Sociedad y Poder

El anuncio más vistoso en el mensaje que ofreció ayer el presidente Calderón con motivo de su Cuarto Informe no estuvo relacionado con la seguridad pública, ni de manera directa con la economía. La decisión para adelantar el establecimiento en México de la televisión digital tiene que ver con el aprovechamiento de la tecnología, el esparcimiento de la gente, la consolidación de monopolios comunicacionales o la apertura de nuevas opciones. Se trata de un anuncio destacado en el campo de las políticas para los medios pero deja abiertas preguntas relevantes.

La televisión digital tiene tres ventajas. En primer lugar, permite que en el espacio en donde hasta ahora se difundía la señal de un canal analógico, como los que tradicionalmente  hemos conocido, quepan varios canales. En segundo término, hace posible la transmisión de una imagen de mejor resolución; la alta definición ofrece el video de mayor calidad pero cualquier imagen digital es mejor que una de carácter analógico. En tercer lugar, la televisión digital facilita la interacción de los espectadores que así pueden responder a encuestas, participar en concursos o comprar artículos que se les ofrecen en pantalla.

En julio de 2004 el presidente Vicente Fox expidió el decreto que establecía la televisión digital en México. De entre varios sistemas tecnológicos que para entonces ya competían en el mundo, el gobierno mexicano eligió el protocolo ATSC que ya se utilizaba en Estados Unidos. La vecindad con ese país explica la selección de dicho sistema aunque el protocolo que se utiliza en Europa tiene mayores ventajas, sobre todo para propiciar más diversidad de opciones en la televisión.

En aquellos años el protocolo ATSC (Advanced Television System Committee) era tan rígido que solamente servía para que en cada canal de carácter analógico que ya existía, se difundiera una señal en formato digital. Es decir, se trataba de un sistema que no propiciaba la existencia de más canales sino únicamente la conversión, al nuevo formato, de los canales ya existentes. Por eso en Estados Unidos, y luego en México a imitación de aquella experiencia, el gobierno dispuso que a cada empresa o institución que ya tuviera un canal de televisión analógica, se le asignara otro de carácter digital. Esa frecuencia adicional serviría exclusivamente para transmitir, en alta definición, la señal que ya se difundía de manera analógica. Por eso a tales frecuencias se les denominó “canales espejo”. El gobierno de Fox decidió que para 2021 todas las señales de televisión debían difundirse en formato digital. Cuando así ocurriese, las empresas o instituciones a las que se había asignado el canal adicional deberían reintegrárselo al Estado aunque no se estableció un mecanismo para esa devolución.

En estos años la televisión digital ha crecido en todo el mundo aunque con modelos distintos al que se instauró para México. En casi toda Europa la televisión digital funciona con un protocolo (DVB, Digital Video Broadcasting Terrestrial) que ha multiplicado los canales disponibles en televisión abierta y que será imitado en casi toda África y parte de Asia. En la mayor parte de América Latina se ha elegido el protocolo ISDB-T (Terrestrial Integrated Services Digital Broadcasting), de origen japonés y que fue promovido en Brasil después de un intenso cabildeo financiero y diplomático. El sistema ATSC funciona solamente en Canadá, Estados Unidos, México, El Salvador, Honduras, Puerto Rico y Corea del Sur.

A pesar de sus limitaciones iniciales, el desarrollo tecnológico ha permitido que el ATSC

sirva no solamente para mejorar la calidad de la imagen sino, ahora también, para que haya más canales de televisión. En los 6 Megahertz que ocupa una frecuencia de televisión analógica pueden caber dos canales de alta definición, seis canales digitales con buena calidad de imagen, o uno de alta definición y tres digitales que no sean de alta definición.

Así que la imagen de mayor calidad no está reñida con el surgimiento de nuevos canales, a diferencia de lo que hace cuatro años decían algunos de los técnicos enviados por las televisoras a defender la Ley Televisa. Aquella reforma legal, a la postre desarticulada por la Suprema Corte de Justicia, pretendía que las televisoras utilizaran a su antojo el espectro radioeléctrico que ya les había asignado el gobierno tanto en los canales con los que difundían señales analógicas como en los canales espejo. Los técnicos de Televisa sostuvieron que bajo el estándar ATSC la única forma de utilizar cada frecuencia era para difundir televisión de alta definición acompañada de alguna información complementaria (por ejemplo, durante un partido de futbol, las tablas de posiciones de los equipos). De esa manera negaban la posibilidad de que las televisoras emplearan tales frecuencias para hacer negocio vendiendo y difundiendo servicios adicionales. Todavía después de la sentencia de la Corte, los técnicos de Televisa siguieron ocultando las opciones que ya había en el sistema ATSC para difundir más canales de televisión.

Ahora el presidente Calderón anuncia que gracias a la televisión digital, podremos “contar con más cadenas y con más canales de televisión, se ampliarán las opciones de contenidos culturales, noticiosos y de entretenimiento disponibles”. La pluralidad siempre es deseable, máxime en un sector tan concentrado y reacio a la competencia como ha sido el de la televisión, dominada por dos empresas privadas. Sin embargo el gobierno no ha establecido de qué manera propiciará que esas haya, realmente, más opciones. Es decir, que no surjan más canales de las mismas empresas –Televisa y TV Azteca– que hoy acaparan el 94% de la televisión comercial en este país.

En el Decreto presidencial publicado ayer mismo para acelerar la transición a la televisión digital terrestre, no se indica qué podrán hacer, y cómo, los titulares de las actuales concesiones de televisión. En rigor, esas concesiones fueron asignadas para que se difundiera la señal de un solo canal (los canales 2, 4, 5, 7, 9, 13, etcétera, para solamente mencionar algunos de la ciudad de México). Y la utilización de las frecuencias adicionales es para replicar la señal de cada uno de esos canales: Televisa tiene, por ejemplo, el canal 48 que repite en alta definición la señal del canal 2; los canales 49, 50 y 44 que replican a los canales 4, 5 y 9; Azteca cuenta con los canales 24 y 25 que reproducen de manera digital al 7 y al 13. Se trata, como se les dice de manera oficial, de canales espejo.

Ahora la tecnología, y el proyecto gubernamental, permiten que además de reproducir en formato digital señales de la TV analógica, esas frecuencias sirvan para nuevos canales. Y, siempre según el Acuerdo presidencial de julio de 2004 y el Decreto de ayer 2 de septiembre de 2010, las televisoras no están autorizadas a difundir, en tales frecuencias, nuevas señales, distintas de las que ya transmiten por televisión analógica.

Si no hay previsiones al respecto la transición digital, que el presidente Calderón proclama como puerta a la pluralidad, servirá fundamentalmente para que las televisoras que ya tienen demasiados canales tengan muchos más.

El Decreto indica que la transición digital tendrá que haber concluido en 2015. Esa decisión forzará plazos, tanto técnicos como comerciales, pero será incumplible si no es acompañada de un ambicioso programa para subvencionar la adquisición de televisores digitales.

Actualmente en México hay 730 frecuencias de televisión analógica. En cambio, únicamente existen 78 canales de carácter digital. Las televisoras y en general las instituciones que difunden por televisión, tienen un duro trabajo por hacer en los siguientes años. Por otra parte, algunos de los canales ya establecidos para el formato digital no son repetidoras de las señales analógicas sino frecuencias creadas expresamente para difundir con ese protocolo, como los canales de la UNAM y del gobierno de la ciudad de México que fueron autorizados hace tres años y se han mantenido en un plano experimental.

La gente que no tenga televisores digitales contará con dos opciones para sintonizar la televisión de esa índole. La más sencilla, pero más costosa, será comprar un nuevo televisor. La otra, consistiría en adquirir un convertidor que permitirá ver la señal digital en un televisor analógico pero sin la calidad que tiene la imagen digital.

Entre esas posibilidades oscilará la política gubernamental para que los mexicanos tengan acceso a la televisión digital. En Estados Unidos, el año pasado el gobierno de Barack Obama distribuyó, entre las familias más pobres, bonos para comprar nuevos televisores. En México ayer ya había quienes, quizá con información parcial, aseguraban que la administración del presidente Calderón regalará  televisores. Tendría que haber reglas muy claras para que ese apoyo al desarrollo tecnológico no se confundiera con clientelismo electoral.

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La Licitación 21 que le entrega a Televisa y Nextel una considerable porción de espectro radioeléctrico con un ahorro de casi 5 mil millones de pesos, ha sido condenable por ese injustificable despilfarro de recursos de la nación, por las irregularidades con las que fue aprobada en la Cofetel y porque le da más poder comunicacional a Televisa.

Esa adjudicación de espectro radioeléctrico ratifica, además, el extravío que define a la política de telecomunicaciones del gobierno actual. Todavía no se cumple un año desde que, el 2 de septiembre de 2009 el presidente Calderón se comprometió a reformar las telecomunicaciones para que hubiera competencia, mayor cobertura y mejor calidad y ya conocemos las torcidas medidas de su gobierno que nos alejarán de esos propósitos.

En vez de competencia, el gobierno de Calderón ha resuelto fortalecer a uno de los actores dominantes en dicha área, el consorcio Televisa. En lugar de previsiones para la cobertura, deja el crecimiento de las nuevas redes al garete de los intereses de los grupos beneficiados por la licitación reciente. En contra del abatimiento en los precios, tendremos un mercado contrahecho por la ausencia de auténtica regulación.

El escándalo, que suscita indignación en más segmentos de la clase política de los que inicialmente ha parecido, además de una irritada estupefacción entre los ciudadanos cuando entienden las dimensiones de ese regalo, se origina en la adjudicación de 30 Megahertz para servicios de telefonía móvil por 180 millones de pesos a las empresas Televisa y Nextel. Por una cantidad idéntica de espectro radioeléctrico, como mucho se ha dicho, otras empresas –Telcel y Telefónica– han accedido pagar 5 mil 68 millones de pesos.

Ese es el dato duro. Los voceros de las compañías beneficiadas con el regalazo y los funcionarios de la Cofetel responsables de esa decisión insisten en que esas cantidades constituyen el enganche por utilizar tales frecuencias y recuerdan que al cabo de dos décadas Televisa y Nextel pagarán más de 18 mil millones de pesos por concepto de derechos por esa utilización de los 30 MHz.

Eso será cierto, siempre y cuando este gobierno o cualquier otro, o los partidos cuyos legisladores han sido, en su mayoría, notoriamente obsecuentes con los intereses de Televisa, no emprendan una nueva reforma legal para eximirla también de ese pago de derechos. Tal especulación no es descabellada. En octubre pasado la mayor parte de los senadores y diputados del PAN y el PRI, con la ayuda de algunos legisladores de los partidos considerados de izquierda, modificó la Ley Federal de Derechos a fin de que los grupos que ganasen la licitación del espectro radioeléctrico que ahora ha sido asignado no pagasen contribuciones durante dos años.

Desde entonces se sabía que esa licitación estaba diseñada para favorecer a Televisa. Desde aquellos meses, el gobierno del presidente Calderón se había comprometido con la expansión de ese consorcio con el argumento de que así se fortalecía a un actor de las telecomunicaciones capaz de enfrentar el predominio de la ciertamente abusiva Telmex y sus filiales.

Pero no son la competencia en ese mercado, ni la calidad de los servicios, ni la protección de los consumidores, las prioridades del gobierno al tomar esa decisión. Al presidente Calderón le interesa, fundamentalmente, ganar o conservar el respaldo de Televisa que considera indispensable tanto para propagandizar los logros de su combate a la delincuencia como para enfrentar al PRI en las elecciones federales de 2010. Por eso instruyó a los comisionados que le obedecen, en la Cofetel, para diseñar y aprobar la Licitación 21.

El presidente no ha querido entender que la mejor y a final de cuentas la única posibilidad para que tengamos medios de comunicación responsables radica en la diversificación de las opciones en ese campo. Pasan los meses y los años y la promesa para que existan nuevas cadenas de televisión quedó apabullada por las indecisiones de Calderón y las presiones de Televisa y Azteca, que actúan en contubernio cuando defienden el monopolio que ejercen en ese mercado. Y la también prometida cadena nacional de televisión pública quedó en una modesta ampliación en la cobertura del Canal Once que sigue siendo controlado por el gobierno federal.

La misma fórmula, sustentada en la concentración de muchos recursos en pocas manos, la promueve el gobierno para las telecomunicaciones. La decisión de fortalecer a Televisa con tal de enfrentar a Telmex es defendida por los funcionarios de esa área como si con ella hubieran descubierto un nuevo axioma de la economía contemporánea. Al engrosar el predominio de un consorcio que ya tiene mucho poder los estrategas de la política de telecomunicaciones, desde sus aisladas oficinas, diseñan un modelo que en vez de competencia significa más concentración y que propiciará, en lugar de monopolio, un duopolio en la telefonía.

Peor aún: el gobierno de Calderón, quién lo diría, al beneficiar con un tácito subsidio de 5 mil millones de pesos a Televisa–Nextel, practica una política que se creía ya superada en nuestro país. El paternalismo con dedicatoria, que favoreció negocios privados a costa del interés y los recursos públicos, era propio de una época de economía escasamente diversificada, sociedad fundamentalmente débil y presidencialismo totémico (como lo llamaba Ernesto Zedillo). Aquel presidencialismo, ejercido tanto por Cárdenas como por López Mateos, tuvo una versión desfigurada y aún más abusiva en varios momentos durante las administraciones de Echeverría y López Portillo. El fortalecimiento de grandes consorcios privados en aquellas décadas no se explica sin la deliberada intervención del Estado. Más tarde fue notoria, y de drásticas consecuencias, la decisión de Carlos Salinas para impulsar el crecimiento de Telmex y el enriquecimiento de Carlos Slim.

¿En qué se diferencian aquellas decisiones de los presidentes del PRI y el respaldo que otorga Calderón a Televisa? En muy poco, más allá de que nos encontramos en una circunstancia nacional diferente, en medio de procesos de globalización en donde los consorcios (especialmente en campos como las telecomunicaciones) encuentran nuevos equilibrios, en un contexto político nacional definido por una nueva aunque con frecuencia improductiva pluralidad y con una sociedad más exigente.

Por eso el regalazo a Televisa y Nextel encuentra, hoy, resistencias que no tuvo hace dos décadas la decisión del presidente Salinas para venderle Telmex a Slim. Hasta en eso, Calderón llega tarde. La utilización de recursos del Estado para auspiciar a un grupo privado no tiene justificación económica, técnica, ni social. Tampoco política porque, como ya le sucedió a él mismo en la campaña electoral, Calderón terminará por constatar que ese consorcio no tiene socios sino clientes. Y el actual presidente, dentro de poco tiempo, ya no tendrá con qué comprar las ambiciones de Televisa.

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Calumniado por el lenguaraz obispo Sandoval, el jefe de Gobierno del DF olvida que hace cuatro años él mismo acusó sin pruebas a 135 intelectuales

Las acusaciones del cardenal Juan Sandoval Iñiguez son inaceptables. Además de calumniar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y al jefe de Gobierno del DF, manifiestan una intolerancia y un espíritu discriminatorio que han sido rechazados en numerosas opiniones y medios de comunicación.

Marcelo Ebrard aprovecha con inteligencia la oportunidad que le ofrecen los exabruptos de Sandoval. La denuncia judicial por daño moral que presentó, reivindica la necesaria aunque tan incumplida separación entre iglesia y Estado.

De paso, gracias al lenguaraz espíritu del cardenal, Ebrard queda por un rato en el centro de la discusión pública, se muestra como defensor de la honra de los ministros y de la suya propia, ataja una imputación infamante pero que además promueve el odio y obtiene el aplauso de un importante segmento de la sociedad mexicana.

En su rabia por la decisión de la Corte que autorizó el matrimonio y la adopción por parte de parejas homosexuales, el arzobispo de Guadalajara habló con desprecio tanto de quienes tienen esa preferencia personal como de los integrantes de la Suprema Corte. Sandoval Íñiguez no tiene ni tendrá pruebas del soborno que, según insinúa, promovió Ebrard para persuadir a los ministros. El juez que reciba el expediente de ese caso procurará dilucidar laos alcances del vocablo maicear, cuya connotación en México va más allá de los usos agrícolas.

Sandoval quedará ratificado como hablador. Ebrard, tendrá un triunfo político aunque se aleje más de los mexicanos, todavía muchos por desgracia, que siguen atendiendo fanáticamente a las opiniones de la jerarquía eclesiástica.

Es plausible la defensa que hace Ebrard contra la calumnia de Sandoval y en reivindicación de su fama pública. Sin embargo el ahora jefe de Gobierno del DF no siempre ha tenido el respeto a quienes tienen puntos de vista distintos al suyo, que con tanta insistencia le exige al retrógrado cardenal.

Sería pertinente que, en su cruzada contra la difamación, Ebrard recordase que hace no mucho tiempo él mismo incurrió en la conducta que ahora busca rectificar por la vía judicial.

Hace apenas cuatro años, en agosto de 2006, Marcelo Ebrard respondió con una impostura a la declaración de 135 ciudadanos que consideraron infundadas las acusaciones de fraude electoral después de la elección presidencial. “Quienes firmamos este documento hemos seguido los argumentos y pruebas presentadas en el litigio. No encontramos evidencias firmes que permitan sostener la existencia de un fraude maquinado en contra o a favor de alguno de los candidatos. En una elección que cuentan los ciudadanos puede haber errores e irregularidades, pero no fraude”, sostuvo el documento que suscribían, entre otros, Héctor Aguilar Camín, Jorge Alcocer, Roger Bartra, José Luis Cuevas, Denise Dresser, Enrique Krauze, Jacqueline Peschard, Alejandro Rossi y José Woldenberg.

A esos ciudadanos dedicados, todos o casi todos, a tareas intelectuales, Marcelo Ebrard les respondió de manera altanera pero además calumniosa: “Hay una carta firmada por 100 personas quienes andan diciendo que ya se contaron los votos; a ellos les decimos que abran los ojos y cierren las carteras, porque las evidencias del fraude sobran“.

De esa manera, el entonces inminente jefe de Gobierno del DF quiso objetar la opinión de personas entre quienes estaban Julia Carabias, Luis de la Barreda, Luis González de Alba, Ciro Murayama, Joel Ortega Juárez, Rafael Pérez Gay, Ricardo Raphael, Federico Reyes Heroles, José Sarukhán y Guillermo Soberón.

Decir que cerrasen las carteras resultaba tan agraviante, o al menos insidioso, como sugerir que a alguien lo maicearon.

Ebrard se refería, sin prueba alguna y como resultado de una reacción intolerante, a las carteras, pero sobre todo a las opiniones políticas, de personas como Eliseo Alberto, Ricardo Becerra, Salvador Camarena, María Amparo Casar, Germán Dehesa, Soledad Loaeza, Jean Meyer, Luis Rubio, Ramón Xirau o el autor de esta columna.

El agravio de Ebrard formó parte del ambiente de sectarismo y confusión que nos envolvió después de aquellas elecciones de 2006. Nunca, hasta donde tengo entendido, ofreció disculpas públicas como las que hoy en día, con pleno derecho, le exige al desfachatado Sandoval Íñiguez.

No se necesita un análisis semiológico para comprender que, al decir que cerrasen las carteras, Ebrard quería sugerir que los firmantes de aquel documento recibían o buscaban alguna compensación material por publicarlo.

Le pudimos haber respondido que habíamos abierto las carteras, eso sí, para sufragar de nuestro bolsillo aquella inserción en la prensa. Todavía conservo la ficha de depósito con la que pagué mi contribución por mi propia firma y las de dos o tres colegas y amigos a quienes, a petición de los promotores del documento, invité a suscribirlo. Suscribí y pagué con gusto y convicción y estoy seguro de que lo mismo hicieron todos los firmantes aunque sabíamos del contexto de exaltación que dominaba en la vida pública del país.

Enhorabuena por la denuncia de Ebrard contra el mendaz cardenal tapatío. Qué lástima que, además de reclamar cuando lo calumnian, ese funcionario no se preocupa por ofrecer prueba o disculpa algunas cuando es él quien propala imputaciones falsas.

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Tanto la ONU, como la OEA, tienen sendos relatores para la libertad de expresión. En la Organización de las Naciones Unidas esa responsabilidad la desempeña el guatemalteco Frank La Rue. En la Organización de Estados Americanos, la responsable de tales asuntos es la colombiana Catalina Botero. Los relatores de esos organismos nunca habían realizado una misión conjunta. El discutible honor le corresponde a México.

El lunes pasado, Botero y La Rue comenzaron una visita oficial de 15 días. En el transcurso de esta semana se han entrevistado con funcionarios públicos y legisladores pero también, y con especial interés, con periodistas, representantes de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. Estarán en Sinaloa, Chihuahua y Guerrero, algunos de los estados en donde el ejercicio del periodismo ha sido más riesgoso. Los resultados de esa observación formarán parte de los informes que presentarán en sus respectivas organizaciones pero antes de dejar nuestro país enumerarán, en conferencia de prensa, los problemas que habrán advertido en esa intensa visita.

El prontuario de circunstancias agraviantes para la libertad de expresión en México que están elaborando Botero y La Rue se extiende a cada testimonio que reciben. Los más graves se refieren a los asesinatos, desapariciones, secuestros e intimidaciones contra periodistas y medios de comunicación en varios estados del país. Para documentar esos atentados no les haría falta mas que hojear la prensa mexicana de las semanas recientes. Pero, con notoria escrupulosidad, los relatores de la OEA y la ONU escuchan con atención, toman nota de cada declaración que se les presenta, preguntan y piden más datos, atiborran de apostillas los cuadernos en donde registran cada caso de agresiones al periodismo y la información en México.

Hay otros temas, también relevantes porque significan restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, que interesan a los relatores. La ausencia de reglas actuales, que sean cumplidas y que garanticen la diversidad de enfoques en los medios de comunicación, les llama la atención cuando se les narra la circunstancia mexicana. La concentración de los medios electrónicos, aunque ya tienen referencias de ella, les inquieta de manera singular. México es uno de los países en donde se concentran más recursos comunicacionales en menos manos. Las alusiones a Televisa proliferan, y no de manera favorable, en los testimonios que escuchan Botero y La Rue.

Las reticencias del gobierno mexicano a cumplir con el derecho de los ciudadanos para tener acceso a la información pública y especialmente el desaire a varias resoluciones recientes del IFAI, se encuentran registrados ya en las libretas que cargan Botero y la Rue. La persistencia en México de normas legales que sancionan con penas corporales los delitos de prensa (como sucede con la Ley de Imprenta, vigente desde el lejano 1917) les llama la atención porque habitualmente se piensa que en nuestro país ya no hay posibilidad de encarcelar periodistas por lo que dicen o publican. La ausencia de parámetros para que el Estado compre publicidad en los medios, la reconocen como fuente de coerciones y obstáculo a una prensa verdaderamente libre. La ausencia de mecanismos expeditos para que las radiodifusoras comunitarias sean legalizadas, es preocupante.

El lunes por la tarde los relatores conocieron de viva voz las quejas de varios operadores de radiodifusoras de esa índole contra quienes se han abierto causas legales, que pueden llegar al encarcelamiento. Doña Rosa Cruz, indígena purépecha que participaba en la modesta radiodifusora instalada por los habitantes de Ocumicho, en Michoacán, narró las persecuciones que la han convertido, desde luego muy a su pesar, en emblema de la lid por la radiodifusión comunitaria. En esa misma sesión, la directora del diario AM de Guanajuato exhibió los amagos del gobernador de aquella entidad contra la prensa que no se somete a sus veleidades. Un reportero de Chiapas describía un panorama de asechanzas que algunos creerían asunto del pasado. Uno tras otro, los interlocutores de La Rue y Botero refirieron experiencias, aprensiones, diagnósticos críticos.

Frank La Rue lleva décadas peleando por los derechos humanos en Guatemala. Durante una temporada tuvo que vivir en Estados Unidos debido a la persecución que enderezaba en su contra el gobierno guatemalteco. Estudió  en la Universidad John Hopkins un posgrado en Política Exterior estadounidense y años después fue candidato al Premio Nobel de la Paz. La cercanía geográfica, pero además la extensión a ese vecino país de los peores defectos de nuestra prensa, le permiten estar muy familiarizado con la circunstancia mexicana.

A Catalina Botero las desventuras mexicanas tampoco le son desconocidas. Antes de esta visita, ha recibido en Washington diversos testimonios acerca de las limitaciones a la libertad de expresión en México. Fue magistrada de la Corte Constitucional en Colombia y estudió un posgrado en Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid.

Desde hace tres años, antes incluso de la designación de cada uno de ellos, la visita de los relatores para libertad de expresión fue solicitada por diversas organizaciones mexicanas empeñadas en promover y defender estos temas. El gobierno mexicano se había negado a expedir la invitación que es necesaria para que los relatores hagan un viaje oficial. Ahora están en nuestro país pero no debido a deferencia ni a apertura alguna del gobierno, sino al empeoramiento de los asuntos que les alarman a los enviados de la OEA y la ONU.

Inquisitiva y pizpireta, la joven abogada Catalina Botero solicita a sus interlocutores información precisa, conocedora del valor que tienen las evidencias documentales. Paciente y bonachón, Frank La Rue escucha a los periodistas mexicanos con atención y respeto. Hacen un dúo formidable. Quizá, también, su presencia en México ayude no solo a denunciar, sino además a construir puentes y cauces para solidificar el ejercicio de la libertad de expresión.

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Saldrá peor el remedio que la enfermedad. En las áreas del gobierno federal relacionadas con las telecomunicaciones existe la convicción de que es preciso atajar la influencia de Telmex. Para lograrlo, quieren fortalecer a un operador de esos servicios que sea capaz de competir con la corporación de Carlos Slim. Pero el candidato que han elegido para enfrentársele a Telmex es un consorcio tan o más abusivo y prepotente que el que hasta ahora domina en los servicios de telefonía en este país. Se trata de Televisa.

El gobierno del presidente Felipe Calderón ha desplegado esa decisión para fortalecer a Televisa, en detrimento de Telmex, por varios frentes.

Desde hace un par de años la Comisión Federal de Competencia que preside Eduardo Pérez Mota decidió limitar el crecimiento de las empresas telefónicas de Slim y favorecer, en cambio, al consorcio de Emilio Azcárraga Jean.

En los últimos dos años Televisa ha experimentado un crecimiento muy considerable en la industria de la televisión por cable. Ese, que era terreno en el que abundaban los operadores independientes, ahora se encuentra acaparado por Televisa. La Cofeco, lejos de limitar esa expansión monopólica, la ha permitido e incluso alentado. Las empresas de cable, además de televisión ofrecen servicios de Internet y telefonía. Pero, al mismo tiempo, a Telmex el gobierno federal no le permite ofrecer servicio de televisión a través del cableado telefónico que tiene en todo el país.

El propósito de la administración actual para auspiciar la consolidación de Televisa como operador telefónico ha sido apuntalado con dos escandalosas medidas. En junio pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les adjudicó a un grupo conformado por las empresas Televisa, Telefónica y Megacable la licitación para utilizar un par de los hilos de fibra óptica que corren con el cableado de la Comisión Federal de Electricidad en todo México. Esa infraestructura les permitirá a Televisa y a sus socios ofrecer servicios de banda ancha. La SCT pudo haber establecido condiciones para que los ganadores de esa licitación estuvieran comprometidos a ofrecer servicios de mayor calidad que la actual, y tarifas menores. Sin embargo esa licitación se resolvió simplemente a partir de una subasta económica bastante peculiar porque el único postor que compitió con posibilidades de ganar era ese grupo empresarial. Las condiciones de esa licitación fueron preparadas por la SCT, que encabeza el secretario Juan Molinar Horcasitas, a modo de los intereses de Televisa y sus socios.

Lo mismo ha ocurrido con la licitación de varios segmentos del espectro radioeléctrico que serán utilizados para telefonía celular. La Comisión Federal de Competencia dispuso que ningún operador de esos servicios podría tener más de 80 Megahertz de espectro radioeléctrico en todo el país. Con esa medida, las empresas que actualmente ofrecen tales servicios quedaron imposibilitadas para competir por el segmento más grande que se puso a concurso en noviembre pasado y que es un segmento de 30 MHz en todo el país.

La licitación 21 de espectro radioeléctrico fue concebida y organizada para favorecer a Televisa y al socio con el cual emprende este negocio, la empresa Nextel. Entre fines de mayo y los últimos días de julio pasados, se realizó más de un centenar de rondas para la licitación de 90 MHz de espectro en las 9 regiones en las que está organizado el país para esos fines.

En un tramo de 30 MHz, en el que competían varias empresas, las posturas se fueron modificando a través de todo el concurso. Por ejemplo, dentro de ese paquete, por un segmento de 10 MHz en la Región 9 inicialmente se presentó una postura de 27.6 millones de pesos y al final el ganador accedió a pagar 1363 millones de pesos.

En cambio, en otro tramo de 30 MHz que fue subastado en paquete solamente se presentó un competidor. La postura inicial de Televisa y Nextel por ese tramo fue de 180 millones 300 mil pesos. La postura que resultó ganadora fue precisamente esa.

Al final de la Licitación 21, los grupos Telefónica y Telcel presentaron, por distintos segmentos que suman 30 MHz de alcance nacional, ofertas por un total de 5068 millones de pesos.

El otro tramo de 30 MHz, en donde solamente compitieron Televisa y Nextel, tuvo la ya señalada oferta final de 180.3 millones de pesos.

En otras palabras, Televisa y Nextel pagarían una cantidad 28 veces menor a la que pagarían otras empresas por fracciones idénticas de espectro radioeléctrico.

Se trata de un obsequio, impúdico pero también ilegal, que el gobierno federal le haría a la empresa de Azcárraga Jean y a sus socios en Nextel. Si el uso de ese tramo de 30 MHz fuera adjudicado de acuerdo con el precio que ha establecido el mercado, Televisa y Nextel tendrían que pagar 5068 y no 180 millones de pesos.

Ese negocio todavía puede ser interrumpido. La Ley Federal de Telecomunicaciones le otorga a la Cofetel la capacidad de declarar desierto el concurso. Esa decisión también tendría respaldo en la Constitución.

Si la Cofetel declarase desierta esa licitación, podría organizar una nueva sobre bases distintas, diseñadas ya no para beneficiar a una empresa sino con reglas apuntaladas en el interés de la sociedad.

La intención de combatir a los monopolios es plausible, pero se convierte en una farsa si no toma en cuenta todo el espectro radioeléctrico que administra cada consorcio. Actualmente Telcel, la empresa de Telmex para telefonía celular, tiene algo más de 50 Megahertz de alcance nacional.

Datos de la Cofetel indican que, antes de la subasta ahora en cuestión, Televisa maneja, para sus señales de televisión, segmentos de espectro radioeléctrico que suman 124 MHz de alcance nacional.

Si van a combatir a los monopolios en las telecomunicaciones, que lo hagan en serio. El consorcio que más acapara ese recurso de la nación que es el espectro radioeléctrico no tiene por qué recibir más espacio. Y mucho menos al precio de ganga que le ofrece el gobierno federal.

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El doctor Abelardo Burciaga Alvarado fue asesinado la noche del lunes 12 de julio en la capital de Durango. Dos individuos le dispararon desde una motocicleta cuando iba manejando su camioneta en el bulevar Durango. Cirujano en el Hospital General, el doctor Burciaga era muy apreciado en su comunidad.

Al domingo siguiente, 19 de julio, centenares de colegas y amigos del doctor Burciaga realizaron una marcha por la avenida 20 de Noviembre y hasta la Catedral. Aplausos, globos blancos, enfermeras y médicos con sus uniformes albos y muchas, muchas lágrimas de indignación y tristeza, abundaron durante la hora y media que duró esa manifestación.

Recientes las elecciones locales, algunos personajes políticos quisieron sumarse a la primera fila de la marcha pero muchos de los asistentes los rechazaron y tuvieron que incorporarse más atrás.

El doctor Burciaga tenía 48 años y se había especializado en cirugía plástica y reconstructiva. Quizá lo quisieron extorsionar y se negó. Su asesinato está impune y aunque sus victimarios fueran aprehendidos nada les compensaría esa pérdida a sus amigos y pacientes pero, especialmente, a su esposa y sus cuatro hijos.

Ese crimen movilizó a un segmento importante de la sociedad de Durango, ya bastante acosada por la delincuencia. Sin embargo en los medios de comunicación del resto del país

ha sido ignorado. Solamente el periodista Salvador Camarena, en el noticiero que conduce en W Radio y luego en El Universal, se ha ocupado de ese asunto no sin reconocer: “La noticia del asesinato del doctor Abelardo Burciaga tuvo nula repercusión a nivel nacional.

Desde la capital, somos ya totalmente insensibles a la muerte de un hombre bueno. Y la distancia, real o simbólica, es nuestro bálsamo. Estamos a gusto en nuestras pequeñas

aldeas. Abrazando la filosofía del autoengaño, nos decimos que eso que pasa allá, en el norte, aquí en Morelos, o en Guerrero o en Michoacán no tiene nada que ver con nosotros.

No queremos que nos duela. Así que mejor no preguntamos.

Mejor no reporteamos.

Acunamos nuestra falta de humanidad en la sospecha tonta: ‘Seguro esos que se mueren estaban metidos en algo’. O, peor aún, criticamos al gobierno por no informar, pero en el fondo le agradecemos que no lo haga, que no nos intranquilice, que no nos diga que, en efecto, diez noches después, nadie en Durango sabe por qué murió un excelente padre, esposo, hermano, cuñado, médico”.

El asesinato del doctor Burciaga y la protesta cívica en Durango no merecieron ni una sola línea en Reforma, La Jornada, Excélsior ni en la edición nacional de Milenio, al menos de acuerdo con los contenidos en sus sitios en Internet.

El Universal publicó una pequeña nota el lunes 19 y, el jueves 22, el comentario de Camarena.

Hay tantos muertos, caídos en episodios con frecuencia tan oscuros y por lo general con tanta impunidad, que nos estamos acostumbrando a conocer cifras y no los nombres de personas con apellidos, biografías, méritos y sobre todo, deudos.

El asesinato de un mexicano en Durango, por añadidura médico y estimado en su comunidad, no encuentra sitio en el fárrago informativo. Anoche había ocho menciones al

doctor Burciaga en las notas inventariadas por el buscador Google de noticias mexicanas.

Ese mismo servicio hay 393 notas que mencionan a Elba Esther Gordillo, 363 que se ocupan de la actriz Ana Bárbara, 317 en las que aparece el futbolista Cuauhtémoc Blanco y 247 acerca de la llegada a México del Ipad.

La huelga de hambre de dos trabajadores del SME ofrece 271 resultados. Este viernes 22 el ingeniero Cayetano Cabrera Esteva cumplirá 90 días en ayuno voluntario y el licenciado Miguel Ángel Ibarra Jiménez, 86 días. Están en huelga de hambre para exigir que les sean restituidos los empleos que perdieron debido a la liquidación de Luz y Fuerza.

La trayectoria reciente del SME y varias de sus demandas pueden ser discutibles pero es claro que se trata de una organización que, a estas alturas, defiende su derecho a existir

como representante de varios miles de trabajadores despedidos. La pretensión de quienes han acudido a la huelga de hambre es muy sencilla: que les devuelvan sus trabajos.

El presidente de la República se niega a recibir a esos trabajadores. Se resguarda en el nuevo secretario de Gobernación, que anoche mantenía una larga reunión con el secretario general del SME.

La huelga de hambre ha sido motivo de algunas notas en la prensa. Pero ante el riesgo que corren dos personas, las respuestas de la sociedad han sido escasas, débiles y en muchos casos egoístas.

Una huelga de hambre no es cualquier protesta. Se trata del recurso categórico de aquellos a quienes no les queda sino su propia vida para pelear por una causa. Quien se pone en huelga de hambre busca llamar la atención, pero sobre todo inicia una ruta de sacrificio de la cual, en algún momento, cualquier retorno tiene consecuencias para siempre.

Una huelga de hambre, en las condiciones que sea, constituye un fracaso de las instituciones que no tienen capacidad suficiente para resolver la protesta de quienes no encuentran más que esa medida última y drástica. Es un fracaso también para los gobernantes y la sociedad.

Las respuestas del gobierno, al menos todavía ayer por la tarde, han sido rígidas y despiadadas. El presidente Felipe Calderón no ha querido moverse un ápice de la decisión,

política y legalmente cuestionable, que tomó en octubre pasado. La sociedad se encuentra aturdida, confundida y escindida en temas lacerantes como ese pero además, y allí tenemos una triste novedad, insensible ante la decisión de dos mexicanos para perder la vida si no les regresan su empleo.

Ayer en La Jornada, Adolfo Sánchez Rebolledo se refirió a tal asunto con impecable contundencia cuando, después de reprobar la falta de respuesta del gobierno a esos trabajadores electricistas, consideró:

“Tendremos, en fin, que reflexionar también sobre los resortes de la cultura política, acerca de la indiferencia como sustituto negativo de la solidaridad en un país que ha visto decaer los sentimientos comunitarios, por así decir, para reforzar el individualismo del consumidor y, en el límite, la violencia como segunda piel para una juventud sin futuro.

Tendremos que hablar menos de derecho, de fórmulas y normas, para tratar de entender qué pasa en la sociedad cuando dos hombres se mueren en la plaza central sin que se venga abajo la retórica oficial, el discurso del adulador, la desértica satisfacción de los que militan en el partido de los hartos”.

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Hace una semana, José Francisco Blake Mora estaba más interesado por conservar el empleo que ya tenía que por llegar a uno nuevo. Hoy en día, como es ampliamente sabido, despacha en Bucareli para asombro de muchos y desazón de algunos más.

Los motivos del presidente Felipe Calderón para colocar al hasta hace dos días secretario de gobierno de Baja California en el ministerio de mayor importancia política en este país, han tenido que ser conjeturados por los comentaristas. En su discurso al darle posesión, el miércoles por la tarde, el presidente dijo que la trayectoria política de Blake “es larga”, pero además de varios cargos locales su única responsabilidad fuera de Baja California ha sido como diputado federal en la misma Legislatura que Calderón, entre 2000 y 2003.

El mérito que destacó el presidente fue el papel de Blake en el combate al crimen organizado. La insistencia en esa cualidad que le atribuye al nuevo secretario de Gobernación, permite suponer que fungiría como una suerte de coordinador nacional de seguridad pública.

Pero esa secretaría tiene muchas otras responsabilidades. Por mucha injerencia que el presidente quiera asumir en la conducción de los asuntos específicamente políticos, requerirá del respaldo que Gobernación suele aportar en esos temas. Y allí es donde existen reservas acerca de las habilidades del licenciado Blake.

Apenas el pasado 4 de julio, el Partido Acción Nacional experimentó en Baja California una de sus derrotas más significativas: perdió en los cinco municipios del estado y sus candidatos únicamente ganaron 13 de las 16 diputaciones de mayoría. La molestia de algunos de los panistas más significativos en esa entidad era tal que le exigieron al gobernador José Guadalupe Osuna Millán la destitución de Blake Mora.

Y no era para menos. De acuerdo con testimonios que abundan en la prensa local, el secretario de gobierno intervino intensamente tanto en la designación de los candidatos del PAN como, luego, en las campañas electorales.

La nota de portada en la edición más reciente del semanario Zeta identifica a Francisco Blake Mora entre “Los responsables de la derrota” panista. La directora de ese prestigiado semanario, Adela Navarro Bello, y el periodista Sergio Haro Cordero, escribieron así acerca de Blake:

“Desde la Secretaría de Gobierno se ha convertido en el poder tras el trono tanto en el gobierno como en el Partido Acción Nacional. Por debajo de la mesa, con bajo perfil, ha movido los hilos de la política panista hasta imponer candidatos, negociar con los partidos de oposición, y utilizar el presupuesto, el de finanzas y el de desarrollo social, en busca de votos. La lógica indica que luego de la derrota debería ser el primero en renunciar, pero el Gobernador actúa más por capricho al mantenerlo, que con dignidad al despedirlo”.

Por eso apenas hace unos días el interés esencial de Blake era desmentir que, debido al fracaso panista en las elecciones, saldría del gabinete estatal. El gobernador Osuna Millán ya había salido a defenderlo: “no podemos hacer a Blake responsable de una derrota, voy a revisar todas las dependencias, sus programas y sus perfiles por supuesto. Pero no se le echen encima al Blake como si fuera el causante”. Para Osuna, el retroceso electoral de su partido se debía al viraje de los bajacalifornianos de clase media que habrían dejado de interesarse en Acción Nacional.

La escasez o incluso el descrédito de sus credenciales como operador político, suscitan inquietud acerca del desempeño de Blake en Gobernación. Su inexperiencia política, aunque también puede ser expresión de avidez en ese terreno, lo llevó a organizar en mayo de 2008 una fiesta de cumpleaños para la cual, según se publicó entonces, las comisiones municipales de servicios públicos debieron aportar una contribución obligatoria.

Si el presidente Calderón hubiera destacado en los años recientes como estratega político, o por elegir adecuadamente a sus colaboradores, podríamos decir simplemente que ante el curriculum del nuevo titular de Gobernación habría que ofrecer el beneficio de la duda. Pero ante un tropiezo político tras otro y puesto que los errores en el gobierno afectan más allá de la cúpula política, la designación del licenciado Blake suscita una fundada preocupación.

Hace más de dos siglos un afamado tocayo de nuestro nuevo funcionario federal escribió sendos poemarios a los que denominó “canciones de inocencia” y “canciones de experiencia”. Decía el inglés William Blake que tales extremos constituyen los lados opuestos del alma humana. Pronto veremos cuál de los dos define al nuevo secretario de Gobernación.

SUMARIO: Las elecciones en Baja California, en las que intervino ostensiblemente, muestran un fallido oficio político del nuevo titular de Gobernación

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A pesar de la censura que impone el gobierno en Cuba, jóvenes como Yoani Sánchez dejan testimonio de la defensa de los derechos humanos

Desde su cama de hospital en Santa Clara, un hombre enjuto, débil, maltratado por un ayuno de 153 días, venció la intolerancia del gobierno cubano. Guillermo Fariñas, el disidente que se puso en huelga de hambre para exigir la libertad de los presos políticos en ese país, accedió ayer a suspender el ayuno que le ha ocasionado un grave deterioro físico y que nadie imaginó hasta dónde llegaría. El miércoles pasado se anunció la liberación inmediata de cinco presos políticos y la excarcelación paulatina de otros 47, de acuerdo con el compromiso obtenido gracias a la mediación del gobierno de España y la iglesia católica en Cuba.

La huelga de hambre ya no tenía motivos para mantenerse. Fariñas había triunfado. Pero tuvo que viajar una comisión de defensores de los derechos humanos en Cuba para explicárselo y convencerlo de levantar el ayuno. En ese grupo iba Yoani Sánchez, autora de Generación Y, uno de los blogs más famosos del mundo.

La noticia de la decisión de Guillermo Fariñas fue anunciada por Yoani a través de su cuenta en Twitter. Allí se difundieron las fotos del militante que arriesgó su vida siguiendo el ejemplo de Orlando Zapata, el ex albañil convertido en preso político debido a la sevicia del gobierno de Cuba y que murió el 23 de febrero a consecuencia de una huelga de hambre.

Fariñas ganó y su éxito podría iniciar otros cambios en la vida política y social de Cuba, aunque ya es costumbre que las pequeñas expresiones de flexibilidad a las que accede sean preámbulo de nuevas muestras de intolerancia del gobierno en esa isla. Paulatinamente, sin embargo, la exigencia internacional y sobre todo la inquietud dentro de una sociedad que parece cada vez menos dispuesta a seguir resignada a las imposiciones y los sacrificios van moldeando el cambio en Cuba.

En esa transformación, el papel de Internet y de blogueros jóvenes y valientes como Yoani Sánchez está resultando fundamental. Aunque con tantas restricciones que su crecimiento se mantiene estancado, el uso de Internet está constituyendo una ventana por donde los cubanos, especialmente los jóvenes, reciben algunas bocanadas de aire fresco. El testimonio que algunos de ellos ofrecen en los pocos blogs que se escriben con regularidad desde dentro de la isla, permite tomarle el pulso al azoro y el cansancio de la sociedad cubana.

Ese ha sido el mérito del blog que Yoani Sánchez mantiene desde abril de 2007. Generación Y recoge las impresiones de esa joven filóloga, reconvertida en especialista informática que cumplirá 35 años en septiembre próximo y que después de haber vivido un par de años en Suiza decidió regresar a su país para ser parte del cambio social que quieren cada vez más cubanos.

Las vicisitudes para conseguir alimentos y otros artículos racionados, las astucias del mercado negro y las muchas formas de resistencia que los cubanos manifiestan en el canto, el baile, el recuerdo o la ilusión, son tema de los relatos de esa autora. La notoriedad que le dieron tales contenidos llevó a Yoani a ocuparse de asuntos más políticos, especialmente la situación de los defensores de derechos humanos. Así es como se involucró en la difusión y denuncia de casos como los de Zapata y Fariñas.

Ese compromiso le ha acarreado amenazas, persecuciones e incluso golpes. La bitácora digital que mantiene a pesar de esas intimidaciones y de las dificultades para conectarse a Internet, ha sido motivo para que Yoani Sánchez gane reconocimientos y premios como el de periodismo Ortega y Gasset que no pudo recoger porque el gobierno cubano le prohibió viajar a Madrid.

Respaldada y acreditada en el resto del mundo, a Yoani Sánchez no la pueden leer en su país porque con frecuencia el acceso a su blog es bloqueado por el gobierno y porque muy pocos compatriotas suyos tienen acceso regular a Internet. Las estimaciones sobre la cantidad de cubanos que se conectan a la Red varían entre 2% y 10%.

En Cuba las conexiones a Internet son escasas y caras. Y aún disponiendo de ellas, será difícil que conduzcan a sitios como el de Yoani. Un reciente informe de Amnistía Internacional sobre restricciones a la libertad de expresión en Cuba denuncia el bloqueo de blogs como el de Yoani Sánchez y explica que “el acceso a Internet sigue estando bajo control del Estado. Está regulado por la Ley de Seguridad de Información, que prohíbe el acceso a servicios de Internet en domicilios particulares. El gobierno cubano alega que el embargo estadounidense, que no permite a Cuba el acceso a las redes subacuáticas de fibra óptica que conectan las islas del Caribe, le obliga a depender de las conexiones vía satélite, que proporcionan a la isla un ancho de banda limitado a un coste mucho más alto. Por ello, Internet en Cuba tiene una vocación social, y se puede acceder a ella en centros educativos, lugares de trabajo y otras instituciones públicas. También se puede acceder en hoteles, pero a un costo muy elevado. En octubre de 2009, el gobierno adoptó una nueva ley por la que permitía a los servicios postales cubanos establecer cibercafés en sus instalaciones y ofrecer acceso a Internet a la población. Sin embargo, las conexiones domésticas aún no están permitidas para la inmensa mayoría de los cubanos, y sólo los que cuentan con el favor del gobierno pueden acceder a Internet desde sus casas. En marzo de 2010, el Departamento del Tesoro estadounidense autorizó la exportación de ciertos servicios de comunicación personal por Internet –como la mensajería instantánea, el chat, el correo electrónico y las redes sociales– a Cuba”.

Desde hace tres años, los gobiernos de Cuba y Venezuela anunciaron la instalación de un cable submarino que conduciría líneas de fibra óptica que agilizarían el acceso de los cubanos a la Red de redes. Ese proyecto ha sido reiteradamente postergado y ahora se dice que estará listo dentro de un año. El gobierno de Cuba no tiene prisa para que sus ciudadanos tengan accesos más amplios a Internet.

Mientras tanto, los usuarios de la Red crecen aunque con lentitud. En su blog, Yoani Sánchez incluye enlaces a una treintena de bitácoras personales escritas en Cuba, la mayor parte de ellas de contenido cultural aunque también hay algunas de explícita disidencia política. Todos ellos batallan a diario para expresarse más allá de la que, sobrellevando limitaciones tecnológicas y amenazas personales, Yoani Sánchez denomina la isla de los desconectados.

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Crispado y aciago, el escenario público mexicano parece repleto de actores de reparto, o  plano improvisados, cuando requeriría de protagonistas de primera línea. No hay un solo dirigente partidario, ni un solo gobernante, que en estos días infaustos haya salido a reivindicar intereses más amplios que el de los colores o las causas específicas que cada quien defiende.

El asesinato del candidato que hubiera podido ganar la gubernatura de Tamaulipas fue motivo de nuevos desencuentros entre las fuerzas políticas fundamentales, lejos de la unidad y los objetivos esenciales que, eso sí, todos incorporaron en sus discursos. El presidente Felipe Calderón hizo un llamado pertinente a traducir en hechos el frente común que siempre se menciona para atajar a la delincuencia, pero se limitó a repetir esa exhortación ante el respetable y en estos casos impávido público de los medios electrónicos.

Si hubiese querido construir una respuesta unitaria, el presidente Calderón la hubiera buscado acercándose a los dirigentes de otros partidos, presentando propuestas y discutiéndolas: haciendo política, en fin, que se suponía era una de sus habilidades y que evidentemente ha querido relegar para concentrarse en las dos grandes batallas con las que quiere sellar su sexenio. La primera de ellas es la guerra contra el narcotráfico, una causa que no puede ser más urgente pero que el presidente Calderón enfrenta desde el aislamiento político que él mismo ha construido. La otra ofensiva es por el mantenimiento del PAN en la presidencia de la República y a ella supedita el resto de sus decisiones, incluyendo las que podrían articular acuerdos y alianzas con otras fuerzas políticas.

El resultado, es una crecientemente desgastante (para el gobierno, pero también para el país) esquizofrenia política. El presidente Calderón exhorta, con argumentos sólidos, a enfrentar todos juntos a ese adversario común que es la delincuencia organizada. Pero al mismo tiempo tiene como objetivo inmediato arrimarle adhesiones al PAN, en una actitud que hace imposible cualquier acuerdo con el partido mayoritario en la Cámara de Diputados y que tiene más gubernaturas y que es el Revolucionario Institucional.

Los priistas, de piel política muy frágil cuando les señalan las atrocidades clientelares y los tráficos de influencia que perpetran constantemente, ya estaban disgustados con el espionaje cometido o tolerado por el gobierno federal. En ese clima de animosidades recíprocas, el llamado a la unidad que dirigió el presidente Calderón con motivo del infame asesinato de Rodolfo Torre Cantú, en Tamaulipas, les pareció demagogia electorera. La respuesta de Beatriz Paredes fue tan drástica que otros dirigentes del PRI han tenido que aclarar que no se rehúsan a dialogar con el gobierno pero que será después de las elecciones del domingo próximo.

El presidente Calderón parece empeñado en sembrar de obstáculos ese diálogo. La dimisión o renuncia –según la fuente en la que se confíe– de la Fiscal para Delitos Electorales, Arely Gómez, despierta preocupaciones fundadas acerca de la escrupulosidad con que serán atendidas las denuncias sobre irregularidades en las elecciones de este fin de semana. La decisión de aceptar o propiciar esa renuncia, precisamente cuatro días antes de las elecciones, fue de la PGR que atiende a indicaciones del titular del Ejecutivo Federal.

El afán del gobierno para reemplazar la conciliación por la imposición, se manifiesta también en la designación del nuevo integrante de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. La renuncia de Héctor Osuna al advertir que no lo reelegirían como presidente de la Cofetel fue anunciada en una reunión encabezada por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar. Conocido por su afición a defender los intereses de Televisa, Osuna no tomó distancia respecto del gobierno para dar a conocer su dimisión.

Ahora se puede considerar que esa renuncia, en forma y fondo, era anticipo de un movimiento para debilitar la ya escasa autonomía de la Cofetel. La designación del jefe de asesores de Molinar es expresión de menosprecio por ese organismo colegiado. Maestro en política comparada y licenciado en relaciones internacionales, Mony de Swaan ha sido un funcionario público diligente y quizá en ocasiones inteligente, siempre al lado de Juan Molinar en las variadas responsabilidades que ha desempeñado el hoy titular de la SCT. A excepción del breve paso que ha tenido por esa Secretaría, De Swaan ha sido por completo ajeno a las telecomunicaciones y a la radiodifusión, respecto de las cuales ahora tendrá que tomar decisiones fundamentales.

Además de la inexperiencia del nuevo comisionado, resulta preocupante el desinterés del presidente Calderón por las tareas de la Cofetel, a cuyo desempeño pudo haber contribuido con una designación distinta. No exageran quienes, desde otras fuerzas políticas o incluso en los consorcios mediáticos, ven la designación de De Swaan como parte del esfuerzo del gobierno para acaparar posiciones pensando en las elecciones de 2010 y no en el interés de la sociedad.

Televisa y otras empresas querían un comisionado cercano a ellas. El dilema no era un funcionario manipulable por intereses corporativos o por intereses políticos. El presidente de la República pudo haber considerado otras opciones e incluso un mecanismo de designación que atendiera a otras opiniones.

Con decisiones como ésas, será muy difícil que el presidente construya los acuerdos que tanta falta le hacen al país. Calderón sigue rehusándose a pensar como estadista; sus miras son estrechas, el horizonte ya se le acabó. Esa es una pésima noticia para el país.

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Dimes y diretes; zancadillas y golpeteo y a final de cuentas, un enorme vacío político. Dentro de dos domingos habrá 14 elecciones estatales, 12 de ellas para gobernador entre otros cargos. Nadie tiene el pulso completo de las campañas locales, que se han desarrollado en circunstancias y con niveles de competitividad muy variados. Pero en el plano nacional, que es el que han privilegiado los partidos para confrontarse, el saldo que dejan esas desastradas campañas es de escándalo, vulgaridad y confusión.

La sociedad enterada sabe que Fidel Herrera ha traficado con recursos públicos en beneficio del PRI. Basta conocer la ramplonería con que ha ataviado de rojo lo mismo a los empleados públicos que a calles, edificios oficiales, anuncios espectaculares y espacios mediáticos en Veracruz, para constatar ese afán de carro completo traducido en una autoritaria escenografía política. El acaparamiento partidario del espacio público ha sido tan ominoso que recuerda no solamente las épocas del PRI más abusivo, sino incluso las de gobiernos totalitarios que en diversas latitudes creyeron que uniformarían las voluntades de los ciudadanos adornando a su modo un entorno que la gente terminaría por abominar.

No hacía falta documentar con grabación telefónica alguna el talante mandón y ramplón del gobernador veracruzano. Pero el PAN, supeditado en esa entidad a Miguel Ángel Yunes, un ex priista que cambió de partido pero no de costumbres, se ha embarcado en una campaña de afrentas mutuas al cabo de la cual los ciudadanos quedarán todavía más hartos del griterío político.

Lo mismo sucede en Oaxaca. La supeditación del candidato del PRI a la égida del gobernador Ulises Ruiz ha sido harto conocida y no es, por cierto, una novedad dentro de las usanzas autoritarias del Revolucionario Institucional. El gobernador oaxaqueño apadrina y defiende a su recomendado Eviel Pérez, a quien considera comprometido con la continuidad respecto de la gestión actual en esa entidad. Sin embargo las grabaciones filtradas a varios medios de comunicación y luego ostentosamente presentadas por el Partido Acción Nacional, no documentan novedad alguna en el comportamiento de los mandatarios priistas (y, de hecho, en el patrimonialismo que siguen ejerciendo gobernantes de todas las adscripciones).

César Nava Vázquez, presidente del PAN, asegura que la difusión de esas grabaciones es una contribución a la democracia. Los panistas, y la sociedad, decidirán si a ese dirigente lo mueven la ingenuidad o la perversidad. Pretender que con media docena de frases altisonantes los gobernadores priistas quedan expuestos como bribones, implica desconocer la historia política mexicana y la experiencia misma de los ciudadanos. El mismo PAN, cuando Nava era algo más joven, se dedicaba a devalar comportamientos irregulares de los dirigentes y gobernantes promovidos por el PRI.

Para descubrir el hilo negro de la malevolencia priista, los dirigentes de Acción Nacional acuden a grabaciones ilegales. Es decir, para documentar los ardides de sus adversarios, emplean recursos también ilícitos. Quizá, entusiasmados como muchachos que de pronto encuentran en falta a aquellos a quienes detestan, los líderes panistas olvidaron que no se vale hacer trampa para exhibir a los tramposos. O acaso, hicieron un frío cálculo de riesgos y beneficios y concluyeron que el lodo de este episodio mancharía más a sus rivales que a ellos mismos.

Se equivocaron. En una sola maniobra política, los operadores de Acción Nacional cohesionaron a los jeques e intereses dentro del PRI, se mostraron a sí mismos como dirigentes sin escrúpulos políticos, nutrieron de mugre y escarnio a la industria mediática tan ávida siempre de alboroto –sobre todo si contribuye a desprestigiar a los de por sí desacreditados políticos– y les dieron a los ciudadanos un motivo más para no votar el 4 de julio en unas elecciones en donde es altamente posible que la abstención favorezca la inercia (es decir, al PRI).

Las guerritas de lodo no persuaden y mucho menos educan a los ciudadanos. Y a los dinosáuricos priistas, tan acostumbrados como han estado durante tantas décadas a revolcarse en el fango, no les afectan sustancialmente.

No hay que olvidar que en varias entidades el PAN, con todo y sus inopinados aliados perredistas, se enfrentan a caciques habilidosos para respaldarse en la explotación clientelar de los recursos públicos. Se trata de cacicazgos que dilapidan dádivas y amenazas con las que mantienen controlados a los medios de comunicación y que perpetran un abuso tras otro para esconder y, cuando pueden, silenciar las expresiones de la oposición.

Pero en vez de documentar y denunciar esos hechos, panistas y aliados se engancharon a los peregrinos beneficios del espionaje telefónico. Aunque sus propósitos fueran otros, terminaron pareciéndose cada vez más a los políticos a los que tratan de combatir.

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