Caja de espejos

Las últimas semanas, presenciamos la crisis de Ciudad Juárez, las inundaciones de aguas negras en Chalco, el incremento de la violencia en Reynosa, muertos en un lado, pobreza en otro, escuelas sin agua, colonias sin pavimentar, descomposición social… ausencia institucional por doquier. Mientras, las autoridades federales pelean por validar los acuerdos en los que unos condicionan las reformas estructurales a sus ventajas electorales, y otros lo aceptan.

Pero el deterioro local crece, en seguridad, en lo económico y en lo social. Urge entender qué está pasando, porque, a pesar de la crisis económica, no faltaron recursos públicos para estados y municipios. De acuerdo con el IMCO, entre 2006 y 2008, los estados recibieron 2.5 billones de pesos de 2009. En términos reales, esta cifra es mayor al monto total asignado por el plan Marshall para la reconstrucción de Europa de la postguerra.

Al igual que los gobiernos estatales, los municipios reciben carretadas de dinero. En 2010, tan sólo los fondos municipales principales (FAIS y FORTAMUN), suman más de 86,000 millones de pesos. Estos fondos sustituyeron al Ramo 26 (Programa Nacional de Solidaridad) y se descentralizan sin restricciones desde 1997. Pero son pocos los cambios generados. Los recursos financian nómina u obras de relevancia secundaria. Las administraciones locales carecen de capacidad administrativa para definir y armar proyectos. Tienen mínimo contacto con la ciudadanía para resolver problemas de fondo.

En la debilidad de las administraciones municipales empieza el fortalecimiento del crimen organizado. Esto va más allá de las policías locales, cuya vulnerabilidad es sólo una excusa para centralizar la labor policiaca. A nivel local, las ventanillas al público son el primer centro de corrupción, violación sistemática de la ley y fomento a la impunidad. Operar en la formalidad es demasiado complicado. La informalidad es fácil y barata. Por algo, en 2009, la piratería generó 74 mil millones de dólares, casi cuatro veces los ingresos generados por las remesas. Crece la ilegalidad, evidencia la impunidad y abre las puertas a los excesos como en Juárez, pero también en Ecatepec, Iztapalapa, Reynosa, Acapulco y muchas otras ciudades del país.

Hoy, los catastros municipales no están actualizados. No hay bases de datos sobre los ciudadanos, sus acciones, sus vehículos, sus empresas. Poco se sabe de las actividades que se realizan en cada territorio. La distancia de las autoridades municipales con sus habitantes es tal, que trabajan con base en criterios subjetivos y en el margen de las necesidades de los habitantes. Como resultado, a pesar de los recursos asignados, no se erradican ni siquiera las carencias de agua y drenaje.

Las causas estructurales tienen que ver con la corta duración de las administraciones locales, el no cobro de impuestos (no lo necesitan) y la no reelección. Los tres elementos distancian al gobernante de la ciudadanía y desincentivan el adecuado ejercicio presupuestal. Parte de la clase política mantiene la lucha contra la reelección en alcaldías, pero el gobierno federal puede trabajar en otros ámbitos. Hay acciones que la federación puede tomar para reencauzar los recursos públicos, mejorar la capacidad administrativa municipal e involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones. La emergencia de Ciudad Juárez debe servir para desarrollar un modelo alternativo de política social y de colaboración intergubernamental y con la sociedad.

“Todos somos Juárez” (con un nombre creíble) puede y debe ser una herramienta replicable para otros municipios. Combinar una estrategia social con una de seguridad es necesario más no suficiente. Debe incluir un componente de gestión pública y una de interacción social. Deben centrar parte del trabajo en sanear la administración pública local, sistematizarla y transparentarla. ¿Cómo esperan regularizar coches sin placas, terrenos no registrados, actualizar catastro, identificar operaciones irregulares, o dar seguimiento a los asesinatos sin sistemas eficientes? Hoy, los asesinatos de Juárez no tienen ni actas del ministerio público. La eficacia gubernamental se dará si éste cuenta con información rápida y efectiva sobre sus ciudadanos.

Por otra parte, el ejercicio de los recursos debe darse de la mano de la sociedad pero no por la sociedad. Las autoridades no deben abdicar a sus funciones. Hay que revisar el Programa Nacional de Solidaridad. Allende los excesos cometidos con esa etiqueta, el programa aprovechaba sinergias entre órdenes de gobierno y con los beneficiarios. Se construía la infraestructura necesaria con el apoyo de la comunidad. El riesgo de manipulación electoral, hoy, viene de abajo no del centro. El modelo de interacción social de “Solidaridad” para el desarrollo de infraestructura social básica es rescatable y puede ser útil para darle impacto a los fondos públicos. Los recursos se descentralizaron sin control y se han desperdiciado. “Todos somos Juárez” bien diseñado y aprovechando algo de historia reciente es la oportunidad para desarrollar una vía para reencauzarlos.