Crónica de Política

José Ramón Cossío no cejaba. Defendía su proyecto como gato boca arriba. Frente a él, seis, siete, ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia levantaban la voz, rechazaban sus argumentos, señalaban sus contradicciones.

Voces fuertes, acaloradas, se alzaban una y otra vez en la sala principal de la Corte. Los nuevos ministros –Arturo Saldívar  y Luis María Aguilar—se dejaban sentir y se hacían oír. Lo mismo enmendaban la plana al ministro ponente que rectificaban propuestas de su Presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia.

Ello se daba en medio y a propósito de la discusión del Artículo 80 de la Constitución de Quintana Roo que establece 20 años de residencia para los no nativos que deseen contender por la gubernatura.

(Una reforma que aprobó  el congreso quintanarroense, con mayoría priista, en 2008 –la anterior situaba en diez años la residencia para los no nacidos en el estado–, y que dejaría fuera de la contienda al edil de Cancún, Gregorio Sánchez, precandidato del PRD, PT y Convergencia para la gubernatura que se disputará este año.)

Pero la discusión y el meollo del asunto en el edificio de Pino Suárez –más allá del caso específico de Quintana Roo– estaba en determinar si los cinco años de residencia que estableció el constituyente para los aspirantes eran sólo “un piso” o un “umbral” y si  correspondía al constituyente establecer los requisitos o más bien a cada estado establecer sus propias determinaciones.

Lo que se definiera al respecto, lo sabían los once ministros presentes, tendría repercusiones importantes para todos los estados de la República. De ahí la fuerza y el acaloro en la discusión esta gélida mañana.

Margarita Luna Ramos se alineó  del lado de Cossío. Sostuvo que no correspondía a la SCJN establecer ese tipo de parámetros –los años de residencia requeridos para los no nacidos en el estado–, sino al Congreso estatal.

Juan Silva Meza alegó  que en esa norma había discriminación, que se afectaba un derecho fundamental y que la exigencia de 20 años no tenía “razonabilidad”.

Luis María Aguilar echó  mano de los debates de los constituyentes del 17: de Manuel Herrera, del diputado Jara, en los que se definió que sólo podría ser gobernador un mexicano por nacimiento, o nativo de ese estado, o con cinco años de residencia.

José Ramón Cossío refutó:  “No tiene sentido decir que es un derecho fundamental. Es un derecho político”. Con un tono seco y malhumorado, declaró que aquellas discusiones del constituyente debatían precisamente quién debía establecer los requisito y su lectura personal era que la cifra que habían definido –los cinco años de residencia—significaba “no menor a cinco años”.

Arturo Saldívar devolvió, le dijo a Cossío que sus argumentaciones eran contradictorias e incongruentes con el proyecto de resolución que había presentado.

Cossío no se aguantó. Demandó  la palabra una vez más y rechazó que su proyecto fuera incongruente.

Las divisiones permanecían. Las rispideces aumentaban. Cossío echaba humo.

Ortiz Mayagoitia decretó  un receso.

Para cuando volvieron, Ortiz Mayagoitia propuso votar una serie de cuatro preguntas que confundieron a todos. Hubo que aclarar cada una, darle la vuelta a las preguntas, plantearlas de otro modo. Saldívar era el más aguerrido. Cossío ya ni hablaba.

Finalmente, luego de darle vueltas al asunto, lograron los ocho votos requeridos al considerar que era inconstitucional la norma que exigía 20 años para los no nacidos en Quintana Roo.

Y por unanimidad, se declaró  la invalidez de la norma estatal y se otorgó pervivencia a la norma anterior (que ubica en 10 años la residencia a los no nacidos en el estado) hasta en tanto el Congreso local legisle de nuevo al respecto.

El proyecto de José Ramón Cossío, a pesar de haberlo peleado como gato boca arriba, quedaba rechazado.

El mal humor del ministro fue tal que se negó a armar el engrose. Sergio Valls quedará a cargo. Ortiz Mayagoitia sonrió.