Los muertos que están apareciendo en el país tienen destinatarios: Heriberto Lazcano, “El Lazca” o “Z-1” y Miguel Treviño, “Z-40”, jefes de Los Zetas, y Edgar Villarreal, “La Barbie”, quien era el jefe de los sicarios de Beltrán Leyva. A los primeros los está persiguiendo el Cártel de Sinaloa, en una alianza temporal con el Cártel del Golfo, que decidió romper con su viejo grupo armado; al segundo lo está cazando La Familia Michoacana, enfocando sus ejecuciones en el valle de la ciudad de México. Hay una reorganización de tareas dentro de los cárteles que apuntan al aniquilamiento de los grupos que provocaron la violencia descarnada, causante de que las fuerzas militares salieran a las calles a combatirlos, y que perjudicaron con la guerra declarada al negocio de las drogas.

Es decir, hay una operación de limpieza contra dos grupos aliados desde diciembre  de 2007, cuando la estructura operativa y logística de los cárteles de la droga se modificó por el acuerdo en Cuernavaca entre Arturo Beltrán Leyva y Lazcano, antiguos enemigos, para enfrentar unidos al resto de los cárteles en México. La alianza fue terrorífica. Beltrán Leyva utilizó como pretexto de su rompimiento con La Federación –que aglutinaba a todos los cárteles menos al Golfo y al de Tijuana- el arresto de su hermano Alfredo en diciembre de 2008, y pese a los mensajes que le envió que no había caído por una traición de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, Arturo Beltrán Leyva inició una cacería contra sus socios y compadres, con matanzas en serie.

Los Zetas hicieron su parte. Lo más dramático fueron los ajustes de cuentas contra sus viejos subordinados, La Familia Michoacana, que al romperse en cuatro y quedar divididas sus lealtades con Guzmán y Zambada por un lado, y Lazcano por el otro, provocó el desequilibrio del crimen en Michoacán, que tuvo su mayor expresión con las bombas que tiraron en Morelia durante la celebración del Grito de la Independencia en septiembre de 2008. Los Zetas nunca pudieron recuperar el control de Michoacán, pese a que perdió mucha fuerza La Familia Michoacana cuando sus líderes, los vinculados a Sinaloa y a Los Zetas, empezaron a ser detenidos. El gobierno federal rompió también el cobijo institucional, y aunque se tuvo que liberar a alcaldes y funcionarios por no tener suficientes pruebas para mantenerlos en la cárcel, varios de ellos –o como el prófugo hermano del gobernador Leonel Godoy-, fueron inutilizados como protectores de los cárteles.

Pero lo que llama la atención de esta cacería de Los Zetas y de la rama militar del Cártel de los Hermanos Leyva no es el sólo hecho de que los estén exterminando, aprovechando el vacío tras la muerte de Beltrán Leyva, ejecutado en diciembre por un comando de élite de la Marina en Cuernavaca, que dejó en orfandad a la organización y envuelta en disputas internas, o que haya desequilibrado la alianza táctica que tenía con Los Zetas. Lo más sorprendente es que parecería que la persecución y cacería de esos grupos tiene el aval del gobierno federal.

“Es como si estuvieran dejando operar a sus enemigos”, dijo un importante político. “Cada vez que un grupo va tras Los Zetas, es como si voltearan hacia otro lado”. Otro político de nivel, que coincide con esa apreciación, añadió que los soldados y los marinos, no están haciendo nada por impedir esa cacería. Por el contrario, de acuerdo con un alto mando federal, en algunas regiones del país, particularmente en Tamaulipas, los marinos están realizando operaciones que llegan a rondar en el escenario de guerra sucia. ¿Acaso hay una negociación con el gobierno para que se enfríen las plazas y se reduzca el nivel de ejecuciones que tanta zozobra ha generado en la sociedad y motivado la campaña en contra la guerra que realiza el gobierno federal contra los cárteles de la droga?

No hay nadie en el gobierno federal que reconozca tal posibilidad. Sin embargo, según fuentes militares, desde el asesinato de Beltrán Leyva y la respuesta de sus sicarios contra la familia de uno de los miembros del comando de élite que participó en la operación, hubo un giro. Las fuentes dijeron que el gobierno federal envió un mensaje al Cártel de Sinaloa, a través de los enlaces con La Familia Michoacana, para que la guerra no se hiciera personal y dejaran a las familias y la sociedad fuera de su teatro de guerra. Coincidentemente, ni se aceleró la búsqueda de “El Chapo” Guzmán, que según la DEA estaba a semanas de ser capturado, ni se ha detenido a Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, número tres de La Familia Michoacana, a quien ya se tenía ubicado en un perímetro de la sierra en aquél estado.

Lo que se ha visto posteriormente es el aniquilamiento de Los Zetas y de la estructura militar de Beltrán Leyva, encabezada por “La Barbie”. En efecto, siguen  las detenciones de bajo nivel de miembros de otros cárteles, pero la mayoría de los muertos pertenecen a ellos. Todos los ejecutados han llevado mensajes dirigidos a “La Barbie” y a los jefes Zetas. El primero abandonó su perímetro de seguridad y se encuentra en fuga, mientras los otros están enfrascados en batallas a morir contra los sicarios del Cártel de Sinaloa, que incluye Kaibiles guatemaltecos y desertores del Ejército Mexicano. Las fuerzas de seguridad federales están observando esta matazón, que si se consuma, hayan negociado o no con el Cártel de Sinaloa, sí tendrá probablemente como consecuencia, el enfriamiento de las plazas. De ser así, el control del negocio del narcotráfico en todo México lo tendrá un supercártel que seguramente será el que opera desde Culiacán.

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El rencor de Calderón con el PRI es proverbial. Alguna vez dijo que negociar con ese partido le daba asco. Cuando era diputado llegó al extremo de no saludar de mano a los priistas. En el caso de Peña Nieto, el sentimiento se ha magnificado. Por alguna razón tiene animadversión contra el gobernador mexiquense –su relación con los gobernadores priistas es cada vez más tensa y ríspida-, y las obsesión que había a principio de sexenio en contra de su adversario en la contienda presidencial, Andrés Manuel López Obrador, ha cambiado de objetivo. De qué tamaño debe ser el rencor acumulado por años para haber aceptado negociar una alianza electoral con quienes lo han insultado y no lo reconocen como Presidente, por encima de aquellos que le ayudaron a colocarse la banda presidencial.

Para ver esta definición hay que leer los mensajes políticos que están emitiendo sus cercanos, sus contextos y sus tiempos. Calderón ha animado o tolerado que desde su equipo más cercano descalifiquen a Gómez Mont y envíen el mensaje claro al PRI que el secretario de Gobernación ha dejado de ser interlocutor confiable con el  Calderón. Una secuencia muy dura de golpes lo dibujan:

1.- El domingo pasado en su columna en el diario Milenio, Juan Ignacio Zavala, cuñado de Calderón, con quien ha caminado un largo camino político y que goza de enorme influencia sobre algunos asesores claves en Los Pinos, como Alejandra Sota, que maneja la imagen presidencial, escribió un texto –“Armonía Relativa”- sobre el pacto de Bucareli, donde inventa un diálogo entre Gómez Mont, Nava y la líder nacional del PRI, Beatriz Paredes. En una parte “cita” la explicación del secretario de Gobernación a Nava sobre la conveniencia de firmar el acuerdo con Peña Nieto: “La idea es que logremos en esta mesa un acuerdo que le permita al partido de Beatriz Elena ganar las elecciones sin competir. Esto sin duda fortalecería la democracia”. O sea, Gómez Mont sería un calderonista muy peñista.

2.- El miércoles en su columna en El Universal, Salvador García Soto revela que el viernes anterior discutieron en Los Pinos Gómez Mont y el vocero presidencial Max Cortázar. Las palabras subieron tanto de tono que casi llegan a los golpes, escribió García Soto, al explicar que el motivo de tan agrio enfrentamiento fue el reclamo del vocero al secretario sobre su posición en el tema de las alianzas, que públicamente rechazó, con una acusación directa: “¡Traicionaste al Presidente!”. García Soto no revela la fuente de la información, pero está claro que provino de Los Pinos. Segundo mensaje a los priistas: Gómez Mont perdió la confianza en la Presidencia por trabajar para otros intereses. Este episodio no fue desmentido.

Gómez Mont, puesto a la defensiva, empezó a articular su defensa: que el pacto de Bucareli había sido para lograr la gobernabilidad. Paredes, ¿por coincidencia?, empleó la misma palabra, el mismo día, para rescatar su credibilidad. La similitud fortaleció la hipótesis de Zavala el domingo pasado, quien escribió otra frase imaginaria de Gómez Mont: “Lo fundamental es que se detengan las alianzas antinatura (como las llamó el senador priista Manlio Fabio Beltrones) y terminar de una vez con la competencia electoral en el estado de México. Sería un aporte a la gobernabilidad”.

Con ese contexto Nava, quien el martes había hecho una evaluación en el PAN sobre los costos que estaba pagando, sorprendió a su equipo el miércoles por la mañana al notificarles que iría a la Cámara de Diputados y hablaría en la tribuna. ¿No era ya mucho desgaste? Nava, quien no iba a tomar una decisión de esa naturaleza sin consultarle al Presidente, tomó la tribuna para desafiar a Paredes y retar a Peña Nieto. Volvió a restregarles a ellos y a Gómez Mont en la cara que el pacto de Bucareli era a cambio del incremento de dos por ciento al IVA. Paredes respondió, pero ella ya no es el objetivo. Es el gobernador mexiquense. Peña Nieto rehuyó al debate y se mantuvo como el único actor central en este escándalo que no ha explicado sus verdades y razones.

Peña Nieto ya cometió un error táctico y uno estratégico. El táctico fue haber detonado el escándalo, al revelar la existencia de un acuerdo escrito sin tener listo el control de daños, falla que lo tiene en el centro de la discusión. El estratégico es que ha mostrado dos veces miedo: al exigir un acuerdo firmado para que no se hicieran alianzas en las elecciones mexiquenses el próximo año, y al enviar al diputado Alfonso Navarrete a pedir la creación de una comisión que investigue el paso de Nava como director jurídico de Pemex, durante los tres primeros años del gobierno de Vicente Fox, para tender una cortina de humo que pueda cambiar el rumbo del debate.

En Los Pinos ya midieron a Peña Nieto y lo están centrando. Huelen sangre y van sobre la presa. Nadie sabe si la alcanzarán, pues lleva una gran ventaja. Pero lo que le puedan quitar a Peña Nieto será importante, si quieren estar en condiciones, dentro de dos años, de aspirar a que el PAN y el proyecto calderonista, logren una proyección transexenal.

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Paredes se ha encerrado en ella misma, desarrollando numerosas variaciones sobre el mismo tema. El martes en el Congreso abrió un largo y agrio debate al volver a decir lo que señaló desde la semana pasada, que el acuerdo no significaba un trueque por la aprobación de la Ley de Egresos, como denunció Nava. Desde un punto rigorista es cierto, pues ese intercambio no se incluyó en el documento que firmaron. Pero las dirigencias priistas saben que Nava no mintió. Y la revelación de la existencia del pacto, inclusive, le da sentido a varios incidentes que se dieron durante la negociación de la Ley de Egresos. Por ejemplo:

* El hecho de que contra toda práctica parlamentaria, la bancada del PRI no estableciera un diálogo con su contraparte en el Senado para discutir la Ley de Ingresos. “Todo lo mantuvieron en secreto”, dijo una fuente priista en el Senado. Los senadores Francisco Labastida, Jesús Murillo -secretario general del PRI-, y Rogelio Rueda, miembros del grupo de enlace con los diputados, fueron mantenidos en la sombra de lo que estaban realizando en el Congreso por parte del presidente de la Comisión de Presupuesto, Luis Videgaray, quien los convocaba a reuniones donde no llegaba pues al mismo tiempo negociaba bilateralmente con gobernadores. Llegó al extremo Videgaray de excluir por completo al diputado sonorense Jesús Cano Vélez, muy cercano al líder de los priistas en el Senado, Manlio Fabio Beltrones.

La minuta de la Cámara de Diputados llegó con la propuesta del incremento del IVA en dos por ciento, lo que motivó un rechazo automático del PRD y una oposición del PRI y del PAN. Con los panistas se hizo un trabajo de presión política sobre la mayoría que se oponía, encabezada por Santiago Creel. Ante los priistas, Hacienda dijo que había un boquete fiscal por 380 mil millones de pesos, y que si no se les daban esos fondos adicionales la economía se hundiría. Los gobernadores priistas se asustaron y celebraron un cónclave con los líderes del PRI en Metepec. En esa reunión, Beltrones preguntó tres veces: “”Díganme si hay algún acuerdo que hayan convenido”. Tres veces respondió Paredes que no había nada.

Los senadores, ante la petición de los gobernadores de que no tenían dinero para acabar el año -por falta de recursos ya habían suspendido los programas del Seguro Popular y Oportunidades-, optaron por apoyar un incremento de uno por ciento en impuestos, con modificaciones. Cuando se presentó la contrapropuesta, sucedió otro hecho que hoy cobra sentido:

* El líder de los panistas, Gustavo Madero, le exigió a Beltrones que el PRI votara los impuestos y que cumplieran con su palabra. En aquél momento Beltrones pensó que Madero actuaba con candidez, toda vez que quería que el PRI votara un paquete que ni el PAN estaba dispuesto a apoyar. La decisión priista de que 28 senadores se abstuvieran y sólo votaran los cinco restantes que eran suficientes para aprobar esos incrementos, es lo que argumenta Nava fue la ruptura del convenio de colaboración política firmado con Paredes.

* Todavía con desconocimiento del acuerdo, Paredes se presentó a mediados de enero en la plenaria de los senadores priistas, admitió que “los habían chamaqueado” y que tenían razón cuando alegaban que no había que creer en la palabra del gobierno. No entendieron, hasta recientemente, que la líder estaba realizando un control de daños, y que ese discurso probablemente fue motivado porque al ver que avanzaba la alianza electoral en Oaxaca, se dio cuenta que el acuerdo estaba roto.

En esos momentos, sugieren priistas, comenzó su operación de salvamento personal. En el equipo de Peña Nieto descubrieron que varias copias del documento firmado en Gobernación estaban siendo distribuidas a algunos periodistas y políticos. Quien primero lo señaló contundentemente fue Carlos Loret de Mola, el 25 de febrero en la parte final de su columna en El Universal. Pero una semana antes, en una entrevista de radio, Joaquín López Dóriga le preguntó insistentemente a Peña Nieto sobre el documento, y nunca negó su existencia. Hasta la semana pasada Peña Nieto decidió hacer público el pacto secreto en una entrevista de televisión programada hacía un mes con Adela Micha. La pregunta del porqué hizo estallar el escándalo, a sabiendas que también lo afectaría, fue respondida por uno de los cercanos a los líderes del PRI: “Entró en pánico al creer que Beatriz le iba a poner una trampa”.

No hay confirmación de que ello haya motivado en efecto a Peña Nieto a destapar el acuerdo, pero sí hay indicios de que Paredes ya venía trabajando en su contra. En una plática con el ex presidente Carlos Salinas sobre Peña Nieto, Paredes le dijo que no veía que tenía suficiente fuerza para llegar a la candidatura. Pero al mismo tiempo, declaró a la prensa que Peña Nieto era el único candidato que tenía el PRI para 2012, lo que obligó al gobernador y a Beltrones a mandar a Emilio Gamboa a declarar que había más aspirantes del PRI a la candidatura para evitar que se concentraran los ataques en el mexiquense.

Los priistas se han venido quejando que Paredes está jugando las cartas a favor del Presidente, no del PRI. De hecho, Calderón decidió remplazar la interlocución con el PRI que tenía con Beltrones desde octubre pasado, cuando optó por Paredes. A través de Paredes buscó la aprobación presupuestal y esta realiza el trabajo sucio de la casa presidencial contra Peña Nieto, a quien ven como el único adversario para 2012 y quieren descarrilarlo. La bomba que explotó Peña Nieto al revelar el pacto lo golpeó a él y a Nava, pero sobretodo a Paredes, a quien le cortó las alas, las pretensiones y los sueños de grandeza para 2012. Dentro del PRI no hay quien pida su cabeza. No hace falta; ya la perdió.

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La iniciativa del pacto, de acuerdo con priistas que conocen los dos lados de esa negociación, partió de la dirigente nacional, Beatriz Paredes, y de los gobernadores del estado de México, Enrique Peña Nieto, y de Oaxaca, Ulises Ruiz, quienes además de tener bancadas importantes en el Congreso, tenían la capacidad, por haber inyectado dinero a varias campañas de legisladores, de presionar diputados de otros estados para que apoyaran sus intereses. La primera ventanilla fue la de Carstens, quien al hablar con sus representantes sobre la necesidad de sacar adelante el incremento al IVA, sugirió que se podía ayudar a los gobernadores con recursos presupuestales adicionales para el cierre de su año.

El tema económico no era suficiente. Peña Nieto y Paredes, por un lado, y Ruiz por el otro, hablaron con Gómez Mont para sugerir una negociación integral sobre el presupuesto de Egresos. El secretario de Gobernación, según estos dirigentes priistas, se lo comunicó a Calderón, quien respondió con un “negocien” en general. El proceso arrancó en octubre sobre la discusión de los “cómos” de esa negociación, y fue cuando Gómez Mont se enteró lo que querían: un trueque de votos por la negativa a las alianzas electorales.

Calderón, según esta información, no estaba de acuerdo. “No me gusta eso”, dijo a Gómez Mont, según lo que ha trascendido. El secretario de Gobernación le respondió: “Nos sale barato, pues pensamos que iban a querer otra cosa”.  Calderón insistía en que “no iba a estar negociando esas cosas”, pero Gómez Mont, quien está en contra de las alianzas, respondía el poco costo político que eso significaba.

La negociación política seguía un curso incierto cuando los priistas acudieron a una cita con Carstens, Paredes y Luis Miranda, secretario de Gobierno del estado de México, en representación de Peña Nieto. La reunión no fue tersa, según recuerdan priistas, y en un momento amenazaron: “O es eso –el trueque-, o no habrá negociación”. Amagaron con retirarse de la oficina, por lo que el secretario de Hacienda habló por el teléfono rojo de la red presidencial con Calderón.

Carstens le expuso todo el drama que vivía en ese momento, por lo que Calderón, sin estar todavía convencido, aceptó que se siguiera con la negociación. Las reuniones se trasladaron a Bucareli, donde Peña Nieto pidió un convenio por escrito. Se le ofreció lo mismo a Ruiz, pero el gobernador de Oaxaca dijo que él “confiaba en la palabra” de los políticos. Con los acuerdos suscritos, los diputados votaron en octubre a favor de la Ley de Egresos. Paredes utilizó al coordinador de la bancada priista, Francisco Rojas, para impulsar la iniciativa en el Senado, manipulándolo para enfrentarse a su par en el Senado, Manlio Fabio Beltrones.

Rojas, a quien Paredes y sus cercanos le alimentaban la percepción de que lo ignoraban los senadores y siempre lo hacían de lado, se montó en el pleito contra los priistas en el Senado sin saber, hasta muy recientemente, que Paredes le  había tomado el pelo. Públicamente, los senadores priistas dijeron que rechazarían la minuta en los términos como llegaba, lo que generó una crisis con los gobernadores, quienes habían sido persuadidos por Paredes, Peña Nieto y Ruiz, de que al respaldarla tendrían, había ofrecido Carstens, dinero para pagar aguinaldos.

La presión de los gobernadores sobre el Senado llevó a Beltrones a una negociación interna. No al IVA, aceptarían un incremento de uno por ciento a impuestos en general, y no tendría el respaldo de toda la bancada, sino de únicamente el suficiente número de priistas necesarios para que se aprobara, con lo cual demostrarían el rechazo de la bancada al aumento de impuestos. Paredes, Peña Nieto y Ruiz sabían que ese no era el acuerdo. Inclusive, en el convenio firmado por la dirigente y Miranda, en representación de Peña Nieto, con el líder del PAN, César Nava, el compromiso es que los senadores votarían a favor de la Ley de Egresos, en los términos como llegaba a la Cámara Alta.

Al no suceder eso en noviembre, porque 33 senadores priistas se salieron del pleno en el momento del voto Nava, quien ya denunció el hecho, dio por concluido el acuerdo. Gómez Mont afirmó que nunca le informó que el acuerdo se había roto, lo que quedó claro cuando Nava comenzó a negociar la alianza en Oaxaca. Según información de altas fuentes panistas, Gómez Mont habló con el Presidente para que se mantuvieran los acuerdos en enero, y Calderón instruyó a Nava que propusiera al Comité Ejecutivo Nacional opciones alternas a las alianzas, inclusive candidaturas débiles o testimoniales.

Nava nunca lo hizo, y al ir avanzando la alianza en Oaxaca, el Presidente reclamó al secretario de Gobernación porqué “no había operado” bien con los panistas. Gómez Mont se defendió, y enfrente del mismo Nava utilizó palabras altisonantes ante Calderón para subrayar que el embrollo final dentro del PAN y el gobierno, era responsabilidad de su dirigente. La crisis no quedó sólo en el PAN. Dentro del PRI, un buen número de gobernadores se sienten engañados por Peña Nieto y Ruiz, y traicionados por Paredes. El dinero llegó a cuenta gotas, y Hacienda les ha venido retrasando las participaciones federales. Los reclamos contra Paredes son de molestia creciente, y su admisión que los “engañaron”, no es suficiente.

Esta historia de mentiras, trampas y simulaciones, no ha terminado. Sigue en curso con actores centrales que faltan por dar su versión, al final de lo cual se podrá hacer el verdadero recuento de daños y entender la magnitud de las consecuencias de un acto que, visto bajo la óptica de la ética política, es absolutamente indigno.

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Maciel era un hombre muy poderoso en México. Fundó los Legionarios de Cristo en 1941 y durante décadas construyó un mito, erigió escuelas, universidades, compró publicaciones, y desde la Vía Aurelia, una de las calles más viejas de Roma, levantó una orden que hoy tiene a 800 sacerdotes repartidos en 22 países, con una membresía calculada en 70 mil personas. Por las aulas de sus instituciones de educación media y superior pasaron los hijos de los más acaudalados y poderosos mexicanos, quienes como en el circo romano el César, tenían la capacidad de matar o perdonar. Bajo esa cultura, la sola idea del reportaje sobre Maciel desató su furia.

Lo que preparaba el equipo editorial encabezado en ese entonces por el periodista Ciro Gómez Leyva, hoy la figura más prominente del Grupo Milenio, no era un hallazgo. En New Haven, Connecticut, empezó a revelarse la historia negra de Maciel. Molestos los grupos económicos dominantes en la región por la compra las publicaciones católicas estadounidenses The National Catholic Reporter y Twin Circle en 1995, alentaron los  rumores de antiguos alumnos del noviciado sobre la pederastia de su fundador, que se convirtieron en un reportaje de primera plana del periódico Hartford Courant en febrero de 1997. Poco después La Jornada publicó los testimonios de los sacerdotes y ex religiosos que habían denunciado al diario estadounidense los abusos sexuales contra ellos cometidos por el padre Maciel.

Nada extraordinario había sucedido con La Jornada. En mayo, dos meses después de la denuncia original, CNI Canal 40 difundió un programa donde varios de los mismos denunciantes aparecieron por primera vez ante una pantalla de televisión para contar su experiencia. La decisión de ponerlo al aire sepultó una ola de presiones. En la víspera de la transmisión, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán, le pidió que no lo pasara, porque habría represalias y podría ser acusado de difamación. Antes, en la misma lógica supresora, el entonces rector de la Universidad Iberoamericana, Enrique González Torres, había advertido que “iban a creer que los jesuitas estaban detrás de eso”. A cuatro horas de que saliera al aire el programa, el superpoderoso secretario particular del entonces presidente Zedillo, Liébano Sáenz, le dijo a Moreno Valle que por el bien del país no lo transmitiera.

Había amenazas directas de dos empresarios, Roberto Servitje, de Bimbo, y Alfonso Romo, metido en ese entonces en cigarreras y en la bolsa, que si se transmitía el programa, habría un boicot publicitario, por lo que Moreno Valle tuvo una reunión con Gómez Leyva y con su segundo de a bordo, Marcial Ortiz, para decidir qué hacer. La decisión fue seguir adelante con el plan y la venganza fue devastadora: en cuestión de horas, tras la difusión del programa, se cancelaron contratos de publicidad por cuatro millones de pesos. Encabezados por Servitje y Romo, el sector privado realizó el boicot publicitario más agresivo desde que en 1972 hicieron lo mismo con Excélsior, en ese entonces dirigido por Julio Scherer. Excélsior, que tenía 54 años de vida, fue rescatado por el presidente Luis Echeverría; en el Canal 40, que acababa de nacer, Zedillo avaló el boicot. Si Echeverría le salvó la vida a Excélsior, Zedillo contribuyó a que se ahogara al Canal 40, que nunca pudo revertir los efectos del boicot hasta que cambió de dueño.

Desde el primer momento de la denuncia, los Legionarios de Cristo negaron todas las afirmaciones. Maciel dijo que eran “conspiradores” que querían minar su liderazgo. El silencio fue total. Sólo dos periodistas denunciaron lo que había pasado, pero el sol ya no se podía tapar. Casos de pederastia en Estados Unidos sin vinculación a Maciel, volvieron a ponerlo bajo los reflectores del escándalo, y Juan Pablo II ya no pudo seguir defendiéndolo. El cardenal Joseph Ratzinger, hoy Benedicto XVI, lo investigó y cuando asumió la Silla de Pedro, lo forzó a retirarse del ministerio público.

Marcial Maciel murió a principios de 2008 a los 87 años, y hubo quienes pretendían su canonización, pero la historia siguió abriéndose. Apareció una hija hace tiempo, lo cual comenzó a cimbrar a la congregación. Luego vino una denuncia por 26 millones de dólares de otro hijo de Maciel -que los Legionarios ubican com extorsión-. Después llegaron informes a los Legionarios de Cristo de otros supuestos cinco hijos y de dinero que utilizó para su beneficio particular, que tienen partido a los Legionarios.

Hoy viven una convulsión interna agravada por reportes de prensa donde se están ventilando nuevos episodios siniestros de su historia secreta. Hay un sector de los Legionarios que están pidiendo internamente cuentas a los financieros de la congregación, exigiendo que les expliquen el porqué nunca les dijeron nada, porque no les creen que estuvieran ajenos a los malos pasos de Maciel. Los empresarios no han hablado. Al contrario, están tratando de lavar su culpa. El caso más claro es Romo, soporte financiero de la publicación electrónica Reporte Índigo, cuyo director –Ramón Alberto Garza- que ahora flagela a Maciel, nunca quiso oír nada malo en contra de los Legionarios cuando dirigía Reforma. ¿Dónde están aquellos que asesinaron a CNI Canal 40 por un acto de fe? Escondidos, ciertamente. Pero deberían estar avergonzados de sus actos, dispuestos a rectificar la represión cometida, rendir cuentas sobre aquella conspiración del poder y cuando menos, ya que nada es reversible, decirle a Ciro, como cabeza editorial de aquél grupo: usted disculpe.

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Molinar ha tenido un serio revés para sus aspiraciones políticas. No lo esperaba hace unos días, cuando tras la crisis dentro del PAN por la renuncia del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont y la embestida que le lanzaron en Los Pinos y el gabinete, se apuntó para relevarlo. Desde sus oficinas salió la especie de que estaba empacando para irse a Bucareli,  y se dejó retratar en compañía del líder nacional del partido César Nava y del senador priista Mario López Valdés cuando estaban negociando una posible candidatura al gobierno de Sinaloa. Recientemente concedió una entrevista donde dijo que el cargo de secretario de Comunicaciones era eminentemente político.

Esa Secretaría le queda chica, como también le quedaba chico el Seguro Social. Pero fue el papel que le tocó jugar durante la primera parte del gobierno de Felipe Calderón, de cuyo cuarto de guerra durante la campaña presidencial formó parte activa, como un gladiador ante los rivales y un golpeador de adversarios. Aguardó su tiempo. Su llegada a Comunicaciones fue como un banderazo de salida, y  se puso a construir una base de apoyo electoral. Comenzó a cambiar cuadros técnicos en la Secretaría por panistas, sin importarle que los funcionarios entrantes no tuvieran idea del nuevo trabajo que se les estaba encomendando.

Molinar entiende del tema. Como académico estudió y escribió detalladamente sobre las bondades políticas que generó el Programa Solidaridad en el gobierno de Carlos Salinas, que rompió con los viejos pilares que habían sostenido al régimen –clientelismo y corporativismo- para remplazarlos por un sistema que eliminaba los intermediarios. A través del programa, Salinas construyó 150 mil núcleos de control político en el país, manejados por los delegados de la Secretaría de Desarrollo Social, quienes controlaban los recursos y los distribuían directamente, haciendo a un lado a los gobernadores y al partido.

Sin entrar en un modelo similar, que le toca operar y administrar a Sedesol,  Molinar siguió por la misma ruta. Entre sus primeras acciones en ese sentido fue el cambio de un alto número de ingenieros que eran responsables en áreas de infraestructura. Los cambios provocaron inquietud en el sector, y el pasado 2 de febrero el Colegio de Ingenieros Civiles de México le envió una carta solicitándole una cita para exponer lo que estaba sucediendo en el país. El párrafo clave en la carta que envió el presidente del Colegio, ingeniero Luis Zárate, dice:

“Hemos recibido comentarios de nuestros agremiados en referencia a que, dentro de la S.C.T. se están realizando cambios dentro de las áreas técnicas y los centros S.C.T. -que son las unidades de enlace a nivel nacional a cargo de la infraestructura carretera, aeroportuaria y de comunicaciones-, afectando con esto a ingenieros civiles mexicanos al ser sustituidos por profesionales de otras carreras, que por razón natural carecen del conocimiento técnico y la experiencia que se requiere para desempeñar adecuadamente sus funciones”.

Molinar ha hecho caso omiso a los llamados para una revisión sobre los nuevos responsables de áreas, por lo que ni siquiera se ha llegado al punto donde se podría dar una rectificación de sus decisiones. No sólo externa, sino internamente, el actuar de  Molinar está causando estragos en el equipo de la Secretaría, de acuerdo con funcionarios del área, que están viendo cómo la capacidad y el entrenamiento que se necesita en una dependencia eminentemente técnica, no están siendo atendidas ni respetadas por el secretario.

La lógica del secretario no atraviesa por quién es la mejor persona para el cargo, sino se sustenta en la consolidación de clientelas o favores políticos. Dentro del PAN hay politólogos que piensan que una de las razones por las cuales el PRI no ha podido ser aniquilado es porque los cimientos del régimen no fueron demolidos en el gobierno de Vicente Fox. El régimen priista estaba construido sobre una compleja red de relaciones políticas cuyos incentivos eran económicos, generando lealtades y compromisos electorales, que construyeron el llamado “voto duro”.

Desde el gobierno foxista se comenzó a cambiar delegados de dependencias, pero la lógica central que se siguió en ese entonces, impulsada por la señora Martha Sahagún, estaba más vinculada a los negocios que a la política, por lo que las áreas de mayor relevo de cuadros fue en Aduanas. Siguiendo el modelo salinista, la entonces secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, comenzó a hacer los cambios de delegados de la dependencia para que operaran los programas contra la pobreza, lo que ha continuado en este sexenio. En ninguna de esas áreas se requería un alto nivel de conocimiento profesional y experiencia como sí exigía Comunicaciones y Transportes, donde ni Pedro Cerisola ni Luis Téllez, los antecesores de Molinar, remplazaron el conocimiento por la filiación partidista.

Con el reporte de la Comisión Investigadora de la Suprema Corte, que lo colocó en un patíbulo político, la carrera de Molinar se vio truncada de forma inesperada. No impedirá que siga construyendo su régimen panista, pero lo deja más expuesto a la denuncia pública, aumenta su espacio de vulnerabilidad, y mengua sus aspiraciones inmediatas en la Secretaría de Gobernación. En los próximos días se verá cómo acuden a su rescate en Los Pinos, o cómo dejan que se defienda solo. De esa señal, aún por venir, se podrá determinar si la carrera política ascendente de Molinar, fue colocada en stand by, o si aún le queda fuerza para volar.

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No fueron Twitter ni Facebook los detonadores de la sicosis y la violencia en el norte del estado, sino que el cártel que dominó la vida y la muerte durante cinco años se quebró, y los gobiernos estatal y local se pasmaron. El punto de inflexión fue el 18 de enero pasado, cuando Salvador Flores Borrego, apodado “Metro 3”, asesinó en Reynosa a Víctor Pérez Mendoza, “El Concord”, quien era el brazo derecho de Miguel Treviño, conocido como el “Z-40”, y quien de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, es el narcotraficante más sanguinario que hay en México.

La ruta crítica de la implosión del cártel tamaulipeco se encuentra contenida en un informe que proporcionó la DEA a las autoridades policiales mexicanas a finales de enero, anticipando desde ese momento que las cosas se pondrían sumamente calientes en esa zona. La DEA vio venir el problema por la información que le dieron sus agentes infiltrados en el Cártel del Golfo. Flores Borrego, responsable del grupo en Ciudad Alemán y Reynosa, actuó bajo las órdenes de Jorge Eduardo Costilla Sánchez, alias “El Coss”, quien junto con Ezequiel Cárdenas Guillén tenía el control del Cártel desde que su jefe Osiel Cárdenas Guillén fue arrestado en 2003.

El arresto del ex jefe criminal y su posterior deportación a Estados Unidos –la semana pasada lo sentenciaron en un corte de Dallas-, inició un largo periodo de frágil relación con el brazo armado del Cártel, Los Zetas, formado con desertores de las fuerzas especiales del Ejército, entrenados en Estados Unidos. Aunque Los Zetas permanecían como sicarios del Cártel, desde hace más de dos años ya eran en sí mismo una organización independiente.

Liderados por Heriberto Lazcano, el “Z-1”, y Treviño, Los Zetas se convirtieron en proveedores de drogas en Centroamérica –donde Pérez Mendoza era responsable-, y Europa –de la mano de los jefes zetas-. Cárdenas y Costilla manejaban el día a día del Cártel, y aunque había fricciones desde hace tiempo con Los Zetas, no se ha podido determinar –la DEA no lo menciona en su informe- la razón por la cual se dio la orden de ejecutar a Pérez Mendoza. Treviño reaccionó como lo hacen las mafias. Según la DEA, pidió a “El Coss” que le entregara a Flores Borrego, con lo que quedarían a mano. La respuesta fue el silencio.

Reynosa entró en tensión y comenzaron a circular por las calles convoyes de narcos, algo que hacía tiempo habían desaparecido de las calles mexicanas. Se estaban cazando los sicarios del Cártel del Golfo y Los Zetas. El 30 de enero, los hombres del “Z-40” interceptaron a 16 miembros del entorno de “El Coss” y los asesinaron en esa ciudad. La batalla por Tamaulipas había comenzado.

El gobierno de Hernández no acudió al federal por ayuda en ese momento. El alcalde de Reynosa, Óscar Luebbert, tampoco hizo nada, pese a que había indicadores de un rompimiento se venía cocinando antes de la ejecución de “El Concord”. A Cárdenas y Costilla no les gustó cuando Los Zetas se acercaron a Arturo Beltrán Leyva en la primavera de 2008 para enfrentar a sus viejos aliados en el Cártel de Sinaloa, pero no hicieron nada. Al morir Beltrán Leyva en diciembre, cambiaron la táctica, y según informes militares, se aliaron con el Cártel de Sinaloa para ajustar cuentas con su brazo militar. Todo ello transcurrió frente a los ojos de las autoridades tamaulipecas, que actuaron en forma omisa.

La paz se rompió abruptamente. Durante casi toda la gestión de Hernández el Cártel del Golfo y su brazo armado de Los Zetas, mantuvieron control absoluto del estado y no permitieron que ninguna organización enemiga los desafiara en su territorio, razón por la cual no se vio involucrada en la vorágine de violencia de los tres últimos años. Al ir Treviño por la venganza, comenzaron los enfrentamientos. No había operaciones militares en su contra, pero la inusual actividad iniciada por la banda los llevó a cruzarse con unidades de la Marina comisionadas en el estado.

Los marinos tenían dos encomiendas: la protección de la Cuenca de Burgos, el yacimiento de gas natural no asociado al petróleo más grande del país, y la vigilancia de los oleoductos de Pemex, donde había un saqueo creciente de hidrocarburos. Con los dos bandos en batallas callejeras, la semana pasada se cruzó un convoy con una patrulla de marinos. El enfrentamiento dejó un saldo de 10 muertos, que fue el incidente que hizo voltear los ojos a Tamaulipas, y socializó la violencia en el resto el país, en buena parte sí, a través de las redes sociales.

El argumento del gobernador Hernández sobre las redes sociales es baladí. El informe de la DEA hace cerca de un mes le pasó desapercibido al gobierno mexicano, que no tomó acciones preventivas. Las autoridades tamaulipecas, tras el asesinato de Pérez Mendoza tampoco. Supieron del ultimátum del “Z-40” a “El Coss”, vieron cómo empezó la matazón vengativa en Reynosa, y tuvieron que haber sentido el principio de la inestabilidad que, cuando no tiene antídoto, provoca sicosis. La batalla de Tamaulipas comenzó en cámara lenta, pero las autoridades se quedaron paralizados, o a la expectativa. La respuesta gubernamental que contribuyera a disminuir la angustia y el temor a los tamaulipecos a tiempo, nunca llegó. Lo demás, es justificación de incompetencia.

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Sin existir un acuerdo formal que implique modificaciones legales que permitan a los agentes estadounidenses a realizar acciones operativas extraterritoriales, ambos gobiernos han intercambiado información de inteligencia sensible por largo tiempo. Pero también, agentes estadounidenses han realizado operaciones tácticas en México, con y sin autorización del gobierno mexicano, desde hace más de 30 años.

Agentes estadounidense realizaron vuelos de apoyo junto a militares mexicanos durante la campaña de erradicación del opio en Guerrero, donde incluso murieron dos agentes de la DEA, cuando chocó su avioneta cerca de Acapulco en 1976. Agentes de la oficina de Inmigración y Aduanas encubrieron en 2005 a uno de los responsables de los feminicidios en Ciudad Juárez, porque era un informante del Cártel de Juárez. Y cuatro años antes, tras el atentado terrorista en Estados Unidos, Washington envió a decenas de agentes encubiertos a México para detectar más agresores y eventuales futuros ataques a su territorio. El gobierno mexicano no fue enterado porque no confiaban en él.

La relación de ambos gobiernos es vasta y en ocasiones rebasa la imaginación. Por ejemplo, la CIA capturó a Ye Gon –en México o Estados Unidos- y lo llevó a Vancouver, donde pudo interrogarlo sin los límites que establece la ley estadounidense, dos meses antes de que “apareciera” en un suburbio en Washington y lo detuviera la DEA. En ese tiempo, la CIA le permitió hablar con él a José Luis Santiago Vasconcelos, quien era subprocurador de Asuntos Jurídicos y Relaciones Internacionales de la PGR, y se trasladó a Vancouver. Poco después dijo que los interrogatorios de la CIA habían “secado” a Ye Gon.

La CIA y el FBI han entrenado a policías mexicanos responsables de la lucha contra el narcotráfico. Inclusive, el comando de élite de la Marina que cazó y mató a Arturo Beltrán Leyva en diciembre pasado, tenía dos semanas de haber regresado de Estados Unidos, y según fuentes políticas, la información de dónde se encontraba el entonces jefe máximo del Cártel de los hermanos Beltrán Leva la proporcionó Washington con la presión no sólo para que fueran por él, sino que fuera esa unidad de élite la que realizara el ataque.

Las agencias de inteligencia estadounidense han tenido como uno de sus principales objetivos en México la infiltración de los cárteles de la droga. Uno de los casos desconocidos por la opinión pública es la penetración de las organizaciones del recientemente fallecido Beltrán Leyva y Heriberto Lazcano “Z-1”, jefe de Los Zetas. En el mismo momento en el cual estaban construyendo la alianza que modificó el mapa de los cárteles de la droga en México en la primavera de 2008, un agente de la DEA estaba mandando la información en tiempo real a través de mensajes de texto de su celular.

Los agentes estadounidenses suelen contratar a personal mexicano, como servicio de apoyo, o como informantes. El caso más notorio de doble empleo es el de Alfredo Zavala Avelar, piloto de la Secretaría de Agricultura que trabajaba con el agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, asesinados en 1985 luego de revelar la existencia del rancho “El Búfalo”, en Chihuahua, una maquinaria de producción de marihuana del Cártel de Guadalajara. Son muy reacios a contratar jefes policiales, porque su experiencia no ha sido positiva. Una experiencia muy dramática fue en la “Operación Limpieza”, cuando descubrieron que un informante del Cártel de Sinaloa trabajaba en el área de narcotráfico en la Embajada de Estados Unidos en México. Los testigos protegidos que aportaron detalles de esa operación fueron interrogados en Estados Unidos, porque no confiaban en la PGR.

Pero al mismo tiempo, la PGR, cuando menos en tiempos del procurador Eduardo Medina Mora, se excedió en sus servicios y rompió leyes mexicanas sin castigo alguno, al autorizar que agentes de la DEA presenciaran interrogatorios a jefes policiales presuntamente vinculados al narcotráfico, y en cuando menos una ocasión les permitió que formularan preguntas. Medina Mora protegió también a Édgar Bayardo, asesinado en diciembre pasado, quien tenía tres patrones: la Policía Federal, a la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, y el Cártel de Sinaloa.

El trabajo que realizan las agencias de inteligencia estadounidenses en México ha culminado en varias de las operaciones más exitosas que ha tenido el gobierno mexicano en los últimos años en contra de los cárteles de la droga. Fue la DEA la que alertó a la Marina mexicana en 2007 del cargamento de seudoefedrina que condujo a Zhenli Ye Gon, el importador de precursores químicos para Joaquín “El Chapo” Guzmán, y también lo que logró la detención de Javier Arellano Félix, “El Tigrillo”, en 2006, en una operación conjunta con la Guardia Costera de Estados Unidos, supuestamente en aguas internacionales, a 25 kilómetros de la costera de La Paz, en Baja California Sur.

En muchas ocasiones pareciera que los estadounidenses tienen mejor información sobre los cárteles mexicanos, que las propias autoridades mexicanas. En diciembre se colgaron el éxito de la operación contra Arturo Beltrán Leyva, y en enero, el jefe de operaciones de la DEA, Michael Braun, anticipó a The Washington Times que el arresto de Joaquín “El Chapo” Guzmán podría darse en un plazo de 90 días. Mejor vocero del gobierno mexicano, no podrían haber encontrado. Entonces,¿por qué la reacción tan fuerte e inmediata a lo revelado por el Post? Quizás porque en el momento actual el gobierno mexicano quedó desnudado y exhibido de que solo, no puede contra los cárteles.

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Hace un año se consideraba a sí mismo un facilitador que impediría que en la carrera por la Presidencia se pelearan el gobernador Enrique Peña Nieto, el senador Manlio Fabio Beltrones y la líder nacional del PRI, Beatriz Paredes, que pudiera poner en riesgo el regreso del PRI a Los Pinos en 2012. Con Peña Nieto se dejaba ver, se placeaba, proyectaba la impresión de que él era su proyecto para la Presidencia y que él lo abrigaba. Con Paredes mantiene una relación estrecha, y con Beltrones, con quien se distanció tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, se acercó en noviembre y mantiene una relación fluida. Inclusive con su superasesor José Córdoba Montoya, con quien peleó en 1994 y lo envió fuera del país, ha vuelto a reencontrarse, así como con la maestra Elba Esther Gordillo, con quien se enemistó hace un par de años.

Pero del Salinas omnipresente sólo queda el recuerdo. Para quienes están anclados en una vieja percepciones, es factor real de poder. Para quienes conocen en detalle cómo está el enjambre de grupos dentro del PRI, saben que su fuerza es relativa. Ni siquiera algunos de sus más cercanos durante su administración quieren estar cerca de él hoy en día. Cuando los convocaba hasta hace no mucho, dice uno de ellos, “nos trataba como si estuviéramos en sesiones del gabinete. Nos preguntaba qué pensábamos de tal o cual tema y cómo se podría resolver”. Empezaron a dejar de ir, salvo el que nunca faltó, Francisco Rojas, coordinador de la bancada del PRI en el Congreso.

Salinas parece necesitado de atención y ha perdonado a los más cortesanos. Uno de ellos es Emilio Chuayffet, quien después de alabarlo hasta el último día de su sexenio, le dio la espalda como secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo. Años después, Chuayffet fue a pedirle perdón y a decir que lo había engañado Zedillo. Salinas no sólo lo perdonó, sino que se ha convertido en uno de los políticos más cercanos a él. Con quien no puede reconciliarse, y difícilmente llegará a ese estadio, es con Zedillo, quien frustró su ambición de convertirse, como en un momento le dijo a John D. Negroponte, cuando era embajador de Estados Unidos en México, “en el mejor presidente en la historia” nacional, y de asegurar su vida transexenal con la presidencia de la naciente Organización Mundial de Comercio, cuyo cargo se le cayó cuando se vio involucrado en una serie de escándalos donde su sucesor persiguió a la familia Salinas y metió a su  hermano mayor en la cárcel.

Ese odio hacia Zedillo lo nubla y lo limita, aunque no termina de darse cuenta. Sus dos libros apologéticos de su administración llevan una dosis de rencor hacia su sucesor, lo  que nubla la calidad intelectual de la obra. Ese odio hacia Zedillo ha provocado un distanciamiento con quien veía como su proyecto, Peña Nieto, quien tiene como un amigo indivisible hoy en día en su vida cotidiana a Jaime Camil, el empresario y proveedor de la Secretaría de la Defensa que intimó como nadie pudo hacerlo jamás con el ex presidente Zedillo.

A Salinas no le gusta la cercanía de Peña Nieto con Camil, y ha comenzado a circular la especie que ya no lo está viendo con la misma fuerza. Dice que en caso de que su candidatura se debilite, tiene que abrir opciones. Dentro del PRI hay quien sabe de dos jóvenes políticos, del mismo corte de Peña Nieto, a quienes les ha comenzado a decir que ellos podrían ser un plan alternativo si el gobernador mexiquense se quedara en el camino. Uno es el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y otro es el presidente municipal de Huixquilucan, estado de México, Alfredo del Mazo.

Medina está convencido de que sí puede ser el caballo negro del PRI, de acuerdo con priistas regios, al grado que ha seguido fielmente la sugerencia de que no tiene que moverse ni hacer nada que lo coloque en una situación de riesgo. Esa actitud lo ha semiparalizado, convirtiéndolo, en los ojos del priismo central, en una decepción como gobernante. El caso de Del Mazo es intrigante. Hijo de un enemigo declarado de Salnas, quien como miembro del gabinete de Miguel de la Madrid fue uno de los contendientes que dejó en el camino rumbo a la candidatura del PRI a la Presidencia, no se entiende la lógica salinista, salvo que el objetivo sea causar un dolor de cabeza a Peña Nieto.

Alfredo Del Mazo padre es el principal asesor del gobernador mexiquense, y su hijo parece tener un largo futuro más allá de 2012. Medina, curiosamente, también está cerca de la familia Del Mazo, a través de Alejandro, un hijo menor que es su representante en el Distrito Federal. Todos ellos tienen fuertes conexiones personales con el ex gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, con quien Salinas trae una factura qué cobrar desde que optó por Zedillo en lugar de él.

La disminución de poder de Salinas no lo hace menos perverso y manipulador. Lo está haciendo con sus juegos de espejos en Nuevo León y el estado de México, y en la reconstrucción de sus viejas relaciones. No engaña a todos, pero sí a los suficientes que lo siguen viendo como un gigante. Los más sazonados en la política saben que Salinas no es el factor decisivo para 2012, pero que definitivamente, ruido y confusión, si puede crear.

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No le gustó al gobierno las imputaciones de Clouthier y le envió a la aplanadora azul. Pero las declaraciones de Clouthier no llevaban un solo destinatario, sino dos. Este, que es el PRI, no ha dicho nada, y la razón por la cual el diputado estalló en la prensa es precisamente porque el candidato del PRI al gobierno de Sinaloa es Jesús Vizcarra, a quien hace ya más de dos años que “Malecón”, la columna institucional del periódico El Noroeste, que es en buena parte de su familia, lo señaló de estar vinculado al narcotráfico, y el PAN le está allanando el camino al triunfo.

Vizcarra nunca atajó enérgicamente las imputaciones en “Malecón” ni las posteriores en la prensa nacional, porque consideró que eran infundios. Como era de esperarse, crecieron. Cuando hace tiempo circuló una vieja fotografía en la que aparecía junto con Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los jefes del Cártel de Sinaloa, no aclaró las razones de esa cercanía. Al republicarla el diario Reforma hace unas semanas,  se presentó en la PGR para pedir una carta de buena conducta, que fue un mero acto  mediático, pues la PGR no hace eso. Liébano Sáenz y Miguel Ángel Yunes, que en el pasado fueron acusados de actos ilícitos de envergadura, pidieron a la PGR que los investigara. Lo hizo, cruzó sus nombres en averiguaciones, los declaró y los eximió de cualquier responsabilidad.

El aspirante a la gubernatura de Sinaloa no hizo nada de esto. Más aún, Vizcarra no quiere enfrentar abiertamente las imputaciones. Se ha negado sistemáticamente a dar entrevistas y en una plática dijo que si llegaba a la gubernatura, pediría “en privado” al  gobierno federal que atacara al narcotráfico en su estado. ¿En privado?, se le cuestionó. ¿No sería mejor exigirlo abiertamente y deslindarse públicamente de “El Mayo” Zambada, de quien dicen en Culiacán es compadre? “Se enojaría”, respondió Vizcarra. Claro que se enojaría, se le dijo, pues a “El Mayo” le debe interesar que la gente crea que el gobernador es su compadre. Vizcarra insistió en la molestia que podría causar ese deslinde a Zambada. “Prefiero pagar costos en credibilidad que hacer el deslinde público”, ratificó.

Clouthier se refiere precisamente a esas oscuras realidades. “Sinaloa es un mugrero promovido desde el poder estatal”, dijo a la prensa, aunque se contuvo de señalar al gobernador, Jesús Aguilar Padilla, quien impuso a Vizcarra como candidato, como responsable directo de ese “mugrero”. El diputado panista habla abiertamente de la “narcopolítica” y de los “narcoempresarios” en su tierra, como dos ejes vinculados eficientemente a la delincuencia organizada, contra los que en el gobierno federal “no tocan ni el tronco ni la raíz”. Su afirmación toca heridas abiertas.

Si bien, como le refutó el gobierno federal, la guerra contra el narcotráfico sí ha tocado al Cártel de Sinaloa, el nivel de golpes no es equiparable al que se ha tenido contra otras organizaciones criminales. El Cártel Tijuana fue desmembrado y prácticamente desapareció; el del Golfo estuvo a punto de correr esa suerte, por lo que se corrió al sur de México y a Centroamérica para sobrevivir; al de Juárez y los Amezcua, les han detenido a prominentes miembros de las familias que los encabezan; hay una cacería contra la Familia Michoacana; a los Beltrán Leyva les eliminaron y anularon a sus dos principales dirigentes. El de Sinaloa es diferente.

Desde que en octubre de 2008 arrestaron en la ciudad de México a Jesús “El Rey” Zambada, jefe de las operaciones en el centro del país, no ha habido ningún otro golpe de esa magnitud a Sinaloa. Aunque se ha detenido a sicarios prominentes del cártel, las cabezas siguen sin ser tocadas: “El Mayo” Zambada, Ignacio Coronel –quien ni siquiera está en el imaginario de los mexicanos- y Joaquín “El Chapo” Guzmán –venido a menos, pero quien jala la marca de esa organización-. La percepción popular, reforzada por Clouthier, es que se manejan con una libertad que no tiene el resto de los criminales.

Clouthier ha sugerido que desde el gobierno federal podría haber un acuerdo con el poder político en Sinaloa. ¿Acaso un pacto para que el PRI gane la gubernatura? El mejor candidato que pudo haber tenido el PAN, con posibilidades de triunfo, era Heriberto Félix, pero el presidente Felipe Calderón le cambió el destino al hacerlo secretario de Desarrollo Social. Clouthier quiso ser candidato, pero ni Calderón ni el líder del PAN, César Nava, le dieron el apoyo. Sin candidato fuerte, el PAN camina hacia la derrota en un estado donde la última elección presidencial todos sus candidatos perdieron salvo Felipe Calderón.

Sinaloa no es una elección como las otras 11 donde se pone en juego el gobierno estatal. Desde esas tierras se construyó la narcopolicía, se fortaleció la narcopolítica y florecieron los narcoempresarios. En una de las pláticas con Vizcarra, cuando se defendía de las imputaciones de vínculos al narcotráfico, se le dijo que el momento en que se encontraba, la percepción era más fuerte que la realidad, y que si no aclaraba todo, se convertiría en un “narcocandidato” y luego en el “narcogobernador” de un “narcoestado”. Prefirió el silencio. El PAN se irá con un candidato para perder y el gobierno sigue sin golpear la cúpula del Cártel de Sinaloa. Luego se indignan que Clouthier les diga con palabras lo que han mostrado con hechos.

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