En política es usual la discreción respecto de grandes decisiones de Estado. Esto queda siempre en el ámbito exclusivo de los actores políticos y de sus grupos extremadamente cercanos. Por excepción, algo de ello se extendía a la oposición o acaso a involucrados en los altos asuntos de gobierno.
Esto es así porque de no haber esos acuerdos entre partes con la reserva necesaria, se podrían causar estragos en la seguridad nacional o en la integridad territorial o en la paz social. Ocurre así en el mundo. México incluido, porque aunque no lo crean muchos nacionalistas, México también es parte de ese mundo que flota interminable en el infinito sideral…
Queda claro que guardar esa gran reserva es porque los temas son asunto de Estado. Subrayemos: Por razones de Estado.
Sin embargo, en México existe la muy mala costumbre adquirida durante los setenta años priístas –y luego por razones de costumbre o cultura política se ha trasladado a los gobiernos panistas y entre casi todas las estrellas, estrellitas y asteroides de la política nacional–, de hacer todo, o casi todo lo político, ‘en lo obscurito’, a espaldas de los ciudadanos, a espaldas de militantes y a espaldas de todos los que aquí vivimos y trabajamos y perseguimos ser felices, aunque sea un poco.
Naturalmente, los partidos políticos, los políticos en activo, funcionarios y burócratas dependientes del erario, con nuestros recursos se empeñan en dar a conocer a los mexicanos y mexicanas lo bueno y generoso y guapos y bienportados que son: para efectos electorales, naturalmente.
Pero nunca aceptan que hacen acuerdos de tipo político o económico o social, en secreto. Acuerdos que no tienen nada que ver ni con la soberanía nacional, ni con la seguridad nacional, ni con la integridad territorial o la paz social. Simple y sencillamente hacen acuerdos utilitarios abusivos e hipócritas para beneficio de sus organizaciones políticas y de sus representantes políticos, beneficiarios directos de todas esas andanzas opacas.
Así, los dirigentes de partidos políticos, paladines de la democracia o de la democratización del país y cuyos miembros asignados son integrantes de los institutos electorales y tribunales electorales, son los mismos que contrario a razones democráticas hacen este tipo de acuerdos secretos, malolientes y malintencionados.
Es el caso de los acuerdos que el Partido Revolucionario Institucional hizo con el gobierno del señor Felipe Calderón para aprobar el incremento a los impuestos (IVA) a cambio de que no participara e impidiera la creación de coaliciones políticas en los siguientes procesos electorales de México.
Ahí, naturalmente quienes intervinieron en el acuerdo, no pensaban ni en militantes, ni en ciudadanos, ni en la economía nacional razonada y sustentada en reglas claras, sino en beneficios político-electorales, para obtener posiciones de gobierno y para garantizar que nada pudiera desactivar el triunfo obtenido en 2009.
Los dirigentes del Revolucionario Institucional hacen lo que han hecho durante muchos años: poner de lado a sus militantes –e incluso perjudicarlos en su economía doméstica— con tal de obtener triunfos electorales fáciles y gobernar… Gobernar así ¿Para qué? ¿Por qué? ¿A quién? ¿De veras cuenta con bases sociales suficientes para gobernar? ¿De veras los jóvenes mexicanos –que son mayoría en este país- les tienen como sus representantes políticos-ideológicos?
En tanto, el gobierno panista se niega a sí mismo en su condición de gobierno y en su origen partidario al acordar que no se harían esas alianzas a cambio de la aprobación de incrementos fiscales, lo que de alguna forma lo llevaba a entregar su poder político a otro partido cambio de unas cuantas lentejas y una tranquilidad económica inmediata, pero no definitiva.
Como se ve, las razones de esos acuerdos no tienen que ver con todas esas grandiosidades que hicieron que la paz del mundo ocurriera al terminarse la Segunda Guerra Mundial, o las negociaciones previas a los Pactos de la Moncloa o las negociaciones que llevaron a la caída del muro de Berlín o… No. Aquí de lo que se trataba era dar muestras de poder, por un lado y por otro, una exhibición de debilidad política que lleva a la negación institucional.
Los partidos políticos que participaron en esa negociación deben dar explicaciones de ello a sus militantes, primero y, en seguida, a los ciudadanos mexicanos, sobre todo desde ese gobierno que ha prometido transparencia administrativa, la que debe extenderse a lo político y lo económico. Ya no estamos en tiempos de inmadurez social y sí estamos en tiempos de exigencias de claridad y oportunidad política en donde todos-todos, tomemos las decisiones de importancia para todos.
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