Desde hace algunos meses, pero sobre todo desde que arrancó el segundo periodo de sesiones de la Asamblea Legislativa del DF, el diputado perredista Alejandro Sánchez Camacho se ha convertido en la sombra de Alejandra Barrales.
El llamado Sombrita no ha dejado de criticar a sus coordinadora y descalificar su conducción al frente del grupo y de la agenda legislativa, dejando en claro que diferentes tribus los amamantan.
La intención de Sánchez Camacho y sus compañeros de la IDN es quitar de en medio a Barrales para quedarse con la presidencia de la Comisión de Gobierno; el problema es que no tienen a un líder que tome el cargo.
Sin embargo, aunque su caballada está flaca, esa corriente se ha encargado de minar el trabajo de Barrales, que de por sí no ha sido bastante malito.
La última jugada de El Sombrita fue desacreditar el uso de la infraestructura de la Asamblea Legislativa para favorecer a José Rojas Aispuro, candidato del PRD a la gubernatura de Durango.
Con toda razón, Sánchez Camacho, vocero oficial de la fracción del PRD, desconoció el boletín de prensa enviado por Barrales en apoyo del candidato duranguense de su partido, utilizando los recursos de la ALDF.
Eso es un delito y como tal debería investigarse y castigarse, desde luego.
Ante este hecho, El Sombrita salió ayer a deslindar de esa acción a la fracción del sol azteca, culpando a Barrales y a los diputados Abril Trujillo, Uriel González, Fernando Cuéllar, Héctor Guijosa y Maximiliano Reyes.
Si el vocero del PRD asegura que su coordinadora utilizó ilegalmente materiales, personal e infraestructura de la ALDF para apoyar a un candidato nacional, no basta con deslindarse de ello.
Lo decente y lo legal –aunque esas palabras las desconozca- es que él y su tribu finquen acusaciones penales y formales en contra de Barrales por desvío de fondos y pidan su destitución.
Porque aquí no basta con decir que fue ella y no el partido quien violó la ley. Si violó la ley, pues que se le sancione, pero a Sánchez Camacho le da miedo meterse más, pues luego sale bateado.
Por eso un hecho tan grave y tan lamentable, sólo quedará en una grillita sin importancia y ya. ¿Y la Contraloría de la ALDF?
CENTAVITOS… Parece que últimamente al ex secretario de Seguridad Pública del DF, Joel Ortega, le ha dado por revelar cómo opera el crimen organizado en la ciudad de México. Hace unas semanas aseguró que el cartel de los Beltrán Leyva está en el DF, que eso estaba totalmente claro. Ayer dijo que la delincuencia organizada tiene infiltradas las aduanas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que su gente le proporcione información sobre los cargamentos valiosos que pueden robar. Este modus operandi lleva más de dos años, según documentó el periódico Reforma, lo que hace suponer que las bandas ya operaban cuando Ortega era aún el jefe de la Policía del DF. Si Joel sabe tanto de delincuencia organizada, bueno sería que contestara por qué no actuó contra ellos cuando era titular de la SSP capitalina. ¿O a poco ahora tiene mejores fuentes que cuando era jefe policiaco?
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El diputado Alejandro Sánchez Camacho acusó a su coordinadora legislativa, Alejandra Barrales, de haber violado la ley al usar material e infraestructura de la ALDF para apoyar al candidato perredista en Durango, José Rojas. El Sombrita deslindó de ello a la fracción del PRD, pero no basta el deslinde; hace falta una acusación penal.
