Crónica de Política

Datos, datos y más datos sorprendentes, salen a relucir en medio de la lluvia de diálogos, congresos y conferencias relacionados con la criminalidad y la violencia que vivimos actualmente.

Los que dio a conocer ayer el subsecretario de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido –en el Congreso Internacional Sobre Uso de la Fuerza Pública en un Estado Democrático de Derecho–, entraron en ese rubro.

Uno de ellos, el decomiso de armas:

-Según sus cifras, en lo que va del sexenio se han asegurado a los delincuentes alrededor de  83 mil armas de fuego, 8 millones de cartuchos y 6 mil granadas.

Para darnos una idea de lo que estos números significan, valgámonos de la comparación que el propio Rubidio mencionó: tal cantidad de decomisos supera el número de armas que ocupan los ejércitos de los países centroamericanos.

Otro dato:

-En todo el país hay 427 mil policías. El 91 por ciento de ellos está adscrito a corporaciones estatales y municipales; de ellos el 38.73 por ciento, o sea 165 mil 510 son policías municipales.

Traducido en términos territoriales, significa –indicó Rubidio– que hay 2 mil 22 municipios que tienen corporaciones policiacas locales y 417 ayuntamientos no.

Además, aclaró, la mitad de estas agrupaciones tienen menos de 20 agentes en activo, y entre ellos deben cubrir los tres turnos de vigilancia.

De ahí que no extrañe que la mayor parte de las policías municipales sean débiles en términos institucionales y, por lo tanto, vulnerables a la corrupción.

A lo anterior agregó que las corporaciones policiacas, especialmente a nivel municipal, están concebidas básicamente como policías reactivas, sin acciones de prevención ni de Inteligencia, lo que las hace más vulnerables: su preparación se limita a hacer cumplir las disposiciones reglamentarias de policía y buen gobierno

A partir de estos datos, Monte Alejandro Rubidio insistió en la necesidad –urgente– de desaparecer las policías municipales y crear 32 corporaciones estatales con mando único para lograr una mayor eficiencia y estén en condiciones de hacer frente a la delincuencia organizada de manera eficaz.

En tanto eso no se logre, como lo dijo el Presidente Felipe Calderón en su Diálogo con los legisladores en otro foro, el ejército permanecerá en las calles. Por lo pronto, según declaró, hasta que termine su sexenio.

Y si dimensionamos los datos que ofreció Monte Alejandro Rubidio –y es ésta, la del enfrentamiento, la única o la más preponderante estrategia que se mantendrá en la lucha contra los criminales–, difícilmente podríamos decir que se ve la luz al final del túnel. ¡Al contrario!.

Hace once años –mayo de 1999—Juan Sandoval Íñiguez, entonces arzobispo de Guadalajara, se metió en un berenjenal al declarar que el ex procurador general de la República, Jorge Carpizo, había “escondido evidencias” para “encubrir” a los asesinos del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.

El asesinato del cardenal había ocurrido cinco años atrás. Sandoval, desde un principio, apuntó  hacia la tesis de un “complot”. Las investigaciones de la PGR y del grupo interinstitucional que se conformó con los obispos, concluyeron una y otra vez que se trató de una “confusión”.

Pero a Sandoval Iñiguez nada convencía. Tenía la “certeza moral” de que Posadas Ocampo había sido asesinado “a propósito” y a partir de ahí dirigió acusaciones contra Carpizo en cuanto micrófono y grabadora se le puso enfrente. ¡Se armó un escándalo!; así, semejante al que vivimos ahora entre el hoy cardenal y el jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Carpizo respondió a la andanada. Comparó a Sandoval con Torquemada y anunció que preparaba una denuncia penal en contra del arzobispo de Guadalajara.

Hace once años –último año de gobierno de Ernesto Zedillo y a punto de realizarse las elecciones por la Presidencia de la República que sacarían al PRI de Los Pinos–, la sola posibilidad de una denuncia penal de un ex Procurador contra uno de los jerarcas de la iglesia, preocupó y movilizó de inmediato a la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM).

Varios obispos se acercaron a Carpizo para tratar de evitar que su controversia con Sandoval llegara a la Procuraduría General de la República, y más aún les preocupaba que se ventilara en tribunales o, peor aún, en el Tribunal de la Rota, en el Vaticano.

Carpizo aceptó un acuerdo amigable, siempre y cuando Sandoval le ofreciera una disculpa pública (sí, al igual que ahora, también en aquel entonces se habló de una disculpa pública), expresada de tal modo que le permitiera “salvar la cara” al ahora cardenal.

Las “peripecias” para lograr esa disculpa –que en realidad nunca la obtuvo Carpizo de manera pública, directa y expresa de Sandoval— la reseñan Carpizo y Julián Andrade en su libro Asesinato de un cardenal.

El episodio fue largo y complicado: Carpizo presentó y ratificó su denuncia ante la PGR.

Entre tanto –con Sandoval sin dar la cara ni hacer acto de presencia–, reuniones y cartas fueron y vinieron entre Carpizo y miembros del episcopado; llamadas de aquí para allá acompañadas de proyectos de disculpa; coacciones y ambiciones personales de los religiosos, asomando cada vez que dentro de la CEM se ponía a votación la carta de disculpa del cardenal de Guadalajara.

Finalmente fue la CEM la que se disculpó y Carpizo retiró su denuncia. Amabas partes consideraron que era la mejor solución pues si el procedimiento penal continuaba los enemigos de Sandoval iban a provechar la ocasión para golpearlo, y a Carpizo le ocurriría otro tanto dado que tenía también muchos enemigos poderosos tanto fuera como dentro del gobierno.

Así se solucionó  hace poco más de una década la querella entre Juan Sandoval Íñiguez y Jorge Carpizo. El escándalo se apagó pero el cardenal nunca dejó de lado la idea de la conspiración en torno al asesinato de Posadas Ocampo, ni tampoco su propia conspiración para encumbrarse en la jerarquía católica.

Ahora, agosto del año 2010 –once años después de aquel episodio—el purpurado de Guadalajara vuelve al escándalo con sus declaraciones en contra del Jefe del Gobierno del DF y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La razón, como ya sabemos, el haber declarado que los ministros habrían sido “maiceados” –sobornados—por  Marcelo Ebrard, en medio de una conspiración del propio jefe de Gobierno del DF y los partidos de izquierda con organismos internacionales controlados por el capitalismo mundial con el fin de fomentar las uniones de un mismo sexo para reducir los nacimientos.

Así como lo lee, una conspiración de ese tamaño. ¡Otra más!

Ebrard demandó –también– una disculpa pública. Dio 24 horas para ello. Sandoval no dio la cara. Pero, como hace once años, volvió a saltar a la palestra en su nombre el inefable vocero de la arquidiócesis de Guadalajara, Antonio Gutiérrez Montaño:  El cardenal, dijo, “habla con sustento”, “no se retractará”, “tiene pruebas”.

–¿Tienen pruebas de que los ministros de la SCJN fueron sobornados?

–Sí, claro. Cuando el cardenal estaba hablando no lo hacía sólo por hablar-, respondió el vocero.

La misma actitud que en el pasado, cuando afirmó que el cardenal guardaba celosamente un secreto: los datos que probaban que el crimen de Posadas fue realizado por funcionarios del gobierno de Carlos Salinas, coludidos con narcotraficantes.

Seguimos esperando que presente las “pruebas”.

Que Sandoval Íñiguez miente, no me cabe duda. La pregunta ahora es si Marcelo Ebrard perdonará  al cardenal, como lo hizo Carpizo hace once años, o llegará hasta el final?

Si en el caso del narcotráfico lo que estamos viendo es el polvo porque se está  limpiando la casa, otro tanto podría decirse del escándalo que armó  el cardenal Juan Sandoval Íñiguez con sus furibundas y soberbias declaraciones sobre la resolución de la Suprema Corte declarando válidos en los matrimonios entre personas del mismo sexo y su posibilidad para adoptar.

Sólo que esta vez –a diferencia de la enjundiosa demanda de apoyo a la guerra contra los criminales–, la resolución de los ministros no le hace ni tantito gracia al Presidente de la República, ni al PAN, ni al Procurador General de la República –que fue quien interpuso la controversia ante la SCJN–, ni a algunos miembros del gabinete.

El que les guste o no la decisión a tan insignes personajes, no es sin embargo lo importante. Lo grave es que quienes deben aplicar la ley ante la intromisión de los religiosos en la vida legal del país –porque vaya que están interviniendo, demandando incluso votar en contra del partido que propuso las nuevas libertades— jueguen a su conveniencia y hagan caso omiso de lo que sucede.

Más inquietante es que en la secretaría de Gobernación, a quien corresponde el trato con las distintas Iglesias y apercibirlas cuando éstas violan la ley, les haya entrado la temblorina ante la sola perspectiva de enfrentarse con algunos de los jerarcas de la Iglesia Católica, encabezados en estos momentos por Norberto Rivera y Juan Sandoval Íñiguez.

En el Episcopado Mexicano bien saben cómo piensan los panistas más recalcitrantes y, al igual que los blanquiazules han hecho en otras ocasiones –recordemos algunos de los videos de la campaña presidencial pasada–, se escudaron en la “libertad de expresión”.

Sí, la Conferencia del Episcopado Mexicano defendió a los suyos amparándose en la libre expresión. En un comunicado distribuido ayer, los obispos reiteran su “total desacuerdo” con el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “sin que esto signifique falta de respeto a las instituciones del Estado Mexicano”.

Lamentamos que al manifestar estos conceptos en la opinión pública, agrega el boletín, “existan quienes recriminen y amenacen alentando la intolerancia, cuando la tolerancia es la posibilidad de que todos expresemos nuestra opinión y posiciones. Por ello, expresamos nuestra solidaridad y nuestro sentir a los cardenales Norberto Rivera Carrera y Juan Sandoval Íñiguez sobre este delicado tema”.

Ajá, según este comunicado, la intolerancia proviene no de ellos, sino de quienes no admiten que expresen su opinión. ¡Maravilloso!

Que la Iglesia Católica Apostólica y Romana tiene los colmillos bien retorcidos no cabe duda, lo han demostrado con su sola permanencia a través de siglos; pero éste, no lo olvidemos, es un Estado laico y deben ajustarse a las leyes.

Toca a la secretaría de Gobernación. ¿Qué espera? ¿Sigue con la temblorina o lo que quiere es ver si puede desgastar y meter en un buen lío al Jefe de Gobierno del DF por haber osado desafiar sus creencias y haberles ganado la batalla en la Suprema Corte?

Indispensable –en verdad se las recomiendo—leer la conferencia magistral de Diego Valadés ayer en el Senado, sobre Formas de Gobierno y Coaliciones Políticas. No tiene desperdicio.

Con un análisis incisivo y elegante prosa, no sólo desdibujó los golpeteos del senador Gustavo Madero durante la inauguración del Seminario Internacional de Regímenes Políticos, sino diagnosticó con estremecedora lucidez  el camino político por el que hemos transitado y dibujó los posibles escenarios que se nos presentan.

Partió Valadés de un hecho irrefutable: Hay un déficit de gobernabilidad en nuestro país.

Podría discutirse qué tan profundo es el déficit de gobernabilidad en México –indicó el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM–, “pero sea cual fuere el nivel que tenga, es indispensable tomar medidas de rescate institucional. Los costes de estas medidas, serán tanto mayores cuanto más avanzado sea el deterioro de las instituciones”.

¿Cómo recuperar la gobernabilidad? Suele darse, indicó, mediante dos remedios institucionales: el autoritario, que consiste en restringir las libertades públicas e imponer nuevas modalidades de dominio concentrado para arbitrar con firmeza la lucha en el poder; o el democrático, que se traduce en reformar el régimen para  que el ejercicio de poder deje de concentrarse de un núcleo compacto y pase a un ámbito más abierto.

“En México, por ahora –precisó–, las tesis dominantes se orientan a favor de la solución democrática. El desafío consiste en que no en todos los niveles se entiende la dimensión del problema a remediar, e incluso se hacen propuestas que agravarían el déficit de gobernabilidad”.

Admitió  el jurista que el tiempo para la reforma ideal “tal vez ya pasó y que solo queda espacio para la reforma posible”. Sostuvo que el sistema presidencial concentrado caducó hace tiempo, pero la alternancia de partidos en 2000 le dio un respiro.

Sin embargo, expuso Valadés, “al asumir el poder un grupo de refresco operó la cultura personalista y se pensó que en lugar de una reforma del Estado, bastaba con un cambio de estilo en el poder.

“La experiencia demostró que eso no era cierto y ahora tenemos un país cada vez más cercano al colapso institucional”.

Según el jurista, el problema está en la configuración del sistema presidencial mexicano en nuestra Constitución: “No depende de la persona, ni del partido que ocupe la Presidencia, sino de la forma misma en que la Presidencia está constitucionalmente estructurada”.

Mencionó  incluso que si el resultado electoral llevara a otro partido a Los Pinos en 2012, “sería probable que se produjera un nuevo episodio, como el de hace diez años, y que considera que un grupo distinto bastaría para recuperar los niveles perdidos de gobernabilidad… Es un espejismo. Ningún partido, ningún grupo, ningún individuo, podrá corregir con su presencia lo que solo es superable por medios institucionales”.

Suponer que la solución está en una persona o en incluso en un partido, “es una simplificación que obedece a los estándares de un presidencialismo caduco”, aseveró.

Así comenzó  su intervención Diego Valadés su intervención en el patio de Xicoténcatl frente a senadores, diputados, investigadores e invitados de la talla de Francisco Pina Cuenca, presidente de la Mesa Directiva de las Cortes de Aragón, España, en ese seminario que tenía como objetivo contrastar los sistemas presidenciales con los parlamentarios.

Por esos derroteros siguió la intervención del ponente. Habló de las patologías de ambos regímenes, de los costos que tienen y, en el caso de México –debido a la “petrificación del régimen político”,  traducidas hoy  inequidad social, en violencia delictiva, en ralentización económica, en rezago cultural, en desorganización administrativa y en la acrimonia política.

Y lo peor del caso es que, según dijo,  muchas de las carencias habrían podido superarse si se hubiesen hecho los cambios institucionales en el momento adecuado.

En cuanto a lo que expuso Diego Valadés sobre las coaliciones y la inducción de mayorías artificiales, va por lo pronto el dibujo que trazó sobre la situación que hoy impera y que bien se reduce a esta expresión”: impera “ un lenguaje doble”.

Lo planteó  así:

-En el Congreso se habla en plural y en el gobierno en singular.

-En el Congreso hay una relación horizontal; en el gobierno subsiste la disciplina vertical donde los secretarios son sólo voceros presidenciales y carecen de un foro institucional, el gabinete para discutir entre sí.

-Las leyes se debaten y se aprueban por mayoría, mientras que el programa de gobierno es dictado por una sola voluntad.

-Los ciudadanos podemos definir cómo se integra el Congreso, pero somos ajenos a la composición del gobierno.

-Por mucho tiempo nos gobernó una hegemonía mayoritaria, hoy nos gobierna una hegemonía minoritaria.

-En 2009, con el 28 por ciento del apoyo electoral, un partido conservó el cien por ciento del poder gubernamental.

-El 72 por ciento de la ciudadanía no participa en las decisiones del gobierno y los representantes de la nación tienen que conformarse con emitir puntos de acuerdo de alcance estrictamente testimonial.

Todo ello muestra la caduques de la norma. Aún así –concluyó con un dejo de ironía– entre nosotros todavía hay resistencia para hablar de gobierno de coalición.

Les llaman “machos”. Son de la zona de Las Barrancas. Viven –o quizás más bien sobreviven, a la espera del enfrentamiento con los narcotraficantes– en los poblados de La Lagunita, El Campamento y El Coscate, en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango.

Los pobladores de esa zona controlada por el narcotráfico, recibieron hace poco más de una semana la amenaza de los de “La Línea”, el brazo armado del cártel de Juárez: “O se van, o los matamos…”

La advertencia no era para menospreciarla. Hace menos de dos años, en diciembre del 2008, los pobladores de Santa Gertrudis y de Los Laureles –colindantes con Pueblo Nuevo–, recibieron una amenaza semejante tras fusilar a seis jóvenes. Les dieron tres días para irse. Actualmente los dos pueblos están vacíos.

Los hombres decidieron quedarse para proteger sus casas –confirma el edil Mario Delgado–, eligieron quedarse en sus tierras, defenderlas, cueste lo que cueste…

Así, el lunes pasado los “machos” sacaron a sus familias de los poblados y se parapetaron con sus armas en espera de los narcos. Aún no hay noticias de ellos.

De quienes sí se sabe algo es de los que salieron, de los desterrados. Según las crónicas que nos llegan de Durango, son alrededor de un centenar de personas: madres, esposas, hijas, abuelos.

Iniciaron su éxodo a pié  –sus comunidades se encuentran a siete horas de camino de la cabecera municipal, El Salto–; a la altura de Chumonques, desconocidos  les facilitaron un vehículo para que pudieran moverse más rápido, pero éste se descompuso unos kilómetros más adelante.

Volvieron a caminar con el miedo y la angustia a cuestas, evadiendo el camino, por brechas, hasta que a la altura de Corralitos –a dos horas y media de la cabecera municipal—fueron auxiliados por soldados de la Décima Zona Militar. Les consiguieron un camión y los escoltaron hasta El Salto.

Algunos consiguieron alojamiento con familiares, otros aceptaron la ayuda del gobierno municipal, unos más viajaron a la capital del estado y el resto se fue para Sinaloa.

Entre tanto, sus hombres, sus “machos”, cuidan el patrimonio de ellos, de sus padres, de sus hijos, de sus abuelos; y esperan…

La región, comenta el edil, se ha convertido en “zona de machos”.

Es el relato que nos llega ahora de Durango. Pero no es el único. De distintos puntos de la República, especialmente del norte –Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas–, llegan historias semejantes a ésta. El crimen, en múltiples facetas, está provocando éxodos, tomando tierras, dejando pueblos vacíos, creando zonas de “machos”.

-Se requieren recursos para enfrentar al crimen-, plantearon los gobernadores.

-Readecúen sus presupuestos-, les respondió el Presidente de la República.

En ese momento, todo lo dicho y propuesto durante más de cuatro horas, se vino abajo:  Así, considerarían muchos de ellos, todo quedaría en “buenas intenciones”. Nada más.

Lástima, porque el Diálogo por la Seguridad entre el Presidente y los gobernadores había sido bien interesante. No sólo porque dibujaron a grandes trazos algunos de los problemones que les acechan y enfrentan, sino porque pusieron sobre la mesa algunas propuestas dignas de llevarse a cabo.

Van algunas de las llamadas de atención que plantearon ayer en el Campo Marte:

-Hay más de 700 mil repatriados (de Estados Unidos) –expuso el tamaulipeco, Eugenio Hernández–; se esperan 120 mil este año. Requieren una atención integral si no queremos que integren las filas de la delincuencia, ¿cómo le vamos a hacer?

-Más de cien mil personas –huérfanos, hermanos, viudas de la violencia—van a reproducirse en el ánimo de la venganza. Tenemos que establecer una política de reparación del daño, comencemos por los hijos de la violencia-, pidió el de Chihuahua, José Reyes Baeza.

-Más de la mitad de los jóvenes están fuera del sistema escolar, en las calles, sin hacer nada y a manos de la delincuencia –señaló el Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard–, propongámonos al menos tener medio millón de jóvenes en las escuelas en 2011.

-Sí, necesitamos mayor potencia de armamento en nuestras policías, ¡quiten los laberínticos procesos para poder equiparlos, tardamos meses en lograr acceder a ellos!-, demandó Fernando Toranzo, de San Luis Potosí.

-En Zacatecas –comentaría a manera de propuesta Amalia García—hemos implementado becas, ¡por asistencia a clases!. No sólo a alumnos aplicados, sino sólo por su asistencia. (Recordaba los tiempos en que las universidades se abrieron a los jóvenes durante la Guerra Sucia, en los 70’s, para evitar que se fueran a la guerrilla)

Problemas y propuestas se entrelazaban. Lo mismo se hablaba de cárceles atiborradas, que de la necesidad de apoyar las aduanas con miembros del Ejército y la Marina; de atacar las el patrimonio de la delincuencia, que de pedirle a la SCT que se aplique en inutilizar las repetidoras que utilizan los criminales; de ejercer una verdadera revolución educativa, que de ir a la raíz, a la familia; de enfrentar a las pandillas y el narcomenudeo, que de crear un fondo con lo que se decomisa a los criminales; de aplicar un plan de acción inmediata en zonas críticas de violencia, que de revisar la estructura del presupuesto; de generar empleos, que de hacer a un lado competencias federales o estatales y jalar juntos.

El ánimo, en la mayoría de los gobernadores, era propositivo. De hecho, sólo el mexiquense Enrique Peña Nieto se mantendría en insistir en las competencias que marca la Constitución a cada uno de los ámbitos de gobierno en las cuestiones de seguridad.

Y sería él precisamente, quien pondría más en claro la petición general de los gobernadores ante la corresponsabilidad que les demandaba:

-¿Cuáles serán los recursos adicionales que pudiéramos enfocar para temas compartidos?—preguntó Peña Nieto–, porque en seguridad pública el presupuesto se ha incrementado a nivel federal en 360%; en los Estados, 38%; en el Estado de México, 34%.

La respuesta de Felipe Calderón, como ya señalamos, se redujo a que hicieran ellos, los gobernadores, “un cambio cualitativo” en sus presupuestos, que lo reorientaran a lo que consideró las prioridades: policías, ministerios públicos, sistema judicial, por un lado; educación, por otro; y prevención y tratamiento de adicción.

Frustración, desaliento, se reflejaron los rostros de los gobernadores. El Presidente parecía no haber comprendido los problemones que tenían enfrente en sus Estados.

Seguramente, Jesús Ortega creyó necesario explicar su presencia ante Felipe Calderón. (Era la primera vez que acudía a un acto oficial convocado por el Presidente de la República). Y lo hizo, frente a todos los asistentes, durante su participación en el Diálogo por la Seguridad.

Era previsible que lo hiciera el dirigente del PRD, sobre todo por las críticas de algunas voces al interior de su propio partido.

Lo que no era de esperarse –gratuito para lo que quería exponer—fue el golpe que lanzó contra Andrés Manuel López Obrador. Eso sí, sin mencionar su nombre pero, a las claras refiriéndose al tabasqueño.

Fue durante su segunda intervención  –ya sin lectura de por medio– cuando Jesús Ortega comenzó con este tipo de referencias:

“Es la primera ocasión que un servidor como presidente del Partido de la Revolución Democrática participa en un foro con la presencia del Ejecutivo Federal –resaltó–. Hay diferencias profundas, agravios…, pero ante la gravedad de los problemas, del peligro en que se el Estado nacional, del riesgo que padece la ciudadanía en su propia vida, hay que ponerla por encima, antes que seguir paralizados en los agravios.”

Hasta ahí, situaba el por qué de su participación. Lo que vendría después es lo que llamó la atención. Dijo:

“Me parece fatuos, insolentes, los personajes que hablan a nombre del pueblo, que representan la opinión permanente del pueblo…¡No son buenos políticos!”

¿A qué venía esto?

Pues de acuerdo al discurso del dirigente perredista, simplemente a engarzar la idea sobre lo que indicaban algunos sondeos sobre la existencia de una estrategia de seguridad por parte del gobierno.

Lo hizo de esta manera: “No quiero caer en esa insolencia (la de hablar en nombre del pueblo), pero sondeos que sí estén bien hechos, no como los de las últimas elecciones, pueden reflejar una opinión mayoritaria de la ciudadanía y uno de ellos nos dice que la gente no cree que exista una estrategia de seguridad del gobierno y comparten la idea de que hay descoordinación en los distintos ámbitos del gobierno.”

La pregunta es, ¿era necesaria la acotación sobre aquellos “malos políticos” a los que calificó como “fatuos” e “insolentes” para hablar sobre el resultado de unos sondeos?

Diría que fue gratuita; inclinada a quedar bien con Felipe Calderón.

Lo peor del caso es que no necesitaba soltar semejante frase para quedar bien con el Presidente de la República y con el secretario de Seguridad Pública y con el Procurador General de la República y con el presidente del PAN y…

Su sola presencia y participación bastaba. Podría incluso considerarse un gesto elegante, más con el análisis que presentó sobre la seguridad bajo la guía de Manuel Camacho Solís. Pero a la hora de la hora, a Jesús Ortega le ganó  el rencor.

Era la cuarta reunión del Diálogo por la Seguridad en el Campo Marte. Los presidentes de los partidos políticos (con excepción del Partido del Trabajo y el senador Arturo Escobar en representación de José Emilio González) ocupaban un lugar en el semicírculo en torno al Presidente de la República.

Ahí, desde los primeros minutos del encuentro, Felipe Calderón lanzó directo: “Si alguien considera que el error del gobierno ha sido combatir a la criminalidad, es el momento oportuno de que lo diga abierta y sinceramente.”

La dirigente del PRI, Beatriz Paredes, movió la cabeza –el maniqueísmo por delante, se dijo—y no tardó en responder, muy a su estilo, como quien da una clase de política en un aula universitaria:

-La primera obligación del Estado es preservar el régimen de vigencia del derecho; eso le da sentido y razón de ser al Estado. No hay elementos que cuestionen esa responsabilidad. El punto es si es un Estado democrático… Ahí ya hay precisiones de cómo la debe cumplir. Lo que está a discusión no es la naturaleza de la responsabilidad del Estado, sino airear si hay consenso o no en la estrategia.

A partir de ahí –envuelta en un huipil verde sobre un suéter rojo—se arrancó la tlaxcalteca. Pasó por cuestionar la conveniencia de ventilar a los cuatro vientos el diseño de una política de Estado en materia de seguridad porque –contradijo directamente a Calderón– “¡no es cierto que haya unanimidad en el país en este tema!” . ¿Estratégicamente conviene ventilarlo?, preguntó.

Luego, advirtió que éste no podía ser un debate “maniqueo” donde de un lado están todos los buenos y del otro todos los malos que no quieren combatir al crimen organizado como lo plantea la autoridad federal, porque entonces “no lograríamos prácticamente nada y todos estarán cuidando sus expresiones”.

A renglón seguido calificó el discurso inicial del propio Felipe Calderón: “desde la perspectiva moral es impecable” pero, precisó, no es el único enfoque con que se pude abordar: otro de ellos es el del Estado.

De ahí pasó a las exigencias:

-Cuando haya acusaciones (contra alguno de sus militantes) tiene que haber pruebas, y si no, “que se deje de hacer política haciendo señalamientos que lo único que hacen es desprestigiar la función de la representación popular y partidaria”.

-Que se castigue a quienes a quienes hayan utilizado órganos de seguridad para realizar y filtrar llamadas telefónicas.

César Nava, opacado de por sí por sus homólogos en aquella mesa, aguantaba vara; al igual que Genaro García Luna cuando escuchó decir de la priista:

-A mí preocupa el destino de las soluciones que han propuesto (como el de la policía única): ¿nos van a revitalizar el pacto federal? ¿nos harán más eficaces? ¿cómo hacemos ese nuevo arreglo federalista en esa transición de un sistema de seguridad medieval a uno más moderno? Un modelo centralista –subrayó– no se corresponde con nuestra heterogeneidad…

Las intervenciones de Beatriz Paredes sucedían al planteamiento expuesto por Jesús Ortega (tomando prestados los apuntes de Manuel Camacho sobre el tema) en el sentido de que vivimos “una guerra no convencional” que pone en riesgo la viabilidad del Estado, que amenaza con extenderse en el tiempo, y cuyo principal desafío es en contra del Estado nacional.

Un análisis de fondo del perredista, que aludió al anacrónico concepto de la omnipotencia presidencial, a la necesidad de una nueva concepción del ejercicio del poder político, en el que el gobierno no puede pasar por sobre la ley para combatir a quienes la violentan y la socavan.

“El único riesgo más grave que el que estamos enfrentando es que se rebase la frontera de lo que podemos convenir y lleguemos a situaciones autoritarias”, apuntó.

Ortega, al igual Paredes, expuso agravios y reproches, como la falta de autonomía de los ministerios públicos, la politización de la lucha contra el crimen organizado –léanse los casos de Michoacán y Quintana Roo–, al punto que “la Procuraduría General de la República no le sirve hoy al país”.

Distintas opiniones surgieron a medida que se sumaron Luis Walton (Converegencia), Arturo Escobar (PVEM), Jorge Kahwage (Nueva Alianza) y César Nava (PAN). Desde la necesidad de pagarle bien a la policía hasta una revolución del conocimiento, de hacer algo por las cárceles que nada tienen de readaptación, hasta invertir de nuevo en el campo para ofrecer oportunidades a los que hoy emigran.

Y, por supuesto, la legalización de la mariguana. Lo propusieron el PRD y el Verde; el PRI pidió  que no se convirtiese en otro tema de polarización. Calderón  en su posición en contra porque  en tanto en Estado Unido no se legalicen “¡es absurdo!” hacerlo aquí. De cualquier modo, precisó, no cerraba el tema.

El encuentro con los dirigentes de los partidos, más que “airear” un tema, semejaba un ventarrón en el Campo Marte.

El Presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, no podía ocultar su malestar por el camino que se abría para que los matrimonios entre personas del mismo sexo realizados en el Distrito Federal fuesen reconocidos en todo el país.

Contra su opinión, y la de Salvador Aguirre Anguiano, siete ministros se habían ya pronunciando por la validez y reconocimiento oficial de los matrimonios gays en el resto de las entidades federativas, les gustara o no la medida decidida por los defeños.

-¡Es un ofensa al pacto federal!-, soltó en un momento dado Ortiz Mayagoitia ante el azoro de los asistentes al pleno que atestiguaban cómo se jaloneaba al Artículo 121 de la Constitución Federal en discusión y en cuyo considerando cuarto señala: “Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en los otros”.

La parsimonia habitual de Mayagoitia fue colmada cuando su colega José María Aguilar soltó que había que dejar de hacerse bolas con el 121 porque era muy preciso y claro –por ello no se había encontrado tanta jurisprudencia al respecto—y que no era “ni difícil, ni complejo” como querían hacer ver algunos (Aguirre Anguiano) para entrampar la discusión.

Fue entonces que se apoderó  del micrófono el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (faltaban aún por fijar su postura Margarita Luna Ramos y José de Jesús Gudiño Pelayo) y alegó –al igual que el Procurador General de la República—que con tal medida “¡se rompe la armonía del sistema federal!”.

El verdadero problema del asunto, situó, es que los Estados quedan sometidos a considerar la validez de todo acto del Registro Civil (matrimonios, nacimientos, defunciones, divorcios).

-Supongamos –propuso—que un estado de la República definiera como matrimonio la poligamia…, ¿qué vamos a hacer?, ¿qué actos se van a elevar al Registro Civil? Morelos y Yucatán han constitucionalizado la definición de matrimonio como la unión voluntaria entre un hombre y una mujer…

Ya en la sesión anterior Ortiz Mayagoitia se había pronunciado en contra de cambiar el concepto de familia, en contra de validar los matrimonios entre personas del mismo sexo. Perdió esa batalla.

Ahora intentaba evitar que dichos matrimonios tuviesen que ser reconocidos en el resto de los estados, por más que los ministros Sergio Valls, Olga Sánchez Cordero, Fernando Franco, Juan Silva Meza, Arturo Saldívar, Luis María Aguilar y José Ramón Cossío, opinasen en sentido contrario.

Pero ni siquiera el subrayado de los distintos ministros de que reconocer la validez de los matrimonio gays en otras entidades NO implica que el resto de los Estado deban celebrarlos, convenció a Ortiz Mayagoitia.

Sugirió entonces otro camino para ganar esta batalla: no elevar al Registro Civil los matrimonio gays realizados en el DF.

Ahí, sin mayores protocolos, el presidente del pleno suspendió la sesión. La historia aún no termina.

Al pié  del Ángel (de la Independencia), en su sillita desplegable, Miguel Ángel Granados Chapa veía –no sin asombro– cómo llegaban más y más periodistas. Eran las doce del día. Puntual, como siempre, aguardaba el inicio de la inédita marcha.

-¿Por qué  estar aquí este día, en esta marcha?

-Porque es necesario que estemos juntos…, ojalá fuera en circunstancias menos lastimosas.

-¿Cuál es el propósito de la marcha?-, le interrogó una joven reportera.

-No sé cuál es el propósito –repuso–. Más que un propósito es un objetivo, es un hecho: el inicio de una toma de conciencia.

Allá  van llegando Luis Javier Solana, Joel Hernández y Miguel Badillo. Se acercan José Cárdenas, Rossana Fuentes Berain, Ricardo Rocha, Gabriela Warketin, Ricardo Alemán, Leopoldo Mendivil, Froilán López Narváez, Ignacio Rodríguez Reyna, María Idalia, Gonzalo Álvarez del Villar, Beatriz Reyes Nevares, Humberto Musacchio, Rubén Álvarez, Roberto González Pérez, Sofía Miselem, Rogelio Hernández, Carole Simonet, Jorge Medellín, Elías Chávez, Luis Guillermo Hernández, Daniela Pastrana, Evangelina Hernández, Laura Simón, Federico Campbell, Sofía Miselem, Nidia Marín, Víctor Hugo Michel, Andrea Merlos, Claudia Salazar, Ariadna García, María Félix, Ethel Riquelme, Fred Álvarez, Estela Livera, Raquel Flores, Lesli Gómez, Jazmin Alessandrini, Luis Pavón, Alberto Morales…

Unos traen mantas y carteles: “No a la prensa silenciada”, “Sin periodistas no hay información”, “No queremos ser la nota. Los queremos vivos”, “Por nuestro derecho a saber y el derecho a informar”, “Porque hay silencios que aniquilan… el de la prensa es mortal”, “Matando a un periodista, no se mata la verdad”.

Cámara al hombro, Epigmenio Ibarra va de aquí-allá. Sabe muy bien lo que es cubrir conflictos armados, guerras en las que se pierden compañeros y sabe también lo que significa luchar por la labor de los periodistas. Juan Manuel Villalpando va twitteando en cada tramo la marcha de los periodistas. Fotógrafos y camarógrafos toman y graban a sus propios compañeros.

Vuelvo la vista hacia atrás en el camino. La marcha cubre ya por completo el tramo del monumento a Colón a la palmera de Niza. “¡Somos un chingo!” Todos estamos anonadados. Ninguno esperábamos ser tantos los asistentes a la marcha.

Daniela Pastrana y Luis Guillermo Hernández no dan crédito a la convocatoria que ellos mismos iniciaron a través de Facebook:

“Estoy –diría ella horas después desde el Face–maravillada de ver en la marcha a periodistas de todas las generaciones, de todas las camisetas, de todas las trincheras… estaban ahí los de mil batallas, los escépticos, las periodistas, las “vacas sagradas”, los veteranos y los de a pie. Hoy se rompió un paradigma en México y ya con eso, ganamos todos”.

-Salió de los cientos y cientos que contó la policía, la que dijo “son mil 200″ cuando la caravana avanzaba desde el Ángel con su movilización de pocos precedentes. Salió de entre las pancartas, de entre las mantas, de entre las gorras, de ese silencio que se convino blandir como protesta, como indignación, como manifiesto de hartazgo pero también de humildad: “perdón, a cada uno de nuestros colegas muertos, por no haber salido a la calle hace 10 años, cuando cayó el primero de los nuestros”. Salió de la certeza de que “juntos, nos salvamos”-, diría a su vez Luis Guillermo.

Rogelio Hernández se ve emocionado ante la convocatoria. Recuerda algo semejante cuando mataron al periodista Manuel Buendía –columnista entonces de Excélsior–, en 1984. Hace más de 25 años.

Carteles grabados con los rostros de los más de sesenta periodistas asesinados en los últimos diez años, se alzan sobre las cabezas de los colegas: “Ricardo Rincón Taracena. Periodista muerto. Villa Hermosa, Tabasco. 20/01/07”, “Teresa Bautista, Felícitas Martínez. Periodistas asesinadas. San Juan Copala, Oaxaca. 7 de abril, 2008”. Imágenes, lugares y fechas se suceden.

Manuel González Arizpe narra a Granados Chapa lo ocurrido con Jesús Lemus Barajas, del Tiempo de La Piedad, Michoacán; periodista detenido y encerrado ahora Puente Grande, Jalisco. El maestro de periodistas quiere que la marcha se detenga frente a la Procuraduría General de la República, “ellos tienen una fiscalía para periodistas, ¡que cumplan”, expresa.

Humberto Aranda tiene otra razón para marchar: el “robo” de las cooperativas La Prensa y Excélsior. Eso, afirma, “también es delincuencia organizada”. Volantes sobre el tema se reparten en el camino.

La marcha llega hasta las puertas de Gobernación. Elia Baltazar, de la organización  “Periodistas de a pie”, dice: “No venimos a tumbar puertas, no venimos a entregar nada; venimos a exigir justicia por nuestros compañeros muertos”.

Se hace un minuto de silencio y se canta el himno nacional en torno a una máquina de escribir portátil y las decenas de carteles que cruzaron del Ángel para acá. Los periodistas nos miramos, nos reconocemos…, parecemos mirarnos de otra manera.