In principio erat verbum

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, es un organismo miembro de la Organización de las Naciones Unidas que tiene presencia en 166 países alrededor del mundo que trabaja sobre diversos aspectos: la gobernabilidad democrática; la reducción de pobreza; la prevención de crisis y recuperación; el medio ambiente y el desarrollo sostenible; el cambio climático; los objetivos de desarrollo del milenio; la creación de capacidades; la igualdad de género; el sector privado; la crisis económica mundial y el PNUD; las tecnologías de la información y la comunicación; el VIH SIDA; los informes sobre el desarrollo humanos entre otros. Con base en esos objetivos, el PNUD promueve el cambio y conecta  a los países con los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una  vida mejor. En México, el PNUD colabora con los gobiernos federal, estatales y municipales, el sector privado y la sociedad civil, brindándoles información técnica, asesorías y recomendaciones para la generación de políticas públicas y en proyectos orientados al desarrollo. Por su parte, Transparencia Mexicana es una organización no gubernamental que enfrenta el problema de la corrupción desde una perspectiva integral, a través de políticas públicas y actitudes privadas que vayan más allá de la consigna política, para generar cambios concretos en el marco institucional y en la cultura de la legalidad en México. En ese contexto, ambas instituciones elaboraron un convenio de colaboración que crea una plataforma de información de la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO). Por ello, tanto el PNUD como Transparencia Mexicana invitaron al Gobierno Federal y a los Gobiernos Estatales a participar con ellos brindando información de sus programas sociales en un autodiagnóstico que contiene 20 atributos mínimos de institucionalidad. Este es un ejercicio permanente para registrar los niveles de institucionalización de los programas sociales en México.

Así pues, el pasado lunes 31 de mayo, Magdy Martínez-Solimán, Representante Residente del PNUD en México, y Eduardo Bohórquez, Director de Transparencia Mexicana, presentaron el Balance al 31 de Mayo de 2010 del IPRO sobre el Nivel de Institucionalidad en Programas Sociales en los gobiernos federal y local. El Balance en mención apunta que siete dependencias federales han participado voluntariamente en el proyecto al igual que 24 gobiernos estatales. Asimismo, se menciona que de los doce Estados de la República Mexicana que tendrán elecciones este 2010, sólo siete han compartido información sobre sus programas sociales: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas. Por el contrario, cinco entidades federativas no han participado con el proyecto, o bien, no han compartido información suficiente pues tienen pocos programas sociales incluidos en el sistema: Tamaulipas, Chihuahua, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz –cabe destacar que todas esas entidades federativas son gobernadas por militantes del Partido Revolucionario Institucional. En ese tenor, la propia Magdy Martínez-Solimá exhortó a los Gobernadores de las  8 entidades federativas que aun no comparten su información sobre sus programas sociales a hacerlo, pues aseguró que “cuando no hay información, o no hay candados, hay motivo de preocupación y sobre todo razones sobradas para estar muy atentos, en esas entidades, al uso de los programas sociales en estas vísperas electorales”, lo cual implica opacidad y falta de transparencia en el manejo de recursos

Frente a ello, Magdy Martínez-Solimán señaló que el crimen organizado, en particular el narcotráfico, en nuestro país se ha infiltrado en la política por lo que era necesario ponerle fin a esa situación y que para evitar que el crimen organizado permee en las campañas políticas, el Estado Mexicano tiene de cierta manera las manos atadas pues los partidos políticos en nuestro país no han logrado un consenso que permita legislar y actuar en la prevención en esta materia. De igual manera, Eduardo Bohórquez advirtió de la existencia de algunos grupos que pretenden tener una influencia en los candidatos a puestos de representación popular con la finalidad de tener un beneficio indebido una vez que asuman sus cargos.

Expuesto lo anterior, es necesario reforzar el ordenamiento jurídico existente con el objetivo de crear una figura de blindaje electoral con la amplitud del término y la fuerza suficiente que permitan impedir la intervención operativa y con recursos económicos del crimen organizado, en particular del narcotráfico, en los procesos electorales, pues hasta el momento, la legislación existente privilegia únicamente la figura del blindaje electoral respecto de los programas sociales de naturaleza gubernamental, quedando al margen del mencionado blindaje electoral otras formas de condicionamiento como medio para obtener el voto sobre un candidato en particular respecto de beneficios que pueden estarse haciendo con recursos de procedencia ilícita.

Es bien sabido que el crimen organizado, en particular el narcotráfico, es un factor de poder que impacta de manera considerable en la vida nacional. De igual manera, los recursos económicos procedentes del crimen organizado buscan financiar las campañas electorales de los candidatos políticos para que así el propio crimen organizado pueda tener injerencia directa en los gobiernos en sus distintos órdenes gubernamentales.

La oportunidad en la presentación de este informe debe ser tomada en cuenta por la opinión pública, y en particular por el electorado, a efecto de que se valore el desempeño de cada instancia gubernamental identificada a un partido político y se pueda tomar como referente al momento de emitir el voto. La transparencia debe ser premisa fundamental en el ejercicio del servicio público ya que se trata del uso legítimo de los recursos económicos provenientes, fundamentalmente, del pago de impuestos de los ciudadanos.

simon.9@prodigy.net.mx