Crímenes a sangre fría documentados para YouTube, guerra propagandística de mantas. Decapitados y colgados. “La Barbie” escaló en la pirámide de los sicarios, por ser inquebrantable. Su nombre se hizo leyenda después de que a un desertor del Ejército que trabaja con Los Zetas, le metió un balazo en la cabeza tras interrogarlo y difundió la imagen en un video que le dio la vuelta al mundo. Desde ese momento comenzó a utilizar formatos gráficos que empleaban los terroristas en Afganistán e Irak para amedrentar a sus enemigos.

Responsable de la plaza de Acapulco, con incidencia en Morelos, Valdés Villarreal se asentó, para vivir y operar en los municipios mexiquenses al norponiente de la ciudad de México. Ahí recibió una amplia protección institucional que extendió a sus colaboradores. Uno de ellos es José Jorge Balderas Garza, saltó a la fama como “El J.J”, como lo apodaron unas mujeres argentinas que lo pronunciaban “Jey Jey”, cuando disparó a la cabeza del futbolista paraguayo Salvador Cabañas, en diciembre en un bar del sur de la capital federal.

En sus primeras declaraciones ante la policía federal, que lo detuvo esta semana, “La Barbie” corroboró que en efecto conocía a Balderas Garza. Más aún, relató que tras el atentado recibió una llamada telefónica de él en busca de ayuda. “Me habló al día siguiente, pues eso fue en la madrugada”, recordó. “Lo regañé por lo que hizo, pero ya había pasado”. Y como lo había hecho varias veces en el pasado, lo protegió. Durante tres meses lo escondió en una oficina que tenía Valdés Villarreal en el estado de México, en todo el corredor que sus distribuidores de cocaína para la alta sociedad y el espectáculo, como Balderas Garza, manejaban.

El estudio de caso de la forma como la estructura criminal de “La Barbie” se fue metiendo en ese segmento de élite de la sociedad mexicana, está dibujado por Francisco José Barreto, quien el 24 de enero pasado vio en el Bar Bar a Balderas Garza, a quien conocía como “El Batman” -por una ala de murciélago tatuada en la espalda- desde 2008, cuando le disparó en la cabeza a Cabañas. Los delincuentes eran clientes frecuentes del antro, al sur de la ciudad de México, donde acudían estrellas de telenovelas, futbolistas, empresarios y periodistas.

“La Barbie” le dijo a la policía federal que Balderas Garza conocía a Cabañas. “Paco” o “El Contador”, como se conoce a Barreto, lo corroboró en su declaración ante las autoridades del Distrito Federal. Barreto, quien era un acompañante permanente de “El Batman” en sus incursiones nocturnas al antro, también iba siempre con él al baño, por lo que les sugerían siempre si eran homosexuales. No se sabe que lo fueran, pero esa madrugada, después de que Cabañas entró al baño minutos después de Balderas Garza, Barreto también lo hizo.

Testimonios de un empleado de limpieza del bar revelan que ambos se hicieron de palabras por el reclamo de “El Batman” a Cabañas sobre su pobre desempeño como goleador. Cuando Barreto cruzó la puerta, sin conocer ese antecedente o saber si Cabañas amenazó a “El Batman”, escuchó que Balderas Garza le decía a Cabañas: “Yo soy quien te va a dar en la madre”. En ese momento, recordó, su amigo tenía agarrado del cuello a Cabañas, quien era más bajo que “El Batman”, y observó que tenía apuntándole con la otra mano la pistola calibre .25 que siempre llevaba al cinturón.

Balderas Garza iba dos veces por semana al Bar Bar, donde lo conocían dueños, empleados y clientes. Barreto dijo que esa misma noche lo saludó un artista que hace comerciales de televisión para una empresa telefónica, y que solía charlar amistosamente con otro artista al que conocía como “El Muñeco”, y con un joven cantante que previamente había pertenecido a un grupo juvenil. Fue novio de Silvia Irabién, conocida como “La Chiva” durante su paso exitoso por el Big Brother, con quien tiene una hija, y a quien todavía en diciembre de 2009, contó Barreto, le daba dinero. Amigo de futbolistas, eran asiduos al bar. Incluso, cuando la selección mexicana ganó su pase al mundial en Honduras, al regresar esa noche de Tegucigalpa varios integrantes del Tri fueron directo a celebrar al Bar Bar.

“El Batman” distribuía la cocaína en la alta sociedad en las zonas de Polanco, las Lomas y Tecamachalco, donde vivía, y según se desprende de las declaraciones de Barreto, era adicto a las drogas. En su narración dice que tras dispararle a Cabañas salieron en dos automóviles que se separaron kilómetros adelante en el Periférico, pero que después le habló por teléfono, para preguntarle qué había sucedido. Al contestarle, un poco dubitativo, admitió “Paco”, Balderas Garza le respondió: Ora, hijo de tu puta madre, qué viste, qué pasó”. Le describió lo que había pasado. “Tú viste, tú eres el único testigo que tengo; tengo que matarte”, lo amenazó.

Barreto comenzó su huída pero “El Batman” realmente no lo abandonó. Le envió a su esposa 100 mil pesos. “La Barbie” tampoco dejó a Balderas Garza a su suerte. Lo protegió, lo escondió. ¿Qué hizo con él? No se sabe todavía. Pero el atentado a Cabañas afectó la distribución de la cocaína en el poniente afluente de la ciudad de México y comenzó a dejar al descubierto la penetración de la estructura criminal en la alta sociedad mexicana. “El Batman” vivía sin problemas en Tecamachalco; sus cercanos, que iban esa noche con él, en el exclusivo Bosque Real, en Huixquilucan; su equipo de seguridad, a quien les pagaba entre 12 mil y 15 mil pesos mensuales, trabajaban en la Agencia de Seguridad Estatal mexiquense y también entregaban cocaína a los distribuidores como Balderas Garza.

La saga de “El Batman” era un libro abierto, sin poderse completar. “La Barbie”, que tenía una fuerte debilidad por la gente del espectáculo, quizás empiece a llenar las páginas blancas de este culebrón alterno de la guerra contra las drogas.

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El misterio se encuentra confinado en la sala de interrogatorio donde se encuentra, y probablemente se lo llevará a Estados Unidos, su destino como ciudadano de ese país, una vez que termine de aportar a las autoridades mexicanas toda la información que están buscando. En México, donde los matones de varios cárteles lo persiguieron para asesinarlo en el estado de México y en Nayarit, y fueron ajustando cuentas con su red de sicarios y de protección institucional en Morelos y Guerrero, no pudieron llegar a él antes que la policía, pero nada está escrito definitivamente. A “La Barbie”, enemigos y antiguos aliados, lo consideran un traidor.

En el Cártel del Golfo nunca le tuvieron confianza. Era gringo y aunque hubiera trabajado para ellos en el trasiego de drogas en su natal Laredo, en Texas, siempre se tuvo la sospecha de que era un agente estadounidense infiltrado en “La Compañía”, como se define esa organización criminal. No cuajó su permanencia en Tamaulipas, y cuando a nombre del Cártel de Sinaloa llegó Joaquín “El Chapo” Guzmán a disputarles la plaza de Nuevo Laredo –por donde cruza más del 70% del comercio a Estados Unidos y empieza la supercarretera del Tratado de Libre Comercio que va hasta Canadá-, Valdés Villarreal no tuvo mayor problema en saltar de bando.

Amoral, violento y sanguinario, fue enviado a Monterrey, donde conoció a Arturo Beltrán Leyva, a quien junto con su hermano Héctor le habían encargado la plaza. Rápidamente se distinguió como sicario y los Beltrán Leyva lo enviaron a Guerrero, donde el Cártel del Golfo y su brazo armado, Los Zetas, querían apoderarse de la plaza. “La Barbie” inició en Acapulco una nueva época de narcopropaganda, cuando difundió un video donde interrogaba a cuatro zetas, dos de ellos militares, y a uno de los cuales, al terminar de hablar, le dispararon a sangre fría en la cabeza.

A base de terror peleó contra los tamaulipecos y Los Zetas, con lo que las plazas del narcotráfico se elevaron de temperatura. Tanto que, reveló el periódico The Dallas Morning News en junio de 2007 citando a fuentes de la DEA, todos los jefes de los cárteles se reunieron en Cuernavaca, el bastión de los Beltrán Leyva, para enfriar los campos de batalla. Valdés Villarreal narró el episodio a la Policía Federal durante su primer interrogatorio, y afirmó que no se pusieron de acuerdo. Varios de los participantes en aquél encuentro, como el propio Arturo Beltrán Leyva e Ignacio Coronel, se encuentran muertos. Otros siguen en activo, y el único que fue extraído de esa batalla, por la vía de la detención, es “La Barbie”.

¿Fue el informante de la DEA en aquella reunión? ¿Tenían razón en el Cártel del Golfo cuando dudaban de él? Nadie, salvo él y los estadounidenses lo saben. Hay evidencias circunstanciales que él pudo haber estado revelando información a la inteligencia estadounidense, pero no hay nada más. La Jornada publicó este martes la sospecha de ello, sin dar mayores datos que una declaración de fuentes anónimas de la Marina, evidentemente molestas al quedar exhibidas indirectamente porque sus comandos entregan narcotraficantes muertos y “La Barbie” salió vivo.

Otro episodio que arroja sospechas sobre Valdés Villarreal lo narran fuentes de inteligencia mexicanas que tuvieron acceso a información de la DEA. El episodio es de diciembre de 2007 también en Cuernavaca, de una reunión entre Arturo Beltrán Leyva y Heriberto Lazcano, “El Lazca”, el jefe de Los Zetas, donde forjaron una alianza para combatir al Cártel de Sinaloa y a todas las organizaciones que se encontraban bajo el paraguas de la llamada “Federación”. Ese encuentro fue reportado en tiempo real a la DEA a través de mensajes de texto, donde uno de sus  informantes estaba en ese lugar. Para que alguien pudiera tener ese acceso, debía haber sido muy cercano a uno de los capos ahí presentes. Lazcano, hasta ahora, no ha estado expuesto a una operación para su detención, lo que sugiere que no se han dado filtraciones en su entorno. No es el caso de Beltrán Leyva, que después de ello estuvo a punto de ser detenido en al menos dos ocasiones.

La DEA proporcionó a la Marina el año pasado los pormenores del lugar donde se encontraba Arturo Beltrán Leyva en Morelos, para que de una vez por todas lo detuvieran. Fueron por él a una casa en Tepoztlán, pero se escapó. Se refugió en Cuernavaca, en el departamento donde vivía, que muy poca gente conocía y que no se encontraba en el radar de propiedades que le habían rastreado las autoridades mexicanas. La DEA, a través de sus informantes, ubicó el lugar y lo entregó a la Marina para una operación conjunta. Esa tarde de mediados de diciembre, Beltrán Leyva murió, y su hermano Héctor, quien manejaba las finanzas del cártel, acusó a “La Barbie” de haberlo traicionado.

En su declaración inicial ante la Policía Federal, Valdés Villarreal dijo que ese día le habló por teléfono Beltrán Leyva, su jefe, y le pidió que lo ayudara a escapar de los marinos, que lo tenían cercado. Pero “La Barbie” se comportó de una manera como no suelen actuar en las mafias. Como él mismo reconoció en el interrogatorio, en lugar de ir a tratar de rescatarlo, le dijo que se entregara. ¿Lo entregó a la DEA y a la Marina como acusan los hermanos del capo muerto? Tampoco se sabe, pero despierta las sospechas.

Tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva se disolvió ese cártel. Héctor Beltrán regresó con sus compadres del Cártel de Sinaloa, hoy llamado Cártel del Pacífico, que le dieron soporte militar para acabar con “La Barbie”. Crearon el Cártel del Pacífico Sur para perseguirlo en Guerrero, Morelos y la zona metropolitana de la ciudad de México. Sergio Villarreal “El Grande”, que tenía la relación con los colombianos, lo comenzó a cazar también en la zona. “La Barbie” intentó reconstruir su propia organización, llamado el Cártel de la Sierra Sur, pero sus secuaces fueron cayendo, como sucedió con José Gerardo Álvarez Vázquez, apodado “El Indio”, quien era el brazo derecho de Villarreal. Al final, del brazo armado del caído Beltrán Leyva, sólo quedaba Valdés Villarreal, que salió sin un rasguño de su epopeya criminal y con el pie en la escalerilla de un avión hacia Estados Unidos para un nuevo futuro.

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Calderón presentó esos compromisos que le darían cuerpo y contenido a su gestión. En dos (cobertura universal de salud y reforma regulatoria de acuerdos o reglamentos) se puede afirmar que los cumplió sin cortapisas; en otros dos (austeridad y finanzas públicas y combate al crimen) se puede alegar que el cumplimiento fue relativo; y en el resto (combate a la pobreza, educación de calidad, reforma económica, reforma de telecomunicaciones, reforma laboral y reforma política), se puede argumentar que falló.

El Presidente puede certificar su avance en la cobertura universal de salud, al haber alcanzado este año a 90 millones de mexicanos, y un incremento en el seguro popular de 16 a 37 millones. De acuerdo con el secretario de Salud Pública, José Ángel Córdova, se espera cubrir a todos los mexicanos el próximo año. La misma valoración de le puede dar a las reformas en acuerdos y reglamentos, que se ha aplicaron en el año, y que tuvieron fuerte impacto en el sector financiero, como regulación a aseguradoras, fondos de pensión y cambio de divisas.

Sin embargo, el Presidente está jugando con sofismas. En los spots promocionales de su cuarto informe de gobierno, dice que gracias a las reformas económicas, se pudo paliar la crisis financiera mundial. En realidad, no fueron esos avances económicos los que contribuyeron a salir del hoyo en el que se encontraba el mundo, sino la serie de modificaciones regulatorias en el campo financiero, que figuraban en otro apartado. Amarrado al mismo esfuerzo se encuentra el compromiso de austeridad y finanzas públicas.

En el momento en el que lo planteó, el diagnóstico del gobierno sobre la crisis no había dimensionado su profundidad. Cuando se procesó el riesgo para México, negociaron un presupuesto favorable para el gobierno con el PRI a través de compromisos políticos con las secretarías de Gobernación y Hacienda, con el argumento que el ingreso petrolero no iba a ser suficiente para enfrentar la crisis, y que se necesitaban impuestos. El PRI se los dio, y se obtuvo un presupuesto de emergencia. Pero la austeridad se llevó al campo político, al secar Hacienda las finanzas públicas de los estados gobernados por el PRI y retrasar las participaciones federales hasta que pasaran las elecciones del 4 de julio.

La combinación de factores –crisis y elecciones- que no contemplaban los parámetros presidenciales en los 10 compromisos, le ayudan a dar resultados positivos, sin tener que dar ninguna explicación, como el poder presumir 100 mil millones de dólares en la reserva, que nunca se habían tenido, sin aclarar porqué con tantos recursos, hay tantos sub ejercicios en la administración pública.

El Presidente tiene varios pantanos en su gestión. Este año presentó una iniciativa de Ley de Competencia Económica para combatir los monopolios, uno de sus ejes centrales cuando llegó a Los Pinos. En efecto, ha luchado contra todos los monopolios menos uno, Televisa, al que beneficia abiertamente.

El ejemplo más obsceno es la Ley de Telecomunicaciones que se conoce como la Ley Televisa, empresa con la cual, para efectos prácticos, ha decidido co gobernar, al convertir  sus pantallas el principal vehículo de propaganda del gobierno federal. Lo último que hizo en su apoyo fue la aprobación de la asociación de Televisa con Nextel, para que la empresa de televisión pueda dar telefonía y entrar al llamado triple play, que le niegan a TV Azteca y a Telmex.

Pero si ese retroceso fue deliberado, hay otros que no. En educación, el rezago está contribuyendo a la formación de una generación de analfabetas funcionales, donde  43.2% de los mayores de 15 años no terminaran la enseñanza básica y casi seis millones son analfabetas. A la pobre educación se añade su mala calidad, que impacta el mercado laboral. Calderón presume haber creado 500 mil nuevas plazas de trabajo, aunque no aclara que se habían perdido 700 mil el año pasado. Falta explicación sobre los sectores en donde se han generado. De otra forma, se puede alegar que las decenas miles de personas que participaron en el censo, están incorporadas en esa estadística, por lo cual el dato oficial es tramposo.

El gobierno también buscaba una reforma laboral, pero fue sepultada a la semana que el PAN presentó la iniciativa, y ante tanto conflicto sindical y la creciente oposición política al secretario de Trabajo Javier Lozano, es probable que esa reforma no salga siquiera salga en el resto del sexenio. La falta de reforma ha servido como pretexto para no detonar el empleo, pero no explica la proletarización de los mexicanos.

En este año, nada pudo evitar que la pobreza empeorara y eliminara los avances de la primera parte de este siglo. En este sexenio la pobreza regresó prácticamente a los niveles de 2000, cuando se atrapaba a 24.1 millones de personas. En 2006, cuando arrancó el gobierno de Calderón, se dio la cifra más baja, 13.8 millones, que hoy ha escalado a 22.

Tampoco puede presumir avance político. Fue un año de forcejeo y demolición de acuerdos políticos. Se alió con sus enemigos en 2006 para derrotar al PRI, el único partido con el cual, por número, puede aprobar en el Congreso las reformas que quisiera. Los buscó para dialogar y los rechazaron. “Calderón se pintó de guerra”, dijo un priista. Y los priistas están haciendo lo mismo.

En su cuarto informe de gobierno, el Presidente volverá a subrayar los avances en la lucha contra el crimen, como las recientes medidas para el combate al lavado de dinero. Pero su discurso de victoria se apoya en la estadística fría y en los análisis prospectivos sobre la base de experiencias similares en el mundo. Se podría decir que la medicina es la correcta, pero no se sabe si el paciente vivirá: más de 20 mil muertos define esta lucha, en términos convencionales, como una guerra civil.

Es el cuarto informe de gobierno. El Presidente no tiene mucho de qué presumir, aunque nos diga lo contrario.

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El coordinador de la bancada, Francisco Rojas, explicó que son herramientas de trabajo necesarias para no ser analfabetas funcionales. Pero los priistas están a la defensiva. Parecen avergonzados de lo que hicieron, e inclusive dentro del propio partido hay críticas a Rojas y quejas por la decisión. No sorprende. Los mexicanos, que nos caracterizamos por tener una gran inteligencia emocional, aunque no siempre alcanza sus niveles la inteligencia racional, nos encanta entrar en los debates sobre la espesa capa de la superficialidad.

Si se publican as fotografías del cumpleaños del presidente Felipe Calderón en la revista Hola!, nos partimos el alma para increparle que porqué está festejando si el país está pintado de rojo. Si se acercan las Fiestas Patrias, nos desgarramos el corazón para decir que no tenemos nada que festejar porque el país está pintado de rojo. No importa si el festejo, austero, contrasta con otros similares, o si una conmemoración que sólo se hace cada 100 años, es más grande que la coyuntura.  Estamos plagados de observaciones epidérmicas, sin contexto, sin profundidad, sin ubicar las cosas en su justa dimensión y señalar, contrastar, disentir, criticar e incluso oponerse tajantemente en lo importante. Qué fácil ubicamos el debate en los trivial y modificamos la realidad.

La discusión sobre el I-Pad de los priistas es un gran estudio de caso. Las I-Pad no son los relojes Rolex que dio la Cámara de Diputados a los 500 legisladores en 1989, y que sólo un puñado devolvió cuando se convirtió el regalo navideño en un escándalo. Las I-Pad son un dispositivo que tendría que ser entregado a todos los diputados, senadores, asambleistas a nivel federal y local. No es solamente una herramienta que les permite estar conectados con el mundo, sino que puede facilitar el trabajo legislativo a través de comunicación en tiempo real, y tener un impacto económico que lejos de costarle a los contribuyentes, beneficia al presupuesto. Este punto lo saben todos quienes utilizan los dispositivos móviles, incluidos con seguridad la mayoría de los críticos de la iniciativa.

En términos económicos se puede plantear la experiencia fallida en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde hace pocos meses se presentó un proyecto para dotar de I-Pads a todos los diputados. La idea se descarriló porque el diputado que tenía que presentarla no supo explicarla, lo que fue muy lamentable. La ALDF gasta anualmente 8 millones de pesos en 66 síntesis de noticias para sus legisladores y 30 más para los funcionarios, que no incluye el costo laboral de quienes la producen todas las madrugadas. La ALDF propuso 500 mil pesos para comprar I-Pads, que equivale al  gasto aproximado de un mes, y con lo que resolvía el gasto total del año y de los siguientes de la legislatura. La crítica a la iniciativa se centró en el “lujo” de las I-Pads, un argumento falaz que no fue desmantelado, pues esas nuevas computadoras se ubican entre las más baratas en el mercado.

La mercadotecnia de Mac se apoderó de las mentes de los legisladores y los medios: como Mac es estatus, adquirir una I-Pad con dinero del presupuesto es un pecado mortal por el cual tienen que pagar quienes osen tomar la iniciativa. Eso le está sucediendo a Rojas. Las I-Pads de los priistas costaron un millón 659 mil pesos, que es el valor estimado de mercado de lo que salen las síntesis de noticias individuales al mes. Anualmente, sólo en cuanto a diputados priistas, el gasto en síntesis es de casi 20 millones de pesos a valor de mercado. Si se extrapola la entrega de I-Pads a todo el Congreso, los contribuyentes pagaríamos cuatro millones 750 mil pesos para que tuvieran sus síntesis electrónicas, en lugar de los 42 millones de pesos estimados que se gastan hoy en ellas a valor de mercado.

Incorporar las nuevas tecnologías al servicio público no es una tontería. Quienes las usan han disminuido sus tiempos de comunicación y reducido los tiempos de respuesta interpersonal, eliminando inercias burocráticas y abriendo oportunidades inimaginables. Hay aplicaciones, como la obtención de libros electrónicos, que si se hiciera lo mismo  en las universidades, se democratizaría exponencialmente el conocimiento a bajo costo. En los parlamentos podrían desarrollarse dispositivos para consulta en las comisiones, distribución de documentos y hasta para el voto, disminuyendo costos administrativos, gasto en insumos y tortuguismo.

Pero si el debate es trivial en el campo abierto, contribuyen a ello también los políticos, como algunos líderes priistas que anunciaron demagógicamente que regresarán las I-Pads por razones económicas. La República ilustrada que queremos no puede permanecer anclada  en el remedo panfletario que tenemos. La confrontación debe ser de ideas, proyectos y programas, no de emociones o pasiones. La discusión tiene que ser seria, no repleta de epifanías. Se necesita el abordaje crítico a los asuntos públicos, donde la premisa no sea ganar popularidad, audiencias y apoyo. Así no gana nadie y  nos hacemos tontos. Tampoco crecemos y como sociedad, nos pudrimos.

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El concepto de los “ninis” fue acuñado por sociólogos españoles para caracterizar a toda una generación entre 18 y 34 años que no tenía acceso ni a la educación ni al trabajo, que fueron marginados del desarrollo y que vivían en la incertidumbre y la apatía. Las discusión entre Narro y Lujambio, más allá del betún metodológico que es el punto de discordia, no puede quedarse en el viejo ejercicio de la confrontación política y el arreglo a partir de llamadas telefónicas entre ellos para reducir los decibeles públicos de sus reproches y hacer como que no pasó nada. Al contrario.

Una vez que este debate se acaloró por la prominencia de los actores, se tiene que entrar al fondo de la discusión porque el fenómeno mexicano de los “ninis” atraviesa transversalmente a la sociedad y su impacto alimenta la metástasis del narcotráfico. Como botón de muestra está el dato que el 64.4% de las personas asesinadas durante la guerra entre los cárteles de la droga en 2008 y 2009 tenían entre 16 y 35 años de edad, teóricamente el segmento más productivo en la economía. O sea, poco más de siete mil mexicanos de los 11 mil caídos en esta guerra civil durante el periodo que, como hipótesis de trabajo, se puede plantear que son parte de la reserva de asesinos que están siendo reclutados por la delincuencia organizada.

Hay 7.5 millones de personas en edad universitaria sin acceso a la educación superior, y 2.4 millones adicionales no pudieron ingresar al bachillerato. Sólo en la UNAM se rechazaron en el último examen de admisión unos 105 mil jóvenes, lo que significó que sólo uno de cada 10 pudo ingresar a la Universidad Nacional. En este caso se ubica el 85% de las instituciones de educación superior, de acuerdo con los indicadores de la Asociación Nacional de Instituciones y Universidades de Educación Superior (ANUIES), que ante la carencia de mayores instituciones de calidad comprobada han surgido de una manera asombrosa: 80% de incremento de planteles en los últimos cinco años, y 45% de crecimiento en su matrícula.

Pero ni con los bajos niveles de calidad educativa que reducen aspiraciones salariales hay plazas en el mercado laboral. Según los datos de la Secretaría de Trabajo al tercer trimestre de 2009, 917 mil personas entre 18 a 24 años no consiguieron trabajo. Además, se calcula que al menos un 20% de quienes tienen niveles universitarios, necesitan de un segundo empleo para completar el ingreso para satisfactores básicos, porque la calidad del salario para su preparación y necesidades es mala. Esta  marginación constituye un caldo de cultivo importante para las bandas criminales, cuyo impacto se aprecia en algunas partes del país.

Por ejemplo en Culiacán, donde hace una generación la sociedad no dejó mezclarse a los narcotraficantes en su comunidad, hay un fenómeno creciente inverso ante la falta de oportunidades para los hijos de aquellos a quienes sus padres protegieron. Como dice una madre, “prefiero que mi hijo viva plenamente aunque sea poco, que viva mucho tiempo mal”. Priscila Vera, directora del Instituto Mexicano de la Juventud, afirma que llegan a un punto a nivel nacional, donde “no les importa vivir cinco años más, mientras viva bien, mientras disfrute la vida“. Esa dinámica social ha permitido que los cárteles contraten sicarios con facilidad ante la ventana de dinero en forma inmediata. Entre los jóvenes reclutas en Tamaulipas, muchos de ellos “ninis”, el Cártel del Golfo ofrece como primer salario mensual por acciones menores, 800 dólares, y ese pago se puede duplicar en menos de 100 días y multiplicarse al año.

La profundidad del fenómeno social delictivo de los “ninis” se puede explorar como hipótesis de trabajo a partir de las edades en que inician su actividad criminal. El 42% de los sicarios detenidos por la Policía Federal tiene entre 20 y 30 años; el 21% entre 30 y 35; y el 20% menos de 20. En efecto, 83% de los delitos (78% es narcotráfico en ese grupo, 11% es secuestro y otro tanto en posesión de arma) son cometidos por menores de 35 años. Una introspección a la deficiencia de las políticas públicas se aprecia a partir de diferentes parámetros: de dónde sale la mayoría de los sicarios.

Según las mismas estadísticas de la Policía Federal, Michoacán, Guerrero y el estado de México son los principales productores de asesinos. Los tres, curiosamente, figuran históricamente dentro de las cinco principales plataformas migratorias hacia Estados Unidos, lo que sugiere que la falta de políticas públicas en esas entidades (como en empleo) es endémica. En el desagregado de datos, el 50% de los sicarios detenidos pertenecían a La Familia Michoacana, que añade más complejidad y alarma al problema por las características de ese cártel que tiene arraigo social derivado de su componente religioso, doctrina combinada con cursos aspiracionistas, y la enorme influencia del magisterio en el corredor de la Costa Grande de Guerrero a Michoacán.

Cada vez es mayor el grupo social de jóvenes metidos a delincuentes, al igual que la velocidad como avanzan del robo a la parte alta del crimen, que es el narcotráfico. En el pasado reciente, ese traslado podía llevarse un mínimo de seis meses. Hoy, puede ir de dos meses máximo, a 72 horas mínimo como en Ciudad Juárez. En esos grupos, los valores se han trastocado. No tienen ningún interés en formar una familia ni en tener un sentido de trascendencia. Para qué. Según el Centro Binacional de Derechos Humanos en Tijuana, la expectativa de vida de un joven que se enrola con los narcotraficantes, es de tres años. Lo saben y no les importa. Siguen siendo material indispensable en los ciclos naturales de reclutamiento. Narro y Lujambio, por la puerta de atrás, iniciaron un debate fundamental para el futuro mediato de México. Hay que quitarle sonoridad e inyectarle profundidad. A todos nos conviene.

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Una introspección a la vida cotidiana de los policías y soldados en México permite entender episodios tan dramáticos como el que se ve en el video sobre el secuestro del presidente municipal de Santiago, Nuevo León, Edelmiro Cavazos. El video, difundido por el gobierno estatal, muestra cómo su jefe de seguridad nocturno vio llegar un convoy de seis camionetas a las que en lugar de dar la alerta dialogó con el jefe de ellos, que con una arma larga se metió en la casa del edil, lo sacó de la cama y se lo llevó para matarlo. ¿Cuánto recibiría el escolta del narcotráfico de manera regular? ¿Cuánto le habrán pagado por haber entregado a quien se suponía debía defender de todo? ¿Cuánto costó la vida de Cavazos?

Ante tal penetración criminal en las instituciones, no hay manera eficaz y en plazos imaginables de darle la vuelta al combate al narcotráfico, porque el enemigo no está afuera, sino en casa. El principal campo de batalla no está en la confrontación contra los jefes de la mafia y sus ejércitos de la noche, sino con la tropa que está en la primera línea de fuego, policías, soldados, comandantes y jefes. Si a ellos se les entrega el destino de uno, lo que está sucediendo realmente es colocar dócilmente la cabeza en la guillotina. Ser decapitado por la filosa hoja es cuestión de tiempo.

Pero ver la corrupción de los cuerpos de seguridad como un asunto exclusivamente cultural, puede ser muy injusto. Así como hubo coordinadores dentro de la PGR que decidieron venderse al Cártel de Sinaloa en la llamada “Operación Limpieza”, también hay quienes son colocados en condiciones socioeconómicas tan precarias, que lo sorprendente es que no haya más penetración criminal en las instituciones.

Por ejemplo, han habido jueces que ganan seis mil pesos al mes a quienes abogados de delincuentes les ofrecen un maletín con 300 mil pesos para que libere a su cliente; no tiene opción: si se niega lo matan. Hay soldados, como los que se encuentran comisionados en Ciudad Juárez, que ganan seis mil pesos al mes, duermen en tiendas de campaña a la orilla de la carretera y reciben 30 pesos diarios para comer. Son los mismos que todos los días ven mantas del narco donde los invitan tramposamente a sumarse a ellos para mejorar sus ingresos, su alimentación y su vida.

El secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, elaboró desde 2008 un índice de deterioro policial, a partir de la media salarial y la canasta básica en cada plaza, donde muestra cuánto necesita pagar en promedio la delincuencia organizada para tener a su servicio a un policía. Inspirado en el Índice Big Mac que diseñó el semanario británico The Economist para medir el poder de compra en el mundo, la tabla elaborada muestra también la “susceptibilidad mensual de corrupción”. En los estados de mayor violencia derivada del narcotráfico, la vulnerabilidad de los cuerpos de seguridad ante las bandas criminales, es extensa:

1.- En Chihuahua, donde se concentra la mayor parte de las muertes en los tres últimos años, el déficit salarial de un policía era de casi 30%, lo que significa que estaban a dos mil 360 pesos de ganar el mínimo necesario para un nivel de subsistencia. Por ese estado atraviesa el 70% de la cocaína hacia Estados Unidos, la droga que da los enormes márgenes de utilidad a los cárteles. Frente a ello, salarios de ocho mil pesos al mes son realmente ridículos. Sólo como ejemplo, al sicario que colocó el coche bomba recién en Ciudad Juárez, le pagaron siete mil pesos por hacerlo.

2.- En Durango, el déficit salarial es menor de 7%, pero con sueldos mensuales que no llegan a los seis mil 500 pesos, el costo de corromper a la fuerza policial municipal, si sólo se les pagara el diferencial en el déficit salarial, le costaría al narcotráfico menos de 20 mil pesos mensuales.

3.- En Nuevo León, que es uno de los estados donde más altos salarios tienen los policías, se ubicaban en 11 mil pesos, lo que les genera un déficit de 37% frente al poder de compra estatal. Con menos de cuatro mil pesos suficientes para completar el gasto mínimo necesario de un policía bastaría para un cártel para tener a su servicio a un agente. Se han dado casos de que ni siquiera necesitan invertir esa cantidad; por mil 500 personas tuvieron a un operador de planta de radio que cada vez que querían transportar la droga por Monterrey, él enviaba a las patrullas lejos de la ruta de los narcotraficantes.

Hay entidades donde el costo de corrupción de la fuerza policial es mayor, pese a que también cargan con déficit salarial. La entidad donde los costos son más elevados para la delincuencia organizada cuando quieren comprar policías, son el Distrito Federal, estado de México y Veracruz, por los controles y la supervisión. En la capital del país los policías ganan unos cuatro mil pesos menos de lo que necesitan para subsistir. En algunos casos cobran menos por un servicio particular, pero no es tan común. Generalmente cuesta mucho más, como fue el asesinato del jefe de la Policía Federal, Édgar Millán, que costó 90 mil pesos para el autor material, además de alrededor de los 200 mil mensuales que le daban al comandante que lo entregó.

Según la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el déficit salarial nacional era de mil 46 millones de pesos mensuales, y si se homologaba el costo de vida (sobre una tasa de 10 pesos por dólar), la susceptibilidad mensual de corrupción subía 46%, o sea, a mil 537 millones de pesos. Pero si presupuestalmente se resolviera esa diferencia, ¿se eliminaría la corrupción? La respuesta exige contestar otras preguntas como ¿qué tanto es económica la corrupción? ¿qué tanto es por miedo? ¿qué tanto es cultural? No sabemos.

Lo que sí sabemos es que hay decenas de policías que trabajan para delincuentes, que son criminales ellos mismos y que, si no se encuentran las coordenadas efectivas para combatir la corrupción en los cuerpos de seguridad, matar fácil y barato en México seguirá siendo una realidad.

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Bloqueos en las calles y lanzamiento granadas contra medios de comunicación son los nuevos recursos empleados por la delincuencia, que a través del efectismo –no del enfrentamiento armado- inyectaron de pánico a los neoleoneses, que respondieron con presiones a las autoridades. En el colofón de una semana de desafíos –y búsqueda que se modifique la cacería contra los narcojefes-, renovaron el asesinato de funcionarios públicos. Esta semana, la víctima fue el alcalde panista de Santiago, a 30 kilómetros al sur de Monterrey, Edelmiro Cavazos fue secuestrado en su casa el lunes por un comando de 15 hombres y asesinado tres días después. Sobre de él no había ninguna sospecha de estar vinculado al narcotráfico, y tampoco pertenecía al grupo de ediles bajo investigación por presunta vinculación a bandas criminales.

El crimen de Cavazos es una escalada más en la lucha que se libra en el campo de batalla llamado Nuevo León, por lo cual los grupos empresariales y la sociedad en general, han pedido la renuncia de Medina y se han volcado en su mala gestión como si fuera ella el detonante de la violencia. El gobernador es ingenuo, muy desconocedor del tema de la violencia y, sobretodo, ignorante de qué estado le habían dejado. El alto nivel de degradación institucional y los factores exógenos de los realineamientos de cárteles que hasta hace unos meses eran aliados y hoy enemigos -literalmente- a muerte, han elevado significativamente el número de muertos -que habla de la calidad de la violencia- entre 2007 y 2010, cuando subió de 107 en todo el año, a 279 en el primer semestre de 2010.

Medina asumió la gubernatura sin saber que la PGR había advertido en 2007 al entonces gobernador de Nuevo León González Parás, de la descomposición en su estado, al haber permitido que la corrupción institucional abriera la puerta a cárteles de la drogas que iban a disputar la plaza. Nuevo León, y en particular Monterrey y los suburbios connurbados más afluentes, habían sido escogidos como páramos por las familias de los narcotraficantes, y estaban dominadas en ese momento por el Cártel de Sinaloa, a través de los hermanos Arturo y Héctor Beltrán Leyva, su lugarteniente Édgar Valdés Villarreal, “La Barbie”, y su pariente, Jaime Gamaliel Valdés, detenido en 2006.

El informe confidencial del CISEN, en lo que se sustentó la advertencia de la PGR a González Parás, establecía actividad criminal relevante en 12 de los 51 municipios que tiene el estado: Monterrey, Guadalupe, Santa Catarina, Anáhuac, San Nicolás de los Garza, Cadereyta, Linares, Santiago, Salinas Hidalgo, Vallecillo, Cerralvo y Parás, que son cruzados por las principales rutas de transporte de droga o son áreas residenciales de las familias de narcotraficantes. La sociedad neoleonesa, particularmente en la zona metropolitana de Monterrey, no protestó por la llegada de personas sin pasado con recursos abundantes en líquido, y les permitió incorporarse a sus escuelas y clubes, sin importar que sus hijos departieran socialmente con los suyos. Los niveles de violencia  en 2007 aún no les quitaban el sueño.

Para 2008, la cifra de 107 muertos bajó aún más (78 en todo el año), pero no como resultado de los esfuerzos gubernamentales, sino porque hubo un realineamiento de los cárteles. Los Beltrán Leyva rompieron con el Cártel de Sinaloa y forjaron una alianza con Los Zetas y el Cártel del Golfo, con quienes previamente habían estado disputando varios de los municipios en conflicto. Esa relación contuvo el número de muertos en 99 el año pasado, pero la cifra se disparó en 2010.

La razón principal también es exógena: la muerte de Arturo Beltrán Leyva en diciembre pasado llevó a su hermano Héctor de regreso al Cártel de Sinaloa, al tiempo que el Cártel del Golfo rompió con Los Zetas. Los jefes del Cártel del Golfo, Jorge Eduardo Costilla, “El Cos”, y el hermano de Osiel Cárdenas, Ezequiel, “Tony Tormenta”, que eran los responsables en Nuevo León, comenzaron a pelear con Los Zetas y con los remanentes de Arturo Beltrán Leyva, que entre otros municipios, controlaba el de Santiago.

Medina no tenía mucho espacio para moverse. Se entregó al Ejército para que fueran los militares quienes desarrollaran los planes. Sus defensores dicen que las estrategias puestas en práctica tardarán tiempo en mostrar resultados, mientras sus detractores presionan al gobernador de diversas maneras, inclusive exigiendo su renuncia. Ni los grupos más poderosos ni la sociedad hicieron lo mismo con González Parás, y cuando sintieron que la violencia podía tocarlos, en 2008, le pidieron en cambio al presidente Felipe Calderón que les autorizara permisos de portación de armas para las guardias blancas que habían  contratado. El ajuste de la nueva realidad, por las dinámicas de la propia delincuencia organizada, rebasó sus propias iniciativas de seguridad y se pusieron en manos del gobierno federal.

Con la creciente violencia en las zonas urbanas de la zona metropolitana de Monterrey y el asesinato del alcalde Cavazos, los empresarios publicaron este miércoles en varios periódicos de distribución nacional un desplegado donde le piden al Presidente el envío de tropas al estado. El propio secretario de gobierno de Nuevo León, Javier Treviño, explicó en una entrevista con el The Wall Street Journal, que la presencia de los militares es necesaria por el alto nivel de penetración criminal en las policías locales. Llegaron a su límite en Nuevo León y no pueden más. El costo político lo está pagando  Medina, quien aparece como incompetente e incapaz de restaurar la tranquilidad en el estado que le heredaron podrido. Habría que pedirle cuentas de ello a González Parás. Hacerlo no resuelve el problema actual de la violencia, pero sería una advertencia que la era de la impunidad de políticos negligentes e irresponsables, tocó a su fin.
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Castro, el legendario líder de la Revolución Cubana que se quedó analíticamente atado al pasado, tiene volcada a la opinión pública mexicana en su contra porque a partir de una reflexión sobre el episodio de los videoescándalos en 2004, hizo un elogio del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, y una crítica al proceso electoral en el cual ganó Felipe Calderón. No hay intentos por entender la razón de esa reflexión en un momento aparentemente sin coyuntura que perjudica más a López Obrador por las mismas razones ideológicas, ni explorar los senderos de la política y la diplomacia para explicar los motivos del comandante.

De hecho, Castro podría tener más motivos de insatisfacción con López Obrador que con otros de los actores que menciona en su reflexión. El ex candidato presidencial, que comparte con Castro una visión social de la política, pero es lejano por cuanto a  formación ideológica, religión y cosmogonía, no quiso ser parte de un juego político de La Habana para vulnerar al gobierno de Vicente Fox y lastimar a Calderón en la campaña, al rechazar recibir de agentes de la inteligencia cubana, 40 horas de grabaciones con el empresario Carlos Ahumada, con los detalles y los nombres de todos aquellos funcionarios y empresarios que conspiraron para descarrilar su candidatura presidencial. En pocas palabras, no se prestó a sus intereses.

En cambio, Castro tenía una estrecha relación con el ex presidente Carlos Salinas, uno de los principales arquitectos de la conspiración, no sólo en agradecimiento por haberlo ayudado con petróleo y renegociación de la deuda externa cubana con México durante su gobierno y por haber servido como puente con el ex presidente Bill Clinton por un problema de refugiados, sino también por haber servido como promotor de inversiones extranjeras en la isla. A Salinas no le permitió invertir, como menciona Castro, porque representaba intereses económicos anglosajones, que el ex presidente quiere llevar ahora a Cancún, pero le permitió adquirir una propiedad cuando vivió en autoexilio durante el gobierno de Ernesto Zedillo, y siempre que va a Cuba -donde nació su último hijo, Jerónimo-, es recibido y tratado con la calidez que se le da a un amigo. Comparten sólidas amistades con personas que ambos respetan y quieren, Carlos Slim y Gabriel García Márquez.

La reflexión de Castro, un hombre viejo que se quedó en la Guerra Fría, pero no el senil como algunos lo describen, no deja de ser eso, un punto de vista que aporta muy poca información y mucha opinión, que viene de un político que aún sin tener las riendas del poder en sus manos sigue teniendo poder en Cuba, que es un país, sin embargo, hoy en día irrelevante para México. Cuba necesita más a México en términos geopolíticos, que viceversa. No es así con Estados Unidos, de donde México depende en más de 80% de su comercio y está injerto en su sistema productivo. Por eso, si la reflexión de Castro es realmente inofensiva, no es lo mismo la reciente declaración del embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, quien propuso sin petición de por medio,  estrategias para que el Ejército, la Policía Federal, gobiernos estatales y municipales vayan reduciendo la violencia. Pascual, que sí está en activo, descalificó la estrategia del gobierno federal y se entrometió abiertamente en los asuntos internos, sin que su exceso diplomático causara sorpresa o indignación en medios, partidos o el gobierno.

La propuesta de Pascual de ir creando perímetros de seguridad, sugiere militarizar el país, punto de vista que contradice totalmente las declaraciones del presidente Barack Obama sobre el tratamiento del problema del narcotráfico. Obama, al romper con la doctrina estadounidense aplicada desde el gobierno de Richard Nixon, afirmó que su gobierno ya no optaría por la solución de fuerza para enfrentar al narcotráfico, sino por la vía de la prevención a través de políticas públicas. Nadie ha pedido a Washington, como sí se ha hecho con La Habana, que clarifiquen si lo que dijo el embajador es la posición del gobierno de Estados Unidos. Hasta ahora, está claro que lo dicho por Pascual tiene el respaldo de su jefa inmediata, Hillary Clinton, la secretaria de Estado, y de Obama. Si pensaran que Pascual se salió de los temas de la agenda establecida por la Casa Blanca, habría sido desautorizado.

Pascual, que ha hablado con todos los actores políticos mexicanos, a muchos de los cuales ha expresado lo que piensa Washington que se tiene que hacer con el narcotráfico, puede operar como ni siquiera el embajador más intervencionista que ha tenido Estados Unidos en México en una generación, John Gavin, pudo atreverse siquiera. Gavin provocó marchas “por la dignidad” y la petición en el Congreso para que se le declarara personan non grata. Años después, cuando se pidió el placet para John Negroponte, se consideró negarlo por el antecedente de haber creado la Contra antisandinista en Honduras. A Pascual se le honra, se le rinde tributo y se le ha incorporado dentro del jet-set mexicano. Es un procónsul sin que nadie haya reparado en la etiqueta.

Sí han cambiado los mexicanos. La actitud de Pascual hace unos años hubiera sido impensable que se dejar pasar sin protesta o reclamo. Hoy, la diferencia de reacción pública entre él y Castro no puede entenderse en términos políticos -por la asimetría en la relación bilateral con sus países y por los niveles de relevancia-, sino en términos ideológicos. No es un juicio descalificador de las ideologías, sino una comprobación por la vía de los hechos. Como dijo un asesor del presidente Calderón recién inició el sexenio: “Lo que más nos sorprendió de los medios durante la campaña, era lo derechistas que se habían vuelto”. Castro y Pascual podrán decir: tiene razón.

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Calderón, de quien se esperaba que en el último tramo de su Presidencia buscaría un tema alterno al de la seguridad para construir el camino para que su partido mantenga el poder en 2012, optó por lo contrario. En las dos últimas semanas retomó el tema de la seguridad como la razón de ser de su Presidencia y buscó subir en el mismo barco a todos los actores políticos y sociales del país. Revigorizó su discurso contra la criminalidad y en los próximos días reincorporará a Los Pinos al subsecretario de Gobernación, Alejandro Poiré, para que encargue del diseño final de la estrategia sobre seguridad.

El Presidente está dispuesto a todo, incluida la posibilidad de rediseñar su estrategia contra la delincuencia organizada, que rechazó durante meses, con el propósito implícito de ganar consensos para esa lucha. Pero como no lo hizo en un principio, tampoco explica el porqué del cambio ofrecido. La guerra contra el narcotráfico ha sido muy pública, pero a la vez, las razones completas de su origen se mantienen en secreto. El detonante fue una plática que tuvo como Presidente electo con el entonces gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas, quien le fue casi a suplicar que lo ayudara pues el narcotráfico se había apoderado de su estado. Cárdenas, confirmaron colaboradores de Calderón, le dijo que le había pedido varias veces al presidente Vicente Fox que ese respaldo, pero siempre lo ignoró.

Decenas de municipios en Michoacán estaban bajo el control de los cárteles del Golfo, Los Zetas, Sinaloa, los Valencia, la Familia Michoacana e Ignacio Coronel. Ahí se producía mariguana, era el principal punto de entrada de los precursores de las metanfetaminas, y se habían instalado los principales mega laboratorios para producir drogas sintéticas. Los narcotraficantes tenían en sus nóminas a policías, políticos, empresarios y periodistas, y Michoacán era una especie de laboratorio para la creación de un narcoestado. De la denuncia vino el diagnóstico, y de ahí la decisión de hacer de la seguridad una de las prioridades de su administración.

Calderón tenía pensado como los ejes de su gobierno la infraestructura y el desmantelamiento de los monopolios, particularmente el de la televisión. El primero se mantuvo, pero el segundo fue rápidamente dejado, primero por la falta de legitimidad que tenía al tomar posesión y necesitaba de la televisión, y luego porque el mariscal de esa batalla, Juan Camilo Mouriño, se entregó a Televisa, cuando lo rescataron política y públicamente luego que el ex candidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, diera a conocer documentos de presunta corrupción de él y su familia con Pemex.

La seguridad, en cambio, le permitió en un muy corto tiempo la legitimidad que no le dieron las urnas, y convirtió el tema en el eje de su discurso, de su propaganda y de toda su comunicación política. Su rendimiento comenzó a decrecer en la medida en que se incrementó la violencia, focalizada más del 50% en 12 municipios, pero extendida a poco más de 800, una tercera parte del país. Para Calderón, sin embargo, era un punto sin retorno. Decidió romper el equilibrio entre cárteles y de estos con los gobiernos, que privilegiaron el status quo para que la violencia no se extendiera, ante la evidencia de que el control territorial de los narcotraficantes no dejaba de crecer. Sólo en Michoacán y Tamaulipas, los dos primeros estados donde hubo operativos conjuntos en diciembre de 2006, había más de 120 municipios controlados totalmente por los criminales.

Calderón nunca pudo explicar persuasivamente porqué se enfocó en la seguridad, y su discurso se caracterizó por tener mucha carga voluntarista, ser regañón, y tener una estructura racional autoritaria. Jugó con conceptos (lucha primero, después guerra, luego lucha de nuevo), nunca definió claramente los términos de la victoria, ni supo incorporar a las Fuerzas Armadas en el combate, provocando su desgaste. Tampoco pudo ser un líder capaz de administrar a su gabinete, lo que provocó la batalla campal entre un procurador y el secretario de Seguridad Pública, la tensión entre los secretarios de la Defensa y de la Marina, y el que su ex secretario de Gobernación siempre optara por ir a contracorriente del Presidente.

Estadísticamente no hay ningún país que haya detenido a tantos narcotraficantes como México, ni que haya decomisado tantas armas, dinero, propiedades y droga. El gobierno hizo de ello una campaña de información tan masiva que se saturó y se convirtió en desinformación, al haber sido incapaz el Presidente de dar una narrativa a su cruzada. Los resultados son negativos, debido al desprecio del gobierno para construir consensos y explicar porqué 20 mil muertos, y en aumento, son necesarios para regresar a cero y que los cárteles no tengan control territorial.

El sentir de vulnerabilidad en los medios de comunicación del Distrito Federal tras el secuestro de periodistas de Televisa y Milenio TV, con el toque oportunista de los políticos, le dio al Presidente la oportunidad que nunca había tenido para que atiendan –en algunos casos patéticos  lo obedezcan- su llamado a que la lucha contra el narcotráfico es de todos. Ese momentum es el que ha aprovechado para relanzar su Presidencia y plantear esta guerra como la definición de su sexenio.

Pero no basta. Calderón tiene que ser más persuasivo, con ideas que convenzan, conceptos claros y definiciones concretas, para que su legado sea juzgado por los méritos de sus acciones y resultados, y no como una Presidencia que inició una guerra civil que se le fue de las manos. La primera prueba para ver si su mira es alta y tiene distancia será este primero de septiembre, cuando dé un crítico cuarto informe de gobierno. Ahí dibujará cómo quieren que lo recuerden los mexicanos.

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Para hacerse cargo de la seguridad nombró como secretario de Alejandro Gertz Manero, en la PGR llamó al general Rafael Macedo, y en el CISEN designó a Eduardo Medina Mora. Tercia de ases: Gertz Manero desmanteló el sistema de seguridad pública federal; Macedo permitió, por inacción, que capos del narcotráfico en la mira de sus policías, se escaparan ante la frustración de los agentes; Medina Mora destruyó la inteligencia humana (HUMINT) en el CISEN, al despedir a cientos de elementos. Entre los tres destruyeron un andamiaje edificado por años y durante su gestión, construyeron los cimientos de la violencia que se vive ahora.

Lo que sucedió durante la administración foxista fue la ruptura de “equilibrios” –como volvió a escribir el ex Presidente en su blog- entre criminales. La vieja correlación de fuerzas entre las bandas de la delincuencia común se alteró de manera acelerada. Problemas estructurales en las Fuerzas Armadas ocasionaran que casi el 50% de la tropa desertara. Un grupo, el mejor entrenado, capacitado por comandos especiales en el mundo, fueron contratados por el Cártel del Golfo, con lo que nacieron Los Zetas. En sus años también surgió La Familia Michoacana y se les escapó Joaquín “El Chapo” Guzmán de un penal de máxima seguridad, generando una suspicacia que aún arrastra el gobierno panista.

Durante el gobierno de Fox no hubo los muertos que hay ahora. Tampoco tantos detenidos, ni tantas armas y propiedades y dinero decomisados. Bajo las narices de su trío de ases, plazas controladas por un cártel, empezaron a ser disputadas por dos. Guerrero fue la primera, donde aparecieron los primeros decapitados, dos policías municipales, en Acapulco en 2005. Al año siguiente, para frenar al Cártel de Los Valencia en Michoacán, surgió La Familia y produjo la decapitación más publicitada, en un tugurio en Uruapan. Funcionarios con aroma de delito que salieron mal en Tamaulipas, llegaron al estado de México y de ahí se fueron a Ciudad Juárez, sin que su gabinete los frenara.

Tamaulipas y Nuevo León quedaron sacudidas porque más de un cártel pretendió quedarse con las plazas; Querétaro y Morelos, gobernados entonces por panistas, se volvieron paraísos de los capos del Cártel de Sinaloa. El procurador Macedo era visto cantando serenatas en restaurantes de la ciudad de México a la mujer que lo acompañaba a cenar. Gertz Manero estaba empeñado en encarcelar a Wilfrido Robledo, en ese entonces comisionado de la Policía Federal y a varios de sus lugartenientes, entre ellos Genaro García Luna, por haber adquirido un avión para la dependencia. Medina Mora se dedicó a hacer relaciones públicas con priistas.

Atribuirle todo a Fox sería muy injusto, y el mismo García Luna afirma que desde el gobierno de José López Portillo –toda una generación- no se invirtió en las policías. Pero Fox permitió que en su gabinete de seguridad campeara la negligencia y la irresponsabilidad. Gertz Manero destruyó la coordinación de seguridad en todo el valle de la ciudad de México que se creó durante el gobierno de Ernesto Zedillo para atacar en forma articulada entre varios gobiernos locales a la delincuencia común. Sirvió para frenar secuestros y robo de automóviles –para lo que fue principalmente diseñada-, pero el ex secretario de Seguridad Pública decidió que no había porqué mantenerla. Secuestros y robos de automóviles volvieron a florecer.

A nivel federal se creó la Federación, un mega cártel organizado para enfrentar al Cártel del Golfo y a su brazo armado, Los Zetas, que desde 2005 se desdobló en la nueva organización delictiva que modificó, para siempre, la calidad e intensidad de la violencia con la que actuaban esos grupos. En 2001, con el subsecretario de Gobernación para Seguridad, Jorge Tello Peón, de inspección en el penal de Puente Grande, Guzmán se escondió entre la ropa sucia y se escapó. Agentes de la PGR lo persiguieron por meses y lo ubicaron en la sierra de Durango, pero cuando pidieron autorización al entonces procurador Macedo para ir a detenerlo, les dijo que no, que lo haría el Ejército. Tres días después, un avión militar sobrevoló rasante sobre el sitio donde estaba Guzmán, quien lo debe haber entendido como mensaje porque  se escapó en helicóptero, rescatado por su compadre Ismael “El Mayo” Zambada.

Gertz Manero y Macedo siempre respondieron a las críticas con amenazas de demandas por difamación, para inhibir a críticos. Macedo es hoy procurador militar y se sigue enojando cuando se recuerda sus malos –cuando menos por erróneos- pasos por la PGR. Gertz Manero, diputado de Convergencia, suele ausentarse cada vez que García Luna es citado a comparecer al Congreso y nunca ha tenido el valor para increparle lo que a su espaldas afirma. Medina Mora está en el exilio dorado como embajador en el Reino Unido, pero dejó tan desmantelado el CISEN en el sexenio pasado, que la reconstrucción tecnológica, sistemas y aparato humano de inteligencia no ha podido ser terminado.

El ex presidente Fox no ha dejado de lanzar bolas de humo. Su ex vocero, Rubén Aguilar, ha llegado a proponer inclusive un pacto con los criminales, como si eso precisamente se hubiera hecho en el gobierno que representó con Guzmán, Zambada y compañía en Sinaloa. Pero ni uno, ni otro. No se trata de ignorar la discusión sobre legalización de drogas, restauración del estado de Derecho o pactar con criminales –como se hace en ciudades de Estados Unidos o de Japón, por mencionar a dos países-, sino de la autoridad moral del proponente.

Fox carece de esa autoridad porque él es, por omisión y comisión, arquitecto del desastre nacional en materia del narcotráfico al haber permitido que los cárteles de la droga, como nunca antes se les había permitido, se apoderaran de territorio nacional, generaran estados paralelos ante su negligencia, pasividad e irresponsabilidad política, y se convirtieran rápidamente en un problema de seguridad nacional que él, para hablar claramente, avaló.

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