In principio erat verbum

El día de hoy se llevará a cabo el Foro Nacional “Seguridad con Justicia” organizado por importantes Universidades, Sociedades  Civiles, Medios de Comunicación y Asociaciones sin fines de lucro, quienes han seguido muy de cerca lo relacionado al tema de la Seguridad en nuestro país. Pareciera que este Foro tiene la doble finalidad de, por una parte, llevar a  revisión el modelo de procurar Justicia y Seguridad Pública y, por otra parte, hacer propuestas para que se pueda perfeccionar el sistema de Justicia en nuestro país.

Como lo decía Aristóteles, Justicia es dar a cada uno lo que es suyo, o lo que le corresponde. Por su parte, Ulpiano definía a la Justicia como la constante y perpetúa voluntad de darle a cada quién lo que le corresponde.  Así pues, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la justicia en nuestro país debe ser imparcial, expedita, gratuita y pronta y que debe impartirse dentro de plazos y términos considerables. Sin embargo, la realidad se opone a la aspiración consagrada en nuestra norma suprema. Por un lado, tenemos a jueces cuyos vínculos familiares, amistosos, políticos o meramente económicos los llevan en ocasiones a pronunciar  sentencias en perjuicio  de los que cuentan con menos recursos económicos. Por otro lado, tenemos un sistema judicial que exige que para activar los mecanismos institucionales de procuración e impartición de justicia sea ineludiblemente necesaria la realización de erogaciones que permitan el “adecuado” funcionamiento de las etapas en cualquier proceso. Ello pues es inexcusable contar: con una adecuada defensa que sepa encaminar los procesos hacia un resultado positivo; con una buena relación con los Policías y Agentes del Ministerio Público para que “faciliten” el desarrollo de los mencionados procesos; y con incentivos que permitan al personal agilizar los trabajos de procuración e impartición de justicia.

Mención especial merece el tema de la compurgación de las sentencias en nuestro país. Mucho se ha debatido acerca de que si el aumento de penas inhibe la comisión de delitos o que si aumentando el catálogo de los tipos penales se logrará una vida en comunidad más ordenada, pero poco se ha hablado de una verdadera rehabilitación y de su correspondiente reinserción en la sociedad. Sería pertinente revisar, primeramente, nuestros esquemas de readaptación social para poder disminuir la comisión de delitos en nuestro país, pues es conocido que un considerable número de reclusos son reincidentes, lo que exhibe la ineficiencia de los programas de tratamiento a los sentenciados.

Con todo ello, no es posible incentivar la cultura de la denuncia ciudadana pues es muy claro que los mexicanos no creemos en este modelo de impartición de justicia por ser ineficiente.

Todo esto nos lleva a pensar en el tema de la Legalidad en nuestro país, pues no obstante que la teoría asegura que este principio brindará a la ciudadanía Seguridad, la práctica exhibe lo contrario. Bajo el argumento de actuaciones con estricto apego a la ley se cometen una seria de arbitrariedades y de injusticias en nuestro país. Y es que para todos es bien conocido que nuestras leyes no son justas e incluso no son del todo lógicas. La Justicia no es un una condición sine qua non del Derecho y con ello de la Seguridad. Por lo tanto, para poder hablar de “Seguridad con Justicia” será necesario primeramente hablar de Derecho y Legalidad con Justicia.

Confiamos en que de este  Foro surjan propuestas que puedan convertirse en Leyes que posibiliten un sistema de Justicia verdaderamente eficaz, que sirva para que los ciudadanos vivamos con Seguridad. Tengamos en cuenta que el primer requisito que establecen los inversionistas es precisamente que en el lugar que se vaya a generar la inversión se cuente con Seguridad y con un sistema eficiente de acceso a la justicia.

Ya bien lo establece la pirámide de Maslow quién sitúa a la Seguridad en el segundo nivel de necesidades de déficit del hombre, solo seguidas de las necesidades básicas del ser humano.

Impunidad significa, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, falta de castigo. Por su parte, el concepto de impunidad establece que no sólo se limita a la no sanción de los delitos sino que comprende la utilización de la ley a favor de intereses particulares o para el desconocimiento de los Derechos Fundamentales.

Luego entonces, impunidad se ha vuelto una constante en nuestro país.

Cuando hablamos de que el más grave problema del país es la impunidad, precisamente nos referimos a toda esa cadena de acciones y omisiones que se quedan sin castigo y que en buena medida incitan a la no observancia de la ley.

¿Cómo hacer referencia a que en México se respeta el Estado de Derecho si casi a diario se cometen delitos que se quedan sin castigo? Basta recordar el caso de Tlatelolco en 1968, el jueves de Corpus Christi en 1971, el homicidio del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, los homicidios de Aguas Blancas y de Acteal, la fuga de Joaquín Guzmán Loera, a) el Chapo, la tragedia en la Mina de Pasta de Conchos, la violación a los Derechos Humanos en San Salvador Atenco, las muertas de Ciudad Juárez y el caso de Zhenli Ye Gon.

¿Cómo decirle a los mexicanos que el indebido enriquecimiento de políticos, funcionarios y empresarios es posible que quede sin castigo? Y es que en la mayoría de las ocasiones se busca que con mecanismos “lícitos” se puedan acumular riquezas, aunque sea injusto que se aprovechen de cargos, amistades, circunstancias o que se acomoden los contratos, concesiones, permisos, derechos, prerrogativas o licitaciones para que resulten favorecidas o beneficiadas personas predeterminadas.

¿Cómo afirmar que vivimos en un Estado de Derecho cuando ante asaltos, secuestros, violaciones, abusos de autoridad u homicidios no se hace justicia ni se impone un castigo a los responsables?

¿Cómo justificar ante las victimas que sus agresores no recibirán el castigo que se merecen porque contaron con una buena defensa o simplemente porque su abogado defensor y ciertas autoridades hábilmente pudieron encontrar en las leyes vías para que esos delitos queden en la impunidad?

¿Cómo explicarle a quienes no tienen recursos económicos suficientes para defenderse que sin dinero o sin recomendaciones de las elites del poder, en muchas ocasiones, se quedarán sin acceso a la justicia?

Transitar a un país desarrollado solo será posible si consolidamos nuestro sistema de justicia y para lograrlo es indispensable acompañarlo de un sólido sistema de educación y cultura fincado en valores y principios ¿Qué partido político ha presentado propuestas en este sentido?

Las acciones del Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa tendentes a recuperar los espacios que el crimen organizado, y en particular el narcotráfico, disputa día a día a sangre y fuego han venido confrontando a algunos actores de la vida política del país, quienes desde su perspectiva señalan que los operativos implementados sólo sirven de distractores respecto de los verdaderos problemas de México, o bien que se dirigen a proteger a unos grupos delictivos en beneficio de otros, o acaso que sólo se están usando para denostar y exhibir a determinados servidores públicos de algunos gobiernos estatales o municipales que han entrado en contubernio con diversas organizaciones criminales para favorecer en determinado sentido un resultado electoral. En contrasentido,  esas voces reclaman que sea el gobierno federal el que intervenga para contener la ola de violencia e inseguridad que se vive en las distintas regiones de la República.

Sin embargo, la perspectiva de la ciudadanía es otra. La violencia sumada a la crisis económica afecta el desarrollo normal y cotidiano de sus actividades. Frente a ello, el reclamo es que se realicen acciones para contrarrestar causas y efectos con toda la fuerza y decisión del Estado.

Pero, ¿qué percibe la ciudadanía? Confrontaciones entre quienes deberían mantener la unidad como premisa para enfrentar los desafíos; reclamos de autoridades locales de supuestas invasiones a sus ámbitos de competencia que han sido incapaces de atender con la debida eficiencia y exhibiciones de corrupción y complicidad entre el crimen organizado y quienes tienen la obligación de proteger a la sociedad.

Riesgo inminente a la seguridad nacional del país si se continúa con la politización de las tareas de seguridad pública y la procuración e impartición de justicia. Riesgo también a la seguridad nacional si se utilizan los recursos del Estado para orientar acciones  tendentes a obtener beneficios político electorales.

Algunos políticos pretenden que el gobierno federal posponga las acciones de combate al crimen organizado argumentando que por ser tiempo electoral se pueden interpretar como acciones tendentes a orientar el voto ciudadano, impidiendo la competencia equitativa en la contienda electoral, como si la seguridad del país debiera postergarse anteponiéndose a intereses particulares.

Tal pareciera que los gobiernos locales han olvidado que su principal compromiso y responsabilidad es proporcionar seguridad a la sociedad, sin demérito de la corresponsabilidad que tiene el gobierno de la federación en lo que debería ser un verdadero pacto federal que si funcionara daría como resultado que México tendría una verdadera y real seguridad nacional.

Mientras los actores políticos continúan en sus confrontaciones en aras de obtener los mayores beneficios, la ciudadanía observa su comportamiento en espera de que se convenzan que si se tiene conciencia de su actuación y que se tiene la capacidad para razonar el voto el día de la elección.

Algunas preguntas que nos formulamos a diario son: ¿Qué nos pasa como país? ¿Por qué estamos mal en economía, seguridad, salud, educación, productividad y desarrollo? ¿Por qué algunas acciones de gobierno funcionan de manera deficiente? ¿Por qué se han desarrollado la corrupción, la desigualdad y la irresponsabilidad? ¿Por qué existe desánimo y desinterés por participar en actividades políticas? Considero que en buena medida es por falta de educación cívica y política, por carencia de compromiso con nuestros semejantes y con nuestra patria, así como por la incongruencia demostrada por algunos actores políticos y  servidores públicos.

Sí revisamos algunos temas de la agenda nacional, pareciera que no existe memoria o registro por parte de la ciudadanía respecto del tratamiento que se da a varios asuntos de la citada agenda nacional por parte de diversos actores políticos y servidores públicos que en ocasiones actúan con falta de congruencia.

Revisemos algunos casos: durante años se ha venido realizando una campaña para promover la consciente y responsable participación ciudadana a través del voto en cada proceso electoral por parte de partidos políticos, medios de comunicación, instancias electorales y diversos actores de la sociedad organizada. Sin embargo, desde hace unos días hemos estado registrando varias opiniones, principalmente de un sector de los medios de comunicación y de algunos dirigentes partidistas, que están impulsando una campaña para desalentar, inhibir o cancelar el voto, aduciendo que no conviene votar por ningún partido y que es mejor no participar. ¿Qué acaso no contradice esa postura con los postulados de las diversas corrientes de pensamiento democrático que nos señalan como premisa que es fundamental la participación y el ejercicio del sufragio para consolidar el avance democrático que el país requiere en su tránsito hacia el desarrollo de las sociedades avanzadas? ¿Qué no se dan cuenta los que convocan a la no participación que en esa misma proporción solo acudirán a las urnas las estructuras tradicionales de los partidos  y que serán ellas, cuando mucho un 35 % del electorado, quienes decidan el rumbo del país? Quizás valdría la pena investigar quien o quienes se encuentran detrás de esa campaña y conocer cuáles son sus verdaderas intenciones.

En el mismo contexto, observamos la actitud cambiante de la Presidenta del PRI, Beatriz Paredes Rangel, quien en febrero pasado se refería a Germán Martínez Cázares, Presidente del PAN, como alguien que carecía de altura política para debatir con ella, haciendo incluso mofa al señalar que “hay niveles” en clara alusión a su supuesta superioridad que la llevó a calificarlo de “muchacho pendenciero” y ahora lo reta a debatir.

En el tema de la seguridad pública que a todos preocupa y que incluso incide en el campo de la inversión que requiere el país para su desarrollo, vemos que en el discurso de algunos servidores públicos está la demanda de mayores recursos para este sector, sin embargo, nos preocupa que en ciertas entidades federativas se den subejercicios al gasto autorizado con lo que se deja de atender la principal obligación del Estado para con la ciudadanía: la seguridad.

Por último, en esta colaboración semanal, quiero apuntar el inicio de una fuerte disputa entre dos actores políticos del más alto nivel en el Partido Acción Nacional: por una parte, Santiago Creel Miranda, quien recién acaba de “destapar” a Francisco Ramírez Acuña para que sea el Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, y por la otra, a Germán Martínez Cázares, Presidente de ese Instituto Político, a quien le corresponde, de acuerdo a sus facultades estatutarias, nombrar al Coordinador de referencia.

Considero que solo una participación responsable y comprometida de todos los actores políticos y la propia ciudadanía harán posible fijar una agenda comprometida con el desarrollo sustentable del país, emitir el sufragio es un buen principio.