In principio erat verbum

Tras la solicitud del Senador John McCain de reforzar la frontera sur de los Estados Unidos de América y con la reciente promulgación de la Ley SB 1070 en materia migratoria que tipifica a los inmigrantes indocumentados como delincuentes, la agenda bilateral entre México y Estados Unidos de América enfrenta nuevas diferencias y nuevos desafíos.

Bajo el esquema de la violencia desatada en las fronteras entre México y los Estados Unidos de América derivada de la guerra contra el crimen organizado, y en particular contra el narcotráfico, que ha dejado ya la muerte de 22 mil individuos en tan sólo tres años en México, el 16 de abril de año en curso, John McCain, Senador por Arizona y ex candidato a la Presidencia de Estados Unidos de América por el Partido Republicano, y el Senador por el Estado de Arizona, Jon Kyl, solicitaron el envío de tropas de 3 mil guardias nacionales a la frontera con México para reforzar la valla de seguridad que se construye en la frontera. En una carta enviada a Janet Napolitano, Secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos de América, McCain externó su preocupación por la creciente violencia en la frontera con México derivado del narcotráfico, asegurando que quienes cruzan la frontera están crecientemente armados y son delincuentes reincidentes, por lo cual, la población norteamericana está harta.

Por su parte, el ex Presidente de los Estados Unidos de América, Bill Clinton, propuso crear un Plan México similar al Plan Colombia que fuera elaborado por el propio gobierno mexicano con la finalidad de respetar su soberanía, ello sin menoscabar el trabajo conjunto entre ambas naciones. En esa tesitura, Bill Clinton aseguró que México no era un Estado Fallido, pues el Presidente Felipe Calderón Hinojosa había realizado “grandes esfuerzos para defender a la sociedad frente a los traficantes de drogas”. En una imprecisa respuesta a ello, Fernando Gómez Mont, Secretario de Gobernación, sostuvo en una rueda de prensa el pasado domingo 25 de abril que los Estados Unidos de América deben asumir  “la vergüenza de estar vendiendo las armas con las que se asesinan a mexicanos en este país” y “que asuman ya la factura de que es su dinero, el de su mercado de consumo, el que fomenta e incentiva la acción de la violencia en México”. Como réplica, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, a través de su portavoz Philip Crowley, afirmó que su gobierno está consciente de tener una corresponsalidad en la guerra contra el narcotráfico que ha desencadenado una ola de violencia sin precedentes en el Estado Mexicano y que ha dejado la muerte de 22 mil personas en los que va del sexenio, pues ello representa una amenaza para ambos países, remarcando que ambas naciones deben actuar más sobre el tema. Asimismo, aseguró que los Estados Unidos de América han invertido alrededor de 1 300 millones de dólares de 2008 a 2010 en la Iniciativa Mérida. Con ello, consideró que las declaraciones emitidas por Fernando Gómez Mont no entorpecerían el trabajo conjunto entre ambos países, ya que conocen el compromiso que el Presidente Felipe Calderón Hinojosa y su gobierno han asumido en esa materia, pues ello representa un gran desafío.

Así pues, es imposible concebir el problema del narcotráfico en México de manera aislada, pues es preciso darle un enfoque integral al problema concatenando las diversas variables que lo alimentan. Por el lado mexicano, tenemos como problemas principales la corrupción y la impunidad en diversos niveles y en algunos casos de servidores públicos tanto en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad nacional y pública de los mexicanos como de las instituciones de impartición de administración de justicia, claro está, ligado y acrecentado a los problemas de índole económica, política, jurídica, social y ética que atraviesa el Estado Mexicano en algunas áreas así como en ciertos segmentos del país: pobreza, crisis económica y desempleo; apatía social, desintegración familiar y pérdida de valores personales, civiles y sociales; ausencia de programas educativos basados en la prevención de adicciones y del fomento a la cultura y al deporte; inexistencia de planes de apoyo al campo, la agricultura, la ganadería y la pesca; lagunas jurídicas que posibilitan la operación de prácticas delictuosas sin su correspondiente sanción y que debilitan un verdadero Estado de Derecho; apatía de los legisladores, gobernantes y políticos mexicanos para atender los problemas que verdaderamente afectan el desarrollo de la sociedad mexicana y que la tienen sumida en un rezago multidisciplinario.

Pero en el caso americano los problemas son igual de importantes, trascendentes y preocupantes, pues en gran medida, ellos incentivan el crecimiento del fenómeno del narcotráfico. Por un lado, tenemos la gran demanda de drogas del mercado norteamericano, de la cual, el Gobierno de los Estado Unidos de América poco ha avanzado para disminuirla y que no ha puesto un mayor énfasis en sus planes de salud que atiendan la prevención de adicciones y la rehabilitación de los adictos, así pues, para que exista la oferta de las drogas en su país, es necesario su correlativa demanda; la capacidad de respuesta que han evidenciado los cárteles de la droga está sustentada principalmente en su armamento, el cual  incluso ha rebasado el que poseen tanto las fuerzas Armadas así como las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno, dicho sea de paso, nueve de cada 10 armas que usan los cárteles de la droga provienen de Estados Unidos, donde las restricciones para su compra son escasas.

En esa tesitura, Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, señaló en el Foro Global de Ciudades en la Universidad de Illinois, en Chicago, que lo que desestabiliza a México es el fuerte flujo de armamento proveniente de Estados Unidos, pues “‘las armas son muy baratas y fáciles de conseguir”. El propio Marcelo Ebrard Casaubón cuestionó si el combate al tráfico de armas requería una voluntad política o si simplemente era un problema inevitable.

Frente a ese escenario, el propio John McCain – descendiente de escoceses-irlandeses, anglo-irlandeses e ingleses- ha justificado la aprobación y la promulgación de la Ley SB 1070 pues aseguró que el Gobierno Federal de los Estados Unidos de América se ha mostrado incapaz de garantizar la seguridad de las fronteras americanas.

La ley en comento que tipifica como delincuentes a los indocumentados, fue presentada por diversos Senadores comandados por el Senador Estatal Russel Pearce, quien tiene vínculos con figuras del Partido Nazi y a quien su esposa LuAnne Pearce le solicitó el divorcio por ser un tipo posesivo y violento y que incluso la ha golpeado. La iniciativa se presentó por primera vez el  13 de enero de 2010 bajo el título de “safe neighborhoods; immigration; law enforcement” (“Inmigración, procuración de justicia, vecindarios seguros”), su versión final fue votada el 19 de abril de 2010 con 17 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones en el Congreso de Arizona, posteriormente fue aprobada y promulgada por la Gobernadora del Estado de Arizona y entrará en vigor después de 90 días de su promulgación.  Cómo era de esperarse, diversos instituciones tanto mexicanas como norteamericanas e internacionales han pronunciado su rechazo total a la aprobación de la Ley SB 1070.

Al calificar de antihumana, inaceptable, discriminatoria e injusta la Ley SB1070, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa sostuvo que su gobierno echará mano de todos los mecanismos posibles para defender los derechos de los connacionales afectados, por lo que ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a los Consulados a trabajar con abogados expertos para iniciar una defensa legal de los inmigrantes mexicanos. Ante ello, Patricia Espinosa, Secretaria de Relaciones Exteriores aseguró que se trabajaría sin descanso ante las posiciones hostiles e intolerantes y emitió una Alerta de Viaje con recomendaciones a los mexicanos que tengan viajes programados a Arizona, o bien residan o estudien en ella

En un comunicado de prensa, el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, a través de Francisco Ramírez Acuña -Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, condenó enérgicamente la promulgación de la Ley y sostuvo que los Diputados Federales respaldarían al Presidente Barack Obama en su esfuerzo por anular la aplicación de Ley. Porfirio Muñoz Ledo, Diputado Federal del PT y Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, afirmó que en la próxima Reunión Interparlamentaria México-EU en el Estado de Campeche este sería el tema toral, ya que el Gobierno Federal Mexicano solo está facultado para celebrar Tratados Internacionales con el Gobierno Federal de los Estados Unidos de América, lo cual obliga a las estados integrantes de la Unión Americana. Rubén Moreira Valdés, Diputado Federal del PRI y Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, tachó a la ley como “una bofetada” a México y exhortó a que el gobierno mexicano eleve protestas en forma enérgica”, pues señaló que  todo es parte de una estrategia electoral al interior de los Estados Unidos de América. En ese mismo tenor, El Senador de la República  y Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Carlos Navarrete, aseveró que la Ley era una ofensiva del bloque opositor al Presidente Barack Obama para acorralarlo, por lo que exhortó a éste a utilizar los instrumentos legales para anular esa norma jurídica. El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados solicitó a  Guillermo Padrés Elías, Gobernador de Sonora Guillermo, evitar cualquier trato comercial y de intercambio turístico con el Gobierno de Arizona. Por su parte, Domingo Rodríguez Martell, Coordinador de enlace con gobiernos estatales y municipales, extendió esta solicitud al Ayuntamiento de Nogales y a todos los que tengan intercambios con Arizona, pues el 80% de la mano de obra de la agricultura en Arizona es mexicana. Ello también busca mermar los ingresos de los comercios en esa localidad derivada de las compras de mexicanos en sus establecimientos comerciales. El grupo del PRI en el Estado de México, por medio de su dirigente Ricardo Aguilar Castillo, llamó a todos los partidos políticos a unirse contra la Ley SB 1070. El Congreso de Nuevo León rechazó la ley y exhortó a las demás legislaturas estatales a manifestar de manera pública su rechazo. En el Senado de la República se resolvió posponer la aprobación de un acuerdo con Estados Unidos de América sobre cooperación en caso de desastres naturales y accidentes como muestra de rechazo a la ley. Como medida de protesta y en solidaridad a los connacionales que pudieran ser afectados, César Nava, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, llamó a los mexicanos a abstenerse de visitar el Arizona. Incluso, una delegación de Diputados Federales viajarán a Tucson, Arizona, para participar en las protestas contra la Ley SB1070. Asimismo, Guillermo Padrés Elías, Gobernador de Sonora, anunció la cancelación de la 51° Reunión de la Comisión Sonora-Arizona, la cual diseñaba esquemas de cooperación y que estaba programada para el mes de junio.

Las Comisiones de Derechos Humanos tanto federal como locales están preparadas para dar atención y orientación gratuita a los migrantes que se encuentran en Arizona, pues elementos policiacos pueden cometer graves violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Ricardo Bucio Mújica, Titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación dijo que deben ser puestos sobre la mesa los efectos derivados de la legislación en términos de xenofobia, racismo y negación de derechos. Los consejeros del Instituto de los Mexicanos en el Exterior  hicieron un llamado para iniciar un boicot económico y turístico en Arizona.

Janet Napolitano, Secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos de América, afirmó ante el Comité Judicial del Senado que “desde el punto de vista del Departamento de Seguridad Interna y de la Oficina de Servicios Migratorios y Aduanales tenemos preocupaciones profundas con esa ley desde la óptica del cumplimiento de la ley”, pues consideró que la Ley desviaría recursos federales del combate a delitos graves y al pandillerismo hacia tareas migratorias, además de toda una tarea administrativa. En Washington, los abogados del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca analizan la ley para determinar si amerita una intervención del gobierno federal ante una posible violación de los derechos civiles. Phil Gordon, Alcalde de Phoenix, declaró que pedirá al Cabildo del Gobierno de la ciudad autorización para que el Procurador Local demande a la Ley SB1070 ante una Corte Estatal de Arizona y se determine su inconstitucionalidad y con ello su inaplicación. De igual manera, Phil Gordon pedirá al Departamento de Justicia que revise si la Ley SB1070 atenta contra los derechos civiles de los residentes y visitantes latinos a Phoenix. La propia bancada de legisladores latinos en el Congreso de Arizona preparan ya una serie de demandas.

En el plano internacional, Amnistía Internacional pidió derogar la legislación y exigió que la legislación nacional en materia de inmigración incluya fuertes salvaguardas de los derechos humanos, incluyendo el debido proceso para los ciudadanos no estadounidenses en proceso de deportación y las salvaguardas contra la detención arbitraria. José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de Estados Americanos se pronunció en contra de la Ley considerándola discriminatoria y alentadora del racismo, afirmando que no obstante cada nación soberana tiene el derecho de legislar en materia migratoria, no se deben establecer parámetros que atenten contra el respeto de los Derechos Humanos. Enrique Iglesias, Titular de la Secretaría General Iberoamericana, hizo un llamado a los Estados Unidos de América y a Europa -regiones que han endurecido las leyes contra los inmigrantes-, pues reconoció que a pesar de que cada país debe establecer sus condiciones de acceso, ello no debe ser a costa de la violación de los derechos humanos de los inmigrantes, lo cual fomenta la intolerancia. Magdy Martínez Solimán, Representante en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo calificó la ley de aberrante y afirmó que tiene la confianza de que “muy pronto se dé una regulación federal para acabar con este desorden legislativo que se puede llegar a reproducir en algunos estados”, pues está convencida que la ley desentraña una finalidad distinta al combate a la delincuencia.

Grupos defensores de los inmigrantes analizan un boicot económico y algunas medidas de “resistencia” para fijar su rechazo la ley y presionar al Congreso  para que lleve a cabo una Reforma al Sistema de Inmigración de los Estados Unidos de América. De igual manera, varias organizaciones han informado que presentarán demandas contra la ley: la Unión de Libertades Civiles Estadunidenses, el Fondo México Americano para la Defensa Legal y la Educación, Inmigración del Consejo Nacional de La Raza, Asociación de Abogados de Inmigración de Estados Unidos, entre otras. El periódico Los Ángeles Times agradeció al Estado de Arizona por llevar la Reforma Migratoria a la agenda nacional, no obstante desaprobó el contenido de la ley.

La aplicación de la ley afectaría aproximadamente a 460 mil indocumentados que se estima habitan el Estado de Arizona: estudiantes, jardineros, cocineros, meseros, campesinos, trabajadoras domésticas, niñeras, obreros, choferes, mecánicos, padres mexicanos con descendientes americanos quienes tienen forjada ya una cultura americana. El Presidente Barack Obama puede echar a andar todo el aparato institucional de los Estados Unidos de América para echar abajo la Ley SB 1070 con base en la Constitución Federal de ese país, pues es facultad exclusiva del Gobierno Federal legislar en materia de migración, lo cual queda completamente excluido de los gobiernos locales, en este caso, del Congreso del Estado de Arizona. Cabe resaltar que el propio Presidente Barack Obama ha pronunciado un discurso advirtiendo que sus enemigos políticos querían frenar su “increíble odisea” de transformaciones políticas, como lo ha hecho con la Reforma del Sistema de Salud y con la Economía colapsada de su país.

Frente a los problemas comunes, se advierten voces que buscan minar las cordiales relaciones que deben regir la vida de los pueblos. En una era en que se está dando el valor que siempre debieron tener los derechos humanos, tenemos a algunos que evocan el racismo y el odio al semejante como la premisa de su actuar. Tal parece que en esta era de la historia en que debemos estar unidos frente a verdaderos riesgos para la vida de la especie humana y del propio planeta, hay quieres se empeñan en destruir en vez de construir. Pareciera que se olvidan que esas posiciones siempre han sido derrotadas y hoy no va a ser la excepción. Todos debemos luchar por la defensa de los Derechos Humanos.

simon.9@prodigy.net.mx

Con base en la finalidad de la sociedad y del Estado, México está lejos de satisfacer las necesidades primordiales para conseguir la felicidad de los individuos en virtud de las disputas y confrontaciones entre los grupos de poder, lo cual incrementa el riesgo de convertirse en una sociedad y Estado fallidos.

De acuerdo con los planteamientos de los filósofos griegos Aristóteles y Platón, la creación de la sociedad y del Estado tienen la finalidad de garantizar el bien supremo de los hombres, es decir, la felicidad. Así pues, la felicidad es concebida por cada ser humano de diversas formas, sin embargo, podemos considerar que existen ciertos conceptos que permanecen constantes en la esfera de cada individuo que los acercan al camino de esa felicidad: justicia, seguridad, estabilidad emocional y económica, respeto a su vida personal, certidumbre jurídica. No obstante, en los últimos años, en nuestro país han persistido ciertas situaciones que han entorpecido la consecución de la felicidad de los mexicanos: la injusticia, la corrupción, la impunidad, la ineficiencia, la criminalidad, la burocracia, la falta de transparencia y la ausencia de un verdadero sistema de rendición de cuentas, sólo por apuntar algunas de las más importantes y recurrentes en la percepción de la sociedad

Derivado de ello, diversos sectores de la población se han pronunciado al respecto  entrando en confrontaciones entre sí para hacer frente a los problemas que atraviesa el país, mismas que no han favorecido en nada a la construcción de un modelo que permita el desarrollo de la nación. Tanto partidos políticos, grupos y organizaciones políticos, sociedades y grupos económicos, como organizaciones civiles, empresariales y sindicales, por mencionar algunos, se han estado cuestionando, criticando, señalando y acusando unas a otras y eso favorece el encono, las disputas, los agravios, los enfrentamientos y las divisiones, lo cual dificulta que el país avance en la construcción de los modelos que permitan generar la competitividad con la consecuente generación de riqueza.

El país ha sido cuestionando por diversas instancias internacionales sobre temas torales en la agenda nacional. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se ha pronunciado sobre distintos temas en nuestro país, todos ellos en el tenor de los 30 miembros que integran esa organización: sobre la educación, ha afirmado que México tiene el más bajo nivel educativo y pese a ello no se le destinan los recursos económicos suficientes ya que la UNESCO recomienda destinar como mínimo el 8% del PIB y por el contrario, nuestro país solo le destina el 5.3% del PIB; sobre el empleo, se afirmó que el desempleo seguiría incrementándose en el 2010, esto a pesar de que la tasa de desempleo del mes de febrero en México fue de 5.2%, una de las cinco más bajas; acerca del tema de salud, estudios sostienen que México se sitúa entre los países que menos recursos per cápita designan internamente a la sanidad, pues en 2009, destinó el 5.9% de su PIB, lo que se traduce en que contamos tan sólo con dos médicos por cada mil habitantes, una cama de hospital por cada mil personas y 1.5 unidades de resonancia magnética por un millón de habitantes, según el informe Panorama de la salud 2009, la tasa de mortalidad infantil es de 15.7 muertes por cada mil nacidos vivos, muy lejos del promedio de 4.9; la expectativa de vida es de 75 años, cuatro menos que la media; respecto a la inflación, en febrero del presente año se reportó una inflación del 4.8% la cuarta más alta entre los países integrantes; en cuanto al bienestar infantil, México se sitúa en el último lugar y es uno de los países con mayor índice de violencia entre jóvenes de secundaria. Por su parte, el Banco Mundial ha sostenido que el aumento en el desempleo y el empleo informal continuarán afectando a los más pobres

Pese a todos esos informes que tienen un impacto real tanto nacional como internacional, las acciones del Estado Mexicano no han sido suficientes para atender esa agenda, lo cual lleva a tener un mayor atraso nacional o al menos conlleva a un retraso que dificulte que México llegue a los niveles necesarios para empezar su desarrollo y su crecimiento. Como ejemplo de ello, podemos mencionar lo acontecido con la reciente Reforma Laboral que propuso la Secretaría del Trabajo la cual mereció el respaldo de algunos funcionarios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y de la Organización Internacional del Trabajo, sin embargo, la reforma no ha presentado mayor avance en el Congreso de la Unión.

El día de ayer, durante la conferencia “México: Oportunidades para el cambio”, organizado por el Centro de Políticas Hemisféricas de la Universidad de Miami, Manuel Suárez-Mier, académico del American University, con sede en Washington, sostuvo que México no es un Estado Fallido y que por el contrario, su economía crecerá un 4.5% en el 2010, no obstante la violencia desatada en los últimos años en el país a causa de la delincuencia organizada, en particular del narcotráfico. Sostuvo su tesis al afirmar que la actividad criminal en México se centra en Ciudad Juárez y los Estados de Michoacán, Guerrero, Durango, Sinaloa y Sonora, pues en el resto del país se vive en calma, lo cual implica que en el 95% del territorio la seguridad pública está garantizada. A este argumento, Manuel Suárez-Mier agregó que México no es un Estado Fallido, pues su economía se encuentra en buena posición dentro del contexto de crisis internacional.

Mientras que los partidos políticos y las estructuras de gobierno sigan conformando grupos políticos y grupos de poder opuestos que difieran entre sí, México seguirá siendo un país en vías de desarrollo, pero no podrá llegar a los niveles de crecimiento que han mostrado otros países como China, India, Brasil y Rusia.

De continuar con las disputas entre los grupos de poder sin atender las urgentes necesidades y recomendaciones que se han formulado incluso por académicos y especialistas en los diversos temas de la agenda nacional, México seguirá confrontando problemas que le representan el agravamiento en los niveles de vida y de desarrollo de sus habitantes y con ello se incrementa el riesgo de convertirse en una sociedad y Estado fallidos.

simon.9@prodigy.net.mx

El pasado sábado 10 de abril, se llevó a cabo en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, una marcha organizada por la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey  y encabezada por el Rector Rafael Rangel Sostmann, la cual fue denominada “Movimiento por el Cambio” en la que participaron estudiantes, académicos, directivos y personal del Tecnológico de Monterrey así como grupos de ciudadanos quienes se pronunciaron en contra de la inseguridad. Posterior a la marcha, en el Estadio Tecnológico se celebró un evento el cual se presentó un documento intitulado “Pronunciamiento y Propuestas del Tecnológico de Monterrey para mejorar la seguridad en México”, en el cual se presentaron una serie de iniciativas en ese rubro. En un documento que consta de 19 páginas, el Tecnológico de Monterrey manifiesta su compromiso con el Estado de Derecho, con el respeto a los derechos humanos y con el fortalecimiento de las instituciones públicas. Asimismo, fija su propuesta de propiciar el cumplimiento de 12 puntos: el primero, el esclarecimiento del homicidios de los dos estudiantes fallecidos y la determinación de las responsabilidades que haya lugar; el segundo, la reparación del daño a los familiares de las víctimas tanto de la muerte de los estudiantes como de la muerte de todo miembro de la sociedad civil que ha sido afectado por las acciones de las Fuerzas Armadas y de instituciones encargadas de brindar seguridad pública; el tercero, el compromiso de autoridades en el cumplimiento de su tarea de brindar seguridad a la sociedad, de ejecutar eficientemente las reformas, de fortalecer las instituciones de seguridad y de coordinar todo ese trabajo en los tres niveles de gobierno de los tres poderes; el cuarto, la creación de un marco normativo que establezca la adecuada participación de las Fuerzas Armadas en la tarea de seguridad y de combate a la delincuencia organizada en el marco de la legalidad con un estricto apego al respeto de los derechos humanos y de las garantías individuales; el quinto, que por el momento, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública se base en protocolos y procedimientos precisos de actuación que impidan abusos y excesos que dañen a la población civil; el sexto, que se adopte un modelo de gestión integral de la seguridad que incorpore el desarrollo humano, la seguridad nacional y la seguridad hemisférica mediante convenios internacionales, el vínculo con el sistema económico y que se opte por una estrategia sustentada en una Política de Estado contra la Criminalidad; el séptimo, la instrumentación de Tableros de Control para el Mejoramiento de los Sistemas Estatales de Seguridad Pública; el octavo, la instrumentación de acciones legislativas, técnicas y de integración para crear la Policía Estatal Única en los 31 estados; el noveno, las reformas a las instituciones de seguridad pública en las que se fortalezcan las procuradurías, las policías y las Fuerzas Armadas; el décimo, la conclusión de la reforma del sistema penal para adoptar los juicios orales y crear sinergias necesarias en los procesos de prevención, procuración y administración de justicia, y de reinserción social; la décima primera, el ofrecimiento de instalaciones educativas para profesionalizar a las Fuerzas Armadas y a corporaciones policiacas y brindar opciones educativas a familias de soldados y policías; la décima segunda, la dirección de los recursos del Tecnológico de Monterrey en el combate a la inseguridad en el plano operativo, institucional y social.

Ante la mencionada propuesta, Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador del Estado de Nuevo León, expresó que se analizarían las propuestas del Tecnológico de Monterrey y que ellas serían impulsadas por su gobierno. Por su parte, el Congreso del Estado de Nuevo León ya ha planteado su actuación en ese tenor: Héctor Gutiérrez de la Garza, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, apuntó en el ámbito de su competencia que los diputados locales procederán en las restricciones y facultades de las Fuerzas Armadas en las entidades; Hernán Salinas Wolberg, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional señaló que se analizarían detenidamente las propuestas y que se buscaría que fueran aplicables a nivel local.

Frente a ello, el pasado jueves 8 de abril del año en curso, y en el marco de un rezago internacional en la materia, en el Senado de la República se aprobaron, teniendo como base la iniciativa del Senador de la República de Santiago Creel Miranda, una serie de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las cuales se reconoce, se protege y se promueve a nivel constitucional a los derechos humanos, así como que previenen, investigan, sancionan y separan las violaciones a los mismos. De igual manera, conceden facultades a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para investigar violaciones graves a los mismos, fincar responsabilidades, aplicar sanciones. De igual manera, las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Ante ello, Senador de la República Ricardo Monreal Ávila, adelantó que las reformas refuerzan el carácter vinculante, protector, defensor y obligatorio del Estado para con los derechos humanos. En este contexto, Santiago Creel Miranda consideró, en su columna editorial publicada en el periódico Reforma el domingo 11 de abril de 2010, que la trascendencia de la reforma en materia de derechos humanos está en que éstos se reconocen como derechos inherentes a la persona -sin distinguir su condición social, jurídica o política- y, en consecuencia, el Estado no los podrá suspender o revocar. De igual manera, la reforma contempla medios de defensa de los derechos humanos, como lo son la obligación de los tribunales para intervenir en caso de violaciones a los mismos, así como el sistema de elección de los Presidentes de la Comisiones Estatales de Derechos Humanos con la finalidad de dar autonomía e independencia a esas instituciones.

A pesar de todas las acciones, estrategias y programas implementados al respecto, continúan los resultados negativos en la guerra contra el narcotráfico pues se siguen dando sin mesura las ejecuciones, los enfrentamientos, las extorsiones, el cobro por protección, la muerte de civiles en enfrentamientos de las Fuerzas Armadas, el cierre de Consulados, las alertas de viaje recomendando no trasladarse a nuestro país por el incremento en los niveles de inseguridad, la ausencia de programas de prevención y rehabilitación en materia de consumo de drogas y de readaptación y reinserción social de los delincuentes. Según una publicación del día de ayer en el periódico Reforma, de acuerdo a una carpeta confidencial que el Gabinete de Seguridad Nacional entregó al Senado de la República en la guerra contra la delincuencia organizada encabezada por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, durante su administración se han contabilizado más de 22,743 muertos: 20,868 por ejecución, 1,715 en enfrentamiento y 160 por agresión. El año más violento fue el 2009 con 8,928 muertos y en lo que va del 2010 van 2,904 muertos. Los estados más violentos continúan siendo Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Baja California y Michoacán y los municipios más violentos son Ciudad Juárez, Culiacán, Tijuana, Chihuahua y Gómez Palacio.
El narcotráfico continúa actuando y desafiando a las autoridades de las diferentes esferas de gobierno sin temor alguno y como ejemplo podemos citar la acción de lanzar una granada de fragmentación en las instalaciones del Consulado de los Estado Unidos de América en la Ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo que originó el cierre temporal de este consulado, así como del de la Ciudad de Piedras Negras, Coahuila.

Según un informe del Servicio de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos de América, es indispensable y urgente la intervención directa del Pentágono y del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América en México, pues la violencia derivada del narcotráfico podría llegar a la frontera sur de los Estados Unidos de América. Asimismo, el estudio señala que aun con la intervención del propio Pentágono, los cárteles de la droga podrían ser desmantelados en más de una década. Sin embargo, se indica que aunque el Departamento de Defensa respalde esa labor, se podría dar un fracaso pues las autoridades mexicanas en sus tres órdenes de gobierno están contaminadas por la corrupción.

Se deben explorar otras variables para combatir al narcotráfico, ya hemos apuntado algunas en materia de educación, ética, salud, deporte, economía, agricultura, por mencionar algunas. Ahora tenemos ya la participación de la ciudadanía con una serie de propuestas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y con anterioridad la Conferencia del Episcopado Mexicano presentó un documento de diagnóstico y propuestas intitulado, “Que en Cristo Nuestra Paz México tenga Vida Digna”. Todos tenemos algo que aportar en esta solución, porque todos estamos siendo afectados directa o indirectamente. Hagamos lo propio.

simón.9@prodigy.net.mx

Quiero comentar con usted, amable lector, el interesante y revelador reportaje que publica la Revista Proceso en su edición número 1744 correspondiente a esta semana a propósito de la entrevista que le hiciera Don Julio Scherer García a Ismael Zambada García, a) “El Mayo”, quien es, sin duda alguna, el narcotraficante más importante, hábil e inteligente que hoy está en operación, pues cuenta con la mejor y más sólida infraestructura conformada tanto en el ámbito del cultivo, la transportación, el procesamiento, la distribución y el lavado de dinero como en el ámbito del personal a su cargo, el cual se caracteriza por su disciplina y su lealtad. Así pues, dicha entrevista merece varios análisis pero en esta ocasión quiero compartir con usted las siguientes reflexiones. Empezaría por apuntar hacia cuál fue el motivo por el cual Ismael Zambada García decidió dar una entrevista que sería difundida a la opinión pública.

Con 44 años de experiencia en el negocio del narcotráfico, los cuales le dan una gran ventaja sobre sus persecutores de hoy pues sabe esconderse, sabe huir y se tiene por muy querido entre los hombres y las mujeres donde medio vive y medio muere a salto de mata, Ismael Zambada García estima que el gobierno tiene el deber de perseguirlo aunque rechaza la intervención del Ejército Mexicano, pues cree que ello es la razón del elevado número de víctimas en la guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, mención especial merece un comentario emitido por el capo al señalar:  “Un día decido entregarme al gobierno para que me fusile. Mi caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos. Me fusilan y estalla la euforia. Pero al cabo de los días vamos sabiendo que nada cambió.” y reiteró: “El problema del narco envuelve a millones. ¿Cómo dominarlos? En cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí.”

Estas palabras evidencian la sólida estructura operativa y de personal que tiene Ismael Zambada García, pues él afirma que hasta el momento no ha aparecido un traidor. Pero esa frase también alude a todas las demás organizaciones criminales ya que hemos sido testigos de que a pesar de las detenciones o de las muertes de los jefes o líderes de esas agrupaciones delictivas, éstas continúan operando exitosamente, en ocasiones convertidos en dos o más grupos criminales, pero en ninguno de los casos se ha logrado destruir o aniquilar al grupo dejando en claro que, como lo señala Ismael Zambada García, se les puede detener, pero nada cambia, porque los reemplazos ya andan por ahí.

Como ejemplo de ello, podemos ver al Cartel de Juárez el cual Amado Carrillo Fuentes, a) “El Señor de los Cielos” logró consolidar a partir de la muerte de Pablo Acosta Villarreal, a)”El Zorro de Ojinaga”. Al morir Amado Carrillo Fuentes, sus hermanos asumen el control, pero en septiembre de 2004 mataron a Rodolfo Carrillo Fuentes, por lo que actualmente, el cártel es dirigido por Vicente Carrillo Fuentes, a) “El Viceroy”. Asimismo el Cártel de Tijuana era comandado por Ramón Arellano Félix, pero a su muerte en Febrero de 2002, el cártel continuó con su operación a través de los hermanos Arellano Félix, sin embargo, en marzo del año 2002 detuvieron a Benjamín Arellano Félix, a) “El Min” y en agosto de 2006 a Francisco Javier Arellano Acosta, a) “El Tigrillo” , y en octubre de 2008 a Eduardo Arellano Félix, a) “El Doctor”, por lo que actualmente el Cartel de Tijuana está a cargo de Luis Fernando Sánchez Arellano, hijo de Enedina Arellano Félix. Otro ejemplo es el Cartel de los Beltrán Leyva el cual continúa sus operaciones no obstante la detención en enero de 2008 de Alfredo Beltrán Leyva, a) “El Mochomo”, y la muerte en diciembre de 2009 de Alfredo Beltrán Leyva, a) “El Barbas”.

En esa tesitura, conviene revisar el enfoque con el que es emprendida la guerra contra el narcotráfico, especialmente en la actual administración, pues los resultados hasta ahora arrojados reflejan que es una lucha que se encuentra perdida. A juicio de Zambada, el gobierno llegó tarde a esta lucha y no hay quien pueda resolver en días problemas generados por años. Infiltrado el gobierno desde abajo, el tiempo hizo su “trabajo” en el corazón del sistema y la corrupción se arraigó en el país. Al Presidente, además, lo engañan sus colaboradores. Son embusteros y le informan de avances, que no se dan, en esta guerra perdida. Luego entonces, al preguntarle la razón por la cual la lucha contra el narcotráfico estaba perdida, Ismael Zambada García sostuvo que el narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción.

Efectivamente, la estrategia del gobierno federal en el combate al narcotráfico es fallida porque después de tantos sexenios de tolerancia, corrupción e impunidad, el fenómeno creció hasta que adquirió la dimensión actual. Por ello, es imposible detener ese esquema al cual se le  plantea como única alternativa de solución el uso de las fuerzas policíacas, la participación de las Fuerzas Armadas y el uso extremo de la ley tanto de los agentes del Ministerio Público, como de los jueces y del sistema penitenciario.

Somos muchas las voces que nos hemos pronunciado en pro de la necesidad de incorporar otras variables que combatan al narcotráfico, pues  no se le ha dado un combate integral y eficiente al fenómeno. Así pues, será conveniente tomar como fundamento los principios elementales de la doctrina de la criminología, pues  los actos delictivos son conductas antisociales ya que son completamente opuestas a las reglas de convivencia, las cuales no tienen su origen en una causa aislada, sino que cada factor puede actuar como causal del delito. Por ello, será necesario atender tanto los factores biológicos como psíquicos de los individuos, es decir los factores endógenos, así como los factores físicos, familiares y sociales, o factores exógenos. Bajo ese esquema, se deberían atender rubros como el de la educación, la cultura y el deporte en los cuales se deben señalar los efectos colaterales que conllevan el consumo de narcóticos visto desde el punto de la salud, haciendo hincapié en la formación de personas productivas y activas para la sociedad y la familia. En ese contexto, se deben impartir materias básicas y fundamentales como lo son la ética, la educación para la salud, la educación cívica y todas aquellas que contengan principios y valores esenciales para desarrollo de la persona que conlleve a un impacto de manera positiva en la conformación de una sociedad buena, justa, noble, trabajadora, responsable que a su vez sea la única que pueda garantizar un modelo de país con desarrollo y bienestar humanos. En esta tarea tienen misión especial los maestros y los educadores, al igual que los ministros de culto religioso de las diversas asociaciones religiosas, sin dejar de lado que la tarea principal de formación corresponde a los padres de familia.

Reflexión particular merece el rubro de la economía, pues en la última década se ha destinado una importante cantidad de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación a dependencias como la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a las policías estatales y municipales y a los sistemas de procuración y administración de justicia locales. No obstante el esfuerzo por proveer mayores recursos a estas dependencias para el combate al crimen organizado, en particular al narcotráfico, los resultados distan mucho de ser los esperados. Sería conveniente replantear esa repartición presupuestaria ponderando las áreas de Desarrollo Social, de la Salud –enfatizando en la prevención del consumo de estupefacientes y la rehabilitación de los adictos-, de la Agricultura y de la Ganadería brindando apoyo a campesinos para sustituir el cultivo de drogas, lo mismo que a la generación de empleos con sueldos y salarios justos.

A la pregunta formulada de cómo se inició en el narco se obtuvo una respuesta contundente –Nomás, y al volver a preguntar se confirmó la respuesta: –Nomás. Esa respuesta de Ismael Zambada García al cuestionarle la manera en la que se inició en el negocio de las drogas refleja y sobre todo demuestra que en un amplio sector de la sociedad mexicana, el narcotráfico es parte de una cultura no sólo de supervivencia sino también de desarrollo y de vida misma, que debería ser objeto de estudio ya que sólo se están atendiendo los efectos y no las causas por las que un individuo decide dedicarse a actividades ilícitas sin importarle poner en riesgo no sólo su vida y la de su familia al igual que pone en riesgo el tejido social y su sana convivencia. En diversas regiones del país se encontraban y se encuentran aún muchos jóvenes que al no encontrar mejores opciones de ocupación y empleo, optan por ese camino que parece ser fácil, cómodo y pleno de satisfacciones económicas y deciden entrar a esa actividad, como dice Ismael Zambada García… Nomás…

Como mensaje cifrado de Ismael Zambada García  al Presidente de la República acerca de la invención de que él planeaba un atentado en su contra, tajantemente señaló: No se me ocurriría.

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