Sociedad y Poder

Varios lectores reaccionaron con virulento encono al comentario que apareció en este espacio a comienzos de la semana pasada, cuando me referí a la muerte del disidente cubano Orlando Zapata. Las apostillas desbordantes de ira son frecuentes en el periodismo en línea, en donde las reacciones de los lectores pueden quedar registradas y junto con ellas sus pareceres y animadversiones. Cuando se abordan temas sensibles y respecto de los cuales hay opiniones contrapuestas, las réplicas suelen estar cargadas mucho más de emociones que de razones. En este caso me llamó la atención el enojo de algunos y el asombro de algunos otros lectores que coincidían en rechazar mi interpretación de la muerte de Orlando Zapata.

Recluido desde hace 7 años por delitos menores, Zapata fue radicalizando su oposición al régimen cubano conforme aumentaban las sentencias en su contra. Albañil, negro y perseguido por el gobierno, mantuvo varias huelgas de hambre para ser reconocido como preso político hasta que en la última de ellas, al cabo de 86 días de ayuno, falleció el 23 de febrero. La precaria oposición al gobierno de la familia Castro ha denunciado que a Zapata las autoridades de la cárcel le llegaron a negar agua para beber, lo cual precipitó su desfallecimiento. Esa circunstancia, las torturas y los golpes que padeció por años, la negativa a satisfacer cualquiera de las modestas exigencias de ese prisionero e incluso la persecución a quienes intentaron asistir a sus funerales, permiten afirmar que a Orlando Zapata lo asesinó el gobierno de Cuba.

Los lectores que están en desacuerdo con esa interpretación se dividen entre quienes consideran que soy “un vocero de la gusanera de Miami”  y aquellos que, con más indulgencia, suponen que estoy mal informado. A los primeros, bastaría con mandarlos a freír espárragos (o lo que puedan) porque con las necedades y los insultos es imposible polemizar en el terreno de las ideas. A los otros, le agradezco su comprensión pero me parece que en todo caso no soy el único que considera, a partir de hechos ampliamente conocidos, que Zapata fue víctima de un crimen del Estado cubano.

Las reacciones de esos participativos lectores son sintomáticas del ánimo que prevalece en México acerca de la situación cubana. Durante décadas hemos sabido que en esa isla no hay libertades ciudadanas, a la disidencia se le persigue sin atender a formalidades legales, la prensa libre y la competencia política son prácticamente inexistentes. Apenas desde hace pocos años, gracias a Internet, algunos cubanos que no han querido allanarse al pensamiento único que propaga e impone su gobierno han dejado testimonio de esa situación.

En Cuba, al mismo tiempo, la desigualdad social no adquiere la ofensiva polarización que hay en el resto de América Latina. La gente tiene educación, salud y alimentación aunque sea con grandes privaciones. La revolución ha implicado cambios sociales aunque con regresión o estancamiento de la política.

Para no pocos mexicanos, los méritos sociales del régimen cubano son suficientes para dispensar las prohibiciones políticas. Esa condescendencia se fortalece debido a la simpatía que le hemos tenido a Fidel Castro debido a su enfrentamiento con Estados Unidos. Lo que no hemos querido reconocer, por lo general, es que ese atractivo antiimperialismo es acompañado de un comportamiento autoritario y despótico respecto de la sociedad cubana.

La izquierda mexicana ha sido especialmente esquizofrénica respecto del régimen de la familia Castro. La lucha por los derechos políticos, que es una bandera de las izquierdas en nuestro país, enmudece cuando se trata de Cuba. Los dirigentes reputados como de izquierda suelen exigir, y en buena hora que lo hagan, respeto para la democracia en cada uno de los municipios mexicanos y en cada país del mundo en donde las tensiones políticas ponen en riesgo las libertades de expresión, organización y participación. Pero se cuidan mucho de referirse a Cuba cuando levantan esos, por lo demás, plausibles reclamos.

Tales izquierdas llegan a ser no solamente omisas –o remisas–, sino incluso traicionan sus principios cuando se refieren a episodios como la muerte de Orlando Zapata. La reivindicación de los derechos humanos es condición esencial del pensamiento de izquierdas en cualquier latitud. Las izquierdas mexicanas son muy vigilantes de esas prerrogativas de los ciudadanos. Pero el discurso humanitario, que debiera existir en todas las circunstancias para serlo realmente, queda suspendido a propósito de Cuba.

Un patético cuan vergonzoso ejemplo de moral a medias –es decir, de plena inmoralidad– en este campo, lo acaba de ofrecer la senadora Rosario Ibarra de Piedra. Esa defensora de numerosas causas humanitarias, considera que el gobierno cubano “es honrado y no es asesino”. Y, peor aún, sostiene que en la muerte de Zapata “no hay responsabilidad, ellos quisieron ponerse en huelga de hambre, fue un hecho que le nació de su manera y de su conciencia”. Así nomás.

La senadora Ibarra ha defendido presos políticos, ha estado ella misma en varias huelgas de hambre y sabe que ese es un recurso último de los luchadores sociales no porque tengan vocación martirológica sino porque buscan presionar a sus gobiernos. ¿Qué diría la senadora Ibarra si hubiera fallecido alguno de los participantes en las huelgas de hambre que ella ha patrocinado? Seguramente no declararía, con tanta irresponsabilidad, que se habría tratado de muertes voluntarias.

Junto a la locuacidad de esa izquierda botarate, se puede apreciar también el silencio del gobierno mexicano. Ni la Cancillería, ni el presidente Calderón, han deplorado el deceso de Zapata y mucho menos han condenado las circunstancias que provocaron esa muerte. Otro disidente cubano, Guillermo Fariñas, está en huelga de hambre desde hace 16 días y ha tenido que recibir atención hospitalaria debido a la debilidad extrema que lo está aquejando. Fariñas, que mantiene la huelga de hambre en su casa en Santa Clara, exige la libertad de 26 presos políticos en ese país.

Una auténtica izquierda, exigiría que esas demandas fueran tomadas en serio y auspiciaría la apertura política en Cuba. Un gobierno verdaderamente comprometido con los derechos humanos, habría expresado su malestar por la muerte de Zapata y estaría preocupado por el destino de Fariñas. No son esas las izquierdas ni el gobierno que tenemos en México.

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Una de las muchas consecuencias del terremoto en Chile fue la cancelación del V Congreso Internacional de la Lengua Española que tendría que haber concluido hoy en Valparaíso. El lunes pasado, al constatar la magnitud de los daños, los organizadores de ese evento y el gobierno de Chile decidieron suspender el Congreso cuya inauguración estaba prevista para el martes 2 de marzo.

Pero no todo se perdió. Desde ayer, las ponencias que habían sido preparadas para ese encuentro comenzaron a ser colocadas en el sitio web del congreso, de tal manera que podrán ser conocidas por los interesados en las vertientes, usos y dilemas de la lengua española. Hasta ahora los organizadores de ese sucedáneo virtual no han abierto espacios de discusión de las ponencias, o foros de encuentro en donde con recursos como los del chat podría haber deliberación en tiempo real, como se le llama en Internet a la concurrencia simultánea de varios usuarios de la Red.

La causa de fuerza mayor que hoy mantiene apesadumbrados a los chilenos y a los muchos amigos de esa nación, interrumpe la celebración de los congresos de la lengua española que comenzaron en 1997 en Zacatecas. Luego hubo reuniones similares en Valladolid, España (2001), Rosario en Argentina (2004) y Cartagena en Colombia (2007). El de Valparaíso sería el quinto congreso y el tema central habría sido “América en Lengua Española” para orientar la discusión hacia el papel que desempeña nuestro idioma en las formaciones nacionales que surgieron hace 200 años.

Con motivo de la cancelación del Congreso, además de los contenidos que estará difundiendo el sitio oficial del encuentro en Valparaíso, el suplemento “Babelia” del periódico El País abrió un espacio de entrevistas en línea con algunos escritores. Curiosamente, el sitio web del Congreso no anuncia el de El País, ni viceversa. En todo caso el talento de algunos de los entrevistados en el espacio de ese diario lo hacen muy visitable. Ayer alguien le preguntó al escritor Javier Marías qué palabra utilizaría para definir a la clase política española. El autor de Tu rostro mañana respondió con precisión: “Si sólo ha de ser una, cochambrosa”.

Los congresos de la lengua han reunido a dirigentes políticos, periodistas, académicos y empresarios para intercambiar opiniones no solamente acerca del uso sino también la vigencia del español. Allí se encuentran lo mismo meticulosos filólogos interesados en las mutaciones formales de las palabras, que conductores de televisión por lo general despreocupados respecto de la corrección idiomática, u hombres de negocios motivados por las posibilidades del idioma español en las industrias de las comunicaciones.

El programa del Congreso en Valparaíso preveía la presentación de unas 130 ponencias. Entre las que ayer estaban en línea se encuentra la participación enviada por el ex presidente mexicano Ernesto Zedillo a quien le tocó inaugurar, junto con el rey español Juan Carlos I, el encuentro de hace 13 años.

La de Zedillo es una ponencia bien escrita, con señalamientos precisos y con una amplia presentación dedicada a recordar el Congreso de Zacatecas. Luego reconoce la preponderancia del inglés como lingua franca de la globalización contemporánea, a pesar de lo cual “la triple w, la Internet, todos los demás emisarios del mundo global no han logrado mellar nuestra identidad ni nuestra lengua”.

Esa globalización tanto en el uso de la lengua como en los mecanismos de los que disponemos para propagar información, es confirmada cuando Zedillo se apoya en Wikipedia para señalar que actualmente el español es la primera lengua de 425 millones de personas pero además es practicado por otros 87 millones de personas. La nuestra es, en esas condiciones, la tercera lengua más hablada en el mundo, después del chino mandarín y el inglés.

Zedillo menciona la migración de latinoamericanos a otros países y eso le da pie para ocuparse de su tema favorito que es el estancamiento de las economías en casi toda la región. No incursiona, en absoluto, en la eterna polémica sobre la responsabilidad en las terribles vicisitudes financieras con las que comenzó su gobierno en 1994. Su participación, que envió al congreso anunciando que no podría estar en Valparaíso, se refiere a la crisis económica más reciente. Los actuales gobiernos, considera Zedillo, deben mantener “la estabilidad macroeconómica, evitando inflaciones altas y reafirmando la responsabilidad fiscal y monetaria” y fortalecer el ahorro interno.

En ese texto, Zedillo aboga por la economía de mercado pero también por gobiernos fuertes: “Sin gobierno no puede haber economía de mercado, ya que ésta requiere del estado de derecho, cuya creación y vigencia son función primaria y exclusiva del Estado. La justicia y la fuerza para hacerla valer constituyen el único monopolio del cual no puede ni debe abdicar el Estado”. De paso, critica a los países en “donde la democracia ha tendido a debilitarse y subsiste entre la población una obstinada devoción por el populismo”.

La reforma institucional de mayor importancia que hace falta, dice el ex presidente mexicano, “es la del estado de derecho, palmariamente deficiente en casi todos nuestros países. La vigencia del estado de derecho es importante por razones éticas, políticas y sociales. También lo es para alcanzar el desarrollo”.

Cuando acudí al congreso en Zacatecas, me llamó la atención ver al ex presidente Miguel de la Madrid deambular entre los congresistas con toda libertad y sin protección notoria. En el congreso en Valladolid, me tocó escuchar al presidente Fox hablar de “Jose Luis Borgues” para bochorno de los mexicanos que asistíamos a la inauguración en el Teatro Calderón de aquella ciudad castellana. El discurso que Zedillo envió al malogrado congreso en Valparaíso me permite suponer que algún otro ex presidente mexicano hubiera querido ser invitado a eventos como ése, o desearía pasear sin contratiempos por las calles de cualquier ciudad mexicana.

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De Enrique Peña Nieto se conocen mucho las fotografías en las revistas de socialités, las notas pagadas en los noticieros de televisión, las versiones que sus propagandistas difunden acerca de su vida personal, así como los enconos abundantes que suscita entre numerosos malquerientes. De sus ideas, es difícil saber algo. Cuando responde a preguntas de la prensa lo hace con frases cortas y ensayadas, mirando por arriba de sus interlocutores como si quisiera aferrarse del teleprompter. Sus documentos suelen ser burocráticos y planos. El gobernador del Estado de México amalgama la vieja retórica del PRI colmada de alusiones estatistas y reivindicaciones populares, con apelaciones al eficientismo individual, la calidad medida con estándares tecnocráticos y la ausencia de compromiso social.

Se sabe poco –o nada– qué quiere Peña Nieto para la política y la economía, cuáles son sus coordenadas culturales, cuál su oferta a la sociedad. Los spots que merced a una intensa dilapidación de dinero público propagan su imagen, no alcanzan a definir las ideas de ese personaje: su prioridad no pasa por la elaboración programática.

Por eso, cuando ayer en algunos medios de comunicación se dijo que Peña Nieto había presentado una agenda para el país durante la conmemoración del 186 aniversario del Estado de México, se pudo suponer que se trataría de un discurso de conceptos y definiciones. Los líderes políticos y sociales de esa entidad que el gobernador reunió en el Teatro Morelos de Toluca, fueron tan variados y numerosos que los saludos iniciales ocuparon el 11% de su mensaje de 1747 palabras.

A pesar de las expectativas suscitadas por las oficinas de relaciones públicas que tiene a su servicio, el mensaje del gobernador mexiquense resultó esencialmente hueco. Allí se enumera una extensa, cuan superflua, lista de problemas que sería preciso atender en la economía y la sociedad mexicanas pero sin una sola propuesta.

En vez de diagnóstico, el gobernador Peña Nieto se apoya en lugares comunes. En lugar de compromisos, expresa una retahíla de buenos deseos. Para ese funcionario, a México le hace falta constituirse en “una sociedad de triunfadores, un espacio donde las mayorías tengan oportunidades de empleo, educación, salud y alimentación”. Nadie le discutirá ese propósito, más allá de la retórica motivacional que invoca a los triunfadores. Para lograrlo, dice, “lo que necesitamos es constancia y disciplina en todo momento, alcanzar acuerdos y consensos duraderos, pensar estratégicamente, planear con responsabilidad y sentido social”. Bravo. Pero no habrá partido ni dirigente político que no comparta las mismas frases. Hoy en día los líderes no se distinguen por los qués, sino por los cómos que proponen a la sociedad. Peña Nieto, en ese terreno, en absoluto se diferencia de los políticos tradicionales que pululan en todos los partidos.

Evidentemente el gobernador del Estado de México alude a los acuerdos fallidos para reformar diversas áreas de la vida pública. “Lo que necesitamos es una visión compartida de país”, insiste. Pero el lector de su discurso se queda sin saber a qué medidas y con qué aliados apuesta Peña Nieto. Cuando dice “en lo político, en lo económico y en lo social estamos a favor de respaldar reformas de gran calado” no queda claro si está con las reformas propuestas por el PRI, o con las medidas que ha sugerido el presidente Calderón, o si comparte el diagnóstico de los impugnadores de la que han llamado “generación del no”. Influido por aquel discutido desplegado, el gobernador proclama “aquí decimos sí al cambio, pero al cambio con rumbo; los mexiquenses decimos sí a las reformas que hagan que el Estado sea funcional y logre mayor eficacia”. ¿Cuáles son esas reformas? ¿Cuáles no?

Peña Nieto considera que debe haber “una reforma hacendaria que permita contar con los recursos necesarios” pero deja en ascuas a quienes quieran saber si se inclina por impuestos al consumo, o a los ingresos, o por una simple redistribución de los recursos fiscales. Propone “un nuevo esquema de seguridad social que permita el acceso universal a la salud y a las pensiones” pero no sabemos si reivindica al seguro popular, o propone una auténtica reforma de la seguridad social como hicieron hace medio año los economistas convocados por la UNAM.

“Educación moderna, actualizada y de vanguardia”: de acuerdo. “Mercados eficientes para alcanzar una mayor competencia”: coincidimos. “Simplificación administrativa para detonar negocios y mantenerlos en la formalidad”: bueno, aunque suponemos que el gobernador no quiere que los negocios vuelen por los aires sino que se desarrollen. “Cultura vinculada a la ciencia, a la tecnología y a la innovación”: ¿dónde firmamos?

La enumeración de propósitos que ofrece el gobernador Peña Nieto es tan vaga que no entusiasmará, ni involucrará a nadie más allá de sus ya interesados seguidores. Tampoco podrá ser enarbolada con seriedad como “agenda estratégica” aunque así  la haya denominado. Frases vanas, mensaje pobre, elaboración nula: ese es el discurso del personaje más mencionado para la candidatura presidencial del partido con más posibilidades de ganar las elecciones.

* * *

Desde hace un año, esta columna se ha publicado tres veces a la semana en este sitio. Me congratulo por la creciente presencia que ha alcanzado eje central y por encontrarme entre sus colaboradores. Por motivos de trabajo, me veo obligado a reducir la periodicidad de estos textos. Sociedad y poder aparecerá todos los viernes.

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Orlando Zapata Tamayo era albañil. También hacía trabajos de plomería. Nació en Banes, al sureste de Cuba, el 15 de mayo de 1967. Viajó a La Habana en busca de empleo pero en vez de trabajo encontró la cárcel. El martes pasado, 23 de febrero, murió después de 86 días en huelga de hambre.

Algún biógrafo escrupuloso, algún día, reconstruirá el quiebre en la historia del negro Orlando Zapata que lo convirtió, de albañil, en preso político. Para ello, será necesario que en Cuba existan condiciones de libertad e investigación social y periodística que hoy son imposibles.

Los funerales de Orlando Zapata, como ha reseñado la prensa de todo el mundo, estuvieron vedados para sus simpatizantes y para los periodistas extranjeros. Sin embargo la agonía, la muerte y el acoso policiaco contra sus familiares y amigos, han sido conocidos gracias a los enlaces de Internet que colocan, arriesgándose más que de costumbre, algunos defensores de los derechos humanos en Cuba.

En diciembre de 2002, Orlando Zapata fue detenido por participar en una manifestación en La Habana. Lo acusaron de desacato. Estuvo en prisión tres meses pero en marzo de 2003 fue arrestado nuevamente, cuando participaba en un ayuno público por la libertad de 75 escritores y activistas cubanos que habían sido encarcelados.

Zapata Tamayo comenzó así, trasladado de una prisión a otra, una cadena de crecientes enfrentamientos con el régimen cubano. Un año más tarde lo condenaron a tres años de cárcel. Exigió que no lo trataran como recluso común sino como preso de conciencia. En varias ocasiones se negó a vestir el uniforme del presidio y rechazaba la comida de la cárcel para alimentarse con los víveres que le llevaba su madre. A cada reclamo, era sometido a golpizas y otros maltratos.

El gobierno cubano le abrió más juicios. Después de nueve procesos sumarios, Zapata llegó a acumular condenas por 36 años de cárcel –luego le redujeron la pena a 25 años–. Pero él no dejaba de reclamar. Para denunciar las condiciones en las que se encontraban presos como él, Orlando Zapata sostuvo varias huelgas de hambre que inevitablemente minaban su condición física. La última, la comenzó el 3 de diciembre del año pasado. Zapata dijo que sólo tomaría agua, pero hay quienes aseguran que en varias ocasiones las autoridades carcelarias le impidieron beber ese líquido como castigo por la huelga de hambre.

Encerrado en un calabozo insalubre –según ha relatado Yoani Sánchez, autora del blog más leído acerca de la situación social en Cuba– aislado de sus familiares y de quienes dentro y fuera de Cuba se preocupaban por su salud, Orlando Zapata fue llevado a un hospital, y luego a otro más, pero entre el ayuno, las palizas, las amenazas y el aislamiento, su salud estaba muy deteriorada. Murió la noche del martes 23. Después de recibir el cuerpo, su madre y quienes le acompañaban pudieron ver las heridas que habían dejado los frecuentes golpes que sufría aquel antiguo albañil transfigurado en defensor de los derechos humanos.

A Orlando Zapata lo asesinó el gobierno de Cuba. Raúl y Fidel Castro suman esa a la extensa lista de crímenes que han cometido desde hace medio siglo. La reacción que se ha extendido en medios de comunicación de todo el mundo sugiere que la impunidad del régimen cubano podría estar declinando a pesar de la complacencia que todavía encuentra en los gobiernos de América Latina, incluido el de México.

En un intento para contener las protestas internacionales, el gobierno de Cuba intenta sostener que Orlando Zapata no era preso político sino delincuente común. El sábado 27 el diario Granma publicó un vergonzoso texto del escritor Enrique Urbieta Gómezque prácticamente acusa a Zapata… por haber fallecido. Después de asegurar que hoy en día “es difícil morirse en Cuba”, Urbieta asegura que el deceso de Orlando Zapata fue planeado por “la contrarrevolución” para convertirlo en bandera política: “Zapata Tamayo fue manipulado y de cierta forma conducido a la autodestrucción”. Además de suponer sin sustento alguno que ese ciudadano cubano habría sido manipulado como si no hubiera tenido voluntad ni convicciones propias, el autor del artículo no explica cómo pudo haber ocurrido esa operación si Orlando Zapata se encontraba aislado en la cárcel.

Ayer mismo, en Cuba, la abogada Laritza Diversent, una de las voces críticas que han podido expresarse gracias a Internet, respondió punto por punto las acusaciones del escritor Urbieta Gómez. Además de documentar la hipocresía de Urbieta cuando dice que casi nadie muere en Cuba, la joven autora explica que en ese país, comete el delito de desacato aquel que “amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro a una autoridad, funcionario público, o a sus agentes o auxiliares, en ejercicio de sus funciones o en ocasión o con motivo de ellas”.

La sanción para ese delito es de un año, pero a Zapata le impusieron tres porque según sus acusadores cuando se sumó a un ayuno público en 2003 había ofendido al presidente y al Consejo de Estado cubanos. La abogada Diversent explica que se trataba, claramente, de una acusación política. Si a Zapata lo hubieran encarcelado por delitos graves como dicen el gobierno cubano y sus voceros no lo habrían condenado, inicialmente, tan sólo a tres años de cárcel.

Por otra parte, desde enero de 2004 Orlando Zapata había sido declarado “preso de conciencia” por Amnistía Internacional en vista de las acusaciones, las circunstancias y las irregularidades de su proceso penal.

La madre de Orlando Zapata le da a conocer al periódico La Razón, de España, el texto que encontró escrito a lápiz en una camisa que estaba entre las pertenencias de su hijo:

Orlando Zapata Tamayo. Hora, tres de la tarde. Ciudad de Holguín. 26 del 10 de 2009. Mi sangre, al servicio de la libertad y de la democracia, de 11 millones de cubanos y de su temor a expresarse por miedo a estar más encarcelados de lo que están. ¡Vivan los Derechos Humanos! ¡Vivan! ¡Vivan las Damas de Blanco! ¡Vivan! Camiseta de preso político y de conciencia. Orlando Zapata Tamayo, quien fuera golpeado el día 26 de octubre de 2009 por la Policía terrorista del dictador Fidel Castro y su hermano Raúl. Fidel y Raúl son terroristas. ¡Abajo Fidel y Raúl! ¡Abajo cincuenta años de dictadura! Fidel y Raúl, sois asesinos. ¡Viva la oposición interna! ¡Viva! ¡Libertad para todos los presos políticos! ¡Libertad!

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El martes por la noche, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes declaró ilegal el servicio HiTV que ofrece Televisión Azteca en contravención a sus títulos de concesión. Esa autoridad le impuso una multa de 4 millones y medio de pesos.

Al día siguiente, miércoles 24 de febrero, el Consejo General del Instituto Federal Electoral castigó a esa televisora con una multa de 122.4 millones de pesos por negarse a transmitir spots de las campañas locales de los partidos políticos y de la autoridad electoral. Se trata de más de 16 mil anuncios que deberían haber sido difundidos en Chihuahua, Durango, Puebla y Zacatecas.

Hace menos de un mes, el 29 de enero, el IFE había resuelto otras multas, por más de 72 millones de pesos, a las estaciones de TV Azteca en Coahuila, Tabasco y Yucatán, que dejaron de transmitir más de 8200 spots.

En el transcurso de 2009, la televisora propiedad de Ricardo Salinas Pliego recibió varias sanciones más –también Televisa– por parte de la autoridad electoral.

A todas esas acciones, Televisión Azteca se ha inconformado judicialmente o ha anunciado que lo hará. Durante ya largo tiempo, esa empresa ha acostumbrado transgredir la ley y más tarde defenderse en los tribunales. Esas acciones demoran la aplicación de la justicia, pero paulatinamente Televisión Azteca comienza a recibir sucesivas sentencias desfavorables. Y sobre todo, se confirma la vocación de ilegalidad que una, otra y otra vez define a sus operadores.

La prohibición de la SCT al servicio HiTV ha suscitado alguna confusión porque TV Azteca, además de abogados pertinaces, cuenta con el respaldo de algunos columnistas, especialmente en las secciones de finanzas y negocios. Cada vez que a la televisora le hace falta, en varios espacios de prensa y radio se difunden las mismas versiones, en ocasiones sorprendentemente idénticas en defensa de los intereses de dicha empresa.

Ahora se ha dicho que la Secretaría de Comunicaciones no tiene atribuciones para sancionar la prestación de un servicio de televisión porque esa es tarea únicamente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Sin embargo la legislación mexicana considera radiodifusión exclusivamente a la propagación de señales de manera abierta. La transmisión de contenidos audiovisuales por cualquier otro formato (cable, satélite, señales codificadas como las de HiTV) son consideradas servicios de telecomunicaciones. Y su regulación corresponde a la SCT.

Se trata de una legislación obsoleta, que no reconoce los formatos diversos y complementarios que hoy experimenta la comunicación digital. Pero esa es la ley que el Congreso, por cierto con la complacencia de las televisoras, ha mantenido desde hace 50 años.

Por otra parte, en junio de 2007 la Suprema Corte de Justicia resolvió  que cualquier utilización adicional que haga un concesionario de radiodifusión de las frecuencias que le han sido asignadas, tiene que ser motivo de una licitación. Esa fue una de las decisiones más importantes en la revisión de la llamada Ley Televisa.

Lo que hace Azteca con HiTV es, precisamente, utilizar sin permiso el segmento del espectro radioeléctrico en donde se difunden las señales de los canales 7, 13 y 40 y, adosados a ellas, incorporar las señales de varios canales que solo pueden ser vistos con un decodificador. Ese receptor se vende en las tiendas Elektra, que son propiedad de Salinas Pliego.

La vocación de TV Azteca para transgredir la ley, ha quedado claramente acreditada. Esa fue la empresa cuyos directivos enviaron a un grupo de pistoleros para asaltar la antena del canal 40 el 27 de diciembre de 2002 para dirimir un litigio financiero que mantenían los propietarios de ambas televisoras. Tiempo después, Azteca se apropió de la empresa concesionaria del Canal 40. Al parecer está por concluir el proceso judicial acerca de la propiedad de esa televisora.

Una empresa que tiene como práctica la contravención del orden jurídico –para no referirnos al uso político que hace de sus noticieros o a la charlatanería frecuente en sus contenidos– no debería usufructuar segmentos del espectro radioeléctrico que es patrimonio de la nación y a través del cual se ofrece el servicio público que constituye la televisión.

Hay motivos de sobra para que el Estado mexicano revoque las concesiones que maneja Televisión Azteca en las cadenas de los canales 7 y 13.

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Los firmantes del enjundioso desplegado que se publicó ayer a favor de la reforma política que propuso el presidente Calderón, no tuvieron que esperar demasiado para encontrar respuesta a sus exigencias. Ayer mismo, en el Senado, el grupo parlamentario del PRI dio a conocer su propia iniciativa de reformas y se esperaba que el PRD hiciera lo propio de un momento a otro. Los partidos, con esas iniciativas, confirman que la propuesta que dio a conocer en diciembre pasado el presidente Felipe Calderón dista de ser la única opción para reformar nuestras instituciones políticas.

Los escritores, artistas, periodistas, ex funcionarios, empresarios y académicos que suscribieron el exigente documento titulado “No a la Generación del No”, acusan a los políticos de todos los partidos que, aseguran, “han hecho improductiva nuestra democracia”. Eso se debe, consideran, a la “resistencia al cambio” que ha impedido una nueva reforma política.

La insistencia en las reformas resulta muy saludable, porque parte del reconocimiento de que nuestro desarrollo político ha sido incompleto e imperfecto. Instar a los legisladores para que se pongan a trabajar y, más allá de discrepancias e intereses partidarios sean capaces de pensar en el país, es muy pertinente. También lo es la consideración, implícita en esa como en cualquier exigencia de reformas legales, que advierte la legitimidad del Congreso y la capacidad de las instituciones políticas para enmendarse a sí mismas.

Pero el desplegado y sus autores se equivocan en el diagnóstico de los problemas políticos del país, así como en la propuesta que defienden.

Según autores y firmantes de ese documento, existe un “bloqueo persistente al cambio por parte de las fuerzas políticas” y ese estancamiento “tiene detenido a México”. Más que bloqueo, podría hablarse de inercias, resignaciones y conveniencias que han impedido la aprobación de reformas indispensables, aunque no necesariamente las que el presidente Calderón y sus recientes adherentes consideran como tales. La ausencia de las reformas que hacen falta es responsabilidad antes que nada de la clase política, sin duda. Pero también de la sociedad, especialmente de sus segmentos más activos que han soslayado ese igual que muchos otros asuntos nacionales.

El documento promovido por Héctor Aguilar Camín, Federico Reyes Heroles y Jorge G. Castañeda, reitera que “las reformas de fondo que el país necesita” llevan detenidas 13 años. Se les olvida que hace poco más de dos años, a fines de 2007, el Congreso reformó la Constitución y más tarde la legislación electoral para modificar las reglas de la propaganda electoral, entre otros cambios. Aquellas reformas tuvieron aspectos discutibles pero no se puede sostener que los legisladores no se han ocupado de asuntos electorales e institucionales en más de dos sexenios. Varios de los firmantes del documento publicado este martes 23 de febrero impugnaron aquellas reformas, especialmente la prohibición que les quitó a las televisoras el enorme negocio que hacían vendiendo espacios para spots políticos.

Las reformas al régimen político son bienvenidas. Pero las que propone el presidente Calderón no son las únicas. Numerosos analistas las han cuestionado por insuficientes pero también por erróneas, como sucedió en el foro del mes pasado en el Senado. Aquí mismo, en cuanto se dieron a conocer, señalamos contraluces de la iniciativa del presidente.

Entre las propuestas del presidente Calderón hay medidas relacionadas con el Congreso (reelección consecutiva, disminución del tamaño de ambas cámaras). Otras, tienden a solidificar el régimen presidencial (segunda vuelta, iniciativas de trámite preferente, observaciones al presupuesto). Alguna más, eleva el porcentaje de votación a los nuevos partidos para obtener su registro con lo cual se favorece a los partidos actualmente existentes. Y hay dos propuestas dedicadas a los ciudadanos que quieren hacen política al margen de los partidos: candidaturas independientes e iniciativa ciudadana.

Los severos señalamientos a lo que falta y sobra en esa iniciativa, llevaron al gobierno a sostener que las propuestas de Calderón  reivindican el interés de los ciudadanos por encima de las conveniencias de los partidos. Pero la iniciativa presidencial no se trata de eso. Las dos medidas que aparentemente dan fuerza a los ciudadanos que están al margen de los partidos terminan favoreciendo la organización política, sin la cual serían incapaces de promover iniciativas de reforma y candidatos independientes.

Los promotores del desplegado “No a la Generación del No”  comparten, de manera sorprendentemente acrítica, el discurso engañoso de la presidencia de la República. Es falso que en la iniciativa de Calderón “los beneficiarios son los ciudadanos, no los partidos”. Así dice la propaganda de Los Pinos, pero resulta lamentable que eso sostengan analistas políticos y ex funcionarios –entre ellos el ex presidente Ernesto Zedillo– tan habitualmente cuidadosos en el examen que hacen de la situación nacional.

Por lo demás, si se trata de enjuiciar a la generación del no habría que comenzar por ser autocríticos. En el desplegado es suscrito por ciudadanos que cuando tuvieron responsabilidades públicas no siempre se distinguieron por su aptitud reformadora. Pero además todos, o prácticamente todos ellos, forman parte de la misma generación de los políticos cuya inacción cuestionan. Si hay una generación del no que ha sido incapaz para reformar al país, de ella somos parte todos los que llevamos varias décadas discutiendo, detestando, contemplando o usufructuando –según sea el caso– al sistema político.

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Después de frecuentes intimidaciones, un desalojo policiaco, el perseverante acoso por parte de la Secretaría del Trabajo y el desgaste vital y político que experimentan al cabo de dos años y medio de huelga, los mineros de Cananea tendrían que estar fatigados. Pero han sobrellevado tantas vicisitudes que, a juzgar por los testimonios que aparecen en la prensa, la reciente decisión de un Tribunal Colegiado para que la huelga termine no los ha amilanado.

Políticamente discutible pero jurídicamente amenazante, la sentencia del  Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Distrito Federal notificada el 11 de febrero, confirma la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que la mina sea reabierta de inmediato. El argumento que promovió esa autoridad administrativa y que fue ratificado por los magistrados, señala que después de la prolongada huelga las instalaciones de Cananea se encuentran tan deterioradas que la reanudación de labores resulta imposible. Ese dictamen, que promovió la empresa, fue respaldado por inspectores federales.

Los mineros, así como diversos reporteros que han entrado a la mina, sostienen lo contrario. La semana pasada los huelguistas encendieron los hornos de Cananea y echaron a andar los motores de los enormes camiones de volteo que transportan el cobre para demostrar que las instalaciones han recibido mantenimiento y pueden operar. Varios medios de información dieron cuenta del funcionamiento de la mina.

Incluso el secretario del Trabajo, que ha promovido de manera notoriamente activa las acciones legales contra la huelga, consideró que Cananea “podría iniciar operaciones de inmediato”. La contradicción en la que incurre Javier Lozano Alarcón es flagrante, pero al secretario del Trabajo no le ha importado el cumplimiento de la ley, ni la defensa de los derechos laborales en este litigio.

Lozano, y con él la administración del presidente Felipe Calderón, decidieron hacer suyo el encono que cultivó el gobierno de Vicente Fox contra la dirección del Sindicato de Trabajadores Minero Metalúrgicos. Esos funcionarios quizá estuvieron persuadidos de que Napoleón Gómez Urrutia había lucrado ilegalmente con recursos de los trabajadores.  Pero la ofensiva contra el sindicato indudablemente ha sido acicateada por Germán Larrea, el dueño de Industrial Minera México que hace años hizo personal su antagonismo con ese líder sindical.

La disputa dentro del sindicato, así como entre sus líderes y el propietario de Minera México, ha sido tortuosa y compleja. Gómez Urrutia puede suscitar amplias desconfianzas pero es evidente que, cada vez que ha sido necesario, los trabajadores le han ratificado su respaldo. El gobierno federal, en lugar de respetar las decisiones de los minero metalúrgicos sobre asuntos de su vida sindical, se ha entremetido constante y flagrantemente. En pocos conflictos en la historia de las relaciones obrero patronales en este país ha sido tan clara la parcialidad de la secretaría del Trabajo. Si, como confirmó recientemente, Javier Lozano tiene aspiraciones presidenciales, su desempeño en la disputa por Cananea manifiesta un favoritismo por la causa patronal que resulta muy distante de las habilidades conciliadoras que se requieren para gobernar este país.

La huelga en Cananea, cuyos trabajadores conforman la sección 65 del Minero Metalúrgico, comenzó el 30 de julio de 2007, de manera simultánea con otras huelgas en Taxco, Guerrero, y Sombrerete en Zacatecas. Los trabajadores de esas minas reclamaron violaciones a sus contratos colectivos, especialmente en las garantías que debieran tener para trabajar con mínimas condiciones de seguridad. Un año y medio antes había ocurrido la tragedia en Pasta de Conchos, la mina coahuilense donde murieron 65 trabajadores.

Junto con esas causas formales, y más que atendibles, parece claro que la huelga también fue propiciada por la animosidad de la empresa contra el dirigente nacional del Sindicato Minero. Gómez Urrutia ha ganado sucesivos recursos legales pero el gobierno federal, presionado por el dueño de Industrial Minera México, ha insistido en las amenazas que mantienen a ese líder exiliado en Canadá.

También la huelga de Cananea ha experimentado un abrupto proceso legal. El empeño de la Junta Federal de Conciliación para declarar inexistente la huelga, tropezó con varias resoluciones judiciales. En enero de 2008, 700 policías judiciales rompieron la huelga pero los trabajadores recuperaron la mina y obtuvieron el amparo de la ley.

Durante más de dos años y medio, los intentos de la empresa y de la Secretaría del Trabajo para encontrar resquicios legales contra la huelga fueron infructuosos. La reciente decisión del Tribunal Colegiado considera que las instalaciones se encuentran en tal deterioro que la materia de trabajo ya se perdió, pero los mineros han acreditado lo contrario.

Los huelguistas temen ser desalojados, ahora de manera definitiva. Varios sindicatos nacionales, cuyos dirigentes se reunieron en Cananea el fin de semana, han ofrecido la mayor solidaridad posible. Por lo pronto, el fallo del Tribunal ha revitalizado la inquietud social y política acerca de la ya demasiado prolongada huelga.

La semana pasada el Senado de la República, con la aprobación del PRI y el PRD, solicitó al gobierno federal que revoque la concesión de Minera de Cananea. Mañana martes los diputados de esos partidos presentarán una iniciativa similar en San Lázaro. Si esos esfuerzos no evitan el desalojo por la fuerza de los huelguistas, en Cananea puede estallar un conflicto social y político de muy considerables dimensiones.

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Varios millones de pesos y mes y medio después, el Senado retiró  de los medios electrónicos los estridentes spots que promovían a ese cuerpo legislativo parodiando a personas en situaciones difíciles. El desempleado abatido en su infructuosa búsqueda de trabajo y la madre que recorre hospitales sin encontrar atención para su hijo y que toman un megáfono para gritar que alguien los escuche, aparecieron profusamente en televisión y radio durante las semanas recientes.

El tardío reclamo de varios senadores pareció detener la transmisión de esos chillones anuncios. El panista Guillermo Tamborrel, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, promovió un punto de acuerdo para requerir la suspensión de los spots que le parecieron “patéticos y atroces”. En opinión de varios senadores, tales mensajes caricaturizaban y denigraban las “situaciones lamentables” que experimentan muchos mexicanos.

Los spots dejaron de transmitirse, pero no debido a la protesta de varios senadores panistas y priistas. Lo que ocurrió de acuerdo el senador Carlos Navarrete, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, fue que terminó el plazo que sus productores habían previsto para la difusión de esos anuncios. “Bajamos el spot porque cumplió su etapa”, dijo el senador.

Escandalosos, insolentes, abusivos con la desgracia de las personas o simplemente de mal gusto, esos anuncios del Senado recibieron diversos comentarios en medios de comunicación. Irritó su contenido, así como el efecto presumiblemente adverso a la institución que los difundió. También ha llamado la atención el costo de tales mensajes. Después de que durante varios días circularon varias cifras al respecto, se confirmó una erogación de 900 mil pesos. No es del todo claro si se trata del precio de uno solo o de los dos spots con personas que gritan con un megáfono.

Ese es el precio únicamente de la producción, que el Senado pagó a una agencia de publicidad. Pero el costo completo de esos anuncios tendría que incluir el precio del tiempo que ocuparon en televisión y radio durante 45 días. Aunque se trata de espacio que las estaciones televisoras y radiodifusoras están obligadas a entregar al Estado en cumplimiento del llamado tiempo fiscal, los segmentos ocupados por dichos spots tienen precios comerciales de acuerdo con el horario y la emisora en donde fueron transmitidos.

Aunque las empresas radiodifusoras no reciben dinero a cambio de cumplir con la obligación de ceder esos espacios, no se trata de un tiempo gratuito como a veces se piensa. Se trata de recursos que son propiedad del Estado, que puede disponer de ellos para difundir campañas de diversas dependencias e instituciones.

Así que si esos anuncios fueron un error, como sostienen varios senadores, se trata de una equivocación que implicó el dispendio de recursos públicos.

No es esa la opinión del presidente del Senado que, según ha aclarado, fue el responsable de aprobar tales spots y que ahora se ufana del interés que suscitaron. El senador Navarrete, que es un legislador preocupado por la equidad social y por la reforma de las instituciones políticas, considera sin embargo que los mensajes del Senado deben conmover y, si se puede, irritar. Explica que cuando supo que otros senadores estaban recibiendo opiniones acerca de tales spots “entonces me dije: el que hizo el spot ya logró el primer objetivo, ya levantó polémica, ya somos visibles”.

Si se trata de levantar polémica los spots del Senado podrían mostrar escenas cada vez más escabrosas. Lo que han logrado esos anuncios no ha sido discusión en torno a problema nacional alguno sino acerca de la destemplanza de los mensajes senatoriales.

Sería pertinente que los legisladores se preguntaran qué es lo que buscan cuando disponen la contratación de espacios para anunciar su trabajo. Con esos anuncios el Senado comparte la triste, onerosa e inadecuada tradición de las instituciones políticas mexicanas que acostumbran dilapidar recursos públicos para anunciar que están cumpliendo con las obligaciones para las cuales fueron electos o designados.

Algo falla, de manera grave, en la relación entre la política y los ciudadanos cuando el Senado busca la atención de la sociedad no a través de su trabajo legislativo, o de la deliberación parlamentaria, sino con anuncios efectistas. Interesado en el rating mediático, el Senado de la República concibe a los ciudadanos como espectadores, o clientes. Lo mismo hacen numerosas instituciones que gastan recursos fiscales en la contratación de anuncios auto encomiásticos.

Los senadores no son, o no debieran ser, histriones preocupados por entretener al respetable, o ansiosos de exposición televisiva. En vez de perseguir al veleidoso rating, deberían aprobar la legislación que sigue haciendo falta para regular, y de preferencia impedir, el gasto publicitario de las instituciones públicas.

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El primer saldo de la alianza PAN – PRD es desastroso para esos partidos. El acuerdo, a trasmano o con la complacencia de la dirección panista, profundizó la distancia entre el presidente Calderón y su partido. Los márgenes de maniobra del secretario de Gobernación quedaron limitados, primero por su incapacidad para cumplirle al PRI un compromiso que nunca debió haber asumido y luego, por haber evidenciado las incongruencias ideológicas en las que incurren tanto PAN como PRD al aventurarse en alianzas sin principios.

La dirección de Acción Nacional cerró filas en beneficio de César Nava, pero no son pocos los miembros de ese partido que ven con disgusto el pacto con el partido que calificó de ilegítima la elección que llevó a Felipe Calderón a la presidencia de la República. Duros o congruentes, esos panistas no se resignan a contemplar la difuminación de los principios de su partido en aras de un acuerdo para evitar la elección de algunos gobernadores priistas.

Dentro y fuera de los partidos comprometidos a ese pacto, hay quienes se preguntan si evitar nuevos triunfos del PRI en algunos estados del país constituye una causa suficientemente relevante y que justifique la alianza con el PRD.

Lo mismo sucede en el Partido de la Revolución Democrática. Para muchos de sus militantes, el PAN es tan o quizá más aborrecible que el PRI. El partido más identificado con las izquierdas y el que suele ubicarse con mayor franqueza en el campo de las derechas –aunque esas coordenadas sean un tanto artificiales sobre todo en el galimatías ideológico que es la política mexicana– han tenido más diferencias entre sí que con el Revolucionario Institucional.

Hay perredistas que todavía recuerdan con sarcasmo o amargura, dependiendo de la opción a la que hayan respaldado en 2000, el fracaso del “voto útil” que proponían quienes, desde las izquierdas, llamaron a votar por Vicente Fox. La creencia de que había que hacerlo todo para sacar al PRI de Los Pinos, llevó a algunos a respaldar a ese lenguaraz candidato. Los resultados están a la vista. Fox fue un fraude para quienes, soslayando la biografía de ese personaje, creyeron que podría estar a la altura del compromiso que implicaba ser el primer presidente no priista en siete décadas. Pero sobre todo, la creencia de que bastaría con echar al PRI de la presidencia para que de esa manera avanzara la democracia mexicana, quedó palmariamente refutada.

Así que panistas y perredistas tienen motivos para recelar de las actuales alianzas que, por lo demás, no garantizan que el PRI vaya a perder en Oaxaca, Hidalgo o Durango en las próximas elecciones estatales.

La opinión crítica ha sido especialmente dura con los dirigentes del PAN y el PRD que promueven tales acuerdos. Pero, quizá debido a una suerte de resignación o incluso de cinismo analíticos, casi nadie ha cuestionado el papel del PRI en todo este desbarajuste político. Ya ha quedado confirmado que el secretario Gómez Mont se había comprometido a que el PAN no entablaría una alianza con el PRD para buscar la gubernatura de Oaxaca. La negativa de la dirección del PAN a respetar ese acuerdo propició su renuncia al partido.

Gómez Mont se extralimitó con ese pacto. Pero también los dirigentes del Revolucionario Institucional que amagaron al gobierno con dejar de respaldar las propuestas fiscales si el PAN se aliaba electoralmente con el PRD.

Ayer el coordinador de los diputados del PRI, Francisco Rojas Gutiérrez, confirmó la existencia de ese ya superado pero ahora más que nunca escandaloso acuerdo. Según el diputado Rojas, al plantear la alianza panista – perredista, lo que el PRI buscaba era “que las condiciones electorales fueran equitativas”.

Con ese pretexto, el PRI chantajeó al secretario de Gobernación: votos en San Lázaro, a cambio de que el PAN se atara las manos para las elecciones locales de este año.

A los priistas esa exigencia, que antes había sido confirmada por Enrique Peña Nieto, les parece natural. Se les olvida que en una democracia la competencia política tiene que desembocar en las urnas, sin candados que impidan acuerdos entre las fuerzas partidarias.

Al exigir que el PAN se comprometiera a competir en solitario, el PRI quería un escenario político a modo. La decisión de panistas y perredistas es cuestionable por el pragmatismo político que manifiesta. Pero la extorsión del PRI resulta auténticamente ignominiosa.

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Los festejos por el inicio del canal de noticias de Televisa estarán empañados debido a las dificultades legales que experimenta esa empresa para conservar el canal 46. Se trata de un espacio en UHF que el gobierno federal le concesionó a Cablevisión, propiedad de Televisa, a fines de 1994. Una larga cadena de irregularidades ha mantenido sin señal a ese canal, que es desconocido para los televidentes.

Los promotores de Foto TV, el canal de noticias que comienza a transmitir hoy lunes 15 de febrero, se habían propuesto utilizar –por fin–  esa frecuencia. Así se dijo en diciembre pasado, cuando los directivos de Televisa anunciaron la creación del nuevo espacio noticioso. Sin embargo el derecho de Televisa a utilizar esa frecuencia se encuentra en litigio por dos motivos. El primero de ellos, es el abandono en el que su concesionario ha tenido al canal 46. El segundo, radica en una terrible omisión de los abogados de Televisa que, según parece, olvidaron solicitar la prórroga de esa concesión dentro de los plazos establecidos por la ley.

Así que, si se apegan a las normas, las autoridades de Comunicaciones y Transportes tendrían que revocar la concesión del canal 46. Por lo pronto, Foro TV no se estrenará en esa señal de UHF sino como parte del menú de canales que Cablevisión y Sky ofrecen a sus suscriptores.

Las irregularidades que rodean al canal 46 datan de hace 28 años. En 1983, la empresa Cablevisión solicitó la concesión de esa frecuencia pero también la firma Multivisión tenía interés en ella. Ambos grupos querían manejar el canal 46 no para difundir una señal abierta sino para, a través de esa banda, transmitir un servicio de televisión de paga.

El diferendo entre Cablevisión y Multivisión se mantuvo durante más de una década. Unos días antes de que concluyera el gobierno del presidente Carlos Salinas, a fines de 1994, la SCT otorgó a Cablevisión el manejo de esa frecuencia y la del canal 52, también en UHF. Multivisión acudió entonces a varias instancias legales y administrativas. Exactamente un sexenio después, cuando finalizaba el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, la SCT ratificó las concesiones para Cablevisión que en ese tiempo era propiedad, a partes iguales, de Televisa y del empresario Carlos Slim.

El grupo Multivisión mantuvo su exigencia para recibir al menos una de esas dos frecuencias. Extrañamente, Televisa no inició transmisiones en ninguna de ellas. Todo pareció indicar que su propósito no era manejar esos canales, sino impedir que alguien más lo hiciera. A fines de mayo de 2001, Cablevisión llegó a un acuerdo con Multivisión para entregarle la operación del canal 52. Y respecto del canal 46 anunció un acuerdo con la empresa Argos para crear un nuevo espacio que se llamaría Zoom TV, en donde se difundirían trabajos de esa y otras productoras.

La señal del canal 46 siguió sin ser utilizada. Un año más tarde, Argos confirmó que el trato con Cablevisión no había funcionado debido a carencias financieras. La falta de dinero no justificaba el abandono en el que se encontraba esa frecuencia. La Ley Federal de Telecomunicaciones, que es el ordenamiento aplicable al canal 46 porque fue adjudicado para difundir televisión codificada y no de carácter abierto, indica que una concesión puede ser revocada si se le aprovecha en 180 días. Evidentemente los concesionarios de canal 46 incumplieron sobremanera ese plazo.

En vista de que esa frecuencia estaba sin utilizar, a comienzos de 2007 el gobierno de la ciudad de México solicitó que le fuera asignada para un canal de televisión abierta. En junio de 2007 el investigador Gabriel Sosa Plata pudo comprobar las omisiones e irregularidades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones que había mantenido sin resolver el asunto del canal 46. Sosa Plata obtuvo el expediente de esa canal gracias a la Ley de Transparencia. La Cofetel atendió ese ya para entonces demasiado postergado y enrarecido problema hasta el 13 de febrero de 2008, cuando autorizó a Cablevisión para difundir en la frecuencia del canal 46 señales experimentales de televisión digital.

Al permitir la difusión de tales señales, la Cofetel mantenía en la inutilidad la frecuencia del canal 46. Sin embargo esa autorización, que era por dos años, venció hace 2 días, el 13 de febrero de 2010.

Es altamente posible que Televisa haya creado Foro TV, el nuevo canal de noticias y opinión, para ocupar la frecuencia del Canal 46 que sus abogados y directivos sabían en riesgo desde hace varios meses. Ese nuevo proyecto informativo nace, así, en un espacio distinto al que sus creadores se propusieron ocupar. Quizá muy pronto una de las noticias que tenga que difundir Foro TV sea la revocación, a Televisa, de esa frecuencia.

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