Estrictamente Personal

El golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya fue ejecutado en Honduras como siempre lo hicieron los militares hasta hace una generación: limpio y quirúrgico. Al general Policarpo Paz García lo sacaron del Palacio de Gobierno y lo pusieron en un taxi para su casa. A Zelaya lo metieron en un avión y lo mandaron a Costa Rica. Pero en esta ocasión, no fue una lucha de poder interna en la Fuerzas Armadas, sino un episodio rupturista con la Constitución donde los generales le dijeron al Presidente que no contara con ellos.

La cadena de sucesos en Honduras tiene un fuerte eco en México, por la forma cómo actúa un general ante decisiones del Ejecutivo que considera atentan contra el bien de la mayoría. Zelaya convocó para este domingo a un referéndum que llamó “encuesta”, para buscar respaldo a una reforma constitucional que le permitiera una segunda reelección. Zelaya le pidió a las Fuerzas Armadas que se hicieran cargo del proceso, pero el jefe del Estado Mayor, Romeo Vásquez, se negó. Al incumplir la orden del Jefe Supremo, Zelaya los destituyó. Como consecuencia, el ministro de Defensa y todos los mandos militares, renunciaron. El golpe se cosía.

Las razones del general Vásquez estaban sustentadas en los otros poderes en Honduras. La Suprema Corte dictaminó que era ilegal la consulta que pretendía, y el Congreso buscó declararlo incompetente para gobernar. El presidente Zelaya, al chocar con los otros dos poderes del Estado, consideró que era un complot en su contra, y que socavaban el derecho del pueblo para decidir su destino. Por eso, cuando el general Vázquez dijo que no dejarían los militares el material electoral en los colegios, donde se haría la votación, lo cesó. “Un militar no puede desobedecer una orden”, afirmó en una entrevista con El País de Madrid. “El Ejército tiene que ser un organismo apolítico, no deliberante y obediente”.

Teóricamente, Zelaya está en lo correcto. Pero en el contexto donde la Suprema Corte y el Congreso habían descalificado su decisión, lo que pretendía era dar un golpe de Estado técnico contra esos dos poderes. Los tres poderes de un Estado sirven de  contrapeso uno de otro, y para que funcione una democracia no se pueden ignorar y vulnerar sus decisiones. Este intento de ruptura, tampoco justifica el quiebre del orden legal en Honduras con el derrocamiento de un presidente que fue elegido de forma constitucional. Pero, antes de incurrir en este acto golpista, ¿tuvo razón o no el general Vásquez para negarse a acatar una orden ilegal de Zelaya?

Un militar en una democracia tiene como comandante superior al jefe del Ejecutivo, cuyas órdenes obedece, pero su obligación última es proteger al pueblo. En los casos donde esté claro que una orden atenta contra los intereses nacionales, tiene la obligación ética y política de desacatarlas. En los últimos años en México, hemos tenido algunos casos muy relevantes que nos permiten entender la lógica institucional del Ejército, que sigue viviendo la amarga experiencia de 1968, cuando el mal manejo político durante el Movimiento Estudiantil, generó una crisis donde los militares, que  acataron ciegamente las órdenes del presidente Gustavo Díaz Ordaz pagaron los costos de los yerros civiles.

En el gobierno del presidente Vicente Fox, le pidió al secretario de la Defensa, general Clemente Vega, que tuviera listo al Ejército para sacarlo a la calle en dado caso que el encarcelamiento del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, por un desacato judicial, provocara disturbios sociales en las calles. El general Vega dijo, recordando los juicios a militares por su participación en la llamada Guerra Sucia, que lo haría únicamente si se lo ordenaba por escrito. Fox se indignó por el requerimiento, pero nunca firmó esa orden.

Antes, durante el gobierno de Carlos Salinas, el presidente le ordenó al secretario de la Defensa, general Antonio Riviello, que metiera al Ejército a combatir el narcotráfico. El general Riviello objetó y explicó a Salinas las razones por las cuales los militares no debían de salir a las calles para cumplir esa instrucción. Como Salinas no lo escuchó,   Riviello buscó al entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe, a quien detalló sus razones y le pidió que Salinas revirtiera su decisión. Aspe le comentó, sorprendido, que si no le hacía caso al general, menos le haría a él, pero de cualquier forma lo planteó. Salinas recapacitó y retiró la orden.

En ambos casos, los generales estaban viendo por el daño político que tendría una instrucción de esa naturaleza sobre las Fuerzas Armadas, su descrédito, pérdida de legitimidad e impacto negativo sobre la población, considerando que el costo para la mayoría sería superior al beneficio buscado. Caso totalmente contrario es lo que sucede hoy en día, donde el general secretario de la Defensa, Guillermo Galván, acató sin reservas sacar al Ejército a combatir al narcotráfico. Todo fue caminando bien, hasta que las cosas se pusieron mal. El Ejército está recibiendo crecientes críticas y denuncias de violación de los derechos humanos, y pérdida de consenso popular, lo que ha generado tensiones al interior de las Fuerzas Armadas.

Altos mandos consideran que fue un error aceptar sin discusión participar en esta guerra, y su molestia se ha venido socializando. Pero no hay punto de retorno. El general Galván quiere que el Congreso reglamente la participación del Ejército en la lucha contra las drogas, que hoy en día es inconstitucional, y proveerlo de un marco jurídico de cara a la historia. Lo que no puede revertir es el daño causado por el  acatamiento sin objeción a la instrucción presidencial para meter a los militares en el pantano en que se encuentran, que le ha generado críticas dentro de las Fuerzas Armadas. No actuó como Riviello, Vega o Vásquez en Honduras, y como en 1968, obedeció a una orden civil cuyos resultados, hasta este momento, tienen rendimientos decrecientes.

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Demoró siete meses en sacar las garras, pero cuando finalmente Fernando Gómez Mont las mostró en el circo de la política, el destinatario de su furia, el engallado gobernador de Sonora, Eduardo Bours, resintió el golpe. “Altanero”, le dijo el secretario de Gobernación, “ni acepto ni aceptaré que le hable así al Presidente”. Bours se había excedido, es cierto, cuando espetó a Felipe Calderón que no se hiciera la víctima en el caso de la tragedia en la guardería de Hermosillo, y que si no le gustaba el tono que utiliza para hablar con él, que se aguantara. El que no se aguantó fue Gómez Mont, que como depredador se lanzó sobre de él. Los gobernadores priistas hablaron entre ellos, coincidieron que el secretario de Gobernación se había extralimitado y que tenían que hacer algo público para mostrar su molestia. Prefirieron no hacerlo.

El verdadero Gómez Mont emergió del Palacio de Covián como lo que es: un guerrero. Él es a uno de los muy pocos funcionarios que no se les puede acreditar que al llegar al poder abusan de él. Sin poder en las manos, en desventaja política, Gómez Mont ha mostrado reiteradamente a lo largo de su vida pública y privada, que la sangre caliente viene de familia, donde él es último de 13 hijos que cuando murió su padre fueron cuidados, educados y procurados por su hermana mayor, Teresa Gómez Mont, que empezó periodista y terminó como politóloga con doctorado.

Una de sus batallas épicas la dio desde fuera del poder, como abogado litigante que tenía en sus manos el caso de la toma de las instalaciones de la vieja empresa CNI Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite, por parte de TV Azteca. Gómez Mont prestaba servicios al ex dueño de CNI, Javier Moreno Valle, y se enfrentó públicamente con el presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas, acusando a sus abogados de amenazas, denunciando a la televisora de enderezarle una campaña en la pantalla, subrayando que no era nuevo que las utilizara para sus fines personales, que cada vez, describió, se vuelven “más patéticos”.

Controvertido, polémico, codiciado como penalista del despacho de abogados Zinser, Esponda, Gómez Mont, que fundó cuando renunció al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, dejó la política partidista, pero no la abandonó por completo. Cuando Felipe Calderón lanzó su precandidatura a la Presidencia, listo para enfrentarse con el precandidato de Vicente Fox, Santiago Creel, Gómez Mont habló con Santiago, su amigo desde los años mozos de la pandilla de San Ángel, y le dijo abiertamente que ayudaría a su otro amigo Felipe, hijo también de un fundador del PAN, con quien había coincidido en la carrera en la Escuela Libre de Derecho. Desde afuera de la campaña, Calderón sabía que ahí estaba Gómez Mont.

La relación de él y de su otro socio de despacho, Julio Esponda con Calderón y su esposa, Margarita Zavala, era muy estrecha. Tanto, que el nombre de Esponda se mencionó insistentemente como posible procurador general cuando se estaba armando el gabinete. No se sabe en qué momento desapareció el nombre de Esponda de  la lista de selección, que hubiera sido muy controvertido por la fama que tiene como litigante en los ministerios públicos federales. Zinser, Esponda y Gómez Mont son un despacho de primer nivel, reconocidos públicamente que han llevado varios de los asuntos político-jurídicos más delicados de los últimos 15 años.

Para Gómez Mont, actuar a contra corriente le viene en la sangre. Su padre era socio de Raúl F. Cárdenas, otro de los grandes penalistas del último medio siglo, y había defendido a David Alfaro Siqueiros, cuando lo perseguía el régimen priista, y a Fidel Castro, cuando lo detuvieron en México armando la guerrilla contra Fulgencio Batista. Como digno heredero, Fernando tomó la defensa penal de Carlos y Raúl Salinas cuando lo necesitaron, la de Gerardo de Prevoisin cuando los acusaron de administración fraudulenta en Aeroméxico, la de Carlos Cabal cuando le llovieron acusaciones, como otorgar créditos sin garantías en el Banco Unión, la de Jorge Lankenau cuando enfrentó la furia de los accionistas defraudados en Confía, la de Tomás Peñaloza cuando el IMSS lo acusó de fraude, y la de Rogelio Montemayor cuando lo involucraron en el Pemexgate, la de Germán Larrea en contra del líder minero prófugo Napoleón Gómez Urrutia.

Está probado que sabe caminar sobre el fuego. Pero no sólo es un acreditado  penalista, sino un fogueado político. En los tiempos en que el entonces presidente Salinas y la dirigencia del PAN, con Diego Fernández de Cevallos y Carlos Castillo Peraza a la cabeza, fueron él por los panistas, y Manlio Fabio Beltrones por los priistas, quienes se encargaron de ponerle ruedas a las diferentes piezas legislativas que sacaron por acuerdo cupular. En el gobierno de Ernesto Zedillo, comenzó como asesor del coordinador de asesores presidencial, Luis Téllez, y pasó a colaborar con el procurador general, el panista Antonio Lozano Gracia, quien también había salido del establo de Fernández de Cevallos.

En el PAN, El Jefe Diego fue su tutor, mientras Castillo Peraza lo era de Calderón y en menor grado del actual líder del PAN, Germán Martínez. Calderón traicionó a Castillo Peraza cuando lo remplazó en la dirigencia del partido, pero no cruzó líneas. Casi jubiló a Fernández de Cevallos, pero nunca dejó de tener abierta la línea con Gómez Mont. Esa vieja relación política explica de alguna manera que cuando inició la carrera por la Presidencia, decidiera respaldar a Calderón no a Creel, y alimenta la suspicacia del porqué cuando se comenzó a pensar en que el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño renunciara para contender por un puesto de elección popular, Martínez le hiciera una discreta invitación -que aceptó-, para regresar a formar parte de los órganos de dirección política del partido.

Gómez Mont es un secretario de Gobernación atípico a los que ha habido, que jamás habrían pensado enfrentar a un gobernador en forma tan frontal como lo hizo con Bours, porque, en las categorías de análisis del viejo sistema político, perdería muchos puntos para ser Presidente. A él no le importa. Dice en público que no le interesa ser candidato. En privado ratifica con un agregado: “No puedo ser candidato, porque soy doble AA”. Tampoco parece que quiera a Los Pinos en su destino. Es un gran fajador, que le puede poner picante a la política, aunque en realidad eso no es por lo que lo nombraron secretario de Gobernación, cuya descripción de puesto es arbitrar los diferendos políticos, administrar las crisis, controlar los daños y serenar a los políticos. Lo que nunca ha hecho algún antecesor de él, es incendiar la pradera.

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Las formas se rompieron. ¿Cómo fue? Quién sabe. Pero lo que tenemos sobre la mesa es al gobernador de Sonora diciéndole al Presidente que si no le gusta el tono que utiliza para hablar con él, que se aguante; al secretario de Comunicaciones que le dice tranquilo, pero lo llama  mentiroso; al mismo gobernador que revira y le dice que, problemas, los que tiene él; y a otro secretario, el de Gobernación, que denuesta al gobernador porque insultó a su jefe. Qué desastre político. Qué cadena de atropellos en cuestión de horas. Bien decía el presidente Felipe Calderón, cuando en un acto que nada tenía que ver con los enfrentamientos retóricos que le pusieron picante al circo de la vida pública mexicana, parafraseó a Georges Clemenceau al señalar que “la política es demasiado seria para dejársela a los políticos”.

El origen de este pleito pasó a un segundo plano. En este país donde todo se politiza, la tragedia en la guardería de Hermosillo que ha causado la muerte a 47 menores también se ha politizado. Los actores principales de este pleito, el gobernador Eduardo Bours, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el de Comunicaciones y hasta hace poco director del Seguro Social, Juan Molinar, elevaron los decibeles de una discusión que pasó de la política pública a la política de cuadrilátero. Está claro que el choque de las retóricas no parará ahí, aunque realmente no sabemos cuál fue el detonante verdadero que desvió y llevó las cosas hasta este punto.

¿Fue porque Bours es quien reveló que una pariente de Margarita Zavala, esposa del Presidente, era una de las propietarias de la guardería? ¿O porque el enojo de Calderón y  la instrucción al director del IMSS de llegar hasta las últimas consecuencias se mudó al ámbito del encono personal? ¿Trata Bours de proteger a los empresarios sonorenses que hacen negocio con las guarderías subrogadas por el IMSS? ¿O se dio cuenta el IMSS que dar a conocer la relación de propietarios de las guarderías subrogadas causará un revuelo adicional por la posibilidad de que aparezcan nombres de políticos de todos lados metidos en el negocio? Si todos los actores confrontados tienen parte de responsabilidad en el siniestro, que no necesariamente culpabilidad, ¿por qué han tratado de eludir sus faltas? ¿Qué está en el fondo del diferendo?

La verdad no se podrá construir porque para que eso sucediera, todos y cada uno de quienes tienen responsabilidad en el caso de las guarderías subrogadas, tendrían que aportar su parte de verdad y asumir las consecuencias. Hay otra verdad que no tiene que ver con las guarderías ni con las políticas públicas, sino con los tiempos electorales, su cita en las urnas el 5 de julio, la necesidad del gobierno y del PAN que en este referéndum al mandato del presidente Calderón salgan muy bien librados, la creciente preocupación entre los gobernadores del PRI que hay una estrategia bien definida para ir mermando su capacidad y credibilidad, y la incertidumbre entre líderes del PAN y del PRI sobre cómo se van a poder restablecer los canales de comunicación y coordinación entre los dos partidos a partir del 6 de julio. Hace unos días, el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, levantó la voz de alarma, y las consecuencias, no necesariamente mecánicas, fue la escalada de la confrontación.

En la política hay siempre dos caras, la pública y la privada. La pública es la de tensión continua, la de los desacuerdos, la de los cuestionamientos. La privada tiene que ver con la negociación, los acuerdos y la construcción de los consensos para gobernar. Las dos tienen que correr por carriles diferentes pero al mismo tiempo. Un alto líder del PRI decía hace un par de semanas que había indicios de que el presidente Calderón empezaría a tender puentes a través de personeros que tuvieran su representatividad antes de las elecciones del 5 de julio, como manda el librito de la política real. Anticipaba que estarían dispuestos a abrir ese canal, siempre y cuando los interlocutores fueran creíbles para hablar con y por el Presidente. En orden de importancia, había sólo tres: Margarita Zavala -política con oficio y de altos vuelos-, el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, y la jefa de la Oficina de la Presidencia, Patricia Flores. Pero lejos de suceder lo que parecía venir, se agriaron las cosas y estalló el conflicto.

En vísperas de la elección lo que hay es un pleito de barandilla. Los puentes están siendo dinamitados a declaraciones y acusaciones. La vida política se ha polarizado y llegará en punto gélido a la fase más caliente del 5 de julio. Mala relación y poca comunicación producirán más desencuentros. Como si el país tuviera todo resuelto para divertirse en el circo de la política. Las elecciones producirán el nuevo Congreso, que tendrá como tema inmediato el análisis de las medidas económicas para que la nación no caiga en un hoyo muy profundo en 2010. ¿Pero cómo se negociará? ¿Quién transmitirá confianza? ¿Con quién construir acuerdos?

La ausencia de diálogo previo a la elección elevará los costos para cualquier acuerdo posterior entre los partidos y el gobierno. Pagaremos nosotros, los que no somos responsables de la tragedia de Hermosillo, los que no nos embarcamos en el pleito ratonero, quienes que resentiremos la falta de acuerdos y la incapacidad para negociar, para ceder, para avanzar. Qué sabio era Clemenceau, el primer ministro que no dejó la guerra a los generales. Pero aquí no tenemos opción. No podemos sacar a los políticos de hacer política, porque lo que queda es un vacío. Algo está realmente podrido en México que tenemos que resolver urgentemente.

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La dirigencia del PRD ha denunciado como una maniobra electoral la operación contra narcopolíticos en Michoacán, no por el ejercicio de la acción contra el narcotráfico, sino por la temporalidad. ¿Por qué se hizo tan cerca de las elecciones intermedias? Jesús Ortega, líder del PRD, dice que porque el presidente Felipe Calderón y el dirigente del PAN, Germán Martínez, son de Morelia y quieren votos. “¿Por qué no se hizo hace cinco meses?, ¿por qué no dentro de dos meses?”, añade Samuel González Ruiz, un especialista en materia de seguridad pública y justicia y consultor en el Senado. El gobierno dice que no está politizando la ley, y cuando se recuerda el lugar común que la justicia es ciega, la pregunta es si a quien tienen ciego es al Presidente.

Si lo que sucedió en Michoacán está realmente alejado del calendario electoral, la duda razonable sobre la  culpabilidad de 27 funcionarios del gobierno de Leonel Godoy, alcaldes y policías, tiene que plantearse, cuando menos, teóricamente. Hasta este momento, el caso tiene mucho más preguntas que respuestas. La operación produjo la detención de todos ellos, y se dijo que fue resultado de una investigación de seis meses. A muchos les puede parecer un tiempo adecuado, pero dadas las características del caso donde de golpe se detiene a casi tres decenas de personas acusadas de vínculos con La Familia Michoacana, la acción de la PGR tendrá que estar totalmente blindada para evitar que, dentro de algunos meses, salgan en libertad a quien hoy se trata como delincuentes.

La delincuencia no es un delito fácil de probar. El artículo dos de la Ley Contra la Delincuencia Organizada la define cuando “tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometen alguno o algunos de los delitos siguientes (terrorismo, acopio y tráfico de armas, indocumentados y órganos, corrupción de menores de 18 años y trata de personas)”. Esto significa que la PGR tiene que probar  que tres o más de los 27 detenidos trabajaban coordinadamente con La Familia.

El reto es monumental. La PGR optó por ir tras 27 sujetos, de tres diferentes partidos, por funcionarios de gobierno, por un empresario reconocido, y por policías de diversos niveles en todo el estado. Se podría decir que el disparo de la PGR fue con escopeta, lo que añade mayor complejidad en la integración de la averiguación que pruebe la culpabilidad de todos ellos. Lo heterogéneo del mosaico introduce dudas adicionales sobre la presunta culpabilidad de los 27, no porque puedan ser culpables o inocentes, sino por la manera como se supone se hizo la investigación. Los 180 días que se dice duró la investigación son extremadamente pocos para un caso de tal envergadura.

Como un caso comparativo se encuentra el del entonces gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, cuya averiguación inició cuando el ex presidente Ernesto Zedillo ordenó al Ejército a mediados de 1996 la investigación sobre pistas de aterrizaje en el estado que no tenían justificación alguna. La PGR continuó la pesquisa no sólo hasta el 5 de abril de 1999, cuando lo detuvo, sino inclusive la continuó hasta 2000. Es decir, el caso de Villanueva, que fue quirúrgico y focalizado a un sujeto, tardó tres años en producir la orden de aprehensión, y todavía se extendió un tiempo para añadir acusaciones en el expediente, que incorporó declaraciones de testigos protegidos, y documentación mexicana y estadounidense.

En el caso de Michoacán, de acuerdo con información que ha trascendido, no se tiene nada salvo la declaración de los testigos protegidos. Los interrogatorios, de acuerdo con personas que han tenido acceso a esa información, no han producido pruebas adicionales. En cambio, provocan sospecha sobre la fortaleza del caso. Por ejemplo, a uno de los ediles lo amenazaron con que si no se declaraba culpable o inculpaba a otros, le dirían a su esposa que tenía una segunda esposa y un hijo. El alcalde, que mantiene su inocencia, respondió a la amenaza: díganle, ella lo sabe hace tiempo.

Tampoco han podido establecer, como en el caso de Villanueva, una ruta de dinero que ayude a mostrar la ganancia de su involucramiento. Peor aún, salvo el caso de unos funcionarios, a nadie le han encontrado cuentas bancarias. Es decir, no hay forma de documentar sus movimientos de dinero. Hasta ahora no se sabe que los detenidos hayan cambiado sus patrones de comportamiento por ingresos inexplicables o sus conductas de consumo. Más aún, si eso se probara, no demuestra que estén vinculados a la delincuencia organizada. La corrupción no está necesariamente asociada con ese delito, y uno o todos pudieron haber hecho un servicio a un narcotraficante -un permiso de suelo irregular o un trámite especial, por ejemplo- por el que recibiera dinero, lo cual lo haría ladrón, pero no que trabajara para él.

La PGR también tiene que presentar una especie de cronograma donde se demuestre en tiempo y espacio cómo actuaron todos los inculpados en la protección de La Familia. Este es un punto donde la PGR actual ha tenido descalabros. Por ejemplo, en el caso del ex jefe de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, acusado de dar protección al Cártel de Sinaloa, la PGR aportó como prueba un episodio con vehículos de la dependencia en tareas de protección de los narcotraficantes. Sin embargo, esos vehículos que señala la PGR, le habían sido retirados meses antes, por lo cual, ese momento incriminatorio, simplemente no existe.

En Michoacán se vuelve a poner a juicio la procuración de la justicia en este gobierno, y conforme avanza el caso, la PGR chapotea más en el lodo. En una iniciativa que generó críticas, protestas y el análisis de una posible denuncia por difamación y daño moral, el fin de semana pasado la PGR entregó a la prensa información sobre la averiguación pública del caso, donde escaló un poco más el conflicto. De acuerdo con una información publicada por varios periódicos, testigos protegidos aseguraron que La Familia Michoacana había contribuido con 300 mil dólares a la campaña de Godoy para la gubernatura, y que durante la elección habían estado amenazando con asesinar a quienes no votaran por él. Las imputaciones, ciertamente, tienen el sabor de la debilidad.

¿Trescientos mil dólares para una campaña para la gubernatura? La cifra se oye irrisoria. Un aspirante a candidato a la gubernatura en un estado donde también operan cárteles de la droga, reveló hace algún tiempo que en plena campaña se le acercó un emisario del Cártel del Golfo, que le ofreció 10 millones de dólares. El aspirante no aceptó el dinero, como tampoco resultó ser el candidato de su partido. La suma de 300 mil dólares, le podría alcanzar para menos de cinco spots en horario estelar en televisión nacional, o le daría combustible para que su campaña pudiera circular apenas una semana. Es decir, serían totalmente insuficientes. En la analogía con Villanueva, las utilidades para el gobernador se contaban en ocho dígitos, y las ganancias alcanzaron un nivel que le permitió a él mismo comenzar su propia operación de tráfico de drogas. Las amenazas de matar al elector si no votaba por Godoy, por otra parte, se escuchan aún más inverosímiles. Inclusive, no se recuerdan reportes de ese tipo de amenazas durante la votación para gobernador en Michoacán hace un año y medio aproximadamente.

La procuración de la justicia en México no atraviesa por sus mejores momentos, y se encuentra inmersa en una serie de acusaciones nacionales e internacionales de corrupción e incompetencia. Hasta ahora, la PGR ha tenido un déficit en cada uno de sus casos importantes, y los descalabros han sido recurrentes. Empalmar el caso de narcopolíticos en Michoacán con el proceso electoral, le agrega el ingrediente de un potencial conflicto político si los casos se empiezan a caer. La PGR debe demostrar que los 27 detenidos son culpables, más allá de cualquier duda razonable. Si no lo logra, quien quedará exhibido es el presidente Calderón, que pagará el costo político del fiasco. Si en cambio resulta sólido el caso, habrá que congratularse de que finalmente, la PGR acertó.

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Para todos aquellos que cuestionaron la descripción militar de Estados Unidos de  México como un “estado fallido”, Michoacán es la primera bofetada con guante de plomo. El viernes pasado ingresaron a la prisión de máxima seguridad en Tepic casi todos los responsables de la procuración de justicia en ese estado por más de seis años, ex jefes de la policía, siete alcaldes, y quien de ser dirigente de los empresarios michoacanos, pasó a ser miembro del gabinete del gobernador Leonel Godoy, por sus presuntos vínculos con La Familia Michoacana. Las investigaciones, de acuerdo con adelantos en la prensa, apuntan a que ese cártel inyectó dinero en la campaña de Godoy para la gubernatura y metió en su nómina a varios diputados perredistas.

La acción levantó una polvareda que esconde el meollo de las cosas. Los líderes del PRD dijeron que tenía tintes políticos, y que el fondo era la persecución de votos porque el presidente Felipe Calderón y el dirigente del PAN, Germán Martínez son de Michoacán. La PGR, de donde salieron los expedientes a las primeras planas de los periódicos, se apresuró a señalar que “hasta el momento”, no había indicios de que Godoy estuviera relacionado con el narcotráfico. Es decir, actuaron bajo el manual de operaciones de la política mexicana: reducir al absurdo los fenómenos y denunciar de que la motivación ulterior tiene como único objetivo dañar política y electoralmente al adversario.

Pero Michoacán es una historia que se empezó a escribir en diciembre de 2006, cuando el presidente Calderón autorizó el primer operativo conjunto de la lucha contra el narcotráfico, precisamente, en ese estado. ¿Qué no significó nada para nadie que la decisión fuera tomada sólo cuatro días después de que Calderón tomó posesión como jefe del Ejecutivo? En ese momento, en Michoacán ya sumaban mil 50 los ejecutados como resultado de la batalla que sostenían por la plaza los cárteles del Golfo y de Sinaloa, y los tamaulipecos ya habían provocado estragos en la sique mexicana con la difusión de sus primeras decapitaciones, que revelaban cómo los desertores del Ejército entrenados por Estados Unidos en técnicas de contrainformación y que se habían sumado a sus filas, estaban empezando a utilizar la propaganda como un método de promoción y disuasión.

En marzo de 2007, un alto funcionario federal reveló que sólo entre Michoacán y Tamaulipas -que habían sumado al operativo conjunto- había 120 municipios bajo control del narcotráfico. Si la suma de municipios entre los dos estados es de 155, es evidente que el problema era profundo. La decisión del gobierno federal de no dar a conocer esa información para no lastimar a los gobernadores en el arranque del sexenio calderonista, nunca fue suficiente para esconder la gravedad de la protección institucional al narcotráfico. Para mediados de 2007, la PGR y el CISEN ya habían elaborado un mapa de narcopolíticos, donde 33 alcaldes en Michoacán presuntamente protegían a los narcos. Y en  2008, el CISEN había compilado una lista de empresarios y periodistas trabajando para La Familia Michoacana.

Michoacán era un estado totalmente penetrado por el narcotráfico, donde Godoy heredó el problema. La violencia descarnada en Michoacán, el operativo conjunto y la secuela de penetración y corrupción en las instituciones, se dio durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel. De hecho, cinco altos funcionarios en las áreas de procuración de justicia dentro del gobierno de Godoy que ingresaron este viernes a la cárcel en Tepic, habían ocupado los más altos cargos en la Procuraduría de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Cárdenas Batel. El problema de Godoy es que los mantuvo como sus colaboradores cuando asumió la gubernatura en febrero de 2008.

Funcionarios federales dicen que alertaron a Godoy de que varios de los funcionarios que estaba designando eran investigados por su presunta relación con los cárteles de la droga, pero que ignoró las alertas. En el caso específico, de su secretaria de Seguridad Pública y más tarde asesora, Citlali Fernández, mencionó inclusive en conversaciones privadas que estaba seguro que no estaba vinculada con el narcotráfico, lo que no podría asegurar de otros de sus familiares. Las autoridades le señalaron también a Mario Bautista, quien como director de Seguridad Pública fue confundido el 15 de septiembre del año pasado con uno de los que arrojaron las bombas durante la celebración de El Grito en Morelia, pero una vez más Godoy hizo caso omiso y lo nombró director del Instituto de  Formación Policial, cargo que tuvo  hasta que fue detenido.

Entre los cuerpos de seguridad mexicanos existe la convicción de que los bombazos del 15 de septiembre tenían como destinatario principal a Godoy, porque su gobierno privilegió a un sector de La Familia Michoacana -que para entonces se había fragmentado en cuatro-, asociada con empresarios de Morelia y con una parte del sector agropecuario-, presuntamente articulada por Ricardo Rubí Bustamante, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán durante el gobierno de Cárdenas Batel, y secretario de Fomento Industrial en el gabinete de Godoy. Rubí Bustamante, a quien encargó el desarrollo económico del estado, también está preso en Tepic.

Michoacán no es un caso aislado de lo que sucede en el país. Es un microcosmos de la manera como a lo largo de los años los cárteles de la droga han ido comprando voluntades y protección institucional. De acuerdo con un funcionario federal, la razón por la cual Michoacán es hoy el epicentro del combate a los narcopolíticos se debe a que es la investigación más avanzada que tenían. Obviamente no es la única, pero tampoco, seguramente, será la última en esta narrativa nacional a contracorriente de México como un estado fallido.

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En una semana le llovió de todo a Andrés Manuel López Obrador: de loco a irresponsable, de autoritario a soberbio. También provocó todo tipo de sabores y decepciones. Entre sus críticos de siempre, nada nuevo. Entre sus viejos aliados, la sorpresa por lo inesperado de sus acciones en Iztapalapa, cuyo nombre ya no requiere explicación. Iztapalapa, la gran delegación capitalina donde las tribus del PRD luchan por el control político -granero de votos perredistas- y presupuestal -tres mil 500 millones de pesos al año-, se está convirtiendo en el prólogo del parteaguas que definirá a la izquierda mexicana tras las elecciones del 5 de julio.

Si las cosas siguieran en forma seria su desenlace, López Obrador tendría que ser expulsado del PRD por violar varios estatutos, como el hecho de apoyar a un partido diferente en los comicios federales. Pero al mismo tiempo, López Obrador tendría que renunciar al PRD por ser un partido a cuyos dirigentes no respeta, y se refiere en términos positivos únicamente a sus militantes, a quienes lleva meses pidiéndoles que voten por los candidatos del Partido del Trabajo (PT).

Es decir, si la realidad pudiera tomarse como lo que es, sin enredos sibilinos, se podría decir claramente que López Obrador dejó de responder a los intereses del PRD y que el PRD dejó de tener compromisos con él. Y que también, el PT, el partido que fue fundado por Raúl Salinas de Gortari cuando su hermano era presidente, como una estrategia para fortalecer el sistema de partidos en México e ir remplazando a los partidos satélites del PRI que habían dejado de ser funcionales -¿recuerdan al Partido Popular Socialista y al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana?- se ha convertido en el embrión de lo que será su futuro político.

Pero aquí es donde uno entra en la contradicción sobre lo que es López Obrador. ¿Es realmente un político? Si se aplica el rigor de la ciencia política, se puede argumentar que el ex candidato presidencial no lo es, pues no persigue el poder a través de los mecanismos universales de forjar alianzas tácticas con amigos y enemigos, y tragarse todos los sapos posibles, porque el fin del poder justifica los medios por los cuales se llega a él. En este sentido, López Obrador está muy lejos de la categorización de un político universal, y la campaña presidencial en 2006 lo demuestra claramente con dos episodios que le hubieran permitido consolidar o forjar alianzas que lo hubieran llevado a la Presidencia.

Uno, enfrentado con Televisa, el entonces rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, invitó a una comida secreta en la Rectoría a López Obrador y a Bernardo Gómez, el vicepresidente de Televisa y mariscal de campo de todos los asuntos políticos de la empresa, para que platicaran sus diferencias, resolvieran los agravios recíprocos que les permitiera salir de Ciudad Universitaria como aliados nuevamente. La comida fue un desastre y terminaron a manotazos sobre la mesa ante el fracaso de De la Fuente como mediador eficaz. En el otro, la maestra Elba Esther Gordillo le envió un mensaje para platicar con él, y a través del mismo correo, Manuel Camacho, respondió: con mucho gusto, después del 2 de julio. No quería tener compromiso alguno con la dirigente magisterial y menos aún el apoyo de su gremio. Gordillo tomó el teléfono, se comunicó con Felipe Calderón y al día siguiente, literalmente hablando, empezó a construirse la alianza magisterial para el candidato panista.

Pero entonces, si López Obrador no es político, ¿qué es? Durante toda su vida lo que ha hecho es política, pero no como un político, sino como un agente de cambio. Desde el punto de vista aristotélico, es un animal político, y desde el punto de vista operativo, es un activista social. Es un agitador natural, y un provocador. Es un personaje carismático que persuade audiencias absolutamente heterogéneas. Lo han admirado desde pobres hasta millonarios -como los empresarios Carlos Slim o Lorenzo Zambrano-. Lo han respaldado desde los menos educados, hasta los más ilustrados -De la Fuente no es sino parte de un coro de intelectuales y pensadores que jugaron con él hasta el final-. Ha convencido a los más demócratas sin ser un demócrata y buscando el bien común a través de prácticas absolutistas, con una carta blanca absoluta de sus seguidores.

Lo han llamado mesiánico por su actuar como de iluminado y para explicar el fundamentalismo político que lo ha regido durante toda su vida, y lo suelen inscribir en los parámetros del caudillismo que son parte de la historia latinoamericana. Pero no es, definitivamente, Juan Domingo Perón ni Juan Velasco Alvarado, mucho menos Hugo Chávez o Fidel Castro. Hombre que profesa el protestantismo, López Obrador es, antes que nada, un hombre profundamente teocrático, y la teología domina su vida e influye profundamente su discurso.

Para él, la vida se trata del bien o del mal, de los ricos o los pobres, de los amigos o los enemigos, de la salvación o el paraíso. Es grotescamente maniqueo, pero no por  una manipulación política per se, sino derivada de su formación política-religiosa. Su retórica es de sacrificio si este tiene como consecuencia la salvación de la mayoría, y permanentemente se ubica en la parte victimizada, sobre la que todos los poderes confabulan no para acabar con él, sino para demoler el proyecto de sociedad -que no de país- que ha venido construyendo en el largo camino desde que dejó Macuspana.

La forma como se metió López Obrador en el sique mexicano, se puede argumentar, está muy vinculada al discurso teológico que entró fácilmente en una sociedad católica, acostumbrada culturalmente a adorar dioses y a manejarse dentro de una organización vertical. En este sentido, López Obrador es un fenómeno que se asemeja mucho más a los imanes iraníes, que ejercen enorme poder sobre la sociedad pero apartados de las instituciones, fuera de las estructuras de orden político tradicional, pero cuya palabra es ley. La complejidad de López Obrador lo hace un sujeto político difícil de asir, y quien, pese a ser tan fácil de predecir, tiene una misteriosa capacidad para seguir haciendo, hasta hoy, que las cosas sigan girando en torno a él.

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Andrés Manuel López Obrador al máximo, en el terreno que domina: la agudización de las contradicciones. La disputa por la candidatura al gobierno en Iztapalapa, la delegación más poblada de la capital que durante nueve años ha sido gobernada por la corriente Nueva Izquierda del PRD, con quien está confrontado, fue el pretexto. Muy veloz en los reflejos políticos si no en las formas, López Obrador tomó un fallo del tribunal electoral contra sus leales para, a 20 días de las elecciones federales, llevar las cosas al máximo pero sin llegar a la ruptura, provocando que sea la dirigencia del PRD la que tome la iniciativa, pague el costo y lo victimicen.

Lo que pasó en Iztapalapa es simple. Clara Brugada, que es lópezobradorista, ganó la candidatura del PRD para ser delegada, pero según el Tribunal Electoral, su victoria estuvo plagada de  irregularidades y falló que el PRD del Distrito Federal confirmara a Silvia Oliva, miembro de Nueva Izquierda que había perdido con Brugada, como su candidata. La resolución inyectó adrenalina a López Obrador, que movió rápidamente sus piezas. La líder perredista capitalina, Alejandra Barrales, que se quejó que el Tribunal se inmiscuyó en la vida interna del partido, pidió licencia y dejó acéfala la dirigencia, con lo cual metió en crisis al PRD local, y creó un conflicto adicional que tendrá que resolverse antes de acatarse el fallo judicial. López Obrador remató al pedir a los electores de Iztapalapa no votar por el PRD sino por el Partido del Trabajo (PT), por quien está haciendo campaña en la capital federal.

Entre la crisis y el caos dentro del PRD, lo que ante el público es el espectáculo de un partido bananero, por debajo de su epidermis y en sus entrañas, hay una lucha política salvaje ya no por la franquicia -que cuesta 607 millones de pesos este año-, sino por los militantes, que dan base, votos y futuro. Las lucha cuerpo a cuerpo es entre Jesús Ortega, presidente del PRD y jefe de Nueva Izquierda, y López Obrador, dirigente formal de nada, pero líder único de la izquierda social y activista político, en estos momentos, sin comparación.

Es la izquierda legítima de López Obrador, el presidente legítimo que tiene un gabinete legítimo, contra la izquierda ilegítima de Ortega, que se entregó al gobierno federal y que está traicionando, sostiene, a la izquierda. Es la izquierda legítima del ex candidato presidencial que está armando, ante los ojos de todos, un putsch contra la dirigencia del PRD, no para derrocarla, sino para dejarla sin sustento. Busca quitar votos y bases a Ortega para mutilar sus brazos y piernas y dejarlo únicamente con autoridad sobre el aparato del partido, que nunca ha ganado elecciones. En una muestra de capacidad operativa, montó su golpe contra la cúpula perredista con el apoyo de una parte del PRD y el PT.

La jugada más audaz, acompañado por su escudero fiel Alejandro Encinas, quien lo relevó en la jefatura del Gobierno del Distrito Federal y perdió con Ortega la lucha por la presidencia del PRD, fue llamar a los perredistas de Iztapalapa darle la espalda al PRD.  López Obrador pidió a todos a votar por Rafael Acosta, el candidato del PT a delegado, con el compromiso de este y del líder del partido, Alberto Anaya, que en caso de ganar, declinarían a favor de Brugada. “Es preferible luchar que someternos”, dijo López Obrador. “Vamos a votar el 5 de julio por el PT”. Ortega picó el anzuelo.

Un día después de las acciones de López Obrador, Ortega tomó la palabra y lo fustigó. Sin mencionarlo por nombre, caracterizó como “traidores a sus principios” a los militantes del PRD que urjan a votar por el PT, y adelantó que sus actos serán juzgados después de las elecciones del 5 de julio, con lo que abrió la posibilidad de que lo expulsen del partido. López Obrador no se quedó callado. Horas después afirmó que la dirigencia del PRD no estaba a la altura de sus militantes, y descalificó por completo a Ortega. Dijo que no le respondería a él, “sino a los que mandan”. En su  lenguaje poco codificado, López Obrador afirmó que para qué hablaba con el dirigente del PRD si él no manda; quien toma las decisiones, puntualizó, es “la mafia” política y empresarial que, como ha dicho en repetidas ocasiones, controla la vida del país.

Con esa sutileza en sus insinuaciones que siempre tienen nombre y apellido, López Obrador aprovechó la forma como Ortega cayó en su provocación. El golpe a la dirigencia lo capitalizará cuando -si se atreve Ortega- se debata tras las elecciones su enjuiciamiento. La discusión sobre su expulsión y eventual salida del PRD, en dado caso, argumentará que será obra de los arquitectos que llama “la mafia”, no sus marionetas (la dirigencia del partido), lo que dará nuevos aires a su protesta popular.

Su cruzada en Iztapalapa, como síntesis de lo que ha hecho en el país, no le dará muchos votos más al PT, pero debilitará la postura de Jesús Zambrano o Guadalupe Acosta Naranjo, ambos de Nueva Izquierda, como próximos coordinadores del PRD en el Congreso, y posicionará a Encinas como poder de facto en el Congreso. El putsch contra la dirigencia del PRD está en marcha, y López Obrador está agitando a las bases y la militancia. Pero una vez más, hay que esperar los resultados del 5 de julio para poder saber si la izquierda legítima tiene la suficiente fuerza para separarse de la izquierda ilegítima y avanzar hacia la construcción de una nueva fuerza política bajo la franquicia del PT, y a costa del PRD.

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Eduardo Bours, el gobernador de Sonora, jugó con fuego y se quemó. Desde el primer día del siniestro en la guardería ABC, filtró un dato que esperaba fuera tan apetitoso para los medios, que la vertiente política de la tragedia enfocara la discusión hacia Los Pinos. Y logró que en las primeras 72 horas del siniestro el calor político se colocara sobre la primera dama, Margarita Zavala, porque una de las dueñas de la guardería, Marcia Gómez del Campo, era su prima. Se lo comentó en tono favor al Presidente a Daniel Karam, director del IMSS, cuando llegó a Hermosillo el día de la tragedia, al tiempo que sus cercanos revelaban la infidencia a columnistas, que tuvieron su festín presidencial hace dos fines de semana.

Pero la estrategia de Dr. Jeckyll and Mr. Hyde falló, y la respuesta fue contundente. Se abrieron las compuertas federales y brotó la información sobre cuántos de sus familiares, de sus cercanos, de aliados políticos y empresarios proclives a él, tenían guarderías subrogadas en Sonora, un negocio de unos 300 millones de pesos al año. Bours fue puesto contra la pared, sin apoyo del PRI o de otros gobernadores, que parecerían estar cobrando la factura a su sectarismo y arrogancia. Voces aisladas abogaron por él, pero tendrá que enfrentar esto solo, con sus recursos políticos y con el hándicap de haber perdido la confianza que le tenían en Los Pinos, por quererse pasar de listo.

Hasta hace dos semanas, Eduardo Bours se comportaba como un gobernador que veía a todos para abajo. El político mexicano con mejor conexión en el gobierno de Barack Obama -por la vía de su vieja amiga y conocida Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Territorial-, contaba también con el nivel más alto de popularidad entre sus electores -85%-, lo que le daba una fortaleza sin par en el país. A menos de un mes para la elección de gobernador en su estado, su delfín, Alfonso Elías Serrano cabalgaba holgadamente hacia la victoria, pero la tragedia en Hermosillo cambió su derrotero.

Nadie puede estar seguro qué tanto afectará electoralmente este episodio al ánimo del electorado sonorense. Hay una molestia legítima en la sociedad de Hermosillo, que el sábado pasado se organizó para marchar por las calles de la capital estatal en demanda de justicia. La diferencia de al menos ocho puntos puntos -en la encuesta de Consulta Mitofsky, la más cerrada de todas- entre Elías Serrano y el candidato del PAN a la gubernatura, Guillermo Padrés, parece demasiada para cambiar el sentido del voto, por lo que se entiende menos en términos políticos que el gobierno de Bours haya intentado un encubrimiento, y más se fortalece la hipótesis que no se trataba de un asunto político-electoral, sino político-empresarial.

Durante toda la semana pasada, sus cercanos enfilaron las baterías al gobierno federal, primero con la filtración del parentesco con la señora Zavala, y luego en atacar el flanco herido del Seguro Social. El 12 de junio abrió fuego el procurador de Justicia de Sonora, Abel Murrieta, quien aseguró que con base en toda su documentación -acopiada en cuatro días-, “hay presuntas responsabilidades graves del IMSS“. Pero ocultó un dato clave, el oficio del 8 de noviembre, firmado por el director de Protección Civil del Ayuntamiento, Roberto Copado Gutiérrez, donde aseguraba que la guardería satisfacía los estándares de seguridad, no había sido integrado en la averiguación, ni él había declarado ante la autoridad.

En esa línea, Alberto Barrera Robinson, representante en México de los hospitales Shrines, que se especializa en niños quemados y que ofreció abrir sus clínicas en Estados Unidos para los menores, criticó severamente a los médicos del IMSS el fin de semana, llamándolos mediocres y acusándolos de impedir el traslado de algunos niños a Estados Unidos. La declaración de Barrera generó todo tipo de reacciones. La principal, la del presidente de Shrines, Ralph W. Semb, quien descalificó a Barrera y se expresó en los mejores términos de los médicos del Seguro Social.

En apoyo al gobierno de Bours llegó la mano de alguien totalmente inesperado, el procurador general, Eduardo Medina Mora quien rápidamente, apenas arrancando la averiguación previa federal, hizo un juicio apresurado minimizando la responsabilidad que pudieran tener los dueños de la guardería, y al mismo tiempo, al igual que el gobierno de Bours, cargando la mano en contra del IMSS. Medina Mora, quien conoce bien a los empresarios de esa región desde que participó en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio en el capítulo agropecuario, fue reprendido por el presidente Felipe Calderón, y tuvo que rectificar las declaraciones emitidas.

El regaño de Los Pinos a Medina Mora fue el principio de la caída política de Bours. Barrera era padre del director administrativo de la Secretaría de Salud de Sonora, cuyo titular, Raymundo López, había tenido fuertes diferencias con Karam desde que, antes de dirigir el IMSS, lo hacía con el Seguro Popular. Y la señora Gómez del Campo, más cercana que la primera dama, era a la esposa del gobernador; su sobrina, para ser exactos. Las piezas comenzaban a caer.

La prensa ha documentado que el entorno cercano de Bours es dueño de alrededor del 15% de las guarderías en Sonora. La mitad de ellas fueron cerradas por el IMSS en los últimos días, y se esperan más sorpresas. La ofensiva de Bours contra Los Pinos y el IMSS se revirtió. Es un búmeran político donde el gobernador, que tanto control había ejercido durante su casi extinto sexenio, perdió la brújula en el epílogo de su mandato. Los malos consejos lo llevaron a una mala decisión. En el gobierno están indignados por sus manipulaciones políticas. En el PRI ríen. Un eventual candidato a la Presidencia en el 2012, se ha desplomado.

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El gobierno federal tiene en su poder una información que así como es muy buena, también es muy mala. La buena es que la asociación entre los narcotraficantes más violentos en México, los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas, llegó a su fin después de dos años de alianza táctica, dividiendo a dos fuerzas paramilitares con alto poder de fuego. La mala es que por su propia praxis militarista, se abrirá un nuevo flanco por el control de territorios y rutas de distribución, que va a acentuar la guerra entre cárteles y a complicar aún más la seguridad en algunas regiones del país.

Desde que se empezó a conformar esta alianza a mediados de 2007, los principales mandos federales en la guerra contra las drogas comentaron que sería efímera, y la observaban como un fenómeno sorprendentemente acelerado de recomposición de los cárteles, derivado de la ruptura de las viejas redes de protección institucional -que se han venido restituyendo-, el desmantelamiento de sus redes de distribución y la necesidad de reconstruir canales de comercialización. La ofensiva del gobierno había tenido el efecto de zarandear un panal, donde aunque había pérdidas en lo general, había cárteles que habían perdido más que otros.

El Cártel del Golfo fue uno de estos últimos. Bajo la dirección de su jefe Osiel Cárdenas mantuvo dos ramas altamente poderosas y eficientes, encabezadas ambas  por desertores de los cuerpos de élite del Ejército Mexicano, Miguel Treviño, quien llevaba la relación con los narcotraficantes colombianos para el abasto de drogas, y Heriberto Lazcano, jefe de Los Zetas, el brazo armado del cártel. Pero desde que Cárdenas fue detenido por el Ejército en marzo de 2003, la pérdida del líder inició un periodo de diferencias entre Treviño y Lazcano, que pudo ser atemperado por su jefe desde la prisión. Cuando Cárdenas fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2007, la ruptura entre los dos fue insalvable.

La división en el Cártel del Golfo tuvo serias consecuencias sobre la seguridad nacional. Al acrecentarse la violencia entre ellos, Los Zetas buscaron nuevos territorios, disputando plazas con la entonces homogénea Federación, un paraguas de organizaciones de narcotraficantes que encabezaba el Cártel de Sinaloa. La temporada de decapitados y ejecuciones tuvo una alza y los colombianos optaron, ante la espiral de violencia pública desatada por sus viejos socios, dejarles de surtir droga. Sin drogas, mientras abrían nuevas plazas en lugares como Oaxaca, Guatemala y Honduras, reiniciaron extorsiones, secuestros, venta de protección y manejo de la prostitución, traslapando delitos federales con delitos del fuero común.

La batida gubernamental estuvo a punto de hacerlos desaparecer como cártel de drogas, lo que creó condiciones para nuevas alianzas. Aparentemente alentado por la rabia tras la video ejecución de su célula en Acapulco -dos de ellos ex militares- en junio de 2006, realizada por sicarios de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Lazcano aceptó reunirse con Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca en junio de 2007. Los Beltrán Leyva tenían a su cargo la rama militar de la Federación y la protección de las familias de todos los capos de la organización. Por una razón aún no aclarada para el gobierno federal, Beltrán Leyva traicionó a sus viejos aliados en el Cártel de Sinaloa, y negociar con Lazcano las plazas en el país.

La alianza fue concretada en diciembre de 2007, también en Cuernavaca, de acuerdo con la información gubernamental, a unas cuantas semanas que detuvieran a su hermano Alfredo Beltrán Leyva. Arturo responsabilizó a los compadres de Alfredo, “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, de la detención, y rompió formalmente con el Cártel de Sinaloa.

Esa fractura redefinió profundamente la estructura operativa de los cárteles en México, que se manejaban por viejas alianzas. Un ejemplo de lo que sucedió es el Cártel de Juárez, donde su líder Vicente Carrillo Fuentes se quedó con los Beltrán Leyva -habían sido lugartenientes de “El Señor de los Cielos”, Amado Carrillo Fuentes-, pero su segunda mano, Juan José Esparragoza -hijo de un viejo capo del mismo nombre aliado con Guzmán y Zambada-, regresó a Sinaloa.

Asimismo, desequilibró el control de las plazas, que es lo que desató las masacres en Sinaloa el año pasado, la violencia en el corredor Torreón-Gómez Palacio-Ciudad Juárez, la principal ruta de la cocaína hacia Estados Unidos, y la diáspora de La Familia Michoacana, que quedó dividida en cuatro grupos, dos vinculados a Los Zetas, otro al Cártel de Sinaloa, y uno más que emergió como cártel en sí mismo, empezando a disputar el control de plazas en varios estados del país.

Las externalidades de aquella alianza en 2007 fueron la disminución de la violencia en plazas como la zona metropolitana de Monterrey, Tamaulipas y Guerrero, pero el incremento de la violencia en Sinaloa, Durango y Chihuahua. Las consecuencias de esta nueva ruptura pueden elevar, muy probablemente, los niveles de violencia. No se espera que los Beltrán Leyva y Los Zetas, rota su alianza, tengan una tregua donde no se ataquen unos a otros; en esos niveles, ruptura no es neutralidad, sino ataque. Sin el respaldo recíproco, ambos tienen saldos pendientes: unos con el Cártel de Sinaloa; los otros con el Cártel del Golfo y la facción de La Familia que opera en Morelia.

En todo este camino, como sucedió durante el primer periodo de la guerra contra el narcotráfico, se reconstruirán las alianzas y las redes de protección institucional, que se reproducen como la cola de una lagartija. No importa cuántas veces se le corte, vuelve a crecer. En las últimas semanas se han arrestado a decenas de funcionarios públicos, políticos, empresarios y militares que eran parte de esa red, la única señal pública hoy en día, de que la dinámica de los cárteles en México entró en una nueva fase, y con un horizonte, como en diciembre de 2006, totalmente incierto.

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La noche del 9 de marzo en el Foro Sol, se enfrentaba México y Australia en la apertura del Clásico Mundial de Beisbol. Inesperadamente, después de los himnos nacinales, se anunció que el lanzamiento inaugural lo haría Agustín Carstens, el secretario de Hacienda. Mientras caminaba hacia el montículo, vestido con la camisola de franela de México, 20 mil asistentes -según las crónicas periodísticas- lo abuchearon. Aunque no se veía desde lejos, quienes estaban cerca de lo comenzaron a ve incómodo. Lanzó de zurdo, pero para su mala suerte, la bola ni siquiera llegó al plato del home. El volumen de la rechifla se elevó. Quienes lo conocen dicen que Carstens nunca pensó que la animadversión contra él fuera tan grande.

Pero el secretario de Hacienda se ha convertido en un blanco generalizado de críticas por la forma como minimizó la crisis financiera mundial mediante frases coloquiales que se le han revertido, estrellándosele en la cara, como la más famosa de lo que va del sexenio calderonista, el negativamente famoso “catarrito” para describir el alcance del contagio que tendría la economía mexicana ante la pulmonía estadounidense. Su debacle pública ha sorprendido a muchos especialistas que conocían la formación académica de Carstens, su prestigio en el mundo -antes de la cartera de Hacienda ocupó el segundo cargo más importante en el Fondo Monetario Internacional-, y su solidez económica.

El prestigio está reventado. La declaración sobre el “catarrito” de la economía mexicana lo convirtió en un material cotidiano de los caricaturistas, y dio municiones a columnistas financieros y políticos para que le dispararan desde sus trincheras. Esa  frase en febrero del año pasado, fue sólo el comienzo de una serie de afirmaciones desafortunadas. La enfermedad de la economía mexicana padeció también de esquizofrenia en la boca de Carstens, quien a lo largo de los meses fue zigzagueante. Por ejemplo, el 8 de mayo declaró que México ya estaba en recesión, pero el 14 aseguró que “lo peor ya había pasado”.  ¿Acaso Carstens, el reputado economista, resultó ser un idiota?

En absoluto. Personas que lo conocen saben que esa misma pregunta se la hizo metafóricamente durante una reunión a la que convocó a varios economistas mexicanos de altos vuelos no para debatir sobre esa percepción, sino como un punto de partida para una explicación del porqué de tan erráticas sus posiciones públicas. “Me hicieron decir esas cosas”, reveló. Lo del “catarrito” resultó que fue para no generar alarma entre la población ni modificar la agenda pública que había planteado el gobierno, dejando como el eje central de la comunicación política presidencial la guerra contra las drogas. La primera le habría quitado puntos de popularidad al presidente Felipe Calderón; la segunda se la aumentaba.

El discurso se tuvo que ir modificando ante una realidad que no podía seguir ocultando el gobierno. Pero que Carstens llegara a decir que México había entrado en recesión, le pareció a la Presidencia que era un error político. Por eso, cuando se encontraba en Nueva York para participar en una reunión del Consejo de las Américas, tuvo que dar marcha para atrás y decir una sandez, la de haber dejado atrás lo peor de la crisis. Para cualquier persona que siga las informaciones, es imposible que en un periodo de seis días una economía pudiera pasar de la recesión a la recuperación. Tras la reunión con el grupo de economistas, donde el secretario de Hacienda tuvo una catarsis, algunos lo vieron totalmente abatido.

Carstens es el economista más fino con que cuenta el gobierno de Calderón, quien no es economista, pero que al haber tomado algunos cursos de economía, piensa que si sabe de economía, y define políticas económicas.  Tampoco tiene el Presidente un subsecretario de alta calidad económica que le permita cotejar las decisiones del secretario, como Ernesto Zedillo tenía a Santiago Levy, cuando Guillermo Ortiz era el encargado de despacho. Dionisio Pérez Jácome, el subsecretario que tiene Calderón en Hacienda como cuña, acuerda directamente con él, como lo hacía Levy con Zedillo, pero ni Pérez Jácome sabe lo que Levy, ni  Calderón es un economista como Zedillo.

Tampoco contribuye que Calderón no tenga un gabinete económico que le ayude en la toma de decisiones. Uno de los momentos más dramáticos que reflejan esa carencia se dio cuando el gabinete fue informado del brote epidémico de la influenza, y se les planteó que se estaba considerando que el Ejército acordonara la ciudad de México. Carstens, de acuerdo con personas que supieron los detalles, se opuso totalmente desde el principio, argumentando que una medida de esa naturaleza -más allá de las dificultades para ejecutarla-, tendría un impacto devastador sobre la economía, que sufriría un colapso inmediato. Después de varias horas de discusión, se congeló la idea. Pero no le recuperó el respeto que le ha venido perdiendo el Presidente, según se ha quejado con cercanos, que cada vez lo insulta más y de peor manera.

Un reconocido economista, amigo de él, le preguntó recientemente que si la situación era tan difícil con el Presidente y su entorno, que si sentía que le habían perdido la confianza, que si su voz no era oída, que si estaban llegando a niveles del insulto, qué seguía haciendo ahí, ¿por qué no renuncias? Carstens le respondió: lo he hecho dos veces, pero el Presidente no me la acepta. ¿Cuánto más puede aguantar? Por lo que ha dejado ver, unos cuantos meses, en lo que termina la gestión de Guillermo Ortiz al frente del Banco de México y pueda aspirar a ese cargo. Sólo falta ver si su hígado, o el del Presidente, aguantan para esa decisión a fines de año.

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