Pentagrama

El último día del periodo ordinario en el Congreso, el Presidente envió al Senado una iniciativa de reforma política cuyo propósito fundamental es fortalecer el presidencialismo vertical y autoritario en su forma más pura.

1. Cierre del año.

El cierre del año nos sorprende, otra vez, con acciones fulgurantes. Concluye finalmente el peor año en varias décadas en términos de desempeño político, económico y social para un gobierno federal.  Quizá por ello la alusión a lo bueno que es que, al fin, haya terminado o bien, que 2009 haya sido el año en que los mexicanos hemos vivido en peligro, en palabras del presidente Felipe Calderón.

Para el gobierno, podrá haber sido un año horrible, pero para la gente, fue terrorífico. Todo fue en picada, mucho más allá de lo que pudiera haber sido proyectado o previsto.  Para empezar, la economía se desplomó, pues el indicador general del crecimiento económico en los cálculos más optimistas, descenderá -7%, quizá llegue al -8%.  Pero en las actividades industrial y comercial, que son finalmente las que generan más empleo, la caída es del orden del -20%, que significan casi un millón de empleos menos, aún cuando las cifras que el IMSS reporta hablan de unos 430 mil empleos netos perdidos.

En lo que respecta al renglón social, el impacto demoledor de la caída económica se percibe en el incremento en los niveles de pobreza observados. Seis millones de mexicanos más cayeron en situación de pobreza, revelando la compresión extrema a que están sometidas las clases medias, y en su participación en Copenhague el presidente de la República habló ya del 50% de la población en condición de pobreza.  El resultado neto de una década perdida es, precisamente, el haber retrocedido en el nivel general de bienestar de la sociedad. Muy pronto estaremos conociendo que el ingreso per cápita se redujo, de unos 9 mil dólares en 2008, a, quizá, unos 6 mil dólares al cierre del año.

Por ende, tenía que ser, el gobierno federal y el partido en el gobierno perdieron las elecciones intermedias de una manera apabullante. El nivel de popularidad del titular del Ejecutivo Federal también se corrió a la baja, ubicándose en el orden del 50% que reportan las casas encuestadoras, si bien la evaluación de su gobierno está en el lindero del 20%.  Lo que sucede es que se tiene un presidente más conocido que eficaz, como decía Roy Campos hace algunos meses, “un presidente popular con un gobierno a la baja”.

Es en base a esta popularidad que se desvanece, que el titular del Ejecutivo Federal decidió emprender una cruzada, en su momento de mayor debilidad, para, dijo, ahora sí ir a fondo e intentar lo imposible. Tal y como decía Daniel “el rojo” en la alborada de la rebelión de mayo de 1968 en Paris, en su célebre grito para “ser realistas y pedir lo imposible”.

Así, el Ejecutivo Federal le recetó a la población un alza generalizada de impuestos: más Impuesto sobre la Renta (pasó del 28 al 30%); mayor Impuesto al Valor Agregado (irá del 15 al 16% y del 10 al 11% en las fronteras); mayores impuestos a cerveza, tabacos labrados y bebidas alcohólicas; nuevos impuestos a telefonía móvil y fija, excepto Internet; precios deslizables para gasolina, luz, agua y gas en 2010.

En materia presupuestal, en un hábil juego de chantaje y zanahorias, el Ejecutivo Federal logró lo imposible, que es sostener el incoherente altísimo nivel del gasto corriente y la dilapidación de los ingresos petroleros.  Con tantos nuevos pobres, el gobierno federal decidió aplicar más recursos a los programas sociales para no permitir que se mueran de hambre, coincidiendo con la estrategia para movilizar votantes el superdomingo electoral de julio de 2010, en que habrán de renovarse 12 gubernaturas. Aparentemente, los Estados tendrán más recursos en participaciones federales, con el pequeño detalle de que tales recursos podrían ser ministrados a destiempo, como suele suceder con los calendarios del ejercicio presupuestal.

2. Iniciativa presidencial para una reforma política presidencialista.

Para cerrar con broche de oro, el último día del periodo ordinario en el Congreso, el Presidente envió al Senado una iniciativa de reforma política cuyo propósito fundamental es fortalecer el presidencialismo vertical y autoritario en su forma más pura.  De aprobarse ésta, ahora sí, todos los mexicanos viviríamos permanentemente en peligro extremo, pues dependería del arbitrio y el humor del presidente en turno el sesgo que tomaran las cosas. Hay ejemplos a la vista, Hugo Chávez es uno de ellos, con un presidencialismo en Venezuela construido a modo.

En América Latina y en los países ex soviéticos, se ha dado una discusión sobre la mejor construcción institucional disponible.  Es una discusión entre lo que se conoce como “decisionismo”, en el sentido de que lo importante es que exista un gobernante capaz de tomar decisiones, frente a lo que se ha llamado el “deliberacionismo”, que es lo propio de un Congreso, de una representación política que debe debatir cuestiones, dirimir problemas y pactar acuerdos, en donde lo relevante es construir decisiones que cuenten con consenso y apoyo legislativo.

El decisionismo al extremo es Hugo Chávez, quien mejor prescindió del Congreso y lo subordinó creando milicias y desmontando toda la estructura política venezolana, además de depauperar a las clases medias y ahora existe prácticamente un solo tomador de decisiones, eso que en otros tiempos llamamos un dictador.

Eso es lo que podría configurarse en México, de aprobarse una reforma política decisionista.  La segunda vuelta electoral sólo construye una ilusión de mayoría, al sumar segundas preferencias a la primera intención del voto, construyendo una mayoría ficticia.  Se pretende corregir este efecto con otra medida peor, que es el realizar una segunda vuelta corriendo las elecciones legislativas a la misma fecha, para que la elección presidencial ejerciera un efecto de arrastre y construyera una mayoría legislativa. Pero esto es sólo un supuesto, nada garantiza que así sucediera, o más bien, también podría suceder que no obstante la segunda vuelta, no se construyera una mayoría legislativa, dado que las circunscripciones electorales son diferentes. En la elección nacional, impactan las apariencias y la información disponible es más imperfecta que en los distritos locales, donde pesan más los candidatos y la información y conocimiento del elector es más precisa.

Luego, tras modificar la regla de mayoría que le puede permitir a un presidente autoritario simplemente prescindir de la oposición y gobernar a su antojo, se plantean poderes excepcionales adicionales, en lo que podía ser considerado como hacer constitucionales los poderes de facto que otrora poseían los presidentes de la llamada era imperial o del partido hegemónico.  Imaginemos qué haría un presidente con poderes de veto y reconducción presupuestal y en la Ley de Ingresos, prácticamente aplicaría los impuestos que se le ocurrieran, además de que jamás estaría obligado a rendir cuentas.  Más aún, si obtuviera el poder de publicar parcialmente aquellas leyes cuyas observaciones, realizadas por él, no hubiesen sido superadas, es decir, aprobadas en el Congreso.  El sumo legislador sería, por supuesto, el Presidente.

3. Más poderes de excepción.

Si a ello se le añade una concepción de la iniciativa preferente, en donde el presidente de la República tendría derecho a presentar dos iniciativas de ley al inicio de cada periodo ordinario de sesiones con obligación de ser dictaminadas y votadas en el mismo periodo, pero si por alguna razón no sucediera esto, se consideraría afirmativa ficta y, en el caso de las reformas constitucionales, deberían ser sometidas a referendo general.  Tal aberración, el pensar y proponer que pudiera existir la afirmativa ficta en reformas legales, sólo es posible en el absurdo. No sería muy difícil imaginar una serie de triquiñuelas y maniobras para propiciar la situación que se plantea como si nunca fuera a presentarse, para lograr que pasaran sobre el Congreso medidas polémicas o arbitrarias.

En estricto sentido, se olvida que la vida política moderna, que iniciara más o menos a partir de la Revolución Inglesa de 1650, cuando el Parlamento sometió al Rey a la rendición de cuentas y la aprobación anual de los impuestos y el presupuesto, se origina con el planteamiento central de someter al Ejecutivo al control constitucional, la responsabilidad política y la rendición de cuentas. “No más impuestos sin representación” quería decir que la representación nacional tenía que conocer y aprobar las cosas, no sólo conocer lo que el rey, mandante absoluto, decidía hacer.  Después, la división de poderes establecería, precisamente, el sistema de pesos y contrapesos mediante los cuales el Ejecutivo aplica las leyes, el Legislativo delibera y redacta leyes, pero además ejerce el control constitucional, y el Judicial imparte justicia.

Los planteamientos decisionistas son, en realidad, una regresión. Lo que se requiere, conforme al desarrollo político e institucional moderno, es establecer una funcionalidad apropiada entre los poderes del gobierno, porque el argumento de que el problema de México es que no se toman decisiones, es incorrecto. En realidad, lo que no se toman son decisiones correctas, y la solución no puede ser el facultar a quien toma malas decisiones para seguirlas tomando.  Las mejores decisiones surgen después de haber deliberado y discutido las opciones, lo cual puede ser tan rápido y eficiente como lo sean los instrumentos disponibles para ello. Si el Presidente quiere tomar más decisiones y ser más eficiente, ¿por qué no propuso dotarse de voz en el Congreso, para acudir y deliberar, presentar iniciativas, promoverlas y defenderlas?  ¿Por qué no propone una reforma presupuestaria, para que los ciudadanos sepan en qué piensa gastar los impuestos que le va a aplicar? ¿Por qué no se somete a la rendición de cuentas, estableciendo anualmente qué es lo que piensa hacer para cumplir sus promesas y compromisos ante los gobernados a efecto de que pueda ser evaluado?

4. La forma es fondo.

Políticamente, decía don Jesús Reyes Heroles, la forma es fondo.  Si viendo el fondo, es posible percibir que se ha planteado una reforma imposible, viendo la forma, esta presunción se confirma.  En términos de técnica legislativa, hay varios principios que ayudan a la dictaminación y deliberación de las iniciativas. Uno de ellos, fundamental, es que las iniciativas se presenten en tiempo y forma. ¿Cómo se quiere que se apruebe una reforma que se presenta el último día de sesiones del periodo ordinario? ¿Una reforma que, por su trascendencia, requiere de un proceso de maduración largo?

Lo segundo, es que la iniciativa recoja en la exposición de motivos los argumentos que permitan sustanciar la o las propuestas de cambio.  En la exposición de motivos de la iniciativa enviada por el presidente, no existe una sola alusión a un precedente de la máxima importancia en el inmediato pasado, como es la Ley para la Reforma del Estado, a cuyo amparo se constituyó la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (la CENCA, que sí se menciona al paso en un renglón de la referida exposición de motivos), se planteó una agenda de diálogo, los partidos presentaron sus propuestas para la reforma del Estado, los ciudadanos y expertos realizaron sus aportaciones y mediante el método establecido de diálogo, acercamiento de las posiciones y construcción de los acuerdos, se presentaron iniciativas completas como para haber reformado la Constitución y la legislación secundaria en materia electoral, en la reforma del Poder Judicial y en las bases para la rendición de cuentas.  Más aún, todos y cada uno de los temas abordados, fueron presentados en el marco regulatorio de la Ley para la Reforma del Estado.

En estas ideas abrevó la propuesta de las “ocho erres” que realizara el senador Manlio Fabio Beltrones, la cual, por cierto, tampoco es referida en la iniciativa en comento, no obstante que, por sus omisiones, es la que el presidente pretende combatir. Peor aún, la iniciativa presidencial comete el error, en verdad craso, de presentar una iniciativa con diez apartados disímbolos entre sí, pues uno atañe a la regla de mayoría y es, por ende, de naturaleza electoral; otro, atañe a las atribuciones del Presidente de la República, con lo que es materia de la organización del gobierno; un tercer set de planteamientos alude a ampliar el cauce de la participación ciudadana, que es, nuevamente, una materia electoral; otro tiene que ver con la integración del Congreso, que es materia parlamentaria, y uno más busca impactar en la organización de la vida de los Estados, al proponer la reelección de los munícipes y los legisladores locales; en otro, recorta la vida de los partidos y a los partidos mismos, y uno más atañe a las atribuciones del Poder Judicial. Todo, abigarrado al vapor en una sola iniciativa de reformas constitucionales.

La técnica parlamentaria más depurada sugiere presentar cada uno de los apartados en una iniciativa por separado, pues el proceso de análisis y dictaminación requiere de la participación de los involucrados.  Si se recuerda, al amparo de la Ley para la Reforma del Estado se fue avanzando en la construcción de las propuestas tras concitar la participación de los actores relevantes y la sociedad, tal y como preveía la convocatoria de la ley.

Cierto, la forma es fondo. Tal y como fue presentada, la iniciativa de reformas constitucionales fue enviada al Congreso para provocar su rechazo y exponerlo mediáticamente como un poder que se opone a los cambios. En el fondo, los autores intelectuales de esta iniciativa subrayan que, en realidad, de lo que se trata es de discutir las ideas y llevarlas a la próxima elección presidencial como referéndum, buscando que las recogiera el único partido que puede hacerlo, que es el PAN.  En la forma y el fondo, lo que se estaría buscando es que el referéndum en la elección presidencial del 2012 fuese el evitar el retorno del PRI a la Presidencia de la República. Tal y como lo fue en el 2000 el sacarlo de Los Pinos y en 2006 el combatir el “peligro para México”.

5. La muerte de un capo.

La muerte del llamado “jefe de jefes”, la cúspide de la familia Beltrán Leyva, Arturo, obliga, por las circunstancias en que se dio, a exigir la captura de las cabezas del cártel beneficiario, que es el que, según la revista Forbes, encabeza Joaquín Guzmán Loera, alias “el Chapo”, a quien también se le ve cotidianamente transitando por Culiacán o Guadalajara sin aparente molestia, y de quien el obispo de Durango, monseñor Héctor González Martínez, dice que todo saben en donde está y dónde vive, en Guanacebí, en pleno “triángulo dorado” de la sierra duranguense.

Sólo la enorme corrupción y complicidad de las autoridades federales y locales puede explicar que uno de los narcotraficantes más buscados por todas las policías, viviera en pleno corazón de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, sin que nadie se diera cuenta, supiera o siquiera sospechara algo. A sólo unos metros de la casa del gobernador.  En realidad, los expertos en la materia saben que cuando un capo cae, otro lo sustituye de inmediato, porque ellos no son la causa sino el efecto del tráfico de drogas.

La verdadera causa de este fenómeno criminal está en el mercado, en las leyes de la oferta y la demanda.  En este caso, la demanda está en los Estados Unidos, el principal centro de consumo donde un kilogramo de cocaína cuesta unos 35 mil dólares, en tanto que en Colombia, ese mismo kilogramo se consigue en 5 mil dólares.  Los traficantes, en el traslado, se ganan 30 mil dólares por kilogramo, lo que constituye el más poderoso aliciente para este negocio corruptor y violento. Del otro lado vienen las armas con las que los narcotraficantes se enfrentan al Estado; también del otro lado vienen los dólares con los que se compra a los policías de todas las corporaciones –sean municipales, estatales o federales—así como a los miembros de las fuerzas armadas tras un cierto tiempo de contacto con ellos.  Por las fronteras pasa todo, los insumos para procesar la droga, las armas, los dólares y hasta los sicarios, muchos de los cuales son entrenados o reclutados en el extranjero.

Por eso, ahora que ha muerto Arturo Beltrán Leyva, muy pronto otro capo, de su propia organización o de alguna de las adversarias, habrá de tomar su lugar. Si lo hace “el Chapo” Guzmán, crecerá también la sombra de la connivencia de este cártel con las autoridades.

1. Tres largos años.

En ocasiones, el humor puede ser negro, muy negro. Quizá buscando parafrasear el lugar común de ver la luz al final del túnel, el presidente Calderón dijo a sus correligionarios del Senado que, “lo mejor de 2009 es que ya terminó”. Para no ir muy lejos por la respuesta, prácticamente en todos los blogs, miles de ciudadanos compartieron una ingeniosa réplica, “sí, pero todavía faltan tres largos años”.

Peor no pudo haberse cerrado el año.  Cuando el país se entera que, no obstante las peripecias para definir y redefinir el modo de contar a los pobres, 5 de cada 10 son cada vez más pobres frente a un puñado es cada vez más rico, conforme a las últimas cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que habla de 11.7 millones de mexicanos en situación de “pobreza extrema”, 36 millones de “pobres moderados”, en total, 47.2 millones de, simplemente, “pobres multidimensionales”, todos, ubicados por debajo de la línea de ingreso de 1,921 pesos mensuales, un salario mínimo.  ¿Qué diferencia puede haber entre una y otra clasificación, si prácticamente nadie espera que la situación mejore el año próximo y muy pocos esperan que mejore en los siguientes dos? ¿Y después del incremento de los impuestos para que el gobierno siga gastando igual o peor de mal?

El país tiene el peor desempeño económico de América Latina y uno de los peores de todo el mundo, al lado de las repúblicas ex soviéticas de Ucrania y Lituania. Los datos de la CEPAL indican que en tanto el promedio de reducción económica en América Latina será de -1.8%, México decrecerá -6.75; la perspectiva de recuperación para el año entrante, así sea aritmética, esto es, un rebote estadístico, la estiman en 4.1%, en tanto que para México será entre 2.5 y 3% si y sólo si los Estados Unidos se recuperan y se mantiene una fuerte depreciación del tipo de cambio, lo que, paradójicamente, no está sucediendo. Lo que muestran estas cifras es algo que venía observándose en la última década: mientras todo mundo crecía a tasas cercanas o superiores al 5%, nosotros lo hacíamos, si acaso, entre 2 y 3%, y ahora que todo el mundo cayó, nuestro país se fue hasta el fondo, destruyendo un millón de empleos y unas 20 mil empresas de todo tipo.

Un nivel de recuperación entre 2 a 3% en este contexto, se expresará sobre todo en las hojas de balance económico pero no en el piso social.  Ello, porque las empresas generadoras de actividad económica debieron reducir sus ritmos de producción y, con los puestos de trabajo que conservaron, al reiniciar los pedidos pueden cubrirlos sin expandir la mano de obra. Por ende, habrá reducido impacto en la generación de empleos, al igual que en la masa salarial, con lo que se achata la curva de recuperación.

Si en verdad se hubiese capeado ya el temporal y todo fuese viento en popa, cumpliéndose las expectativas de crecimiento para lo que resta del sexenio, el promedio general para los seis años aún podría ser negativo, con lo que la administración Calderón tendría, además del record de la caída más profunda desde la Gran Depresión en el siglo pasado, el del primer sexenio con crecimiento negativo.  Sí, terminó 2009, pero todavía hay tres largos años por delante.

1. Cambios en el Gabinete.

La designación del gobernador del Banco de México promovió también algunos movimientos en el gabinete presidencial.  El presidente Calderón optó por la salida del doctor Guillermo Ortiz Martínez y por el alineamiento de la política monetaria con la visión presidencial.  Ello es perceptible a partir de los planteamientos centrales de los principales aspirantes a la nominación, el ahora ex secretario Agustín Carstens, y el pronto ex gobernador Guillermo Ortiz.  El primero, señaló su condición declarando que si el presidente lo deseara, él llegaría allá “a servir al presidente; en tanto que Ortiz se declaró dispuesto, pero a “servir a México”, lo que no es sólo semántica sino una profunda diferencia en la concepción y atribuciones del banco central.

Para Carstens, ya se ha acreditado que su promoción al Banco de México resulta un alivio.  Desde junio pasado él quería renunciar, malvisto como es en el círculo íntimo de Los Pinos, en donde se le trataba con gran desparpajo y se le acusaba de traidor y de priísta, al grado que en círculos senatoriales, cuando se sondeaba la posibilidad de que llegara Carstens al Banxico, los personeros del PAN bromeaban diciendo que el presidente propondría a un priísta, como si Carstens lo fuera.   En lo que a Ortiz se refiere, fue siempre pública y notoria su diferencia con la perspectiva de conducción económica presidencial, a quienes solía enmendar el optimismo con aceradas dosis de realidad. Si Carstens decía que habría un “catarrito”, no concluía el día sin que Banxico reestimara las perspectivas económicas a la baja. Asimismo, siendo Felipe Calderón dirigente del PAN, exigió la salida de Guillermo Ortiz de la Secretaría de Hacienda en el contexto aquél del Fobaproa como el necesario rescate bancario para salvar el sistema de pagos del país.

Más allá de la situación anecdótica y del descuido en las formas para comunicar al Senado la nominación en los últimos días del periodo legislativo –resta sólo una sesión útil para el cierre, el 15 de diciembre—y proceder a la ratificación o rechazo del nombramiento, lo cierto es que los nombramientos colaterales sólo corroboran la preocupación de muchos, de que el año entrante será de artificios y guerra electoral.

Llega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un integrante más del círculo íntimo, lealtad y cercanía de por medio, proveniente de la Secretaría de Desarrollo Social y buen conocedor de los vericuetos por donde corre el gasto social y el dinero para los estados y municipios.  Pocos dudan de que en Hacienda, ahora habrá de administrar el flujo de recursos para las entidades, sobre todo aquellas 12 en donde habrá elecciones para gobernador, mediante el manejo discrecional de las participaciones, pero también mediante el desconocimiento deliberado de los acuerdos previos asumidos por el anterior titular del ramo. Cordero fue quien en la negociación presupuestal de 2007, comprometió en el Senado la elaboración y entrega de un estudio sobre la funcionalidad y pertinencia de las representaciones federales en las entidades, mismo que nunca entregó a los legisladores. ¿Qué se podría esperar respecto de que ahora cumpla con el mandato legal para elaborar una reestructuración burocrática que suprima, entre otras cosas, las excesivas plazas adjuntas de la alta burocracia?

Para redondear los cambios, en la Secretaría de Desarrollo Social, en uso de las atribuciones presidenciales para nombrar y remover colaboradores sin mediar ratificación alguna o siquiera un examen de competencias, desde la Secretaría de Economía se designó a Heriberto Félix Guerra, cuyo principal merecimiento conocido en el combate a la pobreza es ser yerno del legendario “Maquío” Clouthier, pero con lo que se asegura el necesario vínculo de la plataforma social, vía los padrones de beneficiarios del programa Oportunidades y similares, con el activismo azul en el inminente año electoral de 2009.  ¿Cuántos de los 300 mil nuevos afiliados al PAN fueron “promovidos” siguiendo las líneas de la política social? ¿Cuántos más habrán de serlo?

Por lo pronto, estos cambios abren la temporada de caza presidencial.  Los aspirantes azules ya tienen la baraja completa: la encabeza Ernesto Cordero, y figuran también Alonso Lujambio, Juan Molinar Horcasitas y hasta Javier Lozano, todos del círculo íntimo presidencial, enfrentando el fuego amigo del senador Santiago Creel, de la diputada Josefina Vázquez Mota y del ex dirigente nacional, Manuel Espino; esto es, calderonistas versus foxistas.

1. Vientos de reforma política.

Al cierre del año, se han conjuntado las posibilidades para la segunda etapa de la reforma del Estado, que es la reforma política. El debate ha iniciado, distintos actores políticos han planteado por lo menos cuatro planteamientos completos de reforma y algunas voces empiezan a perfilar su posicionamiento.

En términos cronológicos, el senador Manlio Fabio Beltrones, coordiandor de los senadores del PRI, hizo la propuesta de las “ocho erres” hacia finales del mes de mayo, en el momento más álgido de la campaña electoral intermedia, que se complementa con la idea de avanzar en los temas de la mesa electoral convocada por el Senado. Con mucho, es la principal referencia en el debate tanto por haber sido planteada con suficiente antelación, como por provenir de quien proviene.  Se trata de la ratificación de integrantes del Gabinete, reducción del número de integrantes de las Cámaras, revocación de mandato, reelección legislativa y de munícipes, referéndum, rendición de cuentas, reestructuración de la administración pública y regulación moderna de la economía mediante órganos autónomos y “dientes” para sancionar las transgresiones y prácticas monopólicas.

Se tiene, asimismo, el planteamiento del gobierno federal, externado por dos vías hasta ahora discursivas: por un lado, el secretario Gómez Mont durante su comparecencia en la Cámara de Diputados en septiembre pasado, quien señaló la disposición del gobierno federal para “entrar en una nueva dinámica que le permita al legislativo competencia en la composición del gobierno”, adecuar el número de legisladores, reelección consecutiva de legisladores y ayuntamientos, segunda vuelta y formas de participación ciudadana como el plebiscito y el referendum; por el otro, el titular del Ejecutivo Federal propuso, en el discurso alusivo al tercer año de gobierno, algunas ideas para la reforma política en torno a la revisión del veto e iniciativa preferente, la estructura y funcionamiento del Congreso pensando en su reducción, reelección consecutiva de legisladores y alcaldes, candidatura ciudadana, iniciativa popular y referéndum, así como entrarle al tema electoral “para que no quede sombra de duda respecto de equidad, uso de recursos y acceso a medios y capacidad de divulgación de propuestas”. Por su parte,  el presidente del PAN, César Nava, señaló que la próxima semana, el Ejecutivo Federal enviará sus iniciativas de reforma política, mismas que, faltando sólo una sesión para el cierre del periodo ordinario, podrían caer en la gestión de la Comisión Permanente.

1. La perspectiva académica.

En el ámbito académico, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM entregó sus recomendaciones al Senado considerando una vasta reorganización del Estado hacia el pluralismo y el gobierno compartido mediante coaliciones, contemplando la ratificación del Gabinete, adecuaciones en el número de integrantes de las Cámaras previo estudio de funcionalidad; reelección consecutiva acotada; rechazo a la segunda vuelta electoral, “es deseable que en el futuro se consolide la práctica de formar coaliciones de gobierno” y formas para un nuevo equilibrio entre los poderes, mediante iniciativa preferente, voz al Ejecutivo en el Congreso y responsabilidad política para el titular del Ejecutivo Federal y altos funcionarios, entre muchas otras propuestas, así como un tiempo largo para realizarlas de nueve años, que es la duración de las próximas tres legislaturas si en ésta iniciara el proceso de reformas.

El grupo Nexos, en algún sentido acompañando los planteamientos del gobierno federal, ha buscado incidir en el debate con el argumento de debatir el futuro: qué país queremos, cómo lo haremos posible, en el que sus ideas centrales son “romper ataduras del pasado” –aludiendo directamente, también, al pasado inmediato, esto es, los tres infaustos años del gobierno de Calderón–, volvernos hacia los Estados Unidos como objetivo de integración, y construir mayorías gobernantes a partir de la segunda vuelta presidencial, el diferimiento de la elección congresional a un tiempo posterior pero cercano para inducir una mayoría parlamentaria y la supresión de la cláusula de sobrerrepresentación en las Cámaras; por supuesto, propone también la reelección legislativa y de munícipes y las candidaturas independientes; fortalecer al Presidente con poderes de veto, poderes de decreto, iniciativa preferente (leyes guillotina, le llaman) y definición de la sustitución del Presidente en caso de ausencia total, entre otras ideas.

1. El eje del debate: qué tipo de presidencialismo.

Si se observa con detenimiento, la discusión tiene un eje nítido: qué tipo de presidencialismo se quiere.  O un presidencialismo rejuvenecido pero vertical, con un alto sesgo voluntarista, muy similar al actual, contando con plenos poderes para imponer un programa de gobierno al resto con reglas de mayoría en el origen; o un presidencialismo consensual, más democrático, en armonía con la pluralidad, con instrumentos para negociar e integrar una mayoría parlamentaria mediante coalición legislativa, programa común y posiciones políticas, como es la tendencia en los sistemas presidencialistas del mundo.

En el lado de la recuperación del presidencialismo se ubican el PAN, el Gobierno y Nexos, en tanto que en el lado de la modernización del presidencialismo se ubican las “ocho erres” y el IIJ/UNAM.

Al respecto, los primeros acercamientos de otros personeros priístas, como Enrique Peña Nieto y Beatriz Paredes, tienden a ubicarse en el campo del presidencialismo vertical (en su artículo en Reforma, el gobernador del Estado de México habla sólo de que es posible un mejor México si se mantiene la visión de un gran objetivo compartido, una visión de país que convoque a todos; en tanto que la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, al rechazar “a título personal” tanto reelección como referéndum, podría estar ratificando no sólo una cierta ambigüedad conceptual al sólo rechazar y no proponer, sino también el conservadurismo que se le ha atribuido en, por ejemplo, la cuestión de la penalización del aborto.

La discusión es relevante, porque nunca como ahora ha sido evidente que es la falta de acuerdos lo que está  trabando el potencial de desarrollo del país. La política, al contrario de lo que suponen tesis conservadoras que la definen como el arte de lo posible, es en realidad el arte de lo imposible: sólo mediante la política un país, una sociedad o una comunidad puede proponerse la realización de tareas imposibles.  Así ha procedido toda línea de avance de la humanidad en el tiempo. Si se recupera la política como el espacio privilegiado para debatir, proponer y construir soluciones, el país habrá recuperado la capacidad de decidir y de resolver sus desafíos, no sólo estar sufriendo los embates del exterior. Sólo que, cuidado, hay diferencia entre el voluntarismo, el apostar demasiado a la decisión y el buen juicio de un solo mandante –remember Chávez en Venezuela— a disponer de un sistema de controles, pesos y contrapesos, en el que la mayoría se construya y siempre exista la posibilidad de exigir cuentas al gobernante, sin que el país y el futuro estén en riesgo de irse de las manos.

1. ¿Medio vacío o medio lleno?

¿Con qué perspectiva resulta mejor mirar la adversidad? ¿La del vaso medio lleno? ¿O la del vaso medio vacío?

Por donde se mira, el discurso de la adversidad es una constante, con cualquiera de las perspectivas que se le mire.  La adversidad ha sido el tema, cómo nos metimos en ella, cómo no la vimos venir, y ahora, cómo salimos de ella.

Ojalá el problema fuera sólo variar el tono del discurso.  Lo cierto es que la adversidad ha tenido efectos profundos en la vida cotidiana de todos, ha minado los ahorros y el patrimonio, ha reducido o esquilmado las expectativas de superación y ha evaporado el esfuerzo de varios años, por lo menos nos ha hecho retroceder en términos económicos al año 2004, aun cuando en términos sociales se ha perdido prácticamente toda la década. ¿Cuándo alguien podría haberse imaginado que, al arribar a la conmemoración de los centenarios de nuestras gestas históricas y tras casi diez años de alternancia política, habría 50.6 millones de pobres y 19.5 millones en situación de pobreza extrema, rayana en el hambre?

Al discurso presidencial no le queda de otra, tiene que asumir la perspectiva del vaso medio lleno. Pero, ¿medio lleno con qué? ¿Con que el país no se ha ido todavía de las manos?  El tono del discurso tiende a reconocer las calamidades y se fuga hacia adelante, hacia proponer que las cosas algún día podrían mejorar si seguimos con la actual conducción política que, ahora sí, habrá de aplicarse. Ante los marinos, el presidente Calderón señaló que no ha claudicado ante la adversidad ni renunciado a nuestro destino.  Reseñó, como quien sale airoso de una prueba de resistencia extrema, que  cada uno de los problemas de este año en el país podría haber sido una tormenta en sí mismo, como fue la peor crisis económica que pudiéramos haber visto, las sequías provocadas por el cambio climático, la gravedad de la crisis derivada de la influenza con gran impacto al manifestarse como un primer brote de una posible gran epidemia mundial, la caída de la producción petrolera y el enorme calado de la guerra contra el narcotráfico, que ha rebasado todo lo imaginable sin que se le haya logrado capturar a algún pez gordo.

“Sobrevivimos”, podría ser el corolario de este discurso. Pero ello supondría que ya estamos en puerto seguro, siguiendo el hilo articulador del discurso pronunciado ante los marinos, y esto podría no ser del todo cierto. ¿La crisis económica ya ha concluido? No, sus principales efectos habrán de sentirse en el 2010, cuando el desempleo sea evidente, los altos precios hagan inaccesible la canasta básica para millones de mexicanos, los nuevos impuestos reduzcan el ingreso disponible y el petróleo y las remesas, dos veneros relevantes de divisas, sigan su marcha descendente.

La otra perspectiva, la del vaso medio vacío, suele prevalecer entre los afectados por la crisis y entre muchos de los que se enfrentan a ella.  En algunos círculos se dice que el propio gobierno sabe que está mal, por ello planifica el cómo suavizar los efectos y cómo plantear algo mejor hacia adelante. El problema reside en cómo confiar, en tres largos años que todavía faltan para que concluya la actual administración, en que las cosas ahora sí irán bien cuando todos los indicadores revelan la impericia de la tripulación –la evaluación del gabinete es reprobatoria en todas las encuestas– y un capitán que, ahora sí, está decidido a ir a fondo.  El riesgo es que, como también se dice en algunos círculos, esta decisión se haya tomado en el límite, cuando, ante una mala racha, un jugador avienta su resto.

1. 2010, año electoral y de los Centenarios.

El año entrante, en el primer semestre del año, las fuerzas políticas volverán a medirse. El 4 de julio, habrán de realizarse 11 elecciones generales para renovar poderes en igual número de entidades, lo más parecido a una justa general. Sin embargo, cada elección tiene su especial connotación local, pero en el terreno global, el sistema PAN-Gobierno, el PRI y el PRD habrán de vivir una contienda total.

Por diversas vías, el principal adversario del PAN y el PRD lo es el PRI.  Ambos partidos se aprestan a enfrentar a quienes, consideran, son los nuevos “señores feudales” priístas, esto es, los gobernadores, aún cuando la denominación valga, en realidad, para todos los gobernadores, sean de cualquier partido.  La realidad política nacional, que transcurre con mayor lentitud en los Estados, así como la prevalencia de un centralismo democrático y un menor desarrollo político en las entidades, ha propiciado la inexistencia de controles o rendición de cuentas en los ejecutivos estatales, que siguen siendo el verdadero poder hegemónico.

Habrá elecciones en Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Durango, Chihuahua, Hidalgo y posiblemente Sinaloa, si reforma a tiempo su ley electoral, actualmente con gobernadores priístas; Aguascalientes, en manos del PAN, y en Tlaxcala y Zacatecas, en la órbita del PRD. Todo, en una sola jornada electoral. En todos, hay una sola entidad panista en juego, por lo que, en lo dicho, el PAN no tiene mucho que perder  y sí pudiera alzarse con alguna gubernatura, algunas mayorías en los congresos y municipalidades relevantes, porque en los planos locales, los impactos adversos económicos y sociales  desgastan en primer término a los propios gobernadores.

Es por ello que han proliferado los ejercicios de contacto entre las oposiciones locales, buscando integrar candidaturas de unidad para enfrentar al PRI. En Oaxaca, asoma la posibilidad de una coalición en torno al senador Gabino Cué; en Veracruz, podría gestarse con Miguel Angel Yunes; en Puebla, el también senador Rafael Moreno Valle; en Hidalgo, se anda tanteando el terreno para una coalición con Xóchitl Gálvez a la cabeza; ejercicios todos, de coaliciones útiles para derrotar al PRI.

Sin embargo, dada la fuerza local y nacional que el PRI ha demostrado, lo más probable es que los resultados mantengan la actual correlación y los siete estados actualmente gobernados por el PRI sigan en sus manos, con la posibilidad adicional de llevarse también Aguascalientes y Tlaxcala, quedando sólo Zacatecas en manos del PRD.

Por ende, la lógica político-electoral del sistema PAN-gobierno irá en el sentido de desgastar al PRI, movilizando los recursos federales y la capacidad mediática para minar la fortaleza priísta en algunas entidades, sea por la vía de las coaliciones útiles como en Oaxaca, Puebla y hasta Hidalgo, o por la ruta de la seguridad pública, como pudiera ser en Chihuahua.

Quizá en los cinco primeros meses, como se han comprometido las juntas de coordinación política de ambas Cámaras del Congreso, sea posible procesar dos de los temas relevantes para el futuro nacional.  Uno es el tema fiscal y presupuestal, derivado de la insatisfacción generada por la aprobación de un paquete económico basado en más impuestos y un gasto inercial en el que prevalecen ineficiencias y un gasto corriente excesivo.  El otro tema lo constituye la reforma política, impulsada por la debilidad extrema de un presidencialismo demasiado vertical, que antes descansaba en facultades metaconstitucionales y la subordinación de un partido político nacional y el Congreso a la voluntad del presidente en turno.

En lo que respecta a la reforma fiscal y presupuestal, gobierno, empresarios y partidos están dispuestos a analizar la estructura impositiva, actualmente sustentada por multiplicidad de impuestos directos e indirectos, especiales y múltiples, que se aplican sobre una base de contribuyentes de sólo el 25% de la población económicamente activa. Esto es, sólo existen 9.5 millones de contribuyentes registrados, contra un universo de 46 millones que integran la PEA.  El debate nacional se orienta, entonces, a establecer un esquema fiscal de pocos impuestos, simples de pagar, generales y con menores tasas que las actuales, para que el padrón de contribuyentes crezca e integre a más causantes. Si se incrementara el padrón de contribuyentes en, digamos, 50%, podría pensarse en bajar la tasa del Impuesto sobre la Renta al 25% y establecer una tasa del Impuesto al Valor Agregado del 12%, que ha sido una corrida ya calculada en la SHCP desde tiempos de José Angel Gurría.  La protección a los más desfavorecidos, ese 20% que tiene acceso sólo al 3.1% del ingreso nacional, se daría mediante el establecimiento de una canasta básica de medicinas y alimentos perfectamente definidos en la ley para no dejar margen a la evasión.

1. Vientos de reforma política.

En lo que se refiere a la reforma política, sobre la mesa está una discusión sobre el presidencialismo mexicano: qué tipo de presidencialismo se quiere, uno, vertical, voluntarista y autoritario como el que tenemos, en el que quien gana la elección presidencial se lleve todo conforme a una regla específica de mayoría; o un presidencialismo consensual, más democrático y participativo, que le agregue respaldo parlamentario a la opción política que gane la presidencia mediante las reglas usuales de negociación y formación de coaliciones gobernantes.

En este sentido, el diseño institucional es relevante. Si se optara por un presidencialismo fuerte, la variante institucional podría considerar el esquema de doble vuelta para establecer virtualmente un sistema bipartidista, la reelección legislativa que aseguraría el statu quo en el congreso, y una regla de mayoría en el que el vencedor se lleve todo, aún a costa de la sobrerrepresentación política en el congreso. Se tendría así, una mayoría artificial, pero al fin, mayoría, lo que no elude que el titular del poder ejecutivo fuese un déspota ilustrado o, simplemente, un déspota.

Si, por el contrario, la discusión se inclinase por asentar la pluralidad existente en al sociedad e integrar adecuadamente la representación política al sistema presidencial, entonces la variante institucional requeriría considerar instrumentos parlamentarios a disposición de la presidencia, para establecer un mejor equilibrio entre poderes, una relación más cotidiana entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para impulsar proyectos  legislativos, así como espacios específicos para el control constitucional y la rendición de cuentas. Para ello, se requerirían instrumentos parlamentarios como la ratificación por el Congreso de integrantes del gabinete y funcionarios importantes y de órganos constitucionales autónomos, el establecimiento de la figura de ministros con voz ante el Congreso, el acopio de sesiones de control constitucional en el que interactúen éstos con los legisladores, y establecer la posibilidad de integrar coaliciones gobernantes, como sucede en prácticamente todo el mundo, a partir de negociar programas y posiciones a cambio de respaldo legislativo.  Esta formulación es consecuente con el sistema electoral mixto (parte elección directa, parte proporcional) y con la representación casi exacta en el Congreso. No es incompatible con las formas estatales de gobierno, todavía cuasi-presidencialistas, y permitiría, nuevamente, una relación formal, discursiva y política entre los tres poderes y niveles de gobierno.

1. La celebración de los Centenarios.

Hacia el cierre del año, sobre todo a partir del mes de septiembre, el fervor patrio habrá de inundar la República.  Es muy probable que para entonces, concluidos los procesos electorales y la consecuente guerra política que implican, se esté planteando un IV Informe de Gobierno con algunos datos de recuperación en empleo y crecimiento.  Si bien nos va, se estará informando la recuperación de unos 300 mil puestos de trabajo y una tasa de crecimiento del 2.5 al 3%, lo que ofrecerá algún alivio ante la enorme presión generada por la pérdida de un millón de empleos y una caída de casi 8% en el producto en este aciago año de 2009.

200 años de Independencia y 100 años de Revolución son fechas míticas cargadas de simbolismo.  Tendremos que recordar, como lo dice Renán, que hemos luchado mucho juntos y habremos de refrendar que estamos dispuestos a seguir haciéndolo, reforzando la identidad y pertenencia a la Nación mexicana.

El desafío mayor será poder constatar si fuimos capaces de resolver los dos temas que cruzan el futuro inmediato, como son la reforma económica y la reforma política, pues de no haberlo hecho, se habrá cerrado la ventana de oportunidad para las reformas relevantes en este sexenio, con lo que, pasadas las fiestas de los centenarios, el país irá entrando a la dinámica inexorable de la sucesión presidencial.

¿Qué celebraremos? ¿Sólo el recuerdo de 200 años construyendo una nación y 100 de búsqueda de la justicia? ¿O el atisbo de un mejor futuro para los próximos 100 años? La mejor noticia sería que el 1º de septiembre de 2010, el presidente de la República estuviese informando de un acuerdo nacional para realizar una reforma fiscal integral, con un mejor balance entre ingresos y egresos, con una burocracia más razonable en sueldos y tamaños, con menores impuestos para la población y para la producción de bienes y servicios y con reglas más simples y eficaces para el cobro y para el pago de impuestos. Que existen acuerdos también en materia energética y que lo acordado se aplique sin trucos burocráticos; que existe disposición a atender una reforma laboral sin Lozano de por medio, y que en materia electoral, habrán de procesarse los ajustes al modelo para dar mayor equidad a los tiempos del Estado y acceso de los partidos y contendientes a ellos, así como para aplicar correctamente las reglas de fiscalización a los partidos políticos, con la consecuente reducción en el costo de las precampañas y campañas políticas.

En el plano político, lo que al país convendría es contar con una presidencia consensual, con capacidad de interlocución y coalición entre los partidos para formar el respaldo político necesario, como sucede en prácticamente todas las democracias del mundo. De esta forma, no sería necesario que un jefe de Estado y de Gobierno se impusiera al resto mediante reglas de mayoría artificiales, ni el electorado estaría esperando que el funcionario elegido saliese “bueno” o “malo”, o que le faltasen todavía “tres largos años”, sino que, institucionalmente, habría mecanismos para asegurar, al frente del gobierno, a los más leales, pero también a los más aptos.

1. El desafuero en Iztapalapa.

De nueva cuenta, el fantasma del desafuero ronda las filas del PRD. Ahora, para aplicarse entre correligionarios, el gobierno del Distrito Federal habrá de requerir a la Asamblea Legislativa, aduciendo condiciones de ingobernabilidad, el desafuero del delegado en Iztapalapa, Rafael Acosta, mejor conocido como “Juanito”.

El proceso es la consecuencia de una decisión irreflexiva de Andrés Manuel López Obrador, quien, iracundo ante el grupo de los “Chuchos”, explotó mandando al diablo a las instituciones electorales y buscando entrar por la puerta de atrás a lo que considera su derecho, que es designar delegados, entre ellos, la delegación Iztapalapa. Con ello, mostraría su fuerza y su capacidad de improvisación para imponer disciplina entre sus seguidores.

Todo hubiera ido bien, si es que “Juanito”, el otrora luchador social y ahora hasta burro le dicen, no hubiera sido tan imprevisible como lo son muchas de las cuestiones sociales. Aprendió rápido que tras una larga carrera de privaciones y columpios entre una fuerza política y otra, al fin podía tener acceso al sistema de botín en que se han convertido las delegaciones políticas del Distrito Federal, beneficios entregados a las “tribus” en pago al respaldo político y electoral que le otorgan al principal bastión del PRD en la República.  Una delegación como Iztapalapa, además de sueldos para los amigos y recursos para contratistas pródigos, significa multiplicidad de permisos para negocios, giros y licencias, para establecer redes de comercio informal, rutas de peseros y de taxis piratas, predios para vivienda popular, mercados, tianguis. Todo lo necesario para mantener una base militante y clientelar como la que se requiere en los movimientos urbano populares.

Por ello, Marcelo Ebrard no tendrá otra que acatar la recomendación de Andrés Manuel  e impulsar en la Asamblea Legislativa el nombramiento de alguien como Clara Brugada –asumiendo que ella estará políticamente imposibilitada de retornar al frente de la delegación—al frente de Iztapalapa.  En el camino del desafuero, inevitablemente vendrá el amparo, que muy probablemente gane Rafael Acosta, con lo que esta reducción de la política al absurdo habrá de seguir acumulando sinrazones en los zapatos de los perredistas.