Sociedad y Poder

Este fin de semana se cumplieron 50 años de la represión contra los trabajadores ferrocarrileros. La tarde del 28 de marzo de 1959 el dirigente nacional de ese gremio, Demetrio Vallejo, fue detenido junto con otros líderes sindicales. Poco después, elementos del Ejército mexicano ocuparon las instalaciones en varios lugares del país que se encontraban en huelga desde tres días antes.

La represión que el gobierno del presidente Adolfo López Mateos emprendió contra los ferrocarrileros desbarató la experiencia democrática que desde varios meses antes había logrado colocar al frente de aquel sindicato a un dirigente respaldado por los trabajadores. Desde entonces, parecía claro que los intentos por la democracia sindical solamente podrían prosperar si tenían la aquiescencia del poder político -el cual, desde aquellos años, se encadenaba cada vez más a los intereses de los líderes charros-.

Aquella represión se tradujo, además, en enormes injusticias. Demetrio Vallejo y algunos de sus compañeros, entre ellos Valentín Campa, permanecieron encarcelados durante 11 años.

El encono presidencial contra Vallejo y los ferrocarrileros de ánimo independiente había comenzado en 1958, cuando ese dirigente ganó de manera arrasadora las elecciones para el comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. Posiblemente tenga algo de exageración, pero la versión que prevalece sobre aquella elección relata que el cómputo fue suspendido cuando la planilla de Vallejo llevaba 59 mil votos y sus contrincantes solamente nueve.

Meses más tarde, la nueva dirección sindical tuvo que ocuparse de las revisiones salarial y del contrato colectivo que vencían en febrero para los trabajadores de los Ferrocarriles Nacionales y varias semanas después en los Ferrocarriles del Pacífico y Mexicano. Las movilizaciones del sindicato para difundir sus reivindicaciones fueron enfrentadas con una intensa campaña macartista. “Conjura roja”, exclamaban personeros del gobierno y numerosas voces en la adocenada prensa de aquel último trecho de los años 50. Cuando el sindicato anunció que realizaría una manifestación el 22 de febrero, el gobierno la prohibió y únicamente autorizó un mitin. El 25 de febrero los trabajadores estallaron la huelga, pero unos minutos más tarde la Junta Federal de Conciliación la declaraba inexistente. Ante la posibilidad de mayores represalias, la dirección sindical aceptó las propuestas de la empresa y levantó la huelga.

Aún estaban por resolverse las peticiones de los trabajadores en las otras dos empresas ferroviarias. El 25 de marzo el sindicato estalló sendas huelgas en los ferrocarriles Mexicano y del Pacífico. La pretensión salarial era idéntica a la que habían conseguido los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales -16 por ciento- además de algunas prestaciones. Pero no era económico el significado principal de aquellas huelgas, que además ponían a prueba la capacidad de un sindicato apartado de la órbita de influencia oficialista para defender los intereses de sus agremiados.

Aquel 25 de marzo era miércoles de Semana Santa. La coincidencia de la huelga con la afluencia de vacacionistas en todo el país fue aprovechada por los medios de comunicación que enderezaron una cruzada contra el sindicato ferrocarrilero acusándolo de trastornar el asueto de la sociedad mexicana. Junto con esa campaña, menudean los amagos. Horas antes de que la huelga estallase, fueron despedidos los trabajadores más activos por su militancia sindical. Igual que la anterior, la nueva huelga fue declarada inexistente pero el sindicato obtuvo un amparo que le permitía mantenerla.

En todo el país, las secciones del sindicato estallan paros en solidaridad con sus compañeros en huelga. Esas acciones, y la huelga misma, propician el despido de centenares de ferrocarrileros y la detención de docenas de ellos. El 27 de marzo los dirigentes nacionales, encabezados por Demetrio Vallejo, visitan al secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, para explicarle que ahora la huelga exige la reinstalación de los despedidos, además del aumento salarial y reparación a diversas violaciones contractuales.

La espiral del enfrentamiento era irrefrenable. A cada muestra de fortaleza del sindicato, cuya huelga concitaba enorme interés y solidaridad en otros gremios, se enardecía la respuesta del gobierno. A cada medida autoritaria, el sindicato no podía responder sino manteniendo su huelga. El 28 de marzo Vallejo y los dirigentes Hugo Ponce de León y Alejandro Pérez Enríquez fueron detenidos en un restaurante contiguo al edificio sindical. El procurador de la República, Fernando López Arias, aseguró que los detenidos “desarrollaban un plan de agitación y de graves daños a la economía del país, guiados por comunistas”.

Detenidos sus principales dirigentes, la huelga se mantuvo unos días. En su libro Mi testimonio, Valentín Campa relata: “Todo el ejército fue movilizado. Se estableció el estado de sitio en los barrios en donde vivían los ferrocarrileros. En las colonias Guerrero y Vallejo, del Distrito Federal, se prohibía reunirse en la calle a más de tres personas. Sin embargo, las divisiones del sureste no pudieron ser controladas por el ejército. En ellas las pequeñas guarniciones no eran capaces de evitar el movimiento, por lo que la huelga general continuó hasta el 12 de abril”.

Miles de trabajadores fueron despedidos. El sindicato fue entregado a una dirigencia espuria. Vallejo y Campa fueron presos políticos hasta 1970. Su liberación fue una de las banderas del movimiento estudiantil del 68.

Absurda y emblemática, la represión contra el movimiento ferrocarrilero expresó límites y obcecaciones del Estado mexicano. Si algo han cambiado desde entonces las cosas en este país, se debe en buena medida al empeño de mexicanos como aquellos trabajadores que a pesar de la intolerancia gubernamental se empeñaron en defender derechos gremiales y ciudadanos que resultan fundamentales. Aquellos ferrocarrileros de 1959 se encuentran entre nuestros héroes cívicos.

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A un futbolista no hay que pedirle que sepa alternar con elegancia y sagacidad en el debate público sino que pueda meter goles. De los periodistas deportivos, no habría que esperar indiscreciones y anécdotas menores sino hechos. Sin embargo el afán de notoriedad que abruma y con frecuencia define a los futbolistas y muy especialmente el ansia de espectacularidad que obsesiona al futbol mexicano, ha convertido a ese deporte en permanente escenario de estrépito.

El interés que no suscitan las frecuentemente grises actuaciones en la cancha, es tristemente reemplazado por una feria de episodios a veces impostados y en otras, como sucedió con Nery Castillo, consecuencia de esa confusión entre el espectáculo deportivo y el espectáculo circense.

Al joven y en ocasiones brillante delantero del Shakhtar Donetsk, de Ucrania, le ha ido mal con los medios a consecuencia de que no le ha ido del todo bien en el futbol. Los  traspasos de un equipo a otro, el vagabundeo por media Europa y quizá el jet lag acumulado por los recorridos trasatlánticos, junto con alguna pregunta impertinente, lo llevaron a la intolerancia pendenciera el miércoles pasado cuando participaba en una conferencia de prensa. Cuando un reportero le recordó los cuestionamientos que ha recibido en diversos medios mexicanos Castillo se exaltó y exhibió una desmañada concepción de las diferencias que a su juicio deben mantenerse entre informadores y futbolistas.

Los medios en México, se quejó, critican a los jugadores cuando fallan y no los arropan cuando tienen éxito. Los periodistas destinados a informar sobre ese deporte, insistió, no tienen autoridad suficiente para opinar de futbol porque no han sido jugadores destacados. Y como esas declaraciones comenzaron a suscitar silbidos entre los reporteros y camarógrafos, Castillo les recordó que no han podido sino conformarse con permanecer en México cuando él y otros de sus compañeros juegan y viven en Europa.

Si la doctrina Castillo funcionara en otras áreas, solamente podrían escribir de cine personajes como Francis Ford Coppola o Steven Spielberg y, entre nosotros, Felipe Cazals, Paul Leduc o Alejandro González Iñárritu. Y en materia de asuntos políticos, las columnas de esa índole solamente podrían estar firmadas por mujeres y hombres como Beatriz Paredes, Jesús Ortega, Germán Martínez y (¡horror!) Elba Esther Gordillo o Porfirio Muñoz Ledo.

La idea de que para opinar sobre un asunto hay que haber sido artesano o profesional en ese campo, suele ser coartada para eludir la crítica. Pero en algo quizá tiene razón el iracundo joven que nació en San Luis Potosí pero cuya ascendencia uruguaya también le hubiera permitido jugar en la selección futbolística de aquel país sudamericano. En los medios, los personajes públicos no suelen encontrar reconocimiento por sus logros sino en sus tropiezos. Vende más, mediáticamente, un altercado callejero que una jugada magistral en el terreno de juego. A la postre, y con excepciones que son eso, la prensa electrónica y escrita recuerda más los dislates verbales que, cuando ocurren, los méritos profesionales de los deportistas. Y lo mismo puede decirse para cineastas, políticos, actores y cualquier otro gremio con visibilidad mediática frecuente.

Las fanfarronadas de Neri Castillo son inaceptables -especialmente el burdo reto que formuló a un reportero de La Afición para dirimir sus diferencias a trancazos-. También resulta algo lacrimoso el coro de indignaciones que, en parte auspiciadas por la solidaridad gremial entre los reporteros y que, al mismo tiempo, construyen un nuevo villano en este contexto de maniqueísmo mediático. Pero no son más que expresión de un futbol agobiado por el nerviosismo y en donde la supremacía del negocio y el espectáculo desplazan a la calidad deportiva.

Ojalá que Castillo se reivindique mañana sábado, no delante de los micrófonos sino en la cancha del Azteca, en el partido contra Costa Rica. Y ojalá que el resultado, sea cual sea, no conduzca a olvidar que el encuentro realmente difícil para la selección mexicana será el del miércoles siguiente, el 1 de abril, contra Honduras en San Pedro Sula.

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La bravuconería de Germán Martínez amplificada por los medios, la torpeza del PRI para explicar con claridad sus posiciones legislativas, la prácticamente completa ausencia del PRD en una discusión del mayor interés nacional y -claro- la inminencia de la temporada electoral, se han conjugado para hacer de la iniciativa de Ley de Extinción de Dominio un acontecimiento publicitario en vez del tema de deliberación nacional que hubiera sido necesario.

En varias ocasiones el gobierno federal ha insistido en que esa iniciativa sea aprobada. La extinción de dominio es la facultad de la autoridad judicial para despojar a un presunto delincuente de los bienes obtenidos como resultado de un delito, o en los cuales se ha apoyado para cometer un hecho ilícito. De esa manera, durante la averiguación judicial el Ministerio Público podría decidir la confiscación de propiedades o recursos que, de otra forma, la delincuencia organizada seguiría usufructuando en su beneficio.

La extinción de dominio ha sido exitosa en países como Colombia. Pero implica riesgos que es indispensable tomar en cuenta, sobre todo la posibilidad de que con ese instrumento legal el Estado actúe de manera autoritaria violentando derechos de las personas y, junto con ello, el riesgo de que en la persecución a los delincuentes se afecten los intereses de personas inocentes.

Cuando el presidente Felipe Calderón envió al Congreso su iniciativa de Ley Federal de extinción de dominio, diversas voces expresaron reparos por los riesgos que implicaría tal y como fue presentada. El presidente se desesperó y aunque aquella propuesta fue turnada a mediados de septiembre, pocos meses después comenzó a culpar a los legisladores por demorar su aprobación.

Ese reproche se volvió cantinela del Partido Acción Nacional en contra del PRI, con más afán de disputa política que de construir instrumentos sólidos para enfrentar a la delincuencia organizada.

Antes del 10 de marzo, tres comisiones del Senado acordaron convocar a un par de audiencias públicas para discutir la ley de extinción de dominio y otra más, relacionada con el narcomenudeo. Había una ruta de análisis acerca de ese tema y un calendario legislativo inicialmente contemplado por los partidos. Es difícil suponer que el presidente del PAN, Germán Martínez, no estuviera enterado de esa ruta cuando, el jueves 19 de marzo, aprovechó la reunión de los banqueros en Acapulco para despotricar contra el PRI por no aprobar leyes como, precisamente, la que haría posible la extinción de dominio.

Una semana antes, el 12 de marzo, se había realizado la audiencia en donde varios especialistas en derecho expresaron reparos fundados acerca de la propuesta de Calderón. Aunque ellos reconocieron que la Ley de Extinción de Dominio puede ser un instrumento útil en el combate a la delincuencia, los investigadores convocados por el Senado subrayaron dificultades legales y prácticas de esa iniciativa.

El doctor Sergio López Ayllón, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, consideró que, a diferencia de la propuesta presidencial, la declaración de extinción de dominio tendría que ser resuelta por ministerios públicos especializados y solamente después de previo acuerdo con el Procurador General de la República. Incluso sugirió que, así como sucede con algunas leyes similares en otros países, la de extinción de dominio estuviera a prueba durante un lapso específico para que solamente se ampliara su vigencia en caso de haber tenido resultados favorables en el combate al crimen organizado. Esa y el resto de las opiniones recabadas en la audiencia están disponibles en el sitio web del Senado.

A sabiendas de que estaba en marcha la discusión de ese tema en las comisiones senatoriales, el presidente del PAN insistió en que el Congreso, y especialmente los priistas, tenían que definirse: al lado del presidente Calderón en el combate a la delincuencia, o en otro flanco. Aquella exigencia era esquemática y tramposilla, porque ni hay vías únicas para combatir a los delincuentes ni el presidente de la República es el único responsable de esas acciones. Martínez insistió en ello en un video que colocó el domingo 22 de marzo en el sitio del PAN en Internet. Varios correligionarios suyos repitieron esa maniquea exhortación exigiendo a los legisladores de otros partidos que se definieran: con Calderón o con los delincuentes.

Tardías, desarticuladas e insuficientemente claras, las explicaciones del PRI se produjeron desde una posición defensiva. Así, la reunión que tendrían ayer por la noche las comisiones senatoriales que estudian las iniciativas en materia de seguridad pública era leída en algunos medios como un triunfo de Germán Martínez. La videodiatriba del presidente del PAN se oponía, así, a la deliberación de los legisladores.

Muy pocos de esos medios tuvieron la precaución, hace dos semanas, de reseñar las reticencias que subrayaron los especialistas convocados a discutir la extinción de dominio y que obligan a un trabajo legislativo escrupuloso en ese tema.

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Cada vez que escucho Tears in heaven me acuerdo de Luis Donaldo Colosio. Tres meses y medio antes de ser asesinado en Tijuana, el ya para entonces candidato presidencial del PRI llegó a casa de unos amigos con un disco que llevaba de regalo. Se trataba del álbum Unplugged de Eric Clapton que incluye aquella melodía, conmovedoramente melancólica, dedicada a su hijo Conor, de cuatro años, que había muerto al caer de un rascacielos en Manhattan.

No recuerdo si conocíamos el origen de aquella letra lastimada y triste. Pero varias horas y algunas botellas de tinto después de haber comenzado la reunión, Luis Donaldo pedía que se repitiera una y otra vez.

Era una tarde de sábado, a comienzos de enero de 1994. Pocos días antes había estallado la rebelión zapatista en Chiapas. Unas horas después, Colosio iniciaría su campaña electoral en una paupérrima población hidalguense. Pero se dio un rato para conversar con media docena de amigos y conocidos que habíamos publicado un documento llamando a una solución negociada del desafío del EZLN.

De ese encuentro escribí algunas líneas en el semanario etcétera, en marzo de 1995. José Woldenberg, anfitrión de la reunión, se refirió al mismo episodio, un año antes, en la misma publicación. En el transcurso de 15 años he escrito centenares de cuartillas sobre Colosio y su asesinato. El episodio que siempre recuerdo, a pesar de todos esos textos, es aquel encuentro de enero del 94.

Colosio estaba preocupado. Conocía las dimensiones de la desigualdad social de este país y entendía que allí se encontraba su reto principal. Quería articular un discurso distinto del priismo tradicional -y nos lo decía a un grupo de interesados en los asuntos públicos que teníamos clara y pública distancia respecto de ese partido- y trataría de hacer una campaña de propuestas.

Se podía dar el lujo de explayarse en diagnósticos e ideas, incluso con un sesgo crítico, porque no tenía rivales de cuidado. Una vez conquistada la candidatura priista, Colosio era casi seguro ganador de la elección presidencial. Las primeras encuestas de ese año le reconocían el 68% de intención de voto, frente a 11% y 18%, respectivamente, de PAN y PRD. Así que no era ganar más votos, sino consolidar un proyecto de gobierno, lo que le inquietaba a ese candidato.

Quería hacerlo bien. Con seriedad. Pensando en el futuro. Le preocupaba la disrupción que podía significar en las campañas un discurso que se mimetizara con el radicalismo del Ejército Zapatista por parte del Partido de la Revolución Democrática. Lejos del encono que la candidatura de izquierdas en la anterior elección presidencial suscitó en el gobierno federal en el que había sido secretario de Desarrollo Social, Colosio tenía respeto por Cuauhtémoc Cárdenas y así nos lo manifestó, interesado en encontrar puentes de interlocución con él. La posibilidad de contribuir a un diálogo civilizado entre los dos principales candidatos nos entusiasmó a algunos de los asistentes a esa reunión.

De eso y otras cosas conversamos hasta ya entrada la noche. Transcurrida la charla política, Luis Donaldo se empeñaba en escuchar otra vez, y otra y otra, el disco de Clapton con la dolorida canción sobre las lágrimas en el cielo.

Aquella noche nadie imaginaba, ni hubiera querido imaginar, lo cerca que estábamos de Lomas Taurinas y la catástrofe política que ocurrió entonces. No sé cómo hubiera sido el gobierno de Colosio si no lo hubieran matado. Estoy seguro de que, igual que había ocurrido hasta entonces, habríamos discrepado respecto de muchas de sus acciones y coincidido en otras. Supongo que, igual que lo había hecho en varias ocasiones desde que fue dirigente del PRI, Luis Donaldo habría procurado espacios de interlocución con opiniones críticas.

Ahora muchos de quienes lo conocieron dicen que fueron amigos de Luis Donaldo. Quizá el talante afable junto con el interés para escuchar, ambos parte de sus atributos políticos pero antes que nada como persona, dejaban con frecuencia esa impresión. Yo no puedo decir que fui amigo suyo porque en nuestras conversaciones, a veces en compañía de otros, en ocasiones en privado, nunca trascendimos la frontera de los asuntos políticos. Siempre con respeto, siempre con diferencias, Luis Donaldo era respetuoso de las opiniones distintas a las suyas pero, a diferencia de tantos políticos convencionales, no se quedaba sin decir sus verdades y puntos de vista.

No sé cómo hubiera sido México gobernado por Colosio. Nadie lo sabe. El país que hoy tenemos se ve tan distinto al que comenzó a cambiar hace 15 años que esa especulación, además de ociosa, resulta extravagante. También es inútil idealizar a Colosio, que como todos los hombres tenía contraluces.

Lo que sé sin duda alguna es que se trataba de un hombre bueno, movido por una vocación de servicio que trascendía el mero afán de poder que agita a todos los políticos. Por eso, y por aquella sesión cuando la escuchamos obsesivamente, siempre me acordaré de Luis Donaldo cuando oiga Tears in Heaven.

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Asediado por una realidad política que le resulta cada vez más inmanejable, inhábil para definirse como partido en el gobierno sin ser por ello el partido del gobierno, Acción Nacional se enfrenta, en las elecciones próximas, a la prueba crucial de la primera mitad del sexenio actual. La impericia de sus dirigentes actuales para tomar distancia respecto del gobierno, convierte la votación que el PAN reciba en los comicios de julio en una suerte de plebiscito acerca de la gestión del presidente Felipe Calderón.

Ante esas elecciones el PAN tiene la posibilidad de solidificarse como un partido cuya vitalidad le permitiera contar con diversidad y equilibrios internos, o como una organización vertical y subordinada a los antojos del presidente Calderón y de sus operadores dentro del propio partido, encabezados por Germán Martínez.

Esas son las opciones que se dirimen, antes que nada, en la designación de candidatos panistas a diputados federales. Como se comentó aquí hace varios días, únicamente en 105 de los 300 distritos electorales el PAN designará a sus candidatos en elecciones primarias. El resto están siendo designados por los órganos de gobierno de ese partido. Pero incluso en los procesos abiertos a la participación de miembros activos y adherentes del PAN, hay indicios de que la dirección nacional de ese partido está procurando que sean electos candidatos a diputados que no pongan en cuestión, en lo más mínimo, los intereses de la cúpula panista ni del presidente de la República.

Así está sucediendo en Chihuahua, al menos de acuerdo con apreciaciones difundidas en la prensa local. El próximo domingo 22 de marzo en esa entidad habrá elecciones panistas para elegir propuestas de diputados plurinominales. La semana siguiente, el domingo 29, serán electos los candidatos a diputados de mayoría relativa y se definirán las posiciones de los panistas chihuahuenses en la lista regional de diputados plurinominales.

En las semanas recientes, en Chihuahua, la precampaña más vistosa e intensa ha sido la que llevó adelante Javier Corral Jurado, que busca un sitio en la lista plurinominal del PAN. Corral tiene méritos indiscutibles para representar a su estado y a su partido en la próxima Legislatura federal. Su idoneidad para el trabajo parlamentario quedó de manifiesto desde hace una década cuando fue diputado y, más recientemente, como senador. Las simpatías que despierta dentro y fuera de su estado no son pocas. Sin embargo su postulación podría estar suscitando un inopinado rechazo en la cúpula panista.

Comprometido con la reforma de los medios de comunicación, la valentía y la capacidad de propuesta de Javier Corral le han ganado animosidades en las televisoras privadas. Esa posición podría parecerles incómoda al presidente Calderón y a Germán Martínez, el presidente nacional del PAN, sobre todo si privilegian la aquiescencia con Televisa y TV Azteca antes que la reivindicación de principios históricos de ese partido como el combate a los monopolios y la libertad de expresión.

Hace unos días la columna “Balcón”, firmada con el seudónimo “Don Mirone” y que apareció en la edición del domingo 15 de marzo de Norte de Ciudad Juárez, reseñó con detalle algunas de las reticencias de la dirección partidaria y el gobierno federal que podrían entorpecer la decisión de los panistas de Chihuahua.

Si llegan a considerar que el tema de los |medios es prescindible -a pesar de que no hay día en que no aparezca como problema en el escenario público nacional- podría conjeturarse, en expresión de esa columna, que “ni a Calderón ni a Germán les conviene en estas circunstancias que el aguerrido parralense criado en Juárez llegue a la legislatura. De ahí que sean ciertos los rumores de que el Gran Elector -y no estamos hablando de Elías Calles, sino de Felipe Calderón- esté maniobrando para dejar fuera a don Javier”.

Prosigue esa columna: “Otro tema es el ideológico y esto no tiene que ver con las televisoras, sino con la doctrina. La paradoja es que Javier coloque como eje de su discurso el de volver a los principios de Gómez Morín, cuando para un gran espectro del panismo, sobre todo local, les causa roncha, sobre todo a los más derechosos, su acercamiento desmedido a un sector ilustrado de la izquierda en la ciudad de México. De incongruencia no se puede hablar si se toma nota que Corral contendió por la gubernatura en alianza con un PRD casi invisible en Chihuahua”.

“Varios temas pues confluyen para que la candidatura de tan ilustre personaje no convenga a los intereses presidenciales y partidistas: ni el pleito con las televisoras, ni las divergencias ideológicas. Por otra parte Calderón no es Vicente Fox y todos saben que no se mueve ni un papel sin su consentimiento, y don Javier tuvo la osadía de aventarle, prácticamente, la renuncia al CEN…”

En agosto pasado Corral renunció al comité nacional del PAN, después de varios desacuerdos que fueron precipitados por la destitución de Santiago Creel como coordinador de los senadores de ese partido.

Ahora, la operación en contra de Corral consistiría en movilizar a las corrientes panistas de Chihuahua para que en las elecciones de los próximos domingos voten fundamentalmente por personajes de menor presencia pública pero, presumiblemente, mayor docilidad política. Así lo explica el multicitado texto de Norte de Ciudad Juárez:

“Para dejar fuera a Corral la estrategia puede parecer muy burda, quién sabe si efectiva: le quitan los brazos y los pies, y dejan sin andar su campaña. De ahí que el intento a través de la alianza de CEN-CDE con el Dhiac-Yunque sea irse con la fórmula Arturo Urquidi y Velia Aguilar Armendáriz, una pareja más bien mediocre, que pasará desapercibida en la Cámara de Diputados, pero que dejará fuera de la jugada al combativo Corral”.

“La pregunta que queda en el aire -finaliza el comentario- es si Corral Jurado se quedará tranquilo y si por salvar este embrollo Germán Martínez no mete al PAN y a su jefe inmediato en más problemas de los que ya tiene. Lo peor sería que esto proviniera de una entidad que hasta ahora para ellos resulta políticamente aplacada. El dilema no es fácil para los intolerantes dirigentes, porque tienen frente a sí a un beligerante precandidato con aliados importantes por activar… y por otra parte está la presión, esa sí, de las televisoras, y prescindir de ellas en tiempos electorales pudiera parecer suicida. Así está la película”.

ALACENA: PAN, a dos puntos del PRI

Desde luego el PAN tiene motivos de sobra para preocuparse por las elecciones de julio pero también sus competidores principales. La encuesta GEA-ISA, levantada en la primera semana de marzo, encontró que el 41 por ciento de los ciudadanos que piensan votar lo haría por el PRI, en tanto que el 39 por ciento respaldaría al PAN. Hace cuatro meses el PRI iba adelante en las expectativas de voto, con 43 por ciento frente a 35 por ciento del PAN. Pero hace diez meses, en mayo de 2008, los panistas llevaban la delantera con 47 por ciento frente a 27 por ciento de los priistas. Lo único claro es la veleidad que, en estas circunstancias, define a la intención de voto de los mexicanos.

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Los dirigentes del PRD buscan arroparse en la excepcionalidad estadística para minimizar las trapacerías en sus elecciones internas del domingo pasado. De varios centenares de casillas instaladas en el Distrito Federal y el Estado de México, solamente hay tres en donde se suscitaron incidentes, insistía ayer Jesús Ortega.

Pero qué incidentes. Nada mejor para entender las dimensiones de esos atropellos que el recuento que hizo, con el propósito de minimizarlos, el propio presidente nacional de ese partido: “uno que sucedió en el municipio de Donato Guerra en el Estado de México, en donde un grupo de personas impidió el que se instalaran las casillas en ese municipio. Otro hecho lo tenemos localizado en el municipio de Los Reyes la Paz, donde habiéndose desarrollado completamente la elección, donde se desarrolló sin mayor contratiempo y sin mayores incidentes, unas horas después de que se había culminado el proceso electoral un grupo de individuos que no tenemos localizados, que no tenemos identificados, sustrajo las urnas con las boletas, e incluso ante la resistencia de una funcionaria de la casilla la subieron a la camioneta para soltarla algunos metros después”.

Eso de “soltarla” no deja de ser un eufemismo. A la joven Edith Vázquez Díaz, que cuidaba la casilla del PRD en la colonia La Magdalena, seis asaltantes empistolados la subieron a la fuerza a una suburban y varias calles más adelante la tiraron del vehículo en movimiento. Los dirigentes de ese partido dicen que podría tratarse de “una provocación del PRI”. Pero ¿qué interés podrían tener los priistas, de por sí bastante atareados en sus propias dificultades internas, para distorsionar la elección del PRD que se basta sólo para crearse problemas?

El incidente más notorio sucedió en el centro de Coyoacán donde un grupo inconforme con los resultados que iban surgiendo del cómputo distrital asaltó el local del PRD, se robó millares de boletas y las quemó en plena calle. Algunos dirigentes locales han dicho que se trató de más de 50 mil boletas cuya destrucción obligaría a repetir las votaciones en una de las delegaciones de la ciudad de México que han sido más fieles a la identidad perredista.

Aunque fuesen los únicos, tales episodios tendían que resultar suficientes para subrayar el escaso aprecio por la legalidad interna que se mantiene dentro del PRD. Pero los recuentos periodísticos indican que las anomalías estuvieron mucho más extendidas en las elecciones del domingo. “Acusaciones mutuas de acarreos, compra de votos, entrega de despensas, operaciones tamal y carrusel, exigencias de anulación de las votaciones en ciertas delegaciones, robo de paquetes electorales, conatos de enfrentamientos, presencia de grupos de choque y armados, y al menos diez personas presentadas ante el Ministerio Público”, integraban la enumeración de coacciones y trampas de las que dieron cuenta los reporteros de La Jornada en su nota del lunes pasado.

Quizá lo que resulte exagerado sea considerar anomalías a esos incidentes. La coerción y el fraude forman parte de la vida regular en el Partido de la Revolución Democrática. Esas prácticas, independientemente de cuál de sus muchas tribus -como sus propios integrantes las denominan- las cometan, parecieran formar parte del código genético perredista.

Los intentos para menospreciar esos hechos, considerándolos como excepciones, forman parte de la incapacidad del PRD para revisar su historia reciente y sus menguadas perspectivas. Y son expresión de una doble moralidad que practican tanto dirigentes como simpatizantes de ese partido. Basta imaginar el escándalo que hubieran sostenido si una sola de esas fullerías se hubiera registrado en otro partido. El alboroto en numerosos medios sería mayúsculo. Pero tratándose del PRD, en ocasiones por simpatía con ese partido, en otras simplemente por cansancio, las apreciaciones críticas son escasas.

ALACENA: El periódico

También en la órbita de influencia perredista pero surgido de una operación financiera y política que no ha sido clara, esta semana comenzó a circular en la ciudad de México, aún en sus ediciones cero, El Periódico, que se ufana de editar un millón de ejemplares. Dirigido por el periodista sonorense Ramón Alfonso Sallard, El Periódico tiene como Coordinador de Opinión al investigador Ernesto Villanueva y como Directora de Relaciones Públicas a Laura Itzel Castillo, ex funcionaria del gobierno de la ciudad de México. Varios personajes cercanos a Andrés Manuel López Obrador forman parte de la nómina de colaboradores de la nueva publicación, entre ellos Alejandro Encinas, Mario di Constanzo, Gabriel Regino y María Fernanda Campa. Sean cuales sean sus propósitos políticos, resultarán apreciables conforme esa nueva opción editorial se desarrolle.

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Por argumentos, no quedó. Lo que faltó fueron votos. Los tres consejeros que el viernes pasado consideraron que el IFE debía multar a Televisa por las alteraciones en la transmisión de los spots electorales al comienzo de las precampañas, expusieron con claridad sus motivos. Frente a ellos, los cinco consejeros que hicieron mayoría para ratificar la absolución a esa empresa se limitaron a insistir en que no había ilegalidad, porque el código electoral no menciona expresamente las conductas en las que incurrieron las televisoras para hacer mofa de los mensajes políticos.

Como se recordará, entre el 31 de enero y el 1 de febrero esas empresas se pusieron de acuerdo para transmitir en bloque, anticipándolos con advertencias que predisponían a los televidentes, los mensajes de los partidos y la autoridad electoral. En algunos casos esos spots interrumpieron la transmisión de eventos deportivos, en vez de haber sido incluidos junto con el resto de los anuncios que difunden las televisoras.

En una primera sesión para ventilar ese asunto, la propuesta del secretario ejecutivo del IFE para sancionar a Televisa y Azteca fue descartada por seis de los nueve consejeros electorales, el viernes 13 de febrero. Impugnada por tres partidos, esa decisión fue revocada por el Tribunal Federal Electoral y por eso el más reciente viernes 13, ahora de marzo, el consejo general del IFE volvió a ocuparse del tema. Únicamente se discutió el expediente relativo a las faltas de Televisa que es el que el Tribunal envió de regreso al Instituto Federal Electoral.

El litigio principal se desarrolló en torno a la interpretación que podría tener el apartado D del artículo 350 del Código Electoral que, entre las infracciones que deben sancionárseles a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, incluye la siguiente: “La manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original o denigrar a las instituciones, a los propios partidos, o para calumniar a los candidatos”.

En esa disposición se apoyó el secretario ejecutivo del IFE para proponer las sanciones a las televisoras.

En respaldo a tales sanciones, el consejero Alfredo Figueroa dijo: “Las conductas de Televisa constituyen un acto de manipulación de la propaganda electoral de los partidos políticos. Lo son porque Televisa operó e intervino indebidamente y por cuenta propia en la difusión de la propaganda electoral de los partidos y de la propia autoridad”.

Más adelante, Virgilio Andrade matizó pero también se adhirió a las sanciones: “No comparto la idea de que haya sido violada la pauta. Es más, como nunca antes vimos su cumplimiento, en virtud de que se pasó en estricto orden, con los promocionales a la hora que se programaron en los días y además sin falta alguna de los mismos. Sin embargo, en lo personal considero que sí hubo manipulación de la propagada electoral por la integración de distintos fenómenos y elementos que no se habían presentado nunca antes y que no tenían necesidad de haberse dado, tales como fueron la agrupación en bloque, la acumulación de distintos spots en dos horas diferentes, el encadenamiento en distintos canales y la presentación de la propia cortinilla; además de la interrupción de programas sin que fuere necesario hacerlo en virtud de los equilibrios de la programación comercial y de la propia programación de la televisora”.

Todos esos elementos, insistió Andrade, propiciaron “que la propaganda perdiera su sentido original, de tal suerte que se generara por el impacto masivo que tiene la televisión y por su propio poder natural de impacto y penetración, una predisposición colectiva de rechazo al proceso electoral, adicional al juicio original y genuino que pudiesen haber hecho los ciudadanos y las personas por su libre opinión y crítica de los contenidos de los promocionales”.

En su turno el presidente del IFE, Leonardo Valdés, ratificó el voto que había formulado cuatro semanas antes: “el proyecto de resolución demuestra que se violó lo dispuesto por el artículo 350, párrafo primero, inciso d) del Cofipe, por haber una notoria alteración injustificada en el orden de transmisión, consistente en que en lugar de transmitir en 18 horas diferentes se difundieron sólo 12 bloques marcados por cortinillas, lo cual implica que los spots o mensajes no se transmitieron en la forma establecida por la pauta. Dicha manipulación tuvo como objetivo que se distorsionara el sentido original de la propaganda electoral y tuvo como objetivo darle con ello una connotación negativa”.

Los consejeros que se opusieron a las sanciones se engancharon al alegato de la consejera Macarita Elizondo, quien consideró que  no está demostrado el propósito de las televisoras para afectar los propósitos de los mensajes políticos: “la descripción que se hace en la norma de la conducta para que sea sancionable implica que se tenga un fin, que es el de alterar o distorsionar el sentido original o denigrar a las instituciones, a los propios partidos o para calumniar a los candidatos. Y tal propósito no es evidente”. Además, dijo, la manera como fueron difundidos los spots no se encuentra tipificada en la ley: “Se puede pensar que la forma en que se hicieron las transmisiones no fue la usual, incluso habrá quienes pudieren decir que la interrupción de programas y la presentación de cortinillas fue inoportuna, impertinente e inadecuada, pero eso no es sancionable porque al no estar prevista en la legislación tenemos que ajustarnos, sobre todo en materia sancionadora a los referidos principios de legalidad y de certeza”.

La consejera Elizondo quiso soslayar varias circunstancias. El propósito de alterar la percepción que los ciudadanos tienen de los anuncios políticos fue tan claro que, incluso, varios días después el dueño de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, se ufanó de haberse puesto de acuerdo con Televisa para difundir esos mensajes de la manera en que lo hicieron. En los canales de Azteca, además, los locutores prevenían a los televidentes antes de la transmisión de los spots con frases intencionalmente descalificatorias.

Por otro lado la ley no tiene que hablar de cortinillas, encadenamiento de los mensajes ni tiene que prohibir expresamente la interrupción del Super Bowl para que en  esas conductas se pueda identificar una manipulación que busca distorsionar esos spots políticos.

Los consejeros Marco Antonio Gómez, Francisco Javier Guerrero, Arturo Sánchez y Marco Antonio Baños (que no dijo una sola palabra en esa sesión) respaldaron a su colega Elizondo. El consejero Benito Nacif estaba de viaje. Reiteradas de esa manera las posiciones que cuatro semanas antes habían determinado la primera absolución del IFE en beneficio de las televisoras, la decisión del Consejo General se repitió ahora por cinco votos a tres.

Los partidos que hace un mes impugnaron aquel resultado, ahora podrían hacer lo mismo. Convertido en estación terminal de los litigios que el IFE deja sin solución, el Tribunal Electoral tendría que tomar una decisión sobre los spots en vez de mantener una interminable retahíla de recepción y devolución de tales expedientes.

Mientras se mantiene ese ping-pong legal, al descrédito que se ha forjado la mayoría de los consejeros del IFE se añade el deterioro en la fama pública de las televisoras. Más allá de las resoluciones legales, entre los ciudadanos atentos a estos temas pareciera quedar claro que, si bien los spots de los partidos tienen contenidos aburridos y superfluos, Televisa y Azteca cometieron un abuso al deformar su transmisión.

El costo que este episodio ha tenido para las televisoras puede resultar mayor al que suponen los asesores de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego. La credibilidad, que siempre es un valor apreciable por todo medio de comunicación, en el caso de Televisa y Azteca tiene mermas que pueden apreciarse en puntos de rating. Y entre los partidos, que ahora son tan dóciles ante los consorcios mediáticos porque estamos a las puertas de las campañas electorales, se extiende la convicción acerca de las consecuencias preocupantes que acarrea el altanero poder de esas televisoras.

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Inusitado e irregular, el convenio que los directivos de la televisión y la radio llegaron a proponerles a los consejeros electorales el miércoles 11 de febrero, era parte de una estrategia para eludir las sanciones que el IFE estaba a punto de imponer en contra suya. La rebeldía de las televisoras que 10 días antes habían distorsionado los mensajes electorales al difundirlos encadenados uno tras otro, con anuncios que prevenían en contra de esos contenidos e interrumpiendo eventos deportivos para disgustar a los televidentes, había convencido a la mayor parte de los consejeros electorales sobre la necesidad de aplicar sanción.

Sin embargo unas horas antes de la sesión del viernes 13 de febrero casi todos los consejeros, uno a uno, fueron  desdiciéndose del compromiso que tenían para respaldar las sanciones a Televisa y Televisión Azteca. El argumento que presentaron en esa sesión era bastante peregrino pero, sorprendentemente, fue aprobado por 6 de los 9 consejeros. Esos funcionarios electorales dijeron que las televisoras ya habían enmendado la falta cometida días antes. Y qué mejor prueba de ello, insistieron, que el acuerdo que llevaron al propio IFE comprometiéndose a respetar la legislación electoral.

Dejar de aplicar una sanción porque el infractor dice que ya no lo vuelve a hacer, constituyó una decisión insólita de esos 6 consejeros del Instituto Federal Electoral. Y entre otros motivos, dicha resolución era harto discutible porque estaba sustentada en un documento sin validez legal. Así lo ha reconocido ahora el Tribunal Federal Electoral, que instruyó al IFE para que ahora sí cumpla con el proceso sancionador que es el  mecanismo establecido por la legislación actual para revisar y en su caso castigar infracciones a la normatividad electoral.

El que los radiodifusores llevaron al IFE dos días antes de esa fatídica sesión, el miércoles 11 de febrero, era un listado de intenciones parciales, insuficientes y en todo caso que ellos decidían presentarle a la autoridad electoral. Pero no era un convenio. Mucho menos era un compromiso explícito para difundir los spots políticos de acuerdo con las pautas establecidas por el propio IFE.

Aquel documento, denominado Bases de colaboración entre el Instituto Federal Electoral y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión Para Promover las Mejores Condiciones en la Administración de los Tiempos Oficiales del Estado en Materia de Radio y Televisión, está repleto de expresiones redundantes porque, con o sin él, los radiodifusores tienen obligación de cumplir la ley. Sin embargo ofrecieron, como si se tratase de una solución providencial al litigio que ellos mismos habían creado en contra del IFE y los partidos, “respaldar, apoyar y acompañar (sic) al Instituto Federal Electoral en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y legales”, así como “promover las actividades y fines” del mismo IFE y los partidos.

Arrogándose facultades que la ley no les confiere, los directivos de la CIRT anunciaron que apoyarían al IFE “en la administración de los tiempos de radio y televisión destinados a procesos electorales locales”, tarea que corresponde exclusivamente a la autoridad electoral.

En ese documento se establecía el compromiso del IFE para ajustar las pautas de transmisión de los spots electorales a las peculiaridades de la programación de cada estación de televisión y radio. La autoridad electoral puede reglamentar los asuntos específicos de la difusión de tales espacios como, de hecho, ocurrió con las normas que expidió meses antes de la actual temporada de campañas. Pero no puede supeditar sus decisiones a pactos con los destinatarios de tales reglas, entre quienes se encuentran los concesionarios de los medios electrónicos.

Uno de los aspectos más impertinentes de aquel documento era el compromiso que supuestamente adquiría el IFE para establecer, “con la información y el apoyo técnico de la Cámara, los criterios de clasificación de contenidos de promocionales a efecto de que los partidos políticos estén en condiciones de orientar sus mensajes a los públicos correspondientes en cada horario de transmisión”.

Con el pretexto de “proteger los intereses del público infantil y juvenil”, los directivos de la CIRT querían establecer un mecanismo de censura a los mensajes de los partidos políticos y del IFE.

Quizá porque ese convenio parecía resolver el diferendo con las televisoras, tres consejeros y el secretario general del IFE lo firmaron la tarde del 11 de febrero. Menos de 48 horas después ese documento, que parecía haber sido presentado como prenda de buena fe y de responsabilidad de los radiodifusores, sería esgrimido por los consejeros que, mimetizándose con el interés de las televisoras, se negaron a multarlas por las omisiones e irregularidades que habían cometido.

La carencia de validez legal de ese documento fue el motivo para que, el pasado miércoles 11 de marzo, los ministros del Tribunal Federal Electoral resolvieran revocarlo. El PRD y el PT habían impugnado la carencia de atribuciones, para establecer compromisos como ese, de los funcionarios electorales que lo suscribieron. Por su parte, el Partido Socialdemócrata impugnó las restricciones que las “Bases de colaboración” implicaban para la libertad de expresión de los partidos. Con el mismo argumento -la carencia de atribuciones de quienes lo firmaron- el Tribunal le ordenó al IFE que vuelva a examinar las infracciones cometidas por las televisoras.

Por lo demás, el multicitado y conflictivo documento no fue presentado por las empresas televisoras sino por la Cámara Nacional de la que forman parte pero que representa a muchas otras firmas de radio y televisión. En el pasado reciente, algunos radiodifusores que no forman parte de los grandes consorcios mediáticos se han quejado de la utilización facciosa que Televisa y Televisión Azteca hacen de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Este episodio confirma que, igual que se comportan como si fuesen dueños y no concesionarios de las frecuencias de radiodifusión que usufructúan, los directivos de las televisoras actúan, sin serlo, como dueños de la CIRT.

ALACENA: La soledad de Calderón

En su primera plana de hoy viernes, el diario madrileño El País publica un trabajo de su reportero Pablo Ordaz que concluye refiriéndose a los errores recientes de varios de sus ministros y la destitución de Luis Téllez, que “han agrandado la imagen de soledad del presidente Calderón”. Explica: “Hasta sus colaboradores reconocen que desde la muerte trágica del anterior secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, su amigo íntimo y su delfín político, Felipe Calderón ha cambiado su forma de vivir la presidencia. Ahora lo hace encerrado en sí mismo y en su único discurso: ‘Son los narcotraficantes o nosotros, no hay vuelta atrás’. Cada día, el presidente dice la misma frase aquí o allá. Es su conjuro”.

Conjuro, coartada, testarudez o prioridad del presidente Calderón, el problema es que a fuerza de repetirlo obsesivamente ese discurso pierde eficacia.

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La mayoría de los mexicanos no se dio cuenta de que existían, pero hoy terminan las precampañas de los partidos políticos. Durante 40 días, los ciudadanos que aspiran a ser candidatos de cada partido en alguna de las 300 diputaciones federales que estarán en disputa el 5 de julio, podrían haber realizado las tareas de proselitismo necesarias para ganar el respaldo de sus correligionarios.

Eso, en caso de que los partidos hubiesen decidido tener elecciones internas que es una de las opciones que la legislación electoral establece para la designación de candidatos. La otra, es la designación de tales candidatos por parte de la dirección nacional de cada partido.

En otros procesos electorales, los partidos han oscilado de la designación centralizada a la organización de elecciones abiertas -a veces, con la participación no solamente de los afiliados de cada partido sino incluso de sus simpatizantes o de cualquier ciudadano que tenga interés en votar en esos procesos internos-.

Alrededor de esas opciones los partidos han tejido distintas y a veces mitológicas apreciaciones. Hay quienes consideran que la elección abierta a la participación de todos los miembros de una organización política es más democrática y da la impresión de que se trata de un partido abierto a la intervención de la sociedad. Sin embargo las elecciones primarias de esa índole pueden implicar prácticas de clientelismo harto conocidas y padecidas en nuestro país. En esas votaciones no ganan necesariamente los mejores candidatos sino aquellos que supieron movilizar mejor la emoción de sus compañeros de partido.

La elección por parte de los órganos de dirección regular de cada partido ofrece la posibilidad de que haya deliberación entre los candidatos o entre quienes los respaldan. Cuando esa decisión queda a cargo de instancias representativas como son los congresos o las convenciones de un partido, la conformación de las candidaturas a cargos de elección popular puede estar respaldada por proyectos conocidos por los miembros de ese organismo y pueden establecerse equilibrios entre corrientes políticas, regiones y candidatos de diversos perfiles.

Desde luego, la elección en organismos de esa índole también puede quedar supeditada a intereses clientelares e incluso puede dar lugar a la elaboración de planillas que excluyan a quienes no forman parte de los grupos mayoritarios.

Cada una de esas opciones -elección abierta o en instancias deliberativas- tiene bemoles y ventajas. Ninguna es panacea democrática. La democracia depende, más bien, de las reglas con que se realice cada proceso de elección interna y del compromiso de dirigentes y miembros de cada partido para evitar decisiones dogmáticas o excluyentes.

En esta ocasión, a pesar de que la nueva legislación electoral establece facilidades y plazos para las precampañas, ninguno de los partidos nacionales quiso designar todos sus candidatos a diputados en procesos abiertos.

En el PAN, solamente 105 de los 300 candidatos a diputaciones uninominales serán electos por los militantes en cada distrito. La dirección panista se reservó la designación de 195 candidatos en una decisión que suscitó notorios disgustos entre los panistas.

En el PRD, en donde tampoco abunda el ánimo para mantener la cohesión interna, de los 300 distritos únicamente en 77 habrá competencia abierta a la votación de los miembros de ese partido. 223 candidatos serán nombrados por el Consejo Nacional.

Y en el PRI, en un intento para atenuar la disputa interna que amenaza la artificial unidad de ese partido, los 300 candidatos serán nombrados por una Convención de Delegados.

Los candidatos a algunas de las 200 posiciones plurinominales serán designados con distintas reglas en cada partido pero, por lo general, prevalecerá el nombramiento a cargo de los órganos de dirección.

Los procesos de designación en cada partido se realizarán en las próximas semanas. Este miércoles 11 de marzo, es el último día para que quienes aspiran a ser candidatos hagan campañas internas. Esas campañas han sido tan escasas, tan aisladas de la discusión social y tan marginadas de los medios de comunicación que, salvo excepciones, los ciudadanos no se han enterado de ellas.

Los partidos han desperdiciado los 18 minutos diarios -del total de 48 minutos que administra la autoridad electoral- a los que han tenido acceso en cada estación de radio y televisión para que sus candidatos internos hagan precampaña. Lo que hemos visto en esos espacios han sido anuncios, unánimemente retóricos y huecos, que promueven a cada partido político.

A partir de mañana, los partidos dejarán de anunciarse. Las campañas, formales y oficiales, comenzarán hasta el 3 de mayo y durarán dos meses. Sin embargo, de aquí a esa fecha el tiempo electoral seguirá vigente. Durante esos largos, larguísimos 52 días que correrán entre el 12 de marzo y el 2 de mayo, los 48 minutos diarios tendrán que ser cubiertos con  mensajes del IFE y de otros organismos electorales.

¿Cómo hará la autoridad electoral para ocupar esos abundantes y quizá indeseados espacios sin exasperar a los ciudadanos? Todo parece indicar que ni siquiera las autoridades del IFE saben bien a bien qué hacer con esa enorme cantidad de tiempo en radio y televisión.

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Las pretendidas autocríticas del ex vicepresidente Carlos Lage Dávila y el ex canciller Felipe Pérez Roque ratificaron, por si alguien tenía dudas, la incapacidad del régimen cubano para emprender cualquier renovación política. Después de haberlos echado de esos cargos, el presidente cubano Raúl Castro los obligó a publicar sendas renuncias como en el más arcaico estalinismo. “Reconozco los errores cometidos y asumo la responsabilidad”, dice la carta firmada por Lage aunque no menciona a qué tropiezos se refiere. “Reconozco plenamente que cometí errores… asumo mi total responsabilidad por ellos” reza la misiva de Pérez Roque, evidentemente redactada con la misma plantilla, o dictada por la misma voz.

Las destituciones anunciadas hace una semana y luego las renuncias publicadas el jueves 5 de marzo en el diario Granma, desataron un intenso esfuerzo de especulación entre quienes se ufanan de entender los opacos entretelones de la política en Cuba. Para algunos, la destitución de Lage y Pérez Roque ha sido un gesto de acercamiento con el gobierno de Estados Unidos ante la posibilidad de que el presidente Barack Obama promueva una política de distensión que pudiera terminar con el bloqueo económico que padece la isla. Para otros, se trata de la confirmación de que Raúl Castro ya tiene las riendas del gobierno cubano y de la declinación de su hermano Fidel.

Pero el mismo Fidel Castro se encargó de terciar en esa discusión para respaldar las destituciones y, más aún, en un artículo publicado en toda la prensa de Cuba escribió respecto de Lage y Pérez Roque: “La miel del poder por el cual no conocieron sacrificio alguno, despertó en ellos ambiciones que los condujeron a un papel indigno. El enemigo externo se llenó de ilusiones con ellos”.

Ninguno de los hermanos Castro explica cuáles ambiciones cultivaron, qué indignidad perpetraron ni qué enemigo externo se ilusionó con los ahora depuestos dirigentes. Por eso parecieran tener más sentido las interpretaciones de quienes, desde las posturas reflexivas en el exilio cubano, consideran que no hay señal positiva alguna en esas decisiones, independientemente del perfil que puedan haber tenido Lage y Pérez Roque cuando eran funcionarios. El historiador cubano Rafael Rojas, que radica en México, escribió en El País de antier sábado: “Con un Gobierno autocrático y represivo, que no sólo penaliza la actividad de opositores pacíficos sino que destruye las carreras políticas de sus propios funcionarios, las pocas esperanzas de una mejoría en las libertades públicas de la isla se desvanecen“.

Lo más difícil es entender qué efectos tuvo esa decisión en la sociedad cubana. Por eso resultan interesantes las exiguas expresiones que se pueden conocer a través del puñado de blogs que mantienen algunos jóvenes desde la isla. El más conocido de ellos es Generación Y, que mantiene Yoani Sánchez, una filóloga de 33 años que gracias a ese espacio en la Red el año pasado ganó el premio de periodismo Ortega y Gasset que otorga en diario El País. El gobierno de Cuba no le dio permiso para viajar a Madrid a recoger el premio.

En un comentario que titula “Meneo en el Olimpo” y publicado la semana pasada, Sánchez dejó claro su escepticismo: “La gente trata de buscarle a esta movida la profundidad y la sabiduría de una partida de ajedrez, pero a mí me parece puro juego de ‘gallinita ciega’”. No creo que las tan deseadas y necesarias reformas estuvieran esperando a tener nuevos ministros para ser aplicadas. Si la voluntad fuera impulsar medidas aperturistas, ningún funcionario a cargo de un ministerio la hubiera podido frenar. La intención ha sido, sin embargo, demorar los cambios, adormecerlos, comprar tiempo en el juego de la política, mientras nosotros perdemos meses y meses del tiempo de nuestras vidas”.

En el sitio Bloggers de Cuba, Yudivián Almeida Cruz reclama claridad sobre las remociones: “Creo que es necesario que todos los ciudadanos cubanos conozcan cuales fueron los errores graves en que incurrieron estos dos dirigentes que hasta la semana anterior eran considerados baluartes dentro de la dirección del país”.

El autor anónimo del blog Mi isla al mediodía subrayó con sarcasmo las posiciones privilegiadas que tenían Lage y Pérez Roque: “Eran de la generación de los ‘ahijados’. Dirigentes escogidos desde muy jóvenes para trabajar muy cerca del Gran Hermano. Ya estaban ‘acostumbrados’ a eso y al parecer habían aprendido a moverse dando una cierta imagen de ‘trascendencia’ sin meterse en demasiados problemas. Supongo que al Gran Hermano le decían que si a todo, y luego…  Pero de pronto el Gran Hermano enfermó y el Hermano Menor tomó el poder. Y las relaciones no eran las mismas. No había el mismo grado de confianza… qué se yo. En fin, que ahora les han movido el piso”.

Esos son algunos de los ecos que se expresan con cierta libertad en un contexto en donde la monotonía impuesta a la vida pública es tal que hasta las cartas de renuncia son idénticas. No resulta gratuito, en esa circunstancia, que en Cuba se hable de El Gran Hermano. Todavía.

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