De Orden Superior

El futuro inmediato -2011 y 2012- es un escenario incierto en cuanto al tema de la seguridad pública en México y el curso que seguirán agendas como el combate a los cárteles del narcotráfico.

En las oficinas de la Defensa Nacional, de la Armada de México, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de la PGR y de las demás instancias involucradas en la toma de decisiones y el seguimiento de la estrategia de lucha contra las drogas se revisan una y otra vez los detalles, avances y retrocesos en este combate y se llega invariablemente a la misma conclusión: hay desorden generalizado en la administración del país, y el único sitio en donde no se percibe esta discordancia entre la realidad y el voluntarismo gobernante, es en los pasillos de Los Pinos.

No solo hay certeza en torno al descontrol existente en el país. También hay desconcierto y enojo ante la actitud imperante de los hombres más cercanos al presidente Felipe Calderón en cuestiones de seguridad, porque su postura es invariable: hay complicaciones pero hay gobernabilidad y todo está bajo control.

Nada más alejado de la verdad. Estrategas militares activos y en retiro y policías de larga carrera también activos y en retiro provisional, me han comentado con asombro, algunos, y exasperados, los otros, que es imposible pretender avanzar así en un camino de por sí sinuoso, mientras no se reconozcan primero las debilidades para luego corregir errores y dar pasos firmes en la dirección a la que se busca llegar.

El otro problema radica en saber si ese sitio, esa ruta, existen; si son alcanzables, de qué manera, con qué medios, con cuáles costos, en qué plazos estimados y con cuáles logros concretos y evaluables.

Lo cierto es que estas preguntas no han sido contestadas aún, pese a lo que sostenga el gobierno federal. Los resultados de la estrategia fallida siguen brillando por su ausencia ante la mirada de propios y extraños dentro y fuera de México.

He platicado en las últimas dos semanas con militares, senadores, diputados y analistas en temas de seguridad y narcotráfico. Sus raíces y visiones políticas son diversas y eso enriquece el análisis de temas tan delicados y graves como el narcotráfico y la manera errada en la que se le están combatiendo si la lucha se queda sólo en ese plano policiaco-militar (en donde las limitaciones operativas, tácticas y estratégicas del gobierno también han quedado en evidencia en determinadas etapas de esta lucha).

Políticos y militares reconocen por fin que si el combate al narco no escala dentro y fuera del país a escenarios más complejos y de verdadera cooperación internacional, el fracaso de México y de sus aliados en esta lucha estará garantizado de antemano.

Hoy, señalan mandos castrenses y legisladores federales, la guerra al narco debe darse asestándole golpes reales y contundentes a sus estructuras financieras y a las que le han servido de base para robustecer la extensa y profunda red de corrupción que ha permitido al narco no solo retar y responderle al Estado con capacidad de fuego y movilidad tipo guerra de guerrillas, sino sobre todo crecer y seguirse expandiendo en negocios legales (como por ejemplo, la venta e importación de artículos para baño y cocina; tarjas, tinas, regaderas, mosaicos, muebles, macetas, jardinería, mármol, pisos de madera, cortinas de plástico, lavabos, espejos, coladeras, tubería de aluminio, perfiles, etc.) a la vista de todo el mundo y sin el menor asomo de vinculación al crimen organizado.

Por esta vía se han lavado durante décadas millones de dólares de manera legal. Este es solo uno de cientos de ejemplos, de maneras en las que opera la estructura financiera del narco para limpiar su dinero en un marco legal que permite manejos de esta clase, dificultando el seguimiento de casos a fondo, como el de enormes consorcios nacionales con expedientes abiertos y en la congeladora debido a los límites de la Ley Contra la Delincuencia Organizada para ir contra bancos, empresas, lavadores, inversionistas y secretos bancarios.

Por eso los militares y los legisladores relacionados con áreas de seguridad ven con enorme inquietud la reacción del gobierno federal, de la Presidencia de la República, cuando se les presentan diagnósticos detallados sobre la inseguridad, su expansión, sus mutaciones y las red de vínculos que han posibilitado la corrosión del tejido social como respuesta a lo que Luis Cárdenas Palomino (Coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito en la SSPF) llamó en su momento, a finales de 2009, la reacción de aquellos a quienes el Estado les negó oportunidades y que ven en su integración al crimen organizado, “una revancha social”.

Mejor y más claro no pudo decirlo Cárdenas Palomino. La frase, cierta, contundente, le costó un severo regaño de la Presidencia y de su jefe Genaro García Luna. Cárdenas Palomino quedó congelado para futuras mesas redondas, conferencias y encuentros en donde debiera exponer sus puntos de vista sobre la inseguridad, el combate al narco y las fallas de la estrategia de lucha contra el crimen organizado.

Ahora, más que preocuparnos por la escalada de violencia y las ejecuciones en el norte del país, lo que nos quita el sueño es el desorden que hay en todos lados, me dicen los civiles y militares que saben del tema.

“Uno escucha el presidente, al secretario de Gobernación, a sus asesores y parece que no pasa nada, que todo está bien; de lo que se trata es algo muy simple, se trata de seguir una regla sencilla, como la de Alcohólicos Anónimos, en la que se comienza por reconocer y aceptar que se tiene un problema, que es real y que hay que hacer algo por resolverlo”, me señaló un mando militar.

El problema ahora es que todo está contaminado por la política, en una especie de burbuja que todo lo infla y lo saca de proporción y lo hace incontrolable.

Una de las consecuencias directas y graves de esta dinámica que revela las enormes diferencias de visión y opinión en torno al tema de la seguridad, es que al final los desencuentros en corto entre legisladores y secretarios de Estado, terminan por contaminar y obstruir el camino legislativo y las vías para sacar adelante reformas en torno a temas que vienen viciados de origen, como sucede con las percepciones sobre la lucha antinarco y sus cifras y resultados verdaderos.

Bajo presión, a dos o tres fuegos (el del narco, el de los sectores sociales y el de los políticos extranjeros), las iniciativas sobre seguridad, los presupuestos, las crecientes atribuciones legales de los militares y la manga ancha para actuar que no toca a las estructuras financieras del narco, terminan siendo aprobadas en una disonancia total con funestos resultados.

Los elementos para que este escenario sea el siguiente paso en la era de la política militarizada que vive México, están dados.

¿Quién’, ¿Qué político o partido tendrá la claridad para deshacer el nudo gordiano y revelarle al poder presidencial lo que no puede o no quiere ver?

jorgemedellin@hotmail.com