Estrictamente Personal

Para millones de católicos esta es la celebración prima de la religión, el nacimiento de Jesús. Treinta y tres años después fue crucificado en una votación a mano alzada, de manera totalmente arbitraria y aprovechando el juez supremo la excitación de una masa enajenada fácilmente manipulable. No deja de ser caprichosamente paradójico que dos mil nueve años después, sus hijos quieren imponer su voluntad, a como dé lugar, porque no les gusta que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, haya aprobado el matrimonio de homosexuales y les haya permitido la adopción de sus herederos.

Los lances retóricos han sido tan desafiantes como violentos. “Por las cochinadas y marranadas que hicieron”, dijo Armando Martínez, presidente del Colegio Católico de Abogados al referirse a la iniciativa aprobada por el congreso local, van a tener un “cerco jurídico” para evitar que las parejas de homosexuales puedan cumplir el ordenamiento jurídico que la ley les da derecho. El cardenal Norberto Rivera, por su parte, dijo que la aprobación de la iniciativa era una “arbitrariedad”, que iba contra la voluntad de la inmensa mayoría de los mexicanos.

El derecho a defender sus creencias y valores es legítimo, pero el prelado y el abogado no se quedaron sólo en esa trinchera. Avanzaron. Martínez sugirió que están dispuestos a violar la ley para que no se aplique la ley, mostrando muy poca tolerancia contra quienes son diferentes a él. Rivera cuestionó el valor intrínseco de la democracia al señalar que la ley iba contra la voluntad de la mayoría de los mexicanos, cuando no fue una congregación de enajenados que votaron a mano alzada, sino legisladores que al ser electos por los ciudadanos, recibieron el mandato de la gente para tomar decisiones colectivas en nombre suyo; si la mayoría aprobó la ley, es la mayoría legal de los ciudadanos los que están de acuerdo con la misma.

La intolerancia allana el  camino a autoritarismos y fundamentalismos, pero no es ni patrimonio de ellos, ni patrimonio de los católicos. De hecho, en este año que está por concluir termina también una década terriblemente regresiva, donde lo peor de la condición humana emergió alimentada por odios y resentimientos. La bipolaridad se convirtió en polarización, el diálogo fue derrotado por el insulto, y quebró sociedades en México y el mundo.

En términos históricos, 2001 es el año paradigmático. Fundamentalistas musulmanes estrellaron aviones en las Torres Gemelas de Nueva York, en el Pentágono en los suburbios de Washington, y no pudieron llegar a estrellar un cuarto probablemente en el Capitolio, en los actos de terrorismo más dramáticos para la humanidad. Sin embargo, lo que debía haber sido –en la racional occidental- un apoyo solidario para Estados Unidos, se convirtió en una serie claroscuros. Sorprendido, el periódico Boston Globe publicó un ensayo con un titular que preguntaba: “¿Por qué nos odian?”.

Esos atentados terroristas tuvieron respuestas terroristas. El presidente George Bush invadió Afganistán y derrocó al régimen talibán. Luego inventó que el régimen de Saddam Hussein había financiado a quienes los atacaron en 2001 y como además tenían armas de destrucción masiva, le hizo la guerra hasta derrocarlo y matarlo. Ninguna de las acusaciones en las que fincó su agresión resultaron ciertas, pero el mundo perdió su sosiego. El mundo musulmán enfrentado militarmente con occidente fue el efecto inmediato de esa cadena de episodios, transformando para siempre los patrones de conducta y comportamiento de millones de personas.

Sin estar contaminados por esa dicotomía, más en términos ideológicos que teológicos, los mexicanos tuvimos nuestra buena dosis de división nacional y de polarización. Para bailar tango se necesitan dos, y los mexicanos los tuvimos en los entonces presidente Vicente Fox y jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Fox se empeñó en destruir a López Obrador y lo acosó política y jurídicamente de manera tan obsesiva, que partió a los mexicanos. El enrarecimiento se agudizó durante la campaña presidencial, donde los campos electorales se volvieron campos de batalla.

Fueron los años de los buenos y los malos, donde aquellos a quienes se consideraba voceros de los malos, que era el gobierno, eran linchados en el Zócalo después de juicios a mano alzada. Los buenos se convirtieron en héroes y heroínas, gladiadores contra el Leviatán. La polarización quedó bien arraigada en la cultura, donde todo tiene que pasar hoy en día por el tamiz de López Obrador, a quien odian o aman, reproduciéndose el fenómeno entre otras capas sociales, que siempre traen cargadas sus pistolas retóricas para disparar contra todo aquél que piense distinto. La máxima mexicana se ha potenciado: si no estás conmigo, eres mi enemigo.

Como en el resto del mundo, vivimos aquí la díada del blanco y negro. Ya no son suficientes las leyes, las normas, las costumbres y hasta las indiferencias. Todos deben de tener partido y todos deben jugar del mismo lado, porque si no sucede eso, son los enemigos a quienes hay que destruir. Todavía estamos la mayoría en la destrucción por la vía de la palabra, pero quizás estamos menos lejos de lo que pensamos que esa aniquilación deje de ser retórica. Las sociedades deprimidas son las más fácilmente manipulables, y el discurso del odio el que más las provoca.

Uno quisiera que en estas fechas donde todos los guerreros se toman un respiro, también se dieran espacios para la reflexión y para ver, a la manera de Ortega y Gasset, más alto y más lejos, para alcanzar a mirar a dónde van a llevar el discurso del odio y la polarización, vuelta hoy parte del paisaje nacional. Pero uno sabe que ese propósito es inútil. Los políticos lucran del fenómeno, o están ciegos a lo que produce. Lo único que queda es decir que, cuando menos desde una humilde tribuna, alguien pensó que todo eso que está pasando, aleja cada vez más, un futuro mejor.

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NOTA: Estrictamente Personal volverá a publicarse el lunes 4 de enero de 2010.

Las autoridades federales están tendiendo cortinas de humo tras la caída del narcojefe Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca. Dicen que encontraron varias listas de funcionarios públicos y policías que les brindaban protección institucional en el departamento donde fue abatido. Los medios lo visten de hallazgo, pero son más dudas que certidumbre lo que producen, porque desde 2003 se ha venido acumulando documentación de la corrupción de políticos, policías, empresarios y religiosos vinculados al cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Si lo que aseguran ahora las autoridades es cierto, tendrán que añadir nuevos nombres a la lista o será otra farsa.

La primera referencia de la red de protección institucional a los Beltrán Leyva se da a partir de un documento del CISEN difundido originalmente por el semanario Zeta de Tijuana el 17 de febrero de 2006, y reproducido dos años después como parte de un proyecto trunco llamado “Impunidad“, donde varios medios hicieron un esfuerzo para encontrar a los responsables del crimen del reportero del periódico de Hermosillo El Imparcial,  Alfredo Jiménez Mota, asesinado presuntamente por sus sicarios.

El documento sostiene que desde 2003 operaban los Beltrán Leyva en Sonora bajo la protección de las autoridades. El personaje mencionado más prominente era el entonces presidente municipal de Cajeme, Ricardo Bours, hermano del ex gobernador de Sonora Eduardo Bours, apoyado por Roberto Tapia, quien era el director de la Policía Judicial del estado, y Abel Murrieta, a la sazón subprocurador de Investigaciones. Pero ni la información del CISEN ni la posterior revelación periodística dieron pie a ninguna acción posterior.

Más aún, sucedieron cosas que se podrían caracterizar, cuando menos, de extrañas. A principio de febrero de 2005, fuentes de la Presidencia de la República revelaron al columnista Francisco Garfias que la PGR investigaba a Nahúm Acosta, coordinador de giras presidenciales, por su presunta relación con Héctor Beltrán Leyva. Acosta, quien llegó a Los Pinos por invitación de Manuel Espino, ex líder nacional del PAN, formaba parte de la pesquisa llamada “Operación Tritón”.

Las autoridades llegaron a él a través de las intercepciones telefónicas a Renato Tostado Félix, un sicario al servicio de José Esparragosa “El Azul”, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, quien se comunicaba con Guillermo Francisco Ocaña, un empresario artístico detenido en diciembre de 2005 junto con colombianos y venezolanos por narcotráfico, y acusado por el gobierno español de lavado de dinero.

El celular de Ocaña tenía llamadas al celular de Acosta, por lo que intervinieron su teléfono, y grabaron conversaciones con Héctor Beltrán Leyva. La publicación provocó que la PGR apresurara la acusación y presentara a Acosta ante el juez, quien lo liberó al mes siguiente por falta de pruebas. El entonces jefe de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, comentó que al difundirse la investigación, la sabotearon. Tampoco hubo consecuencias contra los funcionarios en Los Pinos.

La investigación contra los Beltrán Leyva continuó, y en mayo de 2007 llegaron a la  casa donde vivía Arturo en el Pedregal de San Ángel. Un pitazo desde la SIEDO permitió que escapara. En la casa encontraron documentación que llevó a la captura de Sandra Ávila, “La Reina del Pacífico“, encargada de las relaciones públicas del Cártel de Sinaloa, y de Juan Diego Espinosa Ramírez, “El Tigre”, segundo en el mando del Cártel del Valle de Colombia, en septiembre de 2007.

Los documentos incluían nóminas de jefes policiacos, entre ellos Ricardo McGregor, que era el jefe del Estado Mayor de la Policía Judicial del Distrito Federal, quien presentó su renuncia al cargo en enero de 2008 sin ser procesado, y una relación de bandas gruperas que recibían dinero. De ahí sacaron también una pista que los llevó a una casa en el fraccionamiento de Las Quintas, en Cuernavaca, donde presumían se había refugiado Arturo Beltrán Leyva.

Después de tener la casa bajo observación, la Policía Federal Preventiva intervino la residencia, donde encontraron identificaciones con los sellos de la misma PFP, de la judicial del Distrito Federal, y otros nombres de jefes policiales que protegían al cártel, lo que derivó en la sacudida que se dio en Morelos en mayo pasado, cuando el gobernador Marco Antonio Adame destituyó a su secretario de Seguridad Pública y a su procurador de Justicia, en el contexto de operaciones contra los hermanos Beltrán Leyva en la entidad.

La casa intervenida arrojó detalles adicionales, como los nombres de un hotel, una iglesia y un seminario católicos que daban resguardo a los sicarios de Beltrán Leyva. Las autoridades federales tienen los nombres del párroco que daba la protección, pero no ha pasado nada. Tampoco con la información que acumuló el servicio de contrainteligencia de Beltrán Leyva, que integraban 300 personas, con los nombres de sus vínculos en el aeropuerto de Morelos y las policías estatal y municipal.

Esa vasta red de protección en varias entidades les permitió asesinar en mayo de 2008 a Édgar Millán, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal y a Roberto Velasco, director de Crimen Organizado de la misma dependencia. La documentación que encontraron en la investigación del crimen de Millán mostró que los dos siguientes en la lista de la muerte eran Gerardo Garay, en ese momento responsable de la División Antidrogas, y Luis Cárdenas, coordinador de Inteligencia de la Policía Federal. Previamente, fracasó el asesinato de Vasconcelos, y no se concretó el atentado contra un alto mando militar no identificado que planeaban 100 sicarios.

En todas estas acciones, hubo policías involucrados; algunos fueron detenidos inmediatamente y otros vivieron meses en libertad antes de ser aprehendidos. Otros siguen libres, por razones que se desconocen. Tras la muerte de Beltrán Leyva, vuelven a decir las autoridades que hay listas de jefes policiacos y políticos vinculados. Es una variación sobre el mismo tema. Hasta ahora, la impunidad ha sido la constante, avasallando la aplicación de la justicia.

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En toda guerra hay una ética. Aún en aquella contra la delincuencia organizada, los valores que los criminales no respetan, deben ser salvaguardados por la autoridad. De otra manera sucede que, como en la manipulación de las imágenes difundidas por los medios del cuerpo del criminal Arturo Beltrán Leyva, las acciones que generaron el aplauso generalizado y acrítico de la sociedad, se convierta en un escándalo que por lo grotesco y brutal de la forma como las presentaron, también obliga a reflexionar sobre otro tema no menos importante: el cuadro de ilegalidad en el cual se dio la cacería y asesinato del jefe más violento del narcotráfico en México.

En una sociedad tan inmadura en la cultura de la legalidad, plantear en términos éticos y legales la acción de los comandos de la Marina que concluyeron en el asesinato de Beltrán Leyva, siempre es jugar a perder. Lo que opinan personas de todo tipo de educación y niveles socioeconómicos es que si un criminal es asesinado, no importa el método o las formas como se hizo, mucho menos si las acciones que llevaron a ello se enmarcaron dentro del Estado de Derecho. Lo que prevalece es el plazo inmediato (que se elimine al criminal), y no el largo plazo (¿qué impide que los abusos no se puedan repetir con personas inocentes y la guerra sucia se institucionalice?).

Hay quienes festejan hoy la muerte de Beltrán Leyva que también se horrorizan cuando la autoridad destruye vidas y prestigios para terminar disculpándose cuando  cometen un error. Pero el procedimiento es el mismo. Lo diferente fue que la prominencia de Beltrán Leyva hizo que se olvidara que cuando se abre la puerta de la ilegalidad, de falta de escrúpulos y se le festeja, no sólo se atrapa a delincuentes, sino de inocentes.

El episodio de Beltrán Leyva tiene varias aristas. La primera es sobre su asesinato, que en castellano puro, eso es lo que fue. El presidente Felipe Calderón encargó a la Marina la búsqueda de Beltrán Leyva, culpable de acelerar la descomposición en la seguridad del país y elevar los niveles de violencia. Unidades de élite lo rastrearon, lo persiguieron, irrumpieron en casas donde presumían que estaba y atacaron un complejo residencial en Cuernavaca con más de 200 hombres, sin tener un ministerio público federal al lado, ni órdenes de cateó o de aprehensión.

Este detalle puede parecer absurdo para muchos, pero no lo es. La manera como actuaron los marinos se inscribe dentro de un estado de excepción, pero el Presidente no ha utilizado los recursos constitucionales a su alcance para decretarlo. Desde el punto de vista jurídico, su guerra es sucia. Pero en la práctica, no sólo es real, sino es nacional y se maneja meta constitucionalmente. Es decir, el Presidente puede utilizar a las Fuerzas Armadas en la guerra contra las drogas y mediante un estado de excepción, que tiene que lograr con el respaldo del Congreso, ordenarles que actúen con la discrecionalidad con la que se comportaron los marinos en Morelos.

Lo que hicieron los marinos es lo que está haciendo el Ejército en otras partes, pero los marinos son hoy unos héroes nacionales mientras que los soldados son violadores a los derechos humanos. La única diferencia de fondo es que los marinos acabaron con un muy importante jefe de cártel de drogas, mientras que los soldados han liquidado a personas sin fama alguna. En la realidad jurídica, ambos se mueven sobre el mismo pantano, que es la falta de un marco jurídico que les permita realizar acciones meta constitucionales sin que esas acciones se conviertan en el futuro en prueba irrefutable de violación a la ley. Los marinos y los soldados deben tener presente el enjuiciamiento histórico y político por los años de la Guerra Sucia, donde combatieron a la guerrilla en las mismas condiciones: sin marco legal para hacerlo, y con la premisa de estar defendiendo al Estado.

Otra arista tiene que ver con las imágenes del cuerpo inerte de Beltrán Leyva con los pantalones bajados a las rodillas, y su cuerpo tapizado con billetes manchados con sangre. Bajar los pantalones puede interpretarse como una humillación de un militar a quien no es militar; los billetes regados sobre el cuerpo, como una señal de escarmiento. La discusión sobre quién fue responsable, si los marinos o los agentes del Semefo local, no es lo central. Si los marinos no fueron directamente responsables de uno o de los dos casos, sí lo son por omisión. En todo caso, el resultado no difiere en nada de las narcomantas o de los mensajes que dejan los narcos sobre los cuerpos de sus ejecutados. Es decir, la patología mostrada por quienes manipularon la escena del crimen, es la misma de los sicarios: demostrar fuerza y provocar terror.

Esta arista se conecta con el discurso contra la apología del delito, que ha generado  censuras en materia de libertad de expresión. Si los marinos actuaron como justicieros ante la ausencia del marco legal, la difusión de esas imágenes ¿no hace también apología de un delito aunque sea por razones que se presumen buenas? ¿Por qué permitieron la entrada a medios a grabar escenas de crimen no terminadas de revisar, o se entregaron grabaciones oficiales a la prensa? Cuando el gobierno difunde sus imágenes propagandística es información; cuando los medios difunden imágenes no oficiales, es apología del delito. Es el doble rasero ético, que pasa tan desapercibido como los spots del gobierno federal donde difunden imágenes de narcotraficantes con los cerros de dinero, de sus automóviles de lujo y de las legiones de hermosas mujeres a su alrededor. ¿Cuál es la diferencia entre los corridos de narcos y esta invitación a una vida mejor para quienes no tienen una?

Todo está revuelto en este México que vive una guerra civil pero con leyes de nación en paz. Esta disonancia legal genera problemas innecesarios y facturas que se tendrán que pagar, tarde o temprano. No es un asunto de detener la guerra. Ya la iniciaron y ahora tiene que terminarla el gobierno. Es una guerra ética, en la cual todo el país puede y debe sumarse a ella. Pero se requiere que le den el marco legal, pues de otra manera se podrá aplicar sin cortapisas el punto de vista tolstoniano de que toda guerra es un crimen y quienes volverán a pagar serán las Fuerzas Armadas.

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La muerte de Arturo Beltrán Leyva vuelve a dibujar el mapa del narcotráfico en México de una forma tan dramática y brutal como cuando comenzó la metamorfosis hace casi 21 meses. En ambos casos, quien era el jefe militar del Cártel de Sinaloa hasta que rompió con sus viejos socios, fue el protagonista y actor central durante el periodo más sangriento que ha padecido México desde la Revolución Mexicana. En ambos casos, la violencia desatada por él provocó el principio y el fin del ciclo en el cual los cárteles de la droga entraron en una dinámica de recomposición y alianzas que hizo que aún los expertos tuvieran dificultades para mantener su ritmo de reinvenciones.
Beltrán Leyva murió este jueves de la misma manera como sacrificó a decenas de familiares y amigos de sus antiguos socios a partir de marzo de 2008: fueron por él a su casa, lo obligaron a intentar escapar y lo mataron. Unidades de élite de la Marina que tenían la encomienda presidencial de rastrearlo y cazarlo, cumplieron la misión. Una larga investigación que llevaba a cabo el comandante interino de la Policía Federal, Gerardo Garay, interrumpida por el ex procurador general Eduardo Medina Mora que lo arrestó con acusaciones hasta hoy no comprobadas, fue retomada y armada con el mayor sigilo para evitar que la red de protección institucional que tenía a sueldo, lo alertara.
En tres ocasiones claramente se les había escapado. La primera, cuando fueron por él agentes federales a una casa en el Pedregal de San Ángel en la ciudad de México, pero por una llamada proveniente -se tiene confirmado- de un teléfono de la SIEDO, pudo  huir, dejando caliente sobre la mesa la comida que iba a empezar. Una segunda ocasión, fortuita, se dio durante una persecución de casi 45 minutos por carreteras de Morelos, de lo que pudo escabullirse porque su equipo de protección cambió su vida a cambio de la libertad de su jefe, enfrentándose hasta la muerte con fuerzas federales. La tercera, realizada ya por las unidades de la Marina, fue hace escasa una semana en Tepoztlán, también Morelos, cuando pudo escapar en medio del operativo.
Su muerte este jueves descabeza a los Beltrán Leyva, pues sus dos hermanos que pertenecen al cártel y que se encuentran libres, no tienen ni la sagacidad ni la furia a veces irracional de Arturo. Alfredo, alias “El Mochomo”, se encuentra preso desde 2008- Su arresto comenzó la reconfiguración de los cárteles al ser tomada como pretexto por Arturo, apodado “El Barbas”, quien acusó de delatores a Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán, y rompió con sus socios. La separación fue muy dolorosa y sangrienta para el Cártel de Sinaloa.
“El Mochomo” tenía la responsabilidad de cuidar a las familias de los jefes de la Federación, un paraguas de cárteles que incluía al de Sinaloa, Juárez y el Milenio, que se enfrentaban a unos disminuidos hermanos Arellano Félix en Tijuana, y a uno poderoso, el Cártel del Golfo y su brazo armado de Los Zetas, en Guerrero y Michoacán. Al caer preso, “El Mochomo” le mandó decir a su hermano que Guzmán y Zambada, que eran sus compadres, no lo habían delatado, por lo cual abriera fuego en su contra. Arturo Beltrán Leyva, en realidad, era lo que necesitaba para expandirse.
En diciembre de 2007, semanas antes de la detención de “El Mochomo”, se reunió en  Cuernavaca con Heriberto Lazcano, el “Z-1″, para forjar una alianza, lo que significaba profundizar la crisis de estos con el Cártel del Golfo, y romper de la manera más dramática con la Federación y el corazón del Cártel de Sinaloa. Con el pacto listo, el arresto le dio la justificación. “El Mochomo”, que sabía que sus errores de seguridad causaron su detención, trató de detener a su hermano. Pero “El Barbas” capturó la lista con los nombres y direcciones de los familiares de capos que protegía Alfredo desde 2002 y comenzó la matanza. Arrancó con el asesinato del hijo de Guzmán en Culiacán a fines de febrero y siguió toda la primavera en Sinaloa. Guzmán y Zambada respondieron.
La fractura en Sinaloa propició toma de bandos. Todos, salvo el Cártel de Juárez, declararon la guerra a los Beltrán Leyva, que empezaron a pelear por las plazas del Distrito Federal -la joya era el aeropuerto internacional de la ciudad de México-, y la muy codiciada ruta que va de Gómez Palacio-Torreón, hasta Ciudad Juárez, por donde entra el 70% de la cocaína a Estados Unidos. Zambada mantuvo el control en la capital federal y se enfrentó con los Beltrán Leyva y el Cártel de Juárez por el corredor de la cocaína, que desató la batalla continua más sangrienta per cápita desde que el gobierno declaró la guerra al narcotráfico.
El jefe del Cártel de Juárez, Vicente Carrillo, no habría podido enfrentar al de Sinaloa sin el apoyo de los Beltrán Leyva y Los Zetas. Una vez muerto “El Barbas”, Los Zetas, que no tienen la estructura operativa en Juárez, probablemente se replegarán de una guerra que no es suya, y dejen solo a Carrillo, quien carece de fuerza para resistir. Lo que no va a durar es el vacío en la cadena de suministro de la cocaína colombiana a Estados Unidos que manejaban los Beltrán Leyva. Quien está en la mejor posición para ocupar ese lugar es “El Mayo” Zambada, que ha recompuesto su red en el aeropuerto internacional, después de que su hermano Jesús “El Rey” Zambada fuera detenido el año pasado en la ciudad de México por Garay.
La investigación contra los Beltrán Leyva demoró el año que vivió extra Medina Mora como procurador, al igual que la red de protección institucional a los narcos dentro de la PGR. El ex procurador debe estar limpio de corrupción, pues de otra manera el presidente Felipe Calderón no lo hubiera enviado como embajador al Reino Unido para protegerlo. Las dependencias relacionadas con la seguridad mexicana no, y el haber dado la responsabilidad a la Marina de la operación contra Beltrán Leyva subraya los problemas. Serán más si no empieza la cacería contra Zambada y Guzmán, los principales ganadores de la muerte de Beltrán Leyva. Mientras no caigan,  permanecerá la sospecha de que los gobiernos panistas tienen una debilidad por “El Chapo” y “El Mayo”, lo que neutralizará y manchará, el espectacular golpe que se apuntó con el final en Cuernavaca esta semana.
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COPENHAGEN.- Todo aquí está marcado por territorios. En las calles, luchan los pendones que celebran la cumbre del cambio climático en la capital danesa, y las pancartas de protesta de repudio a los líderes del mundo. “No cambien el clima”, dice una, “cambien la política”. En los hoteles, las negociaciones a puerta cerrada no alcanzan el acuerdo prometido como maní. No saldrá de aquí un consenso sobre reducción de emisiones durante los 40 próximos años y cómo se va a financiar el esfuerzo salvo, esperan, el compromiso para volver a intentarlo el próximo año, en México. Hay ejércitos de diplomáticos en su Torre de Babel forcejeando, y ejércitos de manifestantes de 62 países que cayeron aquí para protestar contra los gobiernos y, también, para causar problemas a la policía.

La Cumbre del Medio Ambiente de las Naciones Unidas arrancó su tercera semana, la última y la más crítica. La primera pasó casi desapercibida. En la segunda, las delegaciones gubernamentales lucharon cuerpo a cuerpo en dos bandos bien marcados: los países ricos, con Estados Unidos a la cabeza, y el mundo en desarrollo, concentrado en el Grupo de los 77, herencia de los grandes líderes del Tercer Mundo en los 70 –que ahora son 130 naciones- y China, mientras centenares de ONGs pronosticaban un Armagedón por el calentamiento de la tierra. En esta tratan de forjar los acuerdos, cuando menos aquél que reconozca que hay desacuerdos y que alcance el compromiso para resolverlos en 2010.

Más de 90 jefes de Estado y de Gobierno comenzaron a llegar a esta capital que está totalmente desbordada –esta noche ya había 40-, para definir posiciones y el futuro inmediato el jueves y viernes. Este lunes arrancó una cumbre paralela de alcaldes –en la que participa el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard-, y el miércoles, en representación de la Conferencia de Gobernadores, Fidel Herrera de Veracruz, presentará en un panel un alegato provocador: lo global, como el cambio climático, tiene impacto en lo local. Después de todo, si se calientan los grandes lagos en el norte de Estados Unidos, como se prevé, el nivel del agua subirá varios centímetros e impactará en el Golfo de México, que inundará Coatzacoalcos.

De todo hay aquí. Reuniones de legisladores de todo el mundo, y encuentros de artistas, conferencias paralelas en toda la ciudad y contingentes de activistas que no dejan de llegar a un Copenhagen convertido en lata de sardinas. Los daneses se sobrestimaron. Junto con las Naciones Unidas organizaron una cumbre climática el doble de grande de Kioto en 1997, sin la infraestructura japonesa. No hay una sola habitación de hotel en 50 kilómetros a la redonda, por lo que tuvieron que extender la zona de huéspedes a Malmo, Suecia, a 18 kilómetros de distancia, cruzando por túnel y puente el Mar Báltico, y llevar a su costa a tres cruceros para servir de alojamiento.

El Bella Center, corazón de la cumbre, tiene capacidad para 15 mil personas, pero los daneses acreditaron a 40 mil, con lo que el lunes provocaron colas de cinco horas –uno de los afectados fue el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard-, y no fueron pocos quienes nunca pudieron entrar. No hay autos disponibles para rentar, pues el gobierno tomó todo lo que había. Hay bicicletas –una tercera parte de los daneses se transportan de esa forma-, pero con lluvias de agua-nieve –las  condiciones climatológicas más miserables que se puede encontrar-, ese medio de transporte, aún a los tolerables menos dos grados centígrados, es un desafío que pocos aceptan.

Por alguna razón, Copenhagen es una especie de déja vú. Los mismos grupos  con banderas diferentes. La organización de la protesta es similar a las que se ven en las cumbres de la Organización Mundial de Comercio y en las reuniones anuales del G-8, las naciones más industrializadas del orbe. Siempre hay una discusión profunda e insalvable entre los que son ricos y los que son pobres, entre los opresores y los oprimidos. Al final la discusión es la misma: económica.

La cumbre climática se trata de eso. Los países ricos, que se han hecho ricos al mismo tiempo que han contaminado al mundo durante más de 150 años, quieren que los países pobres reduzcan las emisiones de dióxido de carbono en los mismos porcentajes que ellos. Pero los países pobres dicen que porqué van a pagar el costo, a costa de su desarrollo. Los chinos piden que el recorte de las emisiones se mida en términos de población, con lo cual, al tener una sexta parte de la población mundial, la fórmula les resultaría benéfica. Estados Unidos dice que mejor que se establezca en función del ingreso per cápita, con los cual los países ricos vuelven a tener la mano. Estos dos países tienen mucho que ganar y perder, pues suman el 40% de la emisión de dióxido de carbono en el mundo.

La tercera vía, que propone un grupo mediador presidido por las Naciones Unidas, del que forman parte los anfitriones, México y Australia, es que el recorte de las emisiones se realice en función de la responsabilidad que tienen en la contaminación del medio ambiente. Pero eso no basta. Se necesita una fuerte inyección de recursos para que las economías emergentes y las más pobres vayan cambiando su tecnología hacia una menos contaminante. El Banco Mundial dice que se necesitan 30 mil millones de dólares anuales durante los tres próximos años. La Unión Europea está dispuesta a dar 10 mil, y el presidente Barack Obama pidió al Congreso –sin respuesta aún-, mil 200 millones. Si no hay dinero, dicen los países en desarrollo, los ajustes para adaptar y mitigar el impacto del cambio climático, será en sus tiempos. Que paguen los ricos, que se hicieron ricos contaminando el mundo. Parece muy justo, pero no para ellos.

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Marcelo Ebrard será quien pague el costo inmediato de haber presionado judicialmente a Rafael Acosta, Juanito, a pedir licencia como jefe delegacional de Iztapalapa, y proponer a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a Clara Brugada, como la sustituta definitiva. El jefe de Gobierno quedó en los medios como un político subordinado al ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien creó a Juanito y lo manipuló como candidato subrogado para que se hiciera su voluntad de que Iztapalapa quedara en manos de alguien que no apareció en las boletas de votos. Visto en el primer plano, en efecto, Ebrard siguió el guión de López Obrador a costa de todo y se subordinó vergonzosamente ante él. Visto en el mediano plazo, Ebrard rescató para sí mismo la posibilidad de la candidatura presidencial.

Ebrard es reconocido como un buen gobernante por la ciudadanía, que lo mantiene alto en los niveles de aprobación, visto como un político apto por el gobierno federal, al que ven con respeto, y respetado por los liderazgos del PRI, que pactaron con él no romper hostilidades con fines electorales. Pero al mismo tiempo, no tiene bases dentro del PRD, y depende de otros para gozar de fuerza política, sobretodo, de López Obrador y los sectores de la izquierda más radicales que son sus incondicionales. Sin López Obrador, Ebrard jamás hubiera sido jefe de Gobierno. Sin el acuerdo de las tribus perredistas coaccionadas política y moralmente por López Obrador, Ebrard no hubiera avanzado.

La única tribu perredista que se le enfrentó durante sus primeros tres años de gobierno, fue la que encabezan René Arce y Víctor Hugo Círigo, que se encuentran en el proceso de romper con su corriente matriz, Nueva Izquierda, e irse definitivamente del PRD. Arce, que es senador, y Círigo, actual diputado federal y que en el primer trienio del gobierno de Ebrard fue líder de la ALDF, controlaron durante casi una década Iztapalapa, y en la lucha por la jefatura delegacional que se puso en juego este año, se enfrentaron a todas las corrientes del PRD –incluido los liderazgos de Nueva Izquierda-, que articulados por Ebrard decidieron romper con ese monopolio político.

Clara Brugada fue la candidata de todas las corrientes del PRD para enfrentar a Silvia Oliva, esposa de Arce, quien a través de ella quería mantener el control literalmente familiar que tenían en Iztapalapa. El proceso de selección de candidato generó un conflicto que terminó en el Tribunal Federal Electoral -cuya presidenta, María del Carmen Alanís es amiga cercana de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón-, el cual eliminó casillas donde había ganado Brugada, con lo cual fallaron a favor de Oliva, como candidata a la jefatura delegacional, en lugar de enviar la decisión al Instituto Electoral capitalino. A la acción de pinzas de Los Pinos-Tribunal Federal Electoral, vino la reacción de López Obrador en la imposición a Juanito como candidato subrogado.

La manipulación de los recursos democráticos que hizo López Obrador con Juanito para cumplir su objetivo es indudable. Pero las acciones de Ebrard pueden verse desde otra perspectiva si se desdoblan los antecedentes y se ubican en su contexto. Ebrard, que luchó contra la dupla Arce-Círigo, que le bloquearon todo lo que pudieron en la ALDF, no iba a ayudarlos a recuperar Iztapalapa. De hecho, una de las estrategias de la última campaña electoral fue quitarles toda la fuerza posible, lo que sucedió al arrebatarles el control de la ALDF. En este sentido, la solución Juanito al caso Iztapalapa fue consistente con el objetivo de anularlos. El manejo que hizo López Obrador de todo el episodio alrededor de Acosta, subió el costo, pero no modificó la intención de fondo.

Lo que sucedió entre la solicitud de licencia definitiva de Acosta y la designación de Brugada a la ALDF, tiene que enmarcarse en el contexto de las alianzas de la izquierda a nivel nacional, no en el microcosmos de la capital federal. Ebrard invirtió enorme capital político para lograr el voto a favor de Brugada, que en la víspera no tenía seguros ni los 34 votos del PRD, y tenía en contra al PRI. Al mediodía del sábado, había ganado con 20% más de votos de los que necesitaba, que incluía a todo el PRD –con los siete de Nueva Izquierda, a la que pertenece Arce-, el PT, y el PRI y el Verde casi en su totalidad. No se sabe qué resortes movieron para que Nueva Izquierda, el PRI y su satélite, el Verde, cambiaran el voto, pero Ebrard los logró.

El costo inmediato es que lo verán hacia fuera como un títere de López Obrador. Pero hacia adentro de la izquierda, cumplió con un acuerdo político –lo que explica también la postura institucional de Nueva Izquierda- que forjaron días antes el PRD, el PT y Convergencia, de dejar de seguir peleándose entre ellos, porque sólo estaba beneficiando a sus adversarios, particularmente al PRI, y de establecer el método para seleccionar candidatos de unidad a puestos de elección popular, que resultarán de apoyar a aquél o aquella que se encuentre mejor posicionado en el momento de la selección.

Ebrard apostó fuerte con Brugada. Podría haber ido por lo que parecía políticamente menos riesgoso, la tercera opción, donde si no era Juanito, tampoco ella. Pero hubiera ido directo contra López Obrador, cuyos leales le enviaron un mensaje claro durante el encuentro refundacional en Cocoyoc el fin de semana previo, donde Lenia Batres, hermana de su secretario de Desarrollo Social,  encabezó una ruidosa manifestación de repudio contra el jefe de Gobierno. López Obrador se había jugado todo con la ecuación de Brugada, y una derrota, añadida a la sorna nacional por su Juankestein, perjudicaba más a Ebrard que al tabasqueño en el largo plazo.

Eliminar a Brugada era acelerar el rompimiento con López Obrador. Ebrard no está en condiciones de hacerlo ahora. Pero tampoco más adelante, salvo que estableciera una alianza política con otra tribu dentro del PRD. De cierta forma, su falta de arraigo en el partido lo ancla sus tribus. Pero al mismo tiempo, es lo más presentable que tiene la izquierda para 2012. Lo sabe él, quien necesita mantenerse sin descarrilarse y sin pelearse con quien detenta, guste o no, entre 4 y 6% del voto nacional, suficientes para decidir una elección presidencial.

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El miércoles, el día en que Ernesto Cordero se despidió del personal de la Secretaría de Desarrollo Social, la voz se le quebró y se le escaparon unas lágrimas. “Sí le dolió dejarla”, dijo una persona muy cercana a él. “Le costó mucho trabajo”. Cordero no tenía pensado saltar de Desarrollo Social a la Secretaría de Hacienda. No es lo mismo repartir dinero que quitarlo, que es la generalización que define las dos secretarías. Quería prepararse para contender por la candidatura presidencial en 2012, y no había mejor plataforma que la mano generosa que define la política social. Pero soldado fiel al presidente Felipe Calderón, no pudo decirle que no cuando, en última instancia, tuvo que pedirle una vez más que lo ayudara. La aspiración presidencial de Cordero se iba a alejar, hasta que Calderón definió su mandato al anunciar el cambio.

Aunque el discurso fue equilibrado y elogioso para Agustín Carstens, nuevo gobernador designado del Banco de México, y Heriberto Félix, nuevo secretario de Desarrollo Social, Calderón le dio a Cordero un mandato amplio y vinculador a otras áreas del gobierno como se no se recuerda para ningún jefe de la Hacienda. Calderón fue más allá de las funciones macroeconómicas que le corresponden al encargado de ese despacho, y le dio la responsabilidad, “en el contexto de las finanzas públicas”, de buscar un desarrollo económico “sustentable” –mandato de la Secretaría de Desarrollo Social-, que transforme a la economía para hacerla más competitiva –tareas que recaen en Economía y Función Pública-, y que acelere el crecimiento para generar empleos –objetivos de Economía y Trabajo-.

Por decisión política del Presidente, Cordero podrá asumir funciones más allá de las que le competen. No será la primera vez que hace esto. Cuando el gobierno entró en una crisis de comunicación por el baile de cifras en los primeros días de la epidemia del virus AH1N1, recurrió a Cordero para que se mudara de oficina a una especial dentro de los laboratorios que procesaban la información, e instruyó al secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, que no difundiera ningún dato que no fuera antes consolidado por el entonces responsable de Desarrollo Social. En ese momento consolidó el papel que meses antes había tenido su gran amigo, Juan Camilo Mouriño, como jefe de la Oficina Presidencial y como secretario de Gobernación, al articular a un sector del gabinete y servirles de primera cámara de recepción previa a Los Pinos.

El mensaje presidencial deja clara la autoridad trasladada a Cordero. Podrá inmiscuirse, bajo la fórmula planteada por Calderón de “coordinación y colaboración”, en el mantenimiento de una línea de conducción gubernamental que responda al interés estratégico de Calderón para darle un levantón significativo a la economía mexicana en los próximos 18 meses, y dejar lista la plataforma electoral para 2012. Cordero es el hombre de Calderón. Desde Los Pinos está saliendo el spin para convertir el riesgo de ser secretario de Hacienda en tiempo de crisis, a un activo, como “el secretario de la recuperación económica”.

El camino ya lo hemos recorrido en México, con resultados diversos. Luis Echeverría designó a su secretario de Hacienda, José López Portillo, porque consideraba que era el idóneo para enfrentar la crisis económica. López Portillo apostó por su secretario de Programación, Miguel de la Madrid, porque el país estaba hecho pedazos. De la Madrid se inclinó por Carlos Salinas, con quien compartía ideológicamente un modelo neoliberal de la economía. Las sucesiones de Salinas y Ernesto Zedillo se dieron en condiciones económicas diferentes, aunque al arrancar la administración de este último se dio la crisis financiera, conocida popularmente como “el error de diciembre”. Lo que no se había visto antes es una designación, en tiempos de crisis y con el peor momento de ingreso de recursos en más de medio siglo, tan orientada a lo político.

Calderón necesita revertir la tendencia electoral derrotista del PAN para mantener el poder y cuajar su propio proyecto nacional. La decisión de Cordero llevó consigo desechar probabilidades con economistas respetados en el exterior, como el director de la OECD, José Ángel Gurría, o el vicepresidente del BID, Santiago Levy. No hubo condiciones políticas reales para que alguien, que no fuera de los suyos, se plegara a sus designios políticos. Carstens, que tampoco pertenecía a su equipo íntimo, aguantó tres años de insultos y humillaciones en privado, pero no más. Ya había pedido su cambio al banco central, donde la antipatía del Presidente con el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, elevada por su crítica abierta a la política económica, hacía imposible un tercer mandato en el cargo. Carstens, en cambio, se prestó a repetir las mentiras exigidas en Los Pinos, aún en contra de su prestigio.

Si el ocultamiento de la profundidad de la crisis tenía una motivazión política, el ajuste en la cabeza del gabinete económico, subraya el proyecto transexenal. Cordero no es conocido en el exterior, pero mantener al equipo de subsecretarios de Carstens enviará el mensaje al mundo de continuidad. Calderón no pudo hacer mucho en su discurso por subrayar su conocimiento de Hacienda, salvo su breve paso como subsecretario de Egresos. Hay nervios entre los inversionistas porque consideran que es un gambito de alto riesgo económico. Pero no hubo reparos insalvables. Cordero, finalmente, tampoco fue vetado en Washington, como lo hicieron con Ernesto Derbez cuando el presidente electo, Vicente Fox, lo sugirió como secretario de Hacienda, y ha sido aceptado con reservas.

El primer escollo fue resuelto sin turbulencias. El presente lo blindan las atribuciones adicionales que le entregó Calderón a su delfín para 2012. Ahora sólo falta que el equipo hacendario no falle en la recuperación, que la economía estadounidense se recupere y arrastre a la mexicana, como espera el gobierno calderonista, y que la maquinaria propagandista de Los Pinos pueda vender eficazmente a Cordero como “el secretario de la recuperación”. Sólo así, el sacrificio de Cordero en este momento, tendrá su recompensa. Y sólo así, Calderón tendrá el candidato que anda buscando.

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La Comisión Jurisdiccional de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal inició el proceso para destituir a Rafael Acosta, “Juanito”, como jefe delegacional de Iztapalapa. La Comisión recibió la solicitud de las diputadas locales Aleida Alavez y Karen Quiroga, junto con un expediente de alrededor de 600 fojas. La argumentación central para la remoción del delegado es “ingobernabilidad”; la documentación, en su mayoría, son recortes de periódicos. Es decir, una aberración política derivada de la manipulación de los instrumentos democráticos por parte del líder de la izquierda social Andrés Manuel López Obrador, se quiere resolver mediante otra aberración política en la cual se pretende que todo un cuerpo legislativo queme en leña verde a Acosta en un proceso de negociaciones y componendas entre partidos.

Es delirante que una persona como Acosta, que en cuestión de semanas saltó de porro lópezobradorista, bolero y paletero a jefe de una delegación más grande que estados o países, con un presupuesto de tres mil 500 millones de pesos. Pero es aún más desatinada la manera como se quiera movilizar la maquinaria política de la capital federal, manipulando la realidad frente a todos los ciudadanos. “Juanito”, como se le conoce, nunca debió haber llegado a ser jefe delegacional, y su solo triunfo es una burla a la larga lucha por la democracia. Pero porque no cumplir su pacto con López Obrador de renunciar tras ganar –un hecho político meramente-, ¿hay que construirle colectivamente una acusación que dé sustento jurídico al acto político de la remoción? De ninguna manera, pues el hecho en sí mismo sería más grave aún que la destornillada acción de origen.

“Juanito” es un subproducto de la manipulación de instrumentos democráticos por parte de López Obrador, quien ha dicho no creer en esos instrumentos. “Juanito” es una desproporción de la imperfecta democracia nacional, apuntalada por una cultura política aún más rudimentaria, pero cuando se juega bajo sus reglas, hay que respetarlas. López Obrador lo nombró en un mitin candidato del PT a la delegación de Iztapalapa y pactó con él que una vez con el triunfo en la mano cedería el cargo a Clara Brugada, su candidata que no pudo contender por al ser anulado el proceso de selección de candidatos por el Tribunal Electoral. El PT lo registró y ganó gracias a la campaña electoral de López Obrador. En el momento de la verdad política se negó a dejar el cargo, incumpliendo el acuerdo, pero sin violar ley alguna.

Las diputadas Alavez y Quiroga pidieron un juicio político contra Acosta para removerlo como delegado. La Comisión Jurisdiccional resume el alegato en 16 páginas, donde describe afectaciones al orden público, definido como “el conjunto de reglas en que reposa el bienestar común”. El listado de “ineficiencias” es de 37 puntos, de cuya lectura sólo se puede concluir que no está inspirado en la razón, sino en la vendetta. Todas las imputaciones a Acosta cabrían también para la delegada interina Brugada, y algunas son ridículas, como el que no se hayan reencarpetado vialidades, con lo cual hay más baches –en prácticamente toda la ciudad no se está haciendo ahora ese trabajo-, y la terminación del parque Iztapalapa o el campus de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Como no ha hecho todo lo que se tiene que hacer o comenzar en el primer año, en escasos 20 días, según el alegato, se prueba su incompetencia. La revisión de varias de las acusaciones demuestra otra cosa. No se han hecho cosas urgentes porque los funcionarios que había designado Brugada para ello dejaron de trabajar, boicoteando la gestión de Acosta, o le renunciaron en masa. No hay servicio de limpia, ni tampoco hay una coordinación policial para proveer la seguridad, cierto, pero no se trata de una mala gestión sino de sabotaje, pues los encargados de operarla y ordenar que se realizaran esas tareas municipales de el trabajo o están impidiendo que se cumpla.

Acosta hace diariamente un recorrido por la Delegación, demostrando que se encuentra en funciones de gobierno. Alavez y Quiroga argumentan que la presencia de Acosta tiene a la delegación en medio de la ingobernabilidad, cuando son las turbas de Brugada las que han generado la violencia y no al revés. No obstante, una buena parte de los asambleístas capitalinos, están dispuestos a enjuiciarlo. La sociedad está embelesada con el espectáculo, cuyo tema no es local o metropolitano. Quitando el ruido de carnaval que ha causado, el tema de “Juanito” es muy serio, y lo que la ALDF pretende es, llanamente, equivalente a un golpe de Estado, construyendo la ingobernabilidad.

Guardando las proporciones, pero a manera de ejemplo, así le hizo la extrema derecha, financiada por la CIA, al presidente Salvador Allende durante dos años, para ir debilitándolo y propiciando el golpe de Estado que finalmente lo derrocó en 1973. Un periódico, El Mercurio, financiado también por la CIA, fue el espejo del proceso de desestabilización, que llamaron en Washington Track I y Track II. Guardando también las proporciones, el ex presidente Vicente Fox buscó el desafuero y meter a la cárcel a López Obrador, en ese entonces jefe de Gobierno capitalino, por un delito menor, pero finalmente delito.

Las argumentaciones políticas que han acompañado el proceso exceden lo absurdo. La diputada Alavez, que criticó la incorporación de una panista a la dirección jurídica de la Delegación, dijo que la presencia de otros partidos afectaba la gobernabilidad en Iztapalapa. En un exabrupto de intolerancia, mostró también el concepto patrimonial que tienen en ese sector del PRD sobre Iztapalapa, que controlaron las tribus del partido durante una década. No quieren que ningún partido se asome por ahí, y enseñan el porqué del deseo de la destitución bajo términos en los cuales una izquierda políticamente extraviada, como lo han venido demostrando, siga manteniendo el territorio. Pero hasta este momento, hay un grupo de priistas, panistas y verdes que, siguiendo esa corriente política, se disponen a consumar, por razones todavía oscuras, la destitución.

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Eduardo Medina Mora empezó a instalarse este fin de semana en Londres, al mudarse de su casa-bosque de 15 millones de pesos en Cuajimalpa a la residencia mexicana cerca del eséctacular pulmón verde de Hyde Park, para comenzar en unos días su nuevo trabajo como embajador ante el Reino Unido. El ex procurador general se fue con toda discreción en una semana en la cual, si México fuera un país serio, estaría en medio de un escándalo nacional y sujeto, cuando menos, a un juicio político. El fantasma de Édgar Bayardo lo persigue.

El asesinato de Bayardo, ex comandante de la Policía Federal Preventiva la semana pasada en la ciudad de México, puso al descubierto una cadena de irregularidades judiciales en las cuales incurrió Medina Mora, quien le dio un trato de privilegio que no ha explicado nadie. Su ejecución exhibió las miserias del programa de testigos protegidos de la PGR, que en su intento por minimizar el impacto ante un crimen que los avergonzó, abrió la duda sobre posibles delitos que pudo haber cometido el ex procurador.

Bayardo fue detenido el 22 de octubre del año pasado, luego de que una operación fortuita dio como resultado el arresto de Jesús Reynaldo “El Rey” Zambada, hermano de uno de los jefes del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, responsable de la organización en la ciudad de México –particularmente el aeropuerto internacional-, Morelos y Guerrero. La pista que puso a los investigadores sobre él se dio por una llamada que le hizo Zambada en los momentos en que la policía se enfrentaba con sus guardaespaldas, para que lo rescatara, de acuerdo con la investigación del caso. Después de eso, la evidencia cayó en cascada.

Un testigo protegido identificado como “María Fernanda”, afirmó el 23 de octubre de ese año que Bayardo trabajaba para los Zambada. Otro testigo, el hijastro de “El Rey” Zambada, Ricardo Arroyo Guízar, confirmó que el entonces jefe policial trabajaba para el Cártel de Sinaloa. Con toda la evidencia puesta sobre la mesa, el mismo Bayardo reconoció que recibía 25 mil dólares mensuales del cártel y que le daban 500 mil dólares adicionales por cada ascenso dentro de la Policía Federal. Medina Mora le ofreció rápidamente ser testigo protegido.

Ambos eran viejos conocidos. Medina Mora lo contrató en 2006 –cuando ya llevaba unos siete años trabajando para los Zambada-, para que realizara análisis de información confidencial, procesara documentos, diseñara estrategias, logística de operaciones, investigaciones y apoyo a funciones de control y evaluación de personal. Cuando lo llevó su jefe, Gerardo Garay, comisionado interino de la PFP, a la PGR para que lo arrestaran, el entonces procurador no lo consignó. Bayardo quedó en un terreno gris, y para efectos prácticos, Medina Mora lo dejó como un ciudadano inocente. El enredo que hizo con Bayardo, aún no se entiende.

Se puede argumentar que Medina Mora violó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada al acogerlo al programa de testigos protegidos cuando había siete averiguaciones previas donde lo imputaban, y una más ante el ministerio público en el Distrito Federal, con lo que contravenía el inciso primero del artículo 35 de la Ley. El inciso dos del mismo artículo permite que un implicado pueda ser acogido al programa aunque aparezca en averiguaciones previas, siempre y cuando aporte indicios para la consignación de otros miembros. A la única persona que acusó Bayardo fue a Garay, a quien la PGR no pudo probarle nexos con el Cártel de Sinaloa, pero lo tiene en la cárcel acusado de un presunto robo de 500 mil dólares, y de violación de mujeres colombianas relacionadas con narcos, que nunca ratificaron sus dichos.

Bayardo no aportó datos contra sus jefes los Zambada, pero Medina Mora, por el limbo construido al no haberlo consignado, lo envió a Washington para que declarara en la DEA –agencia para la que también trabajaba hasta el momento de su arresto-. La DEA lo regresó a la PGR, que mantuvo en secreto al gobierno federal el paradero de su testigo protegido. En el momento del crimen se encontraba sin sus escoltas, con decenas de miles de pesos en la bolsa y en espera de un funcionario de la PGR que le iba a dar su mesada mensual de 50 mil pesos. Para atenuar las críticas contra el programa de testigos protegidos, el vocero de la PGR Ricardo Nájera afirmó que nunca se procedió en contra de Bayardo porque no había forma de ejercitar acción penal en su contra.

Lo que hizo Nájera fue avalar la inacción penal de Medina Mora contra Bayardo, pese a ser un delincuente confeso, señalado por diversos testigos y en declaraciones por los integrantes del Cártel de Sinaloa. Más aún, los dos agentes que reclutó para apoyarlo, Jorge Cruz Méndez, en ese entonces comisario de la Policía Federal, y Fidel Hernández García, ex inspector de la Agencia Federal de Investigaciones, sí fueron consignados y siguen presos. Lo que es paradójico para la PGR del procurador Arturo Chávez Chávez y para Medina Mora, es que la principal prueba de culpabilidad de Bayardo es su propia declaración ministerial donde admite haber trabajado para el Cártel de Sinaloa, filtrada a la prensa el año pasado por los colaboradores del ex procurador con el propósito de acusar a Garay.

¿Por qué tendió Medina Mora ese halo protector sobre Bayardo? ¿Cuáles fueron las razones por las cuales lo blindó? ¿Qué compromiso forjó con él a cambio de no consignarlo? Esos privilegios que salvaron a Bayardo de ir de la cárcel, también le permitieron recuperar sus bienes, su fortuna de 30 millones de pesos y su colección de obras de arte. No se sabe qué motivo a Medina Mora actuar así con Bayardo. El único resultado concreto como testigo protegido fue la acusación de Garay, que coincide con  que la persecución al Cártel de Sinaloa cejó y se recompuso su operación en el centro del país. Nadie le pidió explicaciones de ello a Medina Mora, ni se revisión si infringió, fue laxo o manipuló la Ley a favor de Bayardo. El ex procurador quedó impune, aunque el fantasma de Bayardo no dejará de perseguirlo.

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Rafael Acosta “Juanito”, es parte de la picaresca política nacional. Se ha vuelto un personaje popular. La gente ríe con él, se toma fotografías con él y le pide autógrafos. Ya participó en una obra en un teatro de revista y es mucho más cercano a un personaje de carpa que a delegado de Iztapalapa, que por ley y votos, eso es. Pero “Juanito” es algo mucho más que eso: es un arma letal que tiene marcado en la cancha el 2012.

Acosta es un analfabeta funcional que fue utilizado por Andrés Manuel López Obrador para concretar una necesidad política en esa delegación, un granero de votos para la izquierda que tiene un presupuesto anual de tres mil 500 millones de pesos. El desprecio de clase hizo que López Obrador al abusar de la manipulación electorera de “Juanito”, soslayara los síntomas de inconformidad en su creación, quien empezó a respingar. Sus enemigos sí lo notaron, y comenzaron a utilizarlo como un instrumento de desgaste y destrucción de una carrera presidencial que arrancaba.

“Juanito” es altamente folclórico, que en el papel que está jugando, es un activo fenomenal. Está lejos de ser el imbécil que algunos creen, o una persona mentalmente discapacitada, como algunos lo señalan. La falta de educación y de cultura no es sinónimo de carencia de inteligencia. De hecho, quienes han platicado con él o lo han escuchado en entrevistas, pueden oír a una persona rápida en sus respuestas, muchas de las cuales tienen lógica política y sentido común.

Igualmente se puede ver a través de sus palabras y construcción de oraciones, que “Juanito” ha sido sometido a un media training intenso, pues emplea respuestas directas, sin ambigüedades, positivas para sus fines y ofensivas para sus rivales, sin abrir márgenes para interpretaciones en su contra. No se puede concebir que una persona sin conocimiento pleno de las leyes que da el estudio, de los procedimientos parlamentarios que da la práctica, y del sentido de oportunidad política que da el oficio, pueda lograr lo que ha conseguido “Juanito”. Detrás de sus apariciones, acciones y reacciones, se puede alegar que hay una o varias mentes tan sofisticadas como perversas detrás de él. ¿Quiénes pueden ser?

La hipótesis de trabajo más fácil es que se trata del PAN. Pero el PAN como partido no debe estar en esa lógica por una sencilla razón: a quien necesitan golpear es al PRI no al PRD. Requieren que el PRD recupere peso electoral para que quite electores al PRI y le permita al PAN alcanzarlo en las elecciones presidenciales. El PAN pierde más con un PRD débil, lo que llevaría a considerar la probabilidad de que la maquinaria priista del estado de México se encontrara detrás de “Juanito”, lo que lleva a una segunda hipótesis: el PRI mexiquense.

La aplanadora mexiquense le comenzó a arrebatar municipios conurbados al PRD en la zona oriente de la ciudad de México, debilitándolo severamente, y recuperó Ecatepec, que es el principal generador de votos en el estado. Asimismo, el equipo del gobernador Enrique Peña Nieto, ha venido trabajando con familiares de “Juanito” para incorporarlos en su nómina y comenzar, por Iztapalapa, la conquista metropolitana. Sin embargo, el antídoto para esta hipótesis es que, hasta ahora, no hay personajes priistas pululando en el affaire Juanito, sino panistas.

Por eso, aunque se puede argumentar en contra de la intervención directa del PAN nacional, la tercera hipótesis si involucra a panistas. Hay una estrategia de quitarle Iztapalapa a la izquierda y entregársela al PAN. “Juanito” designó como consejera jurídica a Alejandra Núñez, consejera jurídica, que trabajó en la Delegación Miguel Hidalgo y con lo cual, si pide licencia, asumiría el cargo. Detrás de ella, admiten panistas, hay influencia del senador Federico Döring, con intereses en la capital. Döring, un activista rudo, ha sido utilizado en diferentes ocasiones como punta de lanza contra López Obrador, como cuando Diego Fernández de Cevallos y el ex presidente Carlos Salinas, con el aval del gobierno de Vicente Fox, entregaron a la televisión los videos donde René Bejarano, operador político del tabasqueño, recibía dinero del mecenas del PRD, Carlos Ahumada.

Pero Döring es más gestor que estratega, y aún si se probara que se encuentra detrás del affaire Juanito, sería como maestro de obras, no como arquitecto, lo que conduce a la cuarta hipótesis. Acosta ha utilizado recursos muy sofisticados. El enviar una carta como “delegado legítimo” a López Obrador, identificándolo como “presidente legítimo”, y acusar a “la mafia lopezobradorista” de querer acabarlo de la misma manera como López Obrador habla de “la mafia política” que encabezan Salinas y Fernández de Cevallos, no es sólo una especie de vinculación sináptica, sino también una evocación de varias veces que el panista utilizó recursos legales originales para golpear a López Obrador. Salinas tendría razones adicionales. Hace meses buscó un acercamiento con el tabasqueño a través de Bejarano, pero todos los intentos fueron inútiles y López Obrador no dejó de atacarlo.

Una quinta hipótesis se refiere a los beneficiarios inmediatos del descrédito de López Obrador. El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard es el benefactor primo. Hace tres meses habían acordado que la candidatura presidencial sería decidida entre los dos, según quién tuviera mejor posicionamiento entre el electorado a fines de 2010. Pero López Obrador arrancó su campaña una semana antes del escándalo de “Juanito” mientras sus propagandistas iniciaban el golpeteo a Ebrard en las redes sociales. En la última semana se olvidó la candidatura de López Obrador –y de paso también el incremento de impuestos en la capital-, priorizándose la sorna contra el tabasqueño.

Los acontecimientos, sin embargo, no benefician del todo a Ebrard. Aventajaría a López Obrador, pero el PRD se queda sin los recursos de Iztapalapa. La delegación es altamente clientelar, y los votos se irán mayoritariamente para quien reparta más dinero. Esa es la línea de fondo que se juega en este momento en ese granero electoral, donde los momios apuntan a que le jefatura se quede en manos del PAN, por la vía de Núñez. Pero finalmente, ¿quién se quedará con el poder? Esa la pregunta que todavía nadie puede responder.

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