Estrictamente Personal

El presidente Felipe Calderón se metió en un problema político al dejar en el terreno de lo incierto su posición sobre la legalización de las drogas. Hace unos días desató una discusión más sanguínea que racional, más empírica que documentada. Desde que abrió ese nuevo foro de deliberación, el Presidente ha reiterado que se opone a ello, pero tanto él como a sus críticos les ha faltado claridad argumentativa. Aún no hay quien explique, de manera más científica, ¿por qué? y ¿para qué? legalizarlas.

Quienes abogan abiertamente por la legalización afirman que es una forma de reducir la violencia en México y que el consumo, según los comportamientos en otros países donde hay una legalización de facto, como en Holanda o Portugal, no subirá. El Presidente piensa lo contrario, y dice que legalizar las drogas podría ocasionar que México pague todas las consecuencias negativas –millones de nuevos consumidores, alega-, sin recibir nada positivo a cambio –beneficios que no explica-. Empero, ninguna de las dos partes ha aportado algo más que enunciados.

El marco de referencia en el que debe estar focalizado el debate es cómo va afectar a México si el primer martes de noviembre próximo los residentes de California, aprueban la legalización de la posesión de marihuana. Hasta ahora no está claro que eso sucederá, pero si se concreta ejercerá gran presión política sobre el gobierno mexicano. ¿Cómo justificar la guerra contra el narcotráfico cuando la principal droga de exportación al mercado estadounidense se legalizó en California, el principal estado consumidor de marihuana y mayor productor en Norteamérica? La pregunta planteada de esa manera, como lo hacen algunos críticos de Calderón, tiene que desagregarse para evitar caer en sofismas.

Desde el punto de vista de seguridad pública, puede argumentarse que la violencia no bajará en el corto plazo, y que en el largo, inclusive, puede aumentar. Si se legalizara la marihuana en California no tendrá ningún impacto sobre la violencia en este país porque ésta no se da en las rutas de esa droga, sino en las de la cocaína. Los muertos de los dos últimos años y medio en Chihuahua, Durango y Sinaloa, los estados más violentos, son por la guerra entre cárteles por la ruta de distribución de la cocaína, que se origina en Topolobampo y termina en Ciudad Juárez, por donde viaja el 70% de esa droga para el mercado estadounidense. El 90% de la cocaína que se vende en este mercado cruza por la frontera con México, principalmente por Texas y en mucho menor medida por California y Arizona.

Entonces, ¿de dónde se saca que la eventual legalización de la marihuana en México reduciría los niveles de violencia? El mercado de la marihuana en México ha estado estable por una generación y es la principal droga de exportación. Los cárteles de la droga obtienen de ella sus ingresos para operación, mientras que de la cocaína, logran las utilidades que les permite mejor equipamiento, armamento y capacidad de corromper. El mercado se encuentra en Estados Unidos, donde vive alrededor del 36% de los adictos a la cocaína en el mundo.

La erradicación de cultivos en Colombia, su principal proveedor, provocó que el total de cocaína en el mercado estadounidense se redujera en casi un 50% desde 2008, pero el consumo se ha mantenido inalterable. Por la ley de la oferta y la demanda, el precio de la cocaína entre 2006 y 2009 se ha duplicado, y mientras la ganancia neta para los cárteles mexicanos por la introducción de la cocaína es anualmente de dos mil 900 millones de dólares, para las bandas criminales estadounidenses significa utilidades por 29 mil 500 millones de dólares.

Los estadounidenses no están hablando de legalizar la cocaína u otras drogas, como la heroína o las metanfetaminas. Pero en México, el debate abierto por el Presidente fue en términos ambiguos, pese a que fuera de la marihuana, el resto de las drogas producen daños irreversibles en el cerebro y son un problema de salud.  En términos hipotéticos y para efectos de argumentación en México, si se abriera la legalización en Estados Unidos a todas las drogas, no está claro si el consumo repetiría el mismo patrón que se dio al levantar la Prohibición del alcohol en 1933, cuando el consumo se elevó en 20%.

Para el gobierno de Estados Unidos, si se legalizaran las drogas tendría un ahorro en el gasto público al eliminar políticas de control por unos 48 mil millones de dólares, a los que se sumarían ingresos adicionales de 34 mil millones por concepto de pago de impuestos, según un estudio del Departamento de Economía de la Universidad de Harvard. El precio de calle de las drogas también bajaría, en el caso de la cocaína hasta en un 20%. Si se extrapola a lo que sucede en México, la lucha entre los cárteles podría acentuarse porque habría menos utilidades a repartir entre varias organizaciones.

En el caso mexicano, siguiendo la misma lógica economicista, ¿sería posible que una legalización de las drogas en México redujera el gasto público en materia de seguridad pública y combate a las drogas, que sólo desde el punto de vista policial supera los cuatro mil millones de pesos? Parecería una decisión racional para un gobierno liberal, que aún no se analiza. Sin embargo, ahí no paran los obstáculos para una legalización, inclusive en la marihuana, la más proclive a dejar de ser prohibida.

De diciembre de 2006 a junio de 2010, el periodo de la guerra contra las drogas, se han detenido a 49 mil 223 personas por posesión y cultivo de marihuana. Si se legalizara, una discusión inevitable es que esas personas podrían ser puestas en libertad porque el delito por el cual se encuentran en la cárcel se declaró inexistente y la ley es retroactiva en todos los casos donde no perjudica al acusado. En ese grupo hay cientos de campesinos, consumidores, pero también delincuentes. ¿Hay un argumento para que no salgan en libertad? Hasta ahora nadie lo ha explorado.

El tema de la legalización no ha sido debatido a fondo, sino con lugares comunes y trivialidades. Es una gran discusión que hasta ahora se encuentra estéril. Se tiene que entrar a su deliberación profunda, académica y multidisciplinaria. Urge, además, porque si California aprueba la legalización de la marihuana, vamos a quedar atrapados una vez más en retórica barata, pagando altos costos políticos, de nueva cuenta, por nuestra negligencia y visión de corto plazo.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

www.twitter.com/rivapa

En muchas zonas del país, los policías municipales se han convertido en el principal apoyo de los cárteles de las drogas, a quienes les brindan protección institucional, les sirven de operadores de campos para extorsiones y les proveen seguridad e información sobre las fuerzas federales que los buscan y de los operativos que realizan. Hay casos donde toda la estructura ha estado al servicio de las bandas de narcotraficantes, realizando las acciones de desafío más grande al Estado, como asesinar a generales comisionados para encabezar tareas de seguridad pública.

En muchas zonas del país, los policías municipales se han convertido en la infantería de las organizaciones de delincuencia organizada. Realizan o coordinan secuestros de adversarios para torturarlos y en ocasiones son ellos mismos quienes los matan. Sin su participación cotidiana el trabajo de los cárteles de la droga sería más costoso y más difícil, y sus utilidades y posibilidades para mantener la logística, el reclutamiento y la adquisición de armas cada vez más poderosas, serían más estrechas.

Este fenómeno es el factor más importante en el diagnóstico de la espiral de violencia de los últimos años y, al mismo tiempo, donde más han chocado las instituciones. Hace más de dos años, decenas de presidentes municipales le pidieron al secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, su apoyo en el combate a la delincuencia. Pero cuando les propuso que él les enviaba a jefes de policía, entrenados y pasados por los controles de confianza, ninguno aceptó. No querían tener a nadie que ellos no hubieran puesto, porque no confiaban en nadie ajeno para esas tareas. Ahí naufragó el viejo proyecto de una policía nacional.

La alternativa fue una policía estatal única, apoyada por la mayoría de los gobernadores del país –curiosamente la oposición más férrea viene de algunos panistas-, que García Luna volvió a presentar este viernes en un foro en Puerto Vallarta con alcaldes. No hubo sorpresas; el rechazo fue casi total. Los alcaldes del país no quieren saber nada de esa propuesta, pues afirman que una estrategia de combate a la delincuencia debe ser integral y multidisciplinaria. Es cierto, pero al no hacer nada por querer hacer todo junto, se ha perdido mucho tiempo.

Mientras la retórica ganó la batalla, durante este periodo se empalmaron los delitos del fuero común y los federales. La nueva generación de delincuentes comienza con  el robo patrimonial, que es el principal delito en el país. Al no atacarse avanza la carrera criminal. Quien roba en la calle, empieza a hacerlo en casas. Si no se le frena, va a robar autos. De ahí brinca a robar valores y a secuestrar. Cuando alguien llega a esos niveles ya es un delincuente con patología criminal, cuyo siguiente paso es la delincuencia organizada.

Este camino no era mecánico hasta hace pocos años, pero en la actualidad hay zonas del país donde el tránsito de robo patrimonial a delincuencia organizada es de dos meses, aunque en ciudades como Juárez, quien hoy roba a un transeúnte puede convertirse en sicario en 48 horas. La velocidad con la cual transitan de la delincuencia del fueron común –que representa el 92% de los delitos a nivel nacional- a la delincuencia organizada –cuyo 8% del total de delitos es más focalizado, pero mas violento y generador de mayores miedos- está relacionada a la ineficiencia de las policías municipales para combatir el delito en su parte primaria.

Un caso es el asesino del coordinador de la División Antidrogas de la Policía Federal en 2008, Édgar Millán, un delincuente del fuero común a quien el Cártel de los Beltrán Leyva le pagó 90 mil pesos por matarlo. Otro fueron los delincuentes que contrató el Cártel de Sinaloa ese mismo año para que colocaran una bomba debajo del automóvil del jefe operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, que se frustró porque al no conocer de explosivos, la mala manipulación de ellos provocó que les explotara en las manos.

La idea de una policía estatal única tiene como racional concentrar esfuerzos y recursos en capacitación, entrenamiento, homologación de bases de datos y hasta sistemas de comunicación, que hoy están dispersos en una especie de Torre de Babel donde abundan los problemas para sumar el trabajo de 165 mil policías municipales en poco más de dos mil corporaciones de ese tipo en el país.

Los presidentes municipales, al igual que han dicho los gobernadores, sostienen que  les faltan recursos para mejorar salarios y equipamiento de sus policías. Es cierto, y en el nivel municipal es donde comienzan los problemas de seguridad pública por los problemas estructurales. Tres de cada cinco policías municipales en el país viven con menos de cuatro mil pesos al mes, lo que los hace caldo de cultivo de los cárteles de la droga que, según García Luna, gastan mil 270 millones de pesos anuales en sobornarlos.

Esto permitió, por ejemplo, que el Cártel del Golfo pagara mil 500 pesos al operador de la planta de radio de la policía de Monterrey, sólo para que cuando trasladaran un cargamento de droga por esa capital, enviara a las patrullas a direcciones lejanas de esa ruta para evitar enfrentamiento. O que por 300 pesos se pueda contar con la gracia de un policía municipal en Baja California Sur o Tlaxcala, por tres mil a uno del estado de México, o por seis mil a otro en el Distrito Federal.

El que sirvan policías municipales como mercenarios de cárteles de la droga, no es un asunto simplemente de corrupción, que sí existe, sino también de cómo cubrir sus niveles mínimos de subsistencia cuando sólo 29 entidades del país tienen salarios por encima de esos rangos, la mayoría cubre apenas dos terceras partes del mínimo establecido a partir del per cápita de cada entidad, y en el resto no alcanzan salvo para el 40% de lo que necesita un policía para vivir.

Los alcaldes están en una lógica que no termina de comprenderse. Van a contracorriente de la mayoría de los gobernadores, que han visto posibilidades de frenar la espiral de inseguridad pública a partir de un nuevo modelo. La discusión debe profundizarse para que expliquen porqué quieren la atomización policial, y que otros críticos del modelo propuesto argumenten técnicamente y sin prejuicios. Si no es la policía estatal única, que se proponga la opción, porque las discusiones políticas no han frenado la delincuencia. La realidad es que lo que existe, bueno o malo, no ha funcionado, y hay que cambiarlo.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

www.twitter.com/rivapa

Los hechos: cuatro periodistas que cumplían con su trabajo fueron secuestrados en Gómez Palacio, Durango. Uno de ellos, de El Vespertino, un diario local, fue dejado en libertad. Los tres restantes, dos de Televisa y uno de Milenio TV, fueron retenidos para que sus empresas difundieran videos sobre la colusión de policías con Los Zetas. Ambas empresas difundieron fragmentos de los videos, pero la promesa de liberarlos después de ello se incumplió, y la Policía Federal diseñó un operativo de rescate.

Las interrogantes: Antes de difundirse los videos, el reportero de El Vespertino fue liberado. ¿Su presencia era irrelevante para los propósitos? La manera de comunicarse los reporteros a la ciudad de México transmitir las exigencias para reportar que no les habían hecho daño, era a través del teléfono celular. ¿Por qué si se supone estaban en una casa de seguridad les permitieron utilizar teléfonos a sabiendas que iban a estar intervenidos? El jueves, un día después de la difusión de extractos de los videos, un reportero de Televisa fue dejado en libertad.

La Policía Federal diseñó el operativo de rescate y lo ejecutó con éxito en 48 horas, velocidad que sólo se puede explicar si a través de las comunicaciones telefónicas determinaron el sitio donde estaban retenidos. En ese momento, no hubo ningún detenido porque, informaron las autoridades, cuando los captores se dieron cuenta que estaban cercados por la policía, escaparon, aunque es probable que para garantizar la vida de los periodistas, hayan forzado y permitido la huida.

Sin embargo, si no hubo detenidos, ¿por qué se identificó inmediatamente a los responsables como miembros de una célula de Joaquín “El Chapo” Guzmán? No se dieron pruebas inmediatas que permitieran saber que en efecto habían sido narcotraficantes salvo el dicho que tenían información de inteligencia en ese sentido. No obstante, el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, afirmó que Guzmán había iniciado una nueva forma de comunicación pública.

Las consecuencias: Como resultado del secuestro de sus trabajadores, los dos medios magnificaron los hechos, en comparación con la forma más discreta como otros medios en México y el mundo han procesado situaciones similares, y con la potencia que tienen sus pantallas, como si fuera dominó, directores de prensa, radio y televisión del Distrito Federal circularon el domingo un comunicado donde urgían una discusión amplia que tendiera a la autorregulación de los medios y a encontrar una especie de convención sobre la cobertura que podrían hacer, en forma consensuada, sobre el narcotráfico.

Los ecos: La sobre exposición que realizaron Milenio TV y Televisa sobre el caso de sus periodistas secuestrados colocaron el tema de los medios y el narcotráfico como parte de la agenda de debate nacional, algo que el gobierno, desde hace casi dos años, no había logrado hacer. El gobierno federal ha tratado directa e indirectamente de que los medios se autorregulen en materia de cobertura del narcotráfico, bajo el criterio de que al hacerlo reducirán sus niveles de decibeles en la cobertura que le ayude a ir disminuyendo la percepción ciudadana de que la violencia salpica todo el país y que la guerra contra el narcotráfico la va perdiendo el gobierno. Voceros oficiosos le han servido al gobierno para ese propósito, pero hasta este fin de semana, no habían tenido éxito alguno.

Los recursos de presión hasta las últimas consecuencias a los medios para disminuir sus coberturas independientes sobre el narcotráfico, no son nuevas. Desde 2008, el entonces procurador general Eduardo Medina Mora -ideólogo de cabecera de algunos de los apologistas que hoy usan en Los Pinos-, se quejaba con dueños y directores de medios por la forma como se difundía lo que entonces todavía se definía “la guerra contra el narcotráfico”. Medina Mora tomaba a Estados Unidos y Colombia como un ejemplo de responsabilidad de los medios. Pero el ex procurador mentía.

En el caso estadounidense, alegaba que los medios no habían difundido escenas dramáticas o de muertos cuando el ataque a las Torres Gemelas, cuando hay fotografías y videos terribles, en cuanto a impacto, de personas saltando al vacío desde lo alto de los rascacielos y entre los escombros. En el caso de Colombia, soslayaba que la familia del ministro de Defensa, hoy presidente electo, Juan Manuel Santos, controlaba el 75% de los medios colombianos.

Lo ominoso: Los medios en los dos países ícono para el gobierno federal, en voz de Medina Mora y sus altoparlantes en la intelectualidad, no son historias de éxito. En el caso colombiano, la guerra contra el narcotráfico ha sido bastante menos efectiva que la que se realiza en México, y los niveles de inseguridad tienen incrementos galopantes. No se sabe mucho de ello porque los medios, a los que aspiran que lleguen los mexicanos, se callan la realidad que se vive en el entorno.

Por cuanto a Estados Unidos, la histeria colectiva contra el terrorismo arrastró a los medios envueltos en un patriotismo que los hizo cómplices de una guerra de ocupación en Irak, al aceptar sin cuestionamiento que había armas de destrucción masiva. Los medios contribuyeron con la asimilación acrítica de la versión oficial a la destrucción de un país como Irak, hoy en día bastante más degradado que bajo la dictadura de Saddam Hussein. Y cuando se dieron cuenta del engaño, era demasiado tarde para mantener su credibilidad.

En México, lo sucedido en Gómez Palacio construyó las condiciones más propicias que ha tenido el gobierno mexicano para cumplir su objetivo de sometimiento de los medios en función de sus necesidades estratégicas. Con una mayoría de dueños y editores sin referentes, sin reflexión sobre coberturas en zonas de riesgo, sin análisis comparativo sobre lo que se ha hecho en otras naciones con sus beneficios y consecuencias, lo que ha sucedido es algo así como un péndulo que oscila entre la apertura de micrófonos a narcotraficantes y subordinación a la autoridad, sin obstáculo alguno. Todo, que es lo grave, dentro de los mismos medios.

Pero las cosas no paran ahí. En la histeria que ahora nos empapa, ya empezaron las voces dentro de la propia prensa donde están empezando a justificar la intervención directa del gobierno federal en los medios de comunicación para que no los use el narcotráfico como vehículos. Mejor imposible. El ideal universal de un gobierno para controlar a la prensa, donde los periodistas les abren la puerta y les piden que se metan a su casa. Mal, como medios, sí estamos.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

www.twitter.com/rivapa

Desde las infanterías, las que más expuestas están a todo, ha venido creciendo en los últimos días un movimiento para unirse y enfrentar la violencia del narcotráfico en contra de periodistas. Llamado “Los Queremos Vivos” y emanado en el Distrito Federal, fue detonado por el secuestro de cuatro periodistas en Gómez Palacio, tres de ellos de Televisa y Milenio TV, que hizo sentir a muchos en la capital federal que el peligro tocaba a la puerta. Como en todas las guerras, la capital es el último campo de batalla, y el haber afectado a medios de cobertura nacional, generó  esa fina línea helada que recorre el cuerpo cuando le entra el miedo.

La violencia del narcotráfico contra periodistas es vieja, pero en el Distrito Federal nunca pasó de ser, para muchos, una anécdota de la larga batalla contra los cárteles de la droga. Inclusive, un director de medio prominente afirmaba desde hace años sin matiz alguno, lleno de generalizaciones, que los periodistas víctimas de la delincuencia organizada estaban ligados a ella. Y cuando se buscaban blindajes al trabajo cotidiano, decía que no porque los periodistas eran igual que todos. Esa postura, muy socorrida por las mentes más reaccionarias e incultas, contribuyó a la desunión del gremio.

La actual coyuntura ha derrumbado esa mezquindad y estrechez de miras, y se empieza a construir dentro del gremio el consenso que si bien el periodista tiene todos los derechos y obligaciones de un ciudadano, la definición de su trabajo obliga a extender protección a su labor. La naturaleza del periodismo es informar, explicar y aportar elementos que le permitan a un ciudadano a tomar mejor sus decisiones. Por ello se afirma que sin prensa libre no hay democracia, y que todo proceso de transición democrática pasa necesariamente por la prensa.

Hay casos documentados de abusos y, cierto, han faltado castigos gremiales y sociales contra quienes los cometen. Pero las excepciones no pueden ser regla. El silencio al que se ha llegado en los medios de la frontera norte por las amenazas del narcotráfico se extienden por más de un lustro, y la ciudadanía ha dejado de recibir la información sobre lo que sucede en su comunidad. El despegue de las redes sociales en los últimos meses les ha empezado a llenar los vacíos, con la salvedad que esos vehículos no disponen, por su propia naturaleza, de los mecanismos de control y verificación de información que tienen los medios.

Decenas de periodistas han muerto en los últimos años víctimas de narcotraficantes. Decenas de medios, no sólo en la frontera norte, sino cada vez extendiéndose más hacia el sur, han sido silenciados por el miedo ante el hecho que las instituciones que deberían proveer seguridad no sólo a la prensa sino a la sociedad toda, son tan débiles, están tan minadas y totalmente rebasadas, que son incapaces de proveer los mínimos de seguridad necesarios. “Los Queremos Vivos” galvaniza esa frustración y miedo. Pero viniendo de las bases su alcance será corto. Tienen mucho voluntarismo, pero con todo lo encomiable que es, no basta.

El cambio, puesto que la autoridad no se fortalecerá en el corto plazo ni siempre serán periodistas de Televisa y Milenio los afectados para que responda con prontitud el gobierno federal, no puede ser solamente de las infanterías. Es absolutamente injusto dejar en ellas la solución final porque no está finalmente ni en sus manos ni dentro de sus posibilidades. Está en los dueños, para que modifiquen sus políticas laborales y de seguridad, y en los editores, para que establezcan códigos de prácticas dentro de cada empresa y se pongan de acuerdo sobre cómo informar sobre el narcotráfico.

No es con desplegados de prensa manufacturados por las élites y llenos de enunciados como se hacen las cosas, sino con acciones a partir de la pregunta básica: ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Si no se establece ese primer criterio de definición no hay avance, y esto es importante para establecer si existe consenso entre los medios sobre de qué lado están, y quiénes ven como los buenos y a quiénes como los malos. En Colombia, los narcotraficantes, no el gobierno, eran lo malos; en España, ETA era terrorista. En México, a veces no se sabe si el malo es el gobierno y los cárteles de la droga los buenos.

Otro criterio debe ser la forma de cobertura. Los medios están inundados del lenguaje criminal, desde las malas palabras hasta utilizar “levantón” en lugar de secuestro y “ejecución” en lugar de muerte”, por decir las más ordinarias. La confusión semántica – ha llevado a barrabasadas, como decir que el Ejército “levantó” a un criminal. Habría que eliminarlas del lenguaje cotidiano, como también replantear qué imagen se difunde y cómo se hace. Las de muertos tendrían que ser en tomas abiertas y lejanas, no en detalle y primeros planos, y los civiles clasificados como “daños colaterales” no deberían de mostrarse. También deberían priorizarse las imágenes de los criminales sobre la de policías y militares muertos, y de los mensajes en las narcomantas, que hoy se difunden como boletines de prensa de la delincuencia organizada en forma acrítica y sin contexto, tendrían que desaparecer, no en su registro, sino como propaganda.

Con ello habría un gran avance, pero no suficiente. Los dueños tienen la palabra. La cobertura cada vez más sofisticada que se necesita significa mayor gasto. Una parte es para capacitación y entrenamiento. Pagas extraordinarias a quienes realizan su trabajo en las zonas de violencia es otra. Seguros de vida para proteger a los suyos, es una obligación. Este gasto no se recupera monetariamente, pero ganan calidad de información. ¿Están dispuestos los dueños a trabajar en esa nueva ecuación?

Muy pocos han mostrado esa intención. En cambio, quieren protagonismo y asumir  bajos costos. Modificar el status quo sería la demostración de entender que la actividad  periodística tiene que madurar y que ellos, como batuta real del cambio, están listos para hacerlo. De otra manera, si las cosas siguen como hasta ahora, cuando se baje la angustia y el miedo se empiece a procesar racionalmente, nos despertaremos con que nada cambió, se seguirán transfiriendo las obligaciones y costos al gobierno federal, y “Los Queremos Vivos” pasará a ser otra iniciativa al calor de los acontecimientos y sin impacto en el largo plazo. Las infanterías, que son las que ponen su vida en riesgo, no se merecen ese destino. Lamentablemente, mucho de ello está fuera de sus manos, salvo gritar.

rivapalacio@ejecentral.com.mx

www.twitter.com/rivapa

En menos de un mes parece como si todo hubiera pasado en Durango. Una elección enormemente sucia, con robos de decenas de urnas realizados por policías judiciales y por enmascarados con armas largas, una directora de reclusorio que aceptó –por complicidad, miedo o dinero- que reos salieran regularmente de su prisión para matar personas, y el agudizamiento de la violencia contra periodistas y medios de comunicación, mientras el gobernador, Ismael Hernández Deras se dice libre de culpas y evade su responsabilidad por el desastre de que azota a Durango. La culpa es de él y de todos, que vimos cómo esa entidad sufría un creciente deterioro y no dimos la alarma. Lo que sucede ahí no es ningún síntoma; es el diagnóstico de un corazón enfermo.

La violencia desatada en las calles de Durango tocó la puerta por el sur, en Gómez Palacio, el 13 de mayo de 2007, cuando un comando atacó al empresario más rico e influyente de la región, dos veces ex presidente municipal de esa ciudad, Carlos Herrera Araluce, y a su esposa Vilma Ale. Sus escoltas repelieron el ataque, que dejó como marca 80 tiros sobre la camioneta blindada del empresario-político, quien al igual que su esposa quedó seriamente herido. Dos de sus guardaespaldas quedaron muertos sobre el pavimento.

El ataque conmocionó la región y se esperaba una réplica. Policías estatales y federales acordonaron una cuadra a la redonda el hospital donde le salvaban la vida y el gobernador Hernández Deras dejó todo lo que estaba haciendo para trasladarse al centro médico y enterarse directamente del estado de quien había querido también la gubernatura por el PRI. Herrera Araluce, propietario de la empresa Chilchota (la parte de la leche se la vendió hace no mucho a Lala y mantiene la producción de quesos), sobrevivió para ser señalado tiempo después de vínculos con el narcotráfico, que siempre negó. Su atentado fue acreditado a Los Zetas, que comenzaban su batalla frontal contra el Cártel de Sinaloa por la estratégica plaza.

Gómez Palacio y su hermana siamesa coahuilense Torreón, son el punto neurálgico de la ruta del 70% de la cocaína destinada al mercado estadounidense, que empieza en Topolobampo, Sinaloa, y termina en Ciudad Juárez, Chihuahua. Junto con Durango, han sido los tres estados con mayor violencia relacionada con el narcotráfico desde entonces, al ser los principales campos de batalla de los cárteles. Pero a diferencia de Chihuahua y Sinaloa, Durango ha sido soslayada por la opinión pública en forma inexplicable, escondida en la violencia de sus vecinos y por la reciente ola de matanzas en Torreón.

La violencia en Durango se cuece aparte. En la sierra, admiten funcionarios estatales, las matanzas de 20 y 30 personas no son inusuales, aunque no se les da difusión. En la sierra cerca de Tamazula vivió Ignacio Coronel, que fue muerto la semana pasada en Jalisco. En esa sierra es donde después de fugarse de un penal de alta seguridad en 2001, se casó Joaquín “El Chapo” Guzmán con una sobrina de Coronel. El obispo de Durango, Héctor González, denunció que en Guanaceví, cerca de Tamazula, vivía Guzmán, y tiempo después, en la misma zona, el Ejército descubrió un mega laboratorio de metanfetaminas, aunque toda esa área estaba bajo su control semanas antes. Hay pistas clandestinas que se pueden ver a través de Google Earth, y videos en YouTube donde muestra vuelos con droga, que documentan lo que ahí sucede.

La política y el narcotráfico tan profundamente arraigadas en el imaginario colectivo, en Durango son motivo de discusión pública entre los políticos. Tras las elección para gobernador, donde el candidato priista Jorge Herrera ganó por escasos 11 mil votos, el candidato panista, José Rosas Aispuro no ha dejado de cuestionar el proceso, y esta semana sus seguidores tapizaron con pancartas el Senado donde acusaron a Hernández Deras de estar relacionado con el narcotráfico. Rosas Aispuro era priista a quien el PRI no le quiso dar la candidatura porque no les gustaba su pasado como representante popular, precisamente, de Tamazula. Pero la iniciativa contra la narcopolítica la lleva él y pretende que se anule la elección porque, alega, la violencia en el estado impidió un proceso equitativo.

Qué dirán los órganos electorales, no se sabe. Lo que es un hecho es que la violencia que invade a Durango no comenzó el 4 de julio pasado. En 2006, Durango sólo vio 64 asesinatos relacionados con el narcotráfico en todo el año. En 2007, al arranque de la descomposición, la cifra subió a 130. Para el periodo de enero a junio de 2008, ya rotas las viejas alianzas entre cárteles y en abierta disputa la ruta de la cocaína, el número de muertos fue de 109, que se elevó a 343 en el mismo lapso del siguiente año. Para el primer semestre de 2010, la cifra de muertos ascendió a 471, aunque 204 de ellos perdieron la vida en el bimestre abril y mayo.

Durango apesta. Según la Encuesta Nacional Sobre Inseguridad Pública, el 72% de los delitos en el estado no son denunciados. Aún así, las cifras de delitos por cada 100 mil habitantes casi se duplica cada año y Durango, sólo debajo de Chihuahua, ocupa el más alto lugar en secuestros. El deterioro no es un fenómeno nuevo, sino que se vino anidando y creciendo durante el gobierno de Hernández Deras. ¿Por qué nadie volteó a ver Durango con la mirada como se observaron tantas otras entidades? Esta negligencia colectiva tiene que corregirse.

Hernández Deras no ha asumido la responsabilidad que le corresponde. Se lavó las manos en el caso de los sicarios en la cárcel de Gómez Palacio que salían a matar. Hizo mutis en el caso de las evidencias videograbadas del robo de urnas el 4 de julio que hicieron sus policías judiciales. No dijo nada sobre los cuatro periodistas secuestrados la semana pasada, que se acumulan a otros 12 víctimas de la violencia el año pasado. Demasiado pasa por el territorio que gobierna para que no pase nada con él. Desde hace tiempo el gobierno federal lo tiene en la mira por la ceguera que aplica en temas de violencia y delincuencia organizada. Es omiso o cómplice, pero no inocente. Tiene que demostrar que sus manos están limpias, porque si no lo hace, el fuero, que no es infinito, se le esfumará en unos cuantos meses y sus problemas reales apenas comenzarán.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

www.twitter.com/rivapa

Lo más sorprendente del operativo quirúrgico donde murió la tarde del jueves Ignacio Coronel, cuyas redes de narcotráfico se extendían por tres continentes, es que fuera hasta ahora. Para nadie era un secreto en Guadalajara que Coronel vivía en el fraccionamiento Colinas de San Javier, a donde se había mudado de otro fraccionamiento, a dos kilómetros de ahí, llamado Puerta de Hierro, en el municipio de Zapopan ambos. Desde la capital de Jalisco, Coronel manejaba el imperio de las metanfetaminas en tres continentes, y tenía en su nómina a policías, generales en activo y cuando menos el hermano de un ex gobernador del sur del país.

Coronel no podía ser arrestado en México porque no había denuncia en su contra. Por esa razón no se ocultaba, más que de sus enemigos, en Guadalajara y Durango, donde vivió previamente. En la capital de Jalisco, inclusive, su equipo de contrainteligencia reportaba informalmente a la policía estatal sobre la llegada de narcotraficantes de cárteles adversarios, con lo cual contribuía a que Guadalajara no fuera un foco de violencia. Ahí estaban algunos de los laboratorios más importantes para la fabricación de metanfetaminas, después de haber cerrado sus mega laboratorios en Texas, Oklahoma y Kansas en 2003, a fin de mejorar el control sobre la venta al mayoreo, los precios y la calidad de su producto.

Para que cayera Coronel, tenía que cometer un delito en flagrancia -muy difícil que lo hiciera por su sofisticación- o que lo mataran. Eso sucedió este jueves. Una operación focalizada sobre sus dos casas de seguridad en Colinas de San Javier con comandos del Ejército y la Fuerza Aérea, provocó un enfrentamiento de cuatro horas y en su huída, según la versión de la Secretaría de la Defensa, cayó en combate tras dar muerte a un soldado. La operación respondió a un pedimento de extradición de Estados Unidos, que veía en Coronel al capo mexicano que más deseaban tener tras las rejas y sujeto a juicio en su territorio.

Coronel tenía varios juicios abiertos en Estados Unidos. El 17 de diciembre de 2003, un Gran Jurado en la corte de Distrito Occidental de Texas lo encontró culpable de delitos que no han sido revelados. El 19 de diciembre de 2003 un juez de Texas, actuando por petición de la DEA en El Paso, giró una orden de arresto en su contra, por el delito de conspiración para poseer drogas y para importar sustancias prohibidas. Y el 27 de octubre de 2004, la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, lo acusó de conspirar para la importación de “decenas de miles de toneladas de kilos de cocaína”, que le habían generado ganancias de mil 500 millones de dólares.

Ignacio Coronel nació en Veracruz el primero de febrero de 1954, de acuerdo con un informe confidencial de la CIA que cita pasaportes expedidos por el gobierno mexicano, pero solía decirse nacido en Canelas, Durango, y en Culiacán, Sinaloa, donde vivió su juventud. Según el expediente de la inteligencia estadounidense, tenía 17 alias, y existe la sospecha de que transacciones financieras descubiertas en Colombia, pertenecían a él bajo otro alias, Dagoberto Rodríguez Jiménez.

Su muerte es el golpe más importante del gobierno de Felipe Calderón en sus 44 meses de lucha contra el narcotráfico. Quizás menos espectacular que el operativo de diciembre donde murió Arturo Beltrán Leyva, pero que se encuentra entre los más relevantes, por la extensión de sus negocios, en la categoría de Miguel Ángel Félix Gallardo, el último barón del narcotráfico en México,arrestado hace casi 30 años, de Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos” que murió hace poco más de una década, Humberto y Juan García Ábrego, jefes del Cártel del Golfo detenido y extraditados a Estados Unidos, Osiel Cárdenas, su sucesor que siguió el mismo camino, y ´”El Chapo” Guzmán, que se escapó de la cárcel en 2001.

Ignacio Coronel había tejido a lo largo de los años una extensa red de protección. En su nómina figuran militares, entre ellos un general que tuvo bajo su mando a tropa y trabajó en la PGR, así como también policías federales y presuntos agentes de la inteligencia cubana en Quintana Roo, y el hermano de un ex gobernador de Yucatán. En la estructura directa de su organización se encontraban uno de los narcotraficantes legendarios, Héctor “El Güero” Palma, y Albino Quintero Meraz, quien fue el principal responsable de la plaza de Cancún durante la era de Carrillo. Las conexiones directas con los cárteles colombianos, que le vendían la cocaína al Cártel de Sinaloa, las realizaban los colombianos Mauricio Harold Poveda y Jorge Eliecer Aspirilla, el guatemalteco Otto Herrera, responsable de las operaciones marítimas en América Central y el Caribe, y Vicente Zambada Niebla, hermano de “El Mayo”.

La caída de Coronel es un golpe al corazón del Cártel de Sinaloa, a cuyo triunvirato pertenecía. Era entre sus líderes, Ismael “El Mayo” Zambada y Guzmán, el más educado (obtuvo su licenciatura en ingeniería) y se manejaba con un muy bajo perfil, aunque su silenciosa violencia era devastadora. A su cargo se encontraba toda la operación del sur del Pacífico en materia de cocaína y metanfetamina, los dos productos que son los que le generan los monumentales excedentes de recursos a esa organización criminal, con la cual financian sus operaciones logísticas, de producción y sus ejércitos de sicarios.

Su inesperada muerte desarticula la jefatura del Cártel de Sinaloa, y daña profundamente la ruta de la cocaína, que atraviesa por Gómez Palacio y Torreón, y termina en Ciudad Juárez. La pérdida es enorme para ese cártel, pero de enorme satisfacción, debía ser, para el gobierno y para Estados Unidos sobretodo, que sin mancharse las manos han eliminado al principal exportador de metanfetaminas a ese país, que los venía devorando aceleradamente.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

www.twitter.com/rivapa

Lo más sorprendente del operativo quirúrgico donde murió la tarde del jueves Ignacio Coronel, cuyas redes de narcotráfico se extendían por tres continentes, es que fuera hasta ahora. Para nadie era un secreto en Guadalajara que Coronel vivía en el fraccionamiento Colinas de San Javier, a donde se había mudado de otro fraccionamiento, a dos kilómetros de ahí, llamado Puerta de hierro, en el municipio de Zapopan ambos. Desde la capital de Jalisco, Coronel manejaba el imperio de las metanfetaminas en tres continentes, y tenía en su nómina a policías, generales en activo y al hermano de un ex gobernador del sur del país.

Coronel no podía ser arrestado en México porque no había denuncia en su contra. Por esa razón no se ocultaba, más que de sus enemigos, en Guadalajara y Durango, donde vivió previamente. En la capital de Jalisco, inclusive, su equipo de contrainteligencia reportaba informalmente a la policía estatal sobre la llegada de narcotraficantes de cárteles adversarios, con lo cual contribuía a que Guadalajara no fuera un foco de violencia. Ahí estaban algunos de los laboratorios más importantes para la fabricación de metanfetaminas, después de haber cerrado sus mega laboratorios en Texas, Oklahoma y Kansas en 2003, a fin de mejorar el control sobre la venta al mayoreo, los precios y la calidad de su producto.

Para que cayera Coronel, tenía que cometer un delito in fraganti -muy difícil que lo hiciera por su sofisticación- o que lo mataran. Eso sucedió este jueves. Una operación focalizada sobre sus dos casas de seguridad en Colinas de San Javier con comandos del Ejército y la Fuerza Aérea, provocó una batalla de cuatro horas y en su huída, según la versión de la Secretaría de la Defensa, cayó en combate tras dar muerte a un soldado. La operación respondió a un pedimento de extradición de Estados Unidos, que veía en Coronel al capo mexicano que más deseaban tener tras las rejas y sujeto a juicio en su territorio.

Coronel tenía varios juicios abiertos en Estados Unidos. El 17 de diciembre de 2003, un Gran Jurado en la corte de Distrito Occidental de Texas lo encontró culpable de delitos que no han sido revelados. El 19 de diciembre de 2003 un juez de Texas, actuando por petición de la DEA en El Paso, giró una orden de arresto en su contra, por el delito de conspiración para poseer drogas y para importar sustancias prohibidas. Y el 27 de octubre de 2004, la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, lo acusó de conspirar para la importación de “decenas de miles de toneladas de kilos de cocaína”, que le habían generado ganancias de mil 500 millones de dólares.

Ignacio Coronel nació en Veracruz el primero de febrero de 1954, de acuerdo con un informe confidencial de la CIA que cita pasaportes expedidos por el gobierno mexicano, pero solía decirse nacido en Canelas Durango, y en Culiacán, Sinaloa, donde vivió su juventud. Según el expediente de la inteligencia estadounidense, tenía 17 alias, y existe la sospecha de que transacciones financieras descubiertas en Colombia, pertenecían a él bajo otro alias, Dagoberto Rodríguez Jiménez.

Su muerte es el golpe más importante del gobierno de Felipe Calderón en 44 meses de lucha contra el narcotráfico. Quizás menos espectacular que el operativo de diciembre donde murió Arturo Beltrán Leyva, pero que se encuentra entre los más relevantes, por la extensión de sus negocios, en la categoría de Miguel Ángel Félix Gallardo, hace casi 30 años, el último barón del narcotráfico en México, de la caída de Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos” hace poco más de una década, y la detención de Humberto y Juan García Ábrego, jefes del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas, su sucesor, y “El Chapo” Guzmán, que se escapó de la cárcel en 2001.

Ignacio Coronel había tejido a lo largo de los años una extensa red de protección. En su nómina figuran militares, entre ellos un general que tuvo bajo su mando a tropa y trabajó en la PGR, así como también policías federales y presuntos agentes de la inteligencia cubana en Quintana Roo, y el hermano de un ex gobernador de Yucatán. En la estructura directa de su organización se encontraban uno de los narcotraficantes legendarios, Héctor “El Güero” Palma, y Albino Quintero Meraz, quien fue el principal responsable de la plaza de Cancún durante la era de Carrillo. Las conexiones directas con los cárteles colombianos, que le vendían la cocaína al Cártel de Sinaloa, las realizaban los colombianos Mauricio Harold Poveda y Jorge Eliecer Aspirilla, el guatemalteco Otto Herrera, responsable de las operaciones marítimas en América Central y el Caribe, y Vicente Zambada Niebla, hermano de “El Mayo”.

La caída de Coronel es un golpe al corazón del Cártel de Sinaloa, a cuyo triunvirato pertenecía. Era entre sus líderes, Ismael “El Mayo” Zambada y Guzmán, el más educado (obtuvo su licenciatura en ingeniería) y se manejaba con un muy bajo perfil, aunque su silenciosa violencia era devastadora. A su cargo se encontraba toda la operación del sur del Pacífico en materia de cocaína y metanfetamina, los dos productos que son los que le generan los monumentales excedentes de recursos a esa organización criminal, con la cual financian sus operaciones logísticas, de producción y sus ejércitos de sicarios.

Su inesperada muerte desarticula la jefatura del Cártel de Sinaloa, y daña profundamente la ruta de la cocaína, que atraviesa por Gómez Palacio y Torreón, y termina en Ciudad Juárez. La pérdida es enorme para ese cártel, pero de enorme satisfacción, debía ser, para el gobierno y para Estados Unidos sobretodo, que sin mancharse las manos han eliminado al principal exportador de metanfetaminas a ese país, que los venía devorando aceleradamente.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

www.twitter.com/rivapa

En menos de un mes parece como si todo hubiera pasado en Durango. Una elección enormemente sucia, con robos de decenas de urnas realizados por policías judiciales y por enmascarados con armas largas, una directora de reclusorio que aceptó –por complicidad, miedo o dinero- que reos salieran regularmente de su prisión para matar personas, y el agudizamiento de la violencia contra periodistas y medios de comunicación, mientras el gobernador, Ismael Hernández Deras se dice libre de culpas y evade su responsabilidad por el desastre de que azota a Durango. La culpa es de él y de todos, que vimos cómo esa entidad sufría un creciente deterioro y no dimos la alarma. Lo que sucede ahí no es ningún síntoma; es el diagnóstico de un corazón enfermo.

La violencia desatada en las calles de Durango tocó la puerta por el sur, en Gómez Palacio, el 13 de mayo de 2007, cuando un comando atacó al empresario m

Setenta y dos días después de haber sido secuestrado en su rancho en Querétaro, una fotografía de Diego Fernández de Cevallos y un mensaje escrito por él pidiendo a su familia que ofrezcan el máximo posible por su rescate, se convirtió en la segunda prueba pública de vida y confirmó que las negociaciones para que recupere la libertad se encuentran en una fase delicada, que están empantanadas, y que los siguientes pasos de los negociadores serán cruciales para determinar su suerte.

Pero que no cunda la histeria. Los secuestros de alto impacto realizados por la guerrilla -como es este caso con el poco conocido Ejército de Liberación Nacional, que es un desprendimiento del EPR- tienen el mismo esquema: 1) tras el secuestro, se da la primera prueba de vida entre cinco y siete días de realizado; 2) el primer contacto se da de 15 a 60 días después, para establecer la comunicación –no necesariamente telefónica- y pedir rescate; 3) viene la contrapropuesta de la familia de la víctima; 4) se produce la segunda y hasta una tercera comunicación, con sus contraofertas; 5) si no hay acuerdo sobre el monto, se abre públicamente la negociación.

El secuestro de Fernández de Cevallos fue el 15 de mayo y la primera prueba de vida se dio a través de una fotografía que primero difundió Milenio Televisión el 20 de mayo. No están claras las fechas de las primeras negociaciones, pero el mensaje dado a conocer el lunes junto con la segunda fotografía, tiene fecha de 10 de junio. Aunque el periodo de 20 días parece corto para esa negociación, la segunda prueba de vida que primeramente divulgó el periodista José Cárdenas a través de Twitter, revela que la contraoferta no les gustó nada y que aceleraron la presión pública. Incluso,  se sabe que hubo una segunda comunicación el 21 de junio, en vìsperas del juego de Mexico contra Uruguay en la Copa del Mundo.

Fernández de Cevallos le escribe a Diego, su hijo mayor: “No puedo describirte el infierno que vive tu padre y no se cuanto aguante más. Por ello te pido que hagas lo más rápido que puedas tu mayor esfuerzo. ellos tienen todo el tiempo del mundo, no les corre ninguna prisa… Para tu Padre lo que no sea de inmediato no tiene sentido”. Al pasar a la ruta de la presión pública, transmitir drama y provocar alarma, los secuestradores pretender forzar, de acuerdo con secuestros anteriores, que la familia desoiga las recomendaciones de los negociadores y eleven el monto del rescate.

Por ejemplo en 1994, en la parte crítica de la negociación de su secuestro, el banquero Alfredo Harp escribió a sus hijos: “Reitero me urge salir con vida para estar con ustedes y recuperar esta situación, por eso no traten de aceptar recomendaciones, lo único importante es que me saquen de este martirio inmediatamente, el dinero, Dios nos lo dio y si se quiere, es más importante que nos dé vida eterna, como verdadera riqueza, que hay que acumular en esta vida”.

En el primer mensaje público a su familia, Fernández de Cevallos escribió a su hijo: “Me dicen que ya te hicieron una propuesta concreta y que tú nos has contestado en concreto con una contraoferta razonable. Tienes que hacerlo ya, de inmediato. Si no puedes llegar a lo que piden sí puedes hacer un planteamiento que demuestre voluntad de negociar, no evasivas. Cualquier consejo de que le hagas al ‘pobre’ es absurdo y será fatal”.

El objetivo de los secuestradores es desarticular la estrategia de negociación. Hace 16 años escribió Harp desde el cautiverio: “Pese a suplicarles que actuaran con todo el amor que me tienen y con el corazón antes que con la cabeza ordenando, en los términos que yo acordé con mis secuestradores, las instrucciones finales de la negociación, se negaron a hacerlo abandonándome y sacrificándome, negándome incluso el derecho y la capacidad que todo ser humano tiene hasta el último momento por salvar la vida y recuperar la libertad”.

La redacción de los mensajes de Harp y Fernández de Cevallos buscaron presionar moralmente a la familia. Los secuestradores saben que los negociadores les aconsejan ser duros y no ceder, para evitar que el rescate sea exorbitante. Y al hacer públicas las cartas a la familia -usualmente enviadas a ellos previamente y que corresponden al ámbito privado-, buscan construir un clima de opinión desfavorable para los negociadores, a los que pretender arrinconar enfatizando debilitamiento y salud precaria.

“He tenido varios desvanecimientos y mucho dolor en el pecho a pesar del Tenormín y de la aspirina”, escribió Fernández de Cevallos. “Tú sabes que no quedé bien del corazón después de la operación. He perdido peso y mi fatiga es cada día mayor. Por eso el tiempo es determinante… Lo urgente es que hagas una contrapropuesta lo más alta que puedas y estoy seguro que ellos negociarán. Lo urgente es negociar con toda seriedad para gestionar la entrega del dinero y mi libertad”.

Harp apeló: “Lo único que les pedía era su respaldo, que compartieran solidariamente mi determinación de no escatimar recursos, de no ahorrar, pues a final de cuentas, el dinero que les pedía pagar era parte de mi fortuna personal… Ustedes me conocen… a quién se le puede ocurrir que aguante más tiempo aquí, sabiendo de mi carácter hiperactivo. Actúen rápido, denme la oportunidad de recuperar mi vitalidad y ánimo en todas los sentidos y si Dios quiere, realizar planes toda la familia”.

En su misiva, Harp se refirió a los negociadores y pidió relevarlos de la tarea. En la suya, Fernández de Cevallos, al mencionar que “es preferible un gran esfuerzo pronto que ilusionarse con lo que ya no podrá ser después”, le pidió a su hijo apoyarse en “Toño” –probablemente Antonio Lozano Gracia-, y en “Juan” –probablemente Juan Collado-, quienes conocen la lista de clientes y los ingresos de su bufete, para lograr “algo concreto que puedas comprometer”.

Cuando Harp escribió su carta se había cumplido un día el ultimátum de 72 horas que habían dado los secuestradores para ajustar el monto del rescate. Su liberación se dio la noche del 29 de junio, 100 días después de estar retenido. En el caso de Fernández de Cevallos no se sabe de ningún ultimátum, pero sí que hubo un problema en la negociación por cuestión de los montos. En este caso, como fue en el primero, ya se entró a la etapa del diálogo público con la familia.

En el secuestro de Harp, el resultado de esa presión fue positivo para él, al arreglarse el pago de varios millones de dólares. En el de Fernández de Cevallos, por quien se pide un monto superior, su destino hasta ahora está en manos de los negociadores, que están jugando ajedrez con un grupo que sus jaque mates son físicos.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

www.twitter.com/rivapa

El escenario fue lo de menos. El que haya llenado el Zócalo también. Lo importante del mitin de Andrés Manuel López Obrador este domingo en la ciudad de México era la definición de una ruta política por la conquista del electorado volátil como precandidato a la Presidencia, muchos meses antes que el resto de sus potenciales adversarios, dentro y fuera del ámbito de la izquierda, siquiera tengan claro ese destino. Al no tener las responsabilidades –que dan cargos de elección popular o en gobiernos-, López Obrador se puede mover como una pequeña torpedera que puede ir disparando a sus contrincantes mientras avanza al objetivo. No depende de nadie mas que de él mismo, ni tiene que rendir cuentas a nadie. El camino, por ahora, está libre. Lo que no está claro aún es si podrá volver a conectar con el electorado que anda en busca de un líder.

López Obrador regresó en formato, discurso y programa al pasado. Se valió de tres intelectuales para arengar. Enrique González Pedrero, el ex gobernador de Tabasco que lo tuvo como eficaz operador político, que enfatizó en la necesidad de organizarse, una de las principales fallas en 2006. Elena Poniatowska, la escritora, que en la construcción de imágenes emotivas y postales de las raíces mexicanas, subrayó el voluntarismo. Armando Bartra, el académico, quien esbozó el Proyecto Alternativo de Nación. Usó a través de ellos sus viejos recursos retóricos que plantean una realidad bipolar, la de los ricos contra los pobres, la de las oligarquías contra los desclasados, los ladrones consumados contra la honestidad valiente.

Y él mismo empleó sus argucias envolventes para resolver contradicciones, como el ir  de su llamado a mandar al Diablo las instituciones a recuperaremos las instituciones; apuntalar sus mensajes teológicos, regresando a la lucha del bien contra el mal, o ser bondadosos entre nosotros mismos con el prójimo; e introducir dilemas morales, que no ven los destinatarios reales, como cuando mencionó que el tercer hombre más rico del mundo Warren Buffet, y 50 multimillonarios alemanes donarían gran parte de sus fortunas a obras sociales y apoyos económicos, mientras que en México “30 potentados” nos tienen doblegados.

López Obrador fue López Obrador. Está claro que no pretende ser un político regenerado o modernizado. Su evocación de la República Restaurada del Siglo XIX, los años de la democracia más pura y anárquica que se ha vivido, no es novedosa. Sus promesas, sus enemigos, sus deseos, sus intenciones, son realidades en sus discursos de los cinco últimos años y en sus libros. Pero tampoco parece desearlo. Al embestir nuevamente contra los capitanes de la industria, vuelve a antagonizar con ellos y a polarizar su relación política. Quizás no quiere vincularse con nadie para que lo apoyen financieramente en su campaña, y aspira depender únicamente del respaldo que le pueda dar el electorado.

La apuesta es al agotamiento del sistema, que parecía listo para la jubilación en 2000 pero se recuperó, y tocado de muerte en 2006 pero sobrevivió. Es decir, su apuesta es demasiado alta e incierta, finca –aunque no lo vea él- en factores externos para que le abran el camino. López Obrador ya no se encuentra en 2005, cuando el deseo del ex presidente Vicente Fox de meterlo a la cárcel le generó simpatías de muchos que veían hacia otros políticos, y a los que fue ganando con un discurso ético, profundamente religioso y tan lleno de sentido común como de lugares comunes. No le importó decir cómo iba a hacer todo lo que prometía, como tampoco mostró este domingo el cómo de su oferta. En aquella ocasión le creyeron; ahora, su credibilidad está lastimada.

El conflicto postelectoral en 2006 fue el parteaguas. Su estrategia rupturista no fue entendida por ese electorado volátil que nunca comprendió que acciones como la toma de el Paseo de la Reforma en la ciudad de México y la cabida a todos los grupos radicales en esa gran comuna, fue para evitar que estallara la violencia –no se necesitan legiones para ello, sino basta un pequeño grupo decidido a todo-, ni vio que en la frontera de la ilegalidad, siempre se quedó dentro de la legalidad. López Obrador capturó para la eternidad la parte más dura de la izquierda mexicana, pero terminó de perder a las clases medias y altas que le habían dado casi la votación que necesitaba para llegar a la Presidencia.

El discurso del domingo no buscó la reconciliación con aquellos a quienes perdió en 2006, y sólo permitió convencer, en términos generales, a quienes ya están convencidos. Así no se gana ninguna elección. La última encuesta de preferencias electorales de Consulta Mitofsky ubican a López Obrador en el segundo lugar de ellas, pero con 6% contra 27% del gobernador del estado de México Enrique Peña Nieto, y apenas dos puntos arriba del gobernador de Veracruz Fidel Herrera, y del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard.

López Obrador lo tiene claro. Cuando dijo que su movimiento estaría definitivamente en la lucha por 2012, no se refería necesariamente a él. Ya se verá si logra crecer en preferencias –lo que determinará la candidatura de la izquierda-, y si al iniciar formalmente su precampaña presidencial, empieza a recuperar todo el terreno perdido. Los factores externos a los que le apuesta en este momento, pueden no llegar. La economía está en recuperación, lo que traerá derrama y generación de empleos, aún si la calidad de estos es mala. Si no hay un descalabro, como podría provocar la insolvencia de España que está hoy en crisis, el consumo y el crédito repuntarán. Su propio partido está promoviendo un incremento al IVA en medicinas y alimentos, que dará más recursos al gobierno para inyectar en programas sociales y reducir el impacto de López Obrador que quiere regresar al Estado del Bienestar.

Si el factor externo no llega, todo quedará en sus manos y capacidad de persuasión. El problema es que dilapidó mucho de ese capital en el segundo semestre de 2006 y no se ve que pueda recuperar al menos 25% del electorado que necesita sumar al 6% que tiene para estar en posibilidades de competir por la Presidencia. La ventaja es que faltan casi 18 meses pare decidir la candidatura y dos años para la elección presidencial. Pero lograrlo es trabajar aún contra él mismo. O esperar un milagro, tan contundente como la misma religiosidad que introduce en la política.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

www.twitter.com/rivapa