La Costumbre del Poder

Muchas son las anécdotas que he escuchado sobre la importancia de la Secretaría de Salud en todos los ámbitos de la vida nacional, sobre todo en aquellos en los que la salud pública -en el concepto definido por los ideólogos de la Revolución francesa- definen el carácter de un gobierno, de un régimen, de un momento histórico por el respeto a la legalidad.

Oí de boca del general José Gómez Huerta -lo que después me ratificó Donato Miranda Fonseca- cómo el semental que el gobierno argentino obsequió al presidente Adolfo López Mateos hubo de pasar por inevitable cuarentena antes de ingresar al país, pues México recién daba por concluido el combate a la fiebre aftosa. El general y quien fuese secretario de la presidencia fueron testigos mudos de cómo el presidente de la República se plegó a las exigencias sanitarias de la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia.

Lo anterior viene a cuento por las declaraciones del general secretario de la Defensa Nacional, acerca del momento en que la confrontación armada en contra de los cárteles y sus sicarios ha de concluir, porque a la fiesta de las balas ha de sustituirla la imaginación, la inteligencia, la preparación de los mexicanos para prevenir e inhibir el consumo de las drogas clásicas y de las de diseño, pues quienes están en ese negocio de inmediato sustituyen lo que ya no se vende para tener, siempre, consumidores débiles en voluntad y fáciles para la entrega del dinero.

El combate al narcotráfico ha de modificarse, y para ello es necesario que las políticas públicas diseñadas por el Ejecutivo incluyan ya la participación del doctor José Ángel Córdova Villalobos y, quizá, de especialistas de la UNAM y otras universidades que puedan aportar proyectos, programas y estrategias para la prevención e inhibición en el consumo de estupefacientes de todo tipo.

Es sensata la declaración del secretario de Salud formulada durante la reunión bilateral México-Estados Unidos sobre reducción de consumo de drogas. En Washington el doctor Córdova Villalobos apuntó: “”En México, y eso quiero enfatizarlo de manera amplia, hay un claro consenso para mantener la penalización del cultivo, del tránsito, de la posesión, comercio o del consumo de sustancias identificadas en las convenciones internacionales como peligrosas”, dijo, y subrayó: “estamos convencidos en que la legalización del consumo de drogas es un evento no sólo peligroso y lejano sino inviable en términos prácticos. Las drogas no son peligrosas por ser ilegales, son ilegales porque son peligrosas”.

Es el punto de vista médico, sanitario, que como muestra la anécdota narrada, ha de prevalecer sobre la política y la represión, por lo que propongo, sugiero que a la evaluación presentada por el secretario de Salud en Washington se le acuerpe, se le desarrolle, se le presente a la sociedad a través de los más valiosos e inteligentes de sus hijos, los estudiantes que comentarán con sus padres lo que puede causarles el consumo de estupefacientes.

¿De qué manera? Un selecto grupo de médicos, docentes y especialistas en derecho penal, debiera proceder a conceptuar y redactar para alumnos de primaria y secundaria, un muestrario de lo que pudiera suceder con sus vidas de vencerse a la debilidad del narcoconsumo. Dichas prevenciones deben incluirse en los libros de texto gratuitos y en los que consumen las escuelas de enseñanza particular, para que sean los niños y los adolescentes los portadores del mensaje de salud a sus domicilios, a sus familiares, a sus amigos.

A esta tarea pudiera sumarse la de los Centros de Integración Juvenil, que debe extender sus propuestas a las casas de estudio de nivel medio superior, para que conferencistas preparados en esos Centros de Integración puedan mostrar con toda su crudeza cuáles pueden ser las consecuencias de consumir estupefacientes y entregarse a todo tipo de adicciones.

Deben meditar las autoridades que conforman el gabinete de seguridad, si no ha llegado ya el momento de sustituir las balas por la inteligencia, la violencia por los libros, la sangre derramada por el conocimiento y la prevención, el lavado de dinero por el pleno empleo, la anomia social por la participación.

No se trata de llegar a acuerdos con los barones de la droga, que son ya un poder, sino de cambiar de estrategia para dar a la sociedad un respiro, porque debe fijar su atención en la reforma del Estado, lo mismo que los tres poderes, en lugar de dedicarse a sumar el número de víctimas directas y sus colaterales.

Sorprende el desparpajo y la ligereza con la cual 63 distinguidos mexicanos abordan el tema de una transición que no fue, que se quedó atorada en alternancia y para lo cual tratan de identificar una generación inidentificable, por ellos bautizada como la generación del no, sin detenerse a considerar siquiera si ellos, por acción o por omisión, son de esos mexicanos que por una u otra razón tampoco impulsaron con fuerza, inteligencia, sabiduría y enjundia esas reformas tan ansiadas, tan necesarias para darle contenido y sentido al futuro de la nación.

Ni los actores políticos ni estos distinguidos mexicanos entran al fondo del problema, por los intereses que afecta, la imaginación que requiere y la capacidad de sacrificio que se necesita para conceptuar, implementar y operar esa transición. ¿Quién ha diagnosticado la situación en que se encuentra el Estado mexicano y el sistema político que lo opera? ¿Quién ha aceptado que la tímida alternancia requirió del desmantelamiento del sistema político y la reducción total del presidencialismo, del descrédito absoluto del PRI y del vacío político que de inmediato fue ocupado por los poderes fácticos, mientras los gobernadores se asentaron en sus parcelas de poder y los medios electrónicos impusieron la agenda y el ritmo para desahogarla?

¿Quiénes se han atrevido a plantear, para que la transición funcione, la necesaria sustitución del presidencialismo por otro sistema de gobierno?, pues nada ocurrirá en beneficio de la reforma del Estado si no se modifica radicalmente el modelo político. ¿Quién se ha atrevido a estudiar, discernir, buscar la información para poder determinar que la atorada transición mexicana es una respuesta tardía y mocha al Consenso de Washington?

Estos 63 distinguidos mexicanos -incomprensible parece la inclusión de Ernesto Zedillo (considero que incluyeron al expresidentes, pues hacerlo con el hijito el error sería craso), por su falta de dignidad, de carácter y de oficio para, al menos, no emplearse con patrones a los que benefició durante su sexenio y hoy le truenan los dedos- debieran proponer y no descalificar a una generación a la que denuncian pero no identifican. Proponer cómo ha de sustituirse el sistema político y hacia dónde ha de orientarse el futuro del Estado, y presionar con constancia a los actores políticos para que se comprometan con la sociedad a la que dicen representar. El cambio, la reforma empieza con propuestas, no con descalificaciones.

Pero así proceden porque -como señala mi guía filosófico- “el hombre es un animal lujoso, constitutivamente excesivo. No tiene límite en el poder como no tiene límite en el querer”; es decir, lo que se requiere es tomar distancia para proponer con independencia y seriedad, porque cuando su grupo, su líder, su partido “llega al poder, para que su ejercicio alcance plenamente el nivel moral, es necesario deshacer el ensueño de sí mismo, del triunfo, del éxito irrefrenable y del abuso sin cortapisas. Y entonces se trata de separarse de la fuerza y la violencia características del poder, de desprenderse del hálito con el que la banda presidencial reviste al que se la tercia sobre el pecho”.

Fue eso mismo lo que permitió a Adolfo Suárez prepararse para el olvido y el Alzheimer, pues su sacrificio hizo de España lo que hoy es, mientras que el egoísmo de la mayoría de los políticos e intelectuales, de esos mexicanos descalificados como la generación del no, ha hecho de México lo que hoy es. ¿Podremos, los integrantes de esta sociedad tan castigada, modificar nuestros hábitos y aspiraciones para colaborar en la conceptualización, implementación y operación de la reforma del Estado, a pesar de lo determinado por los administradores visibles de esos poderes fácticos, de los gobernadores y de quienes hoy representan los tres poderes?

Puntualiza mi gurú: “Y aun mirando el panorama de la vida social, se advierten desapariciones y cambios observables tan sólo en épocas de crisis, pues la historia es cambio. Mas, como los cambios y las transformaciones históricas se dan a un ritmo mucho más lento que el de la vida individual, no se constatan sino en las crisis. Lo más terrible de estos cambios es que no se pueden situar… porque es indudable que algo muere en cada crisis.”

Esperemos, entonces, las generosas e imaginativas propuestas de los 63 distinguidos mexicanos, para que puedan deslindarse de esa generación del no.

Pretender la censura de la oposición es una actitud política hostil, pero explicable por aquello de querer avasallar al contrario; aspirar a la censura del correligionario -sobre todo si éste ocupa un puesto de elección popular- es intransigencia que manifiesta la corta formación partidaria de quien desea convertirse en censor, de quien aspira hacerse con el poder, de quien desea sustituir al presidente Felipe Calderón, pues eso quiere, necesita César Nava para respirar, tener una razón de vida.

Manuel Espino y Nava -Germán Martínez se descalificó solito- están cortados por la misma tijera ideológica, a tono con esa extrema derecha tan intransigente y cerrada que se confunde con la extrema izquierda. Los procedimientos punitivos y disciplinarios de Adolfo Hitler y José Stalin se muerden la cola, son huevos de esa misma serpiente que sólo se empollan y producen fruto en el poder total, absoluto, implacable.

No debe extrañarnos, entonces, que cuando Manuel Clouthier Carrillo declarara que “todo indica que Sinaloa es intocable, esto significa que en tres años de supuesta guerra contra el narcotráfico, Sinaloa no ha sido tocado. ¿Cómo debe leer uno eso? Han golpeado a todos los cárteles, menos el de Sinaloa; eso es evidente, ¿qué quiere decir eso? La narcopolítica y el narcotráfico en Sinaloa no han sido tocados”, para después y como respuesta a una pregunta concreta, dijera que responsabiliza al gobierno federal por la inacción y exige “como sinaloense, como mexicano, que venga a combatir el mugrero que se vive aquí en Sinaloa”, escogidos representantes de Acción Nacional iniciaran el linchamiento político e ideológico del diputado federal sinaloense.

Dicho comportamiento político me hizo recordar de inmediato la lectura de Stalin y los verdugos y la excelente manera en que se narra el estilo en que fueron montados los procesos de Moscú. La cita es de Donald Rayfield: “Los acontecimientos de 1928 demostraban la astucia y la implacabilidad de Stalin como político. Había ensayado sus métodos no sólo para eliminar a sus rivales, sino a todo grupo del que pudiera emerger una futura oposición. Ahora tenía que poner a prueba otra de sus tácticas: los juicios ejemplares y amañados, un espectáculo en el que Menzhinski y algunos de sus subordinados, como Yákov Agránov, contaban ya con casi diez años de experiencia”. La represión amparada en la honorabilidad y el respeto a la imagen del líder es la que se desliza con aprobación por buena parte de la sociedad, a la brutalidad, la violencia y la tortura.

Cuentan quienes han viajado recientemente a Rusia, que se siente, se vive la nostalgia por el dictador, e incluso hay taxistas que llevan en el automóvil una fotografía de Stalin para honrar su recuerdo.

Actitud ideológica que permea, se trasciende, como narran Juan Arvizu Arrioja y Andrea Merlos en su nota de El Universal: “La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados exigió al legislador por Sinaloa, Manuel Clouthier Carrillo, mayor responsabilidad en sus afirmaciones o que deje su curul al suplente, como reacción a las afirmaciones del hijo de Maquío de que el presidente Calderón no asume su responsabilidad en la lucha contra la delincuencia organizada en su estado.

El grupo panista, por conducto de su vicecoordinador Julio Castellanos, expresó su “molestia y enojo”, ya que “un legislador del PAN no le puede regatear al Presidente la lucha de su gobierno para combatir uno de los cánceres sociales más fuertes que tiene el país”.

El encono de los dirigentes de Acción Nacional es persistente, tanto que dos días después y en nota de Alberto Morales, también en El Universal nos enteramos que ese partido cerró filas en torno a su fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados y censuró a Manuel Clouthier Carrillo por haber osado criticar al presidente Felipe Calderón Hinojosa por no asumir su responsabilidad en la lucha contra la delincuencia organizada en Sinaloa.

Abunda el reportero y cuenta a sus lectores que el PAN, a través de un boletín de prensa, puntualizó: “Es por ello que el CEN acordó desautorizar las declaraciones del diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo, en términos de la fracción XXIII del artículo 64 de los Estatutos Generales del partido, pues éstas son contrarias a los lineamientos políticos del PAN y causan perjuicio a los intereses de Acción Nacional y del gobierno federal”.

A tono con las creencias religiosas de los panistas, pudiéramos creer que muy pronto hablar de política será pecado, pero criticar los éxitos o los fracasos del presidente Calderón, será pecado mortal.

En algún momento me pareció sensato Felipe Calderón Hinojosa, antes de su elección y cuando recorría México en “El hijo desobediente”, quizá porque actuaba como tal y porque daba la sensación de ser él quien recogía el ideario de los padres fundadores del PAN y, posiblemente, conservara como libro de cabecera 1915, de Manuel Gómez Morín, ese breviario de ética política que ayudaría a transformar al país.

Después el desengaño, la catafixia del pleno empleo por la lucha total en contra de los barones de la droga y la delincuencia organizada, a lo que hubo de sumar las consecuencias de la crisis económica de la globalización, el libre mercado y la voracidad de las corredurías bursátiles y los banqueros.

La profundidad de la crisis le obligó al replanteamiento de su propio proyecto de gobierno, a la revisión de su historia personal y al deseo de satisfacer la legítima aspiración de transformarse en hombre de Estado, por lo que envió al Senado en diciembre último su decálogo sobre la reforma política, que en su aspecto fundamental es un contrasentido a la ideología y la esencia misma del proyecto político que llevó a Acción Nacional a hacerse con el poder: la destrucción del presidencialismo priista, casi absolutista y protegido por una serie de facultades metaconstitucionales enriquecidas por Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas del Río. Quiere el PAN rehabilitarlo, recuperarlo porque, parece ser, su anhelo fue ejercerlo como lo hizo el PRI. Lo que propone el presidente constitucional de México es un regreso al pasado, a lo peor del Revolucionario Institucional, al abuso del poder.

Por el contrario, es ahora ese PRI senatorial impulsado por Manlio Fabio Beltrones el que propone modernizar, actualizar, innovar el sistema político y el modelo de gobierno, en un tránsito del presidencialismo al parlamenterismo, como cambio gradual -lo que es un error, pues si la transición se quedó en alternancia, puede ocurrir lo mismo, por lo que la reforma debiera ser total- que incluiría mecanismos de control parlamentario, entre los que destacan: moción de censura; el secretario de gobernación sería de inmediato presidente sustituto en caso de falta total del presidente en funciones; ampliación de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; el Senado nombraría al procurador general de la República y tendría autonomía para controvertir ante la SCJN las decisiones del presidente en funciones; no a las partidas secretas; sí a la reelección de legisladores: 9 años para diputados y 12 para senadores, más su disminución en número. 100 diputados menos y 32 senadores menos, entre las propuestas más destacadas.

Considero que hay omisiones que pueden recuperarse del decálogo felipista, mientras otras habría que meditarlas para completar la oferta que debe hacerse a la sociedad que ya está harta de esta democracia a medias, de este abuso de la partidocracia y de un presidencialismo acotado porque así lo quisieron los poderes fácticos y los panistas para hacerse con el poder administrativo de la República, pues el político está diseminado en muchas manos.

Una reforma del Estado debe convocar a los tres Poderes que garantizan su funcionamiento. Dos ya están en la negociación de acuerdos, pero al Poder Judicial de la Federación lo han dejado al margen, cuando la única garantía de lograr que la transición se complete es con la desaparición de la impunidad, que está en manos de los juzgadores federales: jueces, magistrados y ministros, como se mencionó en este espacio virtual el día de ayer, al señalar la necesidad que tienen los gobernados de un juez que trabaje de noche y no de día, porque “no hay dos tipos de jueces. La noche sólo tiene un juez: la conciencia”.

Naturalmente que los ministros, magistrados y jueces pueden caer en la cómoda tentación de sustraerse a su responsabilidad constitucional y a su responsabilidad humana, ética y profesional para con la sociedad, y no participar con conceptos, ideas y esquemas para que la judicatura sea el vehículo que ponga fin a la impunidad. Por lo pronto, como se propuso ayer, la facultad de atracción de la SCJN debe dejar de ser un juego de espejos y florilegios verbales, pues sus resoluciones deben ser vinculantes en todos los casos, a manera de evitar que otra vez y un nuevo Manuel Bartlett obre como cabildero del próximo gobernador de Puebla, como el ex secretario de gobernación lo hizo en favor de Mario Marín ante Mariano Azuela Güitrón.

Los mexicanos atestiguaremos qué tan bien aprendió a tejer los consensos Manlio Fabio Beltrones.

En algún momento me pareció sensato Felipe Calderón Hinojosa, antes de su elección y cuando recorría México en “El hijo desobediente”, quizá porque actuaba como tal y porque daba la sensación de ser él quien recogía el ideario de los padres fundadores del PAN y, posiblemente, conservara como libro de cabecera 1915, de Manuel Gómez Morín, ese breviario de ética política que ayudaría a transformar al país.

Después el desengaño, la catafixia del pleno empleo por la lucha total en contra de los barones de la droga y la delincuencia organizada, a lo que hubo de sumar las consecuencias de la crisis económica de la globalización, el libre mercado y la voracidad de las corredurías bursátiles y los banqueros.

La profundidad de la crisis le obligó al replanteamiento de su propio proyecto de gobierno, a la revisión de su historia personal y al deseo de satisfacer la legítima aspiración de transformarse en hombre de Estado, por lo que envió al Senado en diciembre último su decálogo sobre la reforma política, que en su aspecto fundamental es un contrasentido a la ideología y la esencia misma del proyecto político que llevó a Acción Nacional a hacerse con el poder: la destrucción del presidencialismo priista, casi absolutista y protegido por una serie de facultades metaconstitucionales enriquecidas por Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas del Río. Quiere el PAN rehabilitarlo, recuperarlo porque, parece ser, su anhelo fue ejercerlo como lo hizo el PRI. Lo que propone el presidente constitucional de México es un regreso al pasado, a lo peor del Revolucionario Institucional, al abuso del poder.

Por el contrario, es ahora ese PRI senatorial impulsado por Manlio Fabio Beltrones el que propone modernizar, actualizar, innovar el sistema político y el modelo de gobierno, en un tránsito del presidencialismo al parlamenterismo, como cambio gradual -lo que es un error, pues si la transición se quedó en alternancia, puede ocurrir lo mismo, por lo que la reforma debiera ser total- que incluiría mecanismos de control parlamentario, entre los que destacan: moción de censura; el secretario de gobernación sería de inmediato presidente sustituto en caso de falta total del presidente en funciones; ampliación de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; el Senado nombraría al procurador general de la República y tendría autonomía para controvertir ante la SCJN las decisiones del presidente en funciones; no a las partidas secretas; sí a la reelección de legisladores: 9 años para diputados y 12 para senadores, más su disminución en número. 100 diputados menos y 32 senadores menos, entre las propuestas más destacadas.

Considero que hay omisiones que pueden recuperarse del decálogo felipista, mientras otras habría que meditarlas para completar la oferta que debe hacerse a la sociedad que ya está harta de esta democracia a medias, de este abuso de la partidocracia y de un presidencialismo acotado porque así lo quisieron los poderes fácticos y los panistas para hacerse con el poder administrativo de la República, pues el político está diseminado en muchas manos.

Una reforma del Estado debe convocar a los tres Poderes que garantizan su funcionamiento. Dos ya están en la negociación de acuerdos, pero al Poder Judicial de la Federación lo han dejado al margen, cuando la única garantía de lograr que la transición se complete es con la desaparición de la impunidad, que está en manos de los juzgadores federales: jueces, magistrados y ministros, como se mencionó en este espacio virtual el día de ayer, al señalar la necesidad que tienen los gobernados de un juez que trabaje de noche y no de día, porque “no hay dos tipos de jueces. La noche sólo tiene un juez: la conciencia”.

Naturalmente que los ministros, magistrados y jueces pueden caer en la cómoda tentación de sustraerse a su responsabilidad constitucional y a su responsabilidad humana, ética y profesional para con la sociedad, y no participar con conceptos, ideas y esquemas para que la judicatura sea el vehículo que ponga fin a la impunidad. Por lo pronto, como se propuso ayer, la facultad de atracción de la SCJN debe dejar de ser un juego de espejos y florilegios verbales, pues sus resoluciones deben ser vinculantes en todos los casos, a manera de evitar que otra vez y un nuevo Manuel Bartlett obre como cabildero del próximo gobernador de Puebla, como el ex secretario de gobernación lo hizo en favor de Mario Marín ante Mariano Azuela Güitrón.

Los mexicanos atestiguaremos qué tan bien aprendió a tejer los consensos Manlio Fabio Beltrones.

Toda resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus funciones de tribunal constitucional, tiene consecuencias políticas irremediables e inimpugnables a corto, mediano y largo plazo. Es la última instancia, para bien y para mal.

El caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es más claro, pues para eso fue creado: dirimir los contenciosos electorales entre las diversas fuerzas políticas que luchan por el poder.

En cuanto a la judicatura federal -jueces de Distrito y magistrados de tribunales unitarios y colegiados-, la incidencia de sus resoluciones en el quehacer político nacional es más sutil, pero siempre está presente, pues los resolutivos de los juicios laborales, administrativos, civiles y penales tienen incidencia en la conducta futura de los que fueron contendientes jurídicos, como atestiguaremos en la manera en que a fin de cuentas se resolverá más allá de lo jurisdiccional el asunto de la huelga de Cananea, o como constatamos con la resolución con la cual se diluyó la irresponsabilidad administrativa y legal de Andrés Manuel López Obrador por su desacato a una resolución judicial federal.

Lo anterior viene a cuento por el impasse en que se encuentra la reforma del Estado, hoy en la mesa de discusión rebasada por los acontecimientos de Ciudad Juárez y las coaliciones políticas, y porque los actores políticos lo mismo que los representantes legítimos de los poderes fácticos, no se ponen de acuerdo para determinar con qué van a sustituir un presidencialismo que dejó de ser funcional para sus intereses y los de la sociedad, y porque llevar adelante la reforma significaría dar, de una vez por todas, el golpe de muerte a la impunidad, que sirve de lubricante al sistema político para que, al día de hoy, medio funcione, pues no tiene el mismo poder que hace cuatro lustros.

Sólo recordemos lo que adelantó Carmen Aristegui de su libro el 13 de mayo de 2009, referente a la administración de justicia y a la impunidad, lo que de inmediato requirió de una operación limpieza hasta el colmo de declarar no apto para hacer declaraciones a Miguel de la Madrid Hurtado. Transcribo:

Carmen Aristegui: Para ejercer el poder prácticamente el expresidente de México acaba reconociendo que la justicia estorba o puede estorbar.

-Fragmento de entrevista a Miguel de la Madrid Hurtado-

CA: ¿La justicia estorba para ejercer el poder?

MMH: A veces sí.

CA: ¿La impunidad es condición necesaria para que la maquinaria siga funcionando en México?

MMH: Sí.

CA: Es tremendo lo que dice, es dramático. ¿Pero no cabe ninguna posibilidad, desde su punto de vista, de que se cambien las reglas del juego y con hechos y decisiones de esta magnitud pudiéramos pensar que si alguien abusa es sancionado en México?

MMH: Sí…

-Termina fragmento de entrevista-

CA: La impunidad es condición necesaria para que la maquinaria siga funcionando en México, fue una de las preguntas. Sí, dice Miguel de la Madrid.  Muy grave, muy delicado lo que acabamos de escuchar en voz del expresidente de México.

-Hasta aquí la entrevista-

Si la impunidad bloquea la realización de la reforma del Estado, es importante, imprescindible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación participe en la conceptualización y realización de esa reforma, pues lo avanzado por el Poder Judicial de la Federación a partir de diciembre de 1994 queda ya rebasado por los hechos políticos.

La Corte puede ejercer facultad de atracción para revisar la actuación de las autoridades sobre la sociedad, pero su resolución no tiene efecto vinculatorio; es decir, actúa como si fuese una comisión de la verdad y no un tribunal constitucional. De continuar así las facultades de la Corte, nada detendrá la impunidad y sus consecuencias, como ocurrió en los casos de Mario Marín y de Atenco, y como es previsible que suceda en el caso de la guardería ABC.

En la página de Internet de la SCJN leemos: “Los artículos 107, fracción V, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 182, fracción III, de la Ley de Amparo, y 21, fracción III, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que la Suprema Corte de Justicia podrá resolver asuntos que, competencialmente correspondan a Tribunales Colegiados, siempre que éstos cuenten con las características de importancia y trascendencia de índole jurídica, que por los problemas jurídicos planteados, dada su relevancia, novedad o complejidad, requieran de un pronunciamiento del máximo tribunal del país”.

Pronunciamiento que no significa sanción, que no vincula a ninguna acción legal, lo que facilita la impunidad como delito cuya comisión es continua.

Sándor Márai plantea muy bien la necesidad de que la SCJN participe de la reforma del Estado, porque la sociedad “necesita un juez que esté de guardia de noche. Los jueces que juzgan de día son diferentes. Juzgan como pueden. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Pero esta noche necesita un juez que baje de su sillón y tome parte en el juicio de una manera distinta de cómo lo hace de día, un juez que no sólo juzgue desde arriba, desde la altura de las leyes. Necesita un juez que, en cierto modo, sea acusado, fiscal, abogado defensor y juez, un juez imparcial. ¿Me comprendes?”

Pide lo imposible Márai, pues los seres humanos están revestidos de filias y fobias y les es harto difícil ser imparciales y objetivos; sobre esa virtud sin la cual no hay impartición de justicia, colocaría la más importante: un juez que no se avergüence de ser humano, para que prevalezca la justicia sobre la legalidad.

Rasgarse las vestiduras por lo que sucede a los campesinos y al campo desde hace muchos años, es no querer aceptar que muchos mexicanos han cerrado los ojos, en mayor o menor medida, a la realidad política y social, y cuando los mantienen medio abiertos, su percepción es distorsionada por el efecto persiana; por el contrario, cuando lo oscuridad define la alteridad entre el gobierno y los gobernados, quienes obedecen aceptan sin chistar lo que el patrón les dice.

En estricto sentido, el efecto Fox es idéntico al efecto Adolfo Hitler o al efecto Hugo Chávez. No se entiende la razón del apoyo social a semejantes líderes, y las consecuencias se pagan durante años. En cuanto a la presencia de los barones de la droga en el ámbito político, no es nueva: Amado Carrillo fue capaz de seducir a los generales Jesús Gutiérrez Rebollo y Juan Arévalo Gardoqui. La debilidad de Arturo Durazo por la riqueza comprometió la función para la cual lo contrató José López Portillo, por mencionar al ancien regime, pero en cuanto al panismo, no se entiende el crecimiento de la presencia del narco sin complicidades a diversos niveles de poder.

Sin embargo, lo que debe prevalecer por sobre las debilidades humanas de los administradores públicos, es la certeza de que el narco se hace omnipresente en la vida nacional como consecuencia de políticas públicas inducidas por el libre mercado y la globalización. No evaluarlo, no analizarlo, no verlo así es desconocer la historia reciente, pues en muchas áreas de la alimentación México fue autosuficiente hasta 1970, cuando la deuda externa apenas si rondaba los cinco mil millones de dólares y la interna ni pintaba, pero las satrapías de Echeverría y López Portillo, los equívocos de De la Madrid y Salinas de Gortari y la total y absoluta sumisión de Ernesto Zedillo contribuyeron a que el campo mexicano sea lo que hoy es: escenario de hambre, escasez y limitaciones que transforman al ejidatario, al pequeño propietario y hasta al agricultor medio, en arrendador de los barones de la droga que con la tierra también rentan la complicidad y la fuerza de trabajo.

Durante los últimos 18 años del priato, los presidentes se empeñaron en guiar al país por el sendero de la globalización, sin considerar las asimetrías bis a bis Estados Unidos y Canadá, sin pensar si los empresarios estaban convencidos y dispuestos a trabajar sin el apoyo irrestricto del Estado -ya no saben qué hacer con Mexicana de Aviación, por ejemplo-, sin haber evaluado si la formación social y educativa de los mexicanos estaba dispuesta a insertarse en esa globalización y así olvidarse de ese patriotismo globero que lleva a las más altas instancias judiciales el pleito por el nombre de un club de futbol, o define el perfil de la delincuencia organizada, insertada ya en ciertas áreas antes exclusivas para el usufructo y la explotación de los poderes fácticos, incluida esa iglesia que escondió entre los plieges de la sotana de Girolamo Prigione a los barones de la droga de esa y esta época, y es capaz de crear, generar y hacer prelados a personas como Onésimo Cepeda, Norberto Rivera y Juan Sandoval Iñiguez.

¿Qué puede extrañarnos entonces que el secretario de Agricultura, Francisco Javier Mayorga, se empeñe en no renunciar al subsidio que recibe del Procampo como productor, porque lo considera legal?

El Universal informa que a pregunta de si declinaría el subsidio, mientras sea secretario de Agricultura, por una consideración ética de servidor público, confirmó que “ni por ética” lo hará. Cuenta el diario que Francisco Javier Mayorga asistió a la Cámara de Diputados a una reunión con la Comisión de Agricultura, y después leyó una declaración escrita a los medios en la que expresa que al recibir subsidios no ha violado la ley. Dijo que el Procampo es uno de los programas más auditados en México y a nivel internacional, lo cual le da “mucha transparencia”.

El mismo diario y en nota de Carlos Avilés, comenta que de acuerdo al real saber y entender de Ricardo García Villalobos Gálvez, cárteles sustituyen al Estado con créditos, apoyos y seguridad para los productores. El presidente del Tribunal Superior Agrario, reporta Avilés, “advirtió que la delincuencia organizada se está apoderando del campo, y no existe una política de Estado para apoyar al sector como tema de seguridad nacional; dijo también que narcotraficantes se han convertido en los principales financiadores de extensas zonas rurales, a las que dota de semillas, principalmente de mariguana y amapola, de seguridad y hasta de armas, y que en los hechos han suplido la falta de créditos”.

Espero que Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública Federal, haya podido explicar el martes último y ante la comisión respectiva del Senado, por qué el combate a la delincuencia organizada, al narco, ha permitido que los barones de la droga se adueñen de la fuerza laboral de campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios y hasta agricultores, y de sus tierras, ¿o será que Ricardo García Villalobos miente?

Quienes han reflexionado en torno al comportamiento político de Fernando Gómez Mont -encargado del despacho de Gobernación- bis a bis su jefe Felipe Calderón Hinojosa, parten de un equívoco de índole histórico reciente, pues data de 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari determinó vaciar de algunas de sus funciones sustanciales la secretaría que había decidido poner, con cierto temor, en manos de Fernando Gutiérrez Barrios. Decidió entregar ese poder a José María Córdoba Montoya, quien lo traicionó y quien encumbró a Ernesto Zedillo por sobre las exequias de Luis Donaldo Colosio. Fue el inicio del desmantelamiento del presidencialismo mexicano.

Para sustituir el vacío de poder y de fuerza legitima que caracterizaba a la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont ha de hacer esfuerzos que sobrepasan su acotada función, y entrar en diálogo, primero, en acuerdos después con las distintas fuerzas políticas, incluso con la que denuesta a tiro por viaje la figura presidencial de su jefe, a quien no reconoce pero con el que sí busca alianzas -a través del PAN- para conservar su parcela de poder, pero sobre todo para destruir al PRI, pues creen que acabar con el viejo régimen requiere, necesita difamar, desprestigiar y dejar como tierra arrasada las pretensiones de Beatriz Paredes.

El distanciamiento entre Fernando Gómez Mont y el presidente Felipe Calderón debe trascenderse, olvidarse, hacerse a un lado si quieren llevar a buen puerto el sexenio. Para ello les recomiendo revisar el pasado reciente, ese que corrió entre 1976 y 1982, cuando Jesús Reyes Heroles pudo darse el lujo de declarar que la Secretaría a su cargo “no se ve, se siente”, lo que era una realidad cuando de poner orden en el quehacer político se trataba, pues lo mismo jalaba las orejas a los gobernadores que a diputados, senadores, presidentes municipales y todo mexicano que representara por él mismo o por su organización, un poder al que había que considerar cuando se requería proceder al reparto de atribuciones y cargos públicos o de representación popular.

Recuerdo, como si fuese ayer, estar en el despacho de don Jesús “del gran poder” cuando entró una llamada por la red presidencial. Reyes Heroles, como Gutiérrez Barrios era hombre de Estado, no de gobierno, y de eso trató en su conversación con José López Portillo, para dar el último tirón a la amnistía y a la reforma política. Privó la lealtad.

Este término de la lealtad parece ser un concepto, un término, una idea que no es considerada por los políticos de hoy, y tampoco por algunos de ayer. En los días previos a su muerte, José Francisco Ruiz Massieu me distinguió con su confianza hasta llevar el diálogo entre periodista y político a espacios colindantes con la sinceridad -los políticos dicen verdades a medias y los periodistas discernimos de su dicho lo que sí puede ser verdad-, hasta el punto de confiarme, cuando se habló de su relación política con los Salinas de Gortari, que la lealtad en política no existía. Mal asunto, sin lealtad no hay gobierno que dure con prestigio y apoyo.

“Tengo más necesidad de una lealtad política que de una fidelidad amorosa”, hace decir Alejandro Dumas a Carlos IX en La reina Margot, frase que por sí sola explica el sustento que da, ofrece, aporta la lealtad al quehacer político y al oficio del poder, pues de lo contrario sucede lo que en este país de cruentas luchas por el poder se repite con cierta regularidad, lo mismo en Huitzilac que en Tlaxcalantongo, en La Bombilla que en Topilejo, en Parral que en lo narrado por Martín Luis Guzmán en “La fiesta de las balas”, a Emiliano Zapata que a Madero y Pino Suárez.

Si Felipe Calderón Hinojosa no confía en Fernando Gómez Mont estamos aviados, porque eso significa que ha entregado su confianza a aquellos que no la merecen, pero que lo seducen con la idea del poder, como son César Nava y Genaro García Luna, pues su función no ha sido del todo satisfactoria para la nación.

Para llevar a buen término el sexenio, para ensanchar las posibilidades de dar cauce a la transición que no puede completarse, para que la propuesta de reforma del Estado ofrezca, de una vez por todas, el modelo político que ha de sustituir al presidencialismo que hoy no funciona, es necesaria, necesarísima la relación entre el presidente Calderón y Gómez Mont, no entre el titular del Ejecutivo y cualquier secretario de Gobernación.

A mayor abundancia de información de lo que ocurre en Juárez, más pernicioso el pasmo del gabinete de seguridad, más agraviante el miedo, el temor que despereza la anomia social, que aguijonea la violencia que es propiedad legítima de todo ser humano, y hace más urgente la necesidad de revisar el pasado, de establecer un diagnóstico que evite que ese 757 por ciento más de asesinatos que la media nacional padecido por la ciudad fronteriza se extienda por la república, sea catalizador de los presagios sobre la negra noche del centenario y el bicentenario.

El problema de la seguridad pública en Juárez no se inició nada más porque allá se establecieron Amado Carrillo y sus secuaces; por ese entonces la fuerza económica promovida por la maquila mantenía el empleo, y todavía no determinaba el futuro económico del mundo el libre mercado, la globalización, la necesidad de que desaparezcan las identidades nacionales para sujetar la energía sobrante -como lo estableció Herbert Marcuse-, y supeditarla a una ideología supranacional, al mito global, de allí la presentación de Cristiano Ronaldo en el estadio del Real Madrid, copia al carbón de Rollerball, pero la de 1975.

Viviane Forrester lo aclara para los que somos poco entendidos en macroeconomía y en sinergias multilaterales entre los gobiernos cuyo propósito social es afín, y cuya subordinación a los poderes fácticos es idéntica. Escribe: “El sistema liberal actual es lo suficientemente flexible y transparente para adaptarse a las diversidades nacionales, pero lo suficientemente globalizado para confinarlas poco a poco en el campo de lo folclórico. Severo, despótico pero difuso, escasamente visible, difundido por todas partes, este régimen nunca proclamado detenta todas las claves de la economía reducida por él al mundo de los negocios, los cuales se afanan por absorber todo lo que aún no pertenece a su esfera”.

La globalización, entonces, requiere de impunidad para asentar sus reales y funcionar, ser aceptada, reconocida, honrada, tomada como una realidad presente en sustitución de lo que hasta hace unos años, unos meses, unas semanas, unos días, unas horas era la identidad nacional; todo depende del apremio con el que deseen establecerse esos nuevos negocios que desplazaron a la maquila, que desaparecieron la tasa de empleo, que no dejan reinversión ni ahorro, pero que son fundamentales para que ese modelo funcione, y los directivos, los gobernantes puedan asistir año con año a su reunión de Davos, Suiza, a pavonearse sobre lo que se han enriquecido unos a costa de la pobreza de otros.

El principio de la decadencia de Ciudad Juárez coincide con el inicio de la decadencia del sistema político mexicano y de la economía que lo sustentaba. La impunidad de los gobernantes del PRI fue avalada, ratificada, repetida y reiterada por los gobernantes de Acción Nacional, empavorecidos por unos feminicidios que mostraron su verdadero tamaño, su verdadero compromiso con la sociedad de Chihuahua, con la de la república pero, sobre todo, con sus familias.

Es momento de preguntarnos y preguntarles qué pueden responder Francisco Barrio y Arturo Chávez Chávez a las mudas preguntas de los integrantes de sus familias, cuando después de leer los horrores y los agravios padecidos por la sociedad que gobernaron y administraron, mientras ellos gobernaban y administraban, parecían actuar sin remordimiento alguno, conscientes de los sacrificios que debían hacer por su propio bienestar.

Claro que el bienestar acalla conciencias, lo que nos permite suponer que han hecho de sus allegados y familiares rehenes o cómplices de los resultados de sus políticas públicas, de sus decisiones administrativas, y eso no es justo para nadie.

Como colofón, un apunte de la Forrester: “Sucede que el Estado no es lo mismo que el poder. Este último (que se burla de los Estados, que suele entregarlos en concesión y delegarlos para administrarlos mejor) nunca cambió de manos. Las clases dirigentes de la economía privada en ocasiones perdieron el Estado, pero nunca el poder. Este poder es lo que Pascal llama fuerza: <<El imperio sustentado sobre la opinión y la imaginación reina durante algún tiempo y este imperio es suave y voluntario; el de la fuerza reina siempre. Así, la opinión es como la reina del mundo, pero el déspota es su fuerza>>.”

Lo que está en juego en Ciudad Juárez no es el futuro de esa frontera, sino el de México. Los países no se acaban, como escribió Fernando Solana Olivares en Milenio, les sucede algo peor: se degradan, entran en decadencia y se balcanizan. México puede convertirse en Croacia, en Haití o en Nicaragua, lo que sería peor que ser arrasado, como sucedió con Alemania.

Avasallado, México puede aspirar a un Plan Marshall; mediatizado, sometido, humillado, la aspiración es que truenen los dedos como lo hacen sus patrones con Ernesto Zedillo, o desempeñar los empleos que ni los negros quieren, como dijo Fox. Evitarlo, es evitar la ponzoña de la globalización inoculada en Ciudad Juárez.

Adocenados se muestran quienes aconsejan o formulan al presidente Felipe Calderón muy serias propuestas de solución al caso de Ciudad Juárez, dispuestos a aplicarle al paciente la medicina, cuando ni siquiera han establecido diagnóstico que les permita saber con certeza qué le duele a la sociedad y cómo pueden aspirar a su recuperación para que no se gangrene la relación entre gobernados, y entre éstos y su gobierno, en los tres niveles: municipal, estatal y federal.

El enojo y el reclamo de la señora Luz María Dávila responde a la realidad, porque ella quiere justicia, nada la interesa la aplicación de la ley. Cuando se vive en una ciudad tan degradada como Juárez, los habitantes perciben, todas las mañanas, que la justicia y la ley son dos conceptos que se excluyen, porque no pocas veces para obtener justicia es necesario darle un empujoncito a la ley, pues de otra manera esa terrible declaración de Miguel de la Madrid Hurtado a Carmen Aristegui pervertirá la tarea tutelar que tiene todo gobierno, al usar de la impunidad como lubricante para que el presidencialismo agonizante funcione, cuando los resultados nos muestran que sucede todo lo contrario.

El presidente constitucional de México regresa mañana a Ciudad Juárez. En lugar de hacerse acompañar de la señora Margarita Zavala, modelo de prudente y cuidada inteligencia que no tiene responsabilidad política ni administrativa, Felipe Calderón debiera exigir, demandar la presencia de Francisco Barrio y Arturo Chávez Chávez, responsables directos de lo que hoy ocurre en esa parte de la nación, porque la degradación de lo que fue esa importante ciudad se inicia cuando Barrio y su procurador dejan en la impunidad las ejecuciones de mujeres, a las que con todo desprecio y en un momento nada oportuno, llegaron a calificar de putas.

Insisto, la literatura acerca más a la realidad social que cualquier acuciosa observación política. Felipe Calderón se hubiese evitado el desliz semántico y de consideración a sus gobernados su tuviera la paciencia de leer, de enterarse, como le dijo su padre al protagonista de Elegía, “que no se puede rehacer la realidad, hay que tomarla como viene. No cedas terreno y tómala como viene”… “porque precisamente que la realidad sea algo corriente, nada extraordinario, es lo más desgarrador, esa manera de caer en la cuenta, una vez más, que la realidad de la muerte lo arrasa todo”; es lo que explica el enojo, la frustración de la señora Luz María Dávila, quien no consideró bienvenido al presidente de México.

La propuesta “Todos somos Juárez” consta de cuatro ejes: recomponer las instituciones -what ever that means-, garantizar la operatividad de la legítima capacidad de represión del Estado, dar más recursos fiscales a educación, salud y programas sociales como Oportunidades, y rápida respuesta a la denuncia ciudadana, más empleo temporal, combate al secuestro y la extorsión…

Pero nada se dice del combate a la impunidad, nada se explica de cómo y porqué Ciudad Juárez está como está, ni se reconoce que lo que sucede en esa frontera ocurre en todo el país, con gradaciones diferentes, puesto que como los gobernadores se conducen como virreyes, cada uno de ellos resuelve los problemas a su real saber y entender, como lo hizo Mario Marín afrentado por Los demonios del Edén que lo impulsó, obligo, presionó para cumplir sus deberes de amistad a pesar de los derechos constitucionales de Lydia Cacho, que el gobernador no puso reparos en conculcar; derechos que después dejó en entredicho el proceder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Poner orden en Ciudad Juárez inicia por el principio: terminar con la impunidad que hace posible que ocurra lo que sucede: muertes inútiles e inocentes, ejecuciones, en fin. En segundo lugar, por cambiar de estrategia en la lucha contra el narco, lo que no significa pactar, sino hacerlo como ya lo ha sugerido Margarita Zavala en diversas ocasiones: inhibir el consumo. Cuando disminuya la venta se irán, no antes, por más muertes que tengan que pagar.

Pastoral americana nos alecciona: “… todo cambia y se vuelve imposible. Ya nada sonríe a nadie. ¿Y entonces quién puede adaptarse? He aquí una persona que no está hecha para un funcionamiento deficiente de la vida, y no digamos para lo imposible. ¿Pero quién está hecho para lo imposible que va a suceder? ¿Quién está hecho para la tragedia y lo incomprensible del sufrimiento? Nadie. La tragedia del hombre que no está hecho para la tragedia…, ésa es la tragedia de cada hombre”.

Y antes o después, las ráfagas que exterminan, las complicidades, la impunidad que asesinó en la cárcel a Abdel Latif Sharif Sharif, por un crimen que nadie cometió, pues como apuntó Ramón Márquez en su texto de Proceso publicado desde 2004, Elizabeth Castro García regresó de entre los muertos para proclamar que, como Lázaro, gozaba de cabal salud. Nadie lo ha desmentido; Felipe Calderón no tiene porque pagar las culpas de la ineficiencia de Vicente Fox Quesada, Francisco Barrio Terrazas y Arturo Chávez Chávez.