Pentagrama

1. Tiempos extra.

Como si nada adverso hubiera sucedido el pasado 4 de julio, el titular del Ejecutivo Federal se apresta al segundo tramo de su administración. Como renovado, con nuevos bríos, como si hubiese logrado un triunfo resonante y respaldo claro a las propuestas de campaña, el presidente Calderón considera que, con dos años y cinco meses que le restan al frente del gobierno federal, aún tiene tiempo suficiente para consolidar una nueva estrategia en contra de la delincuencia organizada (ya van 25 mil caídos según la PGR y sólo 10% de las ejecuciones se están investigando con prácticamente ningún consignado) y para realizar las llamadas reformas estructurales que apuntalarían la recuperación económica y reforzarían la confianza internacional en el mercado mexicano.

En esa suerte de optimismo postelectoral, el presidente Calderón parece suponer que todos los demás están dispuestos a seguirlo en las nuevas cruzadas que emprenda. Parece no darse cuenta que, en realidad, el PAN perdió otra vez las elecciones, con dos gubernaturas menos (Aguascalientes y Tlaxcala), además del Congreso y los municipios de Baja California. El júbilo proviene no de los triunfos logrados sino de la percepción de haber golpeado al PRI y hacerlo trastabillar en su camino hacia Los Pinos.

Al abanderar a la delegación mexicana que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la emoción le ganó al jefe del Ejecutivo y exclamó que “la victoria corresponde a aquellos que no tienen miedo de alcanzarla y deciden hacer todo lo posible para lograrla”. El lapsus discursivo ilustra porque revela un modo de ser, en el que todo se vale para alcanzar los fines.
Entrando a la parte final de su administración, con dos largos años y cinco meses que le restan, estará intentando algo que puede ser bueno para él aún cuando el país pagaría otra vez los platos rotos: entregar el poder como lo recibió, en conflicto, polarizado, en riesgo y al borde del precipicio, debido a la ingerencia gubernamental en los procesos electorales, al manejo con dobleces de los nombramientos y las decisiones públicas y al intento de arrinconar y descarrilar a la principal fuerza política del país, que es, los números así lo demuestran, el PRI.

Habría tiempo, dos años y cinco meses, para coronar las reformas actualmente en curso en el Congreso. Pero la alianza perrepán no alcanza para ello, el camino de las reformas requiere de un concurso más amplio y sobre todo, la cooperación del PRI, para lograr lo cual se requiere un oficio político de mayor calado que el que se está mostrando, o de lo contrario se estará alienando al PRI a funcionar como un partido de oposición irreductible, que bloquea las propuestas del Ejecutivo Federal. Hay voces radicales dentro del priísmo que claman por replantear la relación con el gobierno y devolver golpe tras golpe, que hablan de un tiempo de confrontación para no abonar el fortalecimiento de la coalición perrepán, misma que podría trasladarse, como ya lo está haciendo, al ámbito legislativo.

Si esto sucede, pocas cosas podrían caminar en el Congreso y el gobierno y el perrepán estarán a su suerte, apostando a la recuperación económica, a la reactivación del empleo y la contención de la pobreza por lo menos en sus niveles actuales, que alcanzan ya al 60% de la población. El 2012 se estaría librando entonces, entre una decisión presidencial para no entregar el poder al PRI a cualquier costo –¿acaso sería preferible incendiar el país que aceptar el cotejo democrático y sus resultados, aún cuando se pierda?— y un priísmo reactivo, de raigambre autoritaria y soberbio talante, que buscaría ganar también a cualquier costo. Nada podría poner más cerca al país del precipicio que un empecinamiento de esta naturaleza.

2. Ajustes en el equipo.

En este contexto de suficiencia, suponiendo que cuenta ya con el respaldo legislativo necesario y un horizonte de recuperación a la vista, el titular del Ejecutivo Federal, haciendo uso de las facultades absolutamente discrecionales que le reserva la Constitución, reestructuró el gabinete político pasando los costos al segmento que aparentemente funcionaba más cercano al PRI o más lejos del pensamiento real del presidente, que es simplemente antipriísta –en 2001, siendo dirigente nacional del PAN, reclamó al entonces presidente Fox que empleara a priístas en algunos puestos y exigió la azulación integral de la administración pública, cosa en la que en su gestión se ha empeñado haciendo crecer al extremo la alta burocracia, al grado que hay ahora más plazas homólogas y adjuntas que puestos titulares en la alta estructura gubernamental (casi 1400 directores generales adjuntos que ganan lo mismo que los 980 directores generales titulares existentes con funciones establecidas conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública y sus reglamentos).

Envalentonado pues, el presidente Calderón echó del gabinete a quienes no mostraron la suficiente cercanía y lealtad. Aceptó las renuncias –así se les dice en el argot político a los despidos—del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien tras el affaire “coaliciones por impuestos” de octubre del año pasado había renunciado ya al PAN; también la de Patricia Flores, otrora poderosa jefa de la Oficina de la Presidencia y caída en desgracia, según trascendió, por colisionar con las perspectivas y equiperos de César Nava. Le siguió el relevo del vocero, Max Cortázar, en lo que apunta a ser una revisión de la relación con los medios de comunicación.

Para ajustar el equipo, trajo para la Secretaría de Gobernación a un amigo leal y cercano –requisitos que son indispensables para integrar el equipo presidencial, por encima de la capacidad, el mérito y la experiencia que en la odiada época priísta solían contar— José Francisco Blake, hasta el martes aún secretario de Gobierno del estado de Baja California, y sacó de la Secretaría de Economía a quien ya había ocupado el cargo de Jefe de la Oficina de la Presidencia, Gerardo Ruiz Mateos, con una instrucción precisa: reestructurar a fondo el equipo.
En esta secuencia, arriba también a la oficina de Comunicación Social Alejandra Sota Miraflores, anterior responsable de Estrategia y Discurso y coordinadora, por ende, de los equipos de fontaneros empleados en las campañas negras, el doble discurso y los golpes mediáticos que tanto gustan a Los Pinos. Quizá muy pronto veremos, con la ampliación de la cobertura del Canal 11, la versión calderonista del programa “Aló Presidente” además de una mayor tracción sobre los medios de comunicación para manipular los contenidos.

En la Secretaría de Economía, nombró a un especialista en derecho canónico para impulsar la reactivación, Bruno Ferrari, quien a su vez dejó el cargo que ocupaba en ProMéxico, en donde aparentemente había tenido éxito remolcando inversiones a nuestro país.

Estos nombramientos se suman a otros realizados con el mismo mecanismo, que es el de fortalecer el tramo de control del grupo íntimo. En la Cofetel, pasando por encima de las disposiciones de ley, había nombrado hace 15 días al licenciado en relaciones internacionales Mony de Swaan, con una carrera larga en el sector público pero no vinculado preponderantemente al sector telecomunicaciones sino hasta hace apenas un año, cuando su jefe, Juan Molinar Horcasitas, relevó casuísticamente a Luis Téllez en la SCT. La señal fue clara: subordinar a la Cofetel al arbitrio presidencial, que desde allí podrá apretar a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión en los casos que se requiera.

De manera similar, exigió la renuncia de Arely Gómez en la FEPADE y nombró a José Luis Vargas Valdéz, proveniente de CISEN, el órgano de espionaje del gobierno mexicano; sólo por si se quiere pensar para qué servirá ahora la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales, es cosa de recordar la filtración de grabaciones ilegales de los gobernadores Fidel Herrera en Veracruz, Mario Marín en Puebla y Ulises Ruiz en Oaxaca, involucrándolos en excesos o ilícitos electorales como para suponer cuál puede ser la conexión entre ambas dependencias federales.

Si se quería enviar una señal, el mensaje es que la Presidencia se prepara para la misión más difícil de un sexenio desde una óptica autoritaria, que es la transmisión del poder, además de que no desea entregarlo al PRI. Los dos años y cinco meses restantes tiene ante sí la necesidad de poner orden en la casa, retirar paulatinamente al Ejército de las calles y sustituirlo por la nueva Policía Federal que se está reclutando (por lo menos 60 mil elementos), de ahí el énfasis del nuevo Secretario de Gobernación en el fortalecimiento de la “seguridad democrática”, en tanto que el diálogo político, a partir de los nuevos nombramientos, bien podrá quedar para mejor ocasión. Gerardo Ruiz Mateos en la oficina presidencial no es un sinónimo de mano suave, apertura y diálogo. Es una muestra más de lo que es una virtud en el círculo calderonista: hacer exacta y puntualmente lo que el presidente quiere. Así lo han referido en distintas ocasiones los secretarios fajadores del calderonismo, “kid” Molinar Horcasitas (“le ofrezco lealtad y cercanía”) y “manos de piedra” Javier Lozano, “haré lo que el Presidente me pida que haga”.

3. La alegría de los aliancistas.

En las alianzas perrepán se festinan con sonoridad los resultados del 4 de julio. No se cuentan las bajas, en las cuales los partidos coaligados perdieron Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala y Baja California, donde gobernaban, sino que el motivo de la fiesta es que lograron detener la locomotora priísta y propiciar la alternancia y la caída del PRI en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, así sea en manos de ex priístas.

No sin prisa, los aliancistas dieron dos pasos más: primero, intentar ahora pasar a un programa de gobierno y estructura de gabinete a los diferentes fragmentos involucrados, al grado que el dirigente nacional del PANAL, Jorge Kawaghi, sugiere que por fin, este partido va a cogobernar. La segunda, a ratificar el producto antiPRI de la coalición como el mejor recurso para las elecciones venideras en 2011 y la presidencial de 2012.

La gran molestia al interior del PAN es que, salvo frenar un poco la maquinaria priísta, el partido azul no ganó mucho y tendrá que procesar internamente la pretensión de César Nava de seguir al frente del mismo. Si el futuro para el panismo es ceder las candidaturas ante la amalgama perrepán, no es algo que les satisfaga. Sobre todo porque en 2011, habrá elecciones en Guerrero, Baja California y Michoacán, actualmente gobernados por el PRD, además del Estado de México y Coahuila, en donde podría funcionar la coalición antipriísta. Pero, ¿cómo coaligarse en las entidades perredistas? ¿Las cederían anticipadamente al PRD? ¿O el PRD aceptaría ir en coalición únicamente contra Enrique Peña Nieto y el clan Moreira?

Este nivel de preocupación pasa por la necesidad de estabilizar el horizonte de los gobiernos surgidos de las coaliciones perrepán. La dificultad de este punto es perceptible en el tipo de compromisos firmados por los gobernadores perrepanistas, que hablan de instaurar algo que no existe en ninguna parte sin una coalición de gobierno: un pluralismo eficaz, transparente y justo. Convertir, como le dicen, la alternancia política en una alternativa de buen gobierno ha sido precisamente lo que el PAN en dos administraciones presidenciales no ha logrado, enfrentándose a la incapacidad y los pésimos resultados de una década perdida, porque el régimen unipersonal no permite subir a los demás al carro del gobierno. Sin contrapesos, en el mayor autoritarismo, han terminado gobernando los cercanos, íntimos o leales, los amigos o los parientes, confundiendo lealtad con complicidad y subordinación a ciegas.

Dicen los gobernadores perrepanistas que en sus gobiernos no habrá reparto de cuotas entre las burocracias partidistas y que integrarán el gabinete con los mejores profesionales y los ciudadanos más probos; actuarán con estricto apego a la ley; buscarán trasladar la coalición al espacio del Congreso con una agenda legislativa común; reducirán gastos suntuarios, rendirán cuentas, fortalecerán la participación social y ciudadana, democratizarán las instituciones. Todo un catálogo de buenos propósitos que, paradójicamente, no han sido puestos en práctica ni en el gobierno federal ni en los gobiernos estatales y del Distrito Federal actualmente en manos del PRD. Se ve difícil que logren salir del sistema de botín prevaleciente, dado que requieren pagar las facturas generadas por la integración de tantos tan diversos, como son, por ejemplo, la APPO y el PANAL, cuyas huestes suelen cobrar al contado.

4. Diálogo por la seguridad.

El diálogo convocado por el presidente Calderón para transitar de la seguridad militarista a la seguridad democrática –quizá el adjetivo quiera decir “con la participación o anuencia de la sociedad”— apunta a ser sólo una pose más para materializar lo que ya ha decidido. En términos políticos, quiere decir vestir de participación una decisión ya tomada, pues al tiempo que convocó al diálogo, el presidente asentó varias cosas: primero, que la violencia persistiría aún cuando él se haya ido; segundo, que él escucharía las propuestas pero no dará ni un paso atrás y, tercero, que al irse Gómez Mont, quizá se haya llevado con él los últimos contactos útiles con el PRI, pues los nuevos nombramientos en el gabinete no mueven precisamente a la confianza e interlocución, tan necesaria en los procesos de diálogo.

Es en el ámbito del Legislativo en donde el diálogo podría funcionar y materializarse si se lograra romper la desconfianza que hoy impera, pues tras la palabra incumplida y la exhibida que el gobierno y Nava le dieron a Beatriz Paredes y Enrique Peña Nieto con la divulgación del acuerdo firmado para trocar coaliciones por impuestos el año pasado, el diálogo entre los partidos y el gobierno federal sólo podría materializarse en el impulso a las iniciativas en curso de trámite.

Hay iniciativas del Ejecutivo en el proceso legislativo y existen cercanías suficientes entre los partidos, incluido el PRI, en algunas de ellas, en tanto que otras son susceptibles de materializarse si el gobierno federal estuviera dispuesto a ello. En materia de reforma política, es posible convenir y avanzar en la ratificación de algunos integrantes del Gabinete, en la reconducción presupuestal, en las “cartas ciudadanas” para hacer posibles candidaturas independientes, iniciativa popular y referéndum, así como en el esquema, a partir de la ratificación del gabinete, para sustituir al Presidente de la República en caso de ausencia total. Sería posible legislar en materia de competencia y telecomunicaciones, si el gobierno federal aceptara la autonomía técnica y de gestión para los órganos reguladores con ratificación de los integrantes de éstos por el Senado, si, por ejemplo, se dispusiera que las reformas aplicarían con posterioridad a los actuales nombramientos, lo que salvaría el affaire De Swaan.

Y, necesariamente, tendrán que ponerse de acuerdo en lo que pudiera ser la madre de todas las batallas legislativas, que es la aprobación del paquete económico 2011. Con la confianza rota, con el acoso que sienten los legisladores mexiquenses que piensan que las coaliciones perrepán van contra su jefe, es de esperar un proceso de aprobación presupuestal prácticamente a navaja. Con ello, una reforma fiscal estaría en duda, pues el gobierno no quiere bajar los impuestos y entiende que sólo es necesaria una desregulación, en tanto que para el PRI, las alzas del año pasado fueron circunstanciales (dado el acuerdo Nava-Gómez Mont-Beatriz-Enrique) y en última instancia, sólo temporales, asociadas al contexto de crisis global en que se debatió la economía nacional el año pasado.

Será de verse con qué conejo sale de la chistera el presidente Calderón en los próximos días para superar lo que puede ser un bloqueo indefinido en el Legislativo, que si de no entregar el poder al PRI se trata, quizá le convenga.

5. El IV Informe Presidencial.

Formalmente, el presidente de la República sólo debe enviar por escrito al Congreso de la Unión el texto de su IV Informe de Gobierno. No parece que el nuevo formato, aprobado en 2008, vaya a sufrir algún cambio en lo inmediato como para suponer que el titular del Ejecutivo Federal pudiera acudir al Congreso a pronunciar algún mensaje, como se hacía antaño, a menos que hubiera un acuerdo de todas las fuerzas políticas representadas para invitarlo y el presidente de la República aceptara un diálogo parlamentario con mensaje, preguntas y respuestas.

Ello sería posible, pues la alianza perrepán le otorga mejores condiciones que, por ejemplo, en 2006, cuando quienes hoy comparten un proyecto de conveniencia tomaron las calles de la ciudad de México, la tribuna y hasta bombas molotov introdujeron al recinto parlamentario. Hoy, los dirigentes del PRD están empeñados en facilitarle las cosas al gobierno del presidente Calderón, al grado que algunos diputados, como Guadalupe Acosta Naranjo, salen al paso de los priístas en su pretensión de presidir ambas cámaras del Congreso con el coloquial grito de “se van a chingar”.

Esta posibilidad, que el PRI presida ambas Cámaras, deviene del hecho de que a finales de agosto, se eligen las mesas directivas y, conforme a la Ley Orgánica del Congreso y los acuerdos parlamentarios que de ella derivan, pudiera corresponderle al PRI este derecho; en el caso de la Cámara de Diputados, porque preside actualmente la Junta de Coordinación Política y la ley le marca que no podrá repetir en ella, y, siendo la fuerza mayor en la Cámara Baja, estaría optando por asumir la Presidencia de la Mesa, que es el otro órgano de dirección colegiada disponible. En tanto que en el Senado, la Ley Orgánica establece que sólo podrá presidir la Junta de Coordinación Política el grupo parlamentario que disponga de 25% o más de los senadores, cualidad que cumplen únicamente las fracciones del PAN y del PRI. A efecto de que el PRD pudiera presidir el Senado en este año legislativo, el PRI cedió su lugar y le corresponde, en honor al acuerdo empeñado, presidir la Mesa Directiva en el año legislativo que inicia en septiembre próximo.

Coinciden, por tanto, de manera independiente, las posibilidades de que el PRI presida ambas Cámaras del Congreso en 2011, lo que les parece imposible tanto al gobierno federal como a los partidos de la coalición perrepán. Es un temor infundado, pues el hecho de que el PRI presida ambas Cámaras ya sucedió anteriormente en tiempos de la alternancia, cuando el hoy secuestrado Diego Fernández de Ceballos prefirió seguir al frente de la Junta de Coordinación Política y el priísta Enrique Jackson lo hizo al frente de la Mesa Directiva, con lo cual varias veces se dio la presidencia del PRI en las dos Cámaras del Congreso. Así que, a menos que el gobierno federal y los partidos coaligados en el perrepán se empecinen en “chingar” al PRI y torcer acuerdos y voluntades, el PRI habrá de presidir ambas Cámaras y el presidente Calderón enviará por escrito el texto del IV Informe Presidencial en la sesión de apertura del Congreso, como lo marca la Constitución, para quizá después pronunciar un mensaje (por supuesto, antipriísta), como lo ha hecho anteriormente, en la comodidad de la cadena nacional y con un público a modo, obsequioso y aplaudidor.

Finalmente, ¿qué va a informar el Presidente? Tres cosas: uno, que la recuperación económica está en curso, así sea aritmética, y se están generando empleos, aún cuando la mitad son temporales; dos, que la estrategia de minar al PRI y coaligarse con sus enemigos permitió frenar la parálisis del gobierno y aún tiene tiempo, dos años y cachito, para intentar salir del marasmo; y, tres, que Ernesto Cordero, secretario de Hacienda y Crédito Público, es el tapado de la capucha azul, si bien aún deberá librar la madre de las batallas presupuestales.

1. Las cuentas alegres.

Concluidos los procesos electorales del superdomingo 4 de julio, sigue necesariamente la necesidad de hacer balances, analizar la nueva correlación de fuerzas, realizar el control de daños e intentar retomar el camino. Sin duda, la vida política cambiará sensiblemente en las entidades en donde se renueva el gobierno, pero en el plano federal, la sensación es de que las cosas habrán de seguir en un incómodo empantanamiento, si no es que mucho peor.

Sólo al realizar alegres cuentas puede suponerse que el gobierno federal salió fortalecido de la elección. El gobierno federal sólo evitó que su principal adversario, el PRI, lo vapuleara con lo que, puede decirse, compró algo de tiempo, pero ello no necesariamente significa que tiene el respaldo de una fuerza política suficiente para gobernar apaciblemente el tramo que le resta a la administración Calderón, mucho menos para intentar dejar sucesor.

Tienen razón Cuauhtémoc Cárdenas y hasta Vicente Fox, cuando concluyen que ni e l PRD ni el PAN pueden reclamar el haber ganado algo, dado que los candidatos ganadores con el apoyo de coaliciones cachatodo no pertenecen a ninguno de estos partidos ni su lealtad está con las dirigencias respectivas, y, además, son fundamentalmente ex priístas quienes arribaron a las nuevas gubernaturas de Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Puede decirse que ganó la sociedad, con toda la ambigüedad que el término puede ser, al vencer cacicazgos o derrumbar la hipótesis de un camino cierto del PRI hacia Los Pinos, pero de ahí a suponer que hay una nueva gobernabilidad hay mucho trecho. También puede decirse que, en realidad, el PAN y el PRD sí perdieron algo, y es que el PAN perdió dos estados (Aguascalientes y Tlaxcala) en tanto que el PRD perdió uno (Zacatecas), además de que los estados ganados por las coaliciones no pueden en realidad atribuirse ni a uno ni a otro.

Si tan sólo se compró tiempo, ¿para qué se compró este tiempo? Una posibilidad sería que para dialogar la agenda inmediata; otra, para prepararse para la próxima contienda, que pasa por dos estaciones: las elecciones del 2011, sobremanera destacadas en Guerrero, el Estado de México y en Michoacán (también habrá comicios en Nayarit y Baja California Sur), entidades emblemáticas para priístas y perredistas y que pondrán a prueba la eficiencia de las coaliciones perrepán en contra del PRI; y por supuesto, la segunda estación son los procesos internos de cada partido para construir una candidatura presidencial competitiva.

Del análisis de los propios comicios, sobresale la dimensión que los futuros comicios podrían tener de persistir las estrategias tácticas empleadas en el camino al superdomingo del 4 de julio. Campañas de odio, polarización extrema, violencia, enajenación mediática, espionaje e ilegalidad, además de los habituales clientelismo e ingerencia gubernamental que se alejan de la civilidad y pueden poner en riesgo la propia democracia. Si el Estado no puede garantizar la seguridad de los comicios, rebasado como se ve por los grupos delicuenciales de gran poder; si todo se vale, transgredir la ley, violar los topes de gasto de campaña, desacreditar a las autoridades electorales, inhibir a los funcionarios de casilla, recurrir a cualquier artilugio que ensucie a los adversarios; si los dirigentes, candidatos y funcionarios públicos no acatan la ley, dado que ésta no realiza castigos ejemplares que inhiban las conductas ilícitas, ¿cuál puede ser el futuro de nuestra democracia?

Si las cosas siguen así, si todo se vale “para emparejar el terreno” como algún legislador ilustrara, el futuro podría ser tan negro como las campañas de odio, como la simulación de los defensores de la democracia que, en su defensa, atropellan a la propia democracia. Si la certidumbre en el proceso electoral se destruye –esto es, la normalidad y vigencia de la ley, la autonomía de las autoridades y las manos fuera del gobierno en todos sus niveles—entonces la incertidumbre en el resultado, consustancial a la democracia, deviene en anarquía y tierra de nadie, en donde igual funciona el golpe de mano que los retrocesos o conductores iluminados. Todos recordamos como ejercicio didáctico los casos de las fallidas Repúblicas de Kerensky y de Weimar, en donde tras un caótico proceso democrático llegaron al poder precisamente quienes destruirían la democracia e impondrían sórdidas tiranías.

2. Las cuentas claras.

Tras los comicios, hay lecciones evidentes que todos, partidos, candidatos y gobiernos, están intentando comprender. De lo primero que salta a la vista, es el nivel de rechazo de los ciudadanos para con los gobernantes, pues en 6 de los estados en disputa se dio la alternancia, en tres más los datos están muy cerrados y en los otros tres, se registró un bajo nivel de participación electoral.

En los estados en que hubo alternancia, tres y tres pasaron del PAN o el PRD al PRI, y del PRI hacia las coaliciones imposibles. En el primer caso, las que ganó el PRI, son los estados de Aguascalientes, Tlaxcala y Zacatecas. En Aguascalientes, la encuesta de GCE daba una semana antes de los comicios una ventaja de 10 puntos al PRI, en tanto que Mitofsky leía nueve puntos de diferencia en el mismo sentido. El resultado del PREP fue de cuatro puntos de ventaja del PRI sobre el PAN, con un nivel de participación del 54.6% de los electores.

En el caso de Tlaxcala, las encuestas preliminares una semana antes, GCE medía 31% de intenciones para el PRI frente a 23.7% del PAN, y Mitofksy reportaba 38% al PRI y 32% para el PAN. Finalmente, el resultado del PREP apuntó 46.5% al PRI, 38.6% para el PAN, casi siete puntos de ventaja para Mariano González Zarur.

En Zacatecas, la encuesta previa de GCE señalaba 31.3% para el PRI, frente a 16% de PAN y 16% del PRD; finalmente, el PREP apuntó 43% para el PRI, 24% para el PFRD y 17% para el PAN ; si se hubieren coaligado, la diferencia con el PRI habría sido sólo de dos puntos porcentuales, con una participación electoral del 58%.

Con un alto nivel de participación electoral, el PRI arrancó estas tres entidades a los partidos opositores cada uno por su lado, esto es, sin coalición y con alta participación electoral.

3. La danza de las cifras.

Siguiendo con el análisis, en las tres entidades ganadas por las coaliciones perrepán, que fueron Puebla, Oaxaca y Sinaloa, éstas fueron perdidas por el PRI frente a coaliciones entre los extremos ideológicos, el PAN y el PRD pero no podría sostenerse que las haya ganado uno u otro partido, sino la estrategia de pretensión civilista diseñada por Manuel Camacho Solís, el estratega del Diálogo de Izquierda (DIA) para enfrentar y contener al PRI y, en un sentido más concreto, al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, supuestamente empeñado en una carrera imparable hacia Los Pinos.
El argumento, indudablemente vacío, combinado con el desprestigio de los gobernadores y la imposición de favoritos para sucederlos, además de la brutal ingerencia del gobierno federal, incluido el uso de espionaje y grabaciones ilegales así como uso del aparato de difusión en extenso para difundir al infinito los mensajes infamantes (Ulises Ruiz recibiendo peticiones del presidente del instituto electoral local; el recuerdo de los amoríos de hace diez años del gobernador Mario Marín; la replicación de las fotografías y presuntos nexos del candidato Vizcarra con “el Mayo” Zambada, además de dos extras, con “la cúspide del pinche poder” de Fidel Herrera y las declaraciones del senador Labastida con la expresión que le espetara Ernesto Zedillo en un sentido peyorativo para los priístas) socavaron los niveles de votación y movilizaron la voluntad del sector de votantes volátiles muy influenciables a las tácticas de último minuto.

Para no variar los pronósticos previos se distanciaron de la realidad. En Puebla, Grupo de Comunicación Estratégica reportó 39% de preferencias para el PRI y 37.2% para la coalición perrepán; por su parte, Mitofsky indicaba en su último corte publicado, 44% para el PRI frente a 34% de la coalición. Sí era evidente que los resultados se iban cerrando. Sin embargo, el Programa de Resultados Electorales Preliminares dio un giro importante con 52.4% para la coalición perrepán, frente a 42.5% del PRI, con un alto nivel de participación.

Prácticamente diez puntos de diferencia pero para la coalición alternativa.
En el caso de Oaxaca, GCE estaba reportando 42.5% para el PRI, frente a 34.2% de la coalición perrepán, en tanto que Mitofsky daba 44% de las preferencias al PRI, frente a 33% de la coalición; entre ambos, 8 ó 9 puntos de diferencia para el PRI. Lo real, es que el PREP, con una participación electoral del 56%, dio este puntaje pero a la coalición perrepán, con 50.14% de los votos, frente a 41.9% del PRI.

Sinaloa tuvo un comportamiento similar. Las encuestas preliminares no consideraron algún efecto, muy probablemente el de los votantes indecisos, y otorgaban un despegue importante al PRI. GCE medía 46% para el PRI, frente a 36.5% de la coalición Malova, en tanto que Mitofsky leía 47% para Vizcarra, frente a 39% de Malova. El resultado final invirtió las cifras, reportado por el PREP, fue de 52% para Malova, frente a 46% del PRI, con una participación electoral alta, del 57% del listado nominal.

4. Camino a la controversia postelectoral.

Tres entidades más entrarán seguramente al litigio postelectoral, porque lo cerrado de las cifras hacen suponer a los coaligados que son impugnables, dado el cúmulo de irregularidades fácilmente acreditables que en realidad estuvieron presentes en todas las elecciones, pero serán sólo invocados en éstas con menor diferencial entre primero y segundo lugares. Se trata de Durango, Veracruz e Hidalgo.
Con la lógica de los malos perdedores, los coaligados se muestran dispuestos a llevar hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una demanda de nulidad electoral. Con argumentos dignos de Andrés Manuel López Obrador y la elección del 2006 –quizá el “peje” reclame hasta el pago de derechos de autor–, los dirigentes y candidatos cantan el fraude y exigen revisión voto por voto, casilla por casilla.

Lo cierto es que en los comicios las cifras se acercaron a la zona de riesgo menor a tres puntos porcentuales, en casos no previstos por las encuestas previas publicadas una semana antes de los comicios. En Durango, la encuesta del Grupo de Comunicación Estratégica apuntaba un avasallamiento del PRI con 50.2% de las intenciones de voto y 33% para la coalición perrepán; Mitofsky, por su parte, antojaba 50% para el PRI frente a 33% de Rosas Aispuro. El PREP, finalmente, reportó 46.5% para e PRI, frente a 44.5% de la coalición, un escaso 2% de diferencia, considerando una altísima participación del 53.6% del listado nominal.

En Veracruz, GCE reportó la última vez que lo hizo (finales de mayo) 40% para el candidato del PRI, Javier Duarte, y 22% de las preferencias para Miguel Angel Yunes, candidato del PANAL-PAN (en ese orden) y 8% para Dante Delgado. Por su parte, Mitofsky, una semana antes de los comicios, reportaba 45% para el PRI, frente a 26% del PANAL-PAN y 9% del PRD. El día de los comicios, el PREP reportó, con una altísima participación electoral del 58%, 44% de los votos para el PRI, frente a 41.2% del PANAL-PAN y 8% para Dante Delgado –otra vez, si se hubieran coaligado, ganan pues la diferencia es menor a 3 puntos porcentuales.

En Hidalgo, entretanto, GCE registraba una semana antes de los comicios, 50.5% para el candidato del PRI, frente a 30.2% de la coalición perrepán encabezada por Xóchitl Gálvez; al respecto, Mitofksy leía 49% para el PRI, y 33% para la coalición, cifras más o menos equivalentes con casi 20 puntos de diferencia entre sí. Sin embargo, el PREP, con e. 47.7% de participación electoral, mostró un súbito acercamiento entre las cifras al crecer los votos por la coalición, estableciendo 50.2% para el PRI, frente a 45.1% de votos para el perrepán.

El sustento de la pretensión de impugnación sería que los gobernadores del PRI realizaron actividades ingerencistas en los procesos electorales para favorecer a los candidatos de su partido, bajo la presunción de que los candidatos perrepán fueron blancas palomas que no acudieron a artilugios oscuros o ingerencistas de parte de dependencias federales ni contaron con la connivencia de los medios de comunicación o los órganos de inteligencia del Estado para espiar a sus adversarios.

5. Las entidades no impugnadas.

Por último, en las entidades incontrovertidas, el PRI ganó por un mayor margen y en circunstancias hasta cierto punto excepcionales: una oposición perrepán dividida, casos de violencia como el asesinato del candidato Roberto Torre en Tamaulipas, el arresto de Gregorio “Greg” Sánchez en Quintana Roo y la violencia extrema que de vive en Chihuahua, que se reflejan en cifras bajas de participación electoral.

En Tamaulipas, las encuestas previas del Grupo de Comunicación Estratégica otorgaba 49% de las preferencias electorales al candidato del PRI y 14% al del PAN; Mitofksy, por su parte, Mitofksy elevaba la cifra al 61%, frente a un 30% del PAN. Finalmente, con un 39% de participación electoral, el PREP reportó 63.1% para el nuevo candidato del PRI, Egidio Torre, hermano del asesinado anterior candidato, y 32% para el candidato del PAN, cifras más o menos en línea con las previsiones de Mitofsky.

Quintana Roo no fue mayor problema para el candidato del PRI, Roberto Borge, que ratificó la tendencia de las encuestas previas. Grupo de Comunicación Estratégica leía 48.5% de las preferencias electorales para el candidato del PRI, frente a un 17.7% del PRD y 18.1% del PAN; por su parte, Consulta Mitofksy estimaba 43% para el candidato del PRI, frente a 12% del PRD y 14% del PAN. Al concluir el PREP, con 41.5% de participación electoral, los números quedaron en 52.4% para el candidato del PRI, 26% para el PRD y 15% para el PAN. Ni uniendo las cifras se hubieran acercado al porcentaje obtenido por Roberto Borge.

Finalmente, en Chihuahua, con sólo 36% de participación electoral, la cifra de menor participación del total de entidades en juego (en ello se nota de inmediato el impacto del miedo y la violencia, pues en Tamaulipas la participación electoral fue del 38%), las encuestas previas mostraban, en el caso de Grupo de Comunicación Estratégica, 42% para el PRI, frente a 31% del PAN, sin cifras publicadas de Mitofksky. Al cerrar el Programa de Resultados Electorales Preliminares, los números quedaron en 54.6% de votos para el PRI, frente a 40% de votos para el PAN.

En situaciones de tensión y presión extrema, pocas cosas son creíbles, pero las encuestas debieran ser absolutamente increíbles. Los datos de las casas encuestadoras y aún de los conteos rápidos dejaron bastante que desear para agregar credibilidad a los procesos electorales. Algunas, como el Grupo de Comunicación Estratégica, fueron realmente lamentables, al fallar por amplio margen y no prever la competitividad de las elecciones; en otros casos, como Consulta Mitofsky, se mostró indecisa

Poco percibido por la opinión pública ha sido el triunfo del PRI en Baja California, en donde arrasó en prácticamente todas las posiciones electorales en juego: ganó los 5 municipios de la entidad y 13 de 16 diputaciones de mayoría, con lo que obtuvo el dominio del Congreso.

Es obvio que las encuestas, sobre todo las del Gabinete de Comunicación Estratégica, no son instrumentos de predicción pero sí de manipulación electoral. Las encuestas fallaron en sus aproximaciones, sólo estuvieron certeras en los casos de mayor brecha entre los partidos y de menor competitividad y participación electoral. No funcionan bien con mayor participación ciudadana y un alto nivel de votantes indecisos expuestos a la manipulación mediática y al último esfuerzo electoral. Es obvio, las encuestas miden preferencias electorales, esto es, intenciones que pueden cambiar. Los PREP reportan votos, que es como se definió una situación. Pero las encuestas, de popularidad, de preferencias o de intenciones, no son certeras y no pueden ser el único referente para una elección, salvo para tomarlas como indicadores de paradigma de la profecía autocumplida: qué hacer para que una proyección determinada se cumpla o no.

Así las cosas, no es aventurado afirmar que el alborozo discursivo sobre el éxito de las coaliciones perrepán sólo le acomoda a Manuel Camacho, pero con la algarabía se ha perdido el fondo de la cuestión, que es, ¿a quién le sirven los resultados? El PRI retuvo sus números, nueve gobernadores en juego, si bien trocó tres pequeños por tres grandes pero a cambio redujo sus incentivos ahora para cooperar y dialogar con el gobierno. El PAN no ganó nada, más bien perdió dos estados en los que gobernaba (Aguascalientes y Tlaxcala). El PRD tampoco ganó en lo particular, y perdió una entidad, Zacatecas. Con los resultados, el gobierno federal no obtiene el respaldo necesario aún cuando, aparentemente, obtuvo tiempo para plantear alguna cosa diferente hacia delante, a riesgo de lastimar lo que sí necesitaba, que es el respaldo legislativo a su programa de reformas. Con el PRD y los demás coaligantes del DIA al gobierno no le alcanza para hacer mayoría legislativa; por ejemplo, para aprobar el presupuesto del 2011, requiere, necesariamente, del voto de los priístas que, entre los más vociferantes, están pidiendo, sobre todo, el replanteamiento de la relación con un gobierno y un partido que no cumplen su palabra, que dialogan con doble filo, juegan fuera de la pista y golpean a mansalva lo mismo a aliados que a adversarios. Por lo pronto, todos son espiados y grabados.
La prueba de fuego para las coaliciones perrepán vendrá muy pronto, en la estación del 2011, cuando intenten coaligarse contra el PRI en el Estado de México y se vea si pueden coaligarse contra…¿quién? en Guerrero, Michoacán y Baja California Sur, entidades en las que gobierna el PRD.
Con la simple fórmula de repetir la ficha y continuar con las coaliciones perrepán para seguir golpeando al PRI, en realidad se están postergando decisiones que el presidente Calderón debería haber tomado ya, como la de reestructurar al PAN y cambiar la lógica guerrera del diputado César Nava, por una lógica de gobernabilidad democrática y competitividad partidista, que también requeriría designar a un nuevo interlocutor en la Secretaría de Gobernación. Si el presidente no quiere recurrir a la política y persiste con la lógica burocrática de seguir gobernando dentro del cerco de burócratas ¨cercanos y leales” que le rodea, difícilmente habrá condiciones para hacer prosperar el diálogo que el país requiere conforme a las reformas estructurales necesarias: la política, el fisco, laboral, energía y telecomunicaciones, que son los temas que integran una agenda legislativa compleja y muy complicada para el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso.

1. La postelección

Las elecciones del superdomingo llegaron cargadas de adversidad. Lejos de ser la fiesta cívica o el día del juicio de los ciudadanos, se convirtieron en un duelo de maquinarias electorales y políticas entre las dos fuerzas fundamentales del país.

De manera insólita, por un lado, el gobierno federal y el PAN, atizando la polarización y el juego sucio con un enfoque, paradójicamente, muy similar al que emplea en la lucha contra el narcotráfico: la guerra frontal, total, irreductible, de manera tal que, utilizando todos los recursos a la mano y aún los que no tiene, como son las vías ilegales y extrajudiciales, para denostar a los adversarios, enturbiar la política y emponzoñar a los ciudadanos. En tal sentido, se compite no en base a las virtudes propias, los logros alcanzados o el balance de resultados puesto ante la valoración de la ciudadanía, sino se trabaja para desbarrancar a los contrarios, cuestionar a las autoridades-árbitro que son los órganos electorales y en el extremo, preparar una postelección conflictiva, buscando anular los comicios.

Ahí se acumularon para quien quiera contarlos, los mensajes desinteresados del titular del Ejecutivo Federal a escasos días de las elecciones, con cualquier pretexto, para anunciar un cambio en el enfoque contra el narco, pretendiendo pasar del concepto de guerra impuesto a la sociedad, al de recuperación de la seguridad pública, que necesariamente requiere el concurso de la sociedad; siguió el anuncio de la supuesta desaparición de la tenencia, un impuesto impopular que ya había sido derogado hace dos años por el Congreso, con un plan gradual que llevaría a su cancelación en 2012 y que en algunas entidades federativas, como Querétaro y Puebla, ya no se cobraría este año; siguió la mata dando con la desregulación de algunos trámites en las declaraciones de impuestos y contribuciones al IMSS que, supuestamente ahorrarán 15 mil millones de pesos a los contribuyentes.

Tras el brutal asesinato del candidato del PRI en Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, emboscado con camuflaje de identidad de la Marina por una célula del crimen organizado, la Presidencia de la República no fue a presentar condolencias pero sí aprovechó para lanar dos mensajes más en cadena nacional, convocando a un diálogo a todos los partidos para diseñar una nueva estrategia contra el crimen organizado, advirtiendo por si acaso que se escucharía pero no daría marcha atrás y que de cualquier forma, cuando el titular se vaya, ahí quedarán los criminales y la violencia engendradas tras varios años de cruenta lucha, que en lo que va del año han cobrado ya la vida de casi 6 mil mexicanos (desde el 1º de diciembre de 2006, sumarán unos 26 mil, 10% de los cuales fueron policías o militares y con tan sólo 1,200 averiguaciones previas iniciadas por las autoridades ministeriales, lo que quiere decir que estos crímenes no se están investigando).

Siguiendo con las travesuras en el lindero de la legalidad, el presidente de la República no resistió la tentación de compartir, dijo, una buena noticia, que es el reporte estadístico de 513 mil registros en el IMSS, lo que no necesariamente implica que sean nuevos empleos creados con nuevas inversiones y más capacidad de planta instalada; en realidad, mirando el registro del IMSS, 200 mil de éstos se refieren a trabajadores eventuales y los otros 313 mil corresponden a registros reactivados de trabajadores permanentes, que no necesariamente implican creación de nuevos empleos. Si se recordará, tras el balance de la crisis del 2009, el sector privado y el IMSS informaron de la contracción de 600 mil plazas, con lo que la actual cifra anunciada con bombo y platillo escasamente corresponde a la reactivación o reposición de las plazas en el sector productivo, no a nuevas plazas provenientes de nuevas inversiones o creación de nuevas fuentes de empleo.

Para no dejar pasar la ocasión, tras el embate del huracán Alex en Tamaulipas y Nuevo León, el presidente de la República se fue a Monterrey a llevar la ayuda solidaria de la Federación contemplada en los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), a efecto de llenar los noticiarios y las planas de los rotativos con gráficas elocuentes del presidente en campaña prácticamente en los momentos mismos de las elecciones.

En el ámbito de otras decisiones controvertidas al amparo del ruido mediático por los comicios, el Ejecutivo Federal impuso la renuncia del comisionado presidente de Cofetel, Héctor Osuna, para reemplazarlo con un lacayo del secretario de Comunicaciones, Juan Molinar, ambos cómplices del desorden administrativo en el IMSS que llevara entre otras cosas a la tragedia de la guardería ABC en Hermosillo y, sin experiencia suficiente en el delicado sector de las telecomunicaciones, ahora buscarán imponer a Mony de Swaan como presidente del órgano regulador, asegurando con ello la total subordinación del mismo a los designios del gobierno federal y el mecanismo de presión apropiado para los dueños de televisoras, radiodifusoras y telefónicas si es que se salieran del huacal. Siguiendo con esta tendencia, en la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR se le exigió la renuncia a la fiscal, Arely Gómez, previa presión moral al registrarse una incursión nocturna en el domicilio de sus padres venciendo sofisticados sistemas de seguridad, misma que surtió efectos a tres días del superdomingo electoral.

2. Las campañas desde el PRI.

En lo que al PRI se refiere, siendo la primera fuerza política nacional, con 20 entidades en su haber de las cuales se renovarán 9 en estos comicios, la maquinaria política corrió aparejada a la gestión del gobierno estatal. Para la propaganda negra del régimen, el vínculo entre el gobernante y el aparato político es lo que le hace aparecer en punta en los procesos electorales, dejando de ver lo que sólo un ciego no podría ver, que es el desencanto y cansancio de la población con un gobierno federal trastabillante, hundido en sus elucubraciones y plagado de incompetencia. Un análisis preparado para Banamex el 2 de julio, señalaría que al PAN lo mermó una mala estrategia de campaña, la constante confrontación interna y los problemas económicos que aquejan a México, todo lo que se quiso ocultar con una apabullante propaganda negra.

¿Está el PRI gobernando con el apoyo de los ciudadanos o lo hace apoyado en la represión y la fuerza? Los resultados electorales muestran que el PRI tiene el respaldo electoral, pues le ha repetido la dosis de 2009 al eje PAN-gobierno federal no obstante el despliegue de recursos federales, de las delegaciones y de la filtración de grabaciones y diatribas para desacreditar y ensuciar las elecciones. Seguramente a los tribunales irá buena parte de las acciones electorales desplegadas por los contendientes, no está lejana la posibilidad de que la apuesta del régimen vaya por la nulidad de algunos comicios en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Pero lo que habrá quedado claro para los ciudadanos, es que desde las altas esferas gubernamentales se desandó buena parte del camino andado por la democracia tras la alternancia. Desde la instantaneidad mediática, todos fuimos testigos de la fácil recurrencia a tácticas ilegales, como la escucha telefónica, la filtración y la difamación que sólo desde los pasillos del poder es posible realizar, así como de la ingerencia gubernamental en los procesos electorales, en los planos federal y estatal, ya fuera deteniendo las participaciones federales a los estados y municipios, empleando la política social o manipulando los padrones de beneficiarios con medidas clientelares de coacción y movilización a cambio de despensas, láminas o políticas públicas (Oportunidades, Seguro Popular, becas, etc.)

Sin duda, el PRI acarrea una mala fama pública asociada a su longevidad en el poder, pero tras las derrotas de 2000 y 2006, algo en el plano regional revierte esta tendencia y parece ser el oficio político de los gobernantes, que han recuperado la cercanía con la gente y sus aspiraciones, pues de otra forma no se explica la consistencia observada en la recuperación electoral. En buena medida, la gobernabilidad del país en los últimos años ha descansado en los gobiernos locales, no obstante los embates en la seguridad pública, los estragos de la crisis económica y la debilidad persistente del empleo. Ello hace pensar que los Estados hoy ya no son provincias ni la sociedad es una, sino que hay entidades interactuantes en un marco federal y varias sociedades locales que en el gobierno federal insisten en ver con la óptica del antiguo centralismo, suponiendo a los gobernadores como señores feudales y a los ciudadanos, simples vasallos.

3. Los dos años más largos.

Más allá del desenlace final de los procesos electorales, que aún podría tomar varios meses de litigio en los tribunales locales y el federal hasta su total desahogo, lo cierto es que el gobierno federal y el presidente Felipe Calderón sufrieron un revés significativo por segunda ocasión en este sexenio.

Sin la grandeza que caracterizara a Francois Miterrand para gestar una cohabitación en el gobierno tras una derrota electoral importante ni la suerte de Bill Clinton para caer parado en toda adversidad, el jefe del Ejecutivo Federal deberá pensar ahora cómo recogerá el tiradero dejado tras los comicios, pues todos los puentes fueron destruidos o severamente dañados como para esperar el espontáneo respaldo a una gestión a la que todavía le restan dos largos años y medio, que de seguir como van las cosas, serán los dos años y medio más largos en la vida de los mexicanos.

El presidente y su partido no le han dado a los contendientes electorales un trato de adversarios políticos, calculando que pasados los comicios debieran seguir gobernando y construyendo soluciones políticas a los diversos problemas del país. A sus aliados, el sistema PAN-gobierno los ha tratado realmente mal. Al PRD institucional, que entregó todo lo que tenía en las coaliciones imposibles y prácticamente lo ha perdido todo, no sólo le encarceló a Gregorio “Greg” Sánchez, sino que está investigando las actividades y los vínculos del presidente del partido, Jesús Ortega, quizá para tener un expediente que le impida salirse de los pactos.

A la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, invitada constante a los periplos presidenciales y supuesta amiga del Presidente, el affaire “votos por impuestos” aún le sigue costando, vulnerada como fue por el dirigente del PAN, César Nava, y la exhibida que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, le diera a ella y al gobernador del Estado de México, al filtrar el convenio firmado con él como testigo de honor con la promesa de no hacer coaliciones electorales en el Estado de México a cambio de que la bancada del PRI aprobara incrementos a impuestos en octubre de 2009.

Y lo que viene en la agenda nacional, con un gobierno federal debilitado y un partido en el gobierno que no sabe si es oposición o es gobierno, el simple control de daños podría no alcanzar para resolver lo necesario. En la agenda gubernamental, viene, como lo señalan las principales corredurías internacionales, el tema de las reformas estructurales, sobresaliendo la necesidad de una reforma fiscal que despetrolice las finanzas públicas y le dé estabilidad de largo plazo a los ingresos nacionales. ¿Cómo la va a construir si ha agraviado a la principal fuerza política y a los gobernadores?
Viene la rendición de cuentas en el IV Informe Presidencial. El Presidente Calderón ha hecho un llamado al diálogo por la seguridad pública, pero no hay agenda ni un método para dialogar y llegar a acuerdos. No bastará un discurso-convocatoria para sentar a las partes, ni habría el tiempo suficiente como para que los acuerdos surtieran efectos, pues no debe olvidarse que en el horizonte aparece ya el relevo presidencial.

Vienen los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, en donde no podían estar ausentes ni la polarización ni la confrontación. Paradójicamente, el gobierno de la ciudad de México decidió irse por la libre y, fustigando a “los federales”, como le llama a los responsables de los festejos en el gobierno federal, tendrá su propio programa de actividades. Muchas de las acciones que debieron ser realizadas por consenso o por lo menos coordinadamente, se harán sin ton ni son. La exhibición fúnebre de los restos mortales de los héroes patrios en Palacio Nacional, la noche del “Grito” en el Zócalo y en Dolores Hidalgo, Guanajuato (habrá dos gritos presidenciales), el desfile pro las calles de la ciudad y la repentina separación en el diseño de los ceremoniales, de los que corresponden a la Independencia y los de la Revolución, en este sentido de reinterpretación de la historia de la gestión panista. Sin ponerse de acuerdo en lo central, en vía de mientras, a los domicilios de los ciudadanos mexicanos ha sido enviado, con carta presidencial de por medio, un ejemplar del libro “Viaje por la historia de México” de Luis González y González como un preámbulo para las conmemoraciones de las gestas patrias.
Viene también la negociación del paquete presupuestal del 2011, que se antoja complicado pues debiera incluir los principios de una reforma fiscal que recuerde, entre otras cosas, que los incrementos de impuestos, así hayan sido firmados en la secrecía del acuerdo de octubre, fueron sólo coyunturales, por un año, el supuesto año del boquete fiscal que nunca existió, por lo que ahora, por lo menos, los impuestos excepcionales debieran retornar al nivel que tenían antes de la crisis, esto es, 15% de IVA y 28% del ISR (actualmente es 16% de IVA y 30% de ISR). Ello, sin considerar el derroche en el gasto corriente, el desmedido crecimiento en la alta burocracia, que tiene más plazas adjuntas de nivel homólogo que titulares en las dependencias públicas, las consecuencias de subejercicios prolongados en el presupuesto, unos inducidos por no querer ejercer el gasto como mecanismo de presión a los gobiernos estatales, y otros, simplemente, porque deliberadamente se retienen las participaciones a estados y municipios. Y todo, medido con el rasero de la sucesión presidencial, donde el movimiento de cualquier hoja será visto y analizado a la luz de los puntos presidenciables.

4. La agenda legislativa.

Por otra parte, la agenda legislativa tiene en ciernes temas de la mayor importancia. En el tránsito legislativo del Senado a la Cámara de Diputados quedaron en calidad de minutas las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que buscaría regularizar la presencia de fuerzas del Ejército y la Marina en tareas diferentes a la seguridad nacional; la Ley Antisecuestro, a cuyo influjo seguramente las actuales autoridades de la PGR y la SSP federales y sus correlatos estatales estarían a disposición de los jueces por la inacción mostrada en el caso Diego Fernández de Ceballos; la iniciativa de reforma constitucional para trasladar la facultad de investigación actualmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ámbito de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; y la regulación constitucional de la declaración de Estado de excepción, que por ningún motivo podrá suspender un piso básico de derechos humanos como lo son el derecho a la vida, a la identidad, los derechos de los niños y los derechos políticos.

En el camino de la Cámara de Diputados a la de Senadores, están las minutas de nueva Ley Federal de Competencia, la devolución de las reformas a la Ley General de Desarrollo Social para dotar de autonomía al CONEVAL y sujetar a requisitos las designaciones de delegados federales. Está pendiente la iniciativa, presentada simultáneamente en ambas Cámaras por el Ejecutivo Federal, para una nueva Ley de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, que pretende fusionar, en la lógica Molinar, las Leyes Federales de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones, creando una nueva Cofetel totalmente al arbitrio y designio del Ejecutivo Federal.

Asimismo, en el Senado se siguen procesando los acuerdos necesarios para una reforma política que modernice el presidencialismo mexicano, actualizando los instrumentos disponibles para su relación con el Congreso y el nuevo esquema de responsabilidades políticas y rendición de cuentas, acorde a la pluralidad de la sociedad mexicana. La propuesta para ello es que el Congreso determine las reformas acordes a la modernidad, y en diálogo con los partidos y el Ejecutivo Federal, se convengan las nuevas reglas de convivencia correspondientes a una ley de Partidos Políticos Nacionales.

En lo referente a la modernización del régimen presidencial mexicano, sobresale la ratificación de los integrantes del gabinete presidencial; la reelección legislativa inmediata acotada a dos periodos; las “cartas ciudadanas” mediante candidatura independiente, referéndum en caso de reformas constitucionales e iniciativa popular; el mecanismo de sustitución por prelación del Presidente de la República en caso de ausencia o incapacidad total en tanto el Congreso designa al sucesor; la naturaleza del informe presidencial así como la reconducción presupuestal.

En el ámbito de un diálogo con los partidos políticos nacionales, quedarían los temas del tamaño más adecuado de las Cámaras del Congreso (si se reduce su número o se acotan o amplían las listas de representación proporcional); el umbral del ingreso al sistema de partidos (actualmente, 2%, se propone fuera del 4%); la regla de mayoría (si fuera segunda vuelta, cláusula de gobernabilidad o eliminación del tope de sobrerrepresentación) y el financiamiento a los partidos políticos (si se reduce éste o si se permite el uso de recursos privados).

A esta agenda inminente, se sumarían otros temas de fondo presentados por el Ejecutivo Federal a consideración del Congreso, como son la reforma laboral, prácticamente desechada por todas las fuerzas políticas como inviable; la mencionada reforma fiscal; la presentación comprometida por el titular de Gobernación de una iniciativa para regular el fuero militar en los primeros días de septiembre, así como algunos planteamientos adicionales de apertura en el sector energético o bien, de evaluación de la aplicación de la reforma de PEMEX por parte del gobierno federal.

5. ¿Qué sigue?

Como se ve, los temas del “día después” son más que relevantes, impactan de lleno las perspectivas de la vida nacional. De la actitud que el gobierno federal asuma depende en mucho la viabilidad del cierre del sexenio. No bastará despedir a César Nava o a Fernando Gómez Mont. Tendrá que percibirse un cambio de terreno si se quiere abonar a la gobernabilidad. Si el gobierno del Presidente Calderón se obstina en ganar a toda costa la elección del Estado de México, profundizando la guerra contra el PRI y el gobernador de esta entidad, el ambiente envenenado que genera la polarización extrema habrá de seguir prohijando confrontaciones, violencias y tragedias; lo mismo, si con la ingerencia gubernamental rayana en el cinismo y la delincuencia electoral, se obstina en imponer sucesor o ganar a toda costa las elecciones presidenciales, como hiciera en su momento el ex presidente Vicente Fox.

Lo conveniente sería realmente abrir las puertas al diálogo, pero establecer una agenda y un mecanismo para llegar a acuerdos, uno de cuyos puntos debe ser el cómo transitar la agenda inmediata para estar en condiciones de asumir la agenda de cambios estructurales. El segundo aspecto de esta estrategia de negociación, debiera ser el diferenciar, verdaderamente, los asuntos de Estado de los asuntos electorales. Ahí no caben los Martínez, ni los Nava ni mucho menos los Solá, los Gortázar o los Flores. Ciertamente, como diría el senador Carlos Navarrete, si el país se derrumba, se derrumbará para todos. De la perspectiva que asuma el Presidente Calderón, si quiere ser un Jefe de Estado o seguir siendo el jefe del PAN, dependerá en mucho el tono de los próximos dos años y medio, que serán, con mucho, los más largos de este sexenio.

1. Algidas elecciones.

A una semana del superdomingo electoral del 4 de julio, los ánimos están más que caldeados. Ante un inminente triunfo electoral del PRI en prácticamente todas las entidades (son 14, 12 con renovación de gobernador), las coaliciones Perrepán y el gobierno federal acudieron a una medida desesperada, consistente en el empleo de los estrategas negros del panismo para ensuciar y enturbiar los comicios, enfocando el esfuerzo hacia la postelección.

El vaticinio electoral es compartido por propios y extraños. Tanto Andrés Manuel López Obrador como el ex presidente Vicente Fox llegaron a la misma conclusión, ante la falta de entusiasmo que despertaron las coaliciones insólitas entre enconados adversarios hace apenas algunos meses; ante ello es que el PRI arrasará en los comicios, llevando al PAN y al PRD al extremo del absurdo, en un piso electoral mínimo para ambos. Si acaso, el PAN estaría aspirando, tras una enconada operación electoral, a conservar Tlaxcala, en tanto que la coalición Perrepán sólo compite en serio en Oaxaca y Puebla.

En varias entidades más las encuestas, quizá las últimas que se publiquen conforme a la legislación vigente, revelan un amplio dominio priísta. Aún en Sinaloa, donde se esperaba competitividad, el candidato del PRI se ha despegado casi 10 puntos de un contrario entrañable, como ha sido el senador con licencia Mario López Valdéz. En Quintana Roo, el PRD podría quedar sin registro tras el descontón interno que le diera su aliado, el gobierno federal, al arrestar al candidato Gregorio “Greg” Sánchez y contribuir a desfondar con ello, la viabilidad futura de las coaliciones Perrepán.

El encontronazo en las denuncias de guerra sucia han encontrado un clímax en la Comisión Permanente, al grado que el PAN intentó subir a la tribuna una denuncia para entablar juicio político al gobernador Fidel Herrera, con base en la difusión de grabaciones presuntamente realizadas por el CISEN como han documentado prestigiados columnistas, y que serían por ende, ilegales al carecer de la orden de un juez para realizarlas, insistiendo en que no importa la ilegalidad del espionaje político, sino lo relevante sería el contenido de las mismas, en donde el gobernador de Veracruz estaría dando instrucciones a subordinados para realizar actividades de apoyo a los candidatos del PRI–también aparecerían casi al unísono grabaciones del gobernador Ulises Ruiz en Oaxaca y Mario Marín de Puebla como presunciones de conductas fuera de la ley–.

Si ese fuera el caso, la alianza Perrepán se estaría reservando la patente del corso para realizar actividades filibusteras a conveniencia, unas veces dirigidas contra quienes se asumen aliados y otras en contra de los de enfrente. No son aceptables como pruebas, como tantas veces ha establecido la jurisprudencia, todos aquellos elementos obtenidos de manera ilegal, los cuales son simplemente desechados en cualquier juicio. La pretensión de entablar juicio político a un gobernador con base en pruebas tan endebles, no obstante el escándalo que se genera al imputar responsabilidades que después no podrán sostenerse ante un juez, resulta a todas luces notoriamente improcedente. Por ello, el PAN retiró la postura de la orden del día en la Comisión Permanente. No obstante, buscando el swing mediático, el senador Gustavo Madero decidió presentarla en la oficialía de partes de la Cámara de Diputados, en donde evidentemente no tendrá trámite por estar en receso y cuando algún día proceda a comisiones, será desechada por notoriamente improcedente al estar fundamentada en pruebas ilegalmente obtenidas, así sean del dominio público.

Para el dirigente del PAN, César Nava, las cosas no podrían ser tan sencillas. Sólo que tontos no son, el diputado Nava tiene fuero, no podrá ser reconvenido por sus opiniones ni molestado por autoridad judicial, por lo que la denuncia en su contra del gobierno de Veracruz por difamación y daño moral podría no tener el efecto buscado. En el fondo, lo que sería deseable es que la práctica de las campañas negativas dejara de ser el recurso más próximo al sistema PAN-Gobierno Federal, buscando competir en los procesos electorales con base en buenos candidatos, propuestas y argumentos, más que en descalificar y denigrar a los adversarios.

Por si esto no bastara, el presidente Calderón firma un decreto diez días antes de las elecciones para desaparecer la tenencia, que fue una de sus principales promesas de campaña, golpeando de paso las finanzas de los Estados. Al desaparecer la tenencia federal, con el tono utilizado, imposibilita su uso en las entidades como impuesto local, y de paso, vulnera a las entidades que tienen una buena parte de sus ingresos en la tenencia estatal, como son el Distrito Federal, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, entre otros. La tenencia significa 26 mil millones de pesos en todo el país, si estos recursos se participaban al 100% a las entidades, ¿cómo habrá de compensarse? ¿Cambiarán también las reglas de coordinación fiscal para que la Federación, o sea, el Gobierno Federal, no se agandalle la totalidad de los ingresos nacionales? El corolario sería que, con la esta medida, los gobiernos estatales tendrán menos recursos, que es lo que ha estado en el fondo de la dinámica del nuevo centralismo federalista del gobierno de Calderón.

La pregunta que todos se hacen es que, tras la lluvia de lodo y diatribas, ¿con quién pensará gobernar el presidente Calderón tras el 4 de julio? ¿Qué tendrá que hacer para convocar otra vez a los adversarios tan duramente calumniados y golpeados? ¿Cómo podrá convenir la gobernabilidad y, más aún, la agenda de reformas aún pendiente? ¿Devolverá también los incrementos al IVA y al ISR que fueron aprobados tras un trueque inmoral de votos por impuestos?

2. ¿Con quien gobernará después?

Esquizofrénico, el gobierno federal y su partido solo perciben la coyuntura inmediata, ignorando el resto del sexenio. Como si golpear a sus aliados del PRD, Convergencia y aun el PANAL no contara para el futuro inmediato. Como si confrontar al PRI le fuera a redituar respaldos sea ciudadanos o legislativos para seguir impulsando las reformas que hace casi un año dijo que impulsaría.

¿Cómo se puede pensar eso? Tras el 4 de julio, el PRI emergerá con más fuerza, apoyado en sus elementos más radicales, que ya se ven de vuelta en Los Pinos y de lo que se trata es de gobernar vertical y autoritariamente, para lo cual no requieren sino esperar a que el gobierno caiga en la mediocridad y la incapacidad.

Del 4 de julio emergerá la dirigencia nacional, encabezada por Beatriz Paredes Rangel, con un palmares electoral que en cualquier otro país le significaría de inmediato el cogobierno. No habrá perdido prácticamente ninguna elección en su periodo al frente del PRI, llevándolo del 28% en 2006, a una expectativa de 52% en las preferencias electorales en 2010, de manera tal que el PRI le ganaría a cualquiera otro independientemente del candidato que presentara.

Pero Beatriz Paredes distará de ser la “amiga” del presidente Calderón, pues no le sería fácil olvidar la traición del convenio firmado con el gobierno, el PAN y el Edomex para trocar votos por impuestos. Todos los mexicanos pagamos hoy más impuestos que hace un año y el gobierno se coaligó con sus otrora enemigos irreconciliables, para desconocer el acuerdo firmado y dejar a la dirigente priísta en precaria situación interna.
Por otro lado, emergerá también de las elecciones la pretensión hegemónica de los mexiquenses, quienes disputarán la dominancia y reclamarán el engrose del grupo de gobernadores subordinados al de Toluca.

Esta cuestión proyecta dos movimientos importantes en el futuro inmediato, además de la cuestión de la gobernabilidad: el IV informe de gobierno, réquiem para un gobierno y previsiblemente también para la época azul; y la renovación de la dirigencia nacional del PRI, dado que el periodo de cuato años de doña Beatriz Paredes concluye en abril del 2011, mismas fechas en que, conforme al calendario electoral, el candidato a suceder a Enrique Peña Nieto estará iniciando su campaña en pos de la gubernatura mexiquense.

3. El IV Informe presidencial.

Conforme a las nuevas disposiciones constitucionales, Felipe Calderón deberá entregar por escrito su IV Informe de Gobierno el 1o de septiembre próximo, mismo día en que inicia el periodo ordinario de la legislatura federal y los festejos de fondo del Bicentenario de la Independencia Nacional.

Vendrá Calderón de un proceso electoral muy accidentado. Ya anteriormente, hace un año, en el fragor de la batalla electoral de 2009, el senador Beltrones le había advertido de la inconvenencia de dejar el campo regado de cadáveres. Tras la descomunal paliza electoral, el Presidente Calderón, en su III Informe, quiso sorprender con una fuga hacia adelante, proponiendo un decálogo para trabajar unidos por México.

¿Qué hará ahora? ¿Pretenderá convocar a reandar el camino en donde se quedó, como si no hubiera golpeado descomunalmente a sus aliados y subordinados, y a sus opositores y aun leales amistades?

Indudablemente lo intentará. Esgrimirá la recuperación, la estabilidad macro garantizada con las más altas reservas en la historia nacional, 100 mil millones de dólares, 2.5 veces el total de la deuda pública externa y, quién lo dijera, un monto igual en manos del país a aquel que nos desplomó en 1982, cuando quebró el país y con él, el vetusto régimen presidencial apoyado en el paradigma de la Revolución Mexicana. López Portillo diría entonces que él había sido el último Presidente de la Revolución, término que fue saliendo paulatinamente del discurso oficial conforme el neoliberalismo se apoderaba del país hace ya casi 30 años.

El presidente Calderón pretenderá que nada ha pasado tras dos dolorosas derrotas electorales y el naufragio de las coaliciones Perrepán. Sin duda, sea que le inviten a acudir al Congreso –el diputado Rubén Moreira lo dijo en la sesión de la Comisión Permanente el miércoles 23 de junio, si el presidente Calderón aceptaría ir al Congreso a rendir su informe– o sea que entregue por escrito y emita un mensaje televisado con un auditorio cómodo, el presidente Calderón recordará que aún le quedan dos largos años por delante, y que, estando una recuperación en marcha, en el año del Bicentenario deberíamos escribir otra historia, como ha dicho el muy pronto efímero Javier Aguirre, en la que se pudiera hacer a un lado diferencias y trabajar por México. Se ve difícil que se la compren, pues para todo efecto práctico, con la fuerza y dominio del PRI, lo que debiera estar pactando es el cogobierno y una transición ordenada para que el 2012 no sea una versión “reloaded” del 2006.

4. La sucesión en el PRI.

Tras la inminente victoria electoral y quizá una postelección complicada por el litigio navista para descomponer algunos procesos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el proceso más importante para el PRI es su renovación interna, tanto como la selección del candidato a la gubernatura del Estado de México.

Para Beatriz Paredes, el primer dilema le viene con la sucesión de Cruz López en su sector, el campesino. En agosto tendrá lugar la convención nacional de la CNC y a ella apunta el diputado Gerardo Sánchez, delfín de Cruz López.

Tras ello, días antes del 1o de septiembre, la diputada Beatriz Paredes, en el clímax de su momento mediático, deberá decidir si asume la presidencia de la Cámara de Diputados, que le corresponde en la rotación convenida al PRI, o bien, si se mantiene en la presidencia del CEN para conducir y encauzar el proceso interno.

En cualquier caso, habrá realineamiento de los grupos. La Cámara Alta será presidida por el senador Manlio Fabio Beltrones, lo que podría motivar alguna concesión al PRD en la Cámara de Diputados en obvio de la pluralidad, o bien, ambos priístas presidirán las cámaras legislativas.

En el camino de la renovación de la dirigencia del PRI figuran Emilio Gamboa Patrón, recién instaurado en la dirigencia del Sector Popular; los gobernadores Ulises Ruiz de Oaxaca, y Fidel Herrera Beltrán, de Veracruz, ambos con méritos y estatura propios, además de Miguel Osorio Chong, gobernador de Hidalgo con el apoyo del poderoso Estado de México. En el juego de esta sucesión, y quizá para evitar cualquier agandalle, el senador Beltrones se ubicó como la alternativa en una gran jugada mayor.

5. La candidatura en el Edomex.

Finalmente, casi a la par se irá perfilando el proceso de sucesión en el Estado de México. El reinado de Enrique Peña Nieto estará llegando a su fin, con una popularidad en su pico que empieza a bajar y una gestión diseñada con Televisa al mejor estilo de las telenovelas.

Con un gasto mediático exorbitante, en un amplio raid por todo el país cosechando suspiros y esparciendo apoyos a los candidatos a gobernador para integrarlos a su cuadra, con foros temáticos faraónicos para vestir el lanzamiento en septiembre próximo, el gobernador Peña Nieto se prepara para elegir en familia a su sucesor.

En el Edomex no se ha vivido la alternancia política ni el pluralismo. Ahí sobrevivió el corporativismo de los ochenta, con un férreo control político esgrimido por el gobernador, en un pacto obrero-empresarial que se refleja en inversiones, empleo y paz laboral en la entidad.

En ese sentido, nadie está en posibilidad de disputarle al gobernador la designación de su sucesor, ni siquiera la poderosa familia del mítico profesor Carlos Hank González.
Por ello tanto tirios como troyanos apuntan a descarrilar la sucesión en el Edomex. Hacia allá va el nuevo activismo de Andrés Manuel López Obrador, quien una vez más resucita de entre los muertos, así como el remanente político de las coaliciones Perrepan, en donde hasta Marcelo Ebrard, colgado de los “Chuchos”, postula que habrá coalición amplia entre la derecha y la izquierda en tierras mexiquenses. El esfuerzo gubernamental, la coalición política Perrepan y el inefable señor López (Luis Mandoki dixit) batallarán todos juntos para descarrilar al PRI en Edomex y con ello, a Peña Nieto en la carrera por la sucesión presidencial.

Así y todo, el gobernador Peña Nieto, instalado en una cómoda suficiencia autoritaria, designará a su sucesor de entre su primo Alfredo del Mazo Jr, alcalde de Huixquilucan; el diputado Luis Videgaray, presidente de la Comisión de Presupuesto y administrador tras bambalinas de los dineros del país y de Peña; y el diputado local Ernesto Nemer, “Golden Boy” en los tiempos que Peña lo era, amigo de correrías muy cercano a él y actual coordinador de los diputados en el Congreso mexiquense.
No la tendrá fácil Peña Nieto. En la sucesión mexiquense se jugará su perfil en la sucesión presidencial, habrá de enfrentar a todas las furias que él, con su enorme posición adelantada, ha unido en su contra. ¿Creerá que Beatriz Paredes seguirá todavía en su bolsa tras el éxito del PRI el 4 de julio? ¿Y que los nuevos gobernadores entrarán dócilmente a su huacal?

1. Falló la SCJN.

Completamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló al resolver en la forma en que lo hizo el caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Son., en el que se cometieron violaciones graves a los derechos humanos pero se exonera prácticamente a todos los responsables.

Este caso muestra en buena medida la distancia que existe entre la justicia y quienes debieran aplicarla. La tragedia, como reconocen prácticamente todos los expertos, pudo haberse evitado con el simple hecho de que los funcionarios y permisionarios responsables de establecer y operar una guardería al amparo de la Ley del Seguro Social, hubieran cumplido su deber. Así lo señala la propia Ley del Seguro Social y las normas de aplicación obligada en el caso de las guarderías: en toda instalación de este tipo, sean de la Institución o subrogadas a particulares, no deben utilizarse materiales inflamables, debe existir equipo contra incendios de comprobada funcionalidad, debe haber puertas de emergencia libres de obstáculos, detectores de humo y alarma, además de contar con personal especializado y capacitado en el manejo de infantes y en medidas de prevención y control de contingencias.

¿Cómo es posible entender que en la guardería ABC, como se sabe que sucedió en muchas otras –hasta el momento, se han revisado las más de mil 400 guarderías a cargo del IMSS y se ha retirado la subrogación a unas 100, incluida la 48 de madres periodistas del DF, además de realizar adecuaciones mayores como las señaladas en el párrafo anterior a otras 300—se haya renovado el contrato de subrogación, el cual firmó el entonces director del Instituto, Juan Molinar Horcasitas, cuando los propios supervisores de piso institucionales estaban reportando que no cumplía con las normas? Sólo es posible entender que esto sucedió debido al tráfico de influencias, a la corrupción y la impunidad en que se realizan numerosas prácticas institucionales. Tal y como sucedió también con la responsable nacional de las guarderías del IMSS, la ex diputada Carla Rochín, puesta ahí por recomendación de la primera dama, Margarita Zavala, no obstante que de guarderías sólo sabía la forma en que podrían ser decoradas, pero no que hasta en la decoración debería de considerarse materiales no flamables.

Por ello es que en México no pasa nada. Porque los responsables de aplicar las leyes rehúyen su responsabilidad y permiten que prospere el reino de la impunidad. Ya es posible saber de qué están hechos. De esa forma, el ex director del IMSS, Juan Molinar, experto electoral, ex consejero ciudadano del IFE y que poco sabría de seguridad social, mucho menos de guarderías, podrá ahora sin mayor empacho seguir abusando de la función pública en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en donde, por ejemplo, ha entregado al consorcio Televisa-Telefónica Movistar-Megacable (¡único postor!) un par de hilos de fibra óptica obscura en 884 millones de pesos, no obstante que en tiempos de Francisco Gil, ahora directivo de Telefónica y beneficiario de la medida, le costó al erario 30 mil millones de pesos instalarla. Ya se anuncia la disposición de otro par más, teniendo disponibles aún la CFE 12 pares de fibra obscura sin utilizar, que en la lógica Molinar le podrían proporcionar nuevas oportunidades para ejercer facultades sin tener responsabilidades.

2. Corolario del fallo de la Suprema Corte.

Molinar no habrá de renunciar y quizá ni siquiera al ex delegado del IMSS en Sonora que él nombró, Arturo Leyva Lizárraga, le sean imputadas responsabilidades. En el IMSS, tras la tragedia, se han enmendado las fallas institucionales propiciadas por la negligencia anterior, con lo cual las guarderías cuentan ahora con mayor observancia de las normas en materia de prevención, seguridad e higiene, aún cuando se sigue nombrando al frente de las delegaciones estatales a los amigos y recomendados en pago de lealtades y complicidades. En Los Pinos se ha desarrollado una gran operación cicatriz para buscar el perdón, al igual que en Ciudad Juárez, y atender y resolver la inconformidad y las demandas de los deudos de quienes murieron en la tragedia, así como el tratamiento a los lesionados sobrevivientes.

Habrá que reconocer el intento del ministro Arturo Zaldívar para que la ley se aplicara ejemplarmente en nuestro país en algo que es tan básico como increíble: que los servidores públicos cumplan las responsabilidades establecidas en la ley, que para ello fueron nombrados, no para buscar dilución de los deberes atribuidos en sus subordinados.

Quizá haya que aceptar que la Suprema Corte se apegó literalmente a sus facultades al declarar que sí se violaron gravemente las garantías de los afectados en la tragedia de la Guardería ABC, pero también habrá que reconocer que no se ha hecho justicia y que de seguir las cosas como van, ante la inacción de la Procuraduría General de la República y la Procuraduría de Justicia del Estado de Sonora, la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencias podrían seguir generando tragedias y costando vidas inocentes.

Para la Secretaría de Gobernación, puede haber resultado todo un éxito el litigar y atacar sin denuedo la ponencia del ministro Zaldívar, con un cabildeo eficaz ministro por ministro para gestar la oposición mayoritaria del pleno de la Suprema Corte al mismo. Resalta la percepción que al respecto tiene el senador Manlio Fabio Beltrones, quien sostiene que el veredicto de la Corte no exime ni exonera a nadie, pues reconoce la violación grave de garantías y establece un imperativo a las Procuradurías para actuar, integrar la averiguación previa y consignar a los responsables.

La Corte nunca podrá entender que con su fallo, se evaporó la esperanza de justicia en nuestro país. No en vano, en el contexto de la reforma política actualmente en el proceso legislativo, se ha establecido el traslado de la facultad de investigación por violación grave de garantías, de la Suprema Corte a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estableciendo en esta última la facultad de denunciar ante las autoridades competentes (PGR o procuradurías estatales, que aún tienen el monopolio del Ministerio Público) a los presuntos responsables.

3. Silencio en el secuestro de Diego.

El secuestro del ex senador Diego Fernández de Ceballos entra a su sexta semana en proverbial silencio, o discreción, como le han dado en llamar en las esferas públicas. El caso es que el 14 de mayo, misteriosamente, como declararía el presidente Calderón a NBC, fue secuestrado el prominente abogado panista.

Siendo un misterio para el gobierno federal, el caso no aparece ni se hace referencia a él, en el desplegado del domingo pasado en el cual la Presidencia reitera su disposición a proseguir en la lucha, ahora redefinida, por la seguridad pública.

Nada se sabe, excepto lo que trasciende en los pasillos. Que muy probablemente el grupo de secuestradores son profesionales, que operan en el altiplano y que al parecer han cometido secuestros similares en Guanajuato y San Luis Potosí. También, que las negociaciones con ellos suelen ser lentas –en el último secuestro a la sobrina de José Sulaimán, tardaron un año tres meses en liberarla—y que las comunicaciones son también lentas y cifradas, para evitar la intercepción de teléfonos y la localización de las ubicaciones de los mismos.

Si este caso hubiera sido encuadrado en la legislación antisecuestro actualmente en el turno de la Cámara de Diputados, este silencio e inacción de las autoridades sería un delito penalizado, ya que la autoridad debe actuar de oficio. Si resultara cierto que el grupo secuestrador es el mismo que opera en el Altiplano, de alguna manera las autoridades han colaborado con ellos, pues en los casos anteriores les han otorgado el mismo manto de silencio y de inacción con el que ahora se está cubriendo a Diego Fernández de Ceballos.

4. Otra vez la guerra sucia.

A dos semanas del superdominio electoral del 4 de julio, en que habrá elecciones en 14 entidades, incluidas 12 gubernaturas, han vuelto los aires de guerra sucia, polarización y odio de campañas anteriores.

De nueva cuenta, el artífice de la guerra sucia, Antonio Solá, es visible en el cuarto de guerra del PAN, así como en varias entidades que le interesan al PAN, ahora sí como partido, no como la coalición imposible del perrepan, y se le ve lo mismo en Zacatecas que en Aguascalientes y Tlaxcala conduciendo los esfuerzos del panismo.

La lectura desde la cual parte la conducta electoral del sistema PAN, es muy similar a la que en su momento adujera el ex líder azul, Germán Martínez: el enemigo a vencer es el PRI, para lo cual todo se vale. En este sentido, poco ha cambiado. En todas las entidades, el PRI se muestra sólido y con números envidiables. Con excepción de Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala, en donde se perfilan carreras parejeras, y en lo local, Baja California, entidad en la que el PAN aventaja, en los demás estados se vaticina un triunfo arrollador priísta, en proporciones de 2 a 1 y más, en la mayoría de los casos.

Ante ello, es más que evidente que la estrategia del PAN mira a la postelección, más que a la elección. En este sentido, de lo que se trata es de ponerle cuatros a los adversarios, arrojar sombras y sospechas, seguir la lógica del prefraude o “fraude anticipado”, denostar a las autoridades electorales y monitorear y acopiar evidencias de lo que pudiera ser acreditado como desvío de recursos, ingerencias gubernamentales o rebase de topes de campaña en los momentos procesales apropiados.
En el sistema PAN, irán por todo no en los ámbitos estatales, en donde dicen las autoridades electorales están coludidas con el PRI, sino ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde sentirían que la presidenta del mismo, Maricarmen Alanís, les podría ser más confiable por una presumible cercanía con la señora Margarita Zavala, esposa del presidente de la República.

En la guerra de lodo, a un golpe sigue el contragolpe. Desde el PRI, se contraataca evidenciando el modo en que el gobierno federal utiliza las delegaciones federales y los programas sociales para atraer votantes; el uso del CISEN para intervenir comunicaciones y espiar a gobernantes, funcionarios y candidatos en campaña; la dotación selectiva por parte de la Secretaría de Hacienda, de las participaciones a Estados y Municipios denunciada en la Conferencia Nacional de Gobernadores en días pasados, para ahogar la obra pública en las entidades gobernadas por el PRI.

En ello, al PRD le ha tocado jugar con la peor parte, pues de aliado en una coalición para frenar al PRI, se ha tornado en un convidado de piedra, tras el encarcelamiento del candidato en Quintana Roo, Gregorio “Greg” Sánchez por actividades relacionadas con el narcotráfico que no sólo hundieron la coalición Perrepán, sino que mostraron para qué le sirven los aliados al PAN. De la manera en que el PAN trata a sus aliados guarda un amargo recuerdo doña Beatriz Paredes, quien fuera acremente exhibida por el dirigente panista César Nava, tras haber firmado un compromiso para trocar, al calor de la crisis, coaliciones por impuestos en octubre del año pasado, fungiendo como testigos de honor el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, y el secretario de gobierno del Estado de México, Luis Miranda.

De esta forma, el PRI apunta a arrasar en las elecciones el 4 de julio, el PAN apuesta a la postelección, en tanto que las coaliciones Perrepán habrán de arrastrar al PRD al precipicio. Tal han apostillado tanto el ex presidente Vicente Fox como el ex candidato presidencial perredista, Andrés Manuel López Obrador, quienes coinciden tanto en que el PRI va a arrasar el 4 de julio, como en la crítica a las dirigencias nacionales, que han extraviado el rumbo en la conducción de sus respectivos partidos y seguramente deberán pagar por ello.

5. Se asoma otra crisis económica.

La situación en la “zona euro” se sostiene con alfileres. Hay consenso entre las principales corredurías, que viene otra crisis económica y hay espacio para una nueva recesión mundial.

¿Cómo es posible que esto haya sucedido? ¿No bastó la gran crisis de 2008-2009 en el sistema financiero global, que provocó la mayor crisis económica desde la gran depresión de 1929? Evidentemente, no, como tampoco podemos suponer que estamos blindados ante la que puede ser una gran crisis europea que habrá de sacudir al mundo.

Los nuevos Estados de bienestar del sur de Europa están prácticamente en quiebra. Los déficit fiscales de Grecia, España, Portugal, Irlanda e Italia rondan el 10% del producto interno bruto de cada país; Inglaterra tiene también un alto déficit que provocó la caída del gobierno laborista de Gordon Brown, y la cuestión europea es sostenida prácticamente por Alemania y, en menor pero no menos relevante medida, Francia.

Ya se habla en Europa de que, de agravarse la situación, el euro podría dejar de existir como la moneda única comunitaria. En Francia son mayores las voces que hablan de volver al esquema anterior de una canasta de monedas nacionales, que permitiría a cada economía realizar ajustes en proporción a sus desequilibrios, evitando que éstos arrastraran también a los países más sanos. Grecia, por ejemplo, tendría que devaluar drásticamente su moneda para recobrar competitividad y aliviar la presión fiscal, como en su momento hiciera México al devaluar por la vía del deslizamiento, el peso de 10 por dólar a casi 13 en el momento actual.

Ante ello, es común escuchar en los círculos hacendarios que en México se hicieron mejor las cosas ante la grave crisis de 2009. No son comparables ambos casos, pues en México se comprimió a las clases medias, arrojando a 6 millones más al entorno de la pobreza; se contuvo el gasto y se incrementaron las reservas internacionales al orden de 98 mil millones de dólares que tienen hoy, pero la moneda se devaluó casi un 30%, con el consecuente incremento de la inflación, que remontó al 6%, el doble de lo previsto según Banco de México, los precios finales al consumidor subieron un 25% y los impuestos generales se elevaron, sensibles en donde más se siente, que es el bolsillo y la mesa de los ciudadanos.

Finalmente, se perdieron, según las cifras más conservadoras del CEESP, 600 mil empleos directos, en tanto que la economía cayó un 6.5% respecto del año anterior.

Ahora, nos dicen, estamos saliendo de la crisis, es un año de recuperación y se han recuperado 400 mil empleos (la mitad de los cuales, según los registros, son temporales), con la perspectiva de un buen rebote aritmético en el crecimiento superior al 4%, si todo saliera bien y los Estados Unidos mantuvieran su propia recuperación por encima del 2%. Con ello, aún requeriríamos seguir creciendo un 3% en 2011, para estar a la altura de lo perdido en 2009 y salir tablas en el sexenio del presidente Calderón.

No obstante, la crisis de Europa llama a la cautela. Las cosas no necesariamente podrían ir bien, pues Europa podría entrar en recesión y por lo menos reducir el ritmo de la recuperación del resto del mundo.

PENTAGRAMA.
¿Para qué quieren gobernar?
Luis M. Cruz.
13 de junio de 2010.

Este año se cumplirá una década de la alternancia política, que muestra un irreversible desgaste para el partido que en 2000 echara al PRI de Los Pinos. La alternancia, se ha visto, motivó las expectativas de cambio pero no se tradujo en bienestar o en mejoría en los indicadores del nivel de vida de los mexicanos.

1. ¿Para qué quieren gobernar?

Tras el fervor mundialista, notaremos que aún faltan casi tres largos años para que concluya la actual administración presidencial, cuyos endebles resultados hacen que se otee con mayor fuerza en el horizonte la cuestión del inevitable relevo.
Este año se cumplirá una década de la alternancia política, que muestra un irrecusable desgaste para el partido que en 2000 echara al PRI de Los Pinos. La alternancia, se ha visto, motivó las expectativas de cambio pero no se tradujo en bienestar o en mejoría en los indicadores del nivel de vida de los mexicanos.

Tampoco en un diseño institucional novedoso que erradicara abusos, excesos o ineficiencias que se le atribuyeron al antiguo régimen priísta y que la democracia, en sus albores, prometía desterrar.

Lo cierto es que la década del PAN en el gobierno federal ha sido una década difícil para el desarrollo. Si bien el PIB per cápita se había incrementado a unos 9 mil dólares al cierre de 2007, cayó drásticamente 3 mil dólares en 2009, por el efecto de la gran crisis; este dato, que suele ser un indicativo grueso del crecimiento económico de un país, en sí mismo no revela la totalidad del impacto en la población. Lo cierto es que el número de mexicanos en situación de pobreza y de pobreza extrema, se ha incrementado sensiblemente en esta década. Tan sólo en lo que va del sexenio, 5 millones más cayeron por debajo del umbral de pobreza, en tanto que se espera que con los coletazos de la crisis, otros tres millones lo hagan en los próximos dos años, no obstante la pretendida recuperación aritmética de lo perdido en 2009.

De ahí que en la sociedad y entre los académicos y analistas, empiece a perfilarse la cuestión del 2012 no tan sólo como una contienda por la silla presidencial, sino también por la manera en que se quiere gobernar. En el año de la alternancia, el 2000, la divisa para sacar al PRI de Los Pinos fue el cambio, ya, asumiendo que el solo cambio de hombres haría distintas las cosas. La premisa no se cumplió y el sexenio concluyó en la peor polarización que el país recuerde, ahora con un fraude patriótico para detener a “un peligro para México”, lo que puso al borde de la confrontación directa a dos tercios de las fuerzas políticas, pues panistas y perredistas habrían ido a una colisión irreductible de no haber cumplido el PRI con su responsabilidad al integrar el Congreso y hacer posible con ello la transmisión del Poder Ejecutivo Federal a quien fue declarado electo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Quienes se han sentido a sus anchas en el régimen presidencial autoritario, presuntamente derrotado en 2000, han llevado al país por un conjunto de malas decisiones que, en redondo, han desplomado la seguridad pública, el empleo –las cifras de asegurados del IMSS que tanto se presumen no han crecido de los niveles que mantenían en 2001, incluidos los eventuales y los jornaleros agrícolas, que en conjunto no excedían los 15 millones de afiliados entonces ni tampoco ahora–. Ha caído el poder adquisitivo del salario, pues la devaluación del peso mexicano de 9 pesos en tiempos de Fox a los 13 pesos promedio actuales, más la inflación acumulada en la década que llega al 47% conforme a las cifras del Banco de México, han erosionado el ingreso de las familias mexicanas más que proporcionalmente.

El salario mínimo de hoy compra 75% menos productos básicos que en 2001, no obstante haberse incrementado nominalmente en 40%.

¿Qué decir del acceso a la vivienda, a la educación? Nunca como ahora el Infonavit había estado recogiendo créditos morosos, que los trabajadores ya no pueden pagar, y rematando las propiedades incautadas. La educación es por todos conocida su mala calidad y el peor equipamiento de las escuelas, al grado que, de haber sido la principal escala de movilidad social, ahora los egresados de escuelas públicas salen directamente al desempleo o la migración a los Estados Unidos.

Es por ello relevante que quienes aspiren al 2012, expresen, de cara a la sociedad, para qué quieren gobernar, como en algún sentido lo han expreado Héctor Aguilar Camín y Jorge G. Castañeda en ya un largo periplo por varias ciudades de la República, para subrayar el interés de los ciudadanos por la política, que es demasiado importante para dejársela sólo a los políticos. ¿Quieren gobernar para seguir igual? ¿Para sentirse cómodos en una silla presidencial que les permite mandar y, si no mandan bien, volver a mandar? ¿Sin rendir cuentas? ¿Sin conexión con la realidad? Hay que tenerlo presente, faltan tres largos años para que concluya la actual administración. ¿Serán suficientes para reflexionar sobre el futuro de México?

2. Encuestalia: el PRI podría ganar con cualquier candidato.

La derrota del PAN en la elección intermedia de 2009 y el desplome profundo de la coalición perrepán ante la circunstancia electoral del superdomingo del 4 de julio en que habrán de renovarse 12 gubernaturas, se ratifica con las percepciones, esas que no le gustan al titular del Ejecutivo Federal, que son puntualmente pulsadas por las principales casas encuestadoras.

El reporte de Consulta Mitofsky es lapidario con la gestión gubernamental, que es la que en buena medida explica la razón del repunte del PRI. La aprobación de la gestión presidencial se mantuvo en 53% de aprobación, existiendo un 45% de desaprobación que pudiera interpretarse como “medio lleno, medio vacío”; pero la medición sobre el rumbo del país no deja lugar a dudas: 59% de los encuestados considera que está equivocado, en tanto que sólo 33% considera que el rumbo es el correcto.

De ahí que ante la pregunta, “si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿por qué partido votaría?”, el 39% afirmó que por el PRI (de 24% que manifestó lo haría hace un año); 17% lo haría por el PAN (hace un año eran el 23%) en tanto que por el PRD, lo haría sólo el 10%, su nivel histórico más bajo.

La encuesta del diario Reforma publicada en la semana confirma la serie anterior, pues reporta que el nivel de votación por el PRI sería de 34% si las elecciones presidenciales fueran hoy, 22% para el PAN, 8% para el PRD (de nueva cuenta, una drástica caída) y 4% para el PT. Con distintas combinaciones de candidatos, los números se mueven, destacando el repunte para el PRI con la popularidad del gobernador del Estado de México, que llevaría la votación, según Reforma, al orden del 40%.

El principal corolario es que el PRI es el partido mejor posicionado de cara a la elección presidencial, por lo que resulta relevante entonces la propuesta del senador Manlio Fabio Beltrones para explicar a la sociedad para qué quiere el PRI volver a Los Pinos.

Si ha recobrado la confianza de los ciudadanos es porque ha sabido ser el partido más responsable ante una errática conducción con resultados más bien magros del gobierno federal, combinado con la destrucción del capital político de la izquierda en un inexplicable entreguismo de la dirigencia formal del PRD, al grado de integrar una coalición entre adversarios históricos y hasta hace poco tiempo irreconciliables, con el argumento vacío de frenar al PRI en su carrera hacia Los Pinos.

La duda, al interior del PRI pero también de cara a la sociedad, es si este partido aprendió las lecciones de las derrotas electorales y la vida en la oposición como para avanzar en la construcción de un mejor país, con instituciones renovadas, modernas y en la pluralidad y la competitividad electoral que es característica de la sociedad contemporánea; o si pretende un salto al pasado, para gobernar en el estilo autoritario anterior a las reformas políticas de 1977 y 1996, como si se quisiera hacer retornar la Presidencia imperial de entonces.

Podrían equivocarse quienes sienten que el paso arrasador del PRI en los recientes comicios es un endoso del futuro. Hay quienes piensan que los problemas actuales se han dado porque el Ejecutivo Federal no puede tomar decisiones, que el Congreso le estorba y no le aprueba los proyectos de ley que la Presidencia le plantea. En realidad, observando cuidadosamente es posible apreciar que lo que ha sobrado en esta negra década, son recursos y decisiones. Se han tenido los presupuestos más altos en la historia de la administración pública –en 2001, el Presupuesto de Egresos de la Federación importaba 1.3 billones de pesos, en 2010, fue de 3.4 billones de pesos—y el Ejecutivo Federal ha tomado innumerables decisiones, muchas de ellas equivocadas, para dilapidar los recursos en elefantes blancos y en la orgía del gasto corriente, como lo demuestra el acelerado crecimiento de la alta burocracia federal que en los bien colmados niveles de subsecretario y homólogos han crecido 286%, en tanto que en las bien remuneradas plazas de directores generales titulares y directores generales adjuntos (que no debieran existir en una estructura organizacional racional y eficiente) se han despachado con 69% y 97% de incremento en el número de plazas, respectivamente.

En conclusión, no es la falta de decisiones ni tampoco la falta de recursos lo que ha propiciado la ineficiencia e incapacidad del gobierno federal. Son las malas decisiones, la impericia, novatez e improvisación de los gobiernos de la alternancia lo que ha traído magros resultados al país. De esto es de lo nos conviene hablar a los ciudadanos y es lo que nos conviene saber de quienes aspiran a conducir el país en 2012, independientemente de que el PRI esté en condiciones de ganar con cualquier candidato, si las elecciones fueran hoy.

3. Primeros perfiles.

En lo que al PRI se refiere, se perfilan por lo pronto tres fuertes aspirantes, aún cuando se sabe que no son todos los que estarán pues hay algunos gobernadores en trance de dejar de serlo y que también han externado anhelos presidenciales, como pudiera ser, por ejemplo, Fidel Herrera Beltrán. Entretanto, el consenso de los analistas ubica como los más fuertes aspirantes al gobernador del Estado de México, el popular Enrique Peña Nieto; el sagaz senador Manlio Fabio Beltrones, y la hábil dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel. Siguiendo el referido consenso de los analistas y en obvio de la extensión del análisis, en esta ocasión se abordará el contraste entre los dos primeros.

4. El estilo mexiquense de gobernar.

Por el momento, la talla de cada uno se percibe conforme a la exposición mediática que están teniendo. En el Estado de México, el gasto en publicidad se ha disparado exponencialmente, compitiendo muy de cerca con el enorme gasto en la materia de la Presidencia de la República, y con una estrategia de saturación y repetición casi goebbeliana, con lances de telenovela bien acompañado por su pareja actual, la también popular “Gaviota” Angélica Rivera. Se conocen más las imágenes que las ideas, si bien el centro de su actuación política ha sido una divisa muy localista de cumplir lo que se promete, como si en el gobernante el cumplir fuera una dádiva a los súbditos y no el simple cumplimiento del deber y la responsabilidad que acompañan el mandato recibido de la sociedad.

En el estilo mexiquense de gobernar, se requiere el escenario y la pretensión de transferencia de conocimiento de otros gurús políticos, sociales y económicos. Por ello, a la par que la saturación mediática, se han desarrollado los foros de Compromisos con México que nadie en México ha solicitado, a un gran costo por participante y en donde han acudido a la ciudad de Toluca premios Nobel como Paul Krugman o Geoffrey Sachs, reconstructor de economías y sociedades en crisis (a un costo de 100 mil dólares cada uno), al igual que una pléyade de ex secretarios de Hacienda desde Pedro Aspe, José Angel Gurría, Guillermo Ortiz y Francisco Gil Díaz. La próxima semana, en el foro sobre Educación y Cultura, estará como invitada magistral nada menos que la profesora Elba Esther Gordillo, alfa y omega de la educación en nuestro país, pues en 1997 le correspondió impulsar la federalización de la educación y luego oponerse a la misma dado que implicaba la fragmentación del SNTE, base de su gran poder, en tanto que ahora parecería partidaria de una educación para la calidad y la competitividad que requeriría, de realmente proponerlo, la desaparición del SNTE.

Lo que ha trascendido del discurso enriquista, es que en realidad se trata de un joven que piensa viejo, que como Renán, mira en el pasado la idea de un tiempo mejor. Para ello, en el mejor enfoque decisionista, en Milenio Televisión propuso viejas ideas para centralizar el poder en el país: otorgarle mayoría automática al titular del Ejecutivo; rechazo a las candidaturas ciudadanas (su concepto es el ciudadano-súbdito que aclamara al señor que cumple lo que promete), el referéndum y la iniciativa popular; no quiere saber nada de ratificación de los integrantes del gabinete; con tecnicismos ha impulsado a las huestes mexiquenses en la Cámara de Diputados a detener toda reforma que implique mirar hacia adelante, como la de Derechos Humanos, la Ley de Seguridad Nacional o la ley Antisecuestro, en tanto que favorece lo que concentra atribuciones en el Ejecutivo Federal, como la reforma a la ley de Competencia y a la Ley de Medios y Contenidos Audivisuales, que le otorgan al Presidente de la República las facultades de otorgar concesiones, negarlas, retirarlas y aplicar multas y sanciones a los concesionarios y a los monopolios. Se mueve bien en el discurso vertical, donde se interrumpe sólo para aplaudir o halagar, no así cuando se requiere debatir. Mucho se recuerda una reunión en The Economist, cuando en un panel de analistas guardó silencio al requerirse hablar de temas sobre la mesa en intercambio con los asistentes, en donde no podrían simplemente leerse discursos previamente elaborados. El caso Paulette la insensibilidad ante el repunte de la delincuencia en el Estado de México, la pobreza y el desempleo, problemas ciertamente nacionales que impactan con severidad a la entidad más poblada del país, suelen desubicar el buen diseño de un Edomex que quisiera proyectarse sólo en los infomerciales.

6. El pluralismo y la construcción de acuerdos.

El senador Manlio Fabio Beltrones es unos diez años mayor, con una vasta experiencia política y administrativa, forjado en la transición del régimen hegemónico a un sistema plural y democrático, que estuvo como actor central en la reforma política de 1977 y en las sucesivas reformas de 1984, 1996 y 2007, con una amplia visión y comprensión del Estado, el gobierno y el congreso, no teme rodearse de inteligencias y capacidades de los mejores hombres y mujeres para construir equipos eficaces y eficientes, sin por ello renunciar a la firmeza en las ideas y en las decisiones que se construyen tras el diálogo y el consenso.

Es un hombre con gran experiencia, que piensa joven; convencido de que la pluralidad y la competitividad son ya una característica del país y de la sociedad, que no cree en hombres providenciales sino en instituciones sólidas y renovadas en un Estado de Derecho para hacer valer la legalidad y la justicia. Desde el Senado y la coordinación de la asamblea de los senadores del PRI, esto es, en un mando colegiado, ha sabido impulsar reformas necesarias para el país y para la estabilidad y la gobernabilidad política. Supo impulsar la reconciliación nacional, gestionó y logró una Ley para la Reforma del Estado, mediante la cual los antagonistas irreductibles de 2006 se sentaron a dialogar y pactar con las fuerzas políticas fundamentales la agenda de reformas institucionales actualmente en curso.

En la fase de vigencia de la ley para la Reforma del Estado, se dialogaron y aprobaron la reforma electoral que superó el trauma del 2006 y restauró la confianza en los procesos electorales; se negoció y aprobó la reforma del sistema de seguridad y justicia penal, que en ocho años permitirá transitar del sistema de culpabilidad al de presunción de inocencia y respeto a garantías y derechos humanos, que muy pronto podría incluir la autonomía del Ministerio Público. Se dio inició a la reforma del régimen, con un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas basado en el informe por escrito del Ejecutivo Federal, la cancelación del culto a la personalidad presidencial el día del informe; la pregunta parlamentaria y la comparecencia de altos servidores públicos bajo protesta de decir verdad.

Fue además, actor clave en la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE; en la modernización de Petróleos Mexicanos que ha detenido el deterioro de la producción petrolera en nuestro país no obstante que el gobierno le escatima los recursos y ni siquiera inicia la construcción de una refinería; construyó la legislación para que el Banco de México controle y regule el excesivo cobro de comisiones y de intereses en la banca comercial, en beneficio de los consumidores y usuarios del crédito, entre otras actividades legislativas relevantes realizadas desde la conducción de una fracción que es minoría en el Senado.

Actualmente, como premisa de un pensar responsable y joven, el senador Beltrones impulsa la segunda etapa de la reforma del Estado con base en la propuesta que hiciera hace exactamente un año, conocida como las “ocho erres” para reformar el régimen: ratificación del gabinete presidencial; reducción del número de integrantes de las Cámaras legislativas; reelección legislativa inmediata; reconducción presupuestal; regulación económica moderna mediante la autonomía de los órganos reguladores (Cofeco y Cofetel); referéndum ciudadano en temas constitucionales; revocación de mandato, reconocimiento de la facultad constitucional para las candidaturas ciudadanas y, finalmente, reorganización gubernamental para que la administración pública realmente haga más y cueste menos.

Estas iniciativas motivaron la presentación, el 15 de diciembre de 2009, de la iniciativa de reforma política del Ejecutivo Federal que, salvo el cambio a las reglas de mayoría y de convivencia que pretende alcanzar (segunda vuelta en la elección presidencial, corrimiento de la elección legislativa a la segunda vuelta, elevación del umbral de registro de partidos del 2 al 4%, iniciativa preferente con afirmativa ficta, veto presidencial, entre las principales) coincide en los demás temas con la propuesta Beltrones.

Actualmente, conforme al análisis de cercanías, en la reforma política se registra un alto grado de acuerdo en las materias de ratificación del gabinete; las “cartas ciudadanas” de candidatura independiente, referéndum en temas constitucionales e iniciativa popular; así como en reconducción presupuestal, sustitución en caso de ausencia total del Presidente de la República; iniciativa preferente sin afirmativa ficta legislativa; reelección legislativa inmediata, reducción del tamaño de las Cámaras federales y cancelación del llamado “veto de bolsillo” que detiene la publicación de los decretos del Congreso que no hubieren sido observados por el Ejecutivo Federal.

En materia fiscal y financiera, el senador Beltrones ha construido una propuesta de gran atractivo para las empresas y las ciudadanos: pocos y más bajos impuestos, verdaderamente generales, sin huecos ni privilegios, para que todos paguen y se apoye a los grupos vulnerables con el subsidio directo a la canasta básica en los deciles de menores ingresos. Así, el IVA podría estar en 12% y el Impuesto sobre la Renta arribar a un estándar similar al internacional, de 25%, igual para todos.

A la par, reorganizar el gasto público, redimensionar la administración pública y construir un aparato público basado en el mérito y el desempeño, cuya piedra angular fuera la ratificación de los integrantes de gabinete presidencial, institución que permitiría que los más capaces y los más aptos, sin demérito de la cercanía con el titular del Ejecutivo Federal y su facultad irrestricta para nombrar y remover, estuvieran al frente de las instituciones y los recursos del Estado.

Del contraste de ideas entre ambos sólidos aspirantes a la candidatura presidencial del PRI es posible constatar, como dirían Salvador Allende y Enrique Tierno Galván, que hay quienes siendo jóvenes quizá por no haber vivido suficiente piensan conservadoramente, en tanto que, con mayor responsabilidad y experiencia, quienes han corrido más sobre terrenos ásperos suelen tener un pensamiento joven y renovado.

1. SCJN establece responsabilidades.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó lo que muchos sabíamos desde el primer día: que la negligencia y la corrupción en el Instituto Mexicano del Seguro Social son la causa primordial de la tragedia que hace un año costó la vida a 49 infantes al cuidado de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, subrogada por el IMSS a particulares, contraviniendo la Ley del Seguro Social y las propias normas internas de seguridad e higiene, establecidas para garantizar a los derechohabientes la prestación de un servicio al que tienen derecho, en óptimas condiciones.

La propuesta de dictamen del ministro ponente, Arturo Zaldívar, apunta a la responsabilidad directa del ex director del Instituto, Juan Molinar Horcasitas y actual titular de la SCT, en donde también echando a perder está aprendiendo en el sector telecomunicaciones, y por extensión, establece responsabilidad al actual titular del IMSS, Daniel Karam, en ambos casos por negligencia y omisión, al haber firmado el primero el contrato de subrogación sin que se hubiesen verificado las condiciones de funcionamiento de la infausta guardería, y el segundo, en cumplimiento del adagio mexicano de que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, al pretender ocultar la responsabilidad del IMSS con los padres de las víctimas, con quienes el Instituto tiene establecida una responsabilidad de prestación del servicio de guardería.

El proyecto de dictamen establece también responsabilidades para el ex gobierno de Sonora y la ex presidencia municipal de Hermosillo, también por negligencia al no haber aplicado las normas de prevención y seguridad en instalaciones que establecen los reglamentos municipales.

Lo fundamental es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece la responsabilidad de los funcionarios que tenían y tienen a su cargo la seguridad y calidad en la prestación de los servicios que es obligación del IMSS prestar a sus derechohabientes. De inmediato, el principal señalado, Juan Molinar, rechaza el dictamen considerándolo infundado y no vinculante, esto es, que aún en el caso de ser votado favorablemente por el pleno de la Suprema Corte, no le establecerá responsabilidades o sanciones y evidentemente, podría burlar la acción de la justicia.

Esto es lo que puede indignar a la ciudadanía: que otra vez en México, sabiendo quiénes son los responsables, no pase nada y que los malos servidores públicos, negligentes unos y encubridores otros, se sientan intocables y sigan en los cargos que ocupan sin demostrar su capacidad y competencia para el puesto al que fueron designados por el presidente de la República. Al final de cuentas, esa incompetencia y complicidad es resultado de la práctica funesta de nombrar a cercanos y lacayos en puestos de alta responsabilidad técnica o administrativa, en el que se requeriría capacidad y experiencia acreditadas, méritos en el servicio público y conocimiento de la función que habrá de desempeñarse, pues cualquier ligereza puede causar tragedias como la vivida en la guardería ABC de Hermosillo.

Lo peor es que lo mismo que provocó el siniestro de la guardería ABC aún sigue vigente, pues en el IMSS y otras dependencias del gobierno federal se sigue nombrando en cargos de alta responsabilidad pública a personal incompetente, por amiguismo y compadrazgo. Ha sido práctica recurrente del gobierno federal el nombrar como delegados de las dependencias federales a militantes azules y aspirantes a cargos de elección popular, como muestra el directorio de dependencias como el IMSS, Pemex, Sagarpa, Semarnat, Capufe, etcétera. Parece mentira que el principal requisito para ser nombrado a uno de estos cargos no es meritocrático sino de complicidad, premiándose la cercanía, la recomendación de Los Pinos y la subordinación incondicional a proyecto personales.

Este sistema de botín es el que ya no puede tener lugar en el México moderno. Urge por ello, también una reforma de gobierno, para que, efectivamente, el gobierno haga más y cueste menos. Ya basta de mediocridad, impunidad, corrupción y negligencia que, está visto, realmente matan.

2. Otra vez la alta burocracia.
Por si no fuera poco, otra vez, los datos del Analítico de Plazas del Gobierno Federal, reportados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 por la SHCP en su página web, revelan que la alta burocracia se sigue despachando con la cuchara grande.

Con tan sólo mirar los datos reportados, se perciben distorsiones aberrantes en la estructura de las plazas de los altos mandos del gobierno federal. Existen miles de plazas reportados en lo que puede considerarse la estructura formal, consistente en cargos con funciones establecidas en los reglamentos internos de las dependencias en los ramos administrativos del sector central. Pero, a la par, existe toda una estructura paralela, formada también por miles de plazas homólogas o adjuntas, que en muchos casos superan a las propias plazas titulares, algo que no podría suceder en una organización pública eficiente ni mucho menos, en las organizaciones del sector privado.

En el año 2001, existían 82 plazas de Subsecretarios; para el año 2010, se tienen reportadas 69, lo que implicaría, en una primera lectura, que ha habido una disminución. Sin embargo, en los mismos años, se reportan en plazas homólogas a subsecretario, que en 2001 había 87 plazas y en 2010, se están reportando 335 con todos sus sueldos, haberes, prestaciones y servicios.

En el rubro de directores generales, que son titulares de una función sustantiva o adjetiva de cada una de las dependencias, con responsabilidades explícitas establecidas en los reglamentos respectivos, en 2001 había 588 puestos de este nivel, en tanto que para 2010 se reportan 995, un incremento del 70%. Lo más grave viene después, cuando en 2001 se registraron 709 fantasmales directores generales adjuntos, un cargo que no tiene asignadas responsabilidades o funciones en los reglamentos internos de las dependencias, y para este año corriente, se están reportando ¡1,395 directores generales adjuntos!, todos con sueldos superiores a los 100 mil pesos mensuales. Hay, entonces, 1.4 directores generales adjuntos por cada director general titular, además de representar en la década, un crecimiento del 97% en estos puestos atípicos, seguramente en el mejor estilo del sistema de botín en la administración pública.
El efecto de estas distorsiones se puede apreciar, por un lado, en el crecimiento geométrico de los altos puestos de la administración pública en las estructuras de apoyo. Por ejemplo, en 2001, se tenían reportados 2,711 directores de área, en tanto que para 2010 existen 5,492 en este nivel, el 103% de incremento en plazas que, en promedio, suponen salarios de 80 mil pesos mensuales o más.

Otra implicación es que la ciudadanía castiga con severidad la percepción de un tamaño considerado desmedido para el Congreso, que dispone de 628 legisladores con una dieta promedio de 80 mil pesos mensuales y que no tienen la categoría de “legislador adjunto”. Existen, con tan sólo mirar las cifras, 2.23 directores generales adjuntos en el gobierno federal por cada legislador en el Congreso. ¿Por qué entonces la presión mediática al Congreso para que se disminuya su tamaño y costo, no obstante que un legislador tiene funciones atribuidas por la Constitución para representar y legislar, en tanto que para el desproporcionado tamaño del gobierno federal no existe una presión similar, si son muchos más que no es claro qué es lo que hacen, al ser plazas atípicas (“adjuntas”) que no tienen responsabilidades claras y definidas en los reglamentos internos de las dependencias?

Mientras esta cuestión se resuelve, la alta burocracia seguramente seguirá despachándose con la cuchara grande. Ya se ha expresado la preocupación empresarial por el desmedido tamaño de la burocracia federal, que multiplica los trámites, es ineficiente e ineficaz y eleva el costo de las empresas, envueltas en una tramitología tan inútil como corrupta.

3. Aprobación presidencial en picada.
La aprobación presidencial, medida por Buendía y Laredo, corroborado por cifras muy similares de Mitofsky, muestran que la percepción ciudadana respecto de la administración Calderón, sigue en picada.

Si bien los datos podrían inferir una aprobación superior al 55%, también muestran una disparidad enorme respecto de la eficiencia del gobierno federal, pues el 46% piensa que le país va por un mal camino, el 52% sostiene que se debe cambiar el rumbo. En contraste, sólo 23% piensa que el país tiene rumbo, con el 26% sosteniendo la necesidad de continuar el actual esfuerzo. Una vez más, los datos de las encuestas de percepción gubernamental muestran que la población cree que el presidente Calderón es un buen hombre pero un pésimo gobernante.

Sobre los principales problemas del país, el 47% piensa que es económico; el 32% le preocupa la seguridad pública en primer orden, en tanto que el 11% cree que lo político es la prioridad. Esta medición es útil para entender cuál podría ser el ordenamiento de preferencias en el electorado, estableciendo un ordenamiento en el cual las dificultades económicas son la principal prioridad, seguidas de la seguridad pública y en tercer lugar, las preocupaciones políticas.

En realidad, la popularidad presidencial está en el nivel del piso electoral del PAN en franco retroceso, que ha pasado del 35% de la elección presidencial de 2006, a un preocupante 23 a 26% en la actualidad.

4. “Greg” hunde al perrepán.
El análisis electoral a menos de un mes de los comicios del superdominio 4 de julio, muestran que el futuro inmediato para la coalición perrepán es la debacle.

El caso de Gregorio “Greg” Sánchez, con auto de formal prisión cumplido, y en prisión en la cárcel de alta seguridad de Nayarit, ha llevado al absurdo la alianza electoral entre el PAN y el PRD para detener al PRI en los estados en que habrá elección.

Los dirigentes de esos partidos, César Nava y Jesús Ortega, prácticamente han concluido sus carreras al frente de los partidos que dirigen, reducidos a su mínima expresión electoral.
Encuesta tras encuesta en cada una de las entidades, con la excepción de Oaxaca y Sinaloa, en donde hay algo de competitividad, muestran una contundencia 2 a 1 del PRI frente a sus adversarios de la coalición cachatodo. Al respecto, el responsable del diálogo de la izquierda (DIA), Manuel Camacho, se ufana de que son las coaliciones las que han establecido aunque sea alguna perspectiva de competitividad en algunas entidades, ya que sin éstas, por su lado el PAN y el PRD no tendrían prácticamente alguna oportunidad.

Es tal el hundimiento electoral de la coalición perrepán, que las encuestas anticipadas para pulsar las preferencias presidenciales, le otorgan al PRI una contundencia tal que prácticamente cualquiera de los aspirantes a la candidatura presidencial priísta le gana a cualquiera de los posibles candidatos del PAN o del PRD.

Si las elecciones fueran hoy, según GEA/ISA, la ex encuestadora de la casa presidencial, el PRI ganaría la presidencia de la República no sólo con Enrique Peña Nieto, el carismático y adelantado gobernador del Estado de México, sino hasta con Beatriz Paredes Rangel. Figuran en esta carrera, mejor colocados que Beatriz, el senador Manlio Fabio Beltrones, creciendo en apreciación e imagen, y el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera. En el PAN, podrían ser candidatos Ernesto Cordero, Alonso Lujambio, Santiago Creel y el activísimo gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, que se le ve por todos los estados apoyando candidaturas de panistas a alcaldías y congresos locales, pues candidatos del PAN a gobernador prácticamente no hay. En tanto que, en el PRD, Andrés Manuel López Obrador, futuro enterrador de “los chuchos”, estableció que la contienda será entre él y Marcelo Ebrard, en torno a quien resulte mejor posicionado en las encuestas e ignorando olímpicamente la autopromoción del senador Carlos Navarrete.

5. ¿Para qué quieren ganar el poder?
Cobra relevancia, ante la inminencia de la carrera presidencial, cuál puede ser el sentido que la contienda adquiera. Urge cada vez más, como señalaran los escritores Héctor Aguilar Camín y Jorge G. Castañeda en su periplo con la propuesta de discusión de Un futuro para México en la XII Reunión Nacional de Institutos y Organismos de Investigación Legislativa, realizada en Cuernavaca, Morelos, que los ciudadanos puedan conocer para qué quieren ganar las elecciones cada uno de los aspirantes y cada uno de los partidos políticos empeñados en la disputa del poder político.

No basta, han señalado los autores, en variables del voto útil como la que en 2000 llamaron al “cambio”, así, sin contenidos; o en 2006 estipularon “un peligro para México” en la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, o, peor ahora en la víspera del 2012, que el anatema de los contrarios sea “para frenar al PRI” en su retorno a Los Pinos. Ahora es necesario saber qué piensan los aspirantes a gobernar México, sobre la economía y cómo generar bienestar, empleos, certidumbre y seguridad pública; sobre la sociedad y la calidad de vida, el combate a la pobreza, los impuestos; sobre la política y las reformas necesarias para la estabilidad, la gobernabilidad y la integración de mayorías con capacidad de representar y de tomar decisiones; además del lugar que México debe ocupar en el mundo, optando por afirmar sus relaciones con el norte, que habrá de ser el referente geoestratégico fundamental para nuestro país.

Previamente, los senadores Graco Ramírez y Pedro Joaquín Coldwell, presidentes ambos de comisiones legislativas del Senado, el primero de Reforma del Estado y el segundo de Puntos Constitucionales, coincidieron en que la reforma política seguirá su curso y alcanzará consensos y acuerdos en el próximo periodo ordinario de sesiones. Ya han resultados concretos de la misma, consistentes en el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la facultad de investigación que actualmente ejerce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con la regularización constitucional de la declaración del estado de excepción, que nunca podrá ser decretada con supresión total de los derechos humanos, sobre todo los derechos a la identidad, a la dignidad, a la vida y a no ser desaparecido, además de derechos de los niños y derechos políticos.

Habrá acuerdo, dijeron los senadores ante los investigadores legislativos, en materias con gran cercanía entre los grupos como son la ratificación de integrantes del gabinete presidencial, la rendición de cuentas con un nuevo formato del informe presidencial que evite el día del Presidente y establezca el proceso de rendición de cuentas en un diálogo entre el titular del Ejecutivo y los legisladores; las cartas ciudadanas que fortalecen la participación, como son la candidatura independiente, posible ya según la Constitución pero aún sin reglamentar, la iniciativa popular y el referéndum en temas constitucionales de relevancia; la iniciativa preferente sin afirmativa ficta en calidad de minuta en la Cámara de Diputados, la cancelación del llamado “veto de bolsillo”; la sustitución del Presidente en caso de ausencia total conforme a una prelación preestablecida entre integrantes del gabinete previamente ratificados; reelección inmediata de legisladores y, eventualmente, reducción del tamaño de las Cámaras, con 100 diputados menos y sin lista de representación en el Senado.

En el Senado, dijo el senador Graco Ramírez, los senadores de los grupos comprometidos con la reforma política y con los intereses del país habrán de dar ejemplo y aprobarán las reformas; será en la Cámara de Diputados donde otros grupos, incluidos los diputados mexiquenses, deberán de dar testimonio de si están con las reformas o contra ellas, si se atreverán a gestar una contrarreforma y pretender retroceder a los tiempos de la presidencia imperial. En suma, como bien podrían decir Aguilar Camín y Jorge Castañeda, habrá de evidenciarse en qué están pensando en la gran apuesta por la presidencia del 2012: un México con reformas institucionales independientemente de quien ocupe Los Pinos, o un retorno al México de un solo hombre, propio del régimen de partido hegemónico.

Sin duda, las hipótesis sobre el caso Diego son simples especulaciones. Lo que es relevante es el mensaje que queda para la sociedad, inerme ante la actuación de grupos delincuenciales con la capacidad para poner de rodillas al Estado. Si alcanzaron a Diego, ¿quién podría estar a salvo?

A un año del incendio en la guardería ABC

Ha transcurrido prácticamente un año de la tragedia que costó la vida a 49 infantes al cuidado del Instituto Mexicano del Seguro Social en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

La investigación, que se enfocó con fines políticos para desfondar la elección de gobernador, ha sido desviada una y otra vez de la cuestión central: quién es el responsable de la prestación del servicio ante los derechohabientes, que la ley y las normas establecen con toda claridad.

La Ley del Seguro Social establece una relación entre el asegurado, que es en este caso la madre trabajadora, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, no entre los usuarios y una guardería subrogada. Es el IMSS el que establece una relación contractual para subrogar, esto es, proporcionar por medio de terceros, un servicio que es obligación del IMSS prestar y garantizar. Si se hubiera aplicado la normatividad vigente, la tragedia se habría evitado. Y si no hubiese consideraciones políticas de por medio para afectar a tal o cual político o familiar, los responsables ya habrían sido castigados o inhabilitados.

El 25 de febrero de 2004, la Unidad de Calidad y Normatividad del IMSS registró la Norma que establece las disposiciones para la Operación del Servicio de Guarderías. En la Norma, se establece que (sección 7.2.1) …”la guardería deberá contar con las condiciones de seguridad con base en la NOM-167-1997” emitida por la Secretaría de Salud. En la sección 4 de dicho ordenamiento, con toda precisión se establece la responsabilidad del IMSS al respecto, pues dice quiénes son…(4) “responsables de la aplicación de la norma, delegados estatales, regionales y del Distrito Federal. Titulares de las Jefaturas Delegacionales de Servicios de Prestaciones Económicas y Sociales, Jefes de Departamento de Guarderías, Coordinadores Zonales de Guarderías y Directoras de Guarderías”.

En el estado de Sonora, la cadena de responsabilidades inicia con el Delegado Estatal. En el plano nacional, la responsabilidad legal corresponde al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el momento del incendio prácticamente acababa de integrarse Daniel Karam, y quien firmó el contrato de subrogación explícitamente, fue el anterior titular del mismo, Juan Molinar Horcasitas.

La NOM-167-1997 disponible en el portal e la SSA, indica en su sección 5.6.3 que en materia de seguridad se deben considerar los siguientes factores: diseño arquitectónico para desalojo del inmueble en caso de siniestro; prevención contra incendios de acuerdo al Reglamento de Seguridad y Siniestros vigente en la entidad federativa o localidad; contar con la capacidad necesaria de agua almacenada para el uso en caso de siniestros, atendiendo a lo que establezca el Reglamento de bomberos; detectores de humo instalados en el techo y conectados a un tablero con indicaciones luminosas y accesible para el personal indicado; colocación de extintores en lugares estratégicos; puertas de salida de emergencia con la dimensión necesaria y dispositivos de fácil colocación; en muros no utilizar materiales inflamables o que produzcan gases y humos tóxicos.

Es más que evidente que ninguna de estas disposiciones de seguridad fueron observadas. Es más que evidente que la negligencia de las autoridades responsables de prestar el servicio a los derechohabientes, que es el IMSS, omitieron su deber y permitieron que funcionara una guardería que no tenía los requerimientos de seguridad para que pudiera funcionar. Al igual que en otro sensible caso, como fue el avionazo en que perdieran la vida el titular de Gobernación, Juan Camilio Mouriño, y el ex subprocurador de SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, la conclusión es muy simple: la irresponsabilidad, la corrupción y el tráfico de influencias en el IMSS provocaron la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

No es entendible que el IMSS eluda su responsabilidad primordial ante los deudos, ni que los funcionarios presentes en la cadena de mando de las guarderías no hayan sido sancionados. Lo peor es que se siguen dando nombramientos con criterios de lealtad y subordinación en puestos sensibles por la responsabilidad que implican y que requieren conocimientos especializados, experiencia acreditada además de responsabilidad, en este caso, ante los derechohabientes. Cuando se nombra un delegado de una institución como el IMSS, en realidad se está poniendo en sus manos la vida y la integridad de millones de derechohabientes de hospitales, clínicas, guarderías y hasta centros vacacionales. Por ello, el Consejo Técnico del IMSS debiera revisar e investigar con lupa la currícula de quienes nombra el director general del Instituto en cada delegación; si tal hiciera, con toda seguridad muchos de los actuales delegados no podrían ser responsables siquiera de administrar una farmacia.

En el caso de la tragedia de la guardería ABC del IMSS, la negligencia, la incompetencia y la corrupción costaron la vida de 40 inocentes criaturas y lesiones severas a otras 70. ¿Qué tanto le buscan? La ley del Seguro Social lo señala con claridad: el responsable de los servicios que presta el IMSS, es el IMSS, se establece una obligación entre el Instituto y sus afiliados; además, quien firmó el contrato de subrogación –que podría ser hasta ilegal—es el Director General del IMSS, en su tiempo, Juan Molinar Horcasitas. Y el responsable de supervisar el correcto funcionamiento y la seguridad de las guarderías en su demarcación, es el delegado del IMSS. Así lo marca la ley y así lo establecen las normas oficiales. ¿Qué le buscan?

Más misterios sin resolver

El silencio de las autoridades obliga necesariamente a la especulación en un caso connotado de secuestro como el del ex senador y abogado prominente, Diego Fernández de Ceballos.

Al momento, ya no es posible hablar de una “desaparición”. La circulación de una fotografía en Internet, en donde se le muestra desnudo, sometido y con los ojos vendados, es suficiente para concluir que se trata de un secuestro. La fotografía en sí es intimidatorio, muestra a un Diego Fernández de Ceballos sometido a la adversidad, humillado y en grave peligro de su vida. Por ello no es de sorprender que la familia, desesperada, solicite a la autoridad lo primero que pide todo secuestrador: que no intervenga la policía, algo que fue rápidamente otorgado por el gobierno federal, quien atrajo la investigación y de inmediato declaró la suspensión de indagatorias y actuaciones.

Con ello, Diego Fernández de Ceballos entra a la tercera semana de secuestro y podrían ser muchas más, en tanto trasciende que los captores están en negociaciones de rescate.

El silencio de las autoridades

¿Cuánto vale el rescate de don Diego? Esto suele tasarse en función de la capacidad económica de los familiares. Si la iniciativa antisecuestro del Ejecutivo Federal hubiese sido aprobada, la familia tendría sus cuentas congeladas y sus comunicaciones intervenidas, y si estableciera contacto podría ser sancionada penalmente, dado el criterio de a SSP inserto en el proyecto de ley de que es el pago de rescates lo que genera más secuestros. No obstante, por el momento, la ley no establece esta posibilidad y entonces la familia puede negociar y disponer de los bienes y recursos para lo que puede ser un millonario rescate, dada la reputación monetaria de la víctima.

¿Quién pudo haberlo secuestrado? Aquí, como afirmara el titular del Ejecutivo Federal a CNN en su visita a Estados Unidos, “es un misterio”. Por ello, diferentes analistas aventuran hipótesis, suponiendo la racionalidad de los diferentes grupos que suelen cometer secuestros.

Hipótesis al absurdo

Así, en la zona queretana y del Bajío, se sabe operan diferentes células del EPR, quienes tienen capacidad operativa y logística como para planear un secuestro tan bien orquestado que prácticamente no dejó huellas. Se colige que a Fernández de Ceballos lo sometieron al bajar de su auto, que lo esperaban dos o más captores sin que él los hubiera notado o bien, que los conocía y no le causaron desconfianza, pues iba armado. Lo que sus captores sabían es que llegaría –quizá era algo cotidiano y frecuente—y que suele viajar solo, sin escoltas.

Una vez sometido, nadie vio nada, ni se sabe que lo hayan trasladado en otro vehículo. Hay quienes suponen que lo llevaron caminando o cargando a campo traviesa hasta abordar otro vehículo oculto en las cercanías. Lo cierto es que lo pudieron sacar del lugar sin mayor problema.

Si bien el EPR emitió dos comunicados deslindándose del secuestro –el primero, lamentando la suerte del abogado, en tanto que en el segundo responsabilizan al gobierno federal de lo que le pueda pasar—en realidad, podría tratarse de células autónomas que deciden y actúan por su cuenta, como suele suceder con los frecuentes desprendimientos del grupo guerrillero. Si tal fuere el caso, dicen los expertos, la negociación será en términos monetarios e indudablemente se respetaría la vida del cautivo.

La segunda nota del EPR lleva a otra hipótesis, que también aborda Fernández Menéndez en sus columnas al recordar el secuestro de don Fernando Gutiérrez Barrios. En aquella ocasión, don Fernando tuvo la certeza de que el secuestro había sido inducido desde los altos círculos del gobierno, que le estarían cobrando algún agravio o desatención. La familia y los amigos se preocuparon, hubo indiferencia del gobierno para rescatarlo, sigilo de las autoridades, se pagó el rescate y finalmente, el cautivo recuperó su libertad.

Ahora, el patrón pareciera estarse repitiendo: una misteriosa desaparición, cierta indiferencia en altos círculos (“es un misterio”), preocupación de la familia y solicitud de manos fuera para la autoridad, obsequiada de inmediato, negociaciones con sigilo, seguramente se pagará el rescate y, finalmente, es de esperar que la víctima recobre su libertad. ¿Habrá un agravio o desafío para alguien como para haberlo secuestrado? Seguramente es otro misterio.

Una tercera hipótesis, como seguramente habrá otras más, es la de que se trata de asuntos personales, esto es, vinculado a las actividades amorosas, empresariales o del despacho, en que también se estuviese cobrando algún agravio. Esto, deduciendo que la fotografía de don Diego con los ojos vendados muestra que los captores no quieren que él vea, dado que posee una capacidad de observación muy afinada. Esta posibilidad, parte del misterio que rodea su desaparición, podría ser la de mayor riesgo, pues involucraría una variable no necesariamente económica en la negociación.

Sin duda, ésas y otras hipótesis son simples especulaciones. Lo que es relevante es el mensaje que queda para la sociedad, inerme ante la actuación de grupos delincuenciales con la capacidad para poner de rodillas al Estado. Si alcanzaron a Diego, ¿quién podría estar a salvo?

Tronarán las coaliciones

Las coaliciones perrepán en seis entidades y la colaboración observada en el ámbito legislativo hacen agua por todos lados. Las encuestas, con excepción de Oaxaca, en donde se sigue leyendo un empate técnico, muestran que en las restantes entidades poco podrán hacer los coaligados frente al PRI.

Más aún con la detención del candidato del PRD en Quintana Roo, Gregorio “Greg” Sánchez que golpea el núcleo de entendimiento de las coaliciones perrepán al introducir un componente de desconfianza y de incertidumbre en la actuación de los aliados. Aún entre el grupo de los “chuchos” es perceptible la molestia, pues hay quienes consideran que ir juntos y detener a un aliado es definitivamente una decisión política que debió haber sido evaluada con el debido cuidado y consideración del impacto que una medida de esta naturaleza tiene indudablemente entre los coaligados.

El PRD no quiso ver cuál ha sido la conducta político-electoral del eje PAN-gobierno en sus tratos con la oposición. De las primeras cosas que hizo el gobierno, fue negarle al PRI cualquier respaldo que este partido le hubiera dado en el difícil trance de 2006, cuando la situación política estuvo al borde de la confrontación –se recordará, el presidente Fox no pudo entrar al Congreso a rendir su sexto informe, las calles de la ciudad de México tomadas por las huestes de López Obrador, la instauración de la “presidencia legítima” en noviembre de ese año y la insólita y breve ceremonia de transmisión del gobierno federal con el palacio de San Lázaro prácticamente tomado por el Ejército–.

Durante la elección federal de 2009, el dirigente nacional, Germán Martínez, abrió la guerra sucia contra el PRI subrayando que “el enemigo a vencer” era el PRI, acusándolo detener las iniciativas de extinción de dominio y combate al narcomenudeo del presidente Calderón; las cuales fueron finalmente aprobadas y hasta el momento no se han aplicado, aún cuando quizá se las apliquen a “Greg”.

Tras la derrota electoral, en la negociación del paquete económico del 2010, en octubre el gobierno negociaba un supuesto “boquete” fiscal cuando detectó la preocupación mexiquense por una eventual coalición en las elecciones locales del Edomex en 2011 y, con la firma de la dirigente nacional, Beatriz Paredes, le pusieron un “cuatro” en el convenio de votos por impuestos y lograron lo que parecía imposible, que el PRI convalidara el incremento de impuestos, incluido el impopular IVA a cambio de una promesa que inmediatamente el PAN incumpliría: que no habría coaliciones.

César Nava rompió el acuerdo, provocó la salida del PAN del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, enfrentó a Beatriz Paredes y sin rubor alguno, estableció las negociaciones con el PRD y otros partidos del frente de izquierdas de Manuel Camacho conocido como DIA, para frenar al PRI y detener su marcha hacia Los Pinos.

La posibilidad de éxito de las coaliciones estaba cifrada, según el diseño de Camacho, en cambiar los escenarios y establecer condiciones de competitividad para los coaligantes, que de otra forma no tendrían alguna posibilidad. Pero la percepción electoral de los ciudadanos no parece respaldar la ingeniería política del frente amplio y las perspectivas electorales perrepán y aún las candidaturas en solitario del PAN se muestran muy débiles en prácticamente todas las entidades.

Lo cierto es que el gobierno federal decidió aplicar la ley en el caso de Quintana Roo y detener a Greg Sánchez.

Con ello, el gobierno federal ha roto otro acuerdo, que es el debido respeto entre aliados. Lo que es más difícil de entender es cómo el PRD es capaz de sostener coaliciones con el PAN en unos lados y ser golpeado por la PGR del gobierno del PAN en otros. Cero y van dos, primero, hace precisamente un año, el michoacanazo que puso en prisión a 30 ediles, primordialmente del PRD, también a 45 días de los comicios. Ahora, la detención y puesta en la picota del candidato de PRD en Quintana Roo. Y todo, para detener al PRI. En la reducción de la política al absurdo, ¿será también un problema de percepción en donde, como en el caso de la recuperación económica, los ciudadanos no ven lo que el gobierno federal percibe con nitidez?

La renovación del Consejo Nacional del PAN no hace sino mimetizar al partido con el gobierno lo que, al final de cuentas, los llevará  al paradigma de la profecía autocumplida: los panistas habrán hecho todo lo necesario para pavimentar la salida de Los Pinos.

1.  Réquiem por Mérida.

Las elecciones locales en Yucatán resultaron, sin excepción, conforme a la encuestalia preliminar: arrasó el PRI, 13 de 15 distritos locales para el Congreso, ganó el bastión emblemático del PAN, Mérida, por más de 14 mil votos, además de otras 68 alcaldías frente a 38 azules. 

Lo inusual ha sido la conducta de la dirigencia nacional panista, de la candidata Beatriz Zavala y de los apoyadores legislativos, para intentar lanzarse a denostar el proceso y a las autoridades electorales, con un discurso que todos creyeran es característico de Andrés Manuel López Obrador: voto por voto, casilla por casilla; alegar fraude anticipado, elección de Estado y el discurso polarizante, de descalificación, que podría estar inaugurando la disputa política de cara a otros procesos electorales venideros.

El PAN perdió Mérida, como lo acredita el que haya perdido también el Congreso y otras alcaldías igualmente de manera abrumadora, de forma tal que otros ex presidentes municipales panistas desaprobaron la estrategia de resistencia civil activa y pacífica que en el pasado utilizara don Luis H. Alvarez, para intentar pelear ahora en el TRIFE lo que perdieron en las urnas. Así, Ana Rosa Payán y Luis Correa Mena, ambos ex alcaldes panistas de la ciudad blanca, exigen civilidad y que se acepte el resultado, pues éste se debió a los errores internos del PAN, que no se reconstruyó tras la derrota de hace tres años por la gubernatura.

Para numerosos analistas, el comportamiento electoral del PAN en la era Nava es plenamente contradictorio. No apoya a los candidatos de su partido, pues traba alianzas oportunistas con partidos históricamente antagónicos, irreconciliables hasta hace muy poco, para impulsar candidaturas de ex priístas o ex panalistas; cuando algún aspirante panista obtiene la candidatura del PAN, como fue el caso de la senadora con licencia Beatriz Zavala en Mérida, pierden el bosque y el árbol al enfocar de manera muy confusa el sentido de la elección.  En Yucatán no estaba en juego tan sólo Mérida, se trataba de una elección para renovar el Congreso y la totalidad de las alcaldías, por lo que la batalla debió ser estatal, no sólo por Mérida.

Finalmente, como está sucediendo en otras elecciones, la dirigencia del PAN pareciera creer que las elecciones locales se ganan en la ciudad de México, pues en donde hacen campaña de manera regular los candidatos panistas, incluidos los que batallaron por Mérida, es en el centro de la República. 

El síndrome de Mérida podría estar acompañando al panismo en las elecciones que se avecinan: las encuestas prefiguran derrotas en prácticamente todos los estados, con alta competitividad en Oaxaca y Sinaloa, donde las más recientes consultas están leyendo un empate técnico (2 a 4 puntos de diferencia entre el candidato del PRI y el de la coalición cachatodo que desdibuja al PAN).  El discurso del odio y la polarización, no obstante, se asoma contaminando las otras esferas de la política, como son la legislativa y la gestión pública, pues de fácil manera se lapida a los priístas como “lastres” o “picapiedras”, exhortándolos después a negociar y establecer compromisos para concretar, por ejemplo, minutas ya aprobadas en un periodo extraordinario de sesiones sin observar, al mismo tiempo, que el Ejecutivo Federal, haciendo uso del llamado “veto de bolsillo”, tiene retenidas 22 leyes aprobadas por el Congreso, difiriendo su publicación en el Diario Oficial de la Federación, que es el trámite jurídico necesario para la entrada en vigor de cada ley.

2.  Renovación del Consejo Nacional del PAN.  

En este alicaído contexto, este fin de semana se renovó el Consejo Nacional del PAN.  Por un lado, la renovación enfrenta una profecía que hace temblar las entrañas del panismo: elección tras elección enfrentan la derrota, lo que presagia, también,  el inminente retorno del PRI a Los Pinos. Por el otro, la desaparición de un connotado militante, el “jefe” Diego Fernández de Ceballos, nubla la distancia entre las diferentes islas del panismo.

Aún así, el calderonismo buscará  mantener el control de la estructura política más importante del PAN, que es el Consejo Político. Para ello, ha movilizado a todos su aparato en las diferentes regiones del país, así como en el Distrito Federal. De entrada, el Comité Ejecutivo del partido presenta, ya aprobados, a numerosos subsidiarios de Felipe Calderón para integrarse al Consejo.

Con escaso rubor, no obstante cierta rispidez en el lenguaje de los excluidos, el presidente Calderón impulsó a sus más cercanos parientes y colaboradores: su esposa, Margarita Zavala y su prima, Mariana Gómez del Campo; el titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas; el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos; el de Medio Ambiente, Rafael Elvira  Quesada; así como los diputados Josefina Vázquez Mota, Francisco Ramírez Acuña, Gabriela Cuevas, Mariela Pérez de Tejada; los senadores Blanca Judith Díaz, Gabriela Ruiz del Rincón, Alejandro González Alcocer. Muchos otros llegarán por las estructuras territoriales, como Gustavo Madero, González Morfín, Zapata Perogordo, entre otros.

Los nombres de los “cercanos y leales” al presidente Calderón pululan. La titular de la Oficina de la Presidencia, Patricia Flores; el vocero presidencial, Max Cortázar; el ex secretario privado, Jordy Herrera; el ex secretario general, Rogelio Carvajal; el subsecretario de Enlace Legislativo de Segob, José Manuel Minjares, entre muchos otros.

Aún cuando parece obvio que se mantendrá  la hegemonía calderonista, no por ello los otros grupos le disputarán el espacio, como son el de Santiago Creel, por ahora el más aventajado aspirante a la candidatura presidencial; el ¨”yunque”, con el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva y Juan Carlos Romero Hicks a la cabeza, y por supuesto, los foxistas, con Manuel Espino y José Espina, con mucho los más acres ante la gestión del calderonismo.

El futuro para César Nava no parece diáfano. Al igual que sucedió con Germán Martínez, Nava habrá  de cargar con la debacle futura de las coaliciones cachatodo y el naufragio del panismo, participante en muchas elecciones sin candidatos propios. Si las coaliciones llegaran a ganar donde pareciera más probable, que es Oaxaca y Sinaloa, los ganadores no serían panistas, sino en todo caso, ex priístas.  De esta forma, no se ve cómo, de la renovación del Consejo Nacional del PAN, salga un partido imbuido de una dinámica de triunfo, decidido a respaldar el liderazgo presidencial que los ha llevado de derrota en derrota. Quizá aún prevalezca la disciplina y la toma del PAN por los subordinados y cercanos del Ejecutivo Federal, lo que no hace sino mimetizar al partido con el gobierno lo que, al final de cuentas, los llevará al paradigma de la profecía autocumplida: los panistas habrán hecho todo lo necesario para pavimentar la salida de Los Pinos.

3.  El misterio de Diego.

La misteriosa desaparición del ex senador Diego Fernández de Ceballos en su rancho de La Cabaña, municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, ha motivado toda suerte de suspicacias.

Nadie entiende cómo pude considerarse “desaparecida” a una persona que fue sustraída de su domicilio con violencia, por más de una persona y de una manera quirúrgica, esto es, en un punto exacto y sin que prácticamente nadie se percatara, lo que revela, al menos, amplio conocimiento de los movimientos de la víctima.

Más aún, por la inusual conducta que las autoridades federales han asumido ante los hechos; primero, sin ejercer facultad de atracción, colaborando pero dejando en el ámbito estatal las indagatorias.  Segundo, por el silencio, que bien pudiera comprenderse tratándose de una cuestión delicada en que está en riesgo la vida de un presunto secuestrado. Y, tercero, pro la condición de “misterio” en que el titular del Ejecutivo Federal situó el caso. No obstante el impacto nacional del caso y las graves consecuencias que podría implicar el desenlace, se le sigue tratando como una desaparición sucedida en el misterio.

La petición de la familia para guardar silencio y discreción extrema en el caso, sólo es explicable a la luz de que se esté entablando una negociación con los captores; más aún, en círculos de opinión usualmente bien enterados, se ha dejado correr la especie de que se trata de problemas personales o profesionales de la víctima, posiblemente asociados al despacho desde el cual litiga.  Uno de sus principales socios, el ex procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, se asume como vocero y eventual conductor de lo concerniente a la desaparición.

Pero esencialmente sigue siendo un misterio.  Como lo fue el caso de Paulette en Huixquilucan, Estado de México, quien fuera encontrada muerta en el mismo lugar en que había desaparecido, tras lo cual la Procuraduría Estatal concluyó que no hay culpables.  De esta forma, no se podría descartar que la desaparición del abogado Diego Fernández de Ceballos, dada la cercanía con la peña de Bernal, fuera probablemente un encuentro del tercer tipo con alienígenas del lugar. Sería de esperar que, a diferencia del caso Paulette, no fueran necesarios demasiados días para desentrañar tal misterio.

4.  Tras la visita a Estados Unidos.

Los periplos presidenciales por España y los Estados Unidos tuvieron un propósito inicial, que fue el de publicitar la recuperación mexicana, la intensidad del combate al narcotráfico, atraer inversiones y, en el caso del vecino del norte, defender a nuestros migrantes.

En términos de opinión, no le fue mal al presidente de México.  Realmente, la agresiva ley antiinmigrante de Arizona creó un ambiente de opinión pública favorable a los viajes, ensombrecidos un tanto por la misteriosa desaparición de Fernández de Ceballos, que le recordó al mundo el clima de bajo imperio de la ley prevaleciente en México.  Si un personaje connotado como el abogado Fernández puede desaparecer y ser considerado un misterio, ¿qué pueden esperar los demás simples mortales?

Por ello, los mensajes que buscaba colocar el gobierno mexicano fueron acogidos con cierta reserva.  En España, al volver a insistir en lo que considera un problema de percepción sobre la violencia, señalando que existen sólo 12 homicidios violentos por cada 100 mil habitantes frente a 39 de Colombia y 22 de Brasil, en tanto que Washington, D.C., tiene una tasa de 31 homicidios por cada 100 mil habitantes y Nueva Orleáns, 74. Tan sólo la misteriosa desaparición de Diego Fernández de Ceballos hace palidecer el argumento, así como la persistencia en los reportes de muertes violentas que, tras tres años de guerra contra el narco, han llegado, según cifras de Sedena, a 22 mil 700 ejecuciones.

El comparativo internacional en realidad no compara cifras equiparables. Se compara el índice nacional de homicidios totales frente a un índice mexicano de ejecuciones violentas, que son dos cosas diferentes.  Los homicidios totales incluyen todo tipo de homicidios, incluidos los de carácter culposo.  Si éste fuera el caso, la cifra por cada 100 mil habitantes en nuestro país sería mucho más alta, quizá cercana a la de Brasil. 

Por otra parte, en lo que se refiere a la guerra contra el narcotráfico, hubiera sido políticamente incorrecto no reconocer el esfuerzo de México en la materia. Pocos países podrían asumir el costo de tener 22 mil 700 muertos en un conflicto de esta naturaleza como ha sucedido en el nuestro, con resultados todavía inciertos, pues ni ha bajado el trasiego de drogas ni el principal mercado de consumo, los Estados Unidos, ha hecho algo realmente significativo para atender su parte del problema, como pudiera ser el tráfico de armas, el lavado de dinero y el altísimo consumo de enervantes. Peor aún, por lo menos una veintena de estados de la Unión Americana están legalizando el consumo de marihuana y se está registrando un viraje en la política norteamericana, que iría de considerar a las drogas como un asunto criminal, a tratarlo como un problema de salud pública.  El compromiso del gobierno norteamericano fue el de realizar un esfuerzo para reducir el consumo en Estados Unidos, lo que eventualmente podría suponer una menor demanda de drogas.  Pero, en cambio, la posición norteamericana fue enfática al no comprometerse a reducir la venta de armas –la oposición republicana fue hasta grosera, al considerar que el presidente mexicano había ido demasiado lejos al aludir a la segunda enmienda—o realizar algo significativo en materia de lavado de dinero, algo que quizá hubiera podido ser abordado a la luz de la inminente regulación del sistema financiero norteamericano, que será el segundo gran proyecto legislativo del presidente Obama.

En lo que a migración se refiere, la posición del gobierno norteamericano fue simple y electoralmente orientada: no podemos hacer nada por ahora, pero la situación se estudiará y resolverá, tras el proceso de renovación del Congreso en noviembre próximo.  De esta forma, para los republicanos, el presidente mexicano estuvo inmerso en la contienda electoral de aquél país, pues tácitamente llamó a orientar el voto hispano en apoyo al Partido Demócrata, con lo que los republicanos reaccionaron asumiendo que se trataba de una ingerencia en asuntos internos. 

De esta forma, el balance de las giras por España y Estados Unidos habrá dejado el sabor de buenos discursos pero pocas nueces; más comprensión internacional al enorme esfuerzo que ha realizado nuestro país para sobreponerse a la mayor crisis económica desde la Gran Depresión y sostener, al mismo tiempo, una guerra total contra el narcotráfico, que ha costado más vidas mexicanas que muertos norteamericanos en Irak.

5.  Periodo extraordinario de sesiones.

En los círculos del congreso mexicano se sigue manejando la materia para un periodo extraordinario de sesiones. La coalición Perrepán ha planteado su convocatoria para resolver las minutas votadas al cierre del anterior periodo ordinario, sobre todo las del Senado relativas al fortalecimiento de los Derechos Humanos, la Ley Antisecuestro y la reforma a al Ley de Seguridad Nacional, que le otorga un marco legal a la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. 

Se habla, también, de impulsar la minuta de los Diputados en el Senado relativa a las reformas a la Ley Federal de Competencia y quizá procesar algunos otros acuerdos en materia de reforma política en los aspectos que mostraron mayor cercanía entre el gobierno y las bancadas, como son las “cartas ciudadanas” (candidatura independiente, referéndum, iniciativa popular); la ratificación de integrantes del gabinete presidencial, la sustitución del Presidente en caso de ausencia total, la reelección legislativa, reconducción presupuestal y reducción del tamaño del Congreso, entre las principales.

Empero, lo que ha quedado claro son dos cosas: una, que de haber materia para un periodo extraordinario, éste tendrá lugar después de las elecciones estatales el superdomingo 4 de julio, dado que las tensiones electorales trascienden evidentemente al entorno legislativo.  Y, dos, que el periodo extraordinario sólo podrá convocarse cuando exista materia para ello, en donde el PRI ha insistido que habrá materia cuando se tengan dictámenes comprometidos y preferentemente firmados.

Es obvio que este llamado es un ardid electoral más.  Si un acuerdo para un periodo extraordinario sucediera antes del 4 de julio, tendría la connotación del statu quo, donde el gobierno federal y el PAN asumen que aún tienen fuerza para negociar.  Si sucediera tras los comicios del 4 de julio, estarán fuertemente influidos por los resultados.  Una gran derrota de las coaliciones Perrepán haría que el sector más conservador y retardatario del PRI ya no viera necesidad en las reformas que se están planteando, las que ha ofrecido combatir en la Cámara de Diputados; en tanto que un avance del Perrepán en por lo menos las entidades que tienen mayor competitividad política (Oaxaca y Sinaloa) podría establecer una connotación de debilidad futura del PRI (le habrían encontrado un talón de Aquiles) que pudiera llevarle a activar la agenda legislativa.  ¿Quién tendría prisa, entonces, para realizar un periodo extraordinario de sesiones?

Yucatán

Todo indica que, cuando estas líneas se publiquen, se estará definiendo la elección local en Yucatán para renovar el Congreso y las 106 presidencias municipales.

Al respecto, si bien la atención mediática se ha concentrado en la capital, Mérida, donde el PRI apunta a alzarse con la victoria con alguna holgada diferencia, la elección relevante es la del Congreso local, en donde cabría esperar la reiteración del triunfo priísta de hace tres años.

La elección local se convirtió  así, en una antesala de lo que pudiera ocurrir el superdomingo electoral del 4 de julio, sobre todo por el tenor rijoso adoptado por los candidatos, cuando buscan sustentar en los medios lo que debieran obtener en las urnas.  De esta forma, quien se mira abajo en las expectativas adopta el discurso del “fraude anticipado” al tiempo que busca sacar la elección del ámbito local, para trasladarlo a otras instancias, como es, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La “guerra sucia” habrá de persistir, que es quizá la principal enseñanza de las elecciones en Yucatán, al ser el principal recurso de los partidos y candidatos para atraer la atención de la opinión pública y de los ciudadanos.  Lo cierto es que, otra vez, el gran vencedor apunta a ser el abstencionismo, pues los ciudadanos tienden a alejarse de la excesiva confrontación, al tiempo que los partidos se ocupan más de denostarse que de convocar a los votantes a elegir entre opciones creíbles y bien diferenciadas.

Lo que tal vez estemos viendo al concluir el proceso electoral, es el resurgimiento de la impugnación de resultados en los tribunales. Si no se puede apelar al veredicto de las urnas, entonces recurrir a la descalificación anticipada del resultado.  Sólo la oportunidad y contundencia  de las cifras publicitadas por la autoridad electoral, además de una actuación impecable de ésta, pueden evitar el retorno a la incertidumbre y la desconfianza en los resultados electorales.

Otros procesos electorales

El tono resultante en la elección de Yucatán, habrá de ser, entonces, el tono de los 12 procesos electorales para elegir gobernador en sendas entidades, el próximo domingo 4 de julio.  No obstante la formación de coaliciones cachatodo en seis de las entidades, que resultan una novedad interesante sólo para los partidos y candidatos que participan en ellas pero que al parecer está motivando más rechazo que adhesiones entre los ciudadanos, los discursos que trascienden desde los estados hablan de procesos electorales desiguales, de elecciones de Estado, de cercos mediáticos, de ingerencia gubernamental en los comicios, de desvíos de recursos para favorecer candidaturas, así como de tácticas descalificadotas e intimidatorios.

Tal pareciera que los partidos y los candidatos se hubiesen propuesto ahuyentar a los electores más que atraerlos a las urnas.

No obstante ello, los escenarios más probables hablan de un inevitable triunfo del PRI en prácticamente todos los estados en disputa. La probabilidad de un carro completo no es desdeñable, como tampoco lo es la de un buen resultado electoral para el PRI, evaluable a partir del número actual de sus gubernaturas en disputa. Si tiene nueve actualmente, debe obtener por lo menos nueve y sería un buen resultado.  Si además lograra ganar posiciones adicionales, entonces tendría un excelente resultado.  El carro completo representaría el knock out para el gobierno federal y para los coaligados.

Por ello es que, como señala reiteradamente uno de los arquitectos de la visión de los coaligados, Manuel Camacho Solís, ante una lectura electoral de eventual carro completo del PRI, el gobierno federal, el partido gobernante y un sector de la izquierda decidieron actuar de manera insólita e intentar cambiar las expectativas, recuperando competitividad en algunas entidades.

De esta forma, lograron elevar un poco las perspectivas mediáticas –porque las electorales prácticamente no se han movido, según las mediciones de Mitofsky y del Gabinete de Comunicación Estratégica—en Durango, en Puebla, en Hidalgo, Sinaloa, Quintana Roo y Oaxaca, con mayor competitividad en Oaxaca y Sinaloa, en donde los momios se ubican en la zona del empate técnico.  La táctica del PAN, como se percibe, es la de hablar de fraude anticipado y elecciones “de Estado” en las entidades con dominio priísta. Por ello es de esperar la recurrencia a acciones postelectorales.

Al final, tal y como se aprecia en la elección en Yucatán, lo que cuenta es la decisión de los votantes para acudir a las urnas y la capacidad territorial de los partidos políticos, por lo que los comicios se tornan en un duelo de estructuras electorales, que incluyen la movilización de votantes y la representación de partidos y candidatos en las urnas.

En realidad, ya no se está en los tiempos de las elecciones “de Estado”, en donde la ingerencia gubernamental secuestraba prácticamente la elección.  Lo que hay son aparatos políticos con mayor o menor capacidad de movilización, de representación y de cobertura de las casillas; la posibilidad de compulsar rápidamente los resultados con mecanismos de conteo rápido y, por último, la instancia jurisdiccional, que revisa no sólo lo que ocurre el día de los comicios, sino la manera en que se desarrolló el proceso, los topes de campaña, el acceso equitativo a medios y todos los recursos de impugnación susceptibles de ser documentados.  Por ello, hablar de fraude anticipado suele ser un recurso común de la oposición, pero en los tiempos actuales se requiere no sólo decir, sino probar ante los tribunales las imputaciones.

México puede crecer

En la última década, nuestro país recibió recursos excedentes del petróleo por 4.2 billones de pesos (323 mil millones de dólares); en ese mismo lapso, el PIB creció en términos nominales, más o menos al doble (un punto del producto se estimaba en 50 mil millones de pesos en el año 2000, y, con anterioridad a la crisis de 2009, se estimó en 100 mil millones de pesos, más o menos).  Por su parte, el Presupuesto de Egresos de la Federación pasó de más o menos un billón de pesos hace 10 años, a 3.4 billones en la actualidad.

Estas cifras ingentes, sin embargo, no se tradujeron necesariamente en mayor bienestar para los mexicanos.  Todavía el 40% de la población tiene acceso sólo al 10% del PIB, en tanto que el decil de más altos ingresos, usufructa el 50% del mismo.  Esto es, el crecimiento y el ingreso se concentran en unos cuantos, en tanto que las carencias y la pobreza impactan a los más, por ello, nuestro esquema de desarrollo es de los más desiguales y desequilibrados del mundo.  La perspectiva es que, en los próximos tres años, en que estará aún desahogándose la parte social del impacto generado por la crisis económica del 2009, habrá por lo menos 4 millones más de mexicanos en situación de pobreza extrema, que estarían sumándose a los seis anteriormente creados por la debilidad del crecimiento de la economía mexicana en la actual administración.

Ahora que estuvo en México Paul Krugman, invitado por el gobierno del Estado de México a participar en los foros Peña Nieto para reflexionar en torno a la política, la economía y la sociedad futuras, el economista Premio Nobel 2008 sostuvo que México sí podría  “dar el salto cuántico” y constituir un modelo económico de éxito si… (siempre hay un sí en el camino)… si se ponía a hacer la tarea completa.

Paul Krugman, en plena crisis del 2009, fue uno de los mayores escépticos de la crisis y los efectos que tendría en países emergentes, quienes simplemente no podrían recuperarse apalancados sólo en el déficit público, además de pensar que la economía mundial debió haber adoptado medidas drásticas con los bancos en situación de insolvencia, en lugar de rescatarlos, a tal grado que Agustín Carstens, a la sazón secretario de Hacienda, le espetó ser un desconocedor de la realidad mexicana, que sí habría de sobrevivir a la crisis.

Ahora, Krugman, inserto en la realidad mexiquense, piensa que la economía mexicana se ha enfrascado en crear estabilidad con baja inflación y reducido déficit público, para transformarse en una economía exportadora, ya no de sólo petróleo, sino también de manufacturas, beneficiándose del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.  ¿Qué pasa entonces? Que México está en los límites del crecimiento sustentado en exportar productos sin tecnología y sin innovaciones que apoyen la competitividad. Por ello, el ingreso per cápita crece lentamente y sufrido una inflexión drástica el año pasado, cuando pasó de casi 9 mil dólares en 2008, a 6 mil en 2009.

¿Cómo superar la falta de crecimiento? Krugman dice que haciendo el resto de la tarea, es decir, invertir en la población: en educación, en infraestructura, en ciencia y tecnología, en capacitación y reentrenamiento en el trabajo. Por supuesto, hará falta invertir muchos recursos para realmente sacar de la pobreza a la población actualmente inmersa en ella, casi 60% del total.

Es así que Krugman vino a insistir en el inventario de rezagos que muchos en México hemos estado insistiendo: la educación se abandonó, no está orientada a ser útil para vivir mejor o para insertarse en el mercado laboral; hace falta infraestructura básica para la competitividad, como son buenas carreteras, troncales bien diseñadas y ejecutadas, puertos, marina mercante, energéticos; es necesario compensar el asimétrico desarrollo regional, con una brecha enorme entre los Estados del sur y sureste, con los del centro y el norte del país; así como hacer prevalecer del Estado de Derecho, que tiene que ver no sólo con la seguridad pública, sino también con la certidumbre jurídica que es garantía de confianza y un menor costo en las operaciones cotidianas.

Concluyó Krugman señalando que las tareas están allí, sólo hace falta que México las pueda retomar para ocupar su lugar.  Quizá sólo le faltó agregar que, si ya vencimos a los jinetes del Apocalipsis, pues éstos qué nos duran.

México en Estados Unidos

Indudablemente, en la próxima visita del presidente Calderón a los Estados Unidos, el 19 y 20 de mayo, podría contar por vez primera en su mandato, con el apoyo de prácticamente todos los mexicanos.  El tema es, por un lado, establecer con solidez ante el gobierno y el Congreso norteamericanos la posición mexicana ante la discriminatoria y racista ley SB 1070 adoptada por el estado de Arizona, que es violatoria de los derechos humanos, tal y como han señalado en diversos círculos de aquél país y del nuestro, y de organizaciones internacionales y defensores de los derechos humanos.

Por el otro, está el que se refiere al combate al narcotráfico.  Es plausible el giro que está  tomando el gobierno norteamericano en la materia, pero no deja de ser en cierta forma cuestionable para el enfoque calderonista.  Para los Estados Unidos, según el zar antidrogas Gil Kerlikowske, la “guerra” contra las drogas no dio los resultados esperados tras 40 años de la misma, pues las drogas deben tratarse no sólo como un problema de justicia criminal, sino también como un problema de salud.  Es por ello que apostarán ahora por reducir en 15% el consumo, bajar en 10% el número de adictos adultos y reducir en 10% el manejo bajo el influjo de drogas.  Por el momento, dijo, no están pensando en legalizar las drogas, si bien es sabido que ya casi una veintena de estados lo han hecho para fines terapéuticos (que es lo mismo que tornarlo en un problema de salud pública).

El dato mayor es que en California, con mucho el estado más emblemático de la Unión Americana en esta materia, en las elecciones de noviembre estará a referéndum la legalización total del consumo de marihuana, con todo lo que ello habría de representar como estado productor y gran consumidor de estupefacientes.

Ante esta situación, ¿se vale que en Estados Unidos estén legalizando el consumo y en México se estén poniendo los muertos? Ello, sin abundar demasiado en las otras partes de la garra que nos tiene sumidos en una guerra sin cuartel entre el gobierno federal y los narcodelincuentes: es en Estados Unidos donde se compran las armas (85% de las armas confiscadas son de origen norteamericano según informa la Sedena) y es en los bancos y casas de cambio norteamericanas donde se lavan los miles de millones de dólares  que abastecen y proveen toda la logística y el domo de protección a las organizaciones criminales del narcotráfico.

El tercer tema de la minicumbre entre México y Estados Unidos, si es que da la agenda para ello, es evidentemente el tema comercial.  Nuestro país se está recuperando en el comercio con los Estados Unidos, a donde exportamos el 80% de la producción nacional. Así que habrá que insistir allá en el tema de la seguridad en las fronteras y en la seguridad pública en general, pues aún existen las advertencias a ciudadanos norteamericanos para viajar a nuestro país.

En realidad, el tiempo electoral en los Estados Unidos, que suele ser tremendamente conservador, no es bueno para gestionar compromisos.  El presidente Obama ha anticipado ya qué es lo posible: que el Departamento de Justicia siga analizando la constitucionalidad de la ley SB 1070, conociendo que el proceso jurisdiccional allá toma sus tiempos; el congreso norteamericano escuchará y difícilmente habrá de posicionarse al respecto; y en materia migratoria, el tiempo electoral nunca es bueno para plantear el tema.

No obstante, en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, ésta sí genera dividendos electorales allá, porque buena parte del electorado indeciso y localista, en elecciones intermedias, suele influenciarse por los riesgos que las drogas representan, por lo que la reunión le serviría al gobierno norteamericano para forjar un “new deal” con México: reducir la violencia en las calles y en la frontera, y buscar un enfoque de prevención, más que de acción punitiva.

El fantasma del periodo extraordinario

Al concluir el periodo ordinario en abril pasado, casi de inmediato surgió la especie de que debiera convocarse a un periodo extraordinario para hacer avanzar las iniciativas aprobadas en los últimos días, entre las que destacan, en el lado del Senado, el fortalecimiento de los Derechos Humanos, la regulación constitucional del estado de Excepción; la Ley Antisecuestro; la Ley de Seguridad Nacional que otorga un marco legal a la actuación del ejército en el combate al narcotráfico; la Ley General de Tratados Internacionales y las reformas a la ley de Desarrollo Social.  Por su parte, la Cámara de Diputados envió la ley Antiobesidad, la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica y devolvió la minuta de Ley de Derechos Alimentarios de los trabajadores, además de estarse procesando en ambas Cámaras la polémica iniciativa de Ley Federal de Medios y Contenidos Audiovisuales así como las iniciativas de Reforma Política.

Se dice, entonces, que hay materia para un periodo extraordinario.  En realidad, conforme al proceso legislativo, lo que hay es materia para que trabajen las comisiones legislativas responsables de dictaminar las minutas recibidas por ambas cámaras, y si el consenso de la coalición perrepán lo permite, contar con dictámenes firmados para motivar la convocatoria a un periodo extraordinario.

La dinámica legislativa, como lo reconocen tirios y troyanos, se detuvo abruptamente por la irrupción de la coalición perrepán en el Congreso. De repente, compromisos signados fueron retirados de la agenda, como fue, por ejemplo, la reforma a la banca de desarrollo que tanto disgusto causa a la Secretaría de Hacienda, a lo que el PRD ya había dado su firma y el consenso perrepán le obligó a retirar.  Lo mismo sucedió en el albazo que se pretendió dar, al amparo de esta coalición en materia de telecomunicaciones, pues la propuesta Molinar Horcasitas presentada simultáneamente en ambas Cámaras busca fusionar en un solo ordenamiento, la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión.

En la reforma política, no obstante las cercanías en temas como las “cartas ciudadanas” (candidatura independiente, iniciativa popular, referéndum), ratificación de algunos integrantes del Gabinete (ya se ratifican altos funcionarios de Hacienda y todos los embajadores y cónsules, ¿por qué no ratificar a los titulares de ambas dependencias, por ejemplo); sustitución del Presidente de la República en caso de ausencia o incapacidad total; reelección legislativa y reducción del tamaño de las Cámaras (100 diputados menos y supresión de la lista de representación proporcional en el Senado).  No fue posible avanzar en la construcción del consenso, porque el gobierno federal abruptamente retiró su interés en el tema al lanzarse con todo en contra del PRI debido al tema electoral.

De esta forma, la agenda legislativa se contaminó con otros temas y detuvo la construcción de acuerdos.  ¿Qué hace pensar que en tanto no concluyan las agresivas campañas que estamos atestiguando, habrá condiciones como para que las comisiones integren los dictámenes, los firmen los grupos legislativos y puedan ser comunicados a la Comisión Permanente y ésta a su vez convoque a un periodo extraordinario que, por definición, debe tener materia para ocurrir? Realmente, es más sensato pensar que no habrá periodo extraordinario y los temas de la agenda legislativa podrán retomarse en el periodo que inicia en septiembre, bajo la luz de nuevas correlaciones políticas. Quizá, una coalición perrepán derrotada, un PRI a la alzada y un gobierno federal en lastimosa posición.