In principio erat verbum

El crimen organizado ha venido realizando acciones y ejecutando a rivales y a miembros de la sociedad civil, en un claro deseo de demostrar su fuerza y superioridad frente a sus enemigos, a la autoridad y a la población en general, con el ánimo de infundir terror. El 15 de Septiembre de 2008, en Michoacán, hombres armados estallaron granadas de fragmentación en el Zócalo de la ciudad de Morelia durante la Ceremonia del Grito de Dolores, el saldo fue de 7 muertos y más de 130 heridos. El 13 de julio de 2009, presuntos narcotraficantes ejecutaron y dejaron apilados a 12 policías, nuevamente en el Estado de Michoacán, tras la detención de Arnoldo Rueda Medina, “La Minsa”, líder del cártel de la Familia. En 2010, el 13 de marzo, sicarios asesinaron a tres personas vinculadas al Consulado de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, un hecho que fue repudiado incluso por el Presidente Barack Obama. El 11 de junio un comando irrumpió en una clínica de rehabilitación contra adicciones en Chihuahua y mató a 19 internos de entre 18 y 25 años. El 28 de junio presuntos sicarios privaron de la vida al candidato a Gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú. El pasado 15 de Julio, sicarios de La Línea, mataron a cuatro personas en Ciudad Juárez, utilizando un coche bomba, lo cuál supone un grave salto cualitativo en el accionar del crimen organizado. El 18 de Julio, en la ciudad de Torreón, un comando armando irrumpió en una finca ubicada al oriente de la ciudad, donde se realizaba una fiesta particular, asesinando a 17 personas e hiriendo a 18, y finalmente el pasado lunes 26 del mes en curso, de acuerdo a información del periódico Reforma, con base en una Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuatro periodistas fueron “levantados” en Gómez Palacio, Durango. Los desaparecidos son: un periodista de Grupo Multimedios, dos camarógrafos de Televisa Gómez Palacio y un periodista del diario local “El Vespertino”, que cubrieron una protesta de presos y sus familiares en el Centro de Readaptación Social 2 de la entidad. Los primeros tres periodistas fueron “levantados” cerca del medio día y el otro a las 23:00 horas del mismo lunes.

En éstos últimos días hemos estado observando como diversas personas se refieren a estos hechos como actos de Terrorismo, y por ello, sería oportuno atender a las definiciones del concepto de Terrorismo: La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Resolución 1566 de su Consejo de Seguridad, adoptada el 8 de Octubre del 2004, define al Terrorismo como los “actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un Gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de realizarlo, que constituyen delitos definidos en los convenios, las convenciones y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y comprendidos en su ámbito, no admiten justificación en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar e insta a todos los Estados a prevenirlos y, si ocurren, a cerciorarse de que sean sancionados con penas compatibles con su grave naturaleza”.

Por su parte el Código Penal vigente, en su Capítulo VI, artículo 139, considera como acto terrorista a “quién ataque con sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación”. Paralelamente el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América conceptualiza al Terrorismo como el “Uso calculado o amenaza de violencia ilegal para provocar miedo; con la intención de persuadir o intimidar a Gobiernos o sociedades para buscar metas que son generalmente políticas, religiosas o ideológicas”.

Lo evidente es que el crimen organizado pone de manifiesto su poderío e impunidad, y pareciera ser que no hay instancia que sea capaz de detenerlos y castigarlos. En ese tenor, diversos sectores de la sociedad exigen que se dé un freno a las acciones del crimen organizado. El pasado 16 de Julio, Arturo Chávez Chávez,  titular de la Procuraduría General de la República, detalló que sólo en 2010 han muerto 7 mil 048 personas, de acuerdo con el recuento realizado por el Gabinete de Seguridad Nacional. Por su parte, el propio Presidente Felipe Calderón Hinojosa afirmó ante legisladores que durante su Gobierno habían muerto 22 mil 700 personas en hechos relacionados con la delincuencia organizada. Hasta la fecha, el número de víctimas aumentó a 24 mil 826.

Si las acciones desarrolladas son terroristas en el sentido estricto del concepto o no, lo cierto es que sí generan el impacto deseado en la comunidad; hay miedo, temor, incertidumbre y hasta terror. Ante el escenario nacional, diversos actores políticos han externado su postura. El Embajador de los Estados Unidos en México, Carlos Pascual, declaró que el nivel de violencia que se vive en México es preocupante, si bien todavía no ha alcanzado el nivel de terrorismo. “La bomba que vimos en Ciudad Juárez, y en el Consulado de Nuevo Laredo (…) obviamente son actos que nos tienen que preocupar muchísimo, pero tenemos que diferenciar eso entre lo que es el terrorismo”. El General Barry McCaffrey, ex Zar Antidrogas de los Estados Unidos, comentó en entrevista con la Revista Proceso que “no hay duda de que lo que pasó en Ciudad Juárez fue un acto de narcoterrorismo a una escala muy alta”, además “el incidente refleja también que la violencia en México ya llegó a otro nivel y que claramente tiene la intención de aterrorizar al Estado mexicano con el objetivo concreto de inhabilitarlo”.

En este contexto, el Presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Alejandro González Alcocer declaró “Creo que hay cuestiones como estas bombas que han estallado, como ese ataque a civiles que no tiene nada que ver con la delincuencia lo que no debemos permitir. Tratan de asustar a la gente y por eso puede haber ya narcoterrorismo”. Por su parte, el Coordinador del Partido Revolucionario Institucional en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, aseguró que los ataques de las organizaciones criminales deben combatirse con inteligencia, ya que tienen características de actos terroristas. “Si hay violencia por parte de los grupos delincuenciales, como la que se nos ha demostrado con estos actos que están rozando perfectamente bien el tema del terrorismo, no es con violencia del Estado como la vamos a resolver”, expresó. Por otra parte, el Diputado del PRI, Jorge Carlos Ramírez, indicó que es necesario revisar la legislación mexicana para atender el vacío legal para sancionar el “narcoterrorismo”. “Deberíamos analizar estrictamente el sistema penal judicial para revisar si efectivamente estas condiciones que ahora tenemos de juicio y castigo de punición, son suficientes”, señaló en entrevista.

El escenario parece incierto. Como bien mencionó el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Doctor José Narro Robles, “Nuestro país no merece lo que le pasa”, pero para resolver nuestros problemas se requiere la participación corresponsable de todos los miembros de la sociedad.

simon.9@prodigy.net.mx

El crimen organizado ha venido realizando acciones y ejecutando a rivales y a miembros de la sociedad civil, en un claro deseo de demostrar su fuerza y superioridad frente a sus enemigos, a la autoridad y a la población en general, con el ánimo de infundir terror. El 15 de Septiembre de 2008, en Michoacán, hombres armados estallaron granadas de fragmentación en el Zócalo de la ciudad de Morelia durante la Ceremonia del Grito de Dolores, el saldo fue de 7 muertos y más de 130 heridos. El 13 de julio de 2009, presuntos narcotraficantes ejecutaron y dejaron apilados a 12 policías, nuevamente en el Estado de Michoacán, tras la detención de Arnoldo Rueda Medina, “La Minsa”, líder del cártel de la Familia. En 2010, el 13 de marzo, sicarios asesinaron a tres personas vinculadas al Consulado de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, un hecho que fue repudiado incluso por el Presidente Barack Obama. El 11 de junio un comando irrumpió en una clínica de rehabilitación contra adicciones en Chihuahua y mató a 19 internos de entre 18 y 25 años. El 28 de junio presuntos sicarios privaron de la vida al candidato a Gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú. El pasado 15 de Julio, sicarios de La Línea, mataron a cuatro personas en Ciudad Juárez, utilizando un coche bomba, lo cuál supone un grave salto cualitativo en el accionar del crimen organizado. El 18 de Julio, en la ciudad de Torreón, un comando armando irrumpió en una finca ubicada al oriente de la ciudad, donde se realizaba una fiesta particular, asesinando a 17 personas e hiriendo a 18, y finalmente el pasado lunes 26 del mes en curso, de acuerdo a información del periódico Reforma, con base en una Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuatro periodistas fueron “levantados” en Gómez Palacio, Durango. Los desaparecidos son: un periodista de Grupo Multimedios, dos camarógrafos de Televisa Gómez Palacio y un periodista del diario local “El Vespertino”, que cubrieron una protesta de presos y sus familiares en el Centro de Readaptación Social 2 de la entidad. Los primeros tres periodistas fueron “levantados” cerca del medio día y el otro a las 23:00 horas del mismo lunes.

En éstos últimos días hemos estado observando como diversas personas se refieren a estos hechos como actos de Terrorismo, y por ello, sería oportuno atender a las definiciones del concepto de Terrorismo: La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Resolución 1566 de su Consejo de Seguridad, adoptada el 8 de Octubre del 2004, define al Terrorismo como los “actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un Gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de realizarlo, que constituyen delitos definidos en los convenios, las convenciones y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y comprendidos en su ámbito, no admiten justificación en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar e insta a todos los Estados a prevenirlos y, si ocurren, a cerciorarse de que sean sancionados con penas compatibles con su grave naturaleza”.

Por su parte el Código Penal vigente, en su Capítulo VI, artículo 139, considera como acto terrorista a “quién ataque con sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación”. Paralelamente el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América conceptualiza al Terrorismo como el “Uso calculado o amenaza de violencia ilegal para provocar miedo; con la intención de persuadir o intimidar a Gobiernos o sociedades para buscar metas que son generalmente políticas, religiosas o ideológicas”.

Lo evidente es que el crimen organizado pone de manifiesto su poderío e impunidad, y pareciera ser que no hay instancia que sea capaz de detenerlos y castigarlos. En ese tenor, diversos sectores de la sociedad exigen que se dé  un freno a las acciones del crimen organizado. El pasado 16 de Julio, Arturo Chávez Chávez,  titular de la Procuraduría General de la República, detalló que sólo en 2010 han muerto 7 mil 048 personas, de acuerdo con el recuento realizado por el Gabinete de Seguridad Nacional. Por su parte, el propio Presidente Felipe Calderón Hinojosa afirmó ante legisladores que durante su Gobierno habían muerto 22 mil 700 personas en hechos relacionados con la delincuencia organizada. Hasta la fecha, el número de víctimas aumentó a 24 mil 826.

Si las acciones desarrolladas son terroristas en el sentido estricto del concepto o no, lo cierto es que sí generan el impacto deseado en la comunidad; hay miedo, temor, incertidumbre y hasta terror. Ante el escenario nacional, diversos actores políticos han externado su postura. El Embajador de los Estados Unidos en México, Carlos Pascual, declaró que el nivel de violencia que se vive en México es preocupante, si bien todavía no ha alcanzado el nivel de terrorismo. “La bomba que vimos en Ciudad Juárez, y en el Consulado de Nuevo Laredo (…) obviamente son actos que nos tienen que preocupar muchísimo, pero tenemos que diferenciar eso entre lo que es el terrorismo”. El General Barry McCaffrey, ex Zar Antidrogas de los Estados Unidos, comentó en entrevista con la Revista Proceso que “no hay duda de que lo que pasó en Ciudad Juárez fue un acto de narcoterrorismo a una escala muy alta”, además “el incidente refleja también que la violencia en México ya llegó a otro nivel y que claramente tiene la intención de aterrorizar al Estado mexicano con el objetivo concreto de inhabilitarlo”.

En este contexto, el Presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Alejandro González Alcocer declaró “Creo que hay cuestiones como estas bombas que han estallado, como ese ataque a civiles que no tiene nada que ver con la delincuencia lo que no debemos permitir. Tratan de asustar a la gente y por eso puede haber ya narcoterrorismo”. Por su parte, el Coordinador del Partido Revolucionario Institucional en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, aseguró que los ataques de las organizaciones criminales deben combatirse con inteligencia, ya que tienen características de actos terroristas. “Si hay violencia por parte de los grupos delincuenciales, como la que se nos ha demostrado con estos actos que están rozando perfectamente bien el tema del terrorismo, no es con violencia del Estado como la vamos a resolver”, expresó. Por otra parte, el Diputado del PRI, Jorge Carlos Ramírez, indicó que es necesario revisar la legislación mexicana para atender el vacío legal para sancionar el “narcoterrorismo”. “Deberíamos analizar estrictamente el sistema penal judicial para revisar si efectivamente estas condiciones que ahora tenemos de juicio y castigo de punición, son suficientes”, señaló en entrevista.

El escenario parece incierto. Como bien mencionó el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Doctor José Narro Robles, “Nuestro país no merece lo que le pasa”, pero para resolver nuestros problemas se requiere la participación corresponsable de todos los miembros de la sociedad.

simon.9@prodigy.net.mx

Los índices de violencia generados por el crimen organizado continúan incrementándose y como muestra de ello podemos citar los acontecimientos ocurridos en los últimas semanas. El lunes 28 de Junio, un grupo que no vio cubiertos sus intereses, decidió privar de la vida y hacer a un lado al médico Rodolfo Torre Cantú, candidato al Gobierno de Tamaulipas por la coalición integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (PANAL), quién mantenía una clara ventaja sobre su principal competidor, el panista José Julián Sacramento. El pasado jueves 15 de Julio, un coche bomba fue detonado por sicarios en Ciudad Juárez, dejando un saldo de tres muertos y 11 heridos; según el peritaje, se encontraron residuos de 10 kilos de explosivo C4, así como restos de un aparato celular con el que presuntamente activaron el mecanismo de la bomba. Paralelamente la madrugada del domingo pasado, en Torreón, un comando armado irrumpió en una finca ubicada al oriente de la ciudad, donde se realizaba una fiesta particular; asesinó a 17 personas e hirió a 18, algunas de las cuales sobrevivieron fingiendo que estaban muertas. “Llegaron, rafaguearon y se fueron. Dispararon en contra de todo lo que se movía”, dijo una fuente cercana a la Fiscalía General del Estado. Esta es  la tercera ocasión en los últimos meses que sicarios disparan indiscriminadamente en contra de jóvenes que se divertían en algún lugar de Torreón. La primera fue la madrugada del 31 de enero, cuando un comando atacó varios sitios recreativos dejando 10 muertos y 15 heridos. Posteriormente, en la madrugada del 15 de mayo nuevamente un comando atacó un bar, dejando un saldo de 8 muertos y 19 heridos.

En ese contexto, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, dirigió un mensaje a la nación el pasado 29 de Junio, en el cuál reconocía la necesidad de crear un “frente común con los tres Poderes de la Unión y con las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, ante el deber indeclinable de defender a México, de actuar en defensa de la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, y de nuestra democracia”.  Siguiendo esta línea, exhortó “a la sociedad, a los sectores productivos, a los empresarios y a los trabajadores, a académicos e intelectuales del país, a los medios de comunicación, para que cada quien, en el ámbito de su competencia y de influencia, podamos crear juntos un frente común contra quienes pretenden imponer su voluntad por encima de la ley”.

Paralelamente en los últimas semanas, el Presidente Calderón ha sostenido reuniones a puerta cerrada, con distintos actores políticos y grupos de poder en la Residencia Oficial de los Pinos. A principios de este mes se reunió con el pleno del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); con el Congreso Agrario Permanente (CAP), presidido por José Luis González Aguilera, y con la Conferencia del Episcopado Mexicano, presidida por el Arzobispo de Tlalnepantla, Monseñor Carlos Aguiar Retes. A lo largo de esos encuentros el Presidente Calderón y los distintos actores políticos intercambiaron puntos de vista sobre la necesidad de seguir adelante en el combate al crimen organizado, así como acerca del papel activo que deben desempeñar todas las autoridades y los ciudadanos en esta materia. De igual manera ratificaron su alianza con el Gobierno Federal para continuar trabajando juntos en la promoción de principios que fortalezcan la vida social en las comunidades de todo el país.

Asimismo, en los últimos días del mes de Junio el Presidente se reunió con Manlio Fabio Beltrones Rivera, Coordinador de los Senadores del Partido Revolucionario Institucional. Ahí el Presidente Calderón expresó al Senador Beltrones su disposición para escuchar las propuestas que sirvan para fortalecer la estrategia de seguridad y que cierren espacios a la impunidad, con la corresponsabilidad de las distintas autoridades. En esta línea, el Senador priísta se pronunció por retomar la agenda que su partido impulsa en el Senado desde el 2006 para dar gobernabilidad y estabilidad política al país mediante la Reforma del Estado. Por su parte, José Francisco Rojas Gutiérrez, Coordinador de los Diputados del Partido Revolucionario Institucional, en la propia Cámara de Diputados,  reconoció en su diálogo con el mandatario que es necesario realizar un “ejercicio autocrítico” de una estrategia, “que no calculó” la capacidad de respuesta del narcotráfico y del crimen organizado.

Continuando con la dinámica del diálogo, el Presidente Calderón se reunió a lo largo de la semana pasada con algunos de los Gobernadores electos en los comicios del pasado 4 de Julio, con quienes intercambió puntos de vista sobre diferentes temas de la agenda nacional. Al Gobernador electo de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, el mandatario federal le reiteró  su solidaridad por la muerte de su hermano Rodolfo, mientras que a Mario López Valdez lo exhortó a que en Sinaloa se impulse el fortalecimiento de las instituciones.  Por su parte a Gabino Cué Monteagudo, Gobernador electo de Oaxaca, el Presidente le refrendó la voluntad de su gobierno por escuchar las propuestas de esa entidad para combatir con mayor coordinación al crimen organizado. Mientras que con Miguel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador electo de Zacatecas, dialogó  sobre temas de  seguridad pública para la entidad, así como sobre proyectos de desarrollo e infraestructura carretera. Finalmente, los Gobernadores electos de Tlaxcala, Mariano González Zarur, y de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, fueron recibidos el pasado lunes 19, por el Presidente Felipe Calderón, quien les reiteró  su compromiso de trabajar conjuntamente con cada uno de los Gobernadores de los Estados para hacer frente a los desafíos de forma más efectiva.

En éste escenario, vale la pena tomar en cuenta la exhortación pastoral de la Conferencia del Episcopado Mexicano publicada el 15 de febrero. En el documento los Obispos de México comparten su discernimiento sobre la misión de la Iglesia en la realidad de inseguridad y violencia que se vive en México y alientan la esperanza de todos, especialmente de quienes viven con miedo, tristeza y dolor por esta situación social. Al mismo tiempo, hacen una llamado a la responsabilidad social de todos los ciudadanos para que, de manera personal o de manera organizada, asuman sus derechos y deberes  en la tarea de construir la paz para la vida digna de todo el pueblo de México.

En el mismo sentido, el día de ayer, el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Doctor José Ramón Narro Robles, declaró en el marco de la entrega de la medalla 1808, otorgada por el Gobierno del Distrito Federal a la UNAM y a ocho instituciones mas, que “el país no merece lo que le pasa”. “A problemas seculares que lo han acompañado a lo largo de su historia, como la pobreza, la desigualdad, la exclusión, las muertes prematuras o la ignorancia, se suman hoy en día nuevos azotes, como la inseguridad, el narcotráfico y lo que es peor: la falta de expectativas, el desánimo y las desavenencias entre grupos y sectores”. Además consideró que es urgente “el debate informado, las propuestas por consenso, los acuerdos para el bien de la mayoría.” Y finalmente acotó que “para contar con verdaderos conductores del desarrollo nacional, debemos aceptar que el modelo que hemos seguido ya no sirve para atender nuestras necesidades; hay que cambiarlo y pensar en grande y a largo plazo”.

Hace falta pasar de las propuestas y acuerdos, a las acciones. Mientras la sociedad y el Gobierno se abocan al rediseño de la estrategia contra la violencia y la inseguridad, el crimen organizado continúa actuando impunemente e intensificando el grado de violencia. Debemos fomentar, con sentido autocrítico y de corresponsabilidad social, el trabajo conjunto con las Instituciones de seguridad, la convivencia y la cultura ciudadana; pero sobre todo fomentar la educación y la formación en principios y valores, entendidos en un sentido amplio, como el motor de la transformación social.

simon.9@prodigy.net.mx

A 10 días de realizarse la jornada electoral, los resultados que se presentan son muy diversos. El pasado 12 de Julio las autoridades electorales entregaron las constancias de mayoría que validan los triunfos electorales de José Francisco Olvera Ruiz (Hidalgo), Mario López Valdez (Sinaloa), Roberto Borge Angulo (Quintana Roo), Gabino Cué Monteagudo (Oaxaca), Rafael Moreno Valle Rosas (Puebla), José Carlos Lozano de la Torre (Aguascalientes), Mariano González Zarur (Tlaxcala), Egidio Torre Cantú (Tamaulipas) y Miguel Alejandro Alonso Reyes (Zacatecas). En contraparte, Bertha Xóchitl Gálvez en Hidalgo, José Rosas Aispuro Torres en Durango y Miguel Ángel Yunes Linares en Veracruz, promueven ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la anulación de las elecciones a los Gobiernos de esos Estados, con la clara intención de rescatar la victoria ante las instancias federales.

Con la asistencia de más de 10 mil simpatizantes y de los dirigentes nacionales del Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Convergencia, la ex candidata de la alianza “Hidalgo Nos Une” al Gobierno del Estado de Hidalgo, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, marchó en protesta por las diversas prácticas ilegales que, asegura, realizaron el Gobierno del Estado y el Partido Revolucionario Institucional a favor de su adversario Francisco Olvera durante el pasado proceso electoral. Por su parte Miguel Ángel Yunes Linares, presentó ante el Consejo Distrital XXII, con sede en Boca del Río, 15 cajas que contenían pruebas recabadas desde noviembre del año pasado, las cuales acreditan las diversas irregularidades en el proceso electoral, destacando “la compra de votos y el excesivo gasto en las campañas electorales”. Así mismo José Rosas Aispuro Torres exigió un conteo “voto por voto” ante lo cerrado de la elección que definirá al nuevo Gobernador de Durango; sin embargo la tendencia ofrecida por el conteo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se mantiene y el candidato de la coalición PRI-Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, Jorge Herrera Caldera, se mantiene a la cabeza.

Siguiendo esta línea, fue más que evidente que la intromisión de los Gobernadores en las campañas electorales no generó dividendos favorables a sus propios intereses. De esta forma Jesús Alberto Aguilar Padilla en Sinaloa, Mario Plutarco Marín Torres en Puebla, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz en Oaxaca y Amalia Dolores García Medina en Zacatecas, fueron testigos del fracaso de la maquinaria electoral echada a andar, la cuál tenía como principal objetivo conservar el poder. Mientras tanto el Gobernador de Baja California, el panista José Guadalupe Osuna Millán, no pudo evitar que los candidatos del Partido Revolucionario Institucional ganaran en las urnas los 5 Municipios del Estado: Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito y que además se alzaran con la mayoría de las diputaciones en el Congreso Local. Esta situación complica la gestión del segundo trienio de Osuna Millán.

Por otra parte, en el pragmatismo puro, hubo actores políticos que desarrollaron su proselitismo en favor de candidato opositor al partido de su militancia.

Paralelamente, de forma sorpresiva, pero responsable, los Gobernadores de Sinaloa, Oaxaca y Zacatecas, han observado un respeto total a la decisión electoral y han asumido con madurez la voluntad ciudadana. Sin embargo, de los comicios delpasado 4 de Julio a la toma de posesión, hay un período en el que se advierte como algunos Gobernadores están llevando a cabo diversas maniobras para entorpecer la transición democrática. En Oaxaca, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz pretende minar el camino de Gabino Cué Monteagudo, recurriendo a bursatilizaciones y empréstitos que comprometen en su totalidad la recaudación de la tenencia y en 19.5% al Fondo General de Participaciones; esto se suma a la deuda estatal existente que asciende a 4 mil 125 millones de pesos. Mientras tanto en Zacatecas, Amalia Dolores García Medina, heredará a Miguel Alonso Reyes, una deuda de 543 millones de pesos y además el lunes pasado, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordenó a la Gobernadora suspender el otorgamiento de patentes de notario, que pretendía expedir, a cinco funcionarios de su gabinete, que no cumplen con los requisitos legales a unas semanas de concluir su mandato.

Finalmente, mientras todo esto sucede, continúan las ejecuciones. En Chihuahua tan sólo en el pasado fin de semana fueron ejecutadas 58 personas en ajustes de cuentas que tuvieron como móvil el narcotráfico.  La inseguridad que flagela a la sociedad mexicana ha alcanzado niveles alarmantes. Por esa razón una vez que se ha superado este proceso electoral, los saldos pendientes de la sociedad reclaman atención urgente en temas primordiales para la estabilidad y el bienestar social: seguridad, empleo, inversión, así como la ayuda inmediata para paliar los daños causados por desastres naturales.

La mayoría de los actores políticos cuestionan los mecanismos del sistema electoral y todos prevemos que el escenario de las elecciones presidenciales de 2012 será  muy complicado. Vale la pena sentar las bases para apuntalar y fortalecer la democracia mexicana, pero sobretodo motivar y concientizar a la sociedad para que participe activamente y emita su voto de manera responsable.

El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. En esas líneas se resume el principio capital de la democracia: la participación ciudadana como base de los procesos democráticos. Así el pasado domingo 4 de Julio se desarrolló una jornada electoral ordenada en términos generales. El pueblo, a pesar de las condiciones poco favorables, generadas por los acontecimientos sucedidos a lo largo de las campañas electorales, decidió ejercer su derecho a la soberanía en el entendido de que la participación es la única vía posible para definir rumbos y modificar las estrategias de los grupos de poder.

De esta manera fuimos testigos de cómo las diversas maniobras de las estructuras de los grupos de poder y particularmente la de los propios Gobernadores, fueron rebasadas por una sociedad que dejó entrever acentos de superación. Tal es el caso de los Gobernadores del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Alberto Aguilar Padilla en Sinaloa, Mario Plutarco Marín Torres en Puebla y Ulises Ernesto Ruiz Ortiz en Oaxaca, quienes en el 2009, echaron a andar la maquinaria electoral y se alzaron con la mayoría absoluta en las elecciones de Diputados Federales.

En lo referente a las gubernaturas, los resultados preliminares son contundentes y la alternancia es el común denominador en Sinaloa, Puebla y Oaxaca en dónde los candidatos de Partido Revolucionario Institucional, se ven superados por Mario López Valdez de la Coalición conformada por PAN, PRD, PT y Convergencia en Sinaloa, Rafael Moreno Valle Rosas de la Coalición PAN, PRD, Nueva Alianza y Convergencia en Puebla y Gabino Cué Monteagudo de la Coalición de los partidos PAN, PRD, PT, Convergencia y Nueva Alianza.

Los resultados en Sinaloa, Puebla y Oaxaca atienden a una respuesta ciudadana, que en gran medida se debe al agotamiento del modelo político instaurado por los gobernantes en turno; las fuerzas políticas locales perdieron la coherencia que antes les permitió crecer, fortalecerse y resguardarse entre sí. Los actores políticos deben tener siempre presente que no hay victorias ni derrotas para siempre, así como que los Gobernadores no pueden imponer a su arbitrio a sus sucesores.

Paralelamente en Veracruz, Durango e Hidalgo todo indica que habrá proceso judicial para impugnar los resultados de los comicios. Miguel Ángel Yunes Linares, candidato de la Coalición conformada por PAN y Nueva Alianza en Veracruz, afirmó que el Programa de Resultados Electorales Preliminares tuvo un “comportamiento irregular y poco confiable” por lo que desconoció el resultado que arrojó ese conteo que da la ventaja al Partido Revolucionario Institucional y exige un conteo “Acta por Acta”. En Durango e Hidalgo las cifras apuntan a una cerrada definición de la gubernatura estatal; en esa línea el candidato de la Coalición PRI, Nueva Alianza y PVEM, Jorge Herrera Caldera, y el aliancista del PAN, PRD y Convergencia, José Rosas Aispuro Torres, afinan estrategias en defensa del voto. Por su parte Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de la Coalición PAN, PRD, PT y Convergencia,  declaró que demandará la anulación de las votaciones en Hidalgo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque el proceso electoral estuvo viciado por falta de equidad en los medios de comunicación locales y por la coacción del voto con dinero público para favorecer a su adversario de la Coalición PRI, Nueva Alianza y PVEM, José Francisco Olvera Ruiz, a quien el Programa de Resultados Electorales Preliminares, da como ganador con una diferencia de 5 por ciento.

Cabe destacar que la Alianza entre el Partido Acción Nacional y los partidos que conforman el Frente Diálogo para la Reconstrucción de México – Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Partido Convergencia-  arrojó dividendos favorables de acuerdo a la estrategia trazada desde la dirigencia de esos partidos, tras los resultados que les dan el triunfo en Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Por esa razón José César Nava Vázquez y Jesús Ortega Martínez, dirigentes del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática respectivamente, anunciaron su intención de competir aliados en las cinco entidades que renovarán gubernatura en 2011: Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit y Baja California Sur. Sin embargo ambos descartaron la posibilidad de ir en alianza para la elección presidencial en el 2012.

De esta forma, este proceso electoral reafirmó los ideales de participación y representatividad, sin embargo, la realidad social de los mexicanos está hoy determinada por el entorno cercano e inmediato. Politizados, marginados por problemáticas económicas y sociales, así como por la violencia e inseguridad imperantes. Este proceso nos deja muchas lecciones pero merece destacarse la de que la decidida y responsable participación ciudadana es capaz de romper intereses y proyectos que contravienen sus intereses.

simon.9@prodigy.net.mx

Comentábamos en nuestras dos anteriores colaboraciones respecto de la participación de los diversos grupos de influencia en aras de retener o conquistar el poder. El ambiente político se ha venido conflictuando debido a la exposición mediática de material audiovisual e información puntual referente a las acciones que están llevando a cabo políticos y Gobernadores en varios Estados del país, claramente encaminadas a obtener un saldo favorable a sus intereses en los comicios del próximo 4 de Julio, aún en perjuicio del bienestar de la colectividad y del propio desarrollo de las entidades. Durante los últimos años, también el crimen organizado se ha hecho sentir, y ha puesto de manifiesto, no solamente su capacidad de incursionar en actividades delictivas sino que también están resueltos a tomar decisiones en ámbitos como la economía y la política.

El pasado lunes 28 de Junio un grupo que no vio cubiertos sus intereses, decidió privar de la vida y hacer a un lado al médico Rodolfo Torre Cantú, candidato al Gobierno de Tamaulipas por la coalición integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (PANAL), quién mantenía una clara ventaja sobre su principal competidor, el panista José Julián Sacramento, según diversas encuestas.

Este hecho motivó una profunda agitación de toda la actividad político-electoral del país. Los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, en solidaridad con el Revolucionario Institucional, decidieron cancelar sus campañas electorales en la entidad hasta el próximo 4 de julio. Así mismo, las dirigencias del Partido Verde Ecologista, y del partido Nueva Alianza, integrantes de la coalición que representaba Torres Cantú, condenaron el asesinato y exigieron capturar a los responsables. Las reacciones en el Senado no se hicieron esperar y de ésta manera el Presidente, Carlos Navarrete, dijo que este asesinato representa un “desafío” del hampa al estado de derecho. El Coordinador del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, pidió “mantener la serenidad” para impedir que el crimen organizado “secuestre” la democracia. Simultáneamente, el Coordinador del Partido Revolucionario Institucional, Manlio Fabio Beltrones, pidió dejar a un lado “los partidismos” de los gobernantes.

Es urgente atender la problemática de inseguridad, ya que se pueden tener afectaciones colaterales, como por ejemplo, el efecto en los mercados financieros nacionales. El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) finalizó con una contracción de 0.12%, esto significó una disminución de 38.94 unidades para establecerse en los 32 mil 568.19 puntos. Mientras que el tipo de cambio peso-dólar se presionó, al alcanzar las cotizaciones interbancarias un precio de 12.70 pesos y de ésta manera representó una depreciación de 0.33%, equivalente a un pérdida de 4.15 centavos. Los operadores y analistas financieros dijeron que de existir información poco favorable, los mercados podrían reaccionar con mayores presiones sobre todo el peso mexicano que es la variable más sensible a este tipo de acontecimientos.

En respuesta a estos acontecimientos el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, hizo dos pronunciamientos al respecto. En el primer pronunciamiento el Presidente expresó “su más enérgica condena, la del Gobierno Federal y la de toda la sociedad mexicana, por el cobarde asesinato de Rodolfo Torre Cantú, así como de las personas que lo acompañaban”. Hizo mención de la comunicación que sostuvo con la Presidenta del Partido Revolucionario Institucional, Beatriz Paredes Rangel, así como con el Gobernador del Estado, Eugenio Hernández Flores, para ofrecerles el apoyo incondicional del Gobierno Federal en el esclarecimiento de estos lamentables hechos. Además hizo especial énfasis en que  “se trata de un hecho, no sólo contra un candidato de un partido político, sino contra las instituciones democráticas y, por tanto, es un hecho que reclama una respuesta unida y firme de parte de todos los que creemos en la democracia”.

En el segundo pronunciamiento se debe tomar en cuenta que el Presidente Calderón reconoció la necesidad de crear un “frente común con los tres Poderes de la Unión y con las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, ante el deber indeclinable de defender a México, de actuar en defensa de la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, y de nuestra democracia”. De igual forma reconoce que es en la “división entre los mexicanos donde los criminales encuentran los espacios y las vulnerabilidades para dañar a México”.

Es por eso que siguiendo esta línea, hizo así mismo el llamado “a la sociedad, a los sectores productivos, a los empresarios y a los trabajadores, a académicos e intelectuales del país, a los medios de comunicación, para que cada quien, en el ámbito de su competencia y de influencia, podamos crear juntos un frente común contra quienes pretenden imponer su voluntad por encima de la ley”.

Es conveniente recordar que en Agosto de 2008 el Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, había alertado que en nuestro país poco más de 500 mil personas se encontraban vinculadas a actividades propias del narcotráfico, desempeñando diferentes tareas que permiten el crecimiento y expansión de los cárteles de la droga. Por otra parte, en Febrero pasado, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) informó a México sobre la ruptura entre el cártel de El Golfo y Los Zetas y advertía a los órganos de inteligencia mexicanos sobre una nueva recomposición de las organizaciones criminales relacionadas con el trasiego de drogas en nuestro país, primordialmente en Tamaulipas y Nuevo León, principales bastiones del cártel del Golfo y Los Zetas. Paralelamente la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (UNODC) apunta en su Reporte Mundial de Drogas 2010 que el aumento de la violencia relacionada con el crimen organizado en nuestro país se debe, principalmente, a la sequía provocada por la reducción del mercado de cocaína en Estados Unidos, ya que “el precio de la droga es más alto y las dosis son menos puras”. Además el reporte advierte que la lucha entre los cárteles mexicanos y su poder de influencia podría tener un efecto devastador en Centroamérica. Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice se encuentran amenazados ante el poder creciente de los capos de los principales cárteles que huyen de la campaña que ha orquestado contra ellos el Gobierno de México desde su territorio.

Si no tomamos en cuenta lo sucedido, el crimen organizado y diversos grupos de influencia seguirán tomando decisiones que solamente le competen a la sociedad en su conjunto. De nada sirvió que un candidato hiciera campaña, lanzara propuestas, lograra convencer al electorado y lo más importante,  sumara voluntades;  cuando un grupo tomó la decisión de eliminarlo. Esto nos muestra que de no atender la urgente convocatoria que hoy retoma el Presidente, podremos no sólo llegar a convertirnos en un estado fallido, sino lo más grave, en una sociedad fallida. En este esquema hay dos actores fundamentales que deben asumir un rol estratégico y convertirse en agentes de un cambio profundo: las iglesias y  el magisterio, instituciones que por vocación y misión deben incidir en la formación de ciudadanos responsables, respetuosos, con valores y principios que sean capaces de construir una sociedad que pueda transitar con éxito hacia el futuro.

simon.9@prodigy.net.mx

Recordará usted amable lector el sentido en el que en nuestra colaboración anterior hacíamos referencia al ambiente de enfrentamientos entre las estructuras de los grupos de poder de cara a los próximos comicios electorales del 4 de Julio próximo.

El pasado miércoles realizamos un recuento de los sucesos más relevantes ocurridos en distintos puntos del país, que cimbraron la palestra política en los últimos meses y que constituyen una evidencia contundente de los manejos poco ortodoxos por parte de los distintos actores políticos que buscan conservar o conquistar el poder.

Esta semana hemos podido confirmar lo que diversos analistas, pero sobre todo la opinión pública y la sociedad en general comparten como tema toral actualmente: el hecho de que los Gobernadores dirigen sus acciones de gobierno hacia aquellos grupos afines, leales y comprometidos que primordialmente les garantizan su voto.

Lo dicho por Fidel Herrera Beltrán, Mario Plutarco Marín Torres y Ulises Ernesto Ruiz Ortiz en sendas grabaciones, que recibieron una amplia cobertura mediática, nos permite reconfirmar el objetivo capital de esos políticos, la búsqueda del poder por el poder.

El Gobernador de Veracruz, se vio envuelto en una polémica debido a que el Periódico Excélsior difundió una serie de audios que muestran la forma de operar de Fidel Herrera Beltrán. En una de las grabaciones conversa con Marco Antonio Estrada Montiel, candidato del Revolucionario Institucional al Distrito XXX de Coatzacoalcos.

-”Mire, yo por ahí  necesito algunos recursos”, le informa el candidato Estrada Montiel.

-”Ven a verme”, ofrece Herrera; “a la hora de ser candidato, dale a todos, mano”.

En otra conversación ofrece a Renato Tronco Gómez, candidato a la Alcaldía de las Choapas; “yo tengo el recurso ahorita para que le entres pa´delante. ¿Cuánto necesitas? Yo te lo hago llegar”.

En un tercer diálogo, pide a un compositor plagiar y transformar un jingle para la campaña de Javier Duarte, afirma: “Dámelo a mí. (Duarte) anda muy reapendejado, es un candidato que no es alegre, dámelo a mí. Yo soy tu vínculo, Fogoso”.

De esta manera, se constata el uso sectario de los recursos públicos y en particular de los programas sociales sin tomar en cuenta las necesidades de la población, a pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo establece como ejes centrales la búsqueda del bienestar de los mexicanos, el incremento de la equidad y la igualdad de oportunidades, el desarrollo de las capacidades personales y de iniciativas individuales y colectivas, además del fortalecimiento de la cohesión y el capital social.

En Puebla, las campañas de los candidatos Javier López Zavala y Rafael Moreno Valle se han centrado en ataques y confrontaciones a través de la divulgación de material audiovisual en diversos portales de internet. Algunos videos acusan al Gobernador poblano de haber cometido estupro con una menor que conoció en un evento deportivo. La relación habría iniciado en 1999, cuando Marín Torres era Alcalde de Puebla y tuvo una duración aproximada de un año y nueve meses. En el material se dan a conocer detalles de las conversaciones del Gobernador con la menor, sus encuentros íntimos y hasta el contacto con su hermano René Marín.

Finalmente Ulises Ruiz Ortiz se convirtió nuevamente en el centro de la atención debido a que la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso en la persona de Javier Corral Jurado, Delegado Nacional del Partido Acción Nacional, difundió un video de apenas 16 segundos en el que se puede observar al mandatario estatal pidiendo apoyo para Eviel Pérez Magaña, candidato a la gubernatura postulado por los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM). En el video Ruiz Ortiz baja de una camioneta y cuando se encuentra con un hombre de chamarra roja, le dice: “Lo de la elección, ahí se los encargo, ¿eh? Un chingo de votos para Eviel. No me fallen, canijos”.

En otra vertiente pero dentro del mismo contexto político-electoral, conviene también tomar en cuenta la reflexión de la Arquidiócesis Primada de México contenida en su órgano de difusión ‘Desde la Fe’, que alerta sobre la violencia que se padece en el país, ya que ante esta situación existe una “ausencia de autoridad en todos los niveles de gobierno” y un combate al crimen organizado “con estrategias muy limitadas”, al grado que “hemos llegado a la posibilidad, incluso, de que el crimen ejerza su poder político en las próximas elecciones”.

Estamos siendo testigos de como se hace evidente el que algunos grupos en el poder buscan la forma de conservarlo o conquistarlo. Y todo indica que la jornada electoral tendrá como referentes, la capacidad de estructura, los recursos suficientes para compra de votos, suplantación de electores, coacción, robo de urnas, caídas del sistema de cómputo de votos y hasta la complicidad de ciertos funcionarios electorales. Estas son solo algunas muestras de las perversiones que actúan en detrimento de la legitimación de la incipiente democracia mexicana.

Enfrentamos como sociedad una tarea muy compleja, instaurar una democracia plena, auténtica, con instituciones capaces de facilitar y garantizar el proceso democrático, actuando dentro del marco de un verdadero estado de derecho, capaz de garantizar la vigencia plena de nuestros derechos fundamentales. Nadie debe permitir que se nos impida nuestro derecho a decidir, mediante el sufragio, a quien queremos que coordine nuestros esfuerzos desde la responsabilidad del ejercicio de Gobierno.

simon.9@prodigy.net.mx

La percepción social respecto del proceso electoral del 4 de julio próximo es que se desarrollará en un ambiente de enfrentamientos entre las estructuras de los grupos de poder.

A 17 días de la elección, el ambiente político y social se está conflictuando. Los principales grupos de interés, Gobernadores, Presidentes Municipales y políticos en general buscan conservar el poder o bien conquistarlo; pero hacerlo por la vía de la presión, manipulación, intimidación, compra de votos o por difamación y no por la vía del convencimiento en base a presentar las mejores propuestas para resolver la problemática de un distrito, municipio o estado, no es sano para la democracia ni para la civilidad política.

Basta tener presentes algunos hechos relevantes acontecidos en los últimos meses:

En Oaxaca, una entidad caracterizada por los constantes conflictos sociales, el 27 de Abril de 2010, una caravana que llevaba ayuda a los habitantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala compuesta por periodistas, maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), activistas europeos y nacionales fueron atacados por un comando paramilitar.

En Quintana Roo, el 25 de Mayo, Gregorio Sánchez Martínez, en ese entonces candidato al Gobierno del Estado por la coalición PRD-PT-Convergencia, fue detenido por elementos de la Policía Federal a su llegada al Aeropuerto Internacional de Cancún acusado de presuntos nexos con las organizaciones criminales pertenecientes a los carteles de los Zetas y de los Beltrán Leyva, a quienes habría brindado información y protección. El líder nacional del PRD, Jesús Ortega consideró que todo se trataba de un complot orquestado desde la Secretaría de Gobernación. Sin embargo evidencias, indicios y diversos testimonios derivaron en la cancelación de su candidatura por cinco votos contra uno en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo cual lo inhabilitó para contender en las elecciones del próximo 4 de Julio.

El día 5 de Junio en Veracruz, César Nava, líder nacional del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares, candidato de la coalición PAN-PANAL y el dirigente estatal de Acción Nacional, Francisco Cambrianis, fueron víctimas de una detención irregular por parte de la Policía Intermunicipal de ese Estado debido a que fueron considerados como ‘sospechosos’. El despliegue de elementos policíacos fue considerable y el argumento de la detención, carente de toda lógica, ya que las camionetas en las que viajaban estaban tapizadas de propaganda del propio candidato de la coalición PAN-PANAL y según declaraciones de César Nava, la detención se realizó por órdenes directas del Gobierno del Estado.

En Culiacán, el pasado 13 de Junio un artefacto explosivo de fabricación casera fue lanzado por desconocidos contra la fachada de la puerta principal de la sede del Comité Municipal de Acción Nacional. En el incidente no se registraron daños mayores en el inmueble y el artefacto únicamente consumió propaganda del candidato a la gubernatura de Sinaloa, Mario López Valdez, de la coalición conformada por PAN, PRD y Convergencia.

En Puebla, Mario Marín Torres busca el fin justificando los medios aunque estos sean poco ortodoxos, su objetivo es llevar a la gubernatura a su delfín, Javier López Zavala, candidato de la coalición PRI-PVEM. Marín Torres fue acusado ayer por la dirigente del movimiento Izquierda Democrática Nacional, Dolores Padierna Luna, de utilizar recursos de dudosa procedencia para sumar deudos provenientes de la izquierda perredista a la causa priísta y por su parte Jorge Kahwagi Macari, Presidente de Nueva Alianza, durante su visita a Puebla para apoyar al candidato de la coalición PAN-PRD-PANAL, Rafael Moreno Valle, evidenció que el aparato gubernamental favorece a Javier López Zavala, además de pedirle al propio Marín Torres que saque las manos de la elección.

Aunado a los enfrentamientos constantes en la contienda electoral del 4 de Julio próximo, la violencia, generada en el marco de la guerra contra el narcotráfico, continúa en franco incremento y contribuye a entorpecer el propio sistema de elecciones. En Ciudad Juárez, la noche del 10 de Junio, un comando de hombres armados asaltó el Centro de Rehabilitación de Drogadictos ‘Fe y Vida’, asesinando al menos a 19 personas que se encontraban en proceso de desintoxicación. Los autores del atentado dejaron varios mensajes en el lugar en los que acusaron a las víctimas de ser delincuentes: ‘Eso les pasa por ser violadores, asaltantes, escorias y marranos’. Este hecho se suma a otras 66 muertes ocurridas entre la noche del pasado jueves 10 y viernes 11 de Junio. En total 85 personas perdieron la vida en ajustes de cuentas, enfrentamientos y asesinatos en los Estados de Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa, San Luis Potosí, Baja California, Durango, Morelos, Jalisco, Querétaro, Distrito Federal, Estado de México y Nayarit. De esta manera se consumó una jornada violentísima que superó por mucho a las 58 muertes ocurridas el 3 de Noviembre de 2008.

Conviene recordar también que Guillermo Galván Galván, Secretario de la Defensa Nacional, reveló en el 2008 cifras que denotaban en ese momento otra faceta de la dimensión del problema del narcotráfico; el hecho de que se tenía información respecto a que 500 mil personas estaban vinculadas o participaban en el narcotráfico en México. Galván Galván precisó que de esa cantidad, 300 mil se dedicaban a sembrar drogas, unas 160 mil eran narcomenudistas, transportistas, distribuidores e informantes, mientras que los 40 mil restantes ocupaban diferentes liderazgos. Han pasado casi dos años de estas declaraciones y lamentablemente todo parece indicar que la cifra va en aumento.

Es urgente abordar nuestro mayor desafío como nación, construir espacios de diálogo, buscar alternativas democráticas, plantear reflexiones haciendo énfasis en los procesos sociales que favorecen el diálogo para evitar la polarización de la sociedad; pero sobre todo se debe actuar con responsabilidad porque en cualquier momento pueden estallar o agravarse conflictos políticos y sociales por la vía electoral o criminal, los cuales persiguen el mismo interés: conquistar el poder sin pensar en las consecuencias y sin buscar el bienestar de la sociedad. Debemos cuidarnos de no llegar a convertirnos en una sociedad fallida.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a la inteligencia como la “capacidad de entender o comprender”. A su vez, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) define que la inteligencia es el conocimiento actual y previo del mundo que nos rodea – el preludio a la decisión y la acción de los políticos de los EE.UU-. Así mismo la Comisión sobre las Funciones y Capacidades de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos considera que es preferible definir “inteligencia” en general simplemente como información acerca de “lo extranjero” -personas, lugares, cosas y eventos- que necesita comprender el gobierno para la realización de sus funciones.

Los gobiernos y la sociedad en general deberían fincar su toma de decisiones con base en trabajos o acciones de inteligencia, es decir en tener información fidedigna y oportuna para tomar decisiones correctas y acertadas.

En esta tesitura debemos entender porque el día 20 de mayo de 2010, Dennis Cutler Blair anunciara su renuncia como Director de Inteligencia Nacional, válida a partir del pasado viernes 28 de mayo de 2010, luego de que el Comité  de Inteligencia del Senado publicara un reporte en el que señala diversas fallas para detectar posibles ataques tales como el fallido atentado ocurrido en Diciembre pasado donde el sospechoso Umar Farauk Abdul Mutallab erro al momento de detonar la bomba que portaba en el interior de su vestimenta. En el reporte se menciona que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional “no estaba organizada adecuadamente para cumplir con sus misiones”.

El Presidente Obama luego de aceptar la renuncia de uno de sus hombres de confianza en materia de Inteligencia, propone al actual Secretario de Defensa Adjunto de Inteligencia, James R. Clapper como nuevo Director de Inteligencia Nacional, a pesar de que Senadores Demócratas y Republicanos mencionan que su cercanía a los militares no es un elemento positivo para el desempeño del cargo como Director de Inteligencia Nacional y señalando que en su desempeño ha sido renuente a compartir información. El propio James R. Clapper anteriormente se opuso al fortalecimiento de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, de la cual estará al frente si da su visto bueno el Senado.

Robert Gates, actual Secretario de Defensa de los Estados Unidos se opuso a la creación de la ya mencionada Oficina en el 2004, señalando que sería muy complicado hacer que funcionara ya que los miembros del gabinete no permitirían que sus unidades de inteligencia fueran administradas por una persona ajena a sus departamentos. En el mismo contexto, el mismo día que presento su renuncia, Dennis Cutler Blair manifestó que los “obstáculos institucionales y tecnológicos permanecen e impiden compartir información”.

Sin embargo pese a todos los obstáculos que enfrenta la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, Robert Gates mencionó que James R. Clapper es el hombre indicado para dicho cargo ya que cuenta con las aptitudes necesarias para crear una “química constructiva con otros líderes en la comunidad de inteligencia”.

Personas allegadas a James R. Clapper confían en que el General trabaje con facilidad con Leon Edward Panetta, Director de la Agencia Central de Inteligencia y con John O’Brennan, Asesor Presidencial en Seguridad Nacional y Contraterrorismo.

La Creación de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional se remonta a 1955 fecha en que se llevó a cabo un estudio ‘blue ribbon’ -concepto que simboliza un proceso de alta calidad-  el cuál fue desarrollado por un equipo de expertos comisionado por el Congreso de los Estados Unidos. Al concluir el estudio, los expertos emitieron una  recomendación de importancia capital: El Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) debería nombrar a un Director Adjunto para hacerse cargo de los destinos de la CIA; con la clara intención de que el Director pudiera enfocarse en la coordinación de los asuntos de primer orden de inteligencia.

Sin embargo no fue sino hasta el 2005 cuando se designó formalmente al Director de la Oficina de Inteligencia Nacional. Los ataques terroristas del 11 de Septiembre de 2001 fueron el factor que impulsó las negociaciones y en consecuencia adelantó la reforma de inteligencia mayor y posterior creación del cargo de Director de Inteligencia Nacional.

En Febrero de 2005, los principales candidatos del entonces Presidente de los Estados Unidos de América, George Walker Bush, para ocupar los cargos de Director de Inteligencia Nacional y Director Adjunto eran respectivamente, John Dimitri Negroponte, embajador en Irak, y el Teniente General Michael Vincent Hayden de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF). Algunos meses más tarde, el 22 de Abril de 2005, Negroponte y Hayden fueron ungidos y tomaron posesión de las directivas de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI por sus siglas en inglés) es liderada  por el Director de Inteligencia Nacional (DNI) el cuál es nombrado por el Presidente y ratificado por el Senado. El DNI ejerce funciones como jefe de la Comunidad de Inteligencia (CI), supervisa y dirige el destino del presupuesto del Programa Nacional de Inteligencia, además de ser el principal Asesor del Presidente de los Estados Unidos, del Consejo de Seguridad Nacional y del Consejo de Seguridad Interna para la Inteligencia en los asuntos referentes a la Seguridad Nacional. En un binomio perfecto trabaja estrechamente con el Director Adjunto del DNI con el claro propósito de totalizar cabalmente la inteligencia extranjera, militar y nacional en favor de la defensa del país y de los intereses de Estados Unidos en el mundo.

La Comunidad de Inteligencia es una federación integrada por 16 agencias  y  organizaciones ejecutivas que trabajan autónoma y conjuntamente para realizar actividades de inteligencia imprescindibles para el progreso de las relaciones exteriores y la custodia de la seguridad nacional del país, siendo estas: Agencia Central de Inteligencia, Agencia de Inteligencia de Defensa, Departamento de Energía (Oficina de Inteligencia y Contrainteligencia), Departamento de Seguridad Interna (Oficina de Inteligencia y Análisis), Departamento de Estado (Oficina de Inteligencia e Investigación), Departamento del Tesoro (Oficina de Inteligencia y Análisis), Administración de Control de Drogas (Oficina de Inteligencia de Seguridad Nacional), Oficina Federal de Investigaciones (Servicio de Seguridad Nacional), Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, Oficina Nacional de Reconocimiento, Agencia de Seguridad Nacional / Servicio Central de Seguridad, Fuerza Aérea de EE.UU., Ejército de EE.UU., Guardacostas de EE.UU., Cuerpo de Marines de EE.UU., Marina de Guerra de EE.UU.

Desde el año 2005 se han desempeñado en el cargo distintos actores políticos como John Dimitri Negroponte en el período inicial de 2005 a 2007, el Vicealmirante John Michael McConnell durante el período comprendido entre 2007 y 2009, y finalmente el Almirante Dennis Cutler Blair desde la finalización del bienio del Almirante McConnell en Enero de 2009 hasta el 28 de Mayo pasado.

Con este cambio el Presidente Obama busca consolidar la coordinación que debe existir en su gobierno en las tareas de inteligencia, no solo para prevenir agresiones, si no para tener información fidedigna y oportuna que le permita tomar decisiones apropiadas.

Para todos los gobiernos y sociedades del mundo, y por supuesto para nuestro país, es necesario que esta instancia este dirigida por una persona capaz y responsable, con valores y principios que le permitan plantear adecuadamente las diversas problemáticas que se confrontan en todos los ámbitos. Resolver conflictos y problemas y no crearlos con perversidad debe ser el referente en el actuar. La seguridad y viabilidad de muchos, acaso todos, depende en buena medida de información precisa y toma de decisiones adecuadas.

simon.9@prodigy.net.mx

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, es un organismo miembro de la Organización de las Naciones Unidas que tiene presencia en 166 países alrededor del mundo que trabaja sobre diversos aspectos: la gobernabilidad democrática; la reducción de pobreza; la prevención de crisis y recuperación; el medio ambiente y el desarrollo sostenible; el cambio climático; los objetivos de desarrollo del milenio; la creación de capacidades; la igualdad de género; el sector privado; la crisis económica mundial y el PNUD; las tecnologías de la información y la comunicación; el VIH SIDA; los informes sobre el desarrollo humanos entre otros. Con base en esos objetivos, el PNUD promueve el cambio y conecta  a los países con los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una  vida mejor. En México, el PNUD colabora con los gobiernos federal, estatales y municipales, el sector privado y la sociedad civil, brindándoles información técnica, asesorías y recomendaciones para la generación de políticas públicas y en proyectos orientados al desarrollo. Por su parte, Transparencia Mexicana es una organización no gubernamental que enfrenta el problema de la corrupción desde una perspectiva integral, a través de políticas públicas y actitudes privadas que vayan más allá de la consigna política, para generar cambios concretos en el marco institucional y en la cultura de la legalidad en México. En ese contexto, ambas instituciones elaboraron un convenio de colaboración que crea una plataforma de información de la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO). Por ello, tanto el PNUD como Transparencia Mexicana invitaron al Gobierno Federal y a los Gobiernos Estatales a participar con ellos brindando información de sus programas sociales en un autodiagnóstico que contiene 20 atributos mínimos de institucionalidad. Este es un ejercicio permanente para registrar los niveles de institucionalización de los programas sociales en México.

Así pues, el pasado lunes 31 de mayo, Magdy Martínez-Solimán, Representante Residente del PNUD en México, y Eduardo Bohórquez, Director de Transparencia Mexicana, presentaron el Balance al 31 de Mayo de 2010 del IPRO sobre el Nivel de Institucionalidad en Programas Sociales en los gobiernos federal y local. El Balance en mención apunta que siete dependencias federales han participado voluntariamente en el proyecto al igual que 24 gobiernos estatales. Asimismo, se menciona que de los doce Estados de la República Mexicana que tendrán elecciones este 2010, sólo siete han compartido información sobre sus programas sociales: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas. Por el contrario, cinco entidades federativas no han participado con el proyecto, o bien, no han compartido información suficiente pues tienen pocos programas sociales incluidos en el sistema: Tamaulipas, Chihuahua, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz –cabe destacar que todas esas entidades federativas son gobernadas por militantes del Partido Revolucionario Institucional. En ese tenor, la propia Magdy Martínez-Solimá exhortó a los Gobernadores de las  8 entidades federativas que aun no comparten su información sobre sus programas sociales a hacerlo, pues aseguró que “cuando no hay información, o no hay candados, hay motivo de preocupación y sobre todo razones sobradas para estar muy atentos, en esas entidades, al uso de los programas sociales en estas vísperas electorales”, lo cual implica opacidad y falta de transparencia en el manejo de recursos

Frente a ello, Magdy Martínez-Solimán señaló que el crimen organizado, en particular el narcotráfico, en nuestro país se ha infiltrado en la política por lo que era necesario ponerle fin a esa situación y que para evitar que el crimen organizado permee en las campañas políticas, el Estado Mexicano tiene de cierta manera las manos atadas pues los partidos políticos en nuestro país no han logrado un consenso que permita legislar y actuar en la prevención en esta materia. De igual manera, Eduardo Bohórquez advirtió de la existencia de algunos grupos que pretenden tener una influencia en los candidatos a puestos de representación popular con la finalidad de tener un beneficio indebido una vez que asuman sus cargos.

Expuesto lo anterior, es necesario reforzar el ordenamiento jurídico existente con el objetivo de crear una figura de blindaje electoral con la amplitud del término y la fuerza suficiente que permitan impedir la intervención operativa y con recursos económicos del crimen organizado, en particular del narcotráfico, en los procesos electorales, pues hasta el momento, la legislación existente privilegia únicamente la figura del blindaje electoral respecto de los programas sociales de naturaleza gubernamental, quedando al margen del mencionado blindaje electoral otras formas de condicionamiento como medio para obtener el voto sobre un candidato en particular respecto de beneficios que pueden estarse haciendo con recursos de procedencia ilícita.

Es bien sabido que el crimen organizado, en particular el narcotráfico, es un factor de poder que impacta de manera considerable en la vida nacional. De igual manera, los recursos económicos procedentes del crimen organizado buscan financiar las campañas electorales de los candidatos políticos para que así el propio crimen organizado pueda tener injerencia directa en los gobiernos en sus distintos órdenes gubernamentales.

La oportunidad en la presentación de este informe debe ser tomada en cuenta por la opinión pública, y en particular por el electorado, a efecto de que se valore el desempeño de cada instancia gubernamental identificada a un partido político y se pueda tomar como referente al momento de emitir el voto. La transparencia debe ser premisa fundamental en el ejercicio del servicio público ya que se trata del uso legítimo de los recursos económicos provenientes, fundamentalmente, del pago de impuestos de los ciudadanos.

simon.9@prodigy.net.mx