Estrictamente Personal

Ernesto Mendieta, quien asesoró a la familia Martí durante el proceso de negociación del secuestro del joven Fernando Martí, tiene muchas cosas que explicar ante las autoridades y la opinión pública. Mendieta rindió declaración el año pasado como testigo en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, pero las nuevas evidencias exigen que aclare quién negoció el pago de rescate, cómo se planeó la entrega del dinero y cuál fue el grado de intervención de la policía, que ayude a conocer la historia oculta de un secuestro que, por múltiples razones, apesta.

Ese misterio arranca cuando el dinero para el rescate de Martí fue llevado por un chofer de plena confianza de su familia, al punto indicado por los secuestradores. El chofer partió de la casa de Fernando en su propio vehículo, con una maleta en donde se encontraba el pago y un teléfono celular para que le fueran dando instrucciones los secuestradores. Le hicieron dar varias vueltas hasta que le indicaron que sobre la avenida División del Norte, a la altura de la Alberca Olímpica, iba a encontrar un auto Spirit abierto. Conforme a las instrucciones, abrió la cajuela, dejó la maleta y regresó a la casa Martí, sin saber qué pasó después.

Según la averiguación previa, la primera comunicación de los secuestradores fue con el empresario Alejandro Martí, y más adelante entró su sobrino como interlocutor. Pero quien negoció con los secuestradores el monto final del rescate y cómo se realizaría el pago, según la investigación, fue Mendieta, quien informó de  los términos al padre de la víctima, y que tenía que ser un empleado de confianza quien entregara el rescate.

Aquí empiezan las preguntas. Según personas que vieron la averiguación previa, no existe grabación de la llamada entre Mendieta y los secuestradores, lo que es raro,  pues ese tipo de comunicación siempre se graba para hacer posteriormente las pruebas de voz. Hasta donde se sabe, no hay pruebas de voz en la averiguación que permitieran saber si la del secuestrador es la de Sergio Humberto Ortiz Rodríguez, “El Apá”, al que la procuraduría capitalina acusó como el jefe de la banda “La Flor”, que afirma es la responsable del secuestro de Martí.

La siguiente pregunta que se tiene que responder es cuándo se abrió la averiguación previa. Este dato es relevante porque de acuerdo con la ley capitalina, un negociador privado puede actuar en esa categoría siempre y cuando no exista una averiguación previa y la autoridad, por tanto, esté actuando. Si la averiguación se abrió hasta que encuentran el cadáver de Martí, Mendieta actuó dentro de la ley. Pero si fue previo  al rescate, Mendieta violó la ley al negociar los términos con los secuestradores.

Una más tiene que ver con lo que sucedió durante el proceso de entrega del rescate. Funcionarios de la procuraduría del Distrito Federal han señalado que participaron desde el principio en el secuestro de Martí -sin que esto signifique que se abriera en automático la averiguación previa-, y que había un operativo de la Policía Judicial que seguía al chofer de la familia, a cargo del entonces jefe de Operaciones de la Fiscalía Antisecuestros, Rafael Tuxpan. Si esto fue así, ¿cómo perdieron al chofer los policías de Tuxpan? ¿Qué hizo Tuxpan o qué dejó de hacer? ¿No sabría él quién tomó el dinero del maletero del Spirit? Tuxpan, por cierto, ya fue retirado del caso Martí.

No es así con quien era su jefe, el ex fiscal Antisecuestros, Jesús Jiménez Granados, quien por la detención de “La Flor” se ganó la jefatura de la Policía Judicial del Distrito Federal, y cuya participación en el caso tiene relación directa con Mendieta. Las relaciones del negociador con el gobierno del Distrito Federal son amplias, no sólo por los contratos multimillonarios por asesoría jurídica y seguridad, sino porque cuando Jiménez Granados era fiscal, recurría a Mendieta en los casos de “alto impacto” para que lo asesorara. La relación era un poco más que profesional: son primos hermanos.

Esta relación, que aparentemente no tiene conexión con el caso Martí, lleva a otra batería de preguntas sin respuesta. El año pasado Mendieta empezó a ver su imagen como consultor enlodada por el caso Martí, por lo que acudió a los medios. En una de esas oportunidades, declaró a la revista Proceso en agosto que el asesinato de Fernando había sido producto de “la mala suerte”, y afirmó no tener la menor duda de que los autores eran policías o ex policías, “por la mecánica de la operación, la información que tienen, los contactos…”, similar al de otros casos investigados por la PGR, dibujando sagazmente el perfil de los supuestos miembros de “La Flor”.

Hoy tiene que aclarar cómo pudo esbozar con tanta precisión a los presuntos jefes de “La Flor” y que su modus operandi era como el de casos que investigaba la PGR, tres semanas antes de que se detuviera a los integrantes de ese grupo. En el mejor de los casos para él, su dicho afecta directamente a su prestigio, pues se comprobó que los responsables no eran policías o ex policías, ni su modus operandi era similar. Más grave para él y los jefes policiacos -hay que preguntárselo-, es si Jiménez Granados le entregó la información de “La Flor” antes de dársela al procurador del Distrito Federal.

Lo que hizo Mendieta en Proceso fue adelantar los generales de la versión de Jiménez Granados y Tuxpan, que hoy está totalmente desacreditada, y puso contra la pared al procurador Miguel Ángel Mancera y al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard. El papel de Mendieta está en entredicho por todos los vasos comunicantes con los jefes policiales y su rol como negociador, pero como el año pasado, se ha mostrado desafiante al declarar: “Estoy a disposición de la autoridad”. Que Mancera le tome la palabra. Que lo cite. Que empiece a limpiar el hedor que acompaña este crimen que aún estremece.

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Durante todo el sexenio de Vicente Fox, el ex presidente Ernesto Zedillo se mantuvo muy alejado de México, mientras se dejaba procurar y cultivar por las élites política y económica estadounidenses, agradecidas por lo que hizo por ellas en su gobierno -liberalización salvaje y construir la entrega del poder al PAN en 2000-. Pero nueve años parecen haber sido suficientes de ostracismo auto impuesto, inclusive aún para el discreto Zedillo, quien ha empezado a dar señales de que quiere tener mucho qué decir en el gobierno de Felipe Calderón.

Zedillo no ha estado perdiendo el tiempo. Ha lanzado señales sobre su preocupación en la economía mexicana a lo largo de este año y se ha acercado a Calderón, con quien se ha topado en foros internacionales, y sostenido cuando menos una comida privada con él. Recientemente intensificó la búsqueda. Personas cercanas a su entorno aseguran que ha buscado dos veces por teléfono al Presidente en el último mes, aunque no se ha podido saber si tuvo o no éxito. Lo que le ha propuesto, o querrá proponer, es que cuando decida sobre su próximo secretario de Hacienda, tenga en mente a Santiago Levy. En efecto, el candidato que tiene Zedillo para remplazar al secretario Agustín Carstens, es su fiel gladiador.

Aunque públicamente lo niega, ha expresado en círculos privados que está agotado muy a disgusto por el trato que le da el Presidente y porque lo han obligado a dar declaraciones que lo dejan como un tonto. Desde hace semanas dejó entrever a varios líderes políticos, que su expectativa laboral inmediata  se encuentra el Banco de México, donde el actual gobernador Guillermo Ortiz termina su segundo mandato en diciembre próximo. Ortiz no ha dado muestras claras de querer aspirar a una tercera reelección, aunque para que esta pudiera darse, necesitaría todo el aval de Calderón. Malas noticias para él, aunque no del todo nuevas: ni de lejos se encuentra en el ánimo presidencial.

Desde finales del año pasado, cercanos a Calderón en el sector hacendario han venido criticando las posturas macroeconómicas de Ortiz y la tensión con el equipo gubernamental, por lo que anticipaban que el impacto económico de esa dinámica durante el proceso electoral no garantizaba que el PAN mantuviera la mayoría en el Congreso para poder sacar con menor dificultad las reformas que necesita el Presidente para la segunda parte de su administración. El detonante fue el resultado electoral, cuando el presidente Calderón preguntaba qué había sucedido. La economía, le dijeron, fue el principal instigador de la derrota. De acuerdo con personas que conocen detalles de los episodios amargos en la búsqueda de respuesta a los porqués, una parte de esa derrota le fue adjudicada a Ortiz por no haber dejado de hablar sobre los malos pronósticos para la economía mexicana durante 2009. Se quedaron cortos de culparlo totalmente, pero meses de críticas a su posicionamiento se coronaron el 5 de julio.

En los reajustes esperados, Zedillo quiere ahora abrir la puerta a Levy, quien fue subsecretario de Egresos en su gobierno, cuando Ortiz era el titular del despacho de Hacienda, y con quien cada sábado, junto con su entonces coordinador de asesores, Luis Téllez, definían en Los Pinos la estrategia que debería de seguir la política económica mexicana. Zedillo hizo más tarde a Levy secretario de Desarrollo Social, con lo que rompió con el modelo de Solidaridad creado en el gobierno de Carlos Salinas, y desarrolló uno nuevo, Progresa, que tuvo su continuación estructural durante los gobiernos de Fox y Calderón bajo el nombre de Oportunidades, que también ayudó a diseñar. Con Fox fue director del Seguro Social, que dejó antes de terminar la administración para irse a Washington, donde es vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

Levy, como punto a favor de Zedillo, no ha estado alejado de Calderón. De hecho, cuando el entonces presidente electo pensaba en su gabinete, fue Levy quien estuvo cerca de él surgiendo fórmulas de equilibrios y reemplazos, y enseñándole la manera como Zedillo había integrado el suyo, donde colocó siempre un secretario durmiente en cada dependencia. Es decir, en posiciones clave el Presidente siempre tendría un subsecretario que le reportara directamente a él. En el caso de Hacienda, donde Levy jugó esa parte con Ortiz, Calderón puso como subsecretario de Egresos debajo de Carstens a Ernesto Cordero, quien fue remplazado por Dionisio Pérez Jácome -con el mismo perfil-, cuando lo nombraron titular de Desarrollo Social.

Es muy sorprendente la imitación de Calderón a Zedillo en el caso de Levy y Cordero, lo que no es buena noticia ni para el ex presidente, ni para su antiguo colaborador. De todo el gabinete, el secretario al cual tiene más cerca Calderón es a Cordero. La relación entre ellos es de profunda amistad y de enorme respeto. Calderón le ha encomendado tareas extraordinarias fuera de su ámbito en momentos críticos, como haber sido el responsable de consolidar toda la información del gabinete durante la emergencia de la influenza, que le permitió al gobierno reordenar su política de comunicación y despresurizar un innecesario problema público ajeno a la epidemia.

Si termina de darse el cambio de Carstens, la figura natural sería Cordero, salvo que el presidente Calderón comenzara a ver la segunda parte de su sexenio bajo un modelo diferente. No se percibe, bajo ninguna consideración, que así será, aunque versiones palaciegas mencionaban que un eventual candidato a Hacienda podría ser José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, quien en fechas recientes hizo declaraciones favorables al manejo económico del gobierno. Pero Zedillo, quien debe saber con detalle todo el entramado, no ha cejado en su intención por colocar a Levy, quien en las últimas semanas ha sido objeto de reconocimiento por intelectuales muy allegados al ex presidente desde sus tribunas periodísticas. Qué quiere Zedillo, no está claro. Pero la apuesta que está jugando sí es muy grande.

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OAXACA, Oax.– La tarde del 24 de abril de 2007 sucedieron tres incidentes en el Centro Histórico de esta capital aparentemente de forma independiente, pero que se entremezclaron y se convirtieron en un asunto de seguridad nacional. Esa tarde, policías municipales vieron entrar a unas personas armadas al Hotel El Árbol, y se ordenó detenerlos. Al mismo tiempo, policías locales y militares realizaban un operativo contra narcomenudistas en esa misma zona, y los dirigentes del EPR Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, eran dejados tras una reunión de trabajo, pues más tarde, tendrían otra en el mismo perímetro.

Su desaparición -el primero es hermano del jefe del EPR, Tiburcio Cruz Sánchez-, provocó que la guerrilla estallara bombas en ductos de Pemex en Veracruz y Guanajuato. Al crearse una Comisión de Mediación integrada por intelectuales y activistas, para que el gobierno federal informara el destino de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, decretó una tregua unilateral. La Comisión se desintegró por los malos resultados, y hoy en día, a ciencia cierta, en Los Pinos no saben qué pasó con ellos.

La  Comisión Nacional de Derechos Humanos identificó este año a la policía ministerial de esta capital como la principal responsable de la desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, aunque arroja sospechas también sobre otras policías estatales y la VIII Región Militar, que encabezaba el general Juan Alfredo Oropeza Garnica. Aunque la investigación que realizó ese órgano es la más completa y exhaustiva que se ha hecho hasta la fecha, tampoco es concluyente.

La CNDH soporta su caso en un fallo judicial que acepta que la última vez que los vieron los tenía la policía ministerial, pero este dato se sustentó en testigos de oídas. El gobierno de Oaxaca también fue la principal línea de investigación  del gobierno federal a lo largo de dos años, pero ahora ya admiten que no encontraron nada. La investigación fue iniciada por el ex secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y continuada en el sexenio de Felipe Calderón. En su momento, el ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, dijo estar seguro que el gobernador Ulises Ruiz y su operador político Jorge Franco -quien vivía en el extranjero cuando sucedieron las desapariciones-, eran responsables, pero reconoció que no habían podido probárselo. Sospechaban de ellos a partir de que todos los jefes policiales que estaban en funciones en el momento de la desaparición, habían sido asesinados. Al avanzar la investigación el caso se volvió más complejo.

Un grupo de policías locales sí acudió a detener a los hombres armados que estaban en el Hotel El Árbol, quienes resultaron ser agentes ministeriales de Chiapas que buscaban a un delincuente de aquél estado. Los otros 200 que dirigía Alejandro Barrita, jefe de un grupo especial de la Policía Bancaria Industrial, y un coronel que sólo identificó como “Suárez”, al frente de una unidad del Ejército, que originalmente se dijo habían acudido al hotel donde se encontraban los eperristas -que nunca estuvieron ahí-, participaban en el operativo contra narcomenudistas.

Nueva información ha venido emergiendo en los últimos meses. El gobierno federal  estableció que el asesinato de Barrita, en enero de 2008 en Oaxaca, estuvo relacionado con el narcomenudeo. Pero no tuvo su origen en aquél operativo de abril, sino en que un mes antes de que lo ejecutaran, de acuerdo con funcionarios locales que conocen el episodio, “se cargó a dos narcomenudistas y le cobraron la factura”. Por otra parte, se comprobó que las acusaciones directas al gobierno y funcionarios de Ruiz, fueron “fabricadas” o cuando menos inducidas por el general Oropeza Garnica, quien fue destituido de su cargo este año.

No se saben las razones del general Oropeza Garnica para haber querido inculpar a Franco, hoy en día presidente del PRI en el estado y diputado electo, como autor intelectual de las desapariciones, pero una información que sigue circulando entre militares y organizaciones sociales en Oaxaca, es que Cruz Sánchez y Reyes Amaya -aparentemente detenidos durante la operación contra el narcomenudeo en la zona-, fueron llevados a la VIII Región Militar, donde los torturaron. Uno de ellos no sobrevivió el castigo, y con ello, la suerte del otro también quedó definida.

Desde el principio hubo sospechas sobre los militares, pero el secretario de la Defensa, Guillermo Galván, a pregunta expresa del Presidente durante una reunión de gabinete, aseguró que el Ejército no era responsable. La información en el gobierno federal exonera a la institución, pero al no haber podido tener acceso a ella la CNDH,  la duda permanece. Más aún tras el relevo de Oropeza Garnica.

La situación para el gobierno federal es delicada, pues las valoraciones son que el EPR está esperando el cabalístico 2010 para reiniciar operaciones militares, como lo sugirieron en diversos comunicados antes de las elecciones del 5 de julio. El gobierno sólo ha podido avanzar en la identificación de los responsables de los bombazos contra Pemex, mientras el EPR se prepara para el próximo año, que continuó con secuestros y acumuló aproximadamente 15 millones de dólares en este tiempo. El fondo y forma de sus comunicados refleja que sus jefes no están huyendo, y que tienen tiempo para pensar y planear.

La desaparición de la Comisión de Mediación no ayuda al gobierno, que tendría que reactivar sus contactos con los mediadores y mantener abierto un vehículo de comunicación informal con el EPR para ganar tiempo. Por supuesto, no bastará. Una señal de apertura de nuevas líneas de investigación sería altamente provechosa para alejar la posibilidad del reinicio de acciones armadas de la guerrilla. En la Región Militar VIII, por ejemplo, aunque no necesariamente tengan que anunciarlo.

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Varias fueron las alertas que recibió el procurador de Justicia del Distrito Federal, Miguel Mancera, de que su caso contra la banda de “La Flor”, y en particular contra el presunto jefe de ese grupo y una agente federal por el secuestro y asesinato del joven Fernando Martí, no tenía el sustento que afirma tener. Todas las soslayó. Mantuvo siempre que los principales culpables, Sergio Humberto Ortiz, a quien identificó como el líder de la banda, y la agente federal, Lorena González, eran las claves del caso que cimbró al país. Hoy, quienes están sacudidos son él y su jefe, Marcelo Ebrard, cabeza del gobierno del Distrito Federal.

Mancera llegó a Ortiz a partir de un testigo que se encuentra preso, que lo identificó junto con otro agente federal, Gerardo Colín, como miembros de la banda de “La Flor”. Al investigar a Colín descubrieron que González era su novia, y la detuvieron después de ser señalada por Christian Salmones, el escolta que acompañaba a Martí la mañana en la que lo secuestraron, como la persona que daba las órdenes en el retén, presuntamente de elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, donde los atraparon.

La identificación que hizo Salmones, siempre ha estado en entredicho. El secuestro fue a las seis de la mañana en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, cuando Martí se dirigía a la escuela. Un ejercicio empírico que recreaba el momento de la detención en el retén, en la misma temporada y a la misma hora, hacía prácticamente imposible -por no afirmarlo categóricamente- una identificación plena como la hizo Salmones, pero Mancera nunca atendió esta discrepancia en la evidencia.

González era su primer objetivo. Pero, decían convencidos, ella no había matado directamente a Martí. El nombre que daban como presunto ejecutor era Colín. Mancera le pidió a la Secretaría de Seguridad Pública Federal que le entregaran a González, quien siempre afirmó en los interrogatorios y en su comparecencia ante el juez en noviembre del año pasado, que el día del secuestro se encontraba de vacaciones en Acapulco. Luego se fueron sobre Colín.

La procuraduría de Mancera creía tener un caso muy bien armado contra ambos, y siguiendo lo que les decía su testigo, los acusó de haber participado en dos secuestros con la banda de “La Flor”, por lo cual se les llevó juicio. Sin embargo, un juez consideró que no se habían presentado pruebas que sólidamente los inculparan y los liberó. Colín recuperó la libertad en noviembre pasado, y González sigue presa por el caso Martí. El testigo, que sigue defendiendo Mancera, había causado otro tropezón.

En el curso de la investigación de la procuraduría capitalina, también se desarrolló una pesquisa privada paralela. Esta investigación, que fue entregada a Mancera, establecía que no había sido González la mujer en el retén, sino otra mujer identificada como “Marcela”, de pelo rubio -no se precisaba si natural u oxigenado-, cuyo centro de operaciones era Tepito. La conclusión era que a quienes había detenido no eran los verdaderos responsables del crimen, pero Mancera, quien llegó a reconocer en privado la existencia de esa investigación, siempre la hizo a un lado.

La semana pasada la Secretaría de Seguridad Pública Federal presentó a dos de los asesinos confesos del secuestro y crimen de Martí, y aseguró que no tenían vinculación con la banda de “La Flor”. Uno de ellos, Noé Robles, dijo no conocer a González ni a ninguno de esa banda, y que la única mujer que vio era rubia, voluptuosa, fea y cacariza. Mancera dijo que su investigación y la federal  se complementaban y no chocaban, además de que usaron al mismo testigo, Salmones, quien identificó plenamente el cuarto en donde Robles los había tenido a él, al joven y a su chofer. Su ligereza en la respuesta fue casi tan grande como la que empleó cuando sugirió que las dos bandas, “La Flor” y “Los Petriciolet”, a la que pertenece Robles, pudieron haber actuado en coordinación, conciliando con una declaración política la discrepancia en la investigación.

Otro aspecto fundamental, motivo por el cual asesinaron al joven Martí, tiene que ver con el rescate. Robles aseguró que mataron a Martí porque no se pagó el rescate. Pero el pago, negociado en siete llamadas telefónicas, se hizo el 12 de junio: 5 millones 135 mil pesos. Según lo acordado, un chofer llevaría el dinero a un lugar en Coyoacán, pero esperó 10 horas en balde. El rescate, técnicamente, no se pagó, y la pregunta es por qué.

La respuesta, que es problema real de Mancera, tiene que ver con un aparente error policial en el momento del rescate. Los secuestradores habían advertido que no querían la intervención de la policía. Pero Mancera sabía del secuestro desde el primer momento, porque se le informó antes de conocerse las demandas de los secuestradores, y estuvo al tanto. Inclusive tuvo fricciones con el negociador privado de la familia. En esa misma lógica, cuando se fue a pagar el rescate hubo un operativo para detener a los secuestradores, pero la policía fue descubierta, según fuentes de la Procuraduría local, y los criminales huyeron sin el dinero. Ahí se firmó la muerte del joven Martí.

Mancera está tratando de defender su cargo y el prestigio de Ebrard a través, una vez más, de filtraciones en los medios que refuercen su investigación. Pero las explicaciones son muchas y deben ser públicas. Un testigo que se ha equivocado varias veces, dos fotografías del empresario Alejandro Martí en la computadora personal de Ortiz y una identificación forzada de González, no le alcanzan a Mancera para sostener su caso y salir del pantano en que se encuentra. Tampoco para salvar a Ebrard, el único gobernante que ante la demanda de Martí de “si no pueden renuncie”, dijo que él si se comprometía o renunciaría si fallaba. Los dos tienen la palabra. Una es que demuestren que a quienes tienen en la cárcel por el caso Martí, son realmente culpables del crimen. La otra, producto del oportunismo político, la anunció hace más de un año Ebrard. Si Mancera no lo prueba, ahí está quien deberá pagar la incompetencia.

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La narrativa oficial de la guerra contra el narcotráfico dibuja éxitos reconocidos en el mundo. Por ejemplo, la Oficina para Asuntos sobre Narcotráfico de las Naciones Unidas, dice que en 2008 México rompió récord en extradiciones, aseguramientos de droga y dinero, lo que habla de golpes a las estructuras operativas, logísticas y financieras de los cárteles. Sin embargo, el creciente sentir de los mexicanos es que la guerra se va perdiendo, con lo cual el consenso original que tenía el presidente Felipe Calderón sufre una erosión que se antoja insalvable.

¿Cómo entender esta contradicción entre lo objetivo y lo subjetivo? ¿Qué es subjetivo y qué objetivo? Decir que es producto de la percepción describe, pero no explica. La percepción es la interpretación de las sensaciones -que se construyen sobre las experiencias inmediatas- a las cuales les da un significado. Esa percepción no se hubiera construido de no haber tenido la sociedad impactos inmediatos sobre su sentir de inseguridad -derivado de los récords históricos de ejecuciones y desafío constante a las fuerzas de seguridad militar y civil-, así como un mensaje muy difícil de explicar -”vamos ganando la guerra”-  y de comprender, cuando lo que se tiene enfrente es una cifra de muertos que no deja de subir, sin importar que la mayoría de las víctimas sean criminales. Esta percepción partió de dos errores estratégicos del gobierno: el diseño de la guerra y el mensaje político.

En el primer caso, la falla original admitida por los propios operadores de esta guerra, se debió al modelo de ocupar territorialmente enormes zonas del país que estaban bajo control de los cárteles de la droga, y de esa forma romper sus redes de distribución y comercialización, sin contemplar su desdoblamiento. Golpeando las finanzas de los cárteles, argumentaban, se fragmentarían y sería más fácil combatir a pequeños grupos de delincuencia. La primera fase de este modelo fue exitosa, y de hecho el Cártel del Golfo, prácticamente desapareció por la falta de droga para vender, pero resultó efímera. Pero la diáspora fue temporal.

El tejido del narcotráfico se recompuso aceleradamente, tanto por la ruptura de cárteles -como el de Sinaloa, donde se escindieron los hermanos Beltrán Leyva-, como en nuevas alianzas, aunque volátiles y efímeras, altamente destructivas -como la de los Beltrán Leyva y Los Zetas- que provocaron violencia inédita en Sinaloa y Chihuahua. La interminable y creciente captura de líderes generó relevos inmediatos con subalternos cada vez más violentos y con mayor capacidad de fuego,  porque el consumo de drogas no se disminuyó en Estados Unidos y generó los recursos para la adquisición de armas.

Otro fenómeno no anticipado surgió en la mutación que hicieron los sicarios del crimen organizado a la delincuencia común, en particular en Baja California y Tamaulipas. En Tijuana, los sicarios de los hermanos Arellano Félix, cuando ya no pudieron seguir cobrando en la nómina, se dedicaron a los secuestros exprés, que fue imitado por sicarios de otros grupos, con lo que ese tipo de delito se convirtió en un fenómeno excesivamente peligroso, pues al participar matones, el mantener con vida al secuestrado no agregaba valor al negocio. Entre tanto, el Cártel del Golfo intensificó sus viejas prácticas de extorsión, venta de protección y control de la prostitución, mientras se adentraba en América Central, Guatemala principalmente, para abrir nuevos mercados. El traslape de delitos intensificó la inseguridad ciudadana, que fue una primera externalidad de la guerra contra el narcotráfico de cara a la sociedad.

El segundo error estratégico tiene que ver con el mensaje. Desde que en diciembre de 2006 registraron en Los Pinos que la lucha contra la delincuencia redituaba casi en automático en legitimidad del Presidente, sus asesores se montaron en el tema de manera  ininterrumpida, utilizándolo como el eje del discurso presidencial. El diseño de la comunicación política generó altas expectativas entre la población, y lograron colocar el tema en el centro de la preocupación de los mexicanos. Pero lo que fue un rotundo éxito al capturar el imaginario mexicano, se convirtió realmente en el punto de retorno de la eficacia del discurso, ante la falta de erradicación del problema.

Se enfatizó el triunfalismo, pero nunca se definieron los términos de la victoria y, por tanto, los plazos de la presencia militar en las calles que ha generado tensiones hacia el interior del gobierno. Los estrategas de Calderón lo  colocaron en un proceso de desgaste político cuando tuvieron que ir modificando los acentos, de la victoria a la vuelta de la esquina, a la apelación a la sociedad para que se comprometiera también en la lucha -con sus costos-, al reconocimiento que cuando termine su mandato en 2012, el narcotráfico seguirá aquí. Es decir, el discurso fue del triunfo inmediato a la victoria inviable en lo que queda del gobierno calderonista, lo que sumado a la dinámica no prevista que siguieron los cárteles de la droga, contribuyó a que creciera la idea de que la guerra contra el narcotráfico se va perdiendo.

En términos de percepción, son irrelevantes los elogios mundiales -vistos más como apoyos ideológicos-, o las estadísticas reales -en México hay menos asesinatos y secuestros por cada mil habitantes que en Colombia-. Las fallas estratégicas han llevado a la pérdida del consenso del presidente Calderón sobre el rumbo que escogió para combatirlo, y creado un frente común -seguramente la mayoría de las veces inopinado- entre sectores de la opinión pública y criminales, para que se replantee la lucha y se repliegue a las fuerzas policiales y militares. Sin el consenso, el gobierno siempre irá cuesta arriba en su guerra contra el narco. Si perdió el Presidente el respaldo de la mayoría, ha perdido, cuando menos políticamente, la guerra.

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En Tampico, Tamaulipas, hay una colonia que se llama El Cascajal. Existen otras como ella en el país, Tepito en el Distrito Federal, y La Huaca en Veracruz, que también son relevantes para la Generación Z. El Cascajal lo llamaban “Macalito”, por  McCallen, donde antes que se firmara el Tratado de Libre Comercio, era una zona de comercio ilegal. El contrabando era público y hace seis años, la estructura interna que había regido en El Cascajal por una generación, cambió de tajo.

Una noche, unas personas prendieron fuego frente a la casa del líder de El Cascajal. Unos tipos muy fornidos y con el pelo cortado a ras, impidieron a los fotógrafos de prensa hacer su trabajo. A quienes mostraban resistencia los persuadieron con sólo mostrarles la empuñadura de sus pistolas. Unos más fueron “invitados” a una reunión privada con su jefe, quien les dijo: “Estamos limpiando El Cascajal”. En poco tiempo se dieron cuenta que se trataba de Los Zetas, quienes habían escogido la colonia para establecer un centro de reclutamiento y expansión en la zona.

Desde El Cascajal florecieron las “tienditas”, centros de narcomenudeo, que representan una de las facetas más complejas del narcotráfico en México, a través de las cuales Los Zetas construyeron un modelo que se ha venido reproduciendo, entre otros cárteles -el de Sinaloa tiene una mecánica casi idéntica en la colonia Jaramillo, en Los Mochis-, para reclutar sicarios y detonar la reproducción de las “tienditas”, por medio de un esquema similar al de las franquicias. Es un mecanismo de pirámide, como hay tantos productos en el mercado abierto, donde también se premia -con poder- a los mejores, y se castiga -a veces con la muerte- a quienes fracasan.

El esquema de Los Zetas -y otros cárteles- se aplica en los sectores de la población más marginados, provenientes de núcleos familiares rotos, de violencia familiar, sin educación, ni ingresos y, sobretodo, sin ninguna esperanza o expectativa de mejora. Son parte de la generación de las crisis, en el fondo de la cadena productiva, vienen del lumpen o de los linderos de la vida más miserable. En esos segmentos sociales, el reclutamiento es mucho más sencillo, como lo experimentan Los Zetas.

En El Cascajal, el encargado de una de las tienditas comienza por invitar a uno de sus clientes habituales a un “jale”, como se llama a una actividad ilegal. Un “levantón” de alguien no importante, una golpiza, una entrega pequeña de producto, un trabajo, pues, no muy comprometedor, pero sí para comenzar a probar su eficiencia. La misma invitación la hacen a tres o cuatro de sus amigos, y una vez que ese pequeño grupo está haciendo esos trabajos para el encargado de la “tiendita”, los invita a integrarse en forma más orgánica al servicio de “el don”, como se refieren a las personas importantes en la zona, para lo que llaman “La Compañía”. El reclutamiento está hecho. Se los llevan a ranchos en la sierra, y durante tres meses reciben entrenamiento en manejo de armas y paga mensuales de 800 a mil dólares. En esos campos de entrenamiento conocen a otros reclutas, y se van formando células de 6 a 10 integrantes cada una.

Al término de los tres meses, los envían a sus ciudades para que realicen su primer trabajo para “La Compañía”. Puede ser un “levantón”, un “apañe” (robo) de droga, un ajuste de cuentas, o una represalia contra un empresario que no haya pagado la cuota de extorsión a Los Zetas, que puede ser el secuestro de él mismo o, si es alguien muy importante en la comunidad, el de un familiar. A los 90 días los reclutas tienen un ascenso, que incluye una mejora salarial de 40%, que puede incrementarse en función de qué tan buenos resulten en sus trabajos.

Este ciclo termina a los seis meses, cuando Los Zetas entregan a las células drogas para que inicien sus propias “tienditas” y armas. Les dan un territorio específico para que operen y un plazo para que paguen el dinero que les dieron. Una vez que se saldan los adeudos, operan por comisión. Los nuevos franquiciantes de Los Zetas saben que no les pueden robar, pues los ejecutan, y que si no hacen prosperar el negocio de la droga, se los quitan. Por el contrario, si resultan muy buenos, les van ampliando su territorio, y les empiezan a dar el manejo de productos “piratas” que les entregan Los Zetas. La marca del cártel es un Pegaso, inconfundible símbolo que va sobrepuesto en todos esos productos.

Los Zetas abrevan de los hijos de las generaciones de crisis. Para muchos es mejor apostar su vida y vivir mejor mientras se pueda, que morir, inevitablemente, si insisten en vivir dentro de la ilegalidad. El modelo seguido por la delincuencia organizada no tiene manera de enfrentarse si la estrategia contra las bandas de narcotraficantes se limita a la fuerza, policial o militar. Pensar en esa lógica es como plantear que la victoria se pueden alcanzar en la medida que se detenga o mueran narcotraficantes a mayor velocidad de lo que pueden reclutar nuevos cuadros, lo que lleva a una lucha sin verdadero fin.

La estrategia del gobierno, la única real en operación, mediante la fuerza y la aplicación de la ley, es insuficiente. El incentivo para reducir sistemáticamente el reclutamiento no pasa por la disuasión de la fuerza, sino por esquemas integrales de educación, y entornos socioeconómicos. Desde esta perspectiva, la victoria contra el narco está todavía muy lejos. En materia de educación apenas se están dando los primeros pasos. En cuanto al entorno, no hay ningún trabajo social que mejore el hábitat de los reclutas del narco, y en materia económica, el ciclo de la pobreza no se ha podido revertir en toda una generación. Al contrario, la desigualdad crece. En la medida en que la guerra contra el narcotráfico no sea absoluta, el esquema de El Cascajal seguirá reproduciéndose y enraizándose en esa sociedad marginal que tiene en el narco, su razón de ser y su motivo de orgullo. Qué desgracia.

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Arnoldo Rueda Medina era un criminal totalmente desconocido para la mayoría de los mexicanos, pero para los militares y policías representaba un diamante en bruto para comenzar el desmantelamiento total de La Familia Michoacana. La persecución resultó en su detención el 11 de julio, cuando corroboraron de qué tamaño había sido el golpe infringido a la organización criminal. Bajo un ataque de sicarios que parecía buscar su rescate, en realidad perseguían otro objetivo: matarlo. Urgía callarlo para siempre.

Rueda Martínez fue colocado en un vehículo blindado, y sus cuatro hijos, la más grande de 12 años, que se encontraban con él cuando lo detuvieron, fueron puestos en otro blindado. Los sicarios atacaron a la policía y directamente a los vehículos donde se encontraban los Rueda, que se sacudían violentamente al explotar las granadas de fragmentación y con el tableteo de los fusiles de asalto. Los niños lloraban aterrados, según las descripciones policiales, mientras los policías se sorprendían con una actitud muy inusual de Rueda Medina. No se inmutó, ni se dobló. No se quebró al ver cómo atacaban también a sus hijos, ni habló mucho en ese momento en que parecía el umbral de su muerte. Todo lo que debía suceder, si sucedía, sería la voluntad de Dios, dijo.

La voluntad de su Dios hizo que sobreviviera Rueda Medina, “La Minsa“, de quien las autoridades dicen que es la sangre y el cuerpo de la organización criminal La Familia Michoacana, y que en los momentos del ataque mostró los niveles del adoctrinamiento fundamentalista impartido por el jefe de la banda, Nazario Ortiz Moreno, que se hace llamar “El Más Loco”. A través de una evangelización enajenadora, “El Más Loco” ha hecho de sus subalternos y sus sicarios, un pequeño ejército de fanáticos, y Rueda Medina, fue un producto probado en situación extrema.

Las autoridades están elaborando el perfil de este hombre cuya vida navegó de ser tortillero a robacoches, de delincuente menor a asesino, de ejecutor a la figura más poderosa, en términos prácticos de La Familia Michoacana. No han podido extraer de él todavía información sustancial, ni siquiera el porqué del apodo de “La Minsa” -especulan que  pueda ser por su origen en el negocio de las tortillas-, pero han ido avanzando con el  voluminoso expediente que alertó a todos de su importancia.

Rueda Medina es parte del grupo de Ortiz Moreno, José de Jesús Méndez, “El Chango Méndez” -que es el otro jefe del cártel-, y Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, que a finales de los 90 crearon en Apatzingán “La Empresa”, una organización que se decía protectora de los núcleos familiares michoacanos, de sus principios y valores, que erradicaría a los criminales que secuestraban, extorsionaban, y vendían drogas sintéticas. Es decir, que iban a combatir a los hermanos Valencia, dibujados en ese perfil. En 2000se aliaron con el Cártel del Golfo y Los Zetas, y “La Minsa” trabajó directamente con Miguel Treviño, “el 40″, uno de los líderes, que decidía e imponía a “La Empresa” las plazas y los responsables de las mismas para sus negocios, mientras “La Empresa”, con Rueda Medina al frente, tenía como tarea ubicar a Los Valencia y ejecutarlos.

Los jefes de “La Empresa” rompieron con el Cártel del Golfo y Los Zetas en 2006, y se  convirtieron en un subcártel que llamaron La Familia Michoacana. Ortiz Moreno y Méndez eligieron a “La Minsa”, su cuadro mejor entrenado, para encargarle múltiples encomiendas y responsabilidades. Se  hacía llamar el “coordinador de coordinadores”, y si bien el nombre no tiene nada de glamoroso, podría ser engañoso si no se atiende a lo que significa.

“La Minsa” era el responsable de las operaciones territoriales del cártel. Es decir, no sólo supervisaba el trasiego de armas y droga entre Estados Unidos y México, sino era el encargado de repartir las plazas y vigilar a los jefes locales en los ocho estados donde opera el cártel: Michoacán, Aguascalientes, Colima, México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y San Luis Potosí. También era responsable de la estructura financiera, lo que significa que era el administrador y contralor de todos los dineros que generaran las plazas, a los cuales se añade el papel de ser la primera caja por donde entraban los pagos de la droga al mercado norteamericano y los suministros de armas de esa nación. Su detención alteró toda esta parte del negocio.

La Familia Michoacana se había especializado en las drogas sintéticas -un negocio donde también están metidos el capo mayor del Cártel de Sinaloa, Ignacio Coronel, y Los Valencia-, y “La Minsa” tenía, dentro de sus tareas, el contacto con los distribuidores de seudoefedrina -de donde se producen las metanfetaminas- en la India, donde los controles son muy laxos, y China, donde no hay controles. Junto con esos enlaces, manejaba  la relación con los transportistas y con los funcionarios para que facilitaran su acceso por los puertos de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, y Manzanillo, en Colima. Sus responsabilidades incluían la supervisión de los súper laboratorios de drogas sintéticas en Guanajuato y Michoacán. Con su arresto, la dirección de estas operaciones se queda totalmente acéfala.

Por si no fuera suficiente tener control de las redes de distribución y comercialización, los proveedores y las estructuras de finanzas, abasto y avituallamiento, “La Minsa” también tenía la jefatura de los sicarios y de su entrenamiento. En una lógica empresarial, si Ortiz Moreno y Méndez eran los directores del consejo de administración criminal, el primero en la prédica y las sotanas blancas, y el segundo en la supervisión global de la operación, Rueda Medina era su presidente y director ejecutivo. Cortándolo a él, la organización queda partida de tajo entre las cabezas y el cuerpo. Desde esa perspectiva, se puede entender porque aquellos que reclutó, entrenó y procuró trataron de cumplir la orden de asesinar a Rueda Medina el día que lo detuvieron. Al fallar, el costo para la Familia Michoacana, no es difícil anticiparlo, será monumental.

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Fue el pasado sábado 11 de julio en Morelia, en las instalaciones de la Policía Federal, tras la detención de Arnoldo Rueda Medina, apodado “La Minsa”. Preso, el jefe de sicarios de La Familia Michoacana, esperaba ser trasladado a la ciudad de México cuando un comando de sus asesinos atacó la base para rescatar a su jefe. Lanzaron granadas de fragmentación, como las que utilizaron el 15 de septiembre durante la celebración de El Grito de la Independencia en esa capital, y dispararon con armas de alto poder.

–Están atacando también a tus hijos, le dijo uno de sus guardianes, haciéndole ver que en el ataque, sus cuatro hijos menores, totalmente aterrorizados, corrían alto riesgo de perder la vida.

–Que sea lo que Dios quiera, respondió sin vacilación.

Su vida, la de sus hijos, la de todos, las había depositado en las manos de Dios. La paradoja era algo menos que divina, para el jefe de los sicarios que inauguró hace unos años la temporada de decapitaciones de sus adversarios, provocando el mismo  terror que los Kaibles, el cuerpo militar de élite de Guatemala entrenado con las experiencias norteamericanas de Vietnam, solían hacer con los guerrilleros durante los años duros de la guerra civil en aquella nación en los 80.

La detención de “La Minsa” provocó una semana de enfrentamientos de La Familia contra las fuerzas federales, pero no fue el síntoma, sino la enfermedad. Su arresto fue consecuencia de una intensificación de las operaciones en Michoacán, que comenzaron a dar resultados desde abril, cuando se detuvo a Rafael Cedeño, el jefe de la organización responsable de la zona de Lázaro Cárdenas, durante una reunión familiar donde había 120 personas, una tercera parte de las cuales fue detenida.

El grupo, vinculado a los hermanos Beltrán Leyva -quienes importaron a los Kaibiles para enfrentar en su momento a Los Zetas-, recurrió a ellos para desplegar mantas amenazantes por todo el país en contra el presidente Felipe Calderón, advirtiéndole que con las familias nadie se metía. Las fuerzas de seguridad militar y civil, habían golpeado estructuras familiares del cártel michoacano, metidas en el narcotráfico,  pegando sobre la muy frágil línea de flotación de ese grupo criminal para el que la protección a la familia precisamente, era su mayor preocupación.

Cuando el grupo se presentó en sociedad en 2000, en ese entonces de la mano del Cártel del Golfo y Los Zetas, amenazaron y forzaron a los dueños de los periódicos michoacanos a que les publicaran un desplegado donde prometían erradicar el ice, una droga sintética que en ese entonces fabricaban sus primeros enemigos, Los Valencia, y ofrecieron terminar con los secuestros y las extorsiones. Expulsaron a quienes secuestraban y extorsionaban, para poderlo hacer ellos mismos.

En los claroscuros del grupo, siempre predicaron la paz, y Cedeño, a quien apodaban “El Cede”, fue el encargado de propagar la palabra de su guía ideológico, “El Más Loco”, seudónimo que utilizó uno de los dos jefes de La Familia Michoacana, Nazario Moreno, “El Chayo”, para escribir un libro de pensamientos de 99 páginas, en cuya primera, de su puño y letra, apuntó como dedicatoria a su apóstol: “Ni el hierro, ni el acero, ni aún el oro, tienen el valor de un hombre íntegro, honesto y honrado. La mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos es tu propio ejemplo”.

Cedeño, quien reportaba directamente a él, confesó a sus interrogadores que sólo durante 2008 formó a más de nueve mil cuadros, inculcándoles los elementos de superación personal, los valores y los principios éticos y morales propuestos por “El Más Loco”, a través de las enseñanzas que impartían en centros como Albergue Gratitud A.C., Jóvenes, Arte y Cultura de Tierra Caliente A.C., y Construyendo un Mejor Michoacán A.C. Les imbuía el rechazo al consumo de drogas, el fortalecimiento del núcleo familiar y una mexicanidad que disfrazaba el adoctrinamiento con técnicas de culto que los llevó al fundamentalismo que “El Minsa” demostró en los momentos en que su vida y la de sus hijos, se encontraba en vilo.

–Los van a matar, insistió el guardián de “El Minsa”, pidiéndole que ordenara a sus sicarios detener el fuego.

–Que sea la voluntad de Dios, reiteró.

En su libro “Pensamientos“, “El Más Loco” escribió: “Hola compañeros, hermanos cristianos, estamos empezando una labor ardua pero muy interesante que es la de concientizarnos… hoy en día necesitamos prepararnos para defender nuestros ideales, para que nuestra lucha rinda frutos, organizarnos para ir por el mejor camino, quizás no el más fácil, pero el que mejores resultados puede ofrecer. Esa lucha es por tu gente, por la mía y por nosotros mismos y nuestras futuras generaciones, porque de la manera que nos comportemos hoy, será el ejemplo para nuestra gente en el mañana”.

“El Minsa” no era una gota de agua en el desierto. Desde el narco catecismo de las aulas al narcotráfico en las calles no había un gran trecho. A lo largo de los años, un número no determinado de acólitos se incorporó a las filas de La Familia Michoacana, perfectamente ideologizados en que si para salvar a sus familias había que matar a todos los que consideraban sus enemigos, eso harían. En ellos no tenía cupo el arrepentimiento, ni la duda.

Una cereza en el pastel la dio este miércoles Servando Gómez Martínez, otro segundo mando del cártel, quien habló a un programa al aire de CB Televisión, para amenazar. “Una cosa sí le voy a decir -le dijo al periodista Marcos Knapp-, también me defiendo… si me (quieren detener), si alguien va a atacar a mi padre, a mi madre, (o) a mis hermanos por buscarme a mí, me van a encontrar, pero de otra manera. Yo le pido a Dios, que es el único que quiero que me juzgue, (que) nunca voy a dejar que nadie me agarre en la Tierra y espero que Dios me dé esa oportunidad”. Esa oportunidad, en tiempo y espacio, ya comenzó a correr.

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Desde 1921, cuando la familia Rockefeller fundó un centro pensado para ayudar a las élites “a entender mejor el mundo”, el Consejo sobre Relaciones Exteriores ha sido un órgano muy influyente en la política exterior de Estados Unidos. Ideas ahí expuestas se convirtieron en debates mundiales, como el ensayo de Samuel Huntington, “El Choque de las Civilizaciones”, o un ensayo escrito décadas atrás por George Kennan bajo el seudónimo de “X”, “Las Fuentes de la Conducta Soviética”, uno de los textos fundamentales en los primeros años de la Guerra Fría, e inspirador de la Doctrina Truman de contención de Moscú.

La influencia de ese órgano con sede en Nueva York, por donde desfilan los líderes del mundo, tiene su sustento en sus más de cuatro mil 300 miembros de por vida, entre los que se encuentran quienes rigen el destino de Estados Unidos, y cuya dirección incluye a ex secretarios de los gobiernos de Bill Clinton y George W. Bush, y a ex mandatarios extranjeros como Ernesto Zedillo de México y Brian Mulroney de Canadá. El Consejo tiene una publicación bimensual, Foreign Affairs, en cuyas páginas México no ha sido un actor ausente, aunque difícilmente se podría encontrar a lo largo de los años, un texto tan tramposo como el que presenta en el número actual su directora para asuntos sobre América Latina, Shannon O’Neil, “La Verdadera Guerra en México: cómo la democracia puede vencer a los cárteles”.

La tesis de O’Neil, quien no es una improvisada, es tan persuasiva como superficial: la violencia de los cárteles de la droga en México es un subproducto de la globalización y la democratización, que modificó la dinámica de los viejos acuerdos existentes entre los narcotraficantes y los gobiernos priistas, y que la única forma como el presidente Felipe Calderón puede salir victorioso de su guerra contra los narcotraficantes, es si Estados Unidos fortalece la democracia en este país. En 15 páginas, O’Neil desarrolla toda una argumentación sin la profundidad de otros autores mexicanos.

Por ejemplo, hace de lado toda la documentación sobre la actitud hipócrita del gobierno de Estados Unidos con aquellos funcionarios mexicanos, que aunque estaban vinculados al narcotráfico, servían a sus intereses. El caso clásico es el del senador Carlos Serrano, muy cercano al presidente Miguel Alemán y creador intelectual de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad DFS) en 1947, señalado en un informe de la CIA de 1951 como traficante de marihuana, pero con quien nunca tuvieron problemas porque era un furibundo anticomunista. Tampoco toca en ninguna parte la operación de canje de armas para la Contra antisandinista, transportado por territorio mexicano, a cambio de drogas para el Cártel del Golfo.

El ensayo fuerza correlaciones de violencia con la alternancia política. En un caso, afirma que la violencia surgió en Baja California hasta después de que el PAN ganó la gubernatura en 1989, omitiendo dos cosas: primero, fue el ex presidente Carlos Salinas quien entregó Baja California al PAN como parte de una negociación para que lo ayudara ese partido en sus reformas política y económicas, pese a la oposición del entonces líder del PRI, Luis Donaldo Colosio, y que fue un hermano del entonces gobernador panista, Ernesto Ruffo, a quien se le vinculó con el narcotráfico. En otro, traza el origen de la violencia en Chihuahua al triunfo panista en 1992, y sin explicar mayormente sostiene O’Neil que una vez que el PRI recuperó el estado, “la violencia se movió hacia Ciudad Juárez”, dejando de lado que el fenómeno al que se refiere, el de las llamadas “muertas de Juárez”, es una responsabilidad que le ha sido acreditada al ex gobernador panista en el estado, Francisco Barrio.

“Con la elección de Vicente Fox…, el viejo modelo de dominación del PRI fue realmente roto”, agregó O’Neil. “Las organizaciones de narcotraficantes se aprovecharon de la apertura política para ganar autonomía, finalizando la subordinación del gobierno”. En ninguna parte se refiere a que fue durante el gobierno de Fox cuando se escapó de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande Joaquín “El Chapo” Guzmán, menos aún que documentación confidencial que circuló en su momento dentro de la Secretaría de Gobernación, daba cuenta de la opinión en la comunidad de inteligencia mexicana de que no había sido una fuga, sino un arreglo del gobierno para tener un solo interlocutor y que, con la ayuda del Cártel de Sinaloa, acabara con el resto de las organizaciones criminales.

O’Neil incurre en varios errores de análisis, contexto e información. Por ejemplo, establece que el alto consumo de drogas en Estados Unidos, en el momento de la integración económica, es lo que modificó la correlación de poder con los cárteles colombianos en cuanto a su penetración al mercado norteamericano. En realidad, fueron las nuevas reglas del juego de 1996, al dejar de pagar los colombianos en efectivo el transporte de sus drogas a Estados Unidos, y a liquidar el servicio en especie, cuando el narcotráfico en México aceleró su evolución, creándose mercados, redes de distribución y comercialización, que detonó el problema de salud por el consumo, y sembró las raíces de la violencia que hoy vivimos.

No se puede decir que el ensayo sea ingenuo o frívolo, pues la autora tiene amplia experiencia académica. Sí se puede argumentar que es tendencioso y maniqueo. Para ella, el fenómeno del narcotráfico en México es blanco y negro, bueno el PAN y malo el PRI. Las cosas no son bastante más complejas que esa díada. Si el Consejo sobre  Relaciones Exteriores quiere ayudar al presidente Calderón para que mantenga el poder un pensamiento conservador, está en su derecho-así lo han hecho durante décadas. Pero si esa ayuda pasa por insultar la inteligencia de los mexicanos, se convierte en un intento fallido, que lejos de ilustrar a las élites norteamericanas, les hace un mal servicio, induciéndolas a creer una realidad que sólo existe en la imaginación de la señora O’Neil y sus patrocinadores.

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Ni en extremo duro, ni un peón del Presidente. Fuerte pero no independiente. Distante y débil, jamás. No se trata de reeditar un partido en el poder que sea una Secretaría de Acción Electoral, ni que la sana distancia signifique oposición. Alguien que tenga  credibilidad externa y liderazgo interno. Tiene que atemperar los ánimos entre los suyos, pero inyectarle la energía para ganar 10 gubernaturas y 14 elecciones locales en los 18 próximos meses. En suma, tiene que darle la vuelta a la noche triste de Felipe Calderón. ¿Difícil? Por supuesto. Desde ahora apueste que ese perfil de líder, en el PAN, no lo van a encontrar.

Desde la semana pasada las variadas corrientes panistas y sus grupos de interés se han venido reuniendo para analizar sus propuestas de candidatos, que registrarán una vez que este lunes, tras la reunión del Consejo Político Nacional, salga la convocatoria para elegir a un nuevo presidente antes del 12 de agosto, según los estatutos. Hay muchos  precandidatos, y uno quedó fuera de la contienda aún antes de iniciarse oficialmente: Manuel Espino, antecesor inmediato de Germán Martínez.

Espino ha sido la voz más pública en estos días contra el presidente Felipe Calderón y Martínez, criticando acremente la intervención presidencial en el partido y expresando que el próximo líder nacional debe operar sin la sombra del Ejecutivo. Pero cuando planteó entre los suyos que él mismo podría buscar una vez más la presidencia del partido, no estuvieron de acuerdo. Espino sería una carta que Calderón difícilmente permitiría, a través de sus leales en el partido, que transitara exitosamente. No se les olvida en Los Pinos el papel que jugó en la campaña, cuando el candidato construía alianzas que después Espino rompía.

El sector que representa, en el cual se incluye el ex presidente Vicente Fox, otra voz que se hizo sentir por su enorme sentido de oportunidad para seguir dinamitando las cosas hacia el interior del PAN, está promoviendo como opción a Espino a un chiapaneco en extremo beligerante y escandaloso, el diputado Juan José Rodríguez Prats, y a otro diputado, tabasqueño, Gerardo Priego, muy cercano a Espino. Ese grupo estuvo detrás de la pre candidatura de Santiago Creel para la Presidencia, que le ganó Calderón, pero no pertenecen al mismo grupo.

El senador Creel, que encabeza a un grupo minoritario en el PAN, ha expresado inclinación por proponer al senador Ricardo García Cervantes, o al ex senador y ex presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Javier Corral, donde tienen un común denominador altamente significativo, y es su posición a reformas a la Ley de Radio y Televisión que afirman benefician a las dos principales televisoras del país, lo que les ha significado o vacíos en las pantallas, o coberturas negativas. Pero él también ha sopesado lanzarse a la contienda. “Está sopesando esa posibilidad, que le permitiera posicionarse para el 2012″, comentó un panista.

Ese grupo, pese a la prominencia de Creel, el panista con los mejores resultados en preferencia electoral para 2012, no tiene mayor fuerza dentro del Consejo Político Nacional, que es el órgano que votará al nuevo presidente. El Consejo, de hecho, es el mismo que eligió presidente a Martínez en diciembre de 2007 con el voto de 330 de los 341 consejeros presentes, donde entraron otros 40 miembros, 27 de ellos propuestos por el recién electo dirigente. El máximo órgano político panista incorporó sólo a dos creelistas, los senadores Humberto Aguilar y García Cervantes, y tres espinistas, uno de los cuales, Carlos Abascal, murió hace unos meses. En aquella elección, gobernadores difíciles por su extremismo, como Juan Manuel Oliva de Guanajuato, Emilio González Márquez de Jalisco y Marco Antonio Adame de Morelos, terminaron respaldando a Martínez.

En esta ocasión, Adame, considerado como el jefe de “El Yunque”, el paraguas de las corrientes de extrema derecha del PAN, está respaldando a Héctor Larios, quien es el coordinador de la bancada panista en la saliente Cámara de Diputados. González Márquez y Oliva, consideró un panista, es probable que se sumen al grupo que respalda a Calderón. En la elección anterior, los gobernadores Francisco Patrón Garrido de Querétaro y Marcelo de los Santos de San Luis Potosí, se opusieron a Martínez, pero en esta ocasión ambos perdieron sus elecciones para gobernador y sus posturas quedaron muy debilitadas.

En el escenario en el cual se desenvolverá el Consejo Político Nacional, todo indica que la corriente que respalda al presidente Calderón está en condiciones para volver a sacar a un líder nacional de entre los suyos. Los panistas cercanos a la casa presidencial no descartan que se pueda proponer a un miembro del gabinete que tenga relaciones con las distintas fuerzas del partido -como Rodolfo Elizondo, secretario de Turismo-, o que pudiera ser reincorporado del Servicio Exteriores -como Jorge Zermeño, embajador en España-, pero los deseos se centran en dos personas, José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado y uno de los panistas más serios del partido, y Rogelio Carvajal, secretario general del PAN y uno de los enlaces más fuertes que podría Calderón con el partido. Otro cercano, con relaciones hacia el resto de las facciones, César Nava, ex secretario particular del Presidente, es una tercera opción, aunque podría ser la búsqueda de la coordinación de la bancada en la próxima legislatura, su principal apuesta hoy en día.

Sin embargo, aún en caso de concretarse el escenario, no va a ser una reedición de 2007, cuando Calderón terminaba su primer año de gobierno. Hoy se encuentra en la segunda parte del mandato, con 18 meses a lo más para hacer que su administración tenga algún significado, y de cuyos resultados dependerá su fortaleza para impulsar a un sucesor. Debilitado dentro y fuera del partido por la vergonzosa derrota electoral, sus adversarios en el PAN no podrán ser borrados como en 2007. Calderón y los suyos tienen que alcanzar un compromiso con las demás fuerzas internas si quieren mantener la presidencia del partido. De otra forma, esos enemigos, por más pequeños que sean, serán un cáncer que lo puede invadir antes de llegar al 2012.

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