Estrictamente Personal

La guerra contra el narcotráfico, en los términos como los planteó el presidente Felipe Calderón, llegó a su fin. El error en el diseño original de la estrategia del secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, no pudo ser resuelto en tres años y empezó la resaca. En la última reunión del Consejo Nacional de Seguridad, los gobernadores cuestionaron las cifras de la violencia y reclamaron la manera como el gobierno está midiéndola. Pero un gobernador, José Reyes Baeza de Chihuahua, dibujó lo que será la línea de ataque en el próximo futuro. Señor Presidente, le dijo le dijo a Calderón de frente, la violencia comenzó cuando el Ejecutivo declaró la guerra contra el narcotráfico. O sea, la violencia es culpa del gobierno y de nadie más.

La lógica de la guerra contra el narcotráfico, expuesta al Presidente por García Luna al inicio de la administración, era golpear las estructuras financiera y logística de los cárteles. Pegarles en el corazón del negocio, con lo cual se alteraría toda la estructura era el objetivo. Una vez desarticulada, calculaban, sería más fácil acabarlas. La primera fase fue un éxito. Los cárteles resultaron tan afectados en sus ingresos, que dejaron de tener dinero para sus nóminas. El Cártel del Golfo casi desapareció en ese periodo, y tuvo que regresar a extorsión y protección, así como abrir nuevos mercados en el sur de México y Centroamérica para sobrevivir. Los sicarios del Cártel de Tijuana se volvieron sanguinarios secuestradores exprés. El Cártel de Sinaloa, que tenía inventarios para soportar la sequía, se partió en dos.

El Ejército y la Marina salieron a las calles a ser, junto con la Policía Federal, la primera línea de fuego. No era lo que pensaban harían al arrancar el sexenio, pero la propuesta de García Luna, aprobada por Calderón, los metió en una guerra que no buscaban. El desgaste interno y ante la opinión pública tiene inconformes a las Fuerzas Armadas, y algunos altos mandos rayan en las molestias. Un general y un contralmirante, reflejando una línea de pensamiento cada vez más extendida entre sus pares, afirmaron por separado que la estrategia de García Luna ha fracasado. Militares y civiles coinciden. Calderón perdió el consenso.

Dos factores han impedido que el Presidente mantenga respaldo total a su guerra contra el narcotráfico. El primero es que la segunda fase, la participación de las policías municipales –para así retirar a las Fuerzas Armadas de las calles-, nunca comenzó. García Luna ha pujado por una policía nacional, cuyo comando esté integrado bajo él, pero pese a ser una idea persuasiva y quizás positiva, la pérdida de legitimidad del secretario ante la opinión pública ha hecho que tenga muy poco respaldo. El apoyo reiterado de Calderón a esa medida, no ha pasado de ser retórico. García Luna buscó hace casi dos años que los presidentes municipales le permitieran nombrar a sus secretarios de seguridad y articular, de manera informal, a esa policía nacional. Todos lo rechazaron y buscaron que el secretario de la Defensa, Guillermo Galván, se los pusiera. El Ejército ha pagado una alta cuota de sangre al apoyarlos, y varios generales han sido asesinados en cumplimiento a su trabajo.

La estrategia de la guerra contra el narcotráfico se mantiene enfocada a desarticular sus estructuras, detener narcotraficantes, decomisar droga, dinero y propiedades. Hay  más de 90 mil detenidos, pero paradójicamente esto subraya el fracaso de una política fincada en la fuerza. Lo que nunca anticiparon, dicen altos funcionarios federales, es que los cárteles se pudieran reorganizar de una manera tan rápida, con alianzas frágiles y volátiles entre viejos enemigos, pero cada vez más violentos y con mejor armamento. Al nunca definir Calderón o García Luna cuál sería una victoria, la guerra declarada se encuentra en una especie de dinámica sinfín.

El argumento de que la espiral de violencia es creciente porque los cárteles están peleando por las rutas de distribución y comercialización de la droga, está agotado. La justificación de que los empresarios fronterizos ya quieren que se retiren las fuerzas federales de sus plazas para que ellos puedan seguir cerrando los ojos mientras los narcotraficantes lucran en esos mercados, es un alegato hoy en día reduccionista. Si el Presidente y el secretario insisten en él, deben producir resultados concretos. Pero en esta guerra, prácticamente no hay empresarios detenidos –en cambio hay un número creciente que o se ha ido del país o ha enviado a su familia al extranjero-, ni tampoco se ha visto la desarticulación contundente –salvo casos de excepción como en Michoacán, y los ex mandos en la SIEDO caídos en la “Operación Limpieza”-,  de las redes de protección institucional que afirman que existen.

En esta guerra contra el narcotráfico, que tuvo una primera etapa pero que no ha tenido claridad en las posteriores, la apelación del Presidente para que la apoyen está empezando a caer en terreno árido. No se puede seguir apoyando esta guerra si no define el Presidente lo que entiende por victoria, y si no presenta una visión que vaya más allá de la fuerza para explicar la integralidad de su estrategia. La fuerza debe ser uno de los componentes de la guerra y no su razón de ser. Son varios los ejemplos de derrotas en guerras donde la superioridad militar no fue suficiente, como Francia en Indochina o Estados Unidos en Vietnam. La propaganda sobre los logros en la guerra–mensaje permanente del gobierno-  esconde la definición de victoria y construye un búmeran para Calderón. Alemania y Japón tuvieron más prisioneros y decomisaron más armas a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo perdieron.

La estrategia de Calderón y García Luna no consideró tampoco la incorporación de los poderes políticos, económicos y sicológicos. Todo se resumió al voluntarismo de la sociedad que acudió al respaldo del gobierno para una guerra éticamente noble, pero políticamente desastrosa. Si quiere más apoyo para el resto del sexenio, tienen que dejar las simulaciones y empezar a dar otro tipo de resultados en el desmantelamiento de las redes de protección de políticos, empresarios, entidades privadas y organizaciones sociales. Si dicen que ahí está la fuerza de los cárteles, que actúen sobre ellas y no sólo que rasuren la punta del iceberg. Les quedan tres años para cambiar su destino político.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

www.twitter.com/rivapa

Los tiempos del presidente Felipe Calderón para la sucesión presidencial, como sucede con cada jefe del Ejecutivo y su partido, le pertenecen sólo a él. Pero al mismo tiempo, en la contienda abierta para 2012, las presiones sobre el PAN crecen. En la cúpula del partido están preocupados, y decidieron empezar a circular nombres de posibles aspirantes a la Presidencia. No tienen de otra. Si no los sueltan, la batería de priistas y perredistas que se están formando para la misma carrera, los puede arrollar.

De acuerdo con personas que conocen de los planes, los nombres que comenzarán a filtrarse a la opinión pública: los secretarios de Estado Ernesto Cordero, de Desarrollo Social, Javier Lozano de Trabajo, Alonso Lujambio de Educación, y Juan Molinar de Comunicaciones. Junto con ellos, Josefina Vázquez Mota, coordinadora de la bancada panista en la Cámara de Diputados, y el senador Santiago Creel.

Los siete reflejan los intereses particulares del Presidente y la realidad interna del PAN. De la baraja de secretarios, el único panista de abolengo es Lujambio, viejo amigo de Calderón, miembro de una familia de panistas, politólogo y con experiencia en el IFE, donde como responsable de la fiscalización de los partidos, pasaron por sus manos los asuntos de Amigos de Fox y el Pemexgate, y el Instituto Federal de Acceso a la Información, en donde recibió críticas por fallos polémicos progobiernistas.

Lujambio no es la primera carta del Presidente. La primera le corresponde al delfín, Cordero, quien se la jugó con Calderón desde los días aciagos de su carrera política en el gobierno de Vicente Fox. Cordero era muy cercano de Juan Camilo Mouriño, el principal asesor político de Calderón. Mouriño era para Calderón en política, lo que Cordero en economía, lo que subraya la enorme confianza depositada en él.

Calderón utiliza a Cordero para tareas fuera de su área de responsabilidad, en momentos críticos para su gobierno. La más importante, porque iba para desastre, fue durante la crisis sanitaria de la influenza AH1A1, cuando el caos en el ordenamiento de las cifras de contagios y afectados potenciales tenía al gobierno en un problema de comunicación política. Cordero fue encargado de acumular y procesar todos los datos antes de que el secretario de Salud, José Ángel Córdova, informara públicamente.

El Presidente aprecia los rescates. En este contexto se inscribe Lozano, el único miembro del gabinete que ha salido sistemáticamente a batirse con los adversarios de Calderón en la arena pública. En las últimas semanas fue la primera voz en el proceso de liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza, dedicó horas a enfrentar al Sindicato Mexicano de Electricistas en radio y televisión, e invirtió más en explicar a comunicadores el alegato oficial, creando un clima de opinión favorable al gobierno.

El perfil de Lozano es más similar al de Molinar, quien al igual que el primero participó en el cuarto de guerra de Calderón durante la campaña presidencial. En 2006, sin embargo, el gladiador designado para enfrentar a los adversarios, en particular para luchar en todos los campos de batalla contra el equipo de Andrés Manuel López Obrador, era Molinar, compañero de Lujambio en el IFE y que fue subsecretario de Gobernación cuando Creel era el titular en el gobierno de Vicente Fox.

El nombre de Molinar es una sorpresa. Aunque era una de las figuras fuertes al comenzar la administración y se le veía como uno de los hombres del Presidente que crecerían cuando se hicieran los ajustes rumbo a 2012, la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, que obtuvo sus permisos del IMSS cuando Molinar era director general de la institución, parecía el final de una carrera presidencial. La idea de incorporarlo no está clara todavía, si es como un distractor para repartir golpes entre los miembros del gabinete, o si se considera que el siniestro que costó la vida a 43 niños, pueda ser olvidado en lo que falta de tiempo para decidir la candidatura.

Fuera de ellos, los otros nombres que comenzarán a circular, no pertenecen realmente al entorno de Calderón. Vázquez Mota fue cercana al Presidente hace años, pero durante la campaña presidencial se enfrentó con Mouriño y se dedicó a intrigarlo. En el homenaje presidencial a Mouriño días después de su muerte, el discurso de Calderón tuvo críticas casi directas a Vázquez Mota. Aún así la buscaron para neutralizar al gobernador Enrique Peña Nieto en el estado de México, pero fue totalmente derrotada.

Pero Vázquez Mota representa una opción empresarial para Calderón, en tiempos donde su relación con los empresarios está casi rota. Mouriño murió antes de que pudiera construir una red de apoyo empresarial con jóvenes petroleros en el sureste, y la única persona que puede lograr respaldos efectivos de esa naturaleza es ella, que se ganó un futuro político cuando al quedarse sin dinero Calderón en la campaña, obtuvo fondos con los empresarios de Monterrey. La tensa relación actual entre ellos y Calderón la convierte en casi el único eslabón del PAN hacia recursos que van a necesitarse en la campaña presidencial.

Creel no es una opción empresarial, pero sí una política. Distanciado de Calderón, el senador es un factor de poder real en el PAN. Controla a más del 50% de la bancada panista en el Senado, y cuenta entre sus leales a varios de los diputados más aguerridos en San Lázaro, como Javier Corral. Creel se enfrentó a las televisoras, ganando seguidores entre núcleos de opinión que no comparten su ideología, una característica que lo convierten en gozne entre sectores conservadores -inclusive el ala más radical del panismo que encabezan en visibilidad el ex presidente Vicente Fox y el ex líder panista Manuel Espino-, y grupos políticos e intelectuales liberales.

De esta lista saldrá la primera línea a disputar espacios públicos y mostrar su madurez como precandidatos. La candidatura presidencial se decidirá hasta finales de 2011, tiempo suficiente para que Calderón observe su crecimiento o su desplome, y se conformen las alianzas. Es decir, esta lista no es necesariamente la definitiva, pero sí será la que le vaya dando cuerpo a quien luche contra la oposición por mantener el poder.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

www.twitter.com/rivapa

La profecía se auto cumplió. La guerra sucia derivada de la guerra contra las drogas, ya produjo las primeras desapariciones forzosas totalmente documentadas. Se trata de los jóvenes José Luis y Carlos Guzmán Zúñiga, sacados por un comando militar de su domicilio en Ciudad Juárez la mañana del 14 de noviembre de 2008 y trasladados, en calidad de detenidos, al 20o. Regimiento de Caballería Motorizada. Desde entonces, hace más de un año, nadie sabe de su paradero.

La reconstrucción de ese episodio está hecha a partir exclusivamente de documentos oficiales -partes de novedades, oficios y documentos anexos- emitidos por la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, donde afloran las contradicciones y se establecen claramente las responsabilidades.

El Ejército negó toda participación en los hechos de aquella mañana hace poco más de un año. Las tres autoridades civiles la desmienten, con lo cual se establece el primer caso documentado oficialmente sobre quién detuvo a los hermanos Guzmán Zúñiga, a dónde los llevaron y la inexistencia de informes militares sobre los jóvenes. Pero sobre todo, se identifica en manos de quién estaban cuando fueron vistos por última vez.

Los hechos del incidente fueron armados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a partir los expedientes oficiales del caso y de testigos que describen que ese 14 de noviembre, aproximadamente 40 soldados y miembros de la Policía Federal Preventiva llegaron al domicilio de los padres de los jóvenes. Según los testimonios, únicamente entraron soldados, quienes salieron de la casa con José Luis y Carlos Guzmán Zúñiga, que traían los rostros cubiertos por una tela negra y los subieron a vehículos militares.

La CNDH recibió una queja de los padres de ellos, Javier Antonio Guzmán y Gloria Zúñiga cinco días después de la desaparición de sus hijos. Tras una investigación en campo, solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional respuesta a una petición de información. En el oficio DH-E-9107 del 16 de diciembre de 2008, el director general de Derechos Humanos de la dependencia, afirmó que ningún personal militar participó en la detención y desaparición de los jóvenes. Entonces, el organismo volteó a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, cuyos elementos también fueron vistos en el operativo.

El 6 de enero de 2009, la directora para la Defensa de los Derechos Humanos de la SSPF entregó un oficio, que incluyó una serie de documentos, como el parte de novedades del 14 de noviembre, emitido por el 16o. Agrupamiento de Reacción y Alerta Inmediata en Ciudad Juárez (PF/CFFA/2BRAI/CDJUAREZ/68/2008), donde confirmó la participación de policías federales, pero únicamente para brindar “seguridad periférica” (se quedaron fuera de la casa), mientras los soldados entraban y detenían a los jóvenes.

Para sustentar ese informe, la SSPF incluyó la copia de otro parte de novedades (PF/CFFA)2BRAI/16ARAI/CDJUAREZ/68/2008), que fue rendido a las 9 de la noche del 14 de noviembre en que se realizó el operativo. En él se decía que a las 8 de la mañana de ese día, policías federales salieron de la corporación a bordo de dos vehículos oficiales a fin de realizar las actividades de la Operación Conjunta Chihuahua, en coordinación con 15 elementos de tropa de la Secretaría de la Defensa Nacional, al mando de un teniente de Infantería del Ejército. Aproximadamente a las 11 de la mañana, agrega el parte:

“… se apoyó en una intervención a una casa habitación ubicada en la calle profesor Bustamante y Dina Rico, colonia Independencia, donde se aseguraron 02 individuos de nombres José Luis Guzmán Zúñiga de 29 años de edad, presunto extorsionador de yonkeros; y Carlos Guzmán Zúñiga de 28 años de edad, en posesión de una bolsa conteniendo una sustancia con características similares a la cocaína, los cuales fueron trasladados a las instalaciones del 20/0. Reg. de Cab. Mot. reincorporándose sin novedad”.

Sobre la base de la documentación aportada por la SSPF, quedó evidenciado que sí participaron en el operativo militares al mando de un teniente de Infantería, que no se ha identificado, que contradice totalmente la afirmación del director de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa, que negó participación alguna. La PGR y la Procuraduría de Chihuahua notificaron a la CNDH que los militares nunca pusieron a su disposición a José Luis y Carlos Guzmán Zúñiga. Para la CNDH, los militares que participaron en el operativo del 14 de noviembre del año pasado, realizaron una “desaparición forzada” de ellos.

Desaparición forzada, de acuerdo con la Convención Interamericana en la materia, es “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se mide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

Este episodio, no aclarado aún por la Secretaría de la Defensa Nacional, cuestionada hoy en día por abusos en el combate al narcotráfico, remonta a la sociedad mexicana a los años 70, los más crudos de la Guerra Sucia, que abrieron una herida que hasta la actualidad, no ha podido cerrar. El gobierno federal tiene que dar una respuesta y castigar a los responsables de esas desapariciones a fin de evitar que la negligencia ayude a conformar un patrón que muchos no queremos.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
www.twitter.com/rivapa

En dos ocasiones en los últimos seis meses, se asegura que los jefes de los cárteles de las drogas se reunieron para forjar un pacto entre ellos que diera como resultado una redistribución de territorios –que se encuentran en un orden anárquico desde hace poco más de dos años- y terminar la guerra entre ellos que ha dejado a cientos de sus cuadros muertos o detenidos. Aunque el total de ejecuciones ha frenado su velocidad ascendente, e incluso en octubre hubo una baja comparada las cifras del año pasado, no hay nada aún que permita confirmar que las pláticas realizadas en Mazatlán y  en la ciudad de México, avanzaron hacia una tregua. Las matanzas continúan.

No obstante, hay una serie de acciones que dejan asomar que algo está sucediendo  dentro de las bandas criminales. Lo más importante que se vislumbra son los guiños  de los hermanos Beltrán Leyva a las autoridades. En su estilo, pero dentro de la vieja lógica que utilizó su antiguo jefe Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos”, cuando quiso negociar un acuerdo de paz con el gobierno de Ernesto Zedillo, parecen haber enviado una señal al gobierno con un par de  ejecuciones en septiembre y octubre pasados.

Las ejecuciones tienen características similares. La primera pasó casi desapercibida en septiembre, cuando apareció el cuerpo de Mario Alberto Pineda Villa, apodado “El Borrado”, que era el responsable del cártel de los Beltrán Leyva en la ciudad de México, Morelos y Guerrero. “El Borrado”, figura clave en la estructura criminal, fue el responsable de infiltrar la Subsecretaría de Investigaciones Especiales contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), que provocó todo su descabezamiento y detonó el principio del fin de Eduardo Medina Mora al frente de la PGR.

Junto al cadáver de Pineda Villa encontraron una manta que decía: “Así terminan los traidores y los secuestradores. Aquí está el M.P.”. Firmaba “El Jefe de Jefes”. La segunda ejecución, semanas después en la ciudad de México, tenía el mismo mensaje: “Por secuestradores”. Y también firmaba “El Jefe de Jefes”. Fue la de Héctor Saldaña Perales, “El Negro”, y de tres familiares que presuntamente integraban la célula del cártel de los Beltrán Leyva que operaba en el rico municipio neoleonés de San Pedro Garza García. Los cuatro llegaron de Monterrey un viernes por la tarde y en la madrugada del sábado, ya habían muerto.

De acuerdo con funcionarios federales los hermanos Beltrán Leyva se encuentran detrás de esas ejecuciones. Llama la atención que Arturo Beltrán Leyva, el cabecilla del cártel apodado “El Barbas”, haya utilizado la firma del finado Amado Carrillo, quien se hacía llamar el de “El Jefe de Jefes”. Pero más misterioso es el otro vaso que los comunica: los dos ejecutados querían asesinar funcionarios públicos.

“El Borrado” había pedido a sus jefes, los Beltrán Leyva, que asesinaran al secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. De acuerdo con informes de inteligencia estadounidenses, la petición fue hecha después de que la policía detuvo en mayo en Cuernavaca a sus padres y a su hermano. Su padre, Salomón Pineda Bermúdez, fue acusado de encabezar, junto con Mario Alberto y su hermano Salomón, la célula de los Beltrán Leyva en la región. Inclusive, después de esos arrestos aparecieron narcomantas en 12 estados dirigidas contra el presidente Felipe Calderón y García Luna, donde afirmaban, entre otras cosas: “A la familia se le respeta”.

Dos semanas aproximadamente antes del asesinato de Pineda Villa, cuyo cuerpo fue encontrado en la carretera federal México-Cuernavaca, la Policía Federal detuvo en la capital mexicana a una célula encargada de la red de protección institucional del cártel de los Beltrán Leyva. Conocida como “La Banda de El Niño”, su jefe era José Antonio Jiménez Cuevas, “El Niño”, quien declaró haber participado en el secuestro del joven Fernando Martí, y que estaba vigilando a policías federales para que el cártel los asesinara. Otro de los detenidos fue Víctor Servín Morales, “El Panda”, un policía judicial del Distrito Federal, quien dijo haber participado en cinco secuestros, entre ellos el de otro joven que fue asesinado, Antonio Equihua.

Esas declaraciones constituyen una de las pruebas más sólidas de la violenta fusión entre la delincuencia del fuero común y organizada, que es lo mismo que vinculó en su discurso de toma de posesión como presidente municipal de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, quien afirmó que limpiaría de secuestradores y extorsionadores el municipio. En ese famoso acto, Fernández anunció con cuatro horas de antelación a que descubrieran los propios cuerpos, de la ejecución de Saldaña Perales, de quien aseguró lo había amenazado de muerte.

El gobierno federal ha venido golpeando a todos los cárteles, pero uno de los que más han resentido la guerra contra ellos es el de los hermanos Beltrán Leyva –que no hacen secuestros-, al descubrirse y desmantelarse la red de protección que tenían dentro de la PGR. En las cumbres de narcos realizadas en Mazatlán y la ciudad de México, según las diversas fuentes que las refieren, estuvieron presentes, pero ante una violencia que no concluye –aunque la velocidad de las ejecuciones ha disminuido e incluso el total de ellas en octubre fue notoriamente inferior al mismo mes en 2008-, no hay razones objetivas para pensar que ese pacto tuvo éxito.

Si la guerra entre cárteles se mantiene y el acoso gubernamental también, ¿estaremos ante un gesto similar al que planteó “El Señor de los Cielos” a Los Pinos en 1996 de paz en las calles y no distribuir drogas en México, a cambio que les permitieran seguir operando el negocio con los colombianos? Quien conoció los detalles de la propuesta explicó que cuando el secretario de la Defensa, general Enrique Cervantes, la llevó al presidente Ernesto Zedillo, el rechazo fue tajante. Si los Beltrán Leyva empiezan a limpiar de secuestradores sus zonas de control y ejecutar a quienes deseaban matar a funcionarios públicos, ¿están mandando un mensaje de tregua al gobierno? Nada está claro salvo una cosa, de acuerdo con la mecánica de la mente del presidente Calderón y el secretario García Luna: un acuerdo con el narco parece algo imposible.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

www.twitter.com/rivapa

La campaña mediática de la familia de Sergio Humberto Ortíz, “El Apá”, he tenido grandes resultados. Primero paralizó las investigaciones en torno a más de 10 secuestros donde presuntamente participó desde 2001, y ahora, a unos días de haber muerto en prisión, se está convirtiendo de verdugo en víctima. Su abogado Rodrigo Higuera presentó en la PGR una querella en contra del procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, acusándolo de falsificar documentación para inculpar a su ex cliente. En los medios, la imputación de Higuera voló libremente.

Hábil, Higuera aprovechó la trampa del silogística en la que se encuentra la opinión pública: como “El Apá” no participó en el secuestro y asesinato de Fernando Martí, el hijo del empresario, Alejandro Martí, la acusación con la cual lo detuvo la Procuraduría capitalina es inocente. Higuera entró en la dinámica de confrontación que tuvieron el año pasado las autoridades capitalinas con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que encontró a los verdaderos culpables del crimen de Martí. El choque político entre dependencias levantó tanta tolvanera que hasta hoy en día nubla el panorama.

“El Apá” puede no estar, en efecto, involucrado en el asesinato de Martí. Pero, ¿es inocente en otros casos? Hay evidencias de que no es así. En agosto de este año se publicó en este mismo espacio parte de la investigación sobre el Caso Martí que se había cruzado con las víctimas de otro secuestro. Era el testimonio de “Filadelfo”, quien señaló a “El Apá” como la persona que lo secuestró junto con un niño al que llevaba a la escuela, e identificó como su cuidador a Noé Robles Hernández, el asesino confeso de Fernando Martí. El vínculo unía a dos grupos de criminales.

Las pruebas aportadas por “Filadelfo” no quieren decir que “El Apá” participó en el secuestro de Martí. Significa que sí cometió, cuando menos, el secuestro de él y el niño que llevaba a la escuela en febrero del año pasado. “Filadelfo” no tiene ninguna duda de quién se trata. “El fue quien nos detuvo en el retén y se asomó para vernos las caras”, recordó en una entrevista reciente. El niño lo identificó también. Lo vio en el retén, donde había dos patrullas de la Policía Judicial del Distrito Federal y dos autos Stratus. Lo vio tres veces más en la casa de seguridad, por un espacio que dejó el antifaz colocado sobre sus ojos. Fue él, dijo el niño en otra entrevista, quien amenazó con matar a su abuela, “la persona que yo más quiero en la vida”.

El niño reconoció a Robles Hernández. “Era quien nos cuidaba y nos daba de comer”, dijo el niño. El niño recuerda claramente el momento del secuestro, lo que sucedió en los primeros minutos y la estadía de casi dos semanas en la casa de seguridad. También las amenazas a su abuela, y la manera como le decían que “Filadelfo” era un narcomenudista y su papá era narcotraficante. No recuerda, como sí lo hace “Filadelfo”, las angustias que tenía en las noches, donde no podía dejar de moverse en la cama. Ya no le sucede eso, pero cada vez que ve una patrulla, se congela y se esconde.

Para “Filadelfo”, además del trauma siguen las huellas físicas, después de 22 meses. Los secuestradores lo golpearon, lo ahorcaron y lo tiraron en la calle, antes de hablar al padre del niño que lo habían matado, como un mensaje de que hablaban en serio. “Filadelfo” tiene todavía las marcas de la cuerda en el cuello, cicatrices en los puños por la golpiza y una hematoma en la rodilla izquierda que no quiere desaparecer.

Sus vidas cambiaron radicalmente. Se quebró por completo la vida privada de “Filadelfo”, que vive con miedo. Al niño le dijeron tantas cosas sobre él, su familia y todo lo que lo rodeaba de una forma tan precisa, que rompieron  la certidumbre sobre su seguridad y lo que lo rodea. Su familia cambió patrones de comportamiento y conducta. Su padre sufre cuando recuerda que estuvo a punto de ya no poder negociar, y cuando los expertos de la policía le dijeron que si se retiraba de la nagociación, pondría en peligro la vida de su hijo, como había pasado en otro caso, donde ya no pudo más el padre, dejó la negociación a su hermano, y los secuestradores mataron a su hija. Por todas esas experiencias, “pesadillas en vida”, como las llama, no entiende cómo es posible que “El Apá”, se esté convirtiendo en víctima.

Cualquier persona que tiene la oportunidad de hablar con el niño secuestrado, no tendrá la menor duda de la certeza con la que habla de “El Apá” en el momento del secuestro y del cautiverio. Cualquiera que platica con “Filadelfo”, puede ver los vasos comunicantes entre el secuestro de ellos y el de Fernando Martí. Para la Procuraduría capitalina, “Filadelfo” es el testigo clave en el Caso 1; para Seguridad Pública Federal, “Filadelfo” es testigo clave en el Caso 7. Por eso se desespera el padre del niño secuestrado y siente impotencia. “¿Qué importa si secuestró o no a Fernandito?”, explotó. “Es un secuestrador”.

Convertir un verdugo en víctima no es necesariamente culpa del abogado Higuera que hace su trabajo al defender a su cliente. Es un asunto jurídico, no moral. Las culpas vienen en otros lados. Por ejemplo, ¿qué hizo la PGR que nunca liberó consignaciones en los más de 10 casos donde “El Apá” fue acusado de secuestro? ¿Por qué la Procurauría del Distrito Federal no ha continuado con los casos pendientes? ¿Cuál es la responsabilidad de los medios, de todos nosotros, al hacer causa por un lado sin explorar de manera menos pasional el otro? La culpabilidad parece ser de todos nosotros, de aquellos que, paradójicamente, no fuimos las víctimas del secuestro.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
www.twitter.com/rivapa

En los últimos días, la sociedad mexicana vio pasar frente a sus ojos una realidad frente a la cual no puede hacer nada: la repartición del dinero público entre intereses particulares. Fue la negociación sobre el presupuesto, que ha dejado de cumplir su propósito original y convertido en un botín. Los poderosos -que se miden por el número de legisladores que controlan-, se repartieron las bolsas más grandes después de una serie de batallas que dieron forma a la Ley de Egresos aprobada el martes.

1.- La pelea más seria se dio en el PRI, tras una reunión de la bancada donde el coordinador Francisco Rojas reclamó al presidente de la Comisión de Presupuesto, Luis Videgaray, que estuviera manejando todo a favor de los intereses de su jefe político, el gobernador Enrique Peña Nieto. Rojas hablaba por él y por varios estados. Lo que había hecho Videgaray, dijo un legislador, fueron “triquiñuelas”: citaba a reuniones a la misma hora en la que él negociaba en otro lugar con representantes de un gobernador, ajustes a su presupuesto.

Videgaray, ex secretario de Finanzas de Peña Nieto, cometió un error político. Al presidir la Comisión que asigna los presupuestos, veló primero por los recursos para el estado de México, en lugar de dejarlo hasta el final, como debió  proceder. Cuando descubrieron sus reuniones paralelas, estalló el conflicto. La falta de experiencia política de Videgaray expuso a Peña Nieto, a quien varios gobernadores le perdieron la confianza y empezaron a ver con recelo, pues no conciben que el diputado haya actuado sin su autorización.

2.- Las desconfianzas que hay contra el liderazgo del PRI se acentuaron por la forma como actuó el escudero de la presidente nacional Beatriz Paredes, Óscar Levín. El PRI quería frenar el gasto del gobierno y había incorporado en el dictamen la idea de que sólo se autorizaran aquellos de la estructura orgánica. El concepto estaba motivado por los incrementos que el gobierno de Felipe Calderón hizo con la alta burocracia: 30% en la burocracia autorizada en estructura, y 140% en la estructura informal (como directores adjuntos que subieron de 867 en 2006 a mil 247 en 2009).

Cuando recientemente Calderón declaró que era falso que se hubiera incrementado la burocracia, Levín, también muy cercano al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, operó para eliminar la idea y salvar cara al Presidente, que dijo una verdad a medias. Sólo la burocracia administrativa, la baja, se redujo de 600 mil a unas 585 mil plazas; la alta sí subió. Hacienda y Levín eliminaron esa idea a cambio de incorporar en el dictamen el compromiso de Carstens para elaborar un plan de austeridad. Lo mismo ofreció al PRI en 2007 a cambio de la aprobación del presupuesto, pero no cumplió.

3.- Los dos temas que demoraron la aprobación del presupuesto se atribuyeron al campo y a mayores recursos que deseaba el líder de la Confederación Nacional Campesina, Cruz López, diputado del PRI, así como el presupuesto carretero. López peleó por recursos adicionales que le prometió Hacienda a través de Levin para que respaldara el aumento en el IVA. Al incumplirle, los peleó. Pero además, logró que se modificaran las reglas de operación, mediante las cuales el Ejecutivo tenía el control total del manejo de los recursos al campo.

En el caso de las carreteras, hubo dos ganadores. El estado de México recibió poco más del 10% del monto total presupuestado, ligeramente arriba de 21 mil millones de pesos, que era lo que le había prometido Carstens a Peña Nieto a cambio del respaldo para aumentar el IVA. El gobernador Ulises Ruiz, que también recibió una oferta similar para obtener su apoyo por el IVA, obtuvo casi otro 10% del gran total.

4.- La capacidad que tuvo el PRI en la repartición de presupuestos se dio por acuerdo previo con el PAN. Los coordinadores de las bancadas, Josefina Vázquez Mota y Rojas, junto con Levín, acordaron que a cambio de que el PRI retirara la exigencia de que el dinero de los programas sociales fueran manejados por los gobernadores y no por el Ejecutivo, “sacarían las manos” de las negociaciones del PRI en San Lázaro. Gracias a ello, la gestión de los programas, en especial Oportunidades, seguirá siendo responsabilidad del secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero.

5.- Pese a ese acuerdo, los subsecretarios de Hacienda, Dionisio Pérez Jácome, de Egresos, y José Antonio Meade, de Ingresos, presionaron a diputados y gobernadores para impedir recortes a varios programas, especialmente sociales. Incluso, llegaron a amenazarlos veladamente que si no los apoyaban podrían no entregarles los 13 mil millones de pesos en aportaciones federales correspondientes a 2009, indispensables para el cierre fiscal de varios estados. A cambio, se incorporó en el dictamen que será una obligación de Hacienda entregar en tiempo y forma las participaciones federales.

Las negociaciones presupuestales dibujan la aberración en la que se ha convertido la Ley de Egresos y la urgencia de modificar el método y el cálculo de los montos.  Mientras sea primero la negociación sobre el total de la bolsa y el presupuesto se reparta sobre lo recaudado, persistirá la cultura del gasto y no de la austeridad. Los cálculos tienen que cambiarse, como lo demuestra un estudio práctico de carreteras, cuya experiencia enseña que no importa lo que aprueben los diputados, Hacienda es quien decide finalmente qué se hace y qué no se hace. Ese rubro es el de mayor subejercicio. El presupuesto de 2009 le asignó 14 mil 500 millones de pesos a carreteras, de los cuales se han aplicado 8 mil.

El diseño institucional del presupuesto está hecho añicos y produce las batallas entre los poderosos por el dinero, que lo usan como pago de favores políticos o construcción de alianzas futuristas. La población no forma parte de la ecuación, aunque de ahí es de donde salen los recursos para que una cúpula, sólo una cúpula, se reparta los dineros en función de sus intereses particulares. Esto reclama, urgente, un cambio.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

www.twitter.com.mx

Hay malas noticias para México. El presidente Felipe Calderón está enojado y está siendo rebasado por su mal carácter. Está mostrando muy poca tolerancia a la frustración y reacciona de manera violenta con todos aquellos que no piensan como él y que no le dan respaldo incondicional. Tres episodios en las tres últimas semanas dibujan de cuerpo entero a un Presidente explosivo que está tensionando el tejido político nacional: quiso regañar al ex presidente Vicente Fox, peleó con su secretario de Gobernación, y se enfrentó con el sector privado, que genera más de 8 de cada 10 pesos de la riqueza nacional.

El incidente con Fox se dio a mediados de la semana pasada, después de que el ex presidente contradijo públicamente las políticas por Calderón en la lucha contra las drogas. Fox abogó en Madrid, donde acudió a un encuentro anual con ex presidentes y líderes mundiales, por que se legalizaran las drogas en México, como una forma de atacar el fenómeno, y pidió que el Ejército regresara a sus cuarteles y dejara de ser la primera línea de fuego contra los cárteles de narcotráfico.

Fox no se ha distinguido por su prudencia política, es cierto. Pero Calderón reaccionó duramente y despachó a San Francisco del Rincón, Guanajuato, al secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont para pedirle que se callara la boca y que no hiciera se tipo de declaraciones. Fox respondió, de acuerdo con personas que conocen de ese intercambio: “Está bien, haré como Mauricio (Fernández, el polémico presidente municipal de San Pedro Garza García), me portaré bien”. Fue una ironía que no resuelve ni garantiza nada, pero abrió un nuevo enfrentamiento.

El segundo episodio sucedió dos semanas antes, y el protagonista fue el mismo Gómez Mont. En una audiencia a puertas cerradas Calderón manoteó sobre la mesa a, secretario de Gobernación porque su afirmación que ya había negociado con Manlio Fabio Beltrones el apoyo del PRI al aumento del IVA en el Senado, no resultó falsa. Pero Calderón encontró una respuesta que no había habido con otros miembros del gabinete. Gómez Mont, dijeron políticos que tuvieron detalles de ese episodio, le dijo al Presidente que no le permitía que le hablara en ese tono –Calderón se ha distinguido dentro del gabinete por maltratar con malas palabras a sus colaboradores-, y presentó su renuncia. Como viejos amigos y aliados, arreglaron el diferendo y Gómez Mont regresó al trabajo.

El tercer episodio, cuyos detalles generales han trascendido al público, tiene que ver con los empresarios. No es únicamente que esté molesto con ellos por no haber respaldado el incremento de impuestos. Tiene que ver con una postura cada vez más beligerante de los empresarios, que responde a que el Presidente se ha comprometido con ellos en una decisión, y sin avisarles, la modifica. Durante un reciente encuentro con hombres de negocios en Monterrey, el organizador, Miguel Alemán, un hombre prudente, le insistió a Calderón al terminar su discurso: como dijeron aquí los empresarios, usted cambia las reglas del juego en el camino. Eso, de lo que se habían quejado insistentemente los empresarios en el foro, no se vale.

La molestia de los empresarios se expresó con una vendetta política. Todos los grandes  empresarios reunidos en Monterrey castigaron al Presidente y le harían un vacío cuando pronunciara su discurso, con la consigna de no asistir. Calderón llegó a un salón de unos 500 empresarios de segundo nivel para dar su discurso, y fue recibido sin aplausos salvo el de unos pocos. Cuando llegó al presídium, dijeron personas que estuvieron presentes, ya mostraba la molestia en la cara, con la quijada rígida y los ojos disparando fuego. Al terminar de hablar, tampoco le aplaudieron.

La crítica empresarial sobre la inconsistencia en las decisiones del Presidente y su esquizofrenia en los mensajes transmitidos, le abrió otro flanco. En tiempos de conciliar y no de enfrentar, rompió todos los conductos. Las cúpulas empresariales y los empresarios de segundo y tercer nivel, le perdieron confiabilidad en cuanto al cumplimiento de acuerdos. Le han ido perdido el respeto y en forma creciente se le han enfrentado de manera más agresiva. Los problemas de Calderón para tener una interlocución con ese sector se están elevando de manera peligrosa, y no hay antecedente de un choque abierto tan beligerante desde que los empresarios de Sonora y de Nuevo León, se enfrentaron con el entonces presidente Luis Echeverría.

Calderón está solo en esto. El hecho que Gerardo Ruiz Mateos se mantenga como secretario de Economía, pese a no tener comunicación constructiva con el sector empresarial, es considerado entre algunos importantes miembros de esa clase, como una afrenta permanente. Hay sectores empresariales que se están alejando del Ejecutivo, que se están acercando a Fox o a otros líderes de la oposición. Los problemas que está teniendo con Gómez Mont, como los que viene arrastrando con el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, complican aún más la reconstrucción de un andamiaje de diálogo.

Calderón está en uno de sus peores momentos políticos. Los mexicanos también. Hay un Presidente que está en la lógica del golpeador. Qué sucede hacia el interior de Los Pinos no se sabe, pese a que vuelan los rumores. Pero en público, Calderón parece un hombre desesperado, sin control político y sin el respeto hacia sus interlocutores. El hecho de que así puede mantenerse en la silla presidencial, no significa que pueda gobernar. Es importante que recuerde que es el Presidente de la República, y que se empape de la humildad que el cargo requiere. Necesita, porque si no lo hace el impacto negativo es nacional, serenarse, tranquilizarse y, sobretodo, que se pacifique. Faltan casi tres años paras que concluya su mandato, pero por esta vía, las cosas no pueden seguir. O sí, pero con una tensión que en cualquier momento, ante la inestabilidad, se desborde a cosas aún más graves.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

www.twitter.com/rivapa

Entre tantas noticias de impacto, la secuela del caso de Florence Cassez, la francesa sentenciada a 60 años de cárcel por secuestro, asociación delictuosa y portación de armas de uso exclusivo del Ejército tuvo su lugar reservado. Había razones para ello. En París comenzó una nueva cargada contra el gobierno mexicano. Los abogados hicieron una nueva apelación el martes para que Cassez termine su sentencia en una cárcel francesa. Al mismo tiempo, se anunció la puesta en circulación de un libro que describe una serie de irregularidades en el caso que la puso tras las rejas y una enviada de la respetada revista Paris Match estuvo en México para escribir un largo reportaje sobre su compatriota. En los próximos días deberá transmitirse en la televisión francesa un documental que hará ver a la justicia mexicana, por decir lo menos, ridícula.

Los franceses están muy agraviados con los mexicanos. O mejor dicho, el presidente Nicolás Sarkozy está muy enfadado con el presidente Felipe Calderón. Sarkozy se siente engañado, abusado por su colega mexicano y le va a cobrar la factura. No le va a perdonar que le haya prometido entregar a Cassez para que cumpliera su condena en Francia, y luego desconocer el acuerdo. El mandatario francés había sido muy cuidadoso en el manejo de las cosas.

En diciembre pasado, con el pretexto de que Ingrid Betancourt, recién liberada de un largo cautiverio con las FARC en Colombia, visitaba a su hermana en México –es la esposa del embajador Daniel Parfait-, fue recibida por Calderón el 19 de diciembre en Los Pinos, Betancourt le pidió a Calderón hablar a solas, y le entregó una carta personal que enviaba Sarkozy, y le explicó de qué se trataba. Calderón ofreció a la emisaria secreta, que Cassez regresaría a Francia sin mayor problema.

Sarkozy tenía una visita de Estado programada a partir del 8 de marzo. Casi un mes antes, el 5 de febrero, el embajador mexicano en París, Carlos de Icaza, entregó una carta del Presidente en el Palacio de El Eliseo, donde ratificaba el ofrecimiento, bajo los términos del Convenio de Estrasburgo, suscrito por México, que permite que una persona europea pueda cumplir su sentencia en una cárcel de su país, aunque el fraseo generaba inquietud.

Para aclarar las cosas, Sarkozy envió a México al procurador general de París, Jean Claude Marin, que se entrevistó el 2 de marzo con el entonces procurador general, Eduardo Medina Mora. Marin dijo que no deseaban que el caso Cassez dominara la agenda de los presidentes, y Medina Mora le respondió que no tendrían de qué preocuparse, porque la francesa sería devuelta a México.  Pero cuando volaba de regreso a Francia, un juez fijó la sentencia. Los franceses no entendieron exactamente de qué se trataba. Les pareció una provocación directa del gobierno mexicano.

Para añadir a su confusión, en la víspera de la visita de Sarkozy, en entrevistas con el vespertino Le Monde y la agencia France Press, Calderón ratificó que no se opondría a que se aplicara el Convenio de Estrasburgo. Sarkozy llegó a México y tocó el tema con Calderón. Los problemas se agravaron. El presidente mexicano desconoció por completo lo que había declarado a la agencia estatal francesa y dijo que de ninguna manera le entregaría a Cassez, quien tendría que cumplir su sentencia en México. Sarkozy estaba enardecido. Acudió al Senado, donde le sugirieron los mexicanos no tocar el tema, pero él lo abordó en su discurso ante el pleno. Los senadores se quejaron en privado de la insensibilidad del mandatario francés, pero no conocían nada de esta historia. Para el jefe de El Eliseo, el caso Cassez fue una afrenta y lo ha tomado personal. Calderón es el que lo ha sufrido.

Cuando Sarkozy llegó al poder, tuvo un encuentro con Calderón en junio de 2007. Aunque breve, la química que sintió el francés fue tanta que, emocionado en una reunión con su equipo para evaluar la entrevista, les dijo que México sería la puerta por la cual Francia entraría a América Latina. El desencuentro con Cassez le modificó la visión y se acercó a Brasil. Su relación con Luis Inazio Lula da Silva no había sido la más esperanzadora en sus primeros contactos, pero sucedió algo inesperado. Tras una breve visita, Sarkozy se quedó en Rio de Janeiro en una visita privada a parte de la familia de su esposa Carla Bruni. Uno de esos días, cuando estaban en la alberca despreocupados, llegó Lula sin avisar le dio un cálido abrazo a Sarkozy y le dijo que no podía irse sin despedirse. El francés se enamoró de Lula.

Los franceses tenían como costumbre una visita a Brasil cada 10 años. En menos de un año, Sarkozy ha ido dos veces a esa nación, como Jefe de Estado, y en su calidad de presidente de la Unión Europea durante el primer semestre del año. Sarkozy firmó con Brasil un pacto militar histórico, le ofreció apoyarlo para que ocupe un lugar permanente en el Consejo de Seguridad –que siempre había estado en disputa con México, y ahora parece decidido que cuando se abra la membrecía, los brasileños se quedarán con la silla-. También le prometió que Francia apoyaría la candidatura de Rio de Janeiro para los Juegos Olímpicos de 2016, que el mes pasado le fue concedida a esa ciudad costera.

Calderón perdió la posibilidad de ser la puerta francesa hacia la región. Pero peor aún, se convirtió en motivo de burla permanente de Sarkozy cada vez que se topa en un encuentro internacional. En las cumbre de jefes de Estado, Sarkozy suele acercarse a Calderón, palmearlo en la espalda y decirle “cuándo me regresas a mi compatriota”. La situación, de acuerdo con quienes conocen de esos encuentros, es bastante tensa. Pero Calderón no tiene nada qué responderle. En realidad, no tiene cara para responderle. Como dijo una cosa, dijo otra. Como se comprometió en una acción se arrepintió sin explicación alguna. Los franceses siguen sin entenderlo, pero le perdieron todo el respeto. Cuando menos en este caso, tienen razón.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

www.twitter.com/rivapa

Los capitanes de la industria mexicana, reunidos en Monterrey en una cumbre empresarial, repitieron sus lamentos y reiteraron sus viejas peticiones: reformas estructurales y ajuste en el modelo económico. Qué caprichosa es la realidad. Son ellos quienes contribuyeron más a que no haya reformas estructurales ni ajustes en el modelo económico. Piensan, como Carlos Marx, que la política está subordinada a la economía, y por lo mismo, en los últimos sexenios hicieron apuestas equivocadas.

Los capitanes de la industria son quienes apoyaron lo construido por los presidentes para ser beneficiados por la falta de desregulación, que nutrió los monopolios, frenó la competencia y desaceleró el crecimiento. Es contradictorio que Carlos Slim del Grupo Carso, Roberto González Barrera de Gruma y Daniel Servitje de Bimbo, critiquen hoy el  modelo que apuntalaron. Sus categorías de análisis, si desean realmente el cambio, también tienen que evolucionar y modificar sus estrategias políticas.

En 2000 apoyaron a Vicente Fox por coincidencias ideológicas –también respaldaron la campaña de Francisco Labastida-, y porque el programa económico era el mismo del PRI neoliberal. Corrieron detrás de Felipe Calderón en 2006, con un activismo del Consejo Coordinador Empresarial, para oponerse al candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Fue  rescatado por ellos cuando su campaña naufragaba, y al inyectarle recursos avalaron todo por lo que se quejan hoy en día. No se trata siquiera que Fox o Calderón no quisieran hacer nada por las reformas o que los hubieran engañado. La realidad los rebasó y no podían hacer nada, ni en el caso de Calderón, podrá hacer algo importante.

En los sueños sobre lo que se necesita hacer, siempre se recurre a los espejos. El favorito es el de los Pactos de la Moncloa, que en 1977 dieron la estabilización que necesitaba la incipiente democracia española. Los acuerdos construyeron el entorno sociopolítico que allanó el camino para que Felipe González llegara a la Presidencia del Gobierno en 1982, el mismo año que en Francia, Francois Mitterrand llegó al Palacio del Eliseo. Ambos emprendieron la reestructuración de la economía, la reconversión industrial de sus naciones, y las sacaron del letargo para colocarla en el vagón de la modernidad.

Ni Adolfo Suárez ni Valery Giscard d’Estaing habían podido hacer nada de ello. Tuvieron que llegar dos socialistas para emprender las grandes reformas que necesitaban. No es un mero asunto de ideologías. González y Mitterrand pudieron sacar adelante las reformas estructurales porque eran parte del enjambre de todas las fuerzas que se negaban a un cambio tan radical como el que se proponía. Al ser parte de ese núcleo, disponían de las relaciones y conocían los resortes para presionar a quienes se oponían a la transformación del país. Nunca plantearon un giro al neoliberalismo de Margaret Thatcher, que lo impuso en el Reino Unido con altos costos sociales, sino un capitalismo humano que no rompiera con el tejido social.

Thatcher, que demostró que también un gobierno conservador con voluntad política puede hacer reformas de fondo, se enfrentó con los sindicatos, dejó ciudades en ruinas y provocó disturbios callejeros. González y Mitterrand hablaron con la clase obrera, que eran sus clientelas electorales, para persuadirlos de que la reconversión industrial, sin bien tendría costos laborales, al final del día harían viables a sus países y el sacrificio traería beneficios. Deng Xiaoping, que empezó la transformación de la economía china en 1978, decía que para que las siguientes generaciones tuvieran los beneficios de una sociedad mejor, la suya tenía que prestarse al sacrificio. Toda una generación se sacrificó en esas tres naciones. Pero ¿cuántas mexicanas fueron sacrificadas? Más de una, sin llegar a ningún lado.

El nuevo paradigma es Luis Inazio Lula da Silva, el líder sindical que llegó al poder con el apoyo obrero. Ganó la presidencia en 2002 con un programa que pugnaba por la moratoria al pago de la deuda externa, pero no lo hizo. Se montó en lo que habían iniciado las dictaduras brasileñas y profundizado los presidentes civiles de la transición, para consolidad la democracia y hacer despegar a esa nación. Chocó con sus clientelas obreras, pero las persuadió, las desideologizó, y las llevó por mejor camino.

Todos son casos de éxito, y en todos ellos sus líderes provienen de la izquierda. Los liberales, sobre todo los conservadores, no pueden hacer esas transformaciones radicales porque carecen de las relaciones con los sectores que más se oponen a ellos –los nacionalistas y quienes sienten temor de que no sobrevivirán al cambio-, ni tienen su confianza para establecer una negociación concreta sobre las reformas necesarias, ni les confían su futuro. Para los líderes de izquierda tampoco es fácil, pero las posibilidades de éxito son mayores.

Los empresarios mexicanos caminaron una ruta equivocada. Apostaron en los agentes políticos equivocados, que son los que más desconfianza y menos credibilidad tienen entre los sectores que tendrían que pagar la primera parte del sacrificio. Cierto, en las últimas elecciones algunos coquetearon con López Obrador. En unos, como Slim, su cercanía  fue tan notable como su alejamiento, por razones aún desconocidas. Lorenzo Zambrano, de Cemex, lo buscó insistentemente, pero el entonces candidato le dijo que lo atendería hasta pasados los comicios.

López Obrador no parecía ser el hombre que buscaba México. Nunca probó tener el tamaño de González o Mitterrand, ni la visión de Lula. Pero el futuro mexicano exige   ese hombre que desde la izquierda encabece las reformas estructurales que el país necesita para crecer y despertar. El tamiz ideológico no se rige bajo la vieja geometría de capitalistas y comunistas, sino en cómo se definen los énfasis en los presupuestos y cómo se establecen los parámetros macroeconómicos. Es decir, la ideología ya no es un determinante antagónico en el mundo actual. El cambio de apuesta para los empresarios es una definición pragmática que hoy sólo tiene un problema, nada menor por cierto: aún no se ve ese hombre de izquierda en el horizonte mexicano.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

www.twitter.com/rivapa

La lengua locuaz, florida y provocadora del presidente municipal de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, es la de un político irresponsable, mentiroso y charlatán. Su bravata de “limpiar” de criminales su municipio va rumbo al fracaso, a menos que contrate una guardia pretoriana privada para esos fines, violando todas las leyes. La derrota anticipada no es culpa de él. Muchos más municipios que San Pedro Garza García, con muchos menos recursos y atención, están a merced de los criminales. El Estado Mexicano está derrotado por su propia ineficiencia frente a los delincuentes, pues lo que asoma en la crisis de seguridad pública nacional es la bancarrota moral, operativa y económica de las policías mexicanas.

Son 30 años, de acuerdo con los estudios de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, los que resumen el rezago de las policías municipales en México y sintetizan el alegato del secretario Genaro García Luna para que se cree una policía nacional. García Luna ha encontrado fuerte oposición en los estados y los municipios. Cuando hace unos dos años propuso que fuera su dependencia quien designara un secretario de Seguridad Pública local porque los alcaldes no podrían solos contra los criminales y necesitaban ayuda federal, decenas de presidentes municipales se negaron. Sin mayor discusión, ese intento parecía más que otra cosa, crear la policía nacional de facto y por la puerta de atrás. No avanzó nada.

La idea que prevaleció en el gobierno ante el rechazo, fue que había alcaldes involucrados con la delincuencia, lo cual también puede ser una visión corta. Muchos municipios que no aceptaron el ojo de las policías federales le pidieron al secretario de la Defensa, Guillermo Galván, que nombrara a un militar en ese cargo. Es decir, lo que mostraron no fue temor a los ojos externos, sino desconfianza hacia la policía federal. Lo que existe hoy es un círculo vicioso permeado por desconfianzas recíprocas, que debilitan al Estado y fortalece a los delincuentes.

El alegato del rezago se sustenta en las transformaciones sociales y culturales que se dieron en el país, que mientras la delincuencia organizada se adecuó a ellas, el esquema de las policías municipales se mantuvo sin modificación. La sociedad mexicana ha evolucionado a un ritmo superior a la capacidad de sus gobernantes, incapaces de formular políticas que estimulen crecimiento y empleo o desarrollar un sistema educativo que eleve los niveles del país, y sin talento y creatividad para construir una nación con orgullo de pertenencia. Ha contribuido, en cambio, al encono, al odio y la polarización. Las élites gobernantes no están al margen: No hay acuerdos políticos sino estancamiento; los capitanes de la industria cuidan sus márgenes de ganancia sin importar sobre quiénes avanzan las utilidades. La delincuencia, más estratégica, se ha aprovechado de la torpeza de todo el aparato conductor del Estado.

En el caso de las policías municipales, ha sido un día de campo para los jefes criminales. La inseguridad es el fenómeno más lacerante en la sociedad. El 92% de los delitos son del fuero común -78.8% de ese total son robos, 0.5% secuestros, el resto delitos como homicidios, extorsiones o delitos sexuales-, cuya responsabilidad recae en las policías locales. Pero poco más de 400 municipios de los 2 mil 500 en el país, carecen de un cuerpo de seguridad propio. O sea, no tienen policía; se las prestan. Esto sucede en más de la mitad del país, pues sólo 12 de los 31 estados tienen una cobertura policial en cada municipio. De las policías que sí existen, el 88.5% tienen menos de 100 elementos cada una. Si la policía tiene que trabajar 24 horas al día y se dividen en tres turnos, esto significa que en operación activa se encuentran un promedio de 33 policías por turno, el número de miembros que puede tener una pandilla de segundo nivel que se dedique al robo y al secuestro exprés.

La delincuencia es más fuerte que las policías y, además, mejor armada. Pueden matarlos sin problema, pero los policías no pueden tener la mano suelta porque pagan con su libertad los excesos. No está mal, pero sólo demuestra la asimetría de lucha.  Por ejemplo, a policías locales y federales les cuentan las balas que utilizaron en un enfrentamiento y tienen que dar cuenta exacta de cómo y porqué las emplearon, pues de otra manera les levantan cargos sus jefes. Si ponen en la línea su vida y los jefes criminales les ofrecen más dinero de lo que ganan, ¿no es mejor, bajo cualquier supuesto, trabajar para el lado del mal? El 70% de los policías municipales no llegó a la preparatoria y más del 50% superan los 35 años –por encima de la medida nacional-. ¿Quién los va a emplear en el mercado laboral? Tres de cada cinco policías municipales reciben menos de cuatro mil pesos mensuales. ¿Cómo pueden vivir?

Las deficiencias estructurales proveen los mejores incentivos para que trabajen para criminales, que aprovechan todas las ventajas que les da el Estado Mexicano. Sin en el lado del bien no ha habido transformaciones en las tres últimas décadas, el lado del mal si ha tenido capacidad para evolucionar, como la sociedad. En fenómeno más grave es que la delincuencia organizada ha incorporado a su estructura a delincuentes del fuero común, creando dos externalidades: extienden sus brazos operativos –los atentados contra jefes policiales han sido ejecutado por ese tipo de delincuentes-, y transfieren capacidad de fuego y respaldo a gavilleros que previamente tenían que vérselas solos con la autoridad. Para la delincuencia organizada, este enjambre les permite también insertarse en el lumpen de los cinturones de miseria de las ciudades, para reclutar sicarios, como lo han hecho Los Zetas en Ciudad Victoria, el Cártel de Sinaloa en Los Mochis, y los Hermanos Beltrán Leyva y otros en Tepito.

La frustración de gobernantes como Fernández no se resuelve con sus amenazas de escuadrones de muerte o con gritos y majaderías. Es un problema estructural que tiene discapacitado al Estado Mexicano. Pero la sociedad va corriendo sin esperarlo. Los criminales, también. Ya lo estamos viendo.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

www.twitter.com/rivapa