Paredes se ha encerrado en ella misma, desarrollando numerosas variaciones sobre el mismo tema. El martes en el Congreso abrió un largo y agrio debate al volver a decir lo que señaló desde la semana pasada, que el acuerdo no significaba un trueque por la aprobación de la Ley de Egresos, como denunció Nava. Desde un punto rigorista es cierto, pues ese intercambio no se incluyó en el documento que firmaron. Pero las dirigencias priistas saben que Nava no mintió. Y la revelación de la existencia del pacto, inclusive, le da sentido a varios incidentes que se dieron durante la negociación de la Ley de Egresos. Por ejemplo:

* El hecho de que contra toda práctica parlamentaria, la bancada del PRI no estableciera un diálogo con su contraparte en el Senado para discutir la Ley de Ingresos. “Todo lo mantuvieron en secreto”, dijo una fuente priista en el Senado. Los senadores Francisco Labastida, Jesús Murillo -secretario general del PRI-, y Rogelio Rueda, miembros del grupo de enlace con los diputados, fueron mantenidos en la sombra de lo que estaban realizando en el Congreso por parte del presidente de la Comisión de Presupuesto, Luis Videgaray, quien los convocaba a reuniones donde no llegaba pues al mismo tiempo negociaba bilateralmente con gobernadores. Llegó al extremo Videgaray de excluir por completo al diputado sonorense Jesús Cano Vélez, muy cercano al líder de los priistas en el Senado, Manlio Fabio Beltrones.

La minuta de la Cámara de Diputados llegó con la propuesta del incremento del IVA en dos por ciento, lo que motivó un rechazo automático del PRD y una oposición del PRI y del PAN. Con los panistas se hizo un trabajo de presión política sobre la mayoría que se oponía, encabezada por Santiago Creel. Ante los priistas, Hacienda dijo que había un boquete fiscal por 380 mil millones de pesos, y que si no se les daban esos fondos adicionales la economía se hundiría. Los gobernadores priistas se asustaron y celebraron un cónclave con los líderes del PRI en Metepec. En esa reunión, Beltrones preguntó tres veces: “”Díganme si hay algún acuerdo que hayan convenido”. Tres veces respondió Paredes que no había nada.

Los senadores, ante la petición de los gobernadores de que no tenían dinero para acabar el año -por falta de recursos ya habían suspendido los programas del Seguro Popular y Oportunidades-, optaron por apoyar un incremento de uno por ciento en impuestos, con modificaciones. Cuando se presentó la contrapropuesta, sucedió otro hecho que hoy cobra sentido:

* El líder de los panistas, Gustavo Madero, le exigió a Beltrones que el PRI votara los impuestos y que cumplieran con su palabra. En aquél momento Beltrones pensó que Madero actuaba con candidez, toda vez que quería que el PRI votara un paquete que ni el PAN estaba dispuesto a apoyar. La decisión priista de que 28 senadores se abstuvieran y sólo votaran los cinco restantes que eran suficientes para aprobar esos incrementos, es lo que argumenta Nava fue la ruptura del convenio de colaboración política firmado con Paredes.

* Todavía con desconocimiento del acuerdo, Paredes se presentó a mediados de enero en la plenaria de los senadores priistas, admitió que “los habían chamaqueado” y que tenían razón cuando alegaban que no había que creer en la palabra del gobierno. No entendieron, hasta recientemente, que la líder estaba realizando un control de daños, y que ese discurso probablemente fue motivado porque al ver que avanzaba la alianza electoral en Oaxaca, se dio cuenta que el acuerdo estaba roto.

En esos momentos, sugieren priistas, comenzó su operación de salvamento personal. En el equipo de Peña Nieto descubrieron que varias copias del documento firmado en Gobernación estaban siendo distribuidas a algunos periodistas y políticos. Quien primero lo señaló contundentemente fue Carlos Loret de Mola, el 25 de febrero en la parte final de su columna en El Universal. Pero una semana antes, en una entrevista de radio, Joaquín López Dóriga le preguntó insistentemente a Peña Nieto sobre el documento, y nunca negó su existencia. Hasta la semana pasada Peña Nieto decidió hacer público el pacto secreto en una entrevista de televisión programada hacía un mes con Adela Micha. La pregunta del porqué hizo estallar el escándalo, a sabiendas que también lo afectaría, fue respondida por uno de los cercanos a los líderes del PRI: “Entró en pánico al creer que Beatriz le iba a poner una trampa”.

No hay confirmación de que ello haya motivado en efecto a Peña Nieto a destapar el acuerdo, pero sí hay indicios de que Paredes ya venía trabajando en su contra. En una plática con el ex presidente Carlos Salinas sobre Peña Nieto, Paredes le dijo que no veía que tenía suficiente fuerza para llegar a la candidatura. Pero al mismo tiempo, declaró a la prensa que Peña Nieto era el único candidato que tenía el PRI para 2012, lo que obligó al gobernador y a Beltrones a mandar a Emilio Gamboa a declarar que había más aspirantes del PRI a la candidatura para evitar que se concentraran los ataques en el mexiquense.

Los priistas se han venido quejando que Paredes está jugando las cartas a favor del Presidente, no del PRI. De hecho, Calderón decidió remplazar la interlocución con el PRI que tenía con Beltrones desde octubre pasado, cuando optó por Paredes. A través de Paredes buscó la aprobación presupuestal y esta realiza el trabajo sucio de la casa presidencial contra Peña Nieto, a quien ven como el único adversario para 2012 y quieren descarrilarlo. La bomba que explotó Peña Nieto al revelar el pacto lo golpeó a él y a Nava, pero sobretodo a Paredes, a quien le cortó las alas, las pretensiones y los sueños de grandeza para 2012. Dentro del PRI no hay quien pida su cabeza. No hace falta; ya la perdió.

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La iniciativa del pacto, de acuerdo con priistas que conocen los dos lados de esa negociación, partió de la dirigente nacional, Beatriz Paredes, y de los gobernadores del estado de México, Enrique Peña Nieto, y de Oaxaca, Ulises Ruiz, quienes además de tener bancadas importantes en el Congreso, tenían la capacidad, por haber inyectado dinero a varias campañas de legisladores, de presionar diputados de otros estados para que apoyaran sus intereses. La primera ventanilla fue la de Carstens, quien al hablar con sus representantes sobre la necesidad de sacar adelante el incremento al IVA, sugirió que se podía ayudar a los gobernadores con recursos presupuestales adicionales para el cierre de su año.

El tema económico no era suficiente. Peña Nieto y Paredes, por un lado, y Ruiz por el otro, hablaron con Gómez Mont para sugerir una negociación integral sobre el presupuesto de Egresos. El secretario de Gobernación, según estos dirigentes priistas, se lo comunicó a Calderón, quien respondió con un “negocien” en general. El proceso arrancó en octubre sobre la discusión de los “cómos” de esa negociación, y fue cuando Gómez Mont se enteró lo que querían: un trueque de votos por la negativa a las alianzas electorales.

Calderón, según esta información, no estaba de acuerdo. “No me gusta eso”, dijo a Gómez Mont, según lo que ha trascendido. El secretario de Gobernación le respondió: “Nos sale barato, pues pensamos que iban a querer otra cosa”.  Calderón insistía en que “no iba a estar negociando esas cosas”, pero Gómez Mont, quien está en contra de las alianzas, respondía el poco costo político que eso significaba.

La negociación política seguía un curso incierto cuando los priistas acudieron a una cita con Carstens, Paredes y Luis Miranda, secretario de Gobierno del estado de México, en representación de Peña Nieto. La reunión no fue tersa, según recuerdan priistas, y en un momento amenazaron: “O es eso –el trueque-, o no habrá negociación”. Amagaron con retirarse de la oficina, por lo que el secretario de Hacienda habló por el teléfono rojo de la red presidencial con Calderón.

Carstens le expuso todo el drama que vivía en ese momento, por lo que Calderón, sin estar todavía convencido, aceptó que se siguiera con la negociación. Las reuniones se trasladaron a Bucareli, donde Peña Nieto pidió un convenio por escrito. Se le ofreció lo mismo a Ruiz, pero el gobernador de Oaxaca dijo que él “confiaba en la palabra” de los políticos. Con los acuerdos suscritos, los diputados votaron en octubre a favor de la Ley de Egresos. Paredes utilizó al coordinador de la bancada priista, Francisco Rojas, para impulsar la iniciativa en el Senado, manipulándolo para enfrentarse a su par en el Senado, Manlio Fabio Beltrones.

Rojas, a quien Paredes y sus cercanos le alimentaban la percepción de que lo ignoraban los senadores y siempre lo hacían de lado, se montó en el pleito contra los priistas en el Senado sin saber, hasta muy recientemente, que Paredes le  había tomado el pelo. Públicamente, los senadores priistas dijeron que rechazarían la minuta en los términos como llegaba, lo que generó una crisis con los gobernadores, quienes habían sido persuadidos por Paredes, Peña Nieto y Ruiz, de que al respaldarla tendrían, había ofrecido Carstens, dinero para pagar aguinaldos.

La presión de los gobernadores sobre el Senado llevó a Beltrones a una negociación interna. No al IVA, aceptarían un incremento de uno por ciento a impuestos en general, y no tendría el respaldo de toda la bancada, sino de únicamente el suficiente número de priistas necesarios para que se aprobara, con lo cual demostrarían el rechazo de la bancada al aumento de impuestos. Paredes, Peña Nieto y Ruiz sabían que ese no era el acuerdo. Inclusive, en el convenio firmado por la dirigente y Miranda, en representación de Peña Nieto, con el líder del PAN, César Nava, el compromiso es que los senadores votarían a favor de la Ley de Egresos, en los términos como llegaba a la Cámara Alta.

Al no suceder eso en noviembre, porque 33 senadores priistas se salieron del pleno en el momento del voto Nava, quien ya denunció el hecho, dio por concluido el acuerdo. Gómez Mont afirmó que nunca le informó que el acuerdo se había roto, lo que quedó claro cuando Nava comenzó a negociar la alianza en Oaxaca. Según información de altas fuentes panistas, Gómez Mont habló con el Presidente para que se mantuvieran los acuerdos en enero, y Calderón instruyó a Nava que propusiera al Comité Ejecutivo Nacional opciones alternas a las alianzas, inclusive candidaturas débiles o testimoniales.

Nava nunca lo hizo, y al ir avanzando la alianza en Oaxaca, el Presidente reclamó al secretario de Gobernación porqué “no había operado” bien con los panistas. Gómez Mont se defendió, y enfrente del mismo Nava utilizó palabras altisonantes ante Calderón para subrayar que el embrollo final dentro del PAN y el gobierno, era responsabilidad de su dirigente. La crisis no quedó sólo en el PAN. Dentro del PRI, un buen número de gobernadores se sienten engañados por Peña Nieto y Ruiz, y traicionados por Paredes. El dinero llegó a cuenta gotas, y Hacienda les ha venido retrasando las participaciones federales. Los reclamos contra Paredes son de molestia creciente, y su admisión que los “engañaron”, no es suficiente.

Esta historia de mentiras, trampas y simulaciones, no ha terminado. Sigue en curso con actores centrales que faltan por dar su versión, al final de lo cual se podrá hacer el verdadero recuento de daños y entender la magnitud de las consecuencias de un acto que, visto bajo la óptica de la ética política, es absolutamente indigno.

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Maciel era un hombre muy poderoso en México. Fundó los Legionarios de Cristo en 1941 y durante décadas construyó un mito, erigió escuelas, universidades, compró publicaciones, y desde la Vía Aurelia, una de las calles más viejas de Roma, levantó una orden que hoy tiene a 800 sacerdotes repartidos en 22 países, con una membresía calculada en 70 mil personas. Por las aulas de sus instituciones de educación media y superior pasaron los hijos de los más acaudalados y poderosos mexicanos, quienes como en el circo romano el César, tenían la capacidad de matar o perdonar. Bajo esa cultura, la sola idea del reportaje sobre Maciel desató su furia.

Lo que preparaba el equipo editorial encabezado en ese entonces por el periodista Ciro Gómez Leyva, hoy la figura más prominente del Grupo Milenio, no era un hallazgo. En New Haven, Connecticut, empezó a revelarse la historia negra de Maciel. Molestos los grupos económicos dominantes en la región por la compra las publicaciones católicas estadounidenses The National Catholic Reporter y Twin Circle en 1995, alentaron los  rumores de antiguos alumnos del noviciado sobre la pederastia de su fundador, que se convirtieron en un reportaje de primera plana del periódico Hartford Courant en febrero de 1997. Poco después La Jornada publicó los testimonios de los sacerdotes y ex religiosos que habían denunciado al diario estadounidense los abusos sexuales contra ellos cometidos por el padre Maciel.

Nada extraordinario había sucedido con La Jornada. En mayo, dos meses después de la denuncia original, CNI Canal 40 difundió un programa donde varios de los mismos denunciantes aparecieron por primera vez ante una pantalla de televisión para contar su experiencia. La decisión de ponerlo al aire sepultó una ola de presiones. En la víspera de la transmisión, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán, le pidió que no lo pasara, porque habría represalias y podría ser acusado de difamación. Antes, en la misma lógica supresora, el entonces rector de la Universidad Iberoamericana, Enrique González Torres, había advertido que “iban a creer que los jesuitas estaban detrás de eso”. A cuatro horas de que saliera al aire el programa, el superpoderoso secretario particular del entonces presidente Zedillo, Liébano Sáenz, le dijo a Moreno Valle que por el bien del país no lo transmitiera.

Había amenazas directas de dos empresarios, Roberto Servitje, de Bimbo, y Alfonso Romo, metido en ese entonces en cigarreras y en la bolsa, que si se transmitía el programa, habría un boicot publicitario, por lo que Moreno Valle tuvo una reunión con Gómez Leyva y con su segundo de a bordo, Marcial Ortiz, para decidir qué hacer. La decisión fue seguir adelante con el plan y la venganza fue devastadora: en cuestión de horas, tras la difusión del programa, se cancelaron contratos de publicidad por cuatro millones de pesos. Encabezados por Servitje y Romo, el sector privado realizó el boicot publicitario más agresivo desde que en 1972 hicieron lo mismo con Excélsior, en ese entonces dirigido por Julio Scherer. Excélsior, que tenía 54 años de vida, fue rescatado por el presidente Luis Echeverría; en el Canal 40, que acababa de nacer, Zedillo avaló el boicot. Si Echeverría le salvó la vida a Excélsior, Zedillo contribuyó a que se ahogara al Canal 40, que nunca pudo revertir los efectos del boicot hasta que cambió de dueño.

Desde el primer momento de la denuncia, los Legionarios de Cristo negaron todas las afirmaciones. Maciel dijo que eran “conspiradores” que querían minar su liderazgo. El silencio fue total. Sólo dos periodistas denunciaron lo que había pasado, pero el sol ya no se podía tapar. Casos de pederastia en Estados Unidos sin vinculación a Maciel, volvieron a ponerlo bajo los reflectores del escándalo, y Juan Pablo II ya no pudo seguir defendiéndolo. El cardenal Joseph Ratzinger, hoy Benedicto XVI, lo investigó y cuando asumió la Silla de Pedro, lo forzó a retirarse del ministerio público.

Marcial Maciel murió a principios de 2008 a los 87 años, y hubo quienes pretendían su canonización, pero la historia siguió abriéndose. Apareció una hija hace tiempo, lo cual comenzó a cimbrar a la congregación. Luego vino una denuncia por 26 millones de dólares de otro hijo de Maciel -que los Legionarios ubican com extorsión-. Después llegaron informes a los Legionarios de Cristo de otros supuestos cinco hijos y de dinero que utilizó para su beneficio particular, que tienen partido a los Legionarios.

Hoy viven una convulsión interna agravada por reportes de prensa donde se están ventilando nuevos episodios siniestros de su historia secreta. Hay un sector de los Legionarios que están pidiendo internamente cuentas a los financieros de la congregación, exigiendo que les expliquen el porqué nunca les dijeron nada, porque no les creen que estuvieran ajenos a los malos pasos de Maciel. Los empresarios no han hablado. Al contrario, están tratando de lavar su culpa. El caso más claro es Romo, soporte financiero de la publicación electrónica Reporte Índigo, cuyo director –Ramón Alberto Garza- que ahora flagela a Maciel, nunca quiso oír nada malo en contra de los Legionarios cuando dirigía Reforma. ¿Dónde están aquellos que asesinaron a CNI Canal 40 por un acto de fe? Escondidos, ciertamente. Pero deberían estar avergonzados de sus actos, dispuestos a rectificar la represión cometida, rendir cuentas sobre aquella conspiración del poder y cuando menos, ya que nada es reversible, decirle a Ciro, como cabeza editorial de aquél grupo: usted disculpe.

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Molinar ha tenido un serio revés para sus aspiraciones políticas. No lo esperaba hace unos días, cuando tras la crisis dentro del PAN por la renuncia del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont y la embestida que le lanzaron en Los Pinos y el gabinete, se apuntó para relevarlo. Desde sus oficinas salió la especie de que estaba empacando para irse a Bucareli,  y se dejó retratar en compañía del líder nacional del partido César Nava y del senador priista Mario López Valdés cuando estaban negociando una posible candidatura al gobierno de Sinaloa. Recientemente concedió una entrevista donde dijo que el cargo de secretario de Comunicaciones era eminentemente político.

Esa Secretaría le queda chica, como también le quedaba chico el Seguro Social. Pero fue el papel que le tocó jugar durante la primera parte del gobierno de Felipe Calderón, de cuyo cuarto de guerra durante la campaña presidencial formó parte activa, como un gladiador ante los rivales y un golpeador de adversarios. Aguardó su tiempo. Su llegada a Comunicaciones fue como un banderazo de salida, y  se puso a construir una base de apoyo electoral. Comenzó a cambiar cuadros técnicos en la Secretaría por panistas, sin importarle que los funcionarios entrantes no tuvieran idea del nuevo trabajo que se les estaba encomendando.

Molinar entiende del tema. Como académico estudió y escribió detalladamente sobre las bondades políticas que generó el Programa Solidaridad en el gobierno de Carlos Salinas, que rompió con los viejos pilares que habían sostenido al régimen –clientelismo y corporativismo- para remplazarlos por un sistema que eliminaba los intermediarios. A través del programa, Salinas construyó 150 mil núcleos de control político en el país, manejados por los delegados de la Secretaría de Desarrollo Social, quienes controlaban los recursos y los distribuían directamente, haciendo a un lado a los gobernadores y al partido.

Sin entrar en un modelo similar, que le toca operar y administrar a Sedesol,  Molinar siguió por la misma ruta. Entre sus primeras acciones en ese sentido fue el cambio de un alto número de ingenieros que eran responsables en áreas de infraestructura. Los cambios provocaron inquietud en el sector, y el pasado 2 de febrero el Colegio de Ingenieros Civiles de México le envió una carta solicitándole una cita para exponer lo que estaba sucediendo en el país. El párrafo clave en la carta que envió el presidente del Colegio, ingeniero Luis Zárate, dice:

“Hemos recibido comentarios de nuestros agremiados en referencia a que, dentro de la S.C.T. se están realizando cambios dentro de las áreas técnicas y los centros S.C.T. -que son las unidades de enlace a nivel nacional a cargo de la infraestructura carretera, aeroportuaria y de comunicaciones-, afectando con esto a ingenieros civiles mexicanos al ser sustituidos por profesionales de otras carreras, que por razón natural carecen del conocimiento técnico y la experiencia que se requiere para desempeñar adecuadamente sus funciones”.

Molinar ha hecho caso omiso a los llamados para una revisión sobre los nuevos responsables de áreas, por lo que ni siquiera se ha llegado al punto donde se podría dar una rectificación de sus decisiones. No sólo externa, sino internamente, el actuar de  Molinar está causando estragos en el equipo de la Secretaría, de acuerdo con funcionarios del área, que están viendo cómo la capacidad y el entrenamiento que se necesita en una dependencia eminentemente técnica, no están siendo atendidas ni respetadas por el secretario.

La lógica del secretario no atraviesa por quién es la mejor persona para el cargo, sino se sustenta en la consolidación de clientelas o favores políticos. Dentro del PAN hay politólogos que piensan que una de las razones por las cuales el PRI no ha podido ser aniquilado es porque los cimientos del régimen no fueron demolidos en el gobierno de Vicente Fox. El régimen priista estaba construido sobre una compleja red de relaciones políticas cuyos incentivos eran económicos, generando lealtades y compromisos electorales, que construyeron el llamado “voto duro”.

Desde el gobierno foxista se comenzó a cambiar delegados de dependencias, pero la lógica central que se siguió en ese entonces, impulsada por la señora Martha Sahagún, estaba más vinculada a los negocios que a la política, por lo que las áreas de mayor relevo de cuadros fue en Aduanas. Siguiendo el modelo salinista, la entonces secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, comenzó a hacer los cambios de delegados de la dependencia para que operaran los programas contra la pobreza, lo que ha continuado en este sexenio. En ninguna de esas áreas se requería un alto nivel de conocimiento profesional y experiencia como sí exigía Comunicaciones y Transportes, donde ni Pedro Cerisola ni Luis Téllez, los antecesores de Molinar, remplazaron el conocimiento por la filiación partidista.

Con el reporte de la Comisión Investigadora de la Suprema Corte, que lo colocó en un patíbulo político, la carrera de Molinar se vio truncada de forma inesperada. No impedirá que siga construyendo su régimen panista, pero lo deja más expuesto a la denuncia pública, aumenta su espacio de vulnerabilidad, y mengua sus aspiraciones inmediatas en la Secretaría de Gobernación. En los próximos días se verá cómo acuden a su rescate en Los Pinos, o cómo dejan que se defienda solo. De esa señal, aún por venir, se podrá determinar si la carrera política ascendente de Molinar, fue colocada en stand by, o si aún le queda fuerza para volar.

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No fueron Twitter ni Facebook los detonadores de la sicosis y la violencia en el norte del estado, sino que el cártel que dominó la vida y la muerte durante cinco años se quebró, y los gobiernos estatal y local se pasmaron. El punto de inflexión fue el 18 de enero pasado, cuando Salvador Flores Borrego, apodado “Metro 3”, asesinó en Reynosa a Víctor Pérez Mendoza, “El Concord”, quien era el brazo derecho de Miguel Treviño, conocido como el “Z-40”, y quien de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, es el narcotraficante más sanguinario que hay en México.

La ruta crítica de la implosión del cártel tamaulipeco se encuentra contenida en un informe que proporcionó la DEA a las autoridades policiales mexicanas a finales de enero, anticipando desde ese momento que las cosas se pondrían sumamente calientes en esa zona. La DEA vio venir el problema por la información que le dieron sus agentes infiltrados en el Cártel del Golfo. Flores Borrego, responsable del grupo en Ciudad Alemán y Reynosa, actuó bajo las órdenes de Jorge Eduardo Costilla Sánchez, alias “El Coss”, quien junto con Ezequiel Cárdenas Guillén tenía el control del Cártel desde que su jefe Osiel Cárdenas Guillén fue arrestado en 2003.

El arresto del ex jefe criminal y su posterior deportación a Estados Unidos –la semana pasada lo sentenciaron en un corte de Dallas-, inició un largo periodo de frágil relación con el brazo armado del Cártel, Los Zetas, formado con desertores de las fuerzas especiales del Ejército, entrenados en Estados Unidos. Aunque Los Zetas permanecían como sicarios del Cártel, desde hace más de dos años ya eran en sí mismo una organización independiente.

Liderados por Heriberto Lazcano, el “Z-1”, y Treviño, Los Zetas se convirtieron en proveedores de drogas en Centroamérica –donde Pérez Mendoza era responsable-, y Europa –de la mano de los jefes zetas-. Cárdenas y Costilla manejaban el día a día del Cártel, y aunque había fricciones desde hace tiempo con Los Zetas, no se ha podido determinar –la DEA no lo menciona en su informe- la razón por la cual se dio la orden de ejecutar a Pérez Mendoza. Treviño reaccionó como lo hacen las mafias. Según la DEA, pidió a “El Coss” que le entregara a Flores Borrego, con lo que quedarían a mano. La respuesta fue el silencio.

Reynosa entró en tensión y comenzaron a circular por las calles convoyes de narcos, algo que hacía tiempo habían desaparecido de las calles mexicanas. Se estaban cazando los sicarios del Cártel del Golfo y Los Zetas. El 30 de enero, los hombres del “Z-40” interceptaron a 16 miembros del entorno de “El Coss” y los asesinaron en esa ciudad. La batalla por Tamaulipas había comenzado.

El gobierno de Hernández no acudió al federal por ayuda en ese momento. El alcalde de Reynosa, Óscar Luebbert, tampoco hizo nada, pese a que había indicadores de un rompimiento se venía cocinando antes de la ejecución de “El Concord”. A Cárdenas y Costilla no les gustó cuando Los Zetas se acercaron a Arturo Beltrán Leyva en la primavera de 2008 para enfrentar a sus viejos aliados en el Cártel de Sinaloa, pero no hicieron nada. Al morir Beltrán Leyva en diciembre, cambiaron la táctica, y según informes militares, se aliaron con el Cártel de Sinaloa para ajustar cuentas con su brazo militar. Todo ello transcurrió frente a los ojos de las autoridades tamaulipecas, que actuaron en forma omisa.

La paz se rompió abruptamente. Durante casi toda la gestión de Hernández el Cártel del Golfo y su brazo armado de Los Zetas, mantuvieron control absoluto del estado y no permitieron que ninguna organización enemiga los desafiara en su territorio, razón por la cual no se vio involucrada en la vorágine de violencia de los tres últimos años. Al ir Treviño por la venganza, comenzaron los enfrentamientos. No había operaciones militares en su contra, pero la inusual actividad iniciada por la banda los llevó a cruzarse con unidades de la Marina comisionadas en el estado.

Los marinos tenían dos encomiendas: la protección de la Cuenca de Burgos, el yacimiento de gas natural no asociado al petróleo más grande del país, y la vigilancia de los oleoductos de Pemex, donde había un saqueo creciente de hidrocarburos. Con los dos bandos en batallas callejeras, la semana pasada se cruzó un convoy con una patrulla de marinos. El enfrentamiento dejó un saldo de 10 muertos, que fue el incidente que hizo voltear los ojos a Tamaulipas, y socializó la violencia en el resto el país, en buena parte sí, a través de las redes sociales.

El argumento del gobernador Hernández sobre las redes sociales es baladí. El informe de la DEA hace cerca de un mes le pasó desapercibido al gobierno mexicano, que no tomó acciones preventivas. Las autoridades tamaulipecas, tras el asesinato de Pérez Mendoza tampoco. Supieron del ultimátum del “Z-40” a “El Coss”, vieron cómo empezó la matazón vengativa en Reynosa, y tuvieron que haber sentido el principio de la inestabilidad que, cuando no tiene antídoto, provoca sicosis. La batalla de Tamaulipas comenzó en cámara lenta, pero las autoridades se quedaron paralizados, o a la expectativa. La respuesta gubernamental que contribuyera a disminuir la angustia y el temor a los tamaulipecos a tiempo, nunca llegó. Lo demás, es justificación de incompetencia.

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Sin existir un acuerdo formal que implique modificaciones legales que permitan a los agentes estadounidenses a realizar acciones operativas extraterritoriales, ambos gobiernos han intercambiado información de inteligencia sensible por largo tiempo. Pero también, agentes estadounidenses han realizado operaciones tácticas en México, con y sin autorización del gobierno mexicano, desde hace más de 30 años.

Agentes estadounidense realizaron vuelos de apoyo junto a militares mexicanos durante la campaña de erradicación del opio en Guerrero, donde incluso murieron dos agentes de la DEA, cuando chocó su avioneta cerca de Acapulco en 1976. Agentes de la oficina de Inmigración y Aduanas encubrieron en 2005 a uno de los responsables de los feminicidios en Ciudad Juárez, porque era un informante del Cártel de Juárez. Y cuatro años antes, tras el atentado terrorista en Estados Unidos, Washington envió a decenas de agentes encubiertos a México para detectar más agresores y eventuales futuros ataques a su territorio. El gobierno mexicano no fue enterado porque no confiaban en él.

La relación de ambos gobiernos es vasta y en ocasiones rebasa la imaginación. Por ejemplo, la CIA capturó a Ye Gon –en México o Estados Unidos- y lo llevó a Vancouver, donde pudo interrogarlo sin los límites que establece la ley estadounidense, dos meses antes de que “apareciera” en un suburbio en Washington y lo detuviera la DEA. En ese tiempo, la CIA le permitió hablar con él a José Luis Santiago Vasconcelos, quien era subprocurador de Asuntos Jurídicos y Relaciones Internacionales de la PGR, y se trasladó a Vancouver. Poco después dijo que los interrogatorios de la CIA habían “secado” a Ye Gon.

La CIA y el FBI han entrenado a policías mexicanos responsables de la lucha contra el narcotráfico. Inclusive, el comando de élite de la Marina que cazó y mató a Arturo Beltrán Leyva en diciembre pasado, tenía dos semanas de haber regresado de Estados Unidos, y según fuentes políticas, la información de dónde se encontraba el entonces jefe máximo del Cártel de los hermanos Beltrán Leva la proporcionó Washington con la presión no sólo para que fueran por él, sino que fuera esa unidad de élite la que realizara el ataque.

Las agencias de inteligencia estadounidense han tenido como uno de sus principales objetivos en México la infiltración de los cárteles de la droga. Uno de los casos desconocidos por la opinión pública es la penetración de las organizaciones del recientemente fallecido Beltrán Leyva y Heriberto Lazcano “Z-1”, jefe de Los Zetas. En el mismo momento en el cual estaban construyendo la alianza que modificó el mapa de los cárteles de la droga en México en la primavera de 2008, un agente de la DEA estaba mandando la información en tiempo real a través de mensajes de texto de su celular.

Los agentes estadounidenses suelen contratar a personal mexicano, como servicio de apoyo, o como informantes. El caso más notorio de doble empleo es el de Alfredo Zavala Avelar, piloto de la Secretaría de Agricultura que trabajaba con el agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, asesinados en 1985 luego de revelar la existencia del rancho “El Búfalo”, en Chihuahua, una maquinaria de producción de marihuana del Cártel de Guadalajara. Son muy reacios a contratar jefes policiales, porque su experiencia no ha sido positiva. Una experiencia muy dramática fue en la “Operación Limpieza”, cuando descubrieron que un informante del Cártel de Sinaloa trabajaba en el área de narcotráfico en la Embajada de Estados Unidos en México. Los testigos protegidos que aportaron detalles de esa operación fueron interrogados en Estados Unidos, porque no confiaban en la PGR.

Pero al mismo tiempo, la PGR, cuando menos en tiempos del procurador Eduardo Medina Mora, se excedió en sus servicios y rompió leyes mexicanas sin castigo alguno, al autorizar que agentes de la DEA presenciaran interrogatorios a jefes policiales presuntamente vinculados al narcotráfico, y en cuando menos una ocasión les permitió que formularan preguntas. Medina Mora protegió también a Édgar Bayardo, asesinado en diciembre pasado, quien tenía tres patrones: la Policía Federal, a la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, y el Cártel de Sinaloa.

El trabajo que realizan las agencias de inteligencia estadounidenses en México ha culminado en varias de las operaciones más exitosas que ha tenido el gobierno mexicano en los últimos años en contra de los cárteles de la droga. Fue la DEA la que alertó a la Marina mexicana en 2007 del cargamento de seudoefedrina que condujo a Zhenli Ye Gon, el importador de precursores químicos para Joaquín “El Chapo” Guzmán, y también lo que logró la detención de Javier Arellano Félix, “El Tigrillo”, en 2006, en una operación conjunta con la Guardia Costera de Estados Unidos, supuestamente en aguas internacionales, a 25 kilómetros de la costera de La Paz, en Baja California Sur.

En muchas ocasiones pareciera que los estadounidenses tienen mejor información sobre los cárteles mexicanos, que las propias autoridades mexicanas. En diciembre se colgaron el éxito de la operación contra Arturo Beltrán Leyva, y en enero, el jefe de operaciones de la DEA, Michael Braun, anticipó a The Washington Times que el arresto de Joaquín “El Chapo” Guzmán podría darse en un plazo de 90 días. Mejor vocero del gobierno mexicano, no podrían haber encontrado. Entonces,¿por qué la reacción tan fuerte e inmediata a lo revelado por el Post? Quizás porque en el momento actual el gobierno mexicano quedó desnudado y exhibido de que solo, no puede contra los cárteles.

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Hace un año se consideraba a sí mismo un facilitador que impediría que en la carrera por la Presidencia se pelearan el gobernador Enrique Peña Nieto, el senador Manlio Fabio Beltrones y la líder nacional del PRI, Beatriz Paredes, que pudiera poner en riesgo el regreso del PRI a Los Pinos en 2012. Con Peña Nieto se dejaba ver, se placeaba, proyectaba la impresión de que él era su proyecto para la Presidencia y que él lo abrigaba. Con Paredes mantiene una relación estrecha, y con Beltrones, con quien se distanció tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, se acercó en noviembre y mantiene una relación fluida. Inclusive con su superasesor José Córdoba Montoya, con quien peleó en 1994 y lo envió fuera del país, ha vuelto a reencontrarse, así como con la maestra Elba Esther Gordillo, con quien se enemistó hace un par de años.

Pero del Salinas omnipresente sólo queda el recuerdo. Para quienes están anclados en una vieja percepciones, es factor real de poder. Para quienes conocen en detalle cómo está el enjambre de grupos dentro del PRI, saben que su fuerza es relativa. Ni siquiera algunos de sus más cercanos durante su administración quieren estar cerca de él hoy en día. Cuando los convocaba hasta hace no mucho, dice uno de ellos, “nos trataba como si estuviéramos en sesiones del gabinete. Nos preguntaba qué pensábamos de tal o cual tema y cómo se podría resolver”. Empezaron a dejar de ir, salvo el que nunca faltó, Francisco Rojas, coordinador de la bancada del PRI en el Congreso.

Salinas parece necesitado de atención y ha perdonado a los más cortesanos. Uno de ellos es Emilio Chuayffet, quien después de alabarlo hasta el último día de su sexenio, le dio la espalda como secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo. Años después, Chuayffet fue a pedirle perdón y a decir que lo había engañado Zedillo. Salinas no sólo lo perdonó, sino que se ha convertido en uno de los políticos más cercanos a él. Con quien no puede reconciliarse, y difícilmente llegará a ese estadio, es con Zedillo, quien frustró su ambición de convertirse, como en un momento le dijo a John D. Negroponte, cuando era embajador de Estados Unidos en México, “en el mejor presidente en la historia” nacional, y de asegurar su vida transexenal con la presidencia de la naciente Organización Mundial de Comercio, cuyo cargo se le cayó cuando se vio involucrado en una serie de escándalos donde su sucesor persiguió a la familia Salinas y metió a su  hermano mayor en la cárcel.

Ese odio hacia Zedillo lo nubla y lo limita, aunque no termina de darse cuenta. Sus dos libros apologéticos de su administración llevan una dosis de rencor hacia su sucesor, lo  que nubla la calidad intelectual de la obra. Ese odio hacia Zedillo ha provocado un distanciamiento con quien veía como su proyecto, Peña Nieto, quien tiene como un amigo indivisible hoy en día en su vida cotidiana a Jaime Camil, el empresario y proveedor de la Secretaría de la Defensa que intimó como nadie pudo hacerlo jamás con el ex presidente Zedillo.

A Salinas no le gusta la cercanía de Peña Nieto con Camil, y ha comenzado a circular la especie que ya no lo está viendo con la misma fuerza. Dice que en caso de que su candidatura se debilite, tiene que abrir opciones. Dentro del PRI hay quien sabe de dos jóvenes políticos, del mismo corte de Peña Nieto, a quienes les ha comenzado a decir que ellos podrían ser un plan alternativo si el gobernador mexiquense se quedara en el camino. Uno es el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y otro es el presidente municipal de Huixquilucan, estado de México, Alfredo del Mazo.

Medina está convencido de que sí puede ser el caballo negro del PRI, de acuerdo con priistas regios, al grado que ha seguido fielmente la sugerencia de que no tiene que moverse ni hacer nada que lo coloque en una situación de riesgo. Esa actitud lo ha semiparalizado, convirtiéndolo, en los ojos del priismo central, en una decepción como gobernante. El caso de Del Mazo es intrigante. Hijo de un enemigo declarado de Salnas, quien como miembro del gabinete de Miguel de la Madrid fue uno de los contendientes que dejó en el camino rumbo a la candidatura del PRI a la Presidencia, no se entiende la lógica salinista, salvo que el objetivo sea causar un dolor de cabeza a Peña Nieto.

Alfredo Del Mazo padre es el principal asesor del gobernador mexiquense, y su hijo parece tener un largo futuro más allá de 2012. Medina, curiosamente, también está cerca de la familia Del Mazo, a través de Alejandro, un hijo menor que es su representante en el Distrito Federal. Todos ellos tienen fuertes conexiones personales con el ex gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, con quien Salinas trae una factura qué cobrar desde que optó por Zedillo en lugar de él.

La disminución de poder de Salinas no lo hace menos perverso y manipulador. Lo está haciendo con sus juegos de espejos en Nuevo León y el estado de México, y en la reconstrucción de sus viejas relaciones. No engaña a todos, pero sí a los suficientes que lo siguen viendo como un gigante. Los más sazonados en la política saben que Salinas no es el factor decisivo para 2012, pero que definitivamente, ruido y confusión, si puede crear.

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No le gustó al gobierno las imputaciones de Clouthier y le envió a la aplanadora azul. Pero las declaraciones de Clouthier no llevaban un solo destinatario, sino dos. Este, que es el PRI, no ha dicho nada, y la razón por la cual el diputado estalló en la prensa es precisamente porque el candidato del PRI al gobierno de Sinaloa es Jesús Vizcarra, a quien hace ya más de dos años que “Malecón”, la columna institucional del periódico El Noroeste, que es en buena parte de su familia, lo señaló de estar vinculado al narcotráfico, y el PAN le está allanando el camino al triunfo.

Vizcarra nunca atajó enérgicamente las imputaciones en “Malecón” ni las posteriores en la prensa nacional, porque consideró que eran infundios. Como era de esperarse, crecieron. Cuando hace tiempo circuló una vieja fotografía en la que aparecía junto con Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los jefes del Cártel de Sinaloa, no aclaró las razones de esa cercanía. Al republicarla el diario Reforma hace unas semanas,  se presentó en la PGR para pedir una carta de buena conducta, que fue un mero acto  mediático, pues la PGR no hace eso. Liébano Sáenz y Miguel Ángel Yunes, que en el pasado fueron acusados de actos ilícitos de envergadura, pidieron a la PGR que los investigara. Lo hizo, cruzó sus nombres en averiguaciones, los declaró y los eximió de cualquier responsabilidad.

El aspirante a la gubernatura de Sinaloa no hizo nada de esto. Más aún, Vizcarra no quiere enfrentar abiertamente las imputaciones. Se ha negado sistemáticamente a dar entrevistas y en una plática dijo que si llegaba a la gubernatura, pediría “en privado” al  gobierno federal que atacara al narcotráfico en su estado. ¿En privado?, se le cuestionó. ¿No sería mejor exigirlo abiertamente y deslindarse públicamente de “El Mayo” Zambada, de quien dicen en Culiacán es compadre? “Se enojaría”, respondió Vizcarra. Claro que se enojaría, se le dijo, pues a “El Mayo” le debe interesar que la gente crea que el gobernador es su compadre. Vizcarra insistió en la molestia que podría causar ese deslinde a Zambada. “Prefiero pagar costos en credibilidad que hacer el deslinde público”, ratificó.

Clouthier se refiere precisamente a esas oscuras realidades. “Sinaloa es un mugrero promovido desde el poder estatal”, dijo a la prensa, aunque se contuvo de señalar al gobernador, Jesús Aguilar Padilla, quien impuso a Vizcarra como candidato, como responsable directo de ese “mugrero”. El diputado panista habla abiertamente de la “narcopolítica” y de los “narcoempresarios” en su tierra, como dos ejes vinculados eficientemente a la delincuencia organizada, contra los que en el gobierno federal “no tocan ni el tronco ni la raíz”. Su afirmación toca heridas abiertas.

Si bien, como le refutó el gobierno federal, la guerra contra el narcotráfico sí ha tocado al Cártel de Sinaloa, el nivel de golpes no es equiparable al que se ha tenido contra otras organizaciones criminales. El Cártel Tijuana fue desmembrado y prácticamente desapareció; el del Golfo estuvo a punto de correr esa suerte, por lo que se corrió al sur de México y a Centroamérica para sobrevivir; al de Juárez y los Amezcua, les han detenido a prominentes miembros de las familias que los encabezan; hay una cacería contra la Familia Michoacana; a los Beltrán Leyva les eliminaron y anularon a sus dos principales dirigentes. El de Sinaloa es diferente.

Desde que en octubre de 2008 arrestaron en la ciudad de México a Jesús “El Rey” Zambada, jefe de las operaciones en el centro del país, no ha habido ningún otro golpe de esa magnitud a Sinaloa. Aunque se ha detenido a sicarios prominentes del cártel, las cabezas siguen sin ser tocadas: “El Mayo” Zambada, Ignacio Coronel –quien ni siquiera está en el imaginario de los mexicanos- y Joaquín “El Chapo” Guzmán –venido a menos, pero quien jala la marca de esa organización-. La percepción popular, reforzada por Clouthier, es que se manejan con una libertad que no tiene el resto de los criminales.

Clouthier ha sugerido que desde el gobierno federal podría haber un acuerdo con el poder político en Sinaloa. ¿Acaso un pacto para que el PRI gane la gubernatura? El mejor candidato que pudo haber tenido el PAN, con posibilidades de triunfo, era Heriberto Félix, pero el presidente Felipe Calderón le cambió el destino al hacerlo secretario de Desarrollo Social. Clouthier quiso ser candidato, pero ni Calderón ni el líder del PAN, César Nava, le dieron el apoyo. Sin candidato fuerte, el PAN camina hacia la derrota en un estado donde la última elección presidencial todos sus candidatos perdieron salvo Felipe Calderón.

Sinaloa no es una elección como las otras 11 donde se pone en juego el gobierno estatal. Desde esas tierras se construyó la narcopolicía, se fortaleció la narcopolítica y florecieron los narcoempresarios. En una de las pláticas con Vizcarra, cuando se defendía de las imputaciones de vínculos al narcotráfico, se le dijo que el momento en que se encontraba, la percepción era más fuerte que la realidad, y que si no aclaraba todo, se convertiría en un “narcocandidato” y luego en el “narcogobernador” de un “narcoestado”. Prefirió el silencio. El PAN se irá con un candidato para perder y el gobierno sigue sin golpear la cúpula del Cártel de Sinaloa. Luego se indignan que Clouthier les diga con palabras lo que han mostrado con hechos.

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Calderón tiene en su jefe de gabinete a un secretario que va por la libre y a un líder nacional del partido en el poder que se conduce como si estuviera en la oposición. Gómez Mont dijo que no tiene porqué informar al Presidente de todo lo que hace -aunque ello implique la redefinición de la política económica y la relación con la oposición-, y se enfrentó al poliburó panista encabezado por Nava, al cual tampoco alertó sobre los deseos de Calderón para buscar otras opciones. A ambos se les puede señalar haber estado equivocados en sus diagnósticos y sus apuestas, pero en el desenlace del sainete entre ellos, la responsabilidad final recae en el Presidente.

Indignado por la manera como el conflicto entre sus dos principales operadores políticos giraba a favor de Gómez Mont, Calderón autorizó a sus colaboradores y a miembros del gabinete a contar la historia de cómo el secretario de Gobernación lo traicionó. Unos buscaron  periodistas y otros aceptaron hablar abiertamente de un tema que habían esquivado. Por órdenes presidenciales rompieron la institucionalidad y sacaron literalmente, toda la ropa sucia palaciega al tendedero de la opinión pública.

Con la información y el mandato que les dio el Presidente, narraron con detalles la hoja de ruta del desencuentro entre Calderón y Gómez Mont, sus omisiones -como informarle de un acuerdo que no era menor sino fundamental-, su rebeldía -Calderón le pidió no hablar al Consejo Ejecutivo Nacional para argumentar su rechazo a las alianzas-, la forma incriminatoria como redactó su carta de renuncia al PAN -que exhibió al Presidente-, y les soltó la boca para que describieran su estado de ánimo en contra de su jefe de política interna. “El Presidente lo quiere despedir, pero necesita las condiciones para ello”, dijo un secretario de Estado.

La operación fue un éxito. El martes, tras el cúmulo de información alimentada por el propio Calderón, Gómez Mont se atoró en contradicciones cuando explicó en varias entrevistas sus motivos. Olía a muerto. Pero del ataúd, que descansaba en la fosa del cementerio político, Calderón dio una nueva instrucción: bajar el perfil de la exposición del secretario y hacer un nuevo control de daños, antagónico al que días antes había ordenado. En una entrevista con una televisora local, el Presidente habló de la lealtad de Gómez Mont -aunque en privado diga lo contrario-, con lo cual dio una bocanada de oxígeno al defenestrado funcionario.

En el área de urgencias del hospital político de Los Pinos, la ayuda a Gómez Mont le restó vida política al Presidente, quien se sumió en la esquizofrenia de su liderazgo y en la demostración que su Presidencia, por decir lo menos, es disfuncional. Si antes no pudo definir claramente qué rumbo quería tomar, enfrentar al PRI en las urnas, o trabajar con el PRI en las reformas de largo plazo, menos después del affaire. Si antes  no ejerció liderazgo para que el enfrentamiento entre Gómez Mont y Nava quedara circunscrito al cerrado círculo de Palacio, después quedó como rehén de los dos, en una dinámica que mantiene hoy en día confundidos y consternados a muchos panistas.

Calderon probó carecer de la autoridad que se requiere para que una administración opere institucionalmente. El daño está hecho. Su esquizofrenia en la conducción del affaire sembró más dudas que cuando comenzó hace una semana y media. Autorizó negociar las alianzas, pero luego se arrepintió. En lugar de reprobar a tiempo, trató de cubrir las apariencias. No pudo controlar a sus operadores políticos y se quedó pasamado ante las primeras centellas que salieron del encontronazo. Mandó a una jauría a aniquilar a Gómez Mont y luego reculó. Ordenó decir al público que él no sabía nada de lo que había acordado Gómez Mont, y luego lo calificó como un funcionario leal que cumplió con las tareas encomendadas. En el afán de embarrarle bálsamo a su viejo amigo, lo que logró fue meterse él mismo en el pantano, donde la verdad fue lo primero que se ahogó. Para quien observa las cosas desde afuera, es un tiradero lo que hizo el Presidente.

La política tiene su principal sustento en la certidumbre del compromiso. Si Gómez Mont ofreció su palabra y no la pudo cumplir, deja de ser interlocutor válido. Peor aún, en el descontrol del episodio, dejó exhibidos a gobernadores y dirigentes priistas, que confiaban en la discrecionalidad de su gestión. Si Nava fue excluido de uno de los compromisos tejidos por el secretario de Gobernación, también lo fue el resto del PAN. El Consejo Ejecutivo Nacional se fue a enterar por la prensa de los detalles de una negociación que se había hecho a sus espaldas, con lo cual pasaron a ser de actores de reparto. A diferencia del PRI, el PAN nunca se consideró brazo electoral del Ejecutivo, como quedó ahora de manifiesto ante la manipulación gubernamental.

Es normal que en gobiernos y partidos haya discrepancias profundas y se luche por hacer prevalecer una posición. Lo que no es normal es que sea a la vista de todos y se comprometa a todos los interlocutores. Cuando esto sucede, aquellos con quienes tienen relaciones pierden la confianza por la falta de seriedad que muestran. Cuando pierden el respeto, la posibilidad de establecer compromisos se evapora. Para un gobierno, es el inicio de una pesadilla, pues la funcionalidad que debe tener se rompe. Decía un secretario de Estado la semana pasada que la Secretaría de Gobernación no podía ser manejada con arrebatos. Hoy se podría argumentar lo mismo de Calderón: no puede gobernar con arrebatos. La falta de ligerazgo y autoridad de Calderón lo llevó a una disfuncionalidad institucional que encogió a su gobierno, a su partido y, sobretodo,  a él mismo como Presidente.

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Primera factura: la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo. Un incendio en una guardería subrogada por el Seguro Social a un grupo de socios privados, entre ellos familiares de varios funcionarios del gobierno del entonces mandatario Eduardo Bours, provocó una reacción del gobernador que después lamentaría. Reveló a la prensa que una de las propietarias era familiar de la primera dama, Margarita Zavala, en un intento por desviar la atención que se estaba focalizando sobre los parientes de sus colaboradores. Bours sintió una reacción política inmediata, recordó en ese entonces, pero hasta ahora se sabe que no fue represalia presidencial.

La instrucción del Presidente fue apegarse a la vía jurídica. Inclusive, cuando llegó Calderón a Hermosillo y lo recibió el director del Seguro Social, Daniel Karam, le dio una orden: no le importaba de quién resultaran familiares los socios, quería que la ley se aplicara. Otra instrucción fue para el secretario de Gobernación: el énfasis tiene que ser en el contacto con la gente. “Gómez Mont incumplió la instrucción”, dijo un miembro del gabinete. “Se dedicó a pelarse con Bours y a tensar las cosas”. Los intentos por obtener la versión de Gómez Mont, fueron inútiles.

Entre los líderes de la oposición la fama de Gómez Mont como secretario de Gobernación no era la mejor. “Es más litigante que político”, dijo un dirigente perredista. “Una vez le dije que hasta extrañábamos a (Juan Camilo) Mouriño”, dijo un líder priista. Pero esa percepción, no se sabía hasta ahora, también cundía dentro del gabinete, que ha tenido un proceso catalizador en su contra por lo que se considera que le dio la espalda al Presidente en el tema de la alianza en Oaxaca.

Segunda factura: la mesa alterna con el sindicato de electricistas. Cuando el gobierno federal estaba terminando de aplastar a la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, surgió una propuesta desesperada del liderazgo por instaurar una comisión mediadora entre el gobierno y los agremiados. La instalación de esa mesa debía haber sido propuesta desde un principio, pero el dirigente Martín Esparza se pensaba con mayor fuerza. Cuando esta no emergió, buscó la mediación, que fue bien recibida por Gómez Mont en una declaración a la prensa.

Al día siguiente, cuando el secretario del Trabajo Javier Lozano la descalificó tajantemente, Gómez Mont le habló para reclamarle. Lozano le reviró que hubiera respaldado esa mediación fuera de tiempo. Las cosas no pararon ahí. Tantas veces se reunieron en Gobernación el SME y los mediadores, la línea política que recibieron los electricistas era seguir presionando a Lozano para buscar su desgaste y, eventualmente, su salida de la Secretaría. Los intentos por obtener la versión de Gómez Mont, fueron inútiles.

Jugar a espaldas del gobierno, en momentos críticos como fue todo el proceso de liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza, tampoco había sido revelado anteriormente. Fue un antecedente de lo que más adelante descubrirían en Los Pinos, cuando el Presidente le preguntó a Gómez Mont si en verdad, como le habían informado, había negociado con el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, un acuerdo de apoyo a la Ley de Egresos a cambio de que no se diera una alianza electoral en esa entidad. Gómez Mont, aceptó que no había informado ni al Presidente ni al líder del PAN, César Nava, pero una fuente cercana al secretario dijo que Nava sí sabía.

Tercera factura: el pronóstico de que el PAN perdería la elección en 2012. Los problemas que venía teniendo el presidente Calderón con Gómez Mont desde sus choques públicos con Bours, se recrudecieron tras las elecciones federales en julio. El secretario de Gobernación fue invitado por el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios para que les diera una perspectiva política. Para su sorpresa, Gómez Mont les dijo que para las elecciones presidenciales de 2012, lo que veía era un gobierno de “centro izquierda”. El auguro llegó a oídos de Calderón, quien sin embargo no hizo nada por atajarlo. Los intentos por obtener la versión de Gómez Mont, fueron inútiles.

Gómez Mont siguió descabezando precandidatos panistas a la Presidencia. Cuando en una ocasión le preguntaron sobre si veía intenciones de contender del secretario de Educación, Alonso Lujambio, respondió irónicamente que cada vez notaba que se peinaba más. Cuando la pregunta fue sobre el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, dijo que su propio cargo le ponía una serie de limitantes naturales. Gómez Mont no se refirió a ningún otro miembro del gabinete, dejando entrever a quien lo escuchaba que no veía a nadie más en el equipo calderonista en el horizonte 2012.

¿Para quién estaba trabajando finalmente Fernando Gómez Mont? Él insiste que para el Presidente, y que por esa misma razón no renunció al cargo de secretario de Gobernación. En Los Pinos y en el gabinete dicen que para el Presidente, Gómez Mont no está trabajando. ¿Malentendido? ¿Líneas de mando cruzadas? Fuera del gabinete, las opiniones sobre Gómez Mont son positivas. “Si él se va, el Presidente se quedará sin el único secretario que es capaz de disentir de él y argumentarle”, dijo una persona que los conoce bien. “Si no tiene esa voz a su lado, se aislará aún más en ese equipo que es muy poco sofisticado y educado”.

La sobrevivencia de Gómez Mont dentro del gabinete está en entredicho. La última palabra la tendrá el presidente Calderón, pero vista la forma como el mundo calderonista le está cayendo encima, cada día se hará más difícil que él mismo pueda convivir internamente. Lo tienen aislado y ha perdido interlocución. Igual le sucede con el PAN. Que la tenga hacia el exterior, ya no le alcanza. O al menos, por lo que señalan en Los Pinos, su tiempo se acabó.

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