Hablar de una política miserable por parte del gobierno federal en aquel operativo montado el 26 de mayo del año pasado, conocido como el “michoacanazo” –en el que fueron detenidos 31 funcionarios, entre ellos más de una docena de alcaldes de Michoacán– es poco; merece no sólo epítetos mayores sino una demanda.
Doce de esos ex funcionarios detenidos bajo un operativo espectacular e inédito –“para salvar la política y defender a las instituciones”, según palabras del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont—abandonaron la madrugada de este domingo, por falta de pruebas, el penal “David Franco Rodríguez”.
Se les acusó en su momento –mayo del 2009—de tener nexos con el cartel de “La Familia” michoacana. Delincuencia organizada y delitos contra la salud, eran las acusaciones que pesaban en su contra. Ocho meses después, nada se les demostró y se decretó su libertad.
Lo mismo ocurrirá próximamente con otros tantos de los ex funcionarios que aún permanecen encerrados y que optaron por el amparo, un proceso legal más largo. Pero saldrán.
De hecho, de aquellos 31 detenidos sólo a diez se les ha podido ratificar el auto de formal prisión.
¿Quiénes recuperaron este día su libertad? Nada menos que cuatro ex presidentes municipales: Uriel Farías Álvarez, de Tepalcatepec; Antonio González Rodríguez, de Uruapan; José Luis Ávila Franco, de Hidalgo; Adán Tafoya, de Tumbiscatío.
Además, la ex secretaria de Seguridad Pública Estatal, Citlali Fernández; el ex subprocurador de justicia del estado, Ignacio Mendoza Jiménez; la ex jefa del grupo de la Policía Ministerial, Gabriela Mata.
Y los ex funcionarios Abel Salazar, ex síndico de Lázaro Cárdenas; Baldomero Morales, ex policía de Lázaro Cárdenas; Roberto Rubio Vázquez, ex director de Seguridad Pública de Tumbiscatío; y Salvador Dionisio Valencia, ex director de Obras de Arteaga.
He puntualizado nombres y cargos para subrayar la fuerza y la magnitud de ese operativo realizado por la PGR a un mes y días de las elecciones intermedias. Operativo que no sólo dañó profundamente la imagen del gobernador Leonel Godoy y su capacidad de gobierno, sino que se anunció con bombo y platillo como la gran cruzada contra el narcotráfico a niveles superiores.
Hoy, al ver desfilar a los presuntos culpables de tener nexos con la “Familia michoacana” hacia la libertad, al no habérseles acreditado tal delito, no queda sino concluir que aquello efectivamente fue un golpe político miserable.
Y claro, del que ni siquiera hay un “usted disculpe”.

Señora Martha: Lo del “michoacanazo” estaba visto que iba a terminar como lo está haciendo: en un verdadero ridículo para el gobierno federal y quien espuriamente lo encabeza. Considero que los afectados ( que lo fueron grandemente en varios aspectos) debieran de enderezar una demanda judicial contra quienes tanto los perjudicaron. Es lo mínimo que pueden hacer. Ojalá y al Sr. Godoy no le tiemble la mano para apoyar dicha acción. Atte. Héctor Astorga Zavala, Torreón, Coah.
Comment by Héctor Astorga Zavala — February 1, 2010 @ 10:34 am
Tambien Raul Salinas de Gortari salio absuelto.El que secuestro y asesino al hijo del sr. Marti y otros habian sido absueltos.Realmente uno no sabe donde esta la verdad en un pais donde desde el mas humilde al mas alto son corruptos.
Comment by peje — February 1, 2010 @ 11:32 am
El Apa, que ya le habian colgado lo de Marti, resulto que no era. Cuantos mas habra que estan presos siendo inocentes y cuantos andaran libres cometiendo crimenes siendo culpables.El caso cabañas tiene tantas preguntas que solo se solucionan asumiendo que entre los policias del D.F y los asesinos y empleados del Bar hay una frontera muy sutil.
Comment by peje — February 1, 2010 @ 11:36 am
De gente miserable, lo que se puede esperar son golpes miserables.
Comment by Miguel Ramírez. — February 1, 2010 @ 1:08 pm