Estrictamente Personal

“Juanito”, el último fenómeno mediático de la política mexicana, inició lo que se supondría su periodo de desvanecimiento. No será rápido ni automático, pero su decisión de presentar la renuncia a la jefatura delegacional de Iztapalapa tan pronto como asuma el cargo esta semana , debe cerrar el capítulo que avergonzó a sus patrocinadores, y que al ser la cabeza de playa de Andrés Manuel López Obrador en contra de sus opositores dentro del PRD, lastimó electoralmente al partido hasta llevarlo a perder casi la mitad de su poder en el Distrito Federal, ser relegado por el Partido Verde al cuarto lugar en 10 estados, y caer a los niveles de votación que no tenían desde el desastre electoral de 1991.

La comedia se cerró tan histriónicamente como empezó. Este lunes, tras la primera reunión pública que sostuvo con el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard -hablaron en privado cuando menos dos veces antes-, “Juanito” adujo “problemas de salud” que le impiden cumplir con el mandato popular del 5 de julio. “Juanito”, el nombre artístico de Rafael Acosta, ha sido una figura buscada, codiciada y seducida por los sospechosos usuales y los más inusuales. Los usuales son ya un lugar común, pero los inusuales son interesantes.

La semana pasada, “Juanito” acudió a una cita jamás pensada. Lo invitaron a cenar Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa, y su operador político, el vicepresidente de la empresa, Bernardo Gómez. Hablaron de Iztapalapa, por supuesto, pero ese no era el tema central. Azcárraga y Gómez le propusieron que les vendiera los derechos de su vida para poder desarrollar una historieta. El cómic hablaría de la vida de “Juanito” y podría extenderse hasta la campaña presidencial, convirtiendo al todavía futuro jefe delegacional en un personaje cuya presencia no perdería vigencia entre las masas durante estos tres años.

Aunque no han hablado sobre el tema, la propuesta de los televisos no es algo nuevo en cuanto a estrategia política, aunque sí totalmente novedoso por cuando a diseño propagandístico. Televisa no es sólo una empresa de entretenimiento y de información. Desde hace tiempo tiene un área de mercadotecnia electoral que vende paquetes a políticos que buscan una proyección masiva, a cargo de Alejandro Quintero.

Ese tipo de contratos han sido altamente polémicos y generado descrédito público a la principal empresa de comunicación en México -y la más grande del mundo de habla hispana-. No se les tilda de mercenarios, porque no se venden al mejor postor. Se les reconoce que son muy buenos empresarios -lo que es positivo-, que suelen mezclar fácilmente las fronteras del negocio con la política -lo que es malo-, y que actúan sin mayor escrúpulo -característica de los hombres y mujeres con poder-. En el pasado manejaron al ex gobernador del estado de México, Arturo Montiel, y al ex secretario de Gobernación, Santiago Creel, a quienes aplastaron en sus pantallas cuando dejaron de ser opciones presidenciales.

Actualmente tienen proyectos similares con el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, y con el gobernador electo de Nuevo León, Rodrigo Medina. Igualmente establecieron una relación con el candidato a jefe delegacional en Miguel Hidalgo, Demetrio Sodi, a quien en medio de un partido de futbol le transmitieron una entrevista donde hablaba de su proyecto electoral. Este lunes el Tribunal Electoral ratificó que no había violado la ley, y Sodi dijo que Televisa no le cobró nada por esa entrevista. En efecto, no hay facturas que prueben que ese servicio electoral que le hizo la empresa, tuvo costo alguno.

La propuesta a “Juanito” tenía un espíritu diferente, más cercano al programa que sacaron durante la campaña presidencial de 2006, “El Privilegio de Mandar”, donde se caricaturizaba a los actores políticos, se exageraban sus características físicas y se construían diálogos que rápidamente se leyeron como la posición política de la empresa. Con 7 de cada 10 pantallas de televisión prendidas en los canales de Televisa, la influencia que puede tener ese tipo de difusión permite alterar una elección o modificar patrones de consumo y comportamiento.

En todo caso, Azcárraga Jean y Gómez decidieron no ir en la misma línea con Acosta, y abrir una nueva vertiente de difusión política-comercial. “Juanito” estaría más cerca de “Memín Pingüín”, con una narrativa de corte popular y difusión masiva. Gratis no sería, por supuesto. Los empresarios le ofrecieron a “Juanito” 10 millones de pesos por los derechos de su vida y la comercialización de los mismos. La oferta era tentadora -casi lo mismo costaron los derechos de la utilización del apellido Häagen Dazs para la marca del helado estadounidense-, pero tuvieron una respuesta absolutamente inesperada.

No, les respondió “Juanito”. No aceptaba ni la oferta del cómic ni el dinero que le ofrecían. ¿Por qué habría de hacerlo? No es que se le hiciera poco, uno supone que pensó por lo que siguió a su respuesta: él “iba a ser Presidente de México”. Azcárraga Jean y Gómez ya no presionaron y “Juanito” se fue. Debe haber creído hasta este lunes al mediodía que sí podía ser Presidente de México en 2012. Todas sus bufonadas sobre el amor del electorado y de ser la figura política más conocida de México -en realidad el número dos, después del presidente Felipe Calderón, entre los políticos vigentes-, tomaron cuerpo de convicción en esa respuesta a los ejecutivos más poderosos de Televisa.

“Juanito” no se hizo cómic, y tampoco será jefe delegacional en Iztapalapa. Televisa se quedó, cuando menos por ahora, sin una historieta. Pero no hay que subestimar la audacia de Azcárraga Jean y Gómez. “Juanito” puede seguir siendo parte del folclor popular y un arma político-electoral si, como hasta ahora, sigue tan bien adiestrado. Además, los televisos tendrían una ventaja adicional: la carta de “Juanito” ya no vale los 10 millones de pesos. Cuesta varios ceros menos y quizás, en estos momentos, hasta se los acepta.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Para nadie es novedad: 2010 es cabalístico. En 1810 estalló la lucha por la Independencia de México, y en 1910 la Revolución. Hace 199 años fue para romper el yugo colonial español, y hace 99 se combinaron factores políticos y económicos, con el rechazo a la dictadura de Porfirio Díaz y el levantamiento campesino de Emiliano Zapata en contra de la modernización de las haciendas en Morelos. Para 2010, lo saben el gobierno, la guerrilla busca la insurrección nacional, y se están preparando.

En la primavera, la Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario (EPR), discutió si iniciaba acciones armadas antes de las elecciones federales, pero decidió  aplazarlo para el próximo año. De cualquier forma, enviaron una comisión a Chiapas para hablar con los comandantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). No se saben detalles de las conversaciones que tuvieron, pero no es el primer contacto que tienen. En 1993 discutieron el alzamiento contra el gobierno mexicano en una cumbre guerrillera, pero las organizaciones predecesoras del EPR consideraron que no había condiciones insurreccionales y dejaron solo al EZLN.

Los zapatistas tuvieron éxito y colocaron en la agenda nacional el tema indígena. Pero causaron suspicacia cuando  a los 11 días de haberse levantado, aceptaron sentarse a negociar con un comisionado para la paz designado por el entonces presidente Carlos Salinas, Manuel Camacho, lo que es absolutamente inconsistente con la estrategia de la Guerra Popular Prolongada que rige la estrategia guerrillera.

El movimiento táctico zapatista provocó que poco más de 100 guerrilleros del ala militar abandonaran al EZLN con todo y armas  y se incorporaran al PROCUP-PLDP, la placenta del EPR, que se fortaleció con su llegada. Nunca rompieron con el EZLN, y cuando el Subcomandante Marcos encabezó sus marchas por el país, hubo acuerdos tácitos con las guerrillas para que no obstaculizaran su paso. Aunque mantuvieron contactos informales, se mantuvieron distanciados hasta hace unos dos meses.

Tras una nueva cumbre guerrillera en Campeche, donde revisaron las condiciones insurreccionales que hay en el país, la comisión del EPR se reunió con el EZLN, para discutir las posibilidades de un levantamiento armado. El EPR lo ha venido discutiendo desde hace varios meses al interior de sus órganos políticos. De hecho, en un comunicado distribuido en vísperas de las elecciones del 5 de julio, revelaron la discusión interna al respecto y la decisión, por mayoría, de aplazar el estallamiento de hostilidades.

La efervescencia se ha venido sintiendo desde hace unos meses, con la aparición de grupos desconocidos hasta antes en zonas donde hacía tiempo no se daban movimientos guerrilleros, como Sonora, desde donde arranca una franja guerrillera por toda la costa del Pacífico hasta Chiapas. Las zonas de mayor presencia guerrillera, además de Chiapas con el EZLN, son Oaxaca, Guerrero y la zona metropolitana de la ciudad de México, donde cuando menos hasta hace dos años se encontraba la Comandancia General del EPR.

Al no conocerse el detalle del diagnóstico de la insurrección de los grupos guerrilleros, no se puede evaluar la fortaleza o debilidad de sus argumentos. Pero se puede argumentar que no hay condiciones objetivas para una insurrección nacional. No existen los quiebres en las élites que hubo en 1810 y 1910, aunque hay algunas condiciones similares a episodios vividos durante los años de la República Restaurada de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, marcada por la crisis política, la  oposición de las fuerzas civiles y militares y el golpeteo permanente de los periódicos. El resultado de esos años de democracia descontrolada y anarquía, provocó la dictadura de Díaz.

Las guerrillas, por lo poco que ha logrado trascender de sus encuentros, parecen estar pensando en que se puede articular un levantamiento armado en varios estados del país, ante falta de consenso político y mediático del gobierno con respecto a su guerra contra el narcotráfico y una crisis económica que ha afectado a todos los grupos socioeconómicos. El planteamiento, en una primera aproximación, parece equivocado. Aunque también habría que señalar que la insurrección no significa automáticamente  una guerra civil. En la búsqueda del quiebre de la autoridad legal está el intento por conquistar el respaldo de un grupo de la sociedad inconforme y molesto con el gobierno, para ir ganando espacios políticos y sociales.

Ejemplos de esta estrategia sobran en América Latina. En México, quienes lo han hecho por razones no ideológicas sino de negocios, son los cárteles de las drogas, que han ganado consenso entre la población civil -aportan recursos a los municipios para obras públicas y financian actividades sociales-, y espacios políticos con el respaldo involuntario de políticos y medios que critican sistemáticamente la estrategia del gobierno para combatirlos sin definir con claridad de qué lado quieren estar -oponerse a los cárteles no significa apoyar al gobierno en sus actos-, lo que crea espacios grises que permiten a los criminales moverse dentro de los canales institucionales.

Como ha venido sucediendo con los narcotraficantes, la forma como interactúan los actores políticos y sociales sí favorece los objetivos guerrilleros por el deterioro de la credibilidad de las instituciones, que aunque siguen teniendo el respaldo mayoritario de la población, no logran resolver el sentimiento de incertidumbre de la sociedad. La apuesta al 2010, está lanzada. Si lo cabalístico es el pretexto, el periodo a observar será entre septiembre y noviembre, las fechas en las que el país se inventó y se reinventó. El ciclo se presenta una vez más. La interrogante de los próximos meses es si este es un ciclo histórico que viene de regreso, o si habrá esa imaginación hoy ausente en México para reinventar, como en 1810 y 1910, a la nación.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Carlos Salinas de Gortari acaba de regresar a México, a donde viaja aproximadamente una vez al mes. De manera más permanente reside en Londres, en una casa sobria, cómoda, pero nada espectacular. Tiene constantes andares por el mundo, pero siempre, inclusive desde que se autoexilió en Montreal, La Habana, Dublín y Londres, nunca dejó de estar, políticamente, en México. Como antes, su poder en el PRI es enorme, aunque no necesariamente como monolito. Está moviendo hilos, manipulando a sus cercanos, perdonando a quienes los traicionaron. Está construyendo un camino para 2012, pero quizás, como una posibilidad no remota, vuelva a cometer errores. Lo pierde la soberbia  que lo ha acompañado durante largo tiempo, y que lo ha hecho incurrir en errores tácticos que le vuelvan a generar una mala temporada.

Dos funcionarios federales de alto nivel dudan analíticamente del poderío de Salinas. En el bando contrario, el de la izquierda callejera de Andrés Manuel López Obrador, lo estigmatizan tanto que su fuerza parece mítica. Ni uno ni otro. El realineamiento político en el PRI no pasa en este momento por las avenidas externas, sino por los carriles internos del partido. Ya arrancó formal, si no oficialmente, la lucha por la candidatura presidencial priista, donde el caballo del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, que quiere Salinas mantener en su establo, inició con muchos cuerpos de ventaja.

La cercanía política de Salinas con Peña Nieto, que ha sido enfatizada en las últimas semanas, le está empezando a provocar urticaria al gobernador. Pero Salinas no es un lastre, sino un activo. Lo que se tiene que colocar en su justa dimensión es que sólo es eso, un activo, no el poder metafísico que muchos creen que decidirá quién, cómo, cuándo y con quién se juegan las cartas de la sucesión presidencial. Es agudo, brillante, sagaz, pero Salinas no tiene, pese a todo, todo el poder en sus manos. Es un factor, pero no el eje por donde todo tiene que cruzar.

Él no lo percibe así, evidentemente. No está en su naturaleza, pero tampoco ayudan las condiciones que se han venido creando en torno suyo. El caso de Peña Nieto es emblemático. Cuando el gobernador coronó el trabajo político que desarrolló durante tres años y acabó con el tripartidismo en el estados en las últimas elecciones, el problema que tuvo que enfrentar fue el de los equilibrios. Por un lado tenía toda la fuerza de un viejo grupo político, donde Alfredo del Mazo, quien contendió ante Salinas por la candidatura del PRI en 1987, es una de las personas más cercanas al mandatario. Por el otro, el grupo detrás de Emilio Chuayfett, enemigo de Del Mazo, a quien traicionó, y de Salinas, a quien también traicionó cuando fue secretario de Gobernación en el gobierno de Ernesto Zedillo.

Peña Nieto necesitaba equilibrar la balanza de poder en el estado de México, sin lastimar a grupo alguno y mantener la hegemonía de la bancada, por lo que hizo a un lado a Del Mazo, que no quería a Chuayfett como coordinador de los diputados mexiquenses en San Lázaro, confiado en un acuerdo previo con Salinas. Tiempo atrás, para ir perfilando lo que vendría, Peña Nieto llevó a Chuayfett con Salinas. En esa reunión Chuayfett, habilidoso zalamero, le pidió perdón, denunció a Zedillo como la persona que lo había engañado para voltearse en contra de Salinas, pero que estaba arrepentido. Salinas -probablemente más por táctica que por creyente de la rectificación-, lo perdonó. Inclusive, hasta fue a la boda de su hija, este año en Toluca.

Chuayfett está manejando la bancada mexiquense y apoyando al coordinador priista, Francisco Rojas, que está necesitado de manos y oficio, que sí tiene su paisano. Rojas es la voz de Salinas en San Lázaro, y es de tal obviedad que parece un pleonasmo. Pero también es el dedo flamígero. Su mano estaba en el borrador del Plan de Emergencia Económica, en la parte donde pedía el PRI mexicanizar Banamex, lo que para quienes leen la letra pequeña en las cosas grandes, era un ajuste de cuentas con un grupo político-empresarial que la jugó a las contras del proyecto salinista y respaldó, aliados a Zedillo -que ordenó el desmantelamiento de todos los organismos clientelares que le restaban al PRI-, el arribo de Fox al poder.

Al final los priistas despersonalizaron el punto, y en lugar de ponerle nombre y apellido a la mexicanización de la banca, lo dejaron en lo general. Pero en donde volvió a estampar la marca de su influencia fue en otro pequeño enunciado, dentro del mismo plan, donde se pide la consolidación fiscal. Para quienes no conocen los pormenores de lo que estos significa -o sea, la mayoría de los mexicanos-, este punto significa que el costo para los empresarios de una medida de esta naturaleza sería de 400 mil millones de pesos, que significa 25% más de los recursos para cubrir -si esto fuera automático- el hoyo fiscal que tiene el gobierno federal. ¿Quién incorporó ese pequeño párrafo en el documento final? Por supuesto, Rojas.

Las manos de Salinas se mueven velozmente. En estos días, a través de interpósitas personas, está ofreciendo sus oficios para ayudar a conseguir presidencias de comisiones legislativas. Quiere ampliar su base de diputados que le deban favores, y a los cuales les pueda empezar a pedir cosas. En esto, Salinas no tiene lleno. Si alguien cede ante sus encantos intelectuales y carisma político, se vuelve en su rehén. Un muy cercano ex colaborador, se quejaba de las reuniones que hacía en su casa de la ciudad de México en los años recientes porque los trataba como si fueran reuniones de gabinete. Otro que también trabajó muy de cerca con él, decía que un análisis que le pidió, se las envió por correo, sin preguntar después que había pasado. “De haberlo hecho -recordaba-, me hubiera pedido más y más, y sin pago alguno”.

Así es Salinas, un ex presidente que aún no digiere lo mal que le fue en su ex presidencia, y que aún tiene el vigor para pensar en el poder y querer ejercerlo. Pero olvida que es “ex”, y no podrá cambiar ese prefijo. Tiene mucho poder, pero no lo tiene todo. Quiere, pero no puede abarcar, copar y manejar las cosas a su antojo. Es, importante, pero únicamente, un factor. Algo que no hay que olvidar.

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El queso oaxaqueño es la síntesis de la cultura en ese estado: está hecho bolas. La política en Oaxaca es como su queso: está hecho bolas. Ya tenemos, por entrega directa de los líderes del PAN, César Nava, y del PRD, Jesús Ortega, el último producto salido de la cocina local: una alianza en las elecciones del próximo año para gobernador. Ahora, más que queso, parece una mina de profundidad. Veamos.

El candidato que quieren es Gabino Cué, que no pertenece a ninguno de esos partidos, sino a Convergencia, que es un partido satélite que apoya a Andrés Manuel López Obrador, quien a su vez, está disputando el poder a Ortega dentro del PRD y dice que Felipe Calderón es un “presidente espurio”. A Nava y Ortega no les importó esos pequeños detalles para buscar llevar a las urnas a un tercero.

La razón por la cual decidieron ese pacto es para acabar con el mal gobierno del priista Ulises Ruiz, que se potenció durante el conflicto de la disidencia magisterial y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). La disidencia magisterial en Oaxaca responde a los intereses de la Coordinadora del Magisterio, en particular de la Sección 22, que tiene ramificaciones con el EPR. En su lucha contra Ruiz se les sumó la APPO, y uno de sus líderes, Flavio Sosa, fue detenido por el gobierno de Calderón al arrancar el sexenio. O sea, un enemigo serio, un movimiento armado, y un dirigente social arrestado por violar la leyes federales en Oaxaca, se convierten, en la cruzada contra Ruiz, en los aliados naturales.

Ciertamente, es un poco confuso. Casi esquizofrénico. Cué, la pieza que ha sostenido López Obrador para gobernador desde la elección pasada, donde perdió ante Ruiz, en realidad no tiene del líder social perredista nada salvo el apoyo del perredismo duro. Su padrino político ha sido durante toda su carrera política Diódoro Carrasco, que fue gobernador de Oaxaca y secretario de Gobernación en el gobierno de Ernesto Zedillo, y devenido panista en el gobierno de Vicente Fox, quien quiso meter a la cárcel a López Obrador y contribuyó con esa acción en forma determinante a la polarización política que vivimos hoy en día.

Carrasco trabajó con Fox y el entonces secretario de Gobernación, Carlos Abascal, para tumbar a Ulises Ruiz como gobernador durante el conflicto magisterial en 2006, y operó directamente con el entonces subsecretario de Gobernación, Arturo Chávez Chávez, recién nombrado procurador general de la República. Fox, Abascal, Carrasco, Chávez Chávez y Cué, como marioneta, fracasaron. Pero en el camino, hicieron destrozos.

Abascal, Chávez Chávez y Carrasco respaldaron a la Coordinadora -enemiga de la líder de los maestros, Elba Esther Gordillo, que forjó una alianza directa con el presidente Calderón desde la campaña presidencial de 2006-, algunos de cuyos dirigentes eran cuadros del EPR. Inclusive su dirigente en aquél entonces, Enrique Rueda, ejecutó acciones de sabotaje de la guerrilla al inicio del gobierno de Fox.

Como consecuencia del apoyo a los maestros disidentes, el respaldo se extendió a la APPO, donde Sosa, uno de los líderes más beligerantes del movimiento, respondía a las instrucciones de José Murat, ex gobernador de Oaxaca , que de ser aliado de Ruiz peleó con él porque al llegar el nuevo gobierno hizo purgas de sus cercanos e impidió que otros tuvieran contratos con la nueva administración. Uno que rápidamente se congratuló de la nueva alianza, fue Sosa, quien declaró que con ese acuerdo se reivindicaba todo lo que había hecho la APPO.

Por la vía del descontón político, el gobierno foxista y el PAN no pudieron con Ruiz. Cué impugnó la elección para que los tribunales electorales la anularan. Su abogado era Fernando Gómez Mont, actual secretario de Gobernación. Los diputados de Oaxaca denunciaron el martes el impulso que está dando Gómez Mont a Cué, y los respaldaron los coordinadores estatales de los priistas, que están viendo en esta alianza un primer laboratorio para forjar similares en Veracruz, Durango y Puebla.

Este planteamiento de alianzas regionales PAN-PRD lo están viendo en el PRI y también López Obrador. El llamado “presidente legítimo” se mudó a Oaxaca para trabajar por la candidatura de Cué, pero ahora resulta que luchará hombro con hombro con el gobierno “espurio” y los “traidores” de la corriente de Los Chuchos, que controlan la burocracia del partido. No se necesita mucha reflexión para concluir que López Obrador no será la santísima trinidad electoral contra Ruiz, y que repudiará la alianza.

En situación similar se encuentra el líder real de Convergencia, Dante Delgado, quien ve en su natal Veracruz -donde fue gobernador interino-, su bastión electoral. La alianza PAN-PRD en Veracruz buscaría llevar a la candidatura a un panista, ya sea el ex senador Gerardo Buganza, o el actual director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, quien está enfrentado, en una pelea política a muerte, con el gobernador Fidel Herrera, y que tiene un viejo saldo pendiente con Delgado, porque cuando llegó como secretario de Gobierno a Veracruz de la mano de Patricio Chirinos, lo metió a la cárcel acusado de peculado.

Cué es la parte más débil del queso oaxaqueño pero, a la vez, el pretexto para un realineamiento político-electoral absolutamente extraño, contradictorio, incongruente y, de manera natural, inconsistente. Hay más razones objetivas para suponer que esta alianza se quebrará antes de que empiece a caminar, no por el PRI o López Obrador, sino porque la dialéctica la hará imposible. Claro, no hay que descartar que el sentido común ya no es parte del oficio político mexicano, y que las pasiones -en este caso contra Ruiz y el PRI- pasan por encima de los principios y la ideología de los partidos.

En ese caso, si la alianza terminara de cuajar a los 70 grados centígrados a los cuales se cuece el queso, estaríamos comprobando que la memoria es irrelevante cuando el pragmatismo electoral vence. Por supuesto que ese camino no construye, pero qué bien destruye. Como esos 160 días de conflicto magisterial que destrozó la economía de Oaxaca y al tejido social para nada, por cierto, para absolutamente nada.

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Sabemos todos que Luis Felipe Hernández Castillo no se arrepiente de haber asesinado a dos personas y desatar una balacera en una concurrida estación del metro de la ciudad de México. También que no quiere ser juzgado por una autoridad local y desea que su caso se trate en el ámbito federal. Hernández Castillo ha sido consistente y sus agravios tienen un solo destinatario: el gobierno federal. Su enemigo declarado es el presidente Felipe Calderón, aunque el viernes pasado actuó contra la autoridad del gobierno de Marcelo Ebrard en el Distrito Federal. Los caídos son, en su lógica, un daño colateral.

Hay que regresarse al viernes pasado para empezar a entender, a nivel de hipótesis de trabajo, lo que está sucediendo. A las 17:14 horas, en la estación donde conecta una de las líneas más utilizadas en el sistema de transporte público, Hernández Castillo, que tenía 72 horas de haber llegado a la ciudad de México, comenzó a pintar sobre uno de los muros una leyenda política. No era un grafiti como originalmente se dijo, ni un una pinta insultante, como hay muchas otras. Decía tajantemente: “Que muera el gobierno”. Para esa hora, ya había hecho otras. Antes de entrar al metro pintó una en un paradero cercano a la estación donde fue la balacera y en otras paredes donde la palabra “agandalle” para referirse a lo que estaba haciendo, a su juicio, el gobierno federal con la gente, era reiterada.

Ya dentro del metro, cuando terminaba la pinta, dos policías fueron tras él increpándolo por el delito -menor- que estaba cometiendo. Hernández Castillo, que portaba un revólver calibre .38 Especial escondido bajo una especie de trapo, recibió al primer policía con un disparo en el pecho y lo mató. En el video que tomaron las cámaras de seguridad del metro no se alcanza a ver que el segundo policía huyó al ver cómo caía su compañero. Se ve entrar a Hernández Castillo a un vagón mientras los usuarios en el andén, al escuchar los tiros, empezaron a correr sin dirección. Dentro del vagón -tampoco se aprecia en el video-, recargó el revólver, y luego sacó la cabeza para ver si había más policías a su alrededor.

Hernández Castillo caminaba con aplomo hacia la salida cuando un civil intentó  detenerlo. El video muestra aquí escenas muy significativas. Es cierto que al civil le disparó tres veces, las mismas que intentó detenerlo en un acto heroico. En el primer movimiento hubo otro civil que también quiso intervenir, pero un disparo lo ahuyentó. El video demuestra lo que hizo Hernández Castillo, pero sobretodo lo que no hizo, en un momento donde la inyección de adrenalina en el cuerpo puede llevar a un individuo ordinario por caminos desconocidos.

Testimonios de sicópatas muestran que cuando matan a una persona se llenan de energía, se les nubla la mente y se quiere seguir disparando. En el video no se ve que Hernández Castillo haya enloquecido. Al contrario, se vio seguro en sus movimientos, sin disparar al azar, como podría haber hecho una persona que se siente acosada y sin salida. De hecho, ahuyentó a la gente sin dispararles. Otros usuarios salieron del mismo vagón donde recargó el revólver caminando con prisa pero sin desesperación, lo que sugiere que no fueron amenazados por el asesino. Tampoco intentó tomar rehenes. Ninguna declaración de los usuarios del metro señala amenazas contra ellos, sino describen sus pintas y explicaciones.

Lo que hizo Hernández Castillo fue uno de los desafíos más sobresalientes a la autoridad que hayan quedado registrados. Se les enfrentó; no huyó. La policía judicial lo sometió cuando realizaron una operación de pinzas en el vagón, donde le cruzaron el hombro con un disparo y un agente más lo encaró de frente. En el hospital donde lo atendían, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, habló con él unos 45 minutos la misma noche del viernes, y comentó que el asesino decía muchas incoherencias, saltando de un tema a otro sin conexión alguna, pero que en ningún momento mostró arrepentimiento por lo que hizo. Esas palabras las ratificó ante el ministerio público y ante el juez.

Hernández Castillo, originario de Lagos de Moreno, Jalisco, una zona cristera dolida históricamente contra el gobierno federal, introvertido, obsesivo y en ocasiones explosivo, no es un hombre que se haya doblado ante la autoridad. Declaró que su crimen fue protestar contra el gobierno federal, y sobre los muertos dijo fríamente que fue porque querían impedir su manifestación política. En ese sentido, es tan beligerante como intransigente. Las autoridades están preparando su perfil sicológico, pero su caso está siendo motivo de otro tipo de investigación.

Desde el fin de semana, los gobiernos federal y del Distrito Federal están buscando todos los antecedentes de Hernández Castillo, sus relaciones y vínculos para comprobar o desechar una hipótesis que los tiene preocupados: si está conectado a una serie de atentados que se dieron durante los 15 días previos en la ciudad de México. En ese periodo, grupos radicales que tienen conexiones entre sí y con movimientos armados, detonaron artefactos en tres bancos, una distribuidora de automóviles y una tienda de ropa exclusiva, utilizando el mismo componente: gas butano. El pasado del asesino del metro está siendo reconstruido, y llamó la atención a las autoridades que su nombre coincidiera con el de Héctor Heladio Hernández Castillo, fundador de la célula de Unión del Pueblo en Guadalajara, lo que está siendo investigado.

Héctor Heladio Hernández Castillo es una persona muy reconocida en la bibliografía guerrillera, como uno de los constructores del Partido Revolucionario Obrero Campesino, que al fusionarse con Unión del Pueblo se convirtió en el PROCUP, que más adelante se vinculó orgánicamente con el Partido de los Pobres, la placenta de lo que es hoy en día el EPR. Hasta ahora no se ha confirmado ningún tipo de vínculo entre Héctor Heladio y Luis Felipe. Una brecha generacional los divide también. El dirigente guerrillero nació en 1950 y murió en 1978; Luis Felipe tiene 38 años, o sea que tenía aproximadamente siete años cuando murió el jefe de Unión del Pueblo en acción.

Hay elementos que no cuadran en la vinculación, no sólo en la edad, sino en el origen. Héctor Heladio era urbano, de Guadalajara; Luis Felipe dijo venir de una ranchería. El guerrillero estaba probado en acciones armadas; el asesino del metro dijo que compró su arma en la ranchería para defenderse del gobierno. Hasta ahora, lo que ha dicho Luis Felipe se ha ido corroborando. De cualquier forma, la coincidencia de atentados construyó la hipótesis de que hay en marcha un proceso de desestabilización institucional.

El equipo de Ebrard consideró que aunque se han enfocado en el Distrito Federal, no necesariamente es un acto en su contra -aunque un comunicado de reivindicación habla específicamente del gobierno local-, pues atentados similares ejecutados por al menos una de las organizaciones que se adjudicó uno de los bombazos, ha realizado acciones similares en Guadalajara.

La colaboración entre autoridades en el caso de Hernández Castillo, responde a esa lógica. Se aplaude esta coordinación. Hay sucesos violentos, sucediendo a la vista de todos y extrañamente coincidentes, que requieren ser analizados y diseccionados para saber si es un afrenta al Estado Mexicano o se trata de una infortunada coincidencia. Del resultado de esa tarea de los órganos de inteligencia deberán de salir las recetas apropiadas y aplicar la medicina pues, sea una u otra la motivación de los atentados, de cualquier forma es un mal creciente y peligroso.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Arturo Chávez Chávez necesita la mitad más uno de los senadores que estén presentes en el pleno cuando su nombre se vote para ratificarlo como procurador general de la República. El PAN tiene 52 senadores, por lo que si todos estuvieran en la sesión, necesitaría nueve para que asuma el cargo que dejó abierto Eduardo Medina Mora. Hace una semana, la ratificación parecía lejana, pero hoy, cuando comparezca en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, luce más amarrado, aunque por razones estratégicas de la oposición: en las condiciones políticas actuales, es el menos lesivo para el PRI.

Chávez Chávez va a sufrir en el Senado, porque le echarán en cara su paso como procurador de Chihuahua cuando se inició el feminicidio en Ciudad Juárez y cuestionarán sus conflictos de interés al ser uno de los abogados en el despacho de Diego Fernández de Cevallos. Pero dentro del PRI han salido voces que lo defendieron durante las reuniones que tuvieron sus senadores la semana pasada. Fernando Baeza, quien fue gobernador en aquél estado, respaldó su gestión como procurador, apoyado por Pedro Joaquín Coldwell, quien trabajó en Chihuahua en aquellos años. También hay una corriente de opinión influyente entre los priistas que sostienen que, aunque no les termina de gustar Chávez Chávez, rechazarlo sería abrir el camino libre a quien realmente quisiera tener el presidente Felipe Calderón en el cargo, Juan Miguel Alcántara, actualmente subprocurador.

Alcántara, quien ocupó el despacho de manera temporal mientras se ratificaba a Chávez Chávez, se ha venido comportando sin prudencia alguna. Su actuar  dentro de la PGR es como si supiera que iba a quedar en forma definitiva como procurador, y no como el segundo de a bordo de quien llegue. Quizás ese era el gambito que estaba jugando Los Pinos: enviar a Chávez Chávez al sacrificio y allanar el paso de Alcántara. Los senadores ya habían rechazado a su primera carta, el secretario de Gobierno de Baja California, José Francisco Blake, al que consideraban demasiado ideológico y partidista. Si hacían los mismo con Chávez Chávez, montados en la crítica pública que se le ha hecho, su amigo Alcántara, quien como Blake es demasiado ideológico y partidista, entraría como el tercer nombre propuesto, y sería extremadamente difícil, si no políticamente imposible, que volvieran a decirle no a Calderón.

La hipótesis de Chávez Chávez como pieza de sacrificio se cimenta en varios factores objetivos. El más relevante es que, aunque se mencionó su nombre como un aspirante al cargo desde que arrancó el sexenio, él sabía que no sería posible y presentó su renuncia como subsecretario de Gobernación, al entrante titular Francisco Ramírez Acuña. El nuevo secretario se portó amable con él, pero Chávez Chávez estaba confrontado con una parte del equipo de Calderón, quienes le recriminaron que durante la campaña no los hubiera ayudado, utilizando a la justicia contra rivales de Calderón. El mismo desgaste tuvo Medina Mora, quien no iba a ser el procurador que necesitaba Calderón para la segunda parte del sexenio, donde ya hay señales claras que van a utilizar recursos del Estado –inteligencia y procuración de justicia- para golpear adversarios políticos.

Medina Mora se negó a actuar contra los gobernadores priistas de Nuevo León, Chihuahua, Durango y Tamaulipas en la campaña contra narcopolíticos antes de las elecciones federales de julio; tampoco lo hizo contra Julio César Godoy, hermano del gobernador perredista de Michoacán. La Policía Federal lo detuvo y tenía suficiente información que lo vinculaba en compadrazgo y manipulación electoral con uno de los segundos jefes de La Familia Michoacana, Servando Gómez, conocido como “La Tuta”, pero la PGR de Medina Mora nunca giró la orden de aprehensión y lo tuvieron que dejar en libertad. Hoy está prófugo.

Por sus antecedentes, Chávez Chávez no sería una pieza fácil de manipular para esos fines, pero era un gran candidato para que lo destrozara la opinión pública y forzara su rechazo en el Senado. Durante las primeras dos semanas después de su nombramiento, nadie lo arropó en el gobierno. El gobierno de Calderón tiene como método de trabajo la férrea centralización de la comunicación social, por lo que se puede argumentar que si se abandonó al procurador designado a su suerte, fue una decisión del Presidente. Peor aún, los senadores panistas dijeron a la prensa que lejos de apoyarlo lo denostarían, pese a que él trabajó con el gobernador panista Francisco Barrio, a quien sí respaldaron cuando pasó por ellos su ratificación como embajador en Canadá.

Las señales de falta de apoyo a Chávez Chávez del gobierno y del partido en el poder fueron notables. Incluso, le ordenaron que no hiciera nada público, dejándolo inerme ante los ataques. Mediáticamente estaba aniquilado, hasta finales de la semana pasada cuando el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dijo que estaba plenamente calificado para el cargo. Porqué se modificó la actitud del gobierno con respecto a Chávez Chávez, no se sabe. Lo que sí ha trascendido en el Senado es que empezó a recibir respaldos de sus adversarios. No será un procurador que pueda alcanzar la ratificación por consenso, pues habrá desacuerdos. Los partidos, como el PRI, aportarán votos a favor, en contra, así como abstenciones. El PAN ya no tiene muchos espacios, y si hay una lógica institucional, tendrá que salir a darle respaldo total. Si los movimientos de los últimos días continúan en la línea actual, el plan de Alcántara tendrá que esperar. Pero la manera como está jugando el ajedrez el gobierno, no garantiza que la politización de la justicia sea una estrategia electoral cancelada, con Chávez Chávez, o sin él.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Arturo Chávez Chávez necesita la mitad más uno de los senadores que estén presentes en el pleno cuando su nombre se vote para ratificarlo como procurador general de la República. El PAN tiene 52 senadores, por lo que si todos estuvieran en la sesión, necesitaría nueve para que asuma el cargo que dejó abierto Eduardo Medina Mora. Hace una semana, la ratificación parecía lejana, pero hoy, cuando comparezca en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, luce más amarrado, aunque por razones estratégicas de la oposición: en las condiciones políticas actuales, es el menos lesivo para el PRI.

Chávez Chávez va a sufrir en el Senado, porque le echarán en cara su paso como procurador de Chihuahua cuando se inició el feminicidio en Ciudad Juárez y cuestionarán sus conflictos de interés al ser uno de los abogados en el despacho de Diego Fernández de Cevallos. Pero dentro del PRI han salido voces que lo defendieron durante las reuniones que tuvieron sus senadores la semana pasada. Fernando Baeza, quien fue gobernador en aquél estado, respaldó su gestión como procurador, apoyado por Pedro Joaquín Coldwell, quien trabajó en Chihuahua en aquellos años. También hay una corriente de opinión influyente entre los priistas que sostienen que, aunque no les termina de gustar Chávez Chávez, rechazarlo sería abrir el camino libre a quien realmente quisiera tener el presidente Felipe Calderón en el cargo, Juan Miguel Alcántara, actualmente subprocurador.

Alcántara, quien ocupó el despacho de manera temporal mientras se ratificaba a Chávez Chávez, se ha venido comportando sin prudencia alguna. Su actuar  dentro de la PGR es como si supiera que iba a quedar en forma definitiva como procurador, y no como el segundo de a bordo de quien llegue. Quizás ese era el gambito que estaba jugando Los Pinos: enviar a Chávez Chávez al sacrificio y allanar el paso de Alcántara. Los senadores ya habían rechazado a su primera carta, el procurador de Baja California, José Francisco Blake, al que consideraban demasiado ideológico y partidista. Si hacían los mismo con Chávez Chávez, montados en la crítica pública que se le ha hecho, su amigo Alcántara, quien como Blake es demasiado ideológico y partidista, entraría como el tercer nombre propuesto, y sería extremadamente difícil, si no políticamente imposible, que volvieran a decirle no a Calderón.

La hipótesis de Chávez Chávez como pieza de sacrificio se cimenta en varios factores objetivos. El más relevante es que, aunque se mencionó su nombre como un aspirante al cargo desde que arrancó el sexenio, él sabía que no sería posible y presentó su renuncia como subsecretario de Gobernación, al entrante titular Francisco Ramírez Acuña. El nuevo secretario se portó amable con él, pero Chávez Chávez estaba confrontado con una parte del equipo de Calderón, quienes le recriminaron que durante la campaña no los hubiera ayudado, utilizando a la justicia contra rivales de Calderón. El mismo desgaste tuvo Medina Mora, quien no iba a ser el procurador que necesitaba Calderón para la segunda parte del sexenio, donde ya hay señales claras que van a utilizar recursos del Estado –inteligencia y procuración de justicia- para golpear adversarios políticos.

Medina Mora se negó a actuar contra los gobernadores priistas de Nuevo León, Chihuahua, Durango y Tamaulipas en la campaña contra narcopolíticos antes de las elecciones federales de julio; tampoco lo hizo contra Julio César Godoy, hermano del gobernador perredista de Michoacán. La Policía Federal lo detuvo y tenía suficiente información que lo vinculaba en compadrazgo y manipulación electoral con uno de los segundos jefes de La Familia Michoacana, Servando Gómez, conocido como “La Tuta”, pero la PGR de Medina Mora nunca giró la orden de aprehensión y lo tuvieron que dejar en libertad. Hoy está prófugo.

Por sus antecedentes, Chávez Chávez no sería una pieza fácil de manipular para esos fines, pero era un gran candidato para que lo destrozara la opinión pública y forzara su rechazo en el Senado. Durante las primeras dos semanas después de su nombramiento, nadie lo arropó en el gobierno. El gobierno de Calderón tiene como método de trabajo la férrea centralización de la comunicación social, por lo que se puede argumentar que si se abandonó al procurador designado a su suerte, fue una decisión del Presidente. Peor aún, los senadores panistas dijeron a la prensa que lejos de apoyarlo lo denostarían, pese a que él trabajó con el gobernador panista Francisco Barrio, a quien sí respaldaron cuando pasó por ellos su ratificación como embajador en Canadá.

Las señales de falta de apoyo a Chávez Chávez del gobierno y del partido en el poder fueron notables. Incluso, le ordenaron que no hiciera nada público, dejándolo inerme ante los ataques. Mediáticamente estaba aniquilado, hasta finales de la semana pasada cuando el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dijo que estaba plenamente calificado para el cargo. Porqué se modificó la actitud del gobierno con respecto a Chávez Chávez, no se sabe. Lo que sí ha trascendido en el Senado es que empezó a recibir respaldos de sus adversarios. No será un procurador que pueda alcanzar la ratificación por consenso, pues habrá desacuerdos. Los partidos, como el PRI, aportarán votos a favor, en contra, así como abstenciones. El PAN ya no tiene muchos espacios, y si hay una lógica institucional, tendrá que salir a darle respaldo total. Si los movimientos de los últimos días continúan en la línea actual, el plan de Alcántara tendrá que esperar. Pero la manera como está jugando el ajedrez el gobierno, no garantiza que la politización de la justicia sea una estrategia electoral cancelada, con Chávez Chávez, o sin él.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Carlos Navarrete, el hombre de Salvatierra, Guanajuato, que parece más el requinto de un trío de boleros a un político en la cumbre, no deja de exudar alegría. Es el primer perredista en alcanzar la presidencia del Senado, lo que ningún otro prócer de la izquierda antes que él, había logrado. Le quitó el pie de página en los libros de Historia a Porfirio Muñoz Ledo y a Heberto Castillo, y está decidido a que no sea una mera anécdota sino, cuando menos, algún pasaje digno de recordar. Ya empezó.

Lo primero que dijo fue que su presidencia sería digna y responsable -como si eso fuera la meta y no la normalidad-. Después definió la agenda legislativa de la Cámara Alta, lo que causó extrañeza entre los senadores de otros partidos, con quienes no la  había consultado. Y luego dijo que tendría diálogo con el presidente Felipe Calderón, pues como líder del Senado, no podría tratarlo ni de “usurpador” ni de “ilegítimo”
Máscaras fuera. Tres años de discurso beligerante fueron suficientes. Ahora Navarrete tendría que comportarse y crecer dentro de la escuela de la normalidad democrática.

Atrás se quedó Rafael Aguilar Talamantes, su primer jefe político en el Partido Socialista de los Trabajadores, un satélite del PRI que nació al amparo de la reforma política de Jesús Reyes Heroles a fines de los 70s. Atrás también se quedó el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que absorbió al PST, y que tiene como sus acciones más memorables la forma como invadía propiedades y se las robaba con absoluta impunidad. Navarrete estaba con él cuando eso sucedía.

Fundó el capítulo del Partido Socialista de los Trabajadores en su estado natal, donde había cursado estudios de contabilidad. En su currículum aparece, como profesión, la de “político”, y lo que no dice es que, como buen admirador de su paisano José Alfredo Jiménez, es un apasionado de la charrería y un bohemio controlado, con un canto y un humor dicharachero que supera por mucho su apasionamiento como orador. Nunca lo usó contra Talamantes, por cierto, quien utilizaba las invasiones para dárselas a sus manipuladas clientelas y construir sobre las pillerías inmobiliarias una izquierda totalmente retorcida en los 80s.

Su sociedad política duró hasta la elección presidencial de 1988, cuando Navarrete y sus amigos y camaradas, Jesús Ortega y Jesús Zambrano, rompieron con él para entrar al Partido Mexicano Socialista Unificado, que se convirtió en Frente Democrático Nacional y luego en el PRD, con su llamada corriente de Los Chuchos. El nuevo presidente del Senado ha recorrido mucho trecho con ellos, y aguantado todas las humillaciones que les han hecho el resto de las tribus perredistas.

Él mismo tuvo que aceptar que un hijo nada pródigo de Guanajuato, Muñoz Ledo, fuera el candidato de la nomenclatura del partido para contender por la gubernatura del estado, y declinar en el inicio del proceso para la candidatura. Tuvo que aguantar los embates de Rosario Robles, cuando la presidenta del PRD aplastaba a la corriente de Los Chuchos, y resistir cuando Andrés Manuel López Obrador, en los reacomodos políticos del partido, los llamó “traidores” y provocó que sus turbas arremetieran contra ellos, en particular Navarrete, quien estuvo a punto de ser linchado.

Tragó, como siempre lo hizo, pero no evitó quedar relegado. Eso no era nuevo. Su eterna derrota en el umbral de la cima, llevó a que le dijeran de broma que “tenía escriturado el segundo lugar” en el PRD y en donde fuera. De hecho, no era sólo una característica personal, sino de Los Chuchos, que como buenos burócratas del partido se fueron haciendo de puestos dentro del aparato que les permitieron, si no ganar, siempre tener que ser tomados en cuenta.

Hasta muy recientemente esa corriente empezó a tomar un poder, más formal que real, debido a sus acercamientos con el gobierno. No lo decían, pero lo hacían. Cuando Navarrete dijo que iba a establecer un diálogo con el presidente Calderón, al asumir la presidencia del Senado, dijo realmente una pequeña mentira. La relación de Los Chuchos con el gobierno al que el PRD llama “ilegítimo”, era bastante más intensa de lo que se conoce.

Entraban por la puerta de atrás de Los Pinos para que no los vieran, y acudían ahí por ayuda cuando las tribus perredistas los apaleaban. Ortega contó con el respaldo de Los Pinos para que el Tribunal Electoral fallara a su favor y en contra de Alejandro Encinas para quedarse en la presidencia del PRD, como parte de una serie de acuerdos que venían construyendo con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien la misma noche que murió en un accidente de aviación, tenía programada una cena con el triunvirato.

Las acusaciones de “traidores” no estaban del todo equivocadas, porque esa corriente no se plegaba a las actitudes políticas que había asumido el partido. En el caso de Navarrete, no sólo fue el acercamiento con el gobierno federal, sino la manera como se subordinó en el Senado al líder de la fracción priista, Manlio Fabio Beltrones. En los momentos más álgidos de su relación con López Obrador, Beltrones le tendió la mano, lo arropó y lo fortaleció. La fuerza que no tenía en el PRD, se la inyectó el priista para que no lo aplastaran y ese partido, como a veces sucedía en la Cámara de Diputados, pareciera un reguilete sin eje.

Beltrones lo utilizó como palanca de presión contra el PAN. Hasta el final. Hasta ahora. Cuando Navarrete se paró en la tribuna del Senado y pronunció un discurso grandilocuente, en los escaños hubo sonrisas. “Llegó la era del folclor”, musitaron. Así ven a Navarrete, y no a un político de alturas, pese a tantos años de mover el abanico. Él, sin embargo, se ha dejado dócilmente. Su llegada a la presidencia del Senado, es la última muestra. Lo decidió el PRI en el Senado y lo negoció con el PAN. El PRD no era la música de acompañamiento sino el peón que movían dentro de la estrategia de la sucesión presidencial. El PRI necesitaba a un PRD fuerte -aunque fuera artificialmente- para poder negociar con cartas fuertes con el PAN durante el resto del sexenio. El PAN no quería, porque deseaba evitar que el PRI, y en particular Beltrones, se fuera un año -el 2010- al bajo perfil del Instituto Belisario Domínguez, y regresar al centro del escenario senatoril en 2011, cuando el proceso de sucesión se empiece a calentar. El PRD no chistó. Navarrete accedió a jugar la estrategia del PRI frente al PAN, y ser rey por un año, aunque su cetro sea de chocolate. Por un año podrá serlo y borrar la imagen de segundón, cuando menos, formalmente.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Las cosas no pintan bien para el gobernador Zeferino Torreblanca. Las investigaciones sobre el crimen del líder del Congreso de Guerrero, Armando Chavarría en agosto, lo han comenzado a llevar a una espiral que quizás ya no controle. Se tuvo que deshacer finalmente de su procurador Eduardo Murueta, al que defendió casi irracionalmente, y otros miembros del gabinete de seguridad, como el general Heriberto Salinas Saltés, secretario de Seguridad Pública, están en el umbral de salida como consecuencia de ese crimen aún no aclarado que cada vez apunta más a que su autoría intelectual provino de alguna oficina dentro de la administración de Torreblanca.

Informes preliminares de las investigaciones han descartado el móvil pasional, que sin prueba alguna en la mano, trató de imponer Torreblanca como la hipótesis más sólida que había qué perseguir. De todas, fue la que más rápido se descartó, pese a que la idea de que todo se trata de un lío de faldas, no ha dejado de ser sugerida en el gobierno guerrerense. Una segunda hipótesis, que había sido víctima del narcotráfico, también se ha diluido. Los hermanos Beltrán Leyva, que disputan la plaza con sus viejos socios en el Cártel de Sinaloa -con quién se habían relacionado algunos cercanos de Chavarría-, también mandaron la señal de que ellos no habían sido. La guerrilla hizo lo mismo desde los primeros momentos, y algunos representantes ligados a Chavarría estuvieron en su velorio.

Desde el principio, los más cercanos de Chavarría y el PRD unánimemente declararon que el crimen había sido político y que el gobernador Torreblanca era responsable. En esos momentos, no se entendía la virulencia de las palabras perredistas y la seguridad con la que hacían las imputaciones. Con el paso de las semanas, cercanos al político asesinado, que conocían de sus problemas con Torreblanca, han empezado a hablar sobre las condiciones políticas en cuyo contexto se dio el crimen, que está siendo acreditado a un par de matones, uno inexperto, que utilizó una pistola de 9 milímetros, que por lo sensible del arma, cualquier movimiento produce una importante desviación en el proyectil, como sucedió, y otro experto, quien con una .350 le dio el tiro de gracia.

No se han documentado las acusaciones contra el gobierno de Torreblanca, pero la salida de Murueta, que había obstaculizado la investigación, abre la posibilidad de que empiece a avanzar. De hecho, el eventual desmantelamiento del gabinete de seguridad de Torreblanca, sería una señal inequívoca de que en esas áreas se planeó o encubrió el asesinato. La paradoja para el PRD es que, si se encontrara dentro del gobierno de Torreblanca al autor intelectual del asesinato, sería consecuencia directa de los desaseos que ha venido cometiendo el partido por el pragmatismo salvaje para conquistar puestos de poder.

La confrontación entre Torreblanca y Chavarría, que se presume concluyó con el asesinato, comenzó desde 2004, cuando el PRD inició el proceso de selección de candidato para la gubernatura. Tenían a dos figuras: Chavarría, con un largo historial de lucha política y social en Guerrero, y Félix Salgado Macedonio, un pintoresco legislador de mala reputación. Pero existía una tercera, un empresario desvinculado del partido pero popular, al que el jefe político del PRD, Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, palomeó para que fuera el candidato. En términos electorales, la decisión fue acertada, porque Torreblanca ganó la elección, pero políticamente fue un desastre. El gobernador se alejó rápidamente de López Obrador y forjó una alianza con la corriente de Los Chuchos. El choque que se dio fue entre dos tipos de izquierda, la histórica, social y combativa, y la neoizquierda de Los Chuchos, en apariencia reformista y democrática, en el fondo genuflexa y subordinada al poder.

Por ser un jugador de peso en la política estatal, Torreblanca tuvo que aceptar la incorporación de Chavarría en su gabinete como secretario de Gobierno, pero lo fue cercando y aislando. Chavarría reaccionó, y de acuerdo con personas muy cercanas a él, presentó su renuncia antes de la Semana Santa de 2008. Torreblanca, agregaron, buscó que Chavarría disputara una diputación federal en 2009. “Armando, si vas a una diputación local serías el líder del Congreso y tendrías que enfrentarte a mí –le dijo Torreblanca, escribieron públicamente sus cercanos-, y eso no nos convendría a ninguno de los dos”. Chavarría buscó la diputación local, ganó y se hizo líder del Congreso.

Chavarría había chocado fuertemente con el gobernador por el secuestro y asesinato de dos líderes indígenas, y se le cruzó al gobernador en un proyecto muy ambicioso que tenía, privatizar los servicios públicos, que vetó el Congreso, con el apoyo de la bancada del PRI, dirigida por Héctor Vicario, con quien había establecido una sólida relación de trabajo legislativo. Pero el punto de quiebre fue cuando se confrontaron por la candidatura a la alcaldía de Acapulco, donde Chavarría, como líder del PRD estatal propuso a su cercano César Flores, pero el gobernador se empecinó en meter a su ex secretaria de Desarrollo Social, Gloria Sierra.

Jesús Ortega, líder nacional del PRD respaldó a Torreblanca, mientras López Obrador, en su lógica electoral bipolar, pidió al PRD de Guerrero que respaldaran a Luis Walton, candidato de Convergencia. El PRD, como en otras entidades, se dividió y ganó el PRI. Torreblanca dejó claro que a él no le importaba lo que sucediera con el partido, y después de las elecciones federales de julio, iba a renunciar. Ortega lo convenció de que aguardara, por lo que el gobernador buscó nuevamente a Chavarría para doblar las manos. Le dijo, de acuerdo con personas que hablaron con el diputado, que tenía claro quién tenía el poder en Guerrero y que, para bien de los dos, le dejaría manejar la sucesión para gobernador. Chavarría se quedaría operando políticamente el estado, garantizó. Pero lo que no le pudo asegurarle Torreblanca, es que viviría para lograrlo.

rrivapalaci@ejecentral.com.mx

En las dos últimas semanas, cuatro ataques de organizaciones clandestinas fueron perpetrados en la ciudad de México. Tres bombas hicieron explosión, con daños limitados, en una sucursal de BBVA Bancomer en el sur de la capital, en una distribuidora Renault en el oriente, y en una boutique en una exclusiva avenida en el poniente. Una más no estalló, en una sucursal de Banamex, por lo cual el hecho no fue de conocimiento de la opinión pública. Sólo se reivindicaron dos de esos atentados, por parte de tres agrupaciones clandestinas aparentemente sin conexión, pero con una peculiaridad: en todos los casos, el explosivo estaba compuesto de gas butano con detonadores de manufactura artesanal. ¿Qué está pasando? La olla está comenzando a hervir.

Los atentados a los bancos no fueron reivindicados por nadie, pero el de la Renault, el 9 de septiembre, se lo acreditó  primero el grupo España Signus Franciscanos, que ha estado asociado a grupos de derecha, y que tuvieron un papel importante durante un movimiento social en Oaxaca hace 30 años. Horas después se lo adjudicaron las Células Autónomas de Revolución Inmediata “Práxedis G. Guerrero”, que hicieron una denuncia muy particular: contra la construcción de una cárcel de máxima seguridad en las inmediaciones del Reclusorio Norte, donde se encuentran presos militantes de la vieja Liga Comunista 23 de Septiembre, de la Unión del Pueblo –que al fusionarse se convirtió en el Procup-, y del EPR, que nació de la integración orgánica de las guerrillas de Oaxaca y Guerrero. El último, la mañana de este lunes, en una boutique de Max Mara, fue reivindicado por el Frente de Liberación de Animales (FLA), que emitió un comunicado en el cual afirman que se suman a la semana internacional contra esa marca Prét-a-Porter italiana.

El procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Mancera, minimizó los atentados, argumentando que los implementos utilizados pueden ser comprados en cualquier tlapalería, y que la similitud de los explosivos utilizados se debía probablemente a un imitador. Aunque hipotéticamente sea cierto, no es común que una persona cualquiera pueda fabricar un explosivo. Se puede entender que Mancera no quiera hacer sonar las alarmas en la capital, pero mientras no se resuelvan los casos de manera satisfactoria, hay que atenderlos con toda seriedad. Especialmente, porque al analizar los vínculos entre las organizaciones, brotan las relaciones que existen entre ellos que trazan escenarios inquietantes para el futuro mediato.

A diferencia de lo que plantea Mancera, sí hay vasos comunicantes entre cuando menos dos de las organizaciones que reivindicaron los atentados. Una es el FLA, que es una organización anarquista que pertenece a las redes del llamado Black Block, que ganó prominencia en 1999 con sus acciones violentas durante las protestas callejeras en Seattle, contra la reunión de la Organización Mundial de Comercio, y reiterada en las calles de Génova, durante la reunión anual del G-8. Estos grupos son de izquierda radical –aunque se les llegan a unir organizaciones de extrema derecha-, y tienen como constante ideológica el ataque a empresas multinacionales. En México llegaron por la puerta de Chiapas, y tuvieron larga relación con el Subcomandante Marcos y el EZLN. Aunque no hay una vinculación orgánica evidente con las Células Autónomas, hay una relación indirecta, a través de las redes insurgentes en internet, con la autoridad máxima de esa organización guerrillera, las Milicias Insurgentes Ricardo Flores Magón, que nacieron en 1996, cuando emitieron su primer comunicado el primero de agosto, el “Manifiesto de los Volcanes”, donde reivindicaban la lucha armada.

Las Milicias Insurgentes Ricardo Flores Magón son quienes, como órgano cúpula, establece los nexos operativos de los bombazos de septiembre. Este grupo opera en cuando menos 11 entidades del país, y tiene en Texcoco y Chimalhuacán, en los suburbios de la ciudad de México, sus principales centros de reclutamiento de cuadros. En este sentido ha funcionado en los últimos años de la misma manera que el EPR, con quien también tienen vínculos. Pero el grupo guerrillero con quien más relación tiene son las FARC, el ejército rebelde colombiano. De hecho, en la computadora de Raúl Reyes, el número dos de las FARC, asesinado por el Ejército colombiano en una invasión a territorio ecuatoriano, encontraron correos electrónicos enviados al “Comandante Fermín”, Ángel Fermín García Lara, quien era líder sindical en el IMSS, y dirigente del Movimiento de Lucha Popular y del Movimiento Bolivariano de los Pueblos.

El enjambre en el cual se mueven los grupos clandestinos que sembraron los explosivos este mes en la ciudad de México, no demuestra necesariamente una acción coordinada –para establecer la teoría de la conspiración-, pero sí refleja, cando menos, la efervescencia que se vive en los pasillos de la clandestinidad dada la frecuencia de los atentados. No son los únicos que se han dado. En los últimos meses, el FLA ha estado muy activo en varios estados del país, y el EPR tendrá que ratificar con sus bases si en 2010 inician una nueva campaña armada. Agitación guerrillera existe en todos los estados del Pacífico, y en algunas entidades en el centro y sur del país. En 1994, cuando se alzó el EZLN, la coordinadora guerrillera consideró que no estaban dadas las condiciones para la insurrección popular. Previamente a las elecciones, el EPR, principal organización guerrillera militar, aplazó para el próximo año sus acciones.

El país se está calentando en paralelo a la agudización de las contradicciones por la crisis económica y las altamente cuestionadas y repudiadas recetas gubernamentales. Sin quererlo, en el gobierno federal están ayudando a las guerrillas a madurar el alzamiento con la exacerbación social. En su favor cuentan con algún tiempo, pues aún no deciden la fecha para el levantamiento. Los bombazos de septiembre no fueron la enfermedad; son los primeros síntomas.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx