ese mensaje era una pieza de propaganda política y no el informe de labores de la diputada Lavara y el resto de sus correligionarios en San Lázaro. El spot está a destinado a persuadir a favor de ese partido y no a dar cuenta de la actividad de sus diputados. Allí no se menciona ninguna otra iniciativa, ni la situación de esa propuesta dentro del proceso legislativo.

Sin embargo, movido a revisar la resolución de la autoridad electoral a partir de las quejas que presentaron tanto el PVEM como esos diputados, el Tribunal Federal consideró que el spot es parte de la información que esos legisladores hacen acerca de sus actividades y no se trata de propaganda electoral.

El TRIFE sostuvo, en su sesión del 8 de mayo pasado: 1) Que ese mensaje es de los diputados federales y no del partido Verde. 2) Que se trata de un anuncio para dar a conocer una postura de tales legisladores y no de su partido. 3) Que se difundió fuera de las fechas de campañas. 4) Que en ese mensaje no hay contenido electoral.

El anuncio es, en efecto, de los diputados. Pero su finalidad no es promocionar a los legisladores sino al Partido Verde; tanto así que la voz al final del mensaje enfatiza el nombre de esa organización política. Al asunto de las fechas, el Tribunal lo utiliza para restarle gravedad a la difusión del mensaje cuando debiera implicar todo lo contrario. Según las cuentas del mismo Trife, el anuncio fue difundido 206 veces entre el 18 y el 25 de marzo en canales de televisión nacionales. En esos días estaba prohibida la propaganda electoral. Al transmitirlo durante esos días, el PVEM infringió los plazos de dicha propaganda. Sin embargo para los magistrados tal circunstancia es causa de indulgencia: como no fueron transmitidos durante la temporada electoral, sugieren, esos anuncios no pudieron haber sido propaganda electoral.

Igual de equívoca es la maroma retórica que los magistrados del TRIFE emprenden para alegar que el spot no tiene contenido electoral: “de ninguna de las aseveraciones contenidas en el promocional, ni del contexto visual que se presenta, se advierte que los legisladores inciten de manera directa o indirecta a la obtención del voto a favor del Partido Verde Ecologista de México o en contra de cualquier otra opción política”.

O sea que para que haya propaganda electoral es indispensable que expresamente se invite a votar. Con esa tesis, el Tribunal Federal Electoral podría exculpar muchas conductas y mensajes a favor o en contra de los partidos y sus candidatos.

Para los magistrados del TRIFE, el uso del emblema de ese partido en los anuncios de televisión se justifica porque los diputados forman parte del PVEM: “ello tiene su explicación en que el elemento en común que identifica a los integrantes del grupo parlamentario es el partido político que los propuso para ejercer el encargo, el cual sólo es identificable mediante su denominación y el emblema o logotipo que lo caracteriza”. Para apuntalar ese argumento muestran el sitio de Internet de la Cámara de Diputados en donde junto a los legisladores del PVEM aparece el emblema de dicho partido.

A partir de esa resolución y amparado en los mismos argumentos, el gobernador Peña Nieto podría incorporar el logotipo del PRI a los costosos anuncios en donde se ufana de los avances de su administración. El gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, ya no tendría que disfrazar de rojo la propaganda que despliega aun en la más trivial acción de su gobierno y podría vestirla simplemente de tricolor. Los secretarios del gabinete presidencial podrían ofrecer conferencias de prensa con el emblema azul del PAN predominando en esas alocuciones ya que si se encuentran en el gobierno es porque son miembros de dicho partido. En la ciudad de México, Marcelo Ebrard podrá hacer propaganda abiertamente a favor del PRD puesto que forma filas en ese partido.

Y con la misma lógica que imponen los magistrados del TRIFE, cualquier diputado o senador, cualquier presidente municipal o cualquier gobernador, podrán comprar propaganda en televisión y radio para promover a sus partidos políticos con el pretexto de que se trata de informes de las tareas que han realizado.

La irresponsabilidad de los magistrados del TRIFE resulta sorprendente. No sólo vulneran en una sola votación los cimientos de la reforma electoral y abren la puerta para que de nuevo impere el poder de la mediocracia sobre los procesos electorales. Además alientan la compra de espacios para difundir sellos partidarios con el subterfugio de que así se mantiene informados a los ciudadanos. En su resolución del 8 de mayo, el TRIFE tuvo la desfachatez de apuntar:

“… lo considerado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en el sentido de que el mensaje transmitido se hizo con el fin de influir en los ciudadanos, para que éstos adoptaran una determinada conducta sobre un tema de interés social, como lo es el tema de ‘la pena de muerte’, no constituye una infracción a la normativa electoral, sino por el contrario, su difusión contribuye a la formación de una opinión pública bien informada y presenta resultados a la ciudadanía de las gestiones que una determinada corriente política lleva a cabo en el seno del Congreso de la Unión”.

Al considerar que con un spot como ése la opinión de los ciudadanos queda bien informada, los magistrados del TRIFE confirman su avasallamiento al modelo comunicacional que han querido imponer las televisoras. ¿Qué información hay en el spot antes transcrito? ¿Qué reflexión, cuál deliberación se favorece con ese anuncio? Además de las infracciones que hemos señalado, con mensajes de esa índole el PVEM y otros partidos de ninguna manera promueven la discusión pública. Lo que impulsan es la confusión y las apreciaciones maniqueas -más allá del carácter sumamente controvertido que tiene la pena de muerte-.

ALACENA: Mario Benedetti

Durante algunos años, hace demasiados, lo leímos con una intensidad que tenía algo de certezas ya previstas pero que siempre encontraba en él la frase exacta, la fórmula directa para describir emociones entreveradas con ilusiones.

Luego lo desplazaron lecturas más complejas, quizá menos axiomáticas. Pero a los libros de Mario Benedetti regresamos siempre con la sonrisa espontánea con que encontramos a un amigo al que no veíamos hace rato. Su manera franca de decir esas cosas sencillas que no siempre lo resultan tanto (el amor, la nostalgia, la amistad, el miedo, la lejanía, la libertad) nos llevó a encontrar en Benedetti un escritor fundamental y entrañable.

La reivindicación de ese valor antaño tan consistente pero ahora tan políticamente incorrecto al que antes se denominaba compromiso político, hizo de él un escritor a menudo más ideologizado por sus panegiristas que en sus propias obras. El Benedetti encarnación del espíritu uruguayo que llevó a cuestas en obras como La casa y el ladrillo y Montevideanos, el de la prosa tersa de Quién de nosotros, el de la inasible Laura Avellaneda de La Tregua, murió ayer en su Montevideo a los 88 años.

A veces se nos ha querido olvidar pero, dentro de su elemental obviedad y a pesar de la afectación con que llegamos a reiterarlo, nunca deja de ser cierto que en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.

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El consejero del IFE Marco Antonio Gómez se convirtió en el principal promotor de los agravios contra el gobernador de Veracruz. De no ser por su enfática aunque también desmañada insistencia para que YouTube retire de Internet un video que ridiculiza a Fidel Herrera Beltrán, ese material hubiera pasado prácticamente desapercibido.

Sin embargo el consejero Gómez, junto con otros miembros de la Comisión de Quejas del Instituto Federal Electoral, respondió a la inconformidad presentada por el gobierno veracruzano urgiendo al sitio de videos más célebre de Internet para que retire esa sátira.

A esa pretensión del consejero Gómez y del gobernador Herrera se le ha cuestionado en días recientes porque parece grotesco querer censurar un video que se encuentra ubicado en un sitio de Internet sobre el cual no tiene jurisdicción el Estado mexicano. La Red de redes, como es bien sabido, se distingue de los medios convencionales por su carácter descentralizado. Internet no tiene un cuarto de mandos desde donde se puedan controlar sus contenidos. Los archivos a los que tenemos acceso cuando nos conectamos a la Red se encuentran en millones de computadoras habilitadas como servidores de tales contenidos en todo el mundo.

El territorio en donde se coloca esa información no está sujeto a la jurisdicción específica de un gobierno, aunque algunos gobiernos con frecuencia quieren controlar y logran entorpecer el acceso de sus ciudadanos a Internet. La imbricación de esa trasnacionalización con la peculiaridad del territorio que constituye el ciberespacio, dificulta la acción de los gobiernos nacionales sobre la Red de redes. Gracias a ello, Internet es un espacio abierto a la expresión de ideas y contenidos, pero también de intolerancias, fanatismos y agravios de lo más variados.

Esa libertad que es posible en Internet no debiera ser entendida como patente de impunidad para quienes cometen delitos en la Red. Con frecuencia nos enteramos de la localización y aprehensión de gente que lucra con pornografía infantil, o que desfalca con engaños a usuarios de servicios financieros en línea. Esos logros policiacos confirman que Internet no está al margen de la aplicación de las leyes que persiguen y castigan delitos de toda índole en el mundo fuera de línea.

Así que no es descabellado pedirle a YouTube que retire un video que ofende a una persona pero siempre y cuando haya existido una sentencia judicial. Y el IFE no es juez, ni tiene atribuciones para determinar los contenidos de un sitio en Internet.

El video que ofendió al gobernador de Veracruz es una parodia de la canción promocional de la película “Rudo y cursi”. En 2 minutos con 44 segundos, allí se acusa de tramposo y ratero a Herrera Beltrán y además se hace escarnio de su obsesión política y propagandística para tapizar de color rojo el estado de Veracruz.

El gobernador tiene motivos para inconformarse con ese audiovisual, en el que hay acusaciones directas y mofa personal. Pero se equivocó de ventanilla para presentar su querella. Según el mismo Herrera, el abogado del gobierno de Veracruz que le solicitó al IFE la suspensión de ese video lo hizo a partir de la suposición de que se trata de propaganda elaborada por el Partido Acción Nacional. Seguramente al PAN no le faltan motivos para enfrentarse con Herrera. Pero no hay evidencias de que el multicitado video haya sido producido y puesto en línea por ese partido.

El consejero Gómez, incitado por la enjundiosa queja del gobierno de Veracruz, exigió la supresión de un video colocado por un particular. Y hasta donde sabemos, el IFE no tiene atribuciones para censurar las opiniones políticas de los ciudadanos, ni siquiera cuando son tan ofensivas y burlonas como sucede en el comentadísimo video.

Con su rimbombante exigencia a YouTube, que desde hace año y medio es propiedad del consorcio Google, el consejero Gómez no solamente se expuso a que los operadores de ese servicio de videos lo desairen o le respondan que no tienen por qué hacerle caso ya que se trata de un sitio colocado en Internet desde servidores ubicados fuera de México. Además y antes que nada, le dio al video una notoriedad que jamás habría tenido de no ser por esas exigencias.

Centenares de internautas mexicanos se han movilizado para denunciar la que consideran censura a la libertad de expresión en la Red. Algunos de ellos descargaron a sus computadoras el video contra Herrera Beltrán y lo colocaron en otros archivos de YouTube o incluso en otros reservorios de videos en Internet.

Puesto en línea hace unas tres semanas, el video contra Herrera había sido abierto por unos cuantos centenares de internautas. Pero esos curiosos se multiplicaron gracias a las exigencias del consejero del IFE. El miércoles pasado, por ejemplo, hacia el medio día la copia de ese video colocada por el usuario “mario69″, que es posiblemente su autor, había sido vista por 4 mil personas. Ayer jueves, al comenzar la noche, esa copia la habían visto más de 46 mil usuarios.

La copia del mismo video colocada también en YouTube por “yel8548″, el miércoles la habían visitado 2352 personas. Ayer, sumaban 19800.

Además de las tres o cuatro docenas de copias que hay en YouTube, el video sobre Herrera Beltrán fue subido a otros sitios de videos. Un usuario de Daily Motion lo puso el miércoles por la mañana y pocas horas después había tenido 1229 visitas; ayer eran más de 1900.

El archivo que colocó “mario69″ en YouTube tenía, hasta anoche, más de 600 comentarios. El foro que El Universal abrió para discutir ese tema alcanzaba más de 900 participaciones. Prácticamente todas eran para criticar al IFE y al gobernador de Veracruz.

Con la exigencia para que YouTube suprima ese video, el gobernador Herrera y el consejero Gómez inicialmente parecían muy rudos. Después de ese incidente habrá quien los considere cursis.

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No hay motivos de sorpresa en el comportamiento sinvergüenza e ilegal de Televisión Azteca. La misma empresa que envió una partida de pistoleros para asaltar y ocupar la antena del Canal 40 y luego quiso sobornar a los trabajadores de aquella emisora, la misma que junto con Televisa organizó una campaña de intimidación contra los inversionistas que pretendían crear una nueva cadena de televisión comercial, la mismísima que escamoteó los mensajes de los partidos políticos para que no fueran enviados a la retransmisión de sus canales que hace la televisión satelital es precisamente la que ahora utiliza de manera ilegal sus frecuencias concesionadas para difundir, sin autorización, un nuevo servicio de programación codificada.

Si la desfachatez de Televisión Azteca no sorprende en absoluto, tampoco resulta novedosa la complacencia del gobierno federal con los abusos de esa empresa. Ricardo Salinas Pliego le tiene tomada la medida al gobierno del presidente Felipe Calderón de la misma forma que manejaba, casi a su antojo, las decisiones comunicacionales de Vicente Fox. Pero no deja de ser muy grave, además de ciertamente patética, la indolencia de la actual administración para hacer que la ley se cumpla en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

Azteca, igual que otras televisoras, recibió una frecuencia adicional por cada una de las que ya tenía para, en el nuevo canal, difundir señales de televisión digital de alta definición. El 2 de julio de 2004 el presidente Fox les concedió a las televisoras esa nueva prerrogativa, con la que hipotecó el desarrollo de la televisión mexicana al modelo de televisión digital que existe en Estados Unidos y que solamente ofrece más calidad de imagen pero con las mismas opciones televisivas que ya existen. En el mundo hay otros modelos de televisión digital. En América Latina todos los países están eligiendo otras opciones, especialmente el modelo europeo que propicia la apertura de nuevos canales y no solamente más de la misma televisión.

Aquella decisión de Fox les permitió a las televisoras contar con más frecuencias pero únicamente para transmitir en formato digital la misma programación que difunden los canales de tipo analógico. Como la digitalización de las señales hace posible que además en cada canal se puedan conducir otros servicios de telecomunicaciones, aquel Acuerdo de Fox estableció que, previa autorización del gobierno federal, los concesionarios podrían difundir otros servicios. El apartado 2 del Acuerdo sobre televisión digital terrestre (TDT) publicado el 2 de julio de 2004 en el Diario Oficial indica con toda precisión:

“la solicitud para la prestación de servicios de telecomunicaciones que, en su caso, sea factible prestar por el concesionario o permisionario, a través de los canales asignados a la TDT, sin que de manera alguna implique la interrupción total o parcial de la TDT, estará sujeta y se resolverá conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones y demás disposiciones legales y reglamentarias que sean aplicables. El Gobierno Federal podrá establecer una contraprestación económica y, en tal caso, el concesionario o permisionario estará obligado a cubrir la misma a favor del Gobierno Federal, en los términos de las disposiciones legales…”

A los dueños y operadores de las televisoras privadas esa restricción no les gustó porque ahora que con la digitalización de las telecomunicaciones es posible difundir servicios agregados a los de televisión o radio, han querido utilizar toda la capacidad de las frecuencias que tienen concesionadas para vender otros productos. Por eso a fines de 2005 promovieron las reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión que, por sus implicaciones y autoría, fueron conocidas como “Ley Televisa”.

El aspecto más importante de la Ley Televisa era la cesión, a las televisoras privadas, de las frecuencias que hasta ahora han tenido concesionadas para que hicieran con ellas lo que mejor conviniera a sus intereses de negocios. El artículo 28 de aquellas reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión les permitía a los concesionarios utilizar las frecuencias para prestar “servicios de telecomunicaciones adicionales a los de radiodifusión” pero siempre y cuando lo solicitasen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esa dependencia podría determinar el pago de una cantidad de dinero por el servicio adicional.

Aquella disposición fue muy cuestionada porque les daba a las televisoras la posibilidad de aprovechar las frecuencias tan solo a partir de una autorización administrativa y sin que fuese obligatorio el pago por ese aprovechamiento suplementario. No en balde ese fue el artículo más debatido en la Ley Televisa. Cuando, en junio de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó buena parte de aquellas reformas, abrogó todo el artículo 28.

En el razonamiento de los ministros de la Corte prevaleció la convicción de que la explotación de las frecuencias concesionadas para usos distintos a la transmisión de televisión abierta debería ser motivo de licitación y del pago de derechos específicos. Y no se trata de montos pequeños. Las empresas de telefonía celular pagan decenas de millones de dólares por el derecho a utilizar pequeños segmentos del espectro radioeléctrico para transmitir las señales de ese servicio. Con las reformas que a la postre fueron abrogadas por la Corte las televisoras querían ahorrarse ese pago.

El Congreso ha dejado baldada la legislación de radiodifusión y telecomunicaciones porque después de las decisiones de la Corte, hace ya casi dos años, ni los senadores ni los diputados han querido ponerse de acuerdo para aprobar una nueva normatividad. Pero la ausencia de reglas precisas de ninguna manera disculpa el nuevo abuso de Televisión Azteca.

La empresa de Salinas Pliego ahora ofrece un servicio de televisión codificada que se transmite en un segmento de una de las frecuencias que tiene concesionadas. Para ver esos canales es preciso comprar un equipo sintonizador que se vende en las tiendas Elektra. Desde fines de enero pasado el investigador Gabriel Sosa Plata denunció esa ilegalidad de Televisión Azteca que promovía el nuevo servicio sin autorización de la Comisión Federal de Telecomunicaciones ni de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El lunes pasado ese mismo asunto fue difundido en la primera plana del diario Reforma.

A pesar de la negativa expresa de la Cofetel, a pesar de que el decreto de julio de 2002 requiere que haya autorización para cualquier uso adicional de las frecuencias concesionadas con motivo de la digitalización, a pesar incluso de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, Televisión Azteca anuncia y vende ese nuevo servicio. No por sus pistolas, sino por la negligencia y debilidad del gobierno federal.

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La discutible decisión  -propiciada por el Tribunal Federal Electoral- para duplicar la multa que ya le había impuesto al PAN por su anodina “sopa de letras” contra el PRI, le restó atención a otras decisiones del Consejo General del IFE el viernes pasado. Por eso se ha pasado por alto el registro de las candidaturas a diputados federales de varios antiguos y nuevos adherentes de Andrés Manuel López Obrador.

Como ya se sabe, en ejercicio de esa esquizofrenia política a la que antes se denominaba y sancionaba como doble militancia y que hoy en día casi todos consideran solamente como signo de los tiempos, ese ex candidato presidencial ha decidido no respaldar a su partido, el PRD. En vez de ello, apoya al Partido del Trabajo y a Convergencia, cuyas posibilidades para conservar el registro electoral resultarían casi inexistentes de no ser porque se apuntalan en la imagen del propio López Obrador.

Las antipatías que ese frustrado candidato presidencial suscita hoy en la sociedad mexicana son mayoritarias. Pero al PT y Convergencia les basta el voto de pequeños porcentajes de ciudadanos para conservar el registro y para llevar a la próxima Legislatura a un puñado de diputados por cada partido.

Por eso son relevantes los aspirantes registrados por el principio de representación proporcional cuyos registros aprobó el IFE el 8 de mayo. La lista del Partido del Trabajo en la primera circunscripción la encabeza Enrique Ibarra Pedroza, un inteligente y antiguo priista que durante largo tiempo esperó en vano la candidatura por ese partido en Jalisco y que renunció al PRI en 2005 para ser, entonces, aspirante a la gubernatura por el PRD. Con sólida trayectoria legislativa y experiencia en asuntos electorales, Ibarra será uno de los diputados más conspicuos.

En las circunscripciones segunda y tercera los candidatos que encabezan las listas son Pedro Vázquez González y Francisco Amadeo Espinosa, actualmente senadores por el PT. En la cuarta, está Porfirio Muñoz Ledo cuyos biógrafos están en riesgo de perder la cuenta de los partidos y alianzas por los que ha transitado: del PRI al PARM, al PRD, a la coalición foxista, al lopezobradorismo… lo que a él le interesa es que será diputado. La maestra Ifigenia Martínez, también ex priista y ex perredista, ocupa el segundo sitio en esa lista. Igualmente se encuentran Agustín Escobar (miembro del PT), Laura Itzel Castillo (ex secretaria de Desarrollo Urbano en el DF) y Jaime Cárdenas Gracia, ex consejero del IFE e investigador en asuntos jurídicos. Para la quinta circunscripción el PT propone a uno de sus dirigentes, Óscar González Yáñez.

Convergencia también postula a varios colaboradores de López Obrador: Bertha Luján, perspicaz abogada laboral que fue asesora en el gobierno de la ciudad de México, tiene el primer sitio en la primera circunscripción. Las siguientes tres, están encabezados por sendos dirigentes de Convergencia: Armando López Velarde, de Aguascalientes; Pedro Jiménez León y Jaime Álvarez Cisneros dirigente en Morelos. Pero en la cuarta circunscripción también es candidato José Agustín Ortiz Pinchetti, que fuera secretario de Gobierno en la administración de López Obrador en la ciudad de México.

En la quinta circunscripción destaca la candidatura de Alejandro Gertz Manero, que fue secretario de Seguridad Pública de la ciudad de México tanto en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas como con Rosario Robles para luego ocupar la misma responsabilidad a comienzos del gobierno de Vicente Fox. Actualmente rector de la Universidad de las Américas en la ciudad de México, la opinión de Gertz Manero es frecuentemente consultada en asuntos relacionados con la persecución a la delincuencia. Más que a López Obrador, Gertz Manero se ha acercado al dirigente nacional de Convergencia, Dante Delgado, que lo invitó a formar parte del consejo consultivo de ese partido. Martha Pérez Bejarano, que fue secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de la ciudad de México, se encuentra en el cuarto sitio de esa lista.

Así que López Obrador no será diputado, pero contará en San Lázaro con voceros comprometidos con él. Varios de esos legisladores no serán representantes de un partido sino de la amorfa y veleidosa pero vigente fuerza política acaudillada por el que a estas alturas prácticamente nadie denomina como “presidente legítimo”. Ha perdido fuerza, pero sigue allí. Como el dinosaurio de Monterroso.

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Ansiosos de escándalo, a los medios les urgía un tema escabroso para reemplazar a la epidemia cuyo rating noticioso había comenzado a menguar. Dos semanas hubieran sido demasiadas para mantener una tensión que era agobiante y se estaba volviendo aburrida tanto para los comunicadores como para el resto de los ciudadanos. Por eso tantos medios, impresos y electrónicos, se han aferrado a las revelaciones que, según dicen, ofrece el libro del empresario Carlos Ahumada. Y allí lo tienen, acaparando aunque sea por un par de días el centro de la agenda pública. ¿Es para tanto? ¿Qué revela esa obra acerca de los manejos del poder? ¿Qué, de la naturaleza de notorios personajes públicos?

Me atengo a las numerosas informaciones en la prensa porque me he resistido a buscar el libro de Ahumada y a gastar algunos pesos y un par de horas en él. Pero a partir de la tarde del miércoles se ha dicho y escrito tanto acerca de lo mismo que tenemos reseñas suficientes para considerar que entre otras cosas, ese trabajo del señor Ahumada confirma tres grandes realidades de la política mexicana reciente.

1. La fragilidad del Partido de la Revolución Democrática ha sido tanta que sus dirigentes resolvieron apoyarse en un empresario de dudosa confiabilidad a cambio del dinero contante, sonante y atrayente que les dispensó de manera tan pródiga. O, para decirlo de otra manera, los perredistas que aceptaron los préstamos o donaciones de Ahumada a sabiendas de que con esas ayudas él buscaba apoyo para sus negocios con el gobierno de la ciudad de México son tan convenencieros y políticamente amorales como los priistas a los que tanto han cuestionado.

Habrá quien diga que eso sucedió hace más de un sexenio, cuando el PRD tenía otros dirigentes.  Pero ¿en dónde estaban los actuales líderes de ese partido cuando el respaldo financiero de Ahumada era conocido por numerosos miembros de la nomenklatura perredista? Y ¿qué explicación fehaciente ha ofrecido Rosario Robles para que hoy en día haya quienes la consideren comentarista autorizada acerca de los más variados asuntos públicos? La señora Robles no ha sido una mujer ofuscada por el amor y engañada por un vivales como han querido mostrarla algunos de sus defensores. Ha sido y es una mujer que hace política y que siempre conoció -aceptándolas a pesar de ello- las consecuencias de admitir privilegios y dinero, para su partido y para ella, provenientes de un personaje de reputación que ahora se confirma lesionada por negocios tramposos. Si sus negocios hubieran sido limpios Ahumada nunca habría necesitado del respaldo que esperaba encontrar en la nueva clase política perredista.

2. Ahumada era, y no hay evidencias para considerar que haya dejado de ser, un personaje indefendible. Fue preso político por venganza del gobierno de la ciudad de México después de que se conocieron los videos que grabó y filtró. Al parecer no le encontraron delitos suficientes para mantenerlo en prisión. Y es que sabía documentar las fallas de otros pero tuvo el cuidado suficiente para que no hubiera registro de las suyas. Más que por sus negocios, se le puede entender a partir del trato que tenía con sus más cercanos. Un señor que graba en video a todos los que van a su oficina, incluso a su novia, es un paranoico o un chantajista. Y en cualquiera de esas posibilidades, se trata de un personaje tan perverso, o tan desesperado, que está dispuesto a traficar exhibiendo las debilidades de los demás sin importarle que con ellas se exhibe a sí mismo.

3. A Carlos Salinas de Gortari le han adjudicado tantos complots que alguna vez tenía que aparecer uno con visos de credibilidad. No es nueva la versión de que él envió a Televisa los videos que mostraban a Ponce y Bejarano jugando en Las Vegas o embolsándose los dólares con todo y ligas. El único ingrediente adicional que ofrece Ahumada es la versión de que el ex presidente le pagó por esos videos. Quizá Carlos Salinas haya buscado con esos videos la aquiescencia presidencial para sacar de la cárcel a su hermano Raúl, aunque el asunto estaba en manos del Poder Judicial y no del Ejecutivo. En todo caso no hay que olvidar que Raúl Salinas fue encarcelado sin pruebas sólidas, con testimonios hechizos y que fue sometido a un vergonzoso cuan frágil proceso judicial.

Aquel apotegma sobre la tragedia y la comedia se repite con tanta frecuencia que suena manido traerlo a colación pero el comportamiento circular de Ahumada hace irresistible esa metáfora. Primero decidió acercarse a López Obrador para, apoyándolo, beneficiarse de los negocios que haría con su administración. Luego, acosado por los perredistas que no eran amigos suyos pero tampoco socios confiables, Ahumada golpea a todos juntos suministrando los escandalosos videos. Ahora, termina haciéndole a López Obrador el servicio de confirmar sus denuncias más estentóreas.

Habilitado como indeseado pero útil aval de López Obrador, Carlos Ahumada se encuentra al final del círculo o ha iniciado ya, luego de la tragedia, un vistoso acto de comedia. Durará tanto como tarde en aparecer una nueva carnada capaz de inquietar a los medios.

ALACENA: Mensaje de Jesús Silva-Herzog Márquez

En un amable recado que dejó al calce de esta columna en eje central, Jesús Silva Herzog Márquez -o, bueno, alguien que firma con sus iniciales- considera: “Enlazar mi texto con la sugerencia de que sostengo que el gobierno ‘exageró’ es impreciso”.

Aquí se escribió, a propósito de la suspicacia que se ha desarrollado acerca de las acciones gubernamentales para enfrentar la epidemia, que hay quienes consideran que el gobierno exageró. Para ejemplificar tales opiniones coloqué en esa frase un enlace al artículo de Jesús publicado el lunes anterior en Reforma y compendiado en su blog.  En su breve mensaje él precisa: “Mi artículo cuestiona la argumentación del gobierno, no su acción”.

Vamos a ver. En ese texto, Silva-Herzog Márquez escribe: “percibo un abismo entre el daño, la advertencia del riesgo y la reacción de los gobiernos” refiriéndose a los gobiernos federal y de la ciudad de México.

Y luego: “Coincido con las autoridades de que, frente a la duda hay que extremar las precauciones. Si poco sabemos de la capacidad mortífera del bicho, mejor excederse en la precaución y no en la indolencia”.

Después de releer esas y otras frases, me convenzo de que no distorsioné las apreciaciones de Jesús al considerar que el gobierno exageró en su respuesta a la epidemia.

Después de considerar “La conglomeración humana más grande del planeta apenas ha registrado un manojo de muertes. En el país, apenas unos cuantos decesos más”, subraya: “Desde el mismo mirador de mi ignorancia me atrevo a decir que la desproporción de la reacción oficial ha sido inmensa”.

Como quiera que sea, agradezco la lectura y el cordial comentario de Silva-Herzog Márquez con cuyo artículo del lunes no estoy de acuerdo pero que es una de las voces más inteligentes en la prensa que tenemos.

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